Este trabajo surge a partir de una pregunta intempestiva, suscitada con una denuncia y con la aparición de un archivo de inteligencia. La pregunta inicial –¿qué es, cómo trabaja una oficina de inteligencia naval?– fue complejizándose y adquiriendo densidad al entrelazarse con otros interrogantes y perspectivas que ampliaron el panorama desde la Oficina de Inteligencia hasta la lógica y la historia de la inteligencia militar en el marco de las configuraciones de las burocracias estatales en Argentina. Este libro retoma etnográficamente una causa judicial que convirtió trayectorias y tradiciones burocráticas en un hecho singular, para mapear y analizar categorías, prácticas y relaciones con y desde las cuales se han configurado y disputado históricamente los límites, recursos y prerrogativas de diversos agentes e instituciones del Estado, particularmente los relativos a la inteligencia militar. Todo empezó cuando en marzo de 2006, un suboficial de la Armada envió por correo electrónico al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) una serie de documentos que evidenciaban prácticas que al suboficial le causaban, al menos, inquietud acerca de su legitimidad. Eran parte del trabajo de la Sección de Inteligencia de la Base Aeronaval Almirante Zar, en la cual él se desempeñaba. Tras recibir la documentación, el CELS presentó una denuncia ante el juez federal de Rawson, provincia de Chubut, quien a las pocas horas allanó la oficina en busca de los mentados documentos, encontrándose así un “archivo de inteligencia” naval. Acto seguido, los integrantes de la oficina fueron acusados de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por la realización de tareas de inteligencia interior vedadas por las vigentes leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior.

La causa judicial se constituyó en un acontecimiento mediático, pero también marcó el inicio de un período durante el cual el Ministerio de Defensa, a cargo de la Dra. Nilda Garré, intentó encauzar una serie de medidas a fin de reforzar y restablecer los principios contenidos en la Ley de Defensa Nacional. La aparición en el escenario político y mediático, a pocos días del trigésimo aniversario del golpe de Estado que instalaría el “Proceso de Reorganización Nacional”, de un suboficial que exponía las prácticas y tareas cotidianas de algo tan reservado y secreto como una oficina militar de inteligencia, fue el evento que habilitó el retorno de un debate público sobre algunos temas y conceptos que hasta poco tiempo atrás se consideraban resueltos o perimidos.

Pocos meses después, en junio de 2006, comenzaba en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz y se juzgaba en la Capital Federal a Julio Simón –conocido como “el turco Julián”– en la causa “Simón/Poblete”. Este último fue el caso que destrabó obstáculos legales y permitió el avance de un proceso de justicia penal que logró importantes avances en la atribución de responsabilidad por los delitos de lesa humanidad pero también en la reconstrucción histórica de los hechos.^[1] En este convulsionado contexto, una causa “por espionaje”, tal como se la denominó, no hacía sino volver a poner en cuestión la supuesta efectividad del control civil en la Argentina ya no como “fantasma del pasado” sino como una debilidad del sistema democrático vigente.

De tal manera que, en su nombre y aludiendo a dicha causa como fundamento, se actualizaron una serie de debates y se impulsó el refuerzo de los principios de la llamada “tríada normativa” –la ley de Defensa Nacional, la de Seguridad Interior y la de Inteligencia Nacional– a partir de la reglamentación del Sistema de Inteligencia Militar, que explicitó nuevamente la prohibición para los organismos de Inteligencia de las distintas fuerzas la realización de “tareas represivas y de investigación criminal” y de obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas (Resolución 381/06). Luego, el 18 de agosto, se reglamentó la Ley de Defensa Nacional (Decreto 727/2006), que en su parte fundamental delega en el Ministerio de Defensa la dirección del sistema de defensa nacional (CELS, 2007).^[2] Este trabajo terminó de escribirse en diciembre de 2012, cuando ya el impulso de la causa en buena medida se había esfumado y el Ministerio de Defensa había cambiado de gestión. Ese mismo año finalizó el proceso judicial, que declaró culpables e impuso penas a los imputados, mientras quedaba abierta la causa que imputó al jefe y al subjefe de la Armada, Jorge Godoy y Benito Rótolo, respectivamente. En el año 2015 la Justicia se expidió y los declaró culpables a ambos. Con este fallo, se cierra un ciclo que impulsó una visión respecto de la configuración del campo de la defensa nacional y del rol de las Fuerzas Armadas fuertemente centrada en la distinción con la seguridad interior. El cierre es coincidente con la asunción del gobierno de Mauricio Macri, quien tempranamente expresó su intención de reconducir tales políticas anunciando un plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas que contemplara la autorización para participar ante eventuales ataques terroristas, poniendo en cuestión y tensionando –una vez más– los principios y límites legales establecidos por las leyes relativas a la actuación de dichas fuerzas.^[3] Aun cuando todo parecía indicar que la lucha contra el narcotráfico podría ser la otra gran tarea encomendada a las Fuerzas Armadas, esta fue desestimada por el ministro de Defensa en 2017.^[4]

Más allá de las declaraciones, para la fecha en que se escriben estas líneas el gobierno ha logrado instalar con fuerza lo que algunos sectores buscaban desde la caída del Muro de Berlín y la desaparición del comunismo como enemigo mundial. Ha delineado una amenaza terrorista que reorganiza la cadena de equivalencias: la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es el eje que define la frontera y la exclusión radical y reúne en ella las reivindicaciones mapuches con las organizaciones guerrilleras, el fundamentalismo cultural, el sabotaje, las armas, los encapuchados, la violencia y las amenazas. El discurso sobre el peligro del terrorismo internacional, que hasta el momento había sido confrontado exitosamente por el peligro del terrorismo de Estado (Muzzopappa y Ramos, 2017) es impulsado ahora desde el gobierno a fin de reformular y legitimar una propuesta específica sobre el sentido y el uso de la violencia estatal.

