Aproximaciones al Suelo de Conservación de la Ciudad de México

José Álvaro Hernández Flores (México)

Introducción

En las últimas décadas, el estudio del territorio ha adquirido una relevancia creciente en las ciencias sociales, especialmente para el análisis de conflictos derivados de la expansión urbana, los procesos de despojo territorial y las luchas por la defensa de los bienes comunes. Este interés ha sido impulsado fundamentalmente por la geografía crítica y los estudios latinoamericanos del territorio, cuyos enfoques multiescalares, relacionales y conflictuales permiten comprender cómo los actores sociales configuran, resignifican y disputan el espacio.

El presente capítulo se inscribe en esta tradición crítica, con el objetivo de contribuir a la construcción de un aparato conceptual y metodológico que permita analizar de forma rigurosa la conflictividad territorial en contextos urbanos y periurbanos. Para ello, se articulan categorías clave retomadas de la obra de autores —principalmente latinoamericanos— cuyas contribuciones han sido fundamentales para repensar el territorio como una construcción dinámica, histórica y conflictiva.

Como aplicación empírica de este marco analítico se examina el caso del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, un espacio que, a pesar de su delimitación jurídica como área protegida, se ha constituido como un territorio en disputa. Esta zona —que representa más de la mitad del territorio capitalino— concentra una diversidad de actores, normatividades y usos del suelo que reflejan la superposición de territorialidades urbanas, ambientales y comunitarias. En este contexto, se analizan las tensiones derivadas del intento por reformular el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) en 2022, el cual fue percibido por actores locales como un intento de desarticulación del orden territorial existente y una amenaza a sus formas históricas de vida.

De esta manera, el capítulo persigue un doble objetivo: por un lado, ofrecer herramientas conceptuales para el análisis de la conflictividad territorial; por otro, mostrar su aplicabilidad mediante un caso empírico que permita observar con claridad las disputas por el control, uso y significado del territorio. La aportación específica de este capítulo a la sociología del territorio y los estudios espaciales se concreta en la formulación de un marco analítico orientado a comprender cómo, en contextos conflictivos, los órdenes territoriales son construidos, disputados y modificados a partir de las prácticas e interacciones de los actores sociales.

1. El territorio como producción social: fundamentos teóricos y disputas conceptuales

El estudio del territorio ha adquirido una relevancia creciente en las últimas décadas, hasta consolidarse como un eje central para comprender las transformaciones económicas y sociales (Abad, 2010). Este interés, impulsado por el denominado “giro espacial” en las ciencias sociales (Soja, 1997), ha promovido la incorporación gradual de la dimensión territorial como perspectiva analítica clave para comprender dinámicas de poder, distribución de recursos y conflictos sociales, entre otros fenómenos relevantes. El auge del pensamiento territorial se refleja tanto en la multiplicación de estudios académicos que utilizan la categoría de territorio para analizar procesos socioespaciales como en la formulación de políticas públicas e intervenciones que adoptan este enfoque para enfrentar diversas problemáticas.

Ante la creciente difusión del término, diversos autores han advertido sobre los riesgos de su uso indiscriminado, señalando que, en ausencia de una reflexión crítica sobre sus fundamentos teóricos y metodológicos, el concepto tiende a perder precisión y volverse ambiguo (Do Carmo, 2021; Brighenti, 2006; Rubio, 2006). Esta falta de claridad compromete su potencial analítico y normativo, así como su capacidad para explicar eficazmente las relaciones entre sociedad y espacio.

El territorio es un concepto polisémico y multidimensional cuya complejidad radica en su capacidad para articular diversas perspectivas de análisis que abarcan dimensiones jurídico-políticas, económicas, materiales, culturales y subjetivas (Altschuler, 2013). Esta transversalidad dificulta su delimitación precisa, pues su significado varía según las corrientes de pensamiento y los enfoques disciplinarios desde los cuales se estudie.

Para sistematizar estas diversas aproximaciones, Haesbaert (2011) propone una clasificación de las concepciones del territorio en tres perspectivas teóricas, cada una vinculada a una tradición filosófica particular.

Las perspectivas materialistas conciben el territorio como una realidad objetiva y tangible, definida por la posesión, el usufructo de la tierra o el predominio de relaciones sociales de producción que determinan sus formas de apropiación, uso y control. Dentro de esta corriente se destacan las visiones naturalistas, que equiparan el territorio con el espacio físico que sirve como soporte material de la vida (Paz, 2017). Influenciadas por la etología —disciplina que estudia el comportamiento animal en sus hábitats naturales— estas aproximaciones lo consideran un recurso vital indispensable para la supervivencia, al que transforman en objeto de apropiación y defensa (Howard, 1920). Si bien este enfoque ha sido útil para analizar las dinámicas de apropiación espacial en el mundo natural, su aplicación al estudio de las sociedades humanas presenta limitaciones significativas, ya que deja de lado las dimensiones simbólicas, políticas y culturales que, en interacción con los factores materiales, moldean las relaciones territoriales.

Otro conjunto de concepciones materialistas se inscribe en la tradición jurídico-política, en la cual el territorio se concibe como un elemento constitutivo del Estado, delimitado por fronteras y sujeto a su soberanía y autoridad (Gottman, 1975). Desde esta perspectiva, el territorio se configura como un pilar fundamental de la organización política y del ejercicio del poder, articulándose a partir de mecanismos de control, planificación y administración orientados a garantizar el orden jurídico-administrativo y la gobernanza estatal (Ratzel, 1988). Esta visión, propia del derecho y la geografía política, ha sido útil para analizar fenómenos tales como la delimitación de unidades territoriales, la distribución de competencias y la conformación del aparato estatal. Sin embargo, al privilegiar la dimensión formal y jerárquica del territorio, tiende a invisibilizar dinámicas socioespaciales que escapan al control estatal.

