Exclusión por clase, etnia y género

Francisco Entrena-Durán (España)

Introducción

En el periodo posterior al colapso de la Unión Soviética se ha producido una notable reducción de las barreras físicas entre naciones, con una disminución del 60 % en los muros fronterizos desde 1990, según Vallet (2021). Paradójicamente, este mismo proceso globalizador ha coincidido con un incremento significativo de fronteras internas que fragmentan territorios y espacios. Esta contradicción exige repensar las dinámicas de exclusión espacio-territorial desde una perspectiva teórica que integre escalas globales y locales. Para contribuir al desarrollo de dicha perspectiva, es necesario retomar la distinción fundamental entre espacio y territorio y profundizar en ella, aplicándola a tres dimensiones clave de la era global: a) las reconfiguraciones digitales, que incluyen algoritmos diseñados para gestionar y redirigir flujos migratorios en función de políticas de control fronterizo e intereses económicos; b) las contradicciones del capitalismo avanzado, como la gentrificación financiarizada frente a las resistencias comunitarias, y c) las nuevas territorializaciones identitarias, desde nacionalismos reactivos hasta comunidades transnacionales.

La distinción entre los conceptos de espacio y territorio es fundamental para comprender los procesos de apropiación y las relaciones de poder y exclusión social que afectan a distintos grupos sociales según su clase, etnia o género. Estos conceptos, esenciales en disciplinas como la geografía, la sociología y la ciencia política, no solo sirven para estudiar el mundo físico, sino también las complejas dinámicas sociales que influyen en la forma en que se habitan y experimentan los lugares. El análisis de las relaciones de poder y exclusión social que moldean la configuración y las dinámicas de los espacios y los territorios revela quiénes tienen el derecho y la capacidad para acceder, controlar o apropiarse de determinados lugares, y quiénes quedan marginados de ello. Estas relaciones de poder y dinámicas no se limitan a los espacios físicos, sino que también involucran estructuras ideológicas, simbólicas y sociales profundamente arraigadas (Raffestin & Butler, 2012; Tomadoni, 2007; Vargas-Ulate, 2012).

A lo largo de la historia, los procesos de apropiación de los espacios y los territorios han estado profundamente marcados por las distinciones de clase, etnia y género. Las personas y grupos en posiciones de poder han logrado moldear, restringir y definir el acceso a ciertos espacios y territorios en función de sus desiguales posiciones sociales y políticas, y así han reproducido las disparidades existentes. De esta forma, las problemáticas inherentes a la organización y el funcionamiento de los espacios y los territorios trascienden lo meramente geográfico para convertirse en una cuestión de justicia social y derechos humanos, por lo que analizar cómo se construyen y disputan los espacios y los territorios resulta crucial para entender las fuerzas sociales que perpetúan la marginación y la exclusión de ciertos grupos en el seno de ellos.

Las exclusiones sociales en relación con los espacios y los territorios se materializan a través de diversos mecanismos físicos o simbólicos que restringen su acceso. Estos mecanismos pueden ser explícitos, como leyes y barreras físicas, o implícitos, como normas culturales y estigmas. La operatividad de estos mecanismos implícitos se manifiesta en a) barreras dinámicas, como horarios nocturnos inseguros para mujeres; b) filtros invisibles, como códigos de vestimenta en clubes privados; y c) superposiciones interseccionales, como el caso de las trabajadoras indígenas en las zonas ricas de Lima, quienes enfrentan múltiples formas de discriminación debido a su género, etnia y clase social (Alayza-Sueiro, 2021). Los antedichos mecanismos de exclusión determinan si se trata de un espacio vetado, donde el acceso está restringido de manera sutil o implícita, o de un territorio controlado, cuya delimitación y dominio se ejercen de forma explícita y estructurada.

1. El espacio y el territorio

El espacio dista de ser un mero contenedor físico pasivo o vacío, como podría asumirse en una primera aproximación. Por el contrario, se configura como una construcción social dinámica donde cristalizan relaciones de poder, prácticas culturales y conflictos históricos (Edmonds et al., 2016). Esta perspectiva revela su carácter multidimensional, constituye un entramado complejo que articula tanto dimensiones materiales como procesos simbólicos en permanente evolución. Lejos de ser estático o neutro, el espacio se redefine de manera continua a través de los significados que los actores sociales le atribuyen y las dinámicas de poder que en él se despliegan (Madrid-Soto y Ortiz-López, 2005).

Es importante entender que el espacio está marcado por las prácticas y las luchas sociales que lo habitan. Las relaciones de poder no siempre son explícitas o visibles, pero son inherentes a la manera en que se utiliza, se controla y se organiza el espacio. Por ejemplo, los barrios de una ciudad no solo son áreas delimitadas por calles y edificios, sino que son lugares cargados de historia, de luchas por el derecho a la vivienda, de segregación social, de resistencia cultural o, en otros casos, de afirmación identitaria. El espacio urbano, entonces, se convierte en un escenario en el que se despliegan una serie de narrativas y tensiones sobre quién tiene el derecho a vivir en él, quién se ve desplazado y cómo las estructuras de poder definen su ocupación.

En el ámbito rural, el espacio también está impregnado de significados profundamente ligados a la cultura, las creencias y las costumbres de las personas que lo habitan. El paisaje rural no es solo un conjunto de elementos naturales, sino que asimismo está constituido por las prácticas tradicionales, los valores y las visiones del mundo de las comunidades locales. Sin embargo, este tipo de espacio además ha sido objeto de apropiación y disputa a lo largo de los años, a menudo como resultado de políticas coloniales o formas neoliberales de globalización y crecimiento económico, las cuales han desposeído a muchas comunidades rurales de sus tierras, las han despojado de la legitimidad de poder habitarlas y cuidarlas.