---

El llamado “caso por espionaje” de Trelew sucede a lo largo de este período que se inicia en el año 2005 y se cierra en 2015. En el desarrollo del proceso judicial es posible rastrear los efectos de las marchas y contramarchas así como las tensiones que los discursos sobre las nuevas guerras contra el narcotráfico y el terrorismo y la construcción de un nuevo escenario bélico (Calveiro, 2012) trataron de imponer en el debate sobre la definición de la defensa nacional y el consecuente rol de las Fuerzas Armadas.

Que un suboficial haya decidido enviar su denuncia a un organismo de derechos humanos como el CELS también tiene relación con una propuesta suscitada en este mismo período, que tuvo su corolario con la derogación del Código de Justicia Militar,^[5] que intentó mostrar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que ellos mismos tenían “derechos humanos” y que, por ende, la mirada binaria que colocaba a unos y otros en puntos opuestos debía ser desechada. En este sentido, la denuncia tuvo que ver con una mirada que el suboficial se forjó de acuerdo con su propia experiencia respecto de la imposibilidad de elevar ciertas quejas o advertencias a la superioridad de la propia fuerza, y el CELS aparecía en su horizonte como un organismo interesado, capaz de soportar las presiones y vicisitudes del caso. En ese mismo momento yo me encontraba realizando una colaboración con este organismo, como integrante del Equipo de Antropología Política y Jurídica. Mi acceso a la documentación –al expediente judicial y al archivo– tiene que ver con este privilegiado lugar; al mismo tiempo, muchas de las preguntas y discusiones que guiaron este trabajo se han visto positivamente influenciadas por este histórico espacio del activismo en derechos humanos. En este sentido, la indagación se relaciona con una serie de trabajos que han abordado el problema del poderío y la influencia castrense en los sistemas políticos latinoamericanos por un lado, y con estudios que se han abocado a diseccionar los mecanismos represivos implementados en el marco de las dictaduras militares, por otro. Respecto del primer planteo, la tradición es extensa y ha tenido particular relevancia en América Latina, desde donde se han trabajado y propuesto nuevas perspectivas a un campo de indagación que se consolida a partir de la década de 1950. Efectivamente, el interés de las ciencias sociales por las Fuerzas Armadas como objeto de estudio recibió un impulso sustancial para el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tal expansión estuvo muy ligada al financiamiento que las ciencias sociales recibieron en Estados Unidos por parte de fundaciones como la Russel Sage y la Ford en el marco de programas universitarios interesados en “asuntos relativos a las profesiones y la seguridad nacional”, y al lugar de las “Fuerzas Armadas estadounidenses (y otras) movilizadas en tiempos de paz para contender con las tensiones de la Guerra Fría” (Burk, 2002: 127). Dos grandes hitos fueron los estudios de Samuel Huntington (1957) y Morris Janowitz (1960), que generaron un fuerte impacto en las ciencias sociales latinoamericanas en las décadas sucesivas. En Argentina, dos fueron los exponentes que desarrollaron una línea en relación con la “sociología militar”, el Tte. Gral. Benjamín Rattenbach y el mayor Virgilio Beltrán (Malamud, 2013), así como José Luis de Imaz (Mazzei, 2012), mientras que en el ámbito más ampliado del Cono Sur algunos académicos se concentraron en temas tales como el proyecto político militar y la influencia castrense en los sistemas políticos en América Latina (Joxe, 1970; O’Donnell, 1975, 1976; Rouquie, 1982, 1984; Nunn, 1983; Varas y Agüero, 1984; Varas, 1988; Vidal, 1989, entre otros). Luego, el interés se centró también en las “transiciones desde el autoritarismo” y la propuesta sobre el “control” o la “supremacía civil” (Diamint, 1999; Varas y Fuentes, 1994; López y Pion Berlin, 1996, entre otros). Esta literatura preveía que la democratización avanzaría a través de diversos momentos: el de la movilización, el de la negociación y el de la institucionalización (Agüero, 1999: 71). Mientras la transición democrática era definida como el período en que los militares dejaban de intervenir en política, la consolidación democrática habría de producirse cuando el “poder civil” pasara a definir la política de seguridad y defensa y a dirigir a las Fuerzas Armadas (Serra i Serra, 2003). En este contexto, también buena parte de la literatura se abocó a dirimir las consecuencias de la presión de Estados Unidos por instalar la agenda de las “nuevas amenazas”, las “amenazas asimétricas”, la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico así como la “intermesticación” de la agenda de seguridad (Fontana, 1995; Pinheiro, 1995; López, 2003; Saint Pierre, 2003; Derghougassian, 2008; entre otros). Sin ánimo de ofrecer aquí una revisión completa de los diferentes autores que han abordado ya sea la composición y reforma de las “Fuerzas Armadas”, de las propuestas sobre las políticas de defensa, o las transformaciones en las políticas internacionales, la referencia a este campo de estudios –al cual tuve un privilegiado acceso como miembro de la Asociación Civil SER en el 2000, luego RESDAL–^[6] tiene como objetivo remitir a algunas de las discusiones que en este libro se presentarán en una escala etnográfica como inherentemente relacionadas al posicionamiento de los actores en estos debates.^[7] Asimismo, esta investigación tiende fuertes lazos con un tipo de indagación fuertemente anclada en la práctica y el activismo de los organismos de derechos humanos, particularmente en lo que respecta al análisis del desarrollo de los organismos de inteligencia y el abordaje de sus archivos. La relación entre los archivos llamados “de la represión” y los derechos humanos tiene una configuración específica que se plantea a partir del informe del Consejo Internacional de Archivos del año 1995, que puso en consideración la importancia de la preservación y el trabajo, en términos archivísticos, de una serie de repositorios de distinto origen, que tendría una relevancia fundamental para los juicios por delitos de lesa humanidad ya que la información contenida en los archivos permitía reconstruir circuitos y mecanismos represivos. Este informe identificaba y clasificaba los archivos de diferentes partes del mundo como provenientes o bien de organismos que habían, en el transcurso de sus acciones de ayuda a víctimas de regímenes represivos, armado sus propios archivos o aquellos que provenían de las instituciones represivas del Estado. En el año 2002, este consejo retomó la distinción propuesta por Jelin (2002) en tres tipos específicos: los acervos producidos por las instituciones represivas del Estado, los repositorios acumulados sobre la base de listados y denuncias de casos recogidos por distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos y Comisiones por la Verdad, y diversos acervos parciales y dispersos que recogen documentos, restos y rastros del período dictatorial. En el transcurso de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, los organismos de derechos humanos se abocaron a la identificación y el trabajo con diferentes tipos de archivos. Así, en la búsqueda de datos relativos a la ubicación de los restos de personas detenidas desaparecidas o en la reconstrucción de los itinerarios y ubicaciones de los centros clandestinos de detención, no solo fueron los archivos de los organismos “represivos” los utilizados. El Equipo Argentino de Antropología Forense acudió en buena medida a registros de diferentes instituciones, descifrando las lógicas contenidas en la documentación –entre ellos, de cementerios– para dar con fosas comunes y entierros NN (Olmo, 2002). En este sentido, estos trabajos advertían ya tempranamente que los “efectos” de la represión debían y podían buscarse en los archivos de diferentes instituciones, más allá de las comprendidas –desde una perspectiva althousseriana– en la categoría de “aparatos represivos”. Con el tiempo, y particularmente a lo largo de los últimos diez años, el trabajo con y desde los diferentes archivos de inteligencia que poco a poco fueron “apareciendo” adquirió una densidad aun mayor al encuadrarse su protección, conservación y tratamiento a partir de criterios archivísticos. En este sentido, la labor realizada inicialmente con el archivo de la Dirección de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue fundamental, porque este tipo de enfoque permitía dar cuenta de mucho más que de los “datos” contenidos en los documentos: permitía rescatar, a partir del ordenamiento del archivo, la lógica de trabajo burocrático del propio organismo. Este tipo de trabajo, que se ha aplicado con sistematicidad en los archivos de inteligencia en manos de Comisiones de la Memoria provinciales, ha sido una guía fundamental para esta investigación.