Finalmente, deben considerarse las concepciones derivadas de las teorías marxistas, que cuestionan la idea del territorio como un espacio pasivo subordinado al control del Estado. Desde este enfoque, el territorio no es una mera extensión geográfica, sino una construcción social determinada por relaciones sociales de producción, cuya base material configura la organización espacial y la apropiación de los recursos naturales, procesos atravesados por estructuras de subordinación, dominio y explotación (Godelier, 1989; Rubio, 2006). Así, el territorio constituye simultáneamente un espacio de producción y un campo de disputa entre clases sociales, en el cual las relaciones de propiedad y los modos de producción determinan las formas de acceso, control y uso del espacio.

Frente a las concepciones materialistas, que destacan la dimensión estructural y tangible del territorio, las perspectivas idealistas enfatizan los procesos de apropiación simbólica, priorizando su dimensión cultural y subjetiva. Para este enfoque, el territorio trasciende lo físico, pues se constituye como un ámbito cargado de valores éticos, espirituales y afectivos que definen su significado y función social. Se entiende, así, como una construcción social en la que la cultura y la identidad colectiva se expresan mediante prácticas y representaciones simbólicas (Giménez, 1999). De este modo, el territorio se configura como un espacio vivido, en el cual individuos y comunidades construyen significados, desarrollan un sentido de pertenencia y establecen vínculos afectivos con el lugar (Barabás, 2014; Altschuler, 2013; Torres y Ramos, 2008). Conviene señalar, sin embargo, que estas concepciones no están exentas de riesgos, especialmente el peligro de incurrir en esencialismos al desconocer que los significados atribuidos al territorio resultan de procesos dinámicos de negociación y conflicto, atravesados por relaciones de poder y contextos sociales dinámicos (Paz, 2017).

El desarrollo de la geografía crítica a partir de la década de 1970 transformó radicalmente el estudio del territorio al incorporar el análisis de las relaciones de poder, la historia y el conflicto en su conceptualización. En este marco, se planteó la necesidad de superar las oposiciones entre lo material e inmaterial, lo objetivo y lo subjetivo, mediante perspectivas integradoras que consideraran tanto las dimensiones económicas, políticas, físicas y simbólicas del territorio como las interacciones que las configuran (Haesbaert, 2011). Autores como Claude Raffestin (2011) propusieron una visión relacional del territorio, argumentando que este no es una entidad fija ni preexistente, sino el resultado de relaciones de poder que lo estructuran. Desde esta perspectiva, el territorio se concibe como una categoría histórica, relacional y situacional, que remite a la red de relaciones y prácticas de poder que operan en un contexto socioespacial determinado (Do Carmo, 2021). Lopes de Souza (1995) refuerza esta idea al definir los territorios, no como entidades físicas, sino como relaciones sociales proyectadas sobre el espacio.

Las concepciones integradoras del territorio, ancladas en la configuración del poder, se distancian de la visión estadocéntrica al reconocer la pluralidad de actores y significados que intervienen en su construcción. Desde esta lectura, el territorio se concibe como un proceso dinámico y conflictivo en el que intervienen diversos actores —comunidades locales, movimientos sociales y agentes globales— en pugna por su control, uso y resignificación. Visto bajo este lente, el territorio no solo es escenario de poder, sino resultado de luchas y negociaciones que lo transforman continuamente. Esto permite comprenderlo como una construcción social dinámica, estrechamente ligada a las identidades, prácticas y proyectos de quienes lo habitan y disputan. La adopción de este tipo de perspectivas resulta particularmente útil para analizar la complejidad socioespacial del territorio y de sus conflictos.

En este contexto, la territorialidad emerge como un concepto clave para comprender las dinámicas de apropiación, control y disputa del espacio. Si el territorio es el resultado de relaciones de poder en constante negociación, la territorialidad se configura como el conjunto de estrategias mediante las cuales individuos y colectivos establecen, refuerzan o desafían dichas relaciones (Sack, 1986). Más que un atributo fijo del espacio, la territorialidad es una relación social que se expresa en diversas formas de apropiación, delimitación y asignación de significados. Desde esta perspectiva, es posible identificar múltiples territorialidades, cada una vinculada a diferentes lógicas de organización espacial: pueden ser superpuestas, cuando distintos regímenes de autoridad coexisten en un mismo espacio y generan disputas por su control (Agnew y Oslender, 2010); flexibles y móviles, cuando varían según el tiempo y la función, como en los territorios en red o cíclicos (Haesbaert, 2002); autónomas, cuando emergen como resistencia y afirmación identitaria frente a poderes hegemónicos (Haesbaert, 2011); o normativas, cuando el acceso y uso del espacio están regulados por marcos jurídicos o acuerdos comunitarios (Do Carmo, 2021).

Otro concepto fundamental en el marco de las perspectivas integradoras es el de territorialización, que, pese a estar estrechamente vinculado con la territorialidad, tiene un significado propio y debe distinguirse claramente de esta. Mientras territorialización remite a las relaciones sociales y simbólicas que los individuos y grupos establecen con el espacio (Aldhuy, 2009), territorialidad alude al proceso mediante el cual dichas relaciones se materializan en la apropiación y control del territorio. Desde esta óptica, la primera puede implicar dinámicas de apropiación, exclusión, normativización y resistencia, dependiendo del contexto sociopolítico y cultural en el que acontece (Do Carmo, 2021).

Los procesos de desterritorialización y reterritorialización han generado amplias reflexiones teóricas, especialmente en el ámbito de la geografía crítica. La desterritorialización se refiere a la pérdida de control o arraigo de un grupo social sobre un espacio determinado, lo que puede manifestarse en la disolución de fronteras simbólicas, políticas o económicas, o en la imposición de nuevas configuraciones espaciales que restringen su capacidad de apropiación y uso (Ianni, 1998 en Beraún y Beraún, 2004; Haesbaert, 2011). Este fenómeno se ha asociado con dinámicas como la globalización, la digitalización y la transnacionalización (Castells, 2006; Appadurai, 1996), lo que fortalece la tesis del “fin de los territorios” (Badie, 1995), según la cual el territorio habría perdido su centralidad como categoría explicativa. Esta tesis ha sido matizada por enfoques que sostienen que la desterritorialización no implica necesariamente la desaparición del referente territorial, sino su reconfiguración bajo nuevas condiciones de poder, disputa y apropiación (Brighenti, 2006).