En términos generales, se pueden identificar dos dimensiones interrelacionadas del espacio:

1. La dimensión material, que se refiere a los aspectos físicos y tangibles del espacio, como la infraestructura, los recursos naturales, la disposición geográfica y los límites visibles. Esta dimensión está vinculada a la organización física del entorno, que puede ser alterada o controlada a través de decisiones políticas o socioeconómicas.
2. La dimensión simbólica, que está relacionada con los significados y las representaciones sociales que los individuos y grupos atribuyen al espacio. Las identidades, los valores culturales y las luchas sociales se reflejan en cómo las personas se relacionan con los lugares que habitan. El espacio, por lo tanto, no solo se define por lo que es físicamente, sino también por lo que representa, ya sea en términos de pertenencia, poder o exclusión (Fuentes-Farías, 2018; Quijada, 2000).

Ambas dimensiones se interrelacionan de manera continua: la configuración material de un espacio influye directamente en los significados y usos sociales que se le atribuyen, mientras que su carga simbólica puede modificar las percepciones sobre su organización estructural. Estas dos dimensiones se retroalimentan, y de ese modo crean escenarios en los que emergen tanto oportunidades como exclusiones. Por ejemplo, en un barrio marginal, la falta de infraestructura se combina con un estigma social que margina a sus habitantes de oportunidades socioeconómicas y políticas.

A diferencia del espacio, el territorio se define por límites concretos, ya sean naturales (como montañas, ríos o costas) o artificiales (como fronteras políticas o jurídicas). Su característica esencial es que implica una relación de dominio que conlleva control, ya sea geográfico, político o económico. Mientras que el espacio está estructurado por relaciones de poder cotidianas, es más fluido y está menos definido, el territorio es un campo delimitado por actos de soberanía que institucionalizan relaciones de poder.

El proceso de conversión de un espacio en un territorio, o sea, de su territorialización, no solo define divisiones geográficas, sino que también establece fronteras materiales y simbólicas que regulan quién puede acceder, habitar o ejercer control sobre una determinada zona (Castillo, 2020; Entrena-Durán, 2010). En este sentido, el territorio se distingue por

• Ser delimitado; es decir, posee fronteras definidas por actores sociales, políticos o económicos.
• Estar controlado por estructuras de poder que determinan su uso y acceso (Mennicken & Miller, 2012; Pérez-Certucha, 2017).
• Reflejar diferenciaciones sociales, lo que implica que manifiesta jerarquías y procesos de apropiación simbólica que pueden legitimar o excluir la presencia de determinados grupos.

Cuando aquí se habla de espacio se hace referencia al espacio social; es decir, a aquel espacio que ya ha experimentado un proceso de socialización mediante el que ha pasado de ser un entorno físico a erigirse en un espacio social a través de prácticas culturales, económicas y simbólicas. Un parque, por ejemplo, es un espacio socialmente construido, por lo que trasciende su mera configuración física de árboles para operar como un escenario de convivencia en cuyos caminos y plazas pueden acontecer actos de celebración, protesta o recreación. Las prácticas colectivas imbuyen al espacio de identidad, simbolismo y valor social, en un proceso dinámico y en constante cambio.

Espacio y territorio son conceptos distintos pero complementarios. Esta complementariedad no es bidireccional, de tal modo que, aunque todo territorio se arraiga en un espacio social preexistente o creado simultáneamente a él, la inversa no se cumple: no todos los espacios sociales llegan a territorializarse, y se mantienen con frecuencia como ámbitos abiertos de interacción no sujetos a estructuras de dominación institucionalizadas.

Por ello, es fundamental distinguir el territorio del mero espacio social. Mientras que este se constituye como una red dinámica de interacciones y relaciones cotidianas de poder —que puede existir sin fronteras fijas ni mecanismos de control—, el territorio emerge cuando ese espacio es delimitado y apropiado mediante relaciones institucionalizadas de poder, ya sean político-institucionales, socioeconómicas o simbólico-culturales.

Las diferencias y similitudes entre los conceptos de espacio y territorio son esquematizadas en la tabla 1.

Tabla 1. Distinción entre espacio y territorio

Dimensión	Espacio	Territorio
Naturaleza	Fluido, estructurado por relaciones de poder cotidianas (ejemplo: estigmatización de barrios marginales).	Delimitado por actos de soberanía que institucionalizan relaciones de poder (ejemplos: fronteras nacionales o territorios autónomos zapatistas), pero en constante disputa.
Construcción	Emerge de prácticas sociales conflictivas no formalizadas (ejemplo: diseños urbanos excluyentes, como bancos que impiden descansar a personas sin hogar, generando resistencias).	Definido formalmente por el Estado mediante límites fronterizos o divisiones en regiones y provincias. Esta definición puede ser cuestionada y modificada por las dialécticas de desterritorialización y reterritorialización que surgen de las relaciones entre el Estado y la sociedad local o global.
Temporalidad	Dinámico, con resistencias efímeras (ejemplo: ocupaciones temporales de plazas).	Estabilidad impuesta institucionalmente, pero que en ocasiones es contestada (ejemplos: crisis globales o autonomías indígenas).
Actor principal	Red descentralizada de actores (ejemplos: comunidades y plataformas digitales como Airbnb).	Estado como actor hegemónico, ya sea en alianza con élites económicas (ejemplo: lobby pro-gentrificación) o frente a resistencias locales (ejemplo: Juntas de Buen Gobierno zapatistas).
Mecanismo de exclusión	Códigos culturales no escritos (ejemplo: horarios nocturnos que restringen acceso a mujeres).	Instrumentos formales (ejemplo: leyes estatales de extranjería que excluyen migrantes) e informales (ejemplo: normas indígenas de uso del suelo que, aunque son formales intracomunitariamente, operan como informales ante el Estado al restringir el acceso a foráneos para proteger territorios ancestrales).

Fuente: elaboración propia.

2. Una perspectiva multidimensional del territorio

El territorio se configura como una construcción multidimensional, en la que convergen dimensiones socioeconómicas, político-institucionales y simbólico-culturales.

Dimensión socioeconómica

Las actividades productivas, comerciales y de subsistencia organizan el territorio mediante redes de intercambio y sistemas económicos. La explotación de recursos naturales, el desarrollo de infraestructuras y la planificación de áreas agrícolas o industriales no solo moldean el espacio físico, sino que también establecen interdependencias entre comunidades, de modo que generan tanto cooperación como conflicto.