En esta dirección, la propuesta de análisis aquí desarrollada retoma la importancia de rescatar la lógica de trabajo burocrático propuesto desde la archivística pero también hunde sus raíces en una perspectiva etnográfica de los archivos. De particular relevancia es la mirada que ofrece Ann Laura Stoler (2009), quien afirma precisamente que los archivistas han sido los primeros en notar que, para entender un archivo, se necesita entender la institución a la que sirve. Esta antropóloga promueve una perspectiva etnográfica sobre los archivos que atienda los procesos y las relaciones de poder en las cuales esos archivos han sido producidos y organizados; para ello, debe considerarse no solo el contenido de los archivos, sino su forma particular y a veces peculiar, su desarrollo en tanto proceso más que sus contornos en tanto objeto, su condición de experimento epistemológico antes que de mera fuente (Stoler, 2010: 466).

Es posible encontrar en la propuesta de Stoler lo que ha dado en llamarse el “giro archivístico”, término con el cual se denomina esta inversión introspectiva de los practicantes del archivo que pone en primer plano el cuestionamiento sobre el conocimiento y sus relaciones con las instituciones de validación del saber y que desplaza el acento del análisis de las propiedades y de las características del documento al análisis del recorrido que lo constituye como archivo (Pouchepadass, 2008). Si bien suele identificarse la aparición de este giro con la aparición del Mal de archivo de Jacques Derrida en 1995, lo cierto es que la misma Stoler apunta una producción previa que sugiere que “el destello de Derrida vino después de ocurrido el giro archivístico” (Stoler, 2010: 471) y, podríamos apuntar, también como producto del mismo.

Por su parte, Nicholas Dirks (2000) había ya introducido la perspectiva que subraya la importancia de perseguir la lógica del archivo mismo, su “conformación histórica”: el contenido literal de los archivos no puede sino ser leído en el contexto de la propia estructura –grande, pequeña, más o menos coherente– que constituye el archivo y que se genera en el proceso de ordenar la documentación en función de su producción y uso. Eso supone reconocer la importancia de lo que se denomina su “orden “original”^[8] porque es a partir de él que resultaría posible reconstruir las lógicas clasificatorias de una determinada institución.

Estos principios básicos guían, entonces, el análisis del archivo que forma parte de la causa judicial en tanto prueba. El archivo en cuestión es un archivo de inteligencia militar que clasifica y sistematiza un mundo que debe ser vigilado en función de probables conflictos o enfrentamientos. Son por lo tanto objeto de interés las formas de clasificar, y la relación que dicha metodología clasificatoria posee con sistemas de clasificación y ordenamiento de otros archivos de inteligencia, así como con normativa que legisle al respecto.

Pero el archivo es asimismo una actividad que se desarrolla más allá de la normativa; con lo cual las categorías, que son a su vez productos sociales históricos (Durkheim, 2003) deben ser analizadas también en sus persistencias, en función del “sentido común” (Geertz, 1999) y los habitus (Bourdieu, 2007) de quienes lo utilizan. Por ende, además de la información contenida en los documentos –lo que permite la realización de una etnografía en los archivos– es posible hacer una etnografía del archivo (Bosa, 2010; Barbuto, 2010) que brinde información sobre la institución productora misma (Muzzopappa y Villalta, 2011; Muzzopappa 2016). Tal confrontación lo que permite vislumbrar es cómo, por cuáles circuitos y qué estrategias permiten abrir o clausurar los debates sobre nociones tales como las de peligro y amenaza al territorio y la ciudadanía de un país. Asimismo, tales disputas corren de manera paralela a la definición de cuáles son los organismos que están a cargo de tal tarea. Es el contexto de estas disputas referentes a los conceptos de “seguridad interior” y “defensa nacional” que este archivo de inteligencia debe ser también ubicado históricamente.