En este marco, los enfoques latinoamericanos han enriquecido la discusión teórica sobre el territorio, destacando su carácter multiescalar y su vínculo con procesos de exclusión, resistencia y conflicto. Rogério Haesbaert (2011, 2013, 2016) ha desarrollado la noción de multiterritorialidad, señalando que los territorios no son unidades homogéneas ni estáticas, sino espacios dinámicos en los que se superponen múltiples territorialidades que reflejan interacciones complejas entre actores sociales, el Estado y el mercado. Su trabajo ha cuestionado el discurso de la desterritorialización, proponiendo que, en el contexto de la globalización, lejos de desaparecer, los territorios se reconfiguran mediante procesos simultáneos de territorialización y reterritorialización. Para Haesbaert (2013), la desterritorialización no es un proceso uniforme, sino un fenómeno múltiple y situado cuya manifestación varía en función de los actores, escalas y dinámicas involucradas. En este sentido, la reterritorialización, entendida como la reapropiación de espacios previamente transformados bajo nuevas condiciones políticas, económicas y culturales (Beraún y Beraún, 2004), puede adoptar formas diversas que van desde la recuperación territorial por parte de colectivos desplazados hasta la imposición de normativas espaciales que precarizan a los grupos subalternizados.

Esta dialéctica entre desterritorialización y reterritorialización revela que los territorios son constantemente disputados, fragmentados y reconfigurados en función de relaciones de poder asimétricas. En el caso latinoamericano, la desterritorialización no se limita a la movilidad o la fluidez, sino que se vincula directamente con procesos de despojo, devastación ambiental y exclusión social. Haesbaert (2023) advierte que este fenómeno propicia la emergencia de espacios de resistencia frente al avance del capital extractivista, en los cuales las comunidades defienden sus modos de vida.

En las últimas décadas, el territorio ha trascendido su dimensión analítica para convertirse en una categoría de lucha para numerosos movimientos indígenas y campesinos de América Latina. Estos colectivos han reivindicado el territorio como un espacio integral de vida que, además de sustentar su sobrevivencia material, les permite construir y dar sentido a su identidad y cultura. Este proceso, que Arturo Escobar (2015) denomina como “ontologización del territorio”, les ha permitido disputar las jerarquías espaciales impuestas por el Estado y otros grupos hegemónicos, resistir los procesos de expropiación y violencia, y transformar su lucha en un acto de re-existencia (Porto-Gonçalves y Hurtado, 2022). Desde esta praxis se han desarrollado distintas categorías, como la de territorios vivos (Jiménez, 2019) o la de cuerpo-tierra-territorio (Cabnal, 2010), las cuales vinculan la defensa del territorio con la lucha contra la violencia de género y la preservación de formas de vida comunitaria (Haesbaert, 2023). Este tipo de nociones enfatizan que el territorio no se limita a un espacio material, sino que constituye una extensión del cuerpo y la identidad de las comunidades, donde la defensa de la tierra se entrelaza con la protección de la vida misma.

Como se observa, la conceptualización del territorio ha transitado desde visiones funcionalistas y estáticas hacia enfoques más dinámicos y relacionales. Esta transformación ha permitido una problematización más profunda de su dimensión política, poniendo en el centro del debate la relación entre territorio y poder. En este contexto, la geografía crítica latinoamericana ha aportado una visión integrada del territorio, enfatizando su papel como escenario de luchas y resistencias frente a las lógicas de despojo y dominación. Desde los movimientos indígenas y campesinos hasta las reivindicaciones feministas y comunitarias, los pueblos han demostrado que el territorio no es únicamente un espacio de control, sino un ámbito donde se forjan identidades, se resguardan modos de vida y se disputan significados sobre la existencia.

Instrumental teórico-metodológico para el análisis de la conflictividad territorial

A pesar de la proliferación de estudios sobre conflictos territoriales, la ausencia de un aparato teórico-metodológico consolidado para abordarlos de manera integral sigue siendo una limitación en la literatura académica (Merlinsky, 2013). Los enfoques predominantes suelen fragmentar el análisis al centrarse en dimensiones políticas, económicas o ambientales, sin lograr una comprensión integral del territorio y sus disputas (Porto-Gonçalves, 2006). Desde una perspectiva integrada resulta fundamental considerar no solo las dimensiones materiales del territorio sino también sus aspectos simbólicos, relacionales e históricos, considerando a los diversos actores y escalas que intervienen en la producción y reconfiguración de los espacios en disputa (Haesbaert, 2011; Svampa, 2016).

Retomando las contribuciones de la geografía crítica latinoamericana, esta sección articula categorías teóricas clave para la construcción de un aparato teórico-metodológico que permita analizar los conflictos territoriales en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México. Para ello, se incorporan las aportaciones de autores como Milton Santos, Marcelo Lopes de Souza, Bernardo Fernandes y Rogério Haesbaert, entre otros, quienes han enfatizado la naturaleza relacional y conflictiva del territorio.

La obra de Milton Santos se erige como un punto de partida fundamental, ya que ofrece una reinterpretación del espacio geográfico que permite analizar cómo las dinámicas sociales y materiales configuran el territorio. Para este autor, el espacio geográfico es una totalidad en la que convergen sistemas de objetos y sistemas de acción, es decir, elementos materiales como infraestructuras, edificaciones y paisajes que interactúan con las acciones sociales que los transforman y resignifican en el tiempo (Santos, 2000). Esta concepción enfatiza la relación dialéctica entre materialidad y praxis, lo que permite comprender el territorio como una construcción histórica y socialmente producida. Así, el espacio no es un mero soporte físico, sino un proceso en constante cambio, donde las relaciones de poder, las disputas por el uso del suelo y las estrategias de apropiación territorial configuran su estructura y funcionamiento.

La noción de sistema territorial, entendida como la estructura socialmente construida en la que nacen, se desarrollan y actúan las relaciones de poder (Berruecos, 2012), proporciona un marco analítico para comprender cómo se estructuran las interacciones entre los objetos materiales y las acciones sociales en el espacio geográfico. Siguiendo a Raffestin (2011), todo sistema territorial está conformado por una serie de elementos interdependientes que estructuran y organizan las prácticas espaciales, lo que genera configuraciones específicas en la producción del territorio. Entre estos elementos se destacan las mallas, los nudos y las redes, los cuales interactúan para definir la dinámica territorial y los mecanismos de apropiación del espacio.