Dimensión político-institucional

La gestión del territorio conlleva un proceso de regulación que es fundamental para el asentamiento y la reproducción en él de las relaciones de poder y gobernanza. Estados, comunidades locales y otras instituciones políticas materializan esa regulación a través de leyes, políticas públicas y mecanismos de control. Dicho proceso implica:

• La delimitación de soberanías, estableciendo jurisdicciones y competencias.
• La regulación de recursos, determinando quién tiene derecho a utilizar el territorio y de qué manera.

Esta dimensión subraya que la territorialización es esencialmente un proceso político, a menudo marcado por conflictos, disputas territoriales y movimientos de resistencia.

Dimensión simbólico-cultural

El territorio trasciende su dimensión física para convertirse en un símbolo cargado de valores culturales e históricos. Para muchas comunidades, representa identidad, memoria colectiva y sentido de pertenencia. Paisajes, monumentos o ciertos espacios territorializados se consagran como patrimonio histórico o espiritual, mientras que otros se erigen como emblemas de resistencia frente a la explotación o la colonización. Detrás de estas significaciones se encuentra siempre una doble dinámica. Por un lado, la socialización del espacio a través de prácticas y significados compartidos. Por otro, la articulación concreta entre espacio y poder que permite su transformación en territorio.

El territorio, por lo tanto, es una construcción compleja que refleja la interacción de dinámicas socioeconómicas, político-institucionales y simbólico-culturales. Comprenderlo implica analizar no solo sus características materiales, sino también los procesos históricos que configuran el espacio sobre el que se asienta como un ámbito social, estructurado por relaciones de poder y cargado de significados y tensiones. En consonancia con esto, las exclusiones por clase, etnia o género no son fenómenos aislados, sino el resultado de las dinámicas de poder que se materializan en la organización y control territorial del espacio.

La territorialización consiste en la apropiación de un espacio mediante la imposición de límites y estructuras de control. Este proceso transforma un espacio abierto en un territorio definido y regulado conforme a los intereses de quienes detentan el poder. Mientras que la socialización del espacio se centra en la construcción de significados a partir de las interacciones humanas que tienen lugar en él, la territorialización se orienta a la organización y control del espacio. Ello se traduce en que el espacio sea un espacio social, el cual es fluido y está en constante mutación, configurándose y reconfigurándose sus límites y formas a partir de las prácticas y relaciones sociales de poder cotidianas. En cambio, el territorio constituye algo más estático y delimitado, en tanto que está estructurado por relaciones explícitas de poder institucionalizadas estatalmente.

3. Desterritorialización y reterritorialización: procesos en constante transformación

Un aspecto central de la territorialización es su carácter no lineal ni uniforme, ya que se articula en torno a dos procesos complementarios y antagónicos: la desterritorialización y la reterritorialización. Estos procesos, analizados en detalle en nuestros trabajos previos (Entrena-Durán, 2010; Entrena-Durán y Valdera-Gil, 2023), resultan fundamentales para comprender la dinámica constante de transformación y resignificación de los territorios. Por una parte, la desterritorialización hace referencia a los procesos mediante los cuales las estructuras político-institucionales, socioeconómicas y simbólico-culturales preexistentes son desplazadas o desarticuladas, ya sea por factores internos o externos. Este fenómeno se manifiesta en momentos históricos de ruptura, en los que las formas tradicionales de organización se ven debilitadas o desplazadas.

Por otra parte, la reterritorialización implica la reconstrucción, resignificación y reorganización del espacio afectado, para adaptarlo a nuevas dinámicas y contextos sociales. Lejos de quedar un vacío tras la desterritorialización, simultáneamente a ella tiene lugar la reterritorialización, la cual imprime nuevos significados y formas de control que reconfiguran el territorio de acuerdo con los intereses emergentes.

Los procesos de desterritorialización y reterritorialización responden a cambios históricos, políticos, económicos, tecnológicos y culturales que modifican las relaciones entre los actores sociales y sus entornos. Un caso paradigmático de desterritorialización y reterritorialización impuestas desde arriba se observó en las conquistas y colonizaciones, como consecuencia de las cuales las estructuras tradicionales de organización socioeconómica, institucional y simbólico-cultural de los territorios de los pueblos originarios fueron desmanteladas y reemplazadas por sistemas establecidos por las potencias colonizadoras.

En el mundo contemporáneo, la globalización ha propiciado nuevas formas de desterritorialización (Gill, 1992), actuando como un factor que desestabiliza las economías locales y altera los sistemas tradicionales de producción y consumo. Los impactos de los mercados globales, junto con los flujos de capital, información, tecnología y migración, difuminan las fronteras físicas y simbólicas, y así reconfiguran constantemente los espacios geográficos. Mercados financieros volátiles, culturas digitales desancladas y poderes empresariales sin sede fija erosionan las bases materiales, institucionales y simbólico-culturales que tradicionalmente definían los territorios, de manera que crean un mundo de flujos continuos que supera constantemente las geografías establecidas.

Con la expresión mundo de flujos continuos se alude aquí al hecho de que la desterritorialización rara vez es un punto final. Generalmente, se acompaña de procesos más o menos simultáneos de reterritorialización. Tales procesos constituyen tentativas de reponer los territorios, pero a lo que realmente suelen conducir es a unos territorios transformados con nuevos significados y formas de control. Por ejemplo, en América Latina muchas comunidades indígenas han emprendido reivindicaciones y movilizaciones tendentes a propiciar procesos de reterritorialización de sus ámbitos vitales, en relación con los cuales afirman su pertenencia e identidad cultural y sus derechos territoriales frente a los sistemas impuestos durante la colonización. Estas acciones no solo buscan recuperar territorios perdidos, sino también resignificarlos y adaptarlos a las necesidades contemporáneas de sus comunidades.

Asimismo, las ciudades globales actuales ilustran cómo la reterritorialización se manifiesta en contextos de cambio constante. A medida que los flujos migratorios, el capital y la tecnología transforman los espacios urbanos, emergen nuevas configuraciones que reflejan la diversidad cultural, los novedosos usos económicos del espacio y las adaptaciones políticas frente a los desafíos globales.