Finalmente, tal como hemos señalado, esta investigación está particularmente interesada por conocer las dinámicas a partir de las cuales los diversos actores involucrados disputan por jerarquías y recursos en tanto forman parte de ese mismo estado. Expedientes y archivos se vuelven, así, dos recursos fundamentales con los que cuenta –y a los cuales se puede apelar– en el análisis de las burocracias estatales. Considerando que el estado es una ficción legitimadora (Abrams, 2000), la hipótesis a sostener aquí es que los agentes “estatales” disputan entre sí diferentes recursos y prerrogativas recurriendo a diversos tipos de prácticas. En esta dirección apunta Pierre Bourdieu (1993) cuando se refiere al “poder del Estado” –el capital estatal que da poder sobre las diferentes especies de capital (económico, fuerza física, educacional, simbólico) y su reproducción– así a como su característica más específica, la particular forma de eficacia simbólica que ejerce. A partir de esto es posible pensar que, si bien la burocracia no puede ser entendida en tanto colectivo unificado y reificado, simultáneamente habilita la idea de que esta idea de “estado” genera efectos concretos sobre las personas y las situaciones. La reificación, en este sentido, se constituye a través de las prácticas cotidianas que separan al estado de la sociedad civil. Este libro retoma el problema de la reificación del estado (Abrams 2000; Corrigan y Sayer, 2007) estableciendo el eje del análisis en las conflictivas relaciones entre grupos y organizaciones que conforman el aparato estatal, en el proceso durante el cual avalan y disputan el “poder del estado”. Lo hace a partir de la causa judicial, que se constituye en punto de partida, y cuya particularidad es que coloca simultáneamente en el mismo escenario agentes, debates y relaciones que habitualmente se visualizan como diferentes “ámbitos” del estado. De tal manera que es posible rastrear estas relaciones de poder desde, entre y por las burocracias estatales al mismo tiempo que las constituyen, reproducen y en ese proceso modifican (Sahlins, 1985) las burocracias mismas.

Categorías tales como las de secreto, reservado, confidencial, así como aquellas que apelan a la “naturalidad” de las divisiones y jerarquías burocráticas no solo son utilizadas para marcar el límite entre el “dentro” y “fuera” del Estado; son especialmente utilizadas para evitar la injerencia de otras burocracias estatales “otras”, en un proceso en el cual avalan y disputan el “poder del Estado”. En tal sentido, este libro reflexiona sobre las prácticas que hacen a estas mismas burocracias en momentos en los cuales prácticas instaladas, tradiciones o acuerdos tácitos entre sus integrantes se enfrentan a contextos que desafían o impiden su continuidad, permitiendo la aparición de estrategias que combinan la innovación, la costumbre y la lógica corporativa.

El objetivo es, entonces, enriquecer el análisis indagando en torno a fenómenos que no aparecen automáticamente ligados a ciertos conceptos y que pueden aportar al momento de evitar la “reificación” del Estado (Abrams, 2000). En este sentido, tampoco se trata de demarcar una línea entre estrategias más o menos “formales”, sino de mostrar cómo el “campo de lo estatal” (Muzzopappa y Villalta, 2011)^[9] se constituye cotidianamente a través de prácticas que activan redes de relaciones que exceden los “límites institucionales”, y que en el proceso de afrontar la “definición misma de la cosa pública y del servicio del Estado” inclusive pueden compartirse conceptos y métodos (Olivier et al., 2000).

Y, en este sentido, no puede sino destacarse el hecho de que la denuncia fue efectuada por un integrante de la Armada, de tal manera que centrar el análisis en la “corporación”, la “moralidad” o la “familia” militar permiten divisar las dinámicas a partir de las cuales se construyen relaciones en, y que configuran a, el campo del Estado de tal manera que individuos que no son formal y administrativamente parte del grupo pasan a serlo en virtud de otros diacríticos, tales como perspectivas políticas y adhesión a valores. Ampliar, en definitiva, la perspectiva sobre tales dinámicas es una tarea de sumo interés en este contexto para lo cual es necesario indagar en torno a los modos en que se definen lealtades, confrontaciones y alianzas en función de una serie de atributos que combinan pertinencias diferencialmente construidas y adhesión a principios morales diferencialmente acentuados.

Esta investigación se inscribe, finalmente, en la línea de trabajo propuesta por el Equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por la Dra. Sofía Tiscornia. El EAPJ se ha interesado en el estudio del fenómeno del Estado y sus burocracias, para indagar y desandar etnográficamente las racionalidades, procesos, prácticas y discursos, trayectorias y producciones que las constituyen cotidianamente así como a los diversos grupos y actores que las atraviesan (Equipo de Antropología Política y Jurídica, 2014; Tiscornia et al., 2010; Tiscornia, 2004; Martínez, 2002, 2006; Tiscornia, 2008; Eilbaum, 2008; Pita, 2010; Sarrabayrouse, 2011; Villalta, 2013, entre otros). 

El Estado fue –a través de su lenguaje o su figura– una obsesión para la antropología (Das y Poole, 2008). Sin embargo, una definición canónica del trabajo de campo pareció borrarlo de los intereses de investigación “legítimos” de la disciplina, centrándose en una otredad esencializada. Para muchos antropólogos, sin embargo, el Estado nunca se ha movido del centro de las preocupaciones.