Las mallas o tramas se refieren a la delimitación territorial que consolida la relación de dominio ejercida por un grupo social sobre una porción específica del espacio. Constituyen la base de la organización territorial, ya que definen las condiciones de acceso, uso y control del territorio por parte de distintos actores. La delimitación que surge de su estructuración expresa distintas formas de territorialidad, lo que refleja cómo los grupos sociales ejercen su control, gestionan sus recursos y generan dinámicas de inclusión o exclusión. La escala juega un papel central en estos procesos, ya que las mallas operan en distintos niveles, desde lo local hasta lo global. En cada escala, las delimitaciones pueden ser el resultado de procesos históricos, acuerdos políticos o conflictos contemporáneos, lo cual da lugar a múltiples territorialidades que pueden superponerse, entrar en disputa o integrarse en sistemas de regulación espacial, y así transformar la organización territorial y las relaciones de poder en el territorio.

Los puntos o nudos constituyen concentraciones estratégicas dentro de la organización territorial, donde convergen actores sociales, instituciones y flujos de recursos. Estos centros pueden adoptar diversas formas, desde aldeas y pueblos hasta grandes metrópolis, y su jerarquía está determinada por la posición que ocupan dentro de la red territorial (Giménez, 1999). A diferencia de las mallas, que delimitan y segmentan el espacio, los nudos desempeñan una función articuladora, dado que estructuran el territorio en distintos niveles de centralidad y periferia. Al operar como centros de poder, interacción y conexión en el espacio geográfico, facilitan la integración de los distintos elementos del sistema territorial, y permiten así la circulación de bienes, información y personas. En este sentido, su distribución y jerarquización reflejan las relaciones de poder, lo que evidencia las dinámicas de control y acceso al territorio.

Las redes, por su parte, constituyen el entramado de conexiones que vincula los distintos elementos del sistema territorial, lo cual facilita la circulación de bienes, información, personas y capital a través del espacio. Para Raffestin (2011), estas pueden manifestarse tanto en su dimensión física —por ejemplo, infraestructuras de transporte, telecomunicaciones o corredores comerciales— como en su dimensión simbólica y política, reflejando relaciones de poder y estrategias de control sobre el territorio​. Las redes estructuran jerarquías espaciales y regulan el acceso a los recursos. Al conectar o aislar territorios, pueden favorecer la integración o, por el contrario, intensificar la fragmentación y la desigualdad. Un aspecto importante a considerar es que la distribución y funcionalidad de las redes varía según la escala en la que operan. En el ámbito local, pueden manifestarse en la infraestructura de movilidad, en los circuitos comerciales o en las redes de apoyo comunitario, mientras que a nivel regional o global, articulan procesos más amplios como la economía de exportación, los sistemas logísticos o las plataformas digitales de intercambio (Blanco, 2007). La densidad y conectividad de estas redes reflejan la posición relativa de cada territorio dentro del sistema territorial y condicionan su grado de autonomía o dependencia en relación con otras regiones. Cabe señalar, sin embargo, que no todas las redes garantizan la comunicación y la accesibilidad; algunas funcionan como barreras que restringen el flujo de personas y bienes, y generan así territorios segregados o subordinados a lógicas de poder externas.

El sistema territorial, integrado por mallas, nudos y redes, configura las relaciones de poder y actúa como un marco estructurador del espacio, reproduciendo y transformando simultáneamente estas dinámicas. Según Raffestin (2011), este sistema es a la vez producto y medio de producción: emerge de las interacciones sociales y, al mismo tiempo, moldea la organización territorial. En este proceso, cada sistema territorial desarrolla una territorialidad propia, manifestada en todas las escalas espaciales y sociales, e inseparable de las relaciones de poder que lo conforman.

A partir de esta estructura y de las dinámicas que la atraviesan, se configuran distintos órdenes territoriales (Echeverría y Rincón, 2000), entendidos como estructuras que regulan la gestión y el control del espacio en función de relaciones de poder, normas institucionales y códigos sociales. Estos órdenes se sustentan en lógicas territoriales, es decir, principios que guían la apropiación, el uso y la administración del territorio, ya sea desde el Estado, el mercado o las prácticas comunitarias. Mientras que algunos órdenes se establecen mediante estrategias de planificación y regulación estatal, otros provienen de formas alternativas de organización social que, a menudo, entran en conflicto con los marcos normativos oficiales.

Las lógicas territoriales son fundamentales en la estructuración del espacio, pues determinan cómo los actores sociales organizan, apropian y regulan los territorios. Haesbaert (2013) identifica dos lógicas principales: la zonal y la reticular. La lógica zonal concibe el territorio como una extensión continua y contigua, organizada mediante divisiones espaciales —como fronteras administrativas, jurídicas o funcionales— que delimitan unidades territoriales específicas (municipios, regiones o áreas protegidas), donde el control y la gestión se ejercen dentro de límites precisos.

En contraste, la lógica reticular se basa en redes y flujos que trascienden las delimitaciones tradicionales (Do Carmo, 2021). Aquí, los territorios se definen por su articulación a través de infraestructuras de comunicación, movilidad e intercambio económico y social, más que por su continuidad espacial. Esta lógica predomina en los procesos de globalización, donde los territorios se integran a sistemas transnacionales de circulación de capital, bienes, información y personas, dejando atrás la noción de unidades cerradas.

No obstante, en la práctica, estas lógicas no funcionan de forma excluyente, sino que se superponen y reconfiguran dinámicamente. En este contexto, Haesbaert (2013) propone el concepto de territorios aglomerados: espacios donde ni la lógica zonal ni la reticular predominan claramente. Estos territorios exhiben una estructura difusa y heterogénea, resultado de múltiples procesos de apropiación, reterritorialización y fragmentación. De esta manera, se constituyen como espacios en disputa, donde diversas formas de territorialidad coexisten, se entrelazan o chocan según los intereses y estrategias de los actores.