Es crucial destacar que los procesos de desterritorialización y reterritorialización no son homogéneos ni están exentos de tensiones. Se encuentran atravesados por conflictos sociales, luchas de poder y resistencias, ya que implican enfrentamientos entre actores con intereses y perspectivas divergentes. Por ejemplo, mientras que las empresas transnacionales pueden promover una desterritorialización económica a través de la explotación de recursos naturales en territorios gestionados por comunidades locales, estas últimas pueden responder con estrategias encaminadas a propiciar su reterritorialización para así preservar su autonomía y modos de vida.

Entre estas estrategias, se pueden mencionar la creación de territorios autónomos y la implementación de economías solidarias. Un ejemplo emblemático es el de los pueblos indígenas en América Latina que han establecido sistemas de gobernanza propia mediante la declaración de territorios autónomos, como es el caso de los zapatistas en Chiapas, México. A través de sus Juntas de Buen Gobierno, los zapatistas han desarrollado estructuras políticas y económicas independientes del Estado, y han fortalecido así su identidad y su control sobre su territorio. Este caso ejemplifica lo que Aníbal Quijano (2014) conceptualizó como “descolonización del poder”, ya que tales juntas no solo construyen autonomía territorial, sino que cuestionan la colonialidad —que para ellos siguen encarnando los intereses del Estado— mediante sistemas de salud y educación propios, que desafían de este modo las jerarquías espaciales definidas estatalmente (Escobar, 2003).

Otras estrategias clave de reterritorialización son las paradigmatizadas por las prácticas de la agroecología y la defensa de formas productivas tradicionales frente al avance de los modelos extractivistas. En este contexto, diversas comunidades campesinas han impulsado mercados locales y redes de comercio justo para evitar la dependencia de grandes corporaciones, tal y como ocurre en la región andina con la revalorización del cultivo de la quinua y la papa nativa.

Asimismo, la movilización social y el litigio ambiental también son herramientas fundamentales encaminadas hacia la reterritorialización, entendida en este caso como la recuperación por parte de las comunidades del control de sus espacios territoriales de residencia. Un caso destacado es la resistencia del pueblo sarayaku en Ecuador, que logró frenar la explotación petrolera en su territorio mediante una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual reafirmaron su derecho a la consulta previa y su autonomía territorial. La resistencia del pueblo sarayaku trasciende lo jurídico para encarnar lo que Santos (2009) denomina “ecología de saberes”, de tal forma que la defensa del territorio vivo fusiona la cosmovisión ancestral y las estrategias políticas decoloniales.

Todos estos procesos trascienden lo meramente económico o político para adentrarse en dimensiones simbólicas y culturales. La transformación de un territorio implica cambios en la percepción, la habitabilidad y la representación que las personas hacen de su entorno, lo cual afecta la identidad colectiva y el sentido de pertenencia. La territorialización, entendida como el modo en que los seres humanos se apropian, organizan y dotan de significado el espacio, se configura como un fenómeno continuo y multifacético que está marcado por la tensión dialéctica entre desterritorialización y reterritorialización. En este sentido, el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos juega un papel fundamental en los procesos de reterritorialización. La revitalización de lenguas originarias, la recuperación de saberes ancestrales y la promoción del turismo comunitario sostenible son formas mediante las que las comunidades refuerzan su vínculo con su territorio y resisten a la homogeneización impuesta por la globalización.

Las mencionadas formas de reterritorialización no se limitan a la mera apropiación del espacio físico, sino que también abarcan la creación de significados y relaciones que anclan a los individuos a lugares específicos, concebidos como el substrato donde se asientan su identidad y existencia vital. La forma en que las comunidades resisten o se adaptan a los cambios sociales, económicos y políticos es crucial para entender la reconfiguración de los territorios a lo largo del tiempo. Así, la reterritorialización se convierte en un acto de resistencia y reconstrucción frente a las fuerzas que buscan despojar a las comunidades de su espacio vital y su forma de vida. Esto demuestra que la relación entre los seres humanos y su entorno es dinámica, cargada de historia y profundamente ligada a la identidad colectiva.

4. Espacios y territorios vetados: distinciones clave

La noción de espacios vetados se refiere a áreas donde el acceso, las actividades o las interacciones están restringidas, no necesariamente por mecanismos políticos formales, sino por factores sociales, económicos o culturales. Este concepto subraya que las limitaciones de entrada a estos espacios son más fluidas y simbólicas, que emergen de diversas dinámicas de exclusión, en contraste con la soberanía rígida que caracteriza a los territorios. Las diferencias fundamentales entre territorios y espacios vetados se articulan en los siguientes aspectos:

1. Delimitación flexible versus fronteras institucionalizadas; es decir, el espacio vetado se caracteriza por su naturaleza permeable, carente de límites físicos o administrativos definidos. A diferencia del territorio vetado, donde la exclusión se institucionaliza mediante fronteras legales, barreras físicas o dispositivos de control formal, el espacio vetado opera a través de límites invisibles determinados por dinámicas socioculturales como la discriminación, el estigma o la desigualdad socioeconómica. Un caso paradigmático se observa en entornos urbanos, donde ciertos barrios o plazas públicas se vuelven excluyentes para grupos específicos, no por restricciones materiales, sino por jerarquías sociales internalizadas que funcionan como mecanismos de segregación espontánea.
2. Barreras simbólicas versus dispositivos materiales de control, de tal forma que, mientras que el territorio vetado se fundamenta en estructuras de poder político-económico, como la propiedad, la soberanía y las regulaciones, el espacio vetado se construye sobre exclusiones de orden simbólico. Su operatividad reside en códigos culturales no escritos: autoexclusión por percepción de ilegitimidad o rechazo social sutil. Ejemplos elocuentes son las instituciones culturales de élite o clubes privados, donde la pertenencia se regula mediante capital simbólico, como gustos, modales y redes sociales, en vez de por normas explícitas.
3. Dinamismo sociohistórico versus estabilidad institucional, lo que significa que los espacios vetados poseen una temporalidad contingente, de tal forma que sus fronteras se reconfiguran según cambios en las dinámicas sociales. A diferencia de los territorios vetados, cuya exclusión se perpetúa mediante marcos jurídicos estables, dichos espacios mutan con las transformaciones culturales. Este carácter fluido se evidencia en instituciones tradicionalmente excluyentes, como clubes masculinos o espacios racialmente segregados, que, presionados por movimientos o reivindicaciones sociales, redefinen sus criterios de acceso sin modificar su estructura formal.
4. Automatismos sociales versus regulación explícita; es decir, la exclusión en los espacios vetados no requiere de dispositivos formales, sino que se materializa a través de prácticas socialmente naturalizadas como la vigilancia diferenciada, el hostigamiento institucional y la estigmatización territorial. Esto contrasta radicalmente con el territorio vetado, donde la prohibición se enuncia en códigos legales o señales físicas. Un ejemplo revelador son las plazas públicas que, aunque no tienen restricciones oficiales, se vuelven hostiles para determinados individuos mediante estrategias de diseño urbano de sus bancos destinadas a evitar que las personas sin hogar puedan descansar en ellas. Además, la presencia policial selectiva en estos lugares disuade a ciertos grupos étnicos, jóvenes y adolescentes de permanecer en ellos.