Inicialmente, la confluencia entre la pregunta de la filosofía política sobre el origen del Estado con una antropología evolucionista decimonónica fue fructífera en tanto una podía sustentar a la otra. Así, la aparición de la administración o gobierno central, entendido como el Estado, marcaba la distancia temporal evolutiva entre el salvajismo y la barbarie frente a la civilización. El rompimiento definitivo entre ambas perspectivas estuvo radicalmente establecido en el prólogo de African Political Systems de sus editores, Meyer Fortes y Evans-Pritchard, en el año 1940, así como en el prefacio del mismo libro. Fortes y Evans-Pritchard marcaron la necesidad de distanciarse de aquella perspectiva que interroga en torno al deber ser del comportamiento político en la filosofía, y advierte la importancia de indagar acerca de las costumbres e instituciones políticas de diferentes pueblos (1989: 87). Por su parte, Radcliffe-Brown (1949) insistió en la insuficiencia de las teorías y conceptos de los filósofos políticos y los economistas y, mientras advertía acerca de la inexistencia fenoménica del Estado, estableció una definición de “lo político” que enfatiza las relaciones sociales, y las nociones de ley y guerra. Veinte años después, Swartz, Turner y Tuden (1966) destacarán el aspecto procesualista que habían ido adquiriendo las nuevas investigaciones en antropología política en los veinte años que separaban su análisis del African Political Systems, tanto para el estudio de sociedades tribales como en “ciertos sectores de las sociedades complejas”. Al mismo tiempo, lo que sucedía era que en tales trabajos el Estado volvía a aparecer como un actor relevante para el análisis. Así, en trabajos como el de Max Gluckman (2003 [1958]), que pone en perspectiva la imposición del Estado sobre las colonias africanas, o el de Julian Pitt-Rivers (1989 [1954]), que analiza una nueva avanzada del Estado centralizador en España y la resistencia de un pueblo, hasta el más moderno estudio de Clifford Geertz (1980) sobre el Estado-teatro de Bali, se fueron sucediendo diversas formas de abordar la cuestión del “Estado”, lo cual sin lugar a dudas repercutió a lo largo del tiempo en diferentes debates disciplinarios.

De la misma manera, la antropología abrevó en otras disciplinas y no fue inmune al impacto de los debates respecto de nociones tales como Estado, poder, hegemonía y dominación. Así, algunos autores posteriores insistieron en la necesidad de desesencializar o desobjetivar la figura del Estado. Philip Abrams (2000 [1977]) denunció la reificación del Estado que tiene lugar, básicamente, en la descripción legitimadora que efectúan teóricos y actores políticos; poco tiempo después, Corrigan y Sayer (2007 [1985]) asumieron el desafío de analizar, para el caso inglés, los procesos de conformación histórica del mismo.

Otras perspectivas formaron parte de una serie de trabajos que habilitaron el camino a un abordaje del Estado que, en pos de desreificarlo, lo encara en función de grupos, organizaciones e individuos, así como de otros actores sociales, “que tienen razones y fundamentos para sus propias acciones”, pero cuya legitimación reside en aquel discurso que personifica al Estado en un superindividuo (Melossi, 1992: 19).

Melossi adhiere a la propuesta de Kelsen acerca de la necesidad de elaborar una “teoría del Estado carente de Estado”; esto significa que “una sociología de las comunidades políticas democráticas no necesita, entre sus herramientas, un concepto de Estado salvo, tal vez, en el sentido especializado que los juristas le han dado, como sinónimo de “orden legal”. Y propone una reformulación en la cual el problema central tras la cuestión de una “teoría del Estado” no radica en lo que el Estado “hace” o “deja de hacer”, en cuándo fue “creado”, o en lo que realmente “es”. Se trata, en cambio,

de grupos, de organizaciones y de individuos, así como de otros actores sociales, que tienen razones y fundamentos para sus propias acciones. Muchas de las aporías que han caracterizado aquellas cuestiones que se debaten bajo la etiqueta de una “teoría del Estado” se podrían abordar mejor si se las considerara como acciones organizadas y restringidas por parte de individuos, y no como efectuadas por un superindividuo, el Estado (Melossi, 1992: 19).

En esta misma línea, Pierre Bourdieu apunta a la productividad de recuperar el sentido profundo de esta serie de “invenciones infinitesimales” pero igualmente decisivas que son el despacho, la firma, el sello, el decreto de nominación, el certificado, el atestado, el registro y la inscripción, la circular, etcétera, que conducen a la instauración de una lógica propiamente burocrática, de apariencia perfectamente “racional” y, por tanto, investida de las propiedades más misteriosas de la “eficacia mágica” (2005: 64).

Otro aporte relevante para este trabajo ha sido la propuesta de Fernando Balbi (2010), quien retoma la propuesta de Abrams para señalar la importancia del aporte etnográfico. Destaca especialmente la distinción que el autor realiza entre el sistema-Estado y la idea-Estado, y la observación de que la asimilación entre ambos es artificial. Una producción social que, en tanto reificación, “debe ser pensada como el resultado de una multiplicidad de procesos interrelacionados en el curso de los cuales son producidas diversas representaciones socialmente situadas del Estado” (210: 177). Sin embargo, continúa, si la idea-Estado es un postulado de naturaleza ideológica tendiente a ocultar la “real desunión del poder político”, debe advertirse que ella misma no es singular sino que deben considerarse las variabilidades sociales en su representación.

A su vez, entre dichas variabilidades resulta necesario incluir aquellas representaciones que Koberwein (2012) denomina “perspectivas nativas” de Estado, para referirse específicamente a las nociones que desarrollan quienes difunden, impulsan o deciden acerca del financiamiento de las políticas estatales y a través de las cuales dan sentido a los contextos y relaciones de los cuales son protagonistas.

Entre estos actores, y como parte de estas burocracias estatales, las Fuerzas Armadas han recibido cierta atención en el análisis etnográfico; sin embargo, a lo largo del tiempo la construcción del campo de estudio ha ido variando. Al respecto, refiere Soprano (2013) particularmente sobre el estudio de los militares en tanto grupo, que se trata de una producción académica heterogénea, que no siempre dialoga entre sí ni llega a constituir un campo de estudios articulado o institucionalmente cohesionado que analice a los militares con vistas a reconocer los aspectos comunes y/o singulares que lo definen como grupo social, en términos normativos, organizativos, socio-económicos, políticos, culturales y en sus inscripciones en el Estado y la sociedad.