Las categorías previamente señaladas constituyen herramientas analíticas pertinentes para el estudio de las dinámicas territoriales, especialmente en contextos de transformación y conflicto. Su aplicación permite examinar cómo las relaciones de poder se configuran espacialmente a través de procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, así como la manera en que estos procesos se articulan con las estrategias y acciones de los actores sociales.

Tabla 1. Herramientas de análisis territorial

Fenómeno	Categoría de análisis	Subcategorías	Autores
Producción territorial	Espacio geográfico	Sistema de objetos	Santos 2000
		Sistema de acciones
Organización territorial	Sistema territorial	Mallas o tramas	Raffestin, 2011 Haesbaert, 2011, 2013 Giménez, 1999
		Nudos o puntos
		Redes o flujos
Orden territorial	Lógicas territoriales	Zonal	Haesbaert, 2013, 2014
		Reticular
		Aglomerado
Dinámica territorial	Procesos territoriales	Territorialización	Haesbaert, 2011 Fernandes, 2011 Souza, 1995, 2009 Montañez y Delgado, 1998
		Desterritorialización
		Reterritorialización

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, la aplicación de este instrumental analítico por sí sola no es suficiente. Para comprender con mayor profundidad las dinámicas territoriales, es necesario complementarla con un análisis basado en una serie de postulados que permitan interpretar la complejidad y el carácter dinámico del territorio. En este marco, Bernardo Fernandes (2008; 2011) y Rogério Haesbaert (2011; 2013; 2014), referentes en los estudios territoriales en América Latina, plantean una serie de principios fundamentales para su análisis: soberanía, totalidad, multidimensionalidad, pluriescalaridad, multiterritorialidad, intencionalidad y conflictualidad. Estos principios, que se desarrollarán a continuación, ofrecen una perspectiva crítica para interpretar los procesos de configuración del espacio geográfico y su relación con las dinámicas de conflicto:

1. El principio de soberanía remite a la capacidad de los actores —ya sean estatales, comunitarios o privados— para ejercer control, administración y decisión sobre un espacio determinado. En este sentido, la soberanía no se limita a una dimensión jurídica vinculada al Estado-nación, sino que abarca múltiples escalas y actores que compiten por el control territorial en función de relaciones de poder, normas institucionales y dinámicas sociales (Nates, 2011). De acuerdo con Fernandes (2011), la soberanía territorial puede entenderse de dos maneras: en términos de gobernanza, donde el territorio es un espacio en el que los gobiernos ejercen autonomía en la toma de decisiones, y en términos de propiedad, donde los actores —sean individuos, comunidades o corporaciones— reclaman derechos sobre el uso y gestión del territorio.
2. El principio de totalidad establece que el territorio debe entenderse como una unidad compleja en la que convergen múltiples dimensiones y escalas (Fernandes, 2011). Desde esta perspectiva, ningún territorio puede analizarse de manera aislada, ya que su estructura y funcionamiento dependen de una red de interdependencias que abarcan diversos ámbitos. Concebir el territorio como una totalidad permite reconocer su carácter multidimensional y pluriescalar, resaltando la interrelación entre sus distintos componentes.
3. Desde el principio de multidimensionalidad, el territorio se concibe como una construcción compleja integrada por múltiples capas interconectadas: espacial, social, política, económica, cultural e histórica. A partir de este principio se reconoce que el territorio, más allá de su delimitación geográfica y material, constituye un ámbito donde se entrelazan prácticas, relaciones de poder, identidades y significados atribuidos por los actores que lo habitan o lo transforman.
4. Bajo el principio de pluriescalaridad se reconoce que el espacio no opera en una única escala, sino que se estructura mediante interacciones que atraviesan lo local, lo regional, lo nacional e incluso lo global (Haesbaert, 2013). Estas diferentes escalas no deben considerarse como una secuencia continua, sino como niveles que se entrelazan y se superponen, afectándose de formas complejas (Giménez, 1999). Analizar los procesos territoriales desde una perspectiva pluriescalar implica considerar cómo las decisiones tomadas en un nivel determinado inciden en la configuración de los territorios en otras escalas. Esto es fundamental para comprender fenómenos como la globalización, la planificación estatal y la apropiación comunitaria del territorio.
5. El principio de multiterritorialidad se refiere a la superposición y coexistencia de diversas lógicas de apropiación y uso del espacio, resultado de procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización (Haesbaert, 2013). En virtud de este principio se reconoce que los territorios no son unidades homogéneas ni estáticas, sino espacios en disputa donde interactúan y coexisten múltiples territorialidades, cada una con sus propias reglas, significados y formas de organización.
6. El principio de conflictualidad señala que el territorio no es un espacio homogéneo ni neutral, sino un escenario de disputa en el que confluyen actores con intereses divergentes (Haesbaert, 2011). Las luchas por el acceso, uso y control del territorio evidencian las contradicciones entre distintos modelos de desarrollo, gestión y apropiación del espacio, así como las estrategias de resistencia y adaptación desplegadas por los actores involucrados.
7. El principio de intencionalidad hace referencia a la manera en que los distintos actores proyectan sus objetivos en el espacio geográfico, y lo reconfiguran, así, a través de sus prácticas y estrategias de apropiación (Fernandes, 2008). Bajo esta mirada, el territorio, lejos de ser una entidad pasiva, es el resultado de múltiples intenciones y disputas que se inscriben en su configuración material y simbólica.
8. Finalmente, el principio de historicidad destaca el carácter dinámico y la relevancia del tiempo en la producción de los territorios (Cardoso, 2019). Este principio subraya que los territorios no son entidades estáticas, sino el resultado de procesos históricos acumulativos que reflejan las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales a lo largo del tiempo. La dimensión histórica permite comprender cómo las prácticas, conflictos y decisiones del pasado configuran las estructuras territoriales del presente, influyendo en su evolución futura. Así, el territorio se entiende como un producto histórico en constante transformación, donde el tiempo actúa como un factor clave en su configuración y significado (Haesbaert, 2011).