La distinción entre territorios y espacios vetados revela dos lógicas de exclusión espacial. Así, mientras que los primeros materializan el poder que sustenta esa exclusión mediante imposiciones formales, los segundos lo hacen a través de la reproducción cotidiana de las desigualdades que lo perpetúan. Aunque analíticamente diferenciables, ambos mecanismos suelen entrelazarse en la producción concreta de marginalidad social.

5. Los espacios vetados

La expresión espacios vetados hace referencia, en este contexto, a aquellos lugares a los que las dinámicas de exclusión dificultan o restringen el acceso de determinados grupos sociales o personas. Estos espacios no responden a delimitaciones físicas estrictas, sino que se configuran a partir de barreras simbólicas, socioeconómicas y culturales. Factores como la etnia, la clase social y el género han sido históricamente determinantes en la creación de estos espacios inaccesibles, que excluyen a ciertos individuos o grupos. De este modo, se refuerzan desigualdades estructurales y se limitan las posibilidades de interacción y pertenencia de un número mayor o menor de personas con respecto a tales espacios.

Los procesos de globalización en las últimas décadas han contribuido significativamente a la intensificación de estas dinámicas, pues han transformado la estructura de los espacios a través de procesos como la digitalización, la turistificación y la homogeneización cultural. Dado que los espacios vetados no dependen de una delimitación territorial formal, su análisis se enfoca en entender cómo operan exclusiones sutiles y, a menudo, invisibles. Mientras que el territorio se define por fronteras y relaciones de poder explícitas, los espacios vetados se constituyen mediante dinámicas de poder menos visibles, pero igualmente efectivas.

Identificar estos espacios y los mecanismos socioeconómicos y culturales que los generan es el primer paso para construir entornos más accesibles, diversos y democráticos, en los que la exclusión deje de ser un factor estructural en la configuración del espacio social. Conseguir esto requiere el desarrollo de políticas y estrategias que promuevan una sociedad más inclusiva y equitativa. Precisamente con el objetivo de identificar lo que debe ser afrontado por tales políticas y estrategias, a continuación, se explican brevemente algunas de las manifestaciones de exclusión espacial más conocidas, así como los mecanismos que las producen y contribuyen a su reproducción.

6. Exclusión espacial por clase social y/o nivel socioeconómico

El acceso a determinados espacios ha estado históricamente condicionado por la posición socioeconómica y/o la clase de pertenencia de los individuos. Especialmente, la clase social es uno de los factores más influyentes en la configuración de las dinámicas de exclusión a través del veto implícito o explícito de acceso a determinados espacios o territorios. Se generan así exclusiones que limitan la movilidad de ciertas personas o grupos sociales y restringen su participación en diversos entornos. Estas barreras afectan no solo el acceso a la vivienda, la educación y el empleo, sino también a espacios de recreación y esparcimiento, y así consolidan una segregación socioespacial que perpetúa las desigualdades estructurales.

La segregación socioespacial tiene raíces históricas profundas, particularmente en los contextos rurales. Allí, la concentración en pocas manos de la propiedad de la tierra —herencia de estructuras coloniales o feudales— transforma los latifundios en enclaves de exclusividad, donde el acceso queda vetado para las clases trabajadoras. Estas barreras, aunque aparentemente físicas, se sostienen sobre mecanismos simbólicos que van desde la criminalización de la ocupación campesina hasta la normalización de jerarquías sociales heredadas. Así, el espacio rural se convierte en un mapa de poder que materializa desigualdades seculares. Un caso paradigmático de exclusión socioespacial se seguía manifestando en la Andalucía rural franquista de mediados del siglo XX, en la que la estructura latifundista configuraba un paisaje de desigualdad radical. Los hijos de jornaleros —esa masa de asalariados agrícolas permanentemente desposeída— crecían en un entorno donde la estratificación social se materializaba en el acceso diferencial al espacio. Frente a las extensas propiedades de los terratenientes, equipadas con toda clase de comodidades, las familias campesinas jornaleras sobrevivían en condiciones de precariedad estructural, privadas de servicios básicos y de cualquier espacio de esparcimiento digno.

Esta memoria de la exclusión se encarna en el testimonio autobiográfico del autor (nacido el 5 de noviembre de 1954 en el seno de una familia jornalera de la provincia de Granada, España), quien recuerda con nitidez la imagen recurrente del terrateniente local disfrutando de su piscina privada —objeto de deseo y símbolo de estatus inalcanzable—, mientras que los niños campesinos debían resignarse a bañarse en peligrosos estanques de riego y charcas insalubres. Esta contraposición espacial no solo reflejaba una desigualdad económica, sino que conformaba cotidianamente un orden social jerárquico, en el que los espacios de confort y la seguridad quedaban reservados para la oligarquía terrateniente, mientras que los trabajadores eran relegados a ámbitos precarios y marginales (Entrena-Durán, 2010). Así, la geografía andaluza se convertía en un dispositivo físico que naturalizaba y reproducía las relaciones de dominación propias del franquismo.