En la conformación del sistema-Estado, son las “funciones” las que sustentan la legitimidad de la existencia de las diversas burocracias. Para los cuerpos castrenses, proveer a la defensa es uno de los fundamentos de su existencia. Los conceptos de “seguridad” y “defensa” deben ser entendidos, por ende, como polifónicos y performativos: su significado mismo es objeto de disputas en diferentes usinas productoras y negociadoras de sentido en el campo estatal. Son, ellos mismos, recursos respecto de los cuales se entabla la lucha por la hegemonía de su sentido. Se trata, entonces, de recuperar aquella perspectiva que rastrea y pone de relieve en tales conceptos la lucha de opiniones e ideologías (de diversas épocas), y el diálogo inconcluso a lo largo del tiempo, más allá de la coyuntura (Bajtin, 1999: 374). El análisis desde una perspectiva antropológica de estos conceptos y procesos supone, también, analizar las dinámicas de conformación de las diferentes burocracias y las relaciones que se establecen, las redes, alianzas y confrontaciones que tienen lugar en momentos precisos. Por su parte, las redes pueden llegar a conformar “grupos” de presión, de interés o de pertenencia, que no necesariamente coinciden con los que los límites institucionales demarcan. La riqueza de la perspectiva etnográfica permitirá desanudar los diacríticos habilitados en el caso aquí retomado.

---

Este libro trabaja con una perspectiva etnográfica que convierte las causas judiciales caratuladas como “CELS s/denuncia” y “CELS y Hualpa, E. s/ denuncia” en mirador y en mapa; persigue y atiende los hilos que en ella se atisban, para indagar antropológicamente en torno a una serie de problemas que constituyen la causa misma y que se debaten a lo largo de su proceso. Desde esta perspectiva, pretende contribuir a un análisis detallado, de corte etnográfico, en relación con la constitución, diferenciación y consolidación institucional de los campos que se han conformado alternativa y/o simultáneamente, alrededor de nociones tales como “orden”, “seguridad”, “defensa” e “inteligencia”.

Metodológicamente, el retomar una causa judicial –que supone la existencia de un conflicto– permite entrever la diversidad de actores, lógicas y discursos involucrados en la conformación de la estructura burocrática estatal. En este contexto, el abordaje supone un desafío metodológico. En principio, respecto de la complejización del “modelo canónico” de trabajo de campo que signó a nuestra disciplina hasta mediados del siglo XX (Clifford, 1997). Dicho modelo se definió con exclusividad en torno al trabajo de campo, el fieldwork, tras el “triunfo malinowskiano” que, tal como Gupta y Ferguson (1997) proponen, consiste en un abordaje que ciertamente habilita un tipo de conocimiento mientras simultáneamente bloquea otros. En este sentido, al imperativo de la circunscripción geográfica se sumó el de la “presencia” del antropólogo, única fuente legítima de construcción de conocimiento.

La fuerte impronta de este “trabajo de campo” (Gupta y Ferguson, 1997; Barth, 2005) con el correr del tiempo fue estereotipándose cada vez más hasta convertirse, durante un período de tiempo bastante extenso, en sinónimo y condición sine qua non de la condición etnográfica y antropológica. Ante la reacción posmoderna de la academia norteamericana, que pretendió situar el quehacer etnográfico en la escritura, algunos antropólogos contrapusieron el concepto de “experiencia”: los dominios de la experiencia no son fácilmente capturados en el lenguaje, afirman Hastrup y Hervik (1994) mientras Peirano (1995) sale en defensa de la “etnografía” frente a la pretensión de que el campo “is significantly composed of language events” (Clifford, en Hastrup y Hervik, 1994: 6). En otras palabras, las relaciones “cara a cara” con los nativos son, indefectiblemente, parte del campo al que estos autores aluden, y el excesivo énfasis en este método etnográfico ha provocado, y continúa provocando, recelos acerca de quiénes son “verdaderos” antropólogos (Bosa, 2010).

En definitiva, la cuestión acerca de la importancia del trabajo de campo derivó en un debate dicotómico que desplazó a un segundo plano, en los debates metodológicos, la relación del antropólogo con los registros escritos, provenientes de las más diferentes fuentes, aun cuando esto no suponía ninguna novedad.^[10]

De alguna manera, si el posmodernismo había logrado romper con la “caja negra” que se suponía era el trabajo de campo, el trabajo con los registros escritos continuó sumido en la oscuridad, problema que se vuelve especialmente relevante cuando el estudio o la investigación se interesa por el “Estado”. Si el Estado moderno posee el monopolio de la violencia legítima, también este tipo de administración moderno, afirma Weber (1985), se desempeña sobre la base de documentos escritos o “archivos” –la “materialidad del Estado”, de acuerdo con Corrigan y Sayer (2007)–, los cuales, junto a los “funcionarios públicos”, conforman las oficinas públicas. En esta dirección, un enfoque o “perspectiva etnográfica” (Guber, 2001; Peirano, 2004) del Estado no solo debe dar cuenta de las relaciones y formas de desempeño, rituales y normas de comportamiento, las “aparentemente banales prácticas de las burocracias” (Sharma y Gupta, 2006), sus procesos y efectos (Trouillot, 2001); también debe comprender el rol que sus registros juegan en el seno del aparato estatal y cómo, cotidianamente, estos le dan forma (Goody, 1990; Stoler, 2010). Desreificar el Estado significa pues, también, considerar que el análisis de tales registros no supone una mera lectura “literal” de los documentos, sino un abordaje donde se produce también una confrontación entre teorías “nativas” y “académicas”.