La aplicación de estos principios, en conjunto con el uso de herramientas de análisis territorial, permite una comprensión más profunda de las disputas espaciales y los procesos de transformación del territorio. En el siguiente apartado se aplica este marco analítico al caso del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, examinando cómo las dinámicas de territorialización, desterritorialización y reterritorialización configuran un espacio en permanente disputa, definido por la interacción de múltiples actores, intereses y escalas.

2. El Suelo de Conservación: entre la normatividad y la multiterritorialidad

El Suelo de Conservación (SC) es una categoría de ordenamiento territorial establecida en la Ciudad de México con el objetivo de restringir el crecimiento urbano en áreas de alto valor ecológico (Escandón, 2020). Esta zona, que abarca aproximadamente el 59 % de la superficie de la entidad, equivale a 88,442 hectáreas distribuidas principalmente en el sur y suroeste de la ciudad (Ibarra, 2021). Su designación busca proteger los ecosistemas presentes en la región, como bosques templados, pastizales, humedales y áreas agrícolas de temporal, los cuales proveen servicios ecosistémicos esenciales para la sustentabilidad de la metrópoli (Sedema, 2016).^[1]

Aunque la categoría de áreas de conservación ecológica se incorporó a la legislación urbana en la década de 1970, no fue hasta la promulgación de la Ley Ambiental del Distrito Federal en 1996 que el SC adquirió una delimitación jurídica precisa como unidad territorial. Dicha ley estableció formalmente la distinción entre suelo urbano y suelo de conservación, definiendo a este último como un espacio destinado a la preservación ecológica, la restauración ambiental y la producción rural sustentable. A partir de esta delimitación, se impusieron regulaciones y usos específicos del suelo que reconfiguraron territorialmente más de la mitad del territorio capitalino, en una zona caracterizada por su alta complejidad ecológica y social.

El territorio clasificado como SC comprende las sierras del Chichinautzin, de las Cruces, del Ajusco, el cerro de La Estrella y la sierra de Santa Catarina, así como los remanentes lacustres de Xochimilco-Tláhuac y Chalco (Ibarra, 2021). Esta configuración geográfica conforma un mosaico biogeográfico que sustenta una notable diversidad de paisajes y dinámicas socioambientales, donde la expansión urbana en constante crecimiento coexiste con actividades agrícolas, forestales y de conservación.

Lejos de ser una construcción reciente, el SC es el resultado de un proceso histórico prolongado de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, cuyas raíces se remontan al poblamiento prehispánico de la cuenca de México, cuando se consolidaron complejos sistemas agrícolas y de gestión hídrica. Con la colonización española, este paisaje fue profundamente transformado por los cambios en los sistemas de tenencia de la tierra y la imposición de nuevos modos de producción. En tiempos más recientes, ha sido reconfigurado por políticas de contención del crecimiento urbano orientadas tanto a preservar los ecosistemas como a sostener ciertas prácticas rurales tradicionales.

Actualmente, la zona delimitada como SC abarca nueve de las doce alcaldías de la Ciudad de México e incluye dentro de su perímetro 36 poblados rurales, muchos de ellos con una fuerte identidad cultural vinculada al desarrollo de prácticas agrícolas tradicionales (Pérez, 2018). Un aspecto clave es la presencia de 44 núcleos agrarios —entre ejidos y comunidades—, lo que implica que cerca del 75 % del territorio corresponde a propiedad social (Sedema, 2016; Sánchez y Díaz-Polanco, 2011).

Esta descripción inicial del territorio evidencia con claridad cómo la normatividad incide en la configuración de límites y fronteras, tanto físicas como simbólicas, que determinan las distintas formas de uso del espacio. En el caso del SC, las primeras regulaciones surgieron a mediados del siglo XX con la declaratoria de veda forestal en las zonas boscosas de la Ciudad de México. Décadas después, en el marco del ordenamiento territorial, se establecieron diversas normativas para delimitar el suelo urbano y crear áreas de protección ecológica, con el propósito principal de controlar el crecimiento urbano. Con el inicio del siglo XXI y la consolidación del enfoque ambiental en la política pública, se promulgaron nuevas leyes que, desde una perspectiva ecológica, impusieron restricciones más estrictas a los usos de suelo dentro del polígono definido como SC (tabla 2).

Como resultado, la regulación de las actividades y los usos de suelo están determinados por dos tipos de instrumentos, cada uno de ellos con enfoques y categorías muy distintas de zonificación (Aguilar, 2008): el Programa General de Desarrollo Urbano (2003) y el Programa General de Ordenamiento Ecológico (2003). A estas regulaciones se suma una multiplicidad de programas e instrumentos operados a nivel federal y local para la conservación ambiental (Moreno y Perevochtchikova, 2021).

Tabla 2. Normatividad en el Suelo de Conservación de la CDMX

Fuente: elaboración propia.

Cabe señalar, además, que este proceso se desarrolló en un espacio históricamente territorializado, donde convergen marcos normativos agrarios que reconocen la existencia de ejidos y comunidades sujetos a regulaciones específicas en materia de propiedad y gestión del suelo, junto con dinámicas socioproductivas y los usos y costumbres de los pueblos originarios. Esta configuración ha dado lugar a una fragmentación institucional en la gestión del SC, caracterizada por su multidimensionalidad y pluriescalaridad. En este contexto, la regulación del SC ha estado marcada por la intervención de múltiples entidades que, a lo largo del tiempo, han aplicado enfoques diversos en función de sus respectivas competencias ambientales, urbanas, agrarias y sociales, operando en escalas que van de lo comunitario a lo nacional (ver tabla 3). A esta condición se suma la presencia de una diversidad de actores que ejercen o buscan ejercer formas diferenciadas de soberanía sobre porciones específicas del territorio, en función de sus intereses, anclajes y marcos normativos de referencia. Entre ellos se encuentran autoridades agrarias, órganos de gobierno comunitario, dependencias gubernamentales, organizaciones sociales y actores privados.