Las desigualdades de clase se manifestaban en todos los aspectos de la vida, y creaban realidades diametralmente opuestas: a) en la alimentación, con dietas paupérrimas para los jornaleros frente a la opulencia de los terratenientes; b) en la educación, ya que los privilegiados podían acceder a colegios privados mientras que los hijos de los campesinos abandonaban prematuramente la escuela para trabajar, si es que tenían la oportunidad de acceder a ella, pues, para la mayoría de la población rural dispersa que entonces había, eso no era posible debido a que los escasos y deficientes centros escolares estaban ubicados en los cascos urbanos de los municipios, y c) en la vivienda, contrastando lujosas residencias con infraviviendas insalubres. Esta tríada de exclusiones funcionaba como un sistema perfectamente articulado —la desnutrición limitaba el desarrollo, la falta de educación clausuraba oportunidades y las pésimas condiciones habitacionales reforzaban la marginalidad—, y así entonces se perpetuaba un ciclo de pobreza que sostenía el orden latifundista, en el que cada aspecto de la vida cotidiana reproducía mecánicamente las jerarquías sociales.

El poder económico opera como uno de los mecanismos más eficaces de exclusión espacial, creando barreras invisibles pero infranqueables a través de la estratificación por capacidad adquisitiva. Esta dinámica se manifiesta con claridad en espacios de consumo elitista —centros comerciales de lujo, restaurantes exclusivos, complejos hoteleros premium—, cuyos precios actúan como filtros automáticos sin necesidad de prohibiciones formales. La pauta se repite en el ámbito residencial, con urbanizaciones privadas que transforman la segregación en un producto inmobiliario, y en la educación, donde las matrículas prohibitivas de instituciones privadas institucionalizan la desigualdad de oportunidades. Pero quizás donde mejor se observa este mecanismo es en los clubes sociales de alto nivel, cuyas exorbitantes cuotas de membresía y requisitos de recomendación no solo filtran por ingresos, sino que consagran la exclusividad como valor social, y así tejen redes de contacto que reproducen intergeneracionalmente los círculos de privilegio. De este modo, lo que aparentemente son simples decisiones de mercado se revela como un sofisticado sistema de demarcación social que naturaliza la división entre incluidos y excluidos.

Por otra parte, la gentrificación emerge como un paradigma contemporáneo de exclusión socioespacial (Crespi-Vallbona y Mascarilla-Miró, 2018; Jover & Díaz-Parra, 2022), donde la revalorización inmobiliaria transforma barrios populares en enclaves para élites económicas. Este proceso desplaza a las comunidades originarias mediante el encarecimiento de viviendas y la sustitución de comercios tradicionales por establecimientos premium, lo cual fractura tejidos sociales y patrimonios culturales en favor de un urbanismo mercantilizado. Su impacto trasciende lo demográfico, pues redistribuye espacialmente a la población según jerarquías de clase, concentrando a las élites en centros urbanos renovados y relegando a los grupos populares a periferias precarizadas.

Esta lógica de segregación se replica en los espacios laborales privilegiados —corporaciones, instituciones gubernamentales y sectores profesionales de élite—, donde el acceso está mediado no solo por credenciales formales, sino por capital social y redes de contactos. Tal dinámica desvela la falsedad de la meritocracia al evidenciar cómo los privilegios heredados distorsionan la igualdad formal de oportunidades (Sennett, 2006).

La turistificación agrava estas exclusiones mediante la reconversión de espacios públicos y viviendas en productos turísticos. En Barcelona, el 10 % de las viviendas se destinó a alquiler turístico en 2021 (Morales-Pérez et al., 2020), mientras que Lisboa alcanzó el 34 % (Sequera & Nofre, 2020). Plataformas como Airbnb y Uber, bajo retóricas de “economía colaborativa”, implementan exclusiones algorítmicas (Graham, 2020) que penalizan barrios marginales y requieren capital tecnológico (tarjetas de crédito internacionales, smartphones), con lo cual excluyen a poblaciones que no tienen acceso a este capital (Slee, 2017).

Estos procesos coexisten con barreras culturales sutiles pero efectivas, tales como códigos de vestimenta, registros lingüísticos y normas de comportamiento que actúan como dispositivos simbólicos que filtran accesos (Bourdieu, 1979). La consecuencia es una doble alienación: los excluidos experimentan desposesión territorial, mientras que los grupos dominantes naturalizan su hegemonía espacial. Así, la exclusión socioespacial se revela como un mecanismo multidimensional en el que lo económico, lo digital y lo cultural se entrelazan para reproducir desigualdades estructurales.

7. Exclusión espacial por razón de género

El género actúa como un factor estructurante en el acceso diferencial a los espacios, manifestándose a través de tres dimensiones interconectadas: restricciones históricas institucionalizadas, normas culturales internalizadas y percepciones generizadas de seguridad. Esta tríada explica la exclusión sistemática de las mujeres de ámbitos tan diversos como los espacios de poder político, los entornos recreativos y los lugares de culto. Si la gentrificación segmenta los territorios por clase social o nivel socioeconómico, el género funciona como un filtro invisible que regula quiénes pueden habitar cada espacio y en qué condiciones.

Las exclusiones por razón de género rara vez adoptan la forma de prohibiciones explícitas en el mundo contemporáneo. Por el contrario, como demuestra el emblemático caso de Doreen Massey (1994, 1995, 1999) sobre los campos deportivos en Manchester, operan mediante códigos culturales que naturalizan ciertos espacios como dominios masculinos. Aunque ninguna norma impedía a Massey jugar al fútbol durante su infancia, la fuerte asociación entre estos espacios y la identidad masculina los volvía socialmente inaccesibles para las niñas. Este fenómeno ilustra cómo la segregación de género no solo influye en la presencia o ausencia de mujeres en ciertos espacios, sino que también moldea las oportunidades y derechos que ellas tienen para habitar lugares de visibilidad y actividad pública (Barra-Lobos y Caro-Molina, 2021). La exclusión de las mujeres de ciertos espacios no es solo una cuestión de acceso, sino también de construcción simbólica y social de los lugares en función del género.