Este trabajo retoma entonces la noción de experiencia, desligándola estrictamente de una concepción canónica de campo para entender que los eventos se revelan no al investigador, sino en el investigador, y que el potencial de la riqueza de la antropología está precisamente en la confrontación o el diálogo entre “teorías” académicas y nativas (Peirano, 1995). Por ende, dicha noción de experiencia debe habilitarse también cuando el campo está compuesto mayormente por “registros burocráticos” que en definitiva son los medios a partir de los cuales el Estado se pone en movimiento.

Al respecto, Jack Goody (1990) afirma en su trabajo ya clásico que la escritura no es simplemente el facilitador de un cierto tipo de Estado sino la que permite la aparición del mismo: la “lógica de la escritura” es la que permite el desarrollo del Estado burocrático. Esto significa que los registros no sirven solo para permitir el funcionamiento de sus burocracias; significa que el Estado se constituye a partir de diversos registros burocráticos tales como expedientes, legajos y archivos. El análisis de los mismos requiere, por ende, de un acercamiento que logre su desnaturalización como reservorios o portadores de información objetiva, y que los sitúe en un marco de producción particular, un discurso que, junto con ser un conjunto regular de hechos lingüísticos, en otro nivel es un juego estratégico y polémico (Foucault, 2008).

Así como el abordaje de los archivos tiene su propia trayectoria, se destaca aquí el trabajo de integrantes del Equipo de Antropología Política y Jurídica en para el análisis de los expedientes judiciales. Al respecto, Josefina Martínez (2007) afirma que el clásico planteo foucaultiano alrededor de la soberanía y la dominación sigue siendo un interesante punto de partida para describir, comprender y explicar los aspectos cotidianos de la dinámica del mundo judicial, habida cuenta de que el sistema de derecho y el campo judicial son los trámites permanentes de relaciones de dominación, de técnicas de sometimiento polimorfas. Al mismo tiempo, la autora advierte que, si bien el expediente es un objeto construido a través de la técnica de la escritura, en el proceso de producción del mismo confluyen prácticas escritas y no escritas, entrelazadas en el complejo juego del trámite, razón por la cual el expediente judicial puede ser considerado como un objeto en el cual se materializan los efectos de esa mediatización de la relación entre la institución y los conflictos.

En definitiva, el análisis de un expediente supone el esfuerzo de romper la lógica judicial que lo compone a fin de desagregarlo en potenciales pistas a partir de las cuales configurar un determinado proceso histórico (Villalta, 2012) o bien convertirse en la piedra de toque a partir de la cual se desandan procesos en los cuales intervienen múltiples actores (Tiscornia, 2007; Sarrabayrouse, 2011).

Expedientes y archivos conforman en buena medida la construcción del campo de indagación de este trabajo; sobre la forma en que son abordados con una perspectiva etnográfica la lectura de estos dispositivos me he extendido previamente. Cabe aclarar que el análisis de estos registros se enmarcó, a su vez, en una serie de entrevistas y observaciones que me permitieron dar profundidad genealógica y dar cuenta de una serie de relaciones que, sin lugar a dudas, no se mostraban de manera evidente en los papeles. El acceso a los actores que tuvieron alguna participación en el caso se limitó a quienes conformaron la querella y a quien realizó la denuncia; esta perspectiva se desarrolla con mayor amplitud en la segunda parte del libro. Tuve oportunidad también de participar de algunas sesiones del juicio oral, que indudablemente permitió dar cuenta de una performance (Taylor, 2012) que resulta de fundamental interés cuando se abordan casos judiciales. Sin embargo, más que dar cuenta de dichas sesiones como totalidades, fueron insertadas en un devenir que reconstruye las tramas y relaciones que, en definitiva, habilitan a que tales escenas se produzcan de maneras específicas (Martínez, 2017).

---

Este libro está dividido en dos partes a partir de una estrategia argumentativa que desanda, en primer lugar, el modo en el cual el campo de investigación se fue construyendo específicamente en torno a la causa judicial, mientras que la segunda ofrece una perspectiva “nativa” a partir del análisis de lo que se constituye aquí como dos “eventos”: la defensa corporativa y la traición a los valores militares.

La primera parte, “Recorridos etnográficos”, propone un trayecto lineal y temporalmente centrado, desde lo más inclusivo –el expediente judicial– hasta la particularidad de una carpeta del archivo de inteligencia. Los tres capítulos que componen esta primera parte, “El expediente y el juicio”, “Archivo propio” y “22AGO” intentan, sucesivamente, dar cuenta del conflicto tal como se construye y desarrolla en los tribunales; luego indagar en torno a las prácticas por las cuales se está acusando a los imputados, las lógicas clasificatorias y habitus de las actividades de inteligencia militares y, finalmente, reconstruir el fantasma que acecha a la Base Aeronaval Almirante Zar: la Masacre de Trelew.

La segunda parte, “Perspectivas etnográficas” utiliza la causa “de espionaje” para ofrecer una lectura alternativa a lo que en varias disciplinas y en el propio campo del Estado se constituye como el “ámbito de la defensa”. Retoma, así, aquellos “grandes” conceptos sobre los cuales, asevera Geertz (1973), la antropología escribe microscópicamente e indaga en las perspectivas nativas de los mismos. Así, los principales debates sobre la “defensa nacional”; la “inteligencia”; y el “rol de las Fuerzas Armadas” aparecen encarnados en los argumentos de los marinos a lo largo de las diferentes etapas de la causa judicial y son abordados a partir de una “perspectiva nativa” (Guber, 1991; Balbi, 2012). En esta dirección el cuarto capítulo analiza el lugar que tiene la categoría de “secreto de Estado” en las estrategias que las diferentes burocracias esgrimen para resguardar o ampliar sus competencias en el campo de lo estatal. El quinto capítulo parte de la idea de que, así como los recursos disponibles en relación con el “poder del Estado” pueden disputarse a partir de prácticas, legislación y categorías, el análisis debe adentrarse también en la indagación respecto de las dinámicas de conformación de grupos que sustentan tales demandas. 