La superposición de estas distintas tramas territoriales ha dado lugar, a lo largo del tiempo, a un orden territorial complejo en el que convergen distintas lógicas de organización del espacio: a) la lógica urbana, asociada a la planificación y expansión de la ciudad, que responde a un enfoque zonal en el que el territorio se concibe como una extensión continua organizada mediante divisiones administrativas y funcionales, como el suelo urbano y las áreas protegidas, dentro de las cuales se aplican normativas específicas de control y gestión; b) la lógica ambiental, impulsada por la necesidad de conservación ecológica, que se estructura a partir de redes de conectividad en lugar de límites físicos, priorizando la articulación de áreas naturales protegidas, corredores biológicos e infraestructuras ambientales a través de flujos de agua, biodiversidad y movilidad ecológica, de modo que se trascienden las fronteras administrativas tradicionales; y c) la lógica tradicional, vinculada a los ejidos, comunidades y pueblos originarios, que desafía las lógicas zonales y reticulares impuestas por la normatividad, y se sustenta en un entramado de relaciones locales, prácticas comunitarias y apropiaciones espaciales discontinuas que dan lugar a formas territoriales de aglomerado.

Tabla 3. Fragmentación institucional en el SC

Escala	Institución	Normatividad
Federal	SEDATU	Constitución Política
	SRA	Art. 27 Constitucional
	RAN	Ley Agraria
	CORETT	Ley General de Asentamientos Humanos
	CONAFOR	Programa Nacional Forestal
	Instrumentos de conservación	Componentes Pronafor
		PICRN Sur-poniente
		Compensación por Cambio de Uso de Suelo
		Proyectos Especiales
		Saneamiento y combate a incendios
Estatal	SEDUVI	Constitución Política de la CDMX
	SEDEMA	Programa General de Desarrollo Urbano
	CORENA	Programa General de Ordenamiento Ecológico
	Instrumentos de conservación	Proface
		PRCSA
		PSAZC
		PPT
		BCF
Local	Alcaldía	Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
Comunitaria	Comisariado Ejidal	Reglamentos
	Representación Bienes Comunales	Usos y costumbres

Fuente: elaboración propia con base en García (2016) y Moreno y Perevochtchikova (2021).

El entrecruzamiento de lógicas territoriales, resultado de la interacción de múltiples escalas espaciales y temporales, así como de la superposición de dimensiones normativas, socioeconómicas y ecológicas, ha generado diversas problemáticas en el SC. Entre las más relevantes se encuentran: la coexistencia de marcos normativos con enfoques divergentes, lo que provoca vacíos legales y contradicciones en su aplicación (Aguilar, 2008); la falta de coordinación interinstitucional, que dificulta la implementación de políticas integrales y la gestión efectiva del territorio (García, 2016); la pérdida de servicios ambientales esenciales para la recarga del acuífero, la regulación climática y la conservación de la biodiversidad (Aguilar et al., 2022; Perevochtchikova et al., 2024; Pedraza et al., 2024); y los conflictos asociados al uso del suelo, la proliferación de asentamientos irregulares (Santos y Aguilar, 2016; Delgadillo, 2016; PAOT, 2010) y la implementación de estrategias de preservación ambiental (Moreno y Perevochtchikova, 2021).

Todas estas problemáticas reflejan la multiterritorialidad del SC, condición que emerge de la intersección de regulaciones urbanas y ambientales con sistemas de propiedad agraria, la expansión de asentamientos irregulares y las formas comunitarias de gestión del territorio propias de los pueblos originarios. Este entramado de territorialidades en disputa dificulta la aplicación uniforme de la normatividad y genera tensiones constantes entre los actores involucrados, quienes redefinen y negocian los usos y límites del suelo en función de sus imaginarios, intereses y necesidades.

El conflicto por el PGOT: reconfiguraciones normativas y resistencias territoriales

Para ilustrar lo anterior, se analiza la disputa más reciente generada por el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) propuesto en 2022. Este instrumento buscaba regular la ocupación y el aprovechamiento del suelo en la Ciudad de México, eliminando la ambigüedad derivada de la coexistencia del Programa General de Ordenamiento Ecológico (PGOE) y el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU).

Aunque el PGOT recibió múltiples críticas, la controversia más significativa se centró en la propuesta de zonificación primaria, la cual introducía una nueva categoría de suelo —el suelo rural—, que se sumaba a las ya existentes de suelo urbano y suelo de conservación. Cabe señalar que dicha adición, la cual supuso una reducción de 36 % a la superficie del SC, era solo de carácter formal, ya que la superficie catalogada como suelo rural correspondía casi en su totalidad a la zona delimitada en el anterior instrumento como agroecológica. La intencionalidad implícita en el PGOT era reconocer la vocación productiva de esa porción del SC, pero sin establecer una zonificación secundaria ni una tabla de usos de suelo, facultad que estaba reservada a cada una de las alcaldías. Pese a ello, la nueva delimitación fue percibida por ejidatarios, comuneros y habitantes de los pueblos originarios como un intento por expandir la urbanización sobre sus territorios (Díaz, 2024). Se argumentaba que su entrada en vigor iba a implicar la pérdida de 30.000 hectáreas de SC producto de la legalización de 900 asentamientos irregulares (Rojo, 2024) y que abriría la puerta al desarrollo inmobiliario.

Desde esta convicción, los pueblos originarios emprendieron diversas acciones de resistencia, que incluyeron el boicot a los procesos de consulta, movilizaciones callejeras, bloqueos carreteros y otras formas de protesta. En el ámbito legal, interpusieron amparos y presentaron denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de impedir la realización de asambleas comunitarias, argumentando que la consulta indígena no se ajustaba a los criterios establecidos en el derecho internacional.

Para finales de 2022, el movimiento de oposición al Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) había logrado articular una amplia red de apoyo que incluyó asociaciones civiles, organizaciones sociales, colectivos académicos y expresiones del Movimiento Urbano Popular. Entre las agrupaciones que se sumaron a la resistencia destacan la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac, Suma Urbana, A.C., la Red de Derechos Humanos y Planeación, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata y el Colectivo de Asentamientos Humanos Irregulares, entre otros. Ante la presión ejercida por esta coalición, el gobierno de la Ciudad de México se vio forzado a retirar la propuesta del PGOT. Como parte de esta decisión, también eliminó de la Constitución de la Ciudad de México la categoría de suelo rural, cuya incorporación había generado la mayor controversia.