La percepción de inseguridad actúa como un mecanismo crucial de exclusión espacial para las mujeres. Cuando evitan calles oscuras, seleccionan cuidadosamente los vagones de metro o limitan su presencia en ciertos entornos laborales dominados por hombres, no lo hacen motivadas por riesgos imaginarios, sino que sus decisiones suelen reflejar una memoria colectiva de experiencias acumuladas de acoso y violencia de género. Este fenómeno, ampliamente documentado en estudios urbanos, tiene un efecto paradójico: aunque el espacio sea técnicamente accesible, la amenaza latente lo vuelve inhabitable en la práctica. El resultado es una retirada silenciosa de lo público por parte de muchas mujeres, las cuales acaban así reproduciendo la división entre espacios “seguros” y “peligrosos” según el género.

La eficacia de estas exclusiones radica en su aparente normalidad: al aceptarse como parte del “orden establecido”, las percepciones machistas sobre los espacios se naturalizan. No son los lugares físicos en sí, sino las representaciones sociales que los definen —desde clubes vistos como “territorios masculinos” hasta templos considerados “inapropiados para mujeres”— las que cristalizan las jerarquías de género. Esto revela cómo estas construcciones culturales que legitiman (explican o justifican) las posiciones de género, lejos de ser inevitables, pueden y deben ser cuestionadas y transformadas.

8. Espacios vetados por motivo de etnia o raza

La etnia y la raza han sido históricamente factores determinantes en el acceso a ciertos espacios. Aunque en muchas ocasiones las barreras no están explícitamente establecidas por normas legales, las diferencias culturales y raciales generan exclusiones implícitas que limitan la movilidad y restringen la participación de ciertos grupos en diversos entornos. Esta segregación socioespacial es una manifestación de desigualdades estructurales que se perpetúan en distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde la vivienda y el trabajo hasta el ocio y la educación.

La distinción entre espacio y territorio resulta fundamental para comprender estas exclusiones. Los territorios sometidos a políticas de segregación, como en Sudáfrica durante el apartheid o en los Estados Unidos bajo las leyes de Jim Crow (Hswen et al., 2020), no solo estaban definidos por límites físicos, sino que también involucraban una división social y cultural profunda (Alderman et al., 2019; Tyler, 2018). En estos territorios de exclusión racial, las personas no blancas eran desplazadas y relegadas a áreas con menos recursos, infraestructuras y oportunidades, mientras que el ingreso a lugares estratégicos, como centros educativos, hospitales, zonas comerciales o incluso ámbitos de convivencia colectiva, estaba vetado o estrictamente controlado por las políticas raciales.

Durante el periodo de exclusión racial conocido como el apartheid en Sudáfrica (1948-1994), las comunidades negras tenían prohibido el acceso a ciertos barrios, escuelas, servicios públicos y espacios recreativos (Ayubi, 2023). Este régimen no solo separaba físicamente a las personas según su raza, sino que también negaba derechos básicos y relegaba a la población negra a vivir en condiciones de extrema precariedad. De manera similar, en los Estados Unidos, hasta la década de 1960, la segregación racial obligaba a las comunidades afroamericanas a vivir bajo un sistema de “separados pero iguales”, que en realidad implicaba una gran disparidad en infraestructuras y acceso a oportunidades. Espacios como escuelas, restaurantes, baños y medios de transporte estaban formalmente divididos, lo cual perpetuaba una jerarquía social que limitaba la movilidad física y reforzaba las estructuras de dominación.

Más allá de la delimitación territorial, estas dinámicas de exclusión también incidían en los espacios cotidianos de interacción social, donde las personas racializadas veían restringida su participación. Los efectos de esta segmentación no solo generaban disparidades materiales (en vivienda, empleo o educación), sino que también reforzaban construcciones simbólicas de inferioridad racial, lo que legitimaba la exclusión de ciertos sectores sociales en espacios permitidos solo para determinados grupos.

En la actualidad, aunque muchas de estas segregaciones ya no están formalizadas en leyes, persisten mecanismos de exclusión más sutiles que continúan restringiendo el acceso y la movilidad de ciertos grupos étnicos o raciales en determinados espacios sociales. La desigualdad en el acceso a la vivienda, la discriminación en el mercado laboral y la falta de oportunidades educativas continúan reproduciendo las jerarquías espaciales que han marcado la historia de la segregación racial y étnica.

A manera de epílogo

Desmontar los territorios y los espacios vetados exige un cuestionamiento profundo de las dinámicas de poder que los sostienen y una revisión crítica de las concepciones culturales que guían y legitiman su organización y distribución. Los territorios y los espacios no son simplemente construcciones físicas o geográficas; son contextos donde se generan y perpetúan desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales. Son también escenarios en los que se juegan relaciones de dominación y resistencia; y, por lo tanto, tienen un impacto directo en la vida de las personas y los colectivos que los habitan. En este sentido, el hecho de reconocer que los territorios y los espacios son construcciones sociales, sujetas a procesos históricos, nos lleva a entender que son transformables y mejorables. Este es el primer paso para la creación de sociedades más inclusivas, en las que la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y posibilidades que ofrecen los territorios y espacios sean derechos fundamentales y no privilegios condicionados por factores como la clase social, la etnia o el género (Martínez-Abajo et al., 2021).

A lo largo de la historia, tanto el espacio como el territorio han sido utilizados como herramientas de exclusión, que reflejan y consolidan las estructuras de poder dominantes. El territorio, por un lado, se ha caracterizado por límites físicos, como fronteras geográficas, y por estructuras y normas jurídicas de control que determinan quién tiene acceso a qué lugares y quién no. Estas delimitaciones no solo son materiales, sino que también están impregnadas de significados simbólicos y culturales que establecen y legitiman las jerarquías de poder social, económico o político. Por otro lado, el espacio, además de su naturaleza física menos delimitada que la del territorio, posee también una dimensión simbólica y relacional que influye en la interacción social y en la manera en que los individuos se insertan o quedan al margen de la vida colectiva. En este sentido, los espacios vetados se sustentan en barreras culturales, económicas y políticas que refuerzan las exclusiones históricas de grupos sociales considerados “los otros”.