En la sección final se vuelven a abrir algunos temas de interés, en particular los referidos a la conceptualización, categorización y abordaje de las amenazas asimétricas, el terrorismo en el esquema de la política militar y de defensa en Argentina y los interrogantes relacionados con la perspectiva metodológica, teórica y política de la constitución cotidiana de lo que se conoce como “el ámbito de la defensa”.

---

Este libro es resultado de mi investigación doctoral, realizada en el marco del Equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires gracias a una beca doctoral de esa casa de estudios. La tesis fue defendida en abril de 2013 en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay un importante lapso de tiempo entre esa defensa y la publicación de este libro: a partir de entonces desarrollé y consolidé algunos aspectos que aquí se esbozan, y mantuve interesantes intercambios con varios colegas. Por ello, aunque en buena medida se ha mantenido la versión original, se introdujeron cuestiones puntuales que fueron trabajados por mí con posterioridad y que entendí no podía dejar de incluir por enriquecer sustantivamente el análisis.

Los agradecimientos son escasos en relación con la importancia que tuvieron quienes me contuvieron, apoyaron, animaron e impulsaron. En primer lugar a Sofía, quien con mucha paciencia, pocas palabras y sorteando la distancia fue capaz de guiarme, de inspirarme confianza en mi propio trabajo, de convencerme de convertir el proceso de escritura en algo entretenido. Millones de gracias.

En este proceso que desata la escritura de una tesis, uno de los ejes que más me desafió y atrapó ha sido el referente al del estudio, tratamiento y análisis de los archivos desde una perspectiva etnográfica. En todo este tiempo, han sido de fundamental importancia las conversaciones e intercambios mantenidos con Mariana Nazar respecto a la disciplina archivística y la documentación secreta y de inteligencia; con Carla Villalta, en relación con el lugar de las prácticas escritas en el “campo del Estado” y en la investigación etnográfica, y con Ana Ramos, respecto a la conformación histórica del archivo y su relación con la memoria. Lucía Eilbaum me ayudó a resaltar la importancia del análisis de los valores morales. Brenda Canelo me presentó a “Pitt”, gracias por ese momento decisivo.

La investigación original no hubiera sido posible sin el aporte de mucha gente. Agradezco en primer lugar a Carolina Varsky, Denise Sapoznik, Diego Morales, Rodrigo Borda y Paula Litvachky, que me introdujeron con paciencia en el lenguaje y los procedimientos judiciales y a Diego Martínez, que puso a mi disposición información y material cuando los necesité. También y muy especialmente a quienes me recibieron en Trelew y me regalaron parte de su tiempo: Eduardo Hualpa, Jorge Spindola, Carlos Alegre, Fernando Gelvez y Rene Rivera.

Mis colegas y amigas del Equipo de Antropología Política y Jurídica, Carla Villalta, Valeria Barbuto, Josefina Martínez, Lucía Eilbaum, María Pita, María José Sarrabayrouse y Marcela Perelman, supieron darme sugerencias y apoyo en distintos momentos del camino.

La creación de la Universidad Nacional de Río Negro, en el marco de una política de apertura de nuevas universidades nacionales resultó un hito significativo para la región en general y para mi desarrollo profesional en particular. Allí, el IIDyPCa (Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio – UNRN) en Bariloche se convirtió desde su fundación en el año 2009 en un verdadero espacio de crecimiento. Va un reconocimiento especial a mis amigas: Mercedes Barros, Claudia Briones, Ana Ramos y Celeste Ratto, porque es maravilloso compartir la aventura intelectual con ellas. Durante y después de la escritura de la tesis doctoral que se convirtió después en libro, me han regalado su amistad, su pasión por el conocimiento y su entusiasmo por los desafíos. También y muy especialmente hago aquí explícito mi agradecimiento a Alma Tozzini y María Emilia Sabatella, colegas y amigas, por todo el trabajo que se tomaron siempre para ayudarme en los detalles nimios y significativos y por la apuesta a lo que vendrá. José Benclowicz me introdujo en la importancia del “período Justo”, nuestro breve trabajo conjunto fue muy fructífero para mi investigación.

Hago llegar mi reconocimiento a quienes se animaron a armar una línea de trabajo conmigo, también en la Universidad Nacional de Río Negro: al increíble equipo atlántico –Walter Puebla, Melisa Fernández Marrón, Rubén Suárez y Juan José Guidi– y a Pilar Pérez. Finalmente, con un párrafo que queda estrecho y no hace justicia, quiero agradecer a mi familia. A mi mamá, que está “siempre lista” en todos los detalles amorosos; a mi papá, que me da los gustos, culinarios y bibliográficos; a Daniela, Jorge y Francisca, por el amor cotidiano; a Paula y Juliana, a Santiago, a Silvana, Federico y Emilia, a Mariana y Oscar (¡cartel francés!) porque me encantaría tenerlos más cerca para disfrutarlos, porque los quiero y los extraño. A mi hermoso familión lleno de primos, tíos y sobrinos, que me disculpan la ausencia y la lejanía y hacen felices los encuentros. A Tati y a Ñuñu, por su cariño constante.

A mis amigos de la vida, a “las chicas del Luna”, a la “Hacienda 19” con quienes creamos tantos hermosos momentos en patota y a las Brujas que somos, por nuestras charlas interminables.

A mi familia del otro lado de la cordillera, que no hace sino colmarme de cariño y dedicación. A los amigos que me llegaron y con los que me quedé.

Este libro está dedicado a la memoria de Tata y Jaime, que se henchían de orgullo con mis logros. También a la memoria de Ricardo, porque su emoción por el conocimiento está conmigo, y a la de María Marta, porque la extraño.

Para Valentina y Cristian, por nuestro amor extraordinario y cotidiano.

---