Más allá de las dificultades asociadas a la formulación y socialización de los instrumentos de ordenamiento territorial, el caso referido permite visualizar al SC como un territorio dinámico y en constante transformación, constituido tanto por dimensiones materiales —visibles en las prácticas productivas, los usos del suelo y las infraestructuras existentes— como por dimensiones inmateriales, vinculadas a los imaginarios, sentidos de pertenencia y representaciones discursivas construidas de forma diferenciada por los distintos actores que lo habitan y lo disputan. En este sentido, los conflictos en torno a la delimitación y zonificación del SC no solo reflejan disputas técnicas o administrativas, sino que evidencian tensiones estructurales más profundas derivadas de la coexistencia de visiones e intereses contrapuestos sobre el territorio. En última instancia, lo que está en juego es la disputa por la hegemonía entre distintos proyectos de ciudad, modelos de desarrollo y formas de vida, lo que convierte al ordenamiento territorial en un campo estratégico donde se enfrentan y negocian los proyectos de los distintos actores sociales.

En este marco, resulta particularmente interesante la idea, expresada por algunos académicos estudiosos del SC, respecto al derecho de los habitantes de los pueblos originarios a no formar parte de la ciudad (Rojo, 2024). Esta formulación, basada en los testimonios y experiencias de despojo acumuladas por los propios pobladores, permite visibilizar una demanda profundamente arraigada: el reconocimiento de su derecho colectivo a habitar, gestionar y defender el territorio conforme a sus formas históricas de vida. Al cuestionar las políticas urbanas que promueven la integración como un destino inevitable, esta perspectiva revela que lo que está en juego no es solo la delimitación administrativa del espacio, sino la confrontación entre proyectos territoriales divergentes.

Conclusiones: repensar el territorio desde la conflictividad y la multiterritorialidad

El análisis del SC de la Ciudad de México, desde una perspectiva teórico-metodológica crítica, permite evidenciar las múltiples capas de conflictividad territorial que atraviesan los espacios urbanos y periurbanos contemporáneos. A través de las herramientas conceptuales propuestas, se ha puesto de relieve que el territorio no es una entidad estática ni homogénea, sino el resultado de procesos históricos de apropiación, disputa y resignificación. En este marco, resulta especialmente útil la articulación entre el concepto del espacio geográfico como sistema de objetos y de acciones —propuesto por Milton Santos—, la noción de territorio como estructura de mallas, nudos y redes —según Claude Raffestin—, y los principios analíticos desarrollados por Bernardo Fernandes y Rogério Haesbaert, tales como soberanía, totalidad, multiescalaridad, intencionalidad y conflictualidad. Estos aportes permiten profundizar en la comprensión del SC como un espacio en el que confluyen prácticas de reproducción comunitaria, procesos de urbanización, dispositivos normativos y flujos de poder multiescalares.

El caso del PGOT de 2022 ilustra con claridad cómo las políticas de ordenamiento territorial pueden devenir en dispositivos de disputa cuando entran en conflicto con territorialidades preexistentes, especialmente aquellas vinculadas a formas comunitarias de gestión del espacio. La propuesta de reclasificación del SC fue leída, con razón, por actores locales como una amenaza a la integridad de sus territorios y a sus derechos colectivos, lo que desencadenó una respuesta articulada de resistencia. Esta reacción no solo detuvo el avance de la propuesta normativa, sino que colocó en el centro del debate el derecho a habitar el territorio según formas propias de vida, organización y reproducción. Más que un simple desacuerdo técnico, este episodio evidencia que el ordenamiento territorial constituye un campo de disputa política, donde se enfrentan visiones opuestas sobre el uso legítimo del espacio y sobre quién tiene la autoridad para decidir su destino.

En términos analíticos, este capítulo ha mostrado que la conflictividad territorial no puede comprenderse únicamente como resultado de tensiones entre intereses divergentes, sino como una expresión estructural de la coexistencia —y, con frecuencia, colisión— de múltiples racionalidades espaciales. Desde esta perspectiva, los conflictos en torno al SC deben leerse como producto de procesos simultáneos de desterritorialización —impulsados por dispositivos normativos, lógicas urbanas y dinámicas de expansión metropolitana— y de reterritorialización —sostenidos por las prácticas, discursos y formas de resistencia de los pueblos originarios—. Esta mirada permite interpretar el territorio como una construcción social atravesada por intencionalidades políticas y económicas diferenciadas, por relaciones de poder desiguales y por estrategias de apropiación que operan en escalas superpuestas.

El uso de las categorías de mallas, nudos y redes permite observar cómo se articulan y confrontan distintos niveles de control del territorio: las mallas, como segmentaciones institucionales (franjas limítrofes, zonificaciones, divisiones administrativas); los nudos, como centros de decisión, articulación o conflicto (alcaldías, órganos de gobierno, espacios de gobernanza local); y las redes, como flujos normativos, económicos y sociales que configuran formas específicas de territorialidad. Esta configuración, entendida como parte de un sistema territorial socialmente construido, expresa y reproduce relaciones de poder que definen los modos de apropiación y uso del espacio. En este marco, los conflictos que atraviesan el SC pueden interpretarse como disputas entre órdenes territoriales —urbanos, ambientales, agrarios y comunitarios— sustentados en lógicas territoriales divergentes. Estas lógicas, que abarcan desde la zonificación institucional hasta los flujos reticulares y las apropiaciones comunitarias de carácter aglomerado, no solo estructuran el territorio, sino que también condicionan sus posibilidades de gestión y transformación. Esta perspectiva posibilita una lectura más compleja y situada de las disputas en torno al acceso a recursos, la gestión del suelo y la definición de límites territoriales.

A modo de cierre, es preciso señalar que, si bien el presente trabajo se centra en un caso específico, las herramientas aquí desarrolladas poseen un alto potencial de transferibilidad a otros contextos urbanos y periurbanos marcados por conflictos territoriales. Futuras investigaciones podrían complementar esta aproximación mediante estudios etnográficos, análisis comparativos o exploraciones en otras regiones metropolitanas de América Latina. De este modo, sería posible seguir ampliando el horizonte crítico de los estudios territoriales, y así fortalecer tanto sus capacidades explicativas como su relevancia política.

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