En el contexto contemporáneo de la globalización, estas exclusiones han adquirido nuevas formas y dimensiones. Procesos como la digitalización, la turistificación y la homogeneización cultural han generado nuevas manifestaciones de segregación y fragmentación social que afectan no solo a las poblaciones marginadas, sino también a la cohesión social en general (De la Calle-Vaquero, 2019; Espinar, 2018). La gentrificación, por ejemplo, ha desplazado o está expulsando a comunidades enteras de sus acostumbradas zonas de residencia, está promoviendo así una reorganización urbana que favorece a las clases altas y, al mismo tiempo, erosiona el tejido social de los barrios tradicionales. Este fenómeno, al igual que otros procesos de transformación de los espacios urbanos, contribuye a la creación de entornos donde la exclusión no solo se ve en términos de acceso a la vivienda, sino también en la disponibilidad de servicios básicos, la participación en la cultura y las redes de apoyo social. De manera paralela, la expansión de los espacios virtuales ha generado nuevas fronteras digitales, donde el acceso al conocimiento, la información y la participación en las estructuras de poder siguen estando mediados por desigualdades socioeconómicas, tecnológicas y educativas.

Barcelona constituye un ejemplo de estos crecientemente extendidos procesos de gentrificación urbana que conllevan la exclusión espacial de las poblaciones de sus barrios tradicionales de residencia. En este caso, el turismo es el factor causante de dicha gentrificación, tal y como se refleja en un informe municipal (Ajuntament de Barcelona, 2024) en el que se evidencia cómo l’Eixample y Ciutat Vella concentran la mayor densidad de alojamientos turísticos. Esto ha llevado a Cocola-Gant (2018) a caracterizar este fenómeno como “gentrificación turística” debido a su capacidad para desplazar residentes y reconfigurar el tejido social. Frente a esta situación, colectivos como la Plataforma Contra la Turistificación han desarrollado estrategias de resistencia que van desde la creación de pisos tutelados hasta la presión por moratorias de licencias; es decir, la solicitud de suspender temporalmente la emisión de nuevas licencias para alojamientos turísticos.

Paralelamente, y en un contexto diferente, movimientos como #BlackLivesMatter confrontan la racialización del espacio público urbano (Bledsoe & Wright, 2019). Fundado en 2013 por Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi, dicho movimiento surgió en respuesta a la absolución de George Zimmerman, un hombre blanco, por el asesinato de Trayvon Martin, un adolescente negro. Este hecho ocurrió el 26 de febrero de 2012 en Sanford, Florida, cuando Zimmerman, que ejercía como voluntario de vigilancia vecinal, vio a Martin y lo consideró sospechoso debido a su apariencia y comportamiento. Martin llevaba una sudadera con capucha y caminaba lentamente bajo la lluvia, lo que llevó a Zimmerman a pensar que podría estar involucrado en actividades delictivas. A pesar de que la policía le indicó que no lo siguiera, Zimmerman dejó su vehículo, abordó al adolescente y se produjo una confrontación en la que acabó disparándole a quemarropa, alegando defensa propia, aunque Martin estaba desarmado. Desde entonces, el movimiento ha crecido como una red descentralizada que lucha contra la violencia y la discriminación racial, que destaca la importancia de las vidas negras y promueve la justicia social.

Ambos casos, el de #BlackLivesMatter y el de la gentrificación en Barcelona, comparten un núcleo común: el enfrentamiento de los movimientos sociales y colectivos locales a las lógicas excluyentes que perpetúan la marginación y la desigualdad en muchos espacios urbanos (Harvey, 2008). Mientras que #BlackLivesMatter desafía la racialización y la violencia en el espacio público sobre la que se sustentan tales lógicas, los movimientos sociales en Barcelona reaccionan ante las violencias estructurales que conlleva la turistificación y el desplazamiento de comunidades que esta acarrea.

La lucha por la inclusión debe, por lo tanto, ir más allá de la mera identificación de los espacios de exclusión. Es urgente desarrollar estrategias que no solo promuevan el acceso a estos espacios, sino que también contribuyan a su reconfiguración en términos de justicia espacial. Políticas públicas orientadas a la equidad territorial, el diseño urbano inclusivo y la participación comunitaria son elementos clave para garantizar que el espacio deje de ser un medio de reproducción de las desigualdades y pase a ser una herramienta de cohesión social y diversidad. Para lograrlo, es fundamental cuestionar y desafiar las estructuras sociales y los mecanismos culturales que legitiman y perpetúan la marginación, así como fomentar la creación de espacios accesibles, abiertos y plurales, que promuevan la convivencia, el diálogo y el respeto entre distintos grupos y clases sociales.

Ante estos desafíos, se hacen necesarias propuestas transformadoras que traduzcan el análisis crítico en acciones concretas, tales como: a) políticas participativas que incluyan a comunidades marginadas en el diseño de espacios públicos y que estén inspiradas en los principios de justicia espacial (Soja, 2010); b) cuotas de género en la planificación espacio-territorial para garantizar que mujeres y diversidades sexuales intervengan en la creación de entornos seguros e inclusivos; y c) auditorías decoloniales del territorio que, retomando los planteamientos de Escobar (2003), evalúen cómo las estructuras coloniales persisten en la distribución espacial actual. Estas medidas, aunque locales, contribuirán a desmontar las jerarquías globales que producen y reproducen espacios vetados.

Construir una sociedad inclusiva no es responsabilidad única de los gobiernos o las élites, sino un compromiso colectivo que requiere la implicación activa de todos los actores sociales. Las comunidades deben involucrarse directamente en la planificación, diseño y gestión de sus territorios y espacios, para garantizar así que su construcción y funcionamiento sean más democráticos. Solo mediante este enfoque participativo podremos superar la exclusión como constante estructural y avanzar hacia territorios y espacios verdaderamente compartidos, en los que la diversidad y la justicia socio-espacial orienten la convivencia. En este horizonte ideal, todas las personas —sin importar su clase, etnia o género— tendrán igual acceso a derechos y oportunidades en los territorios y espacios que habitan.

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