Desigualdades históricas y resistencias en América Latina

Jairo Baquero-Melo (Colombia)

Introducción

En la tradición de la teoría sociológica, particularmente la desarrollada en contextos anglosajones y europeos, el espacio y la territorialidad no fueron concebidos inicialmente como categorías centrales del análisis para la disciplina. A pesar de que autores fundacionales como Durkheim, Weber o Marx abordaron las relaciones sociales en contextos espaciales determinados (por ejemplo, la ciudad, la fábrica, el campo), su enfoque se centró en dimensiones como la división del trabajo, la racionalización o la lucha de clases, y relegó el territorio a una categoría de segundo orden, de contexto o simplemente instrumental. Esta omisión reflejó una tendencia más amplia a privilegiar categorías abstractas y universalistas —y si se quiere, estructurales— sobre configuraciones territoriales específicas, como si los procesos sociales pudieran analizarse al margen de su anclaje espacial.

La sociología clásica identificó categorías espaciales desde una perspectiva esencialista o “fija”. Conceptos como el Estado-nación, el territorio y la economía nacional eran asumidos como contenedores cerrados y estables. El Estado-nación constituía el marco natural de análisis de los fenómenos sociales, políticos y económicos. Esta visión “containerizada” del espacio (Beck, 2005) asumía que los procesos sociales estaban confinados dentro de fronteras nacionales claramente delimitadas, lo que invisibilizaba las dinámicas transfronterizas, las territorialidades múltiples y las formas de poder no estatales.

A partir de los años 80 y 90, con el auge de la globalización, el neoliberalismo y los estudios poscoloniales, esta concepción fue cuestionada. Desde la sociología, autores como Saskia Sassen (1991) elaboran una sociología que problematiza las categorías espaciales, los flujos y los territorios. En las ciencias sociales tuvo lugar el denominado “giro espacial”, donde el espacio pasó a entenderse como una construcción social, relacional y en constante transformación (Massey, 1994; Brenner, 2004; Harvey, 2000). La territorialidad no puede pensarse como un atributo exclusivo del Estado, sino como una dimensión disputada por múltiples actores (Estados, empresas, grupos criminales, comunidades, etc.). Desde el giro espacial, se invita a repensar categorías como región, frontera, escala y lugar, no como unidades fijas, sino como procesos dinámicos, atravesados por relaciones de poder, flujos globales y resistencias locales. La sociología se movió hacia terrenos que consideran enfoques flexibles, multiescalares y territoriales para analizar las sociedades contemporáneas.

En los años 1960, Lyman y Scott (1967) propusieron una reconsideración crítica del concepto de territorialidad en la sociología. En su artículo Territoriality: A Neglected Sociological Dimension, los autores argumentaban que la sociología heredó una visión biologicista del territorio, asociada con el comportamiento animal, y pasó por alto su dimensión simbólica, normativa y cultural. En lugar de seguir este camino reduccionista, los autores identificaron formas múltiples de territorialidad en los contextos urbanos y cotidianos: territorios públicos, privados, de interacción y del cuerpo. Cada una de estas formas implica modos distintos de control, acceso, intimidad y vulnerabilidad ante la invasión o el despojo, lo cual destaca cómo la territorialidad estructura profundamente la vida social.

El territorio dejó de ser solo un contenedor neutral y fue tomado como un recurso socialmente distribuido y en disputa. Su enfoque permitía examinar cómo ciertas poblaciones, algunas de ellas históricamente excluidas —indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, etc.— experimentan privaciones espaciales que refuerzan su exclusión social. La territorialidad, entonces, aparece como una dimensión clave para comprender las formas de resistencia, apropiación y defensa del espacio en contextos de dominación. Por ejemplo, los jóvenes colonizan calles como territorios propios —mediante el grafiti o el skate—, a pesar de la vigilancia policial, para demostrar una forma de agencia territorial que subvierte las reglas del uso público (Hernández et al., 2021; Molohua, 2019).

A pesar de su aporte, la propuesta de Lyman y Scott (1967) mantenía un enfoque en tipologías y conceptos que, si bien enriquece el análisis micro, aún se distanciaba de una mirada territorial más procesual y estructural. No se abordaban las formas en que el territorio se configura históricamente mediante relaciones de poder, ni cómo se imbrican las escalas locales y globales en su producción. Aunque su trabajo propone superar la omisión del espacio en la sociología clásica, su conceptualización de los territorios aún operaba como categorías descriptivas estáticas, y no como ensamblajes dinámicos que articulan materialidades, afectos y estructuras.

Para que el territorio pueda ocupar un lugar central en la sociología contemporánea, es necesario superar tanto su biologización como su abstracción tipológica. Esto implica comprenderlo no solo como un espacio delimitado o controlado, sino como un producto social, histórico y político, atravesado por relaciones de poder, agencia, conflicto y sentidos de pertenencia. Este giro requiere una articulación más compleja entre la teoría del territorio y otros enfoques sociológicos —como la sociología de las desigualdades, la economía política, la sociología ambiental y de los movimientos sociales— que permita entender la territorialidad como dimensión constitutiva de lo social, no como mero contexto o telón de fondo. En esa dirección, las contribuciones recientes desde la sociología crítica latinoamericana y los estudios sobre espacialidades alternativas resultan fundamentales para renovar el análisis sociológico del territorio.

Este capítulo analiza lo que llamamos un enfoque territorial de la sociología, enfatizando las formas en que el lente territorial aporta y enriquece el análisis sociológico. Esa riqueza se identifica en los aportes del lente territorial a la sociología de las desigualdades, la sociología del extractivismo, y la sociología de la resistencia y los movimientos sociales, como respuestas a los impactos territoriales del capitalismo global. Desde la sociología latinoamericana se destaca que perspectivas como la IAP han cobrado creciente relevancia en su diálogo con la sociología del territorio. A su vez, este enfoque territorial ha nutrido las metodologías participativas del Sur Global. En adelante, el desarrollo de estos campos requiere profundizar en la articulación entre la sociología rural, la economía crítica del capitalismo, la sociología de las materialidades y emociones y los enfoques ANT, con tradiciones latinoamericanas como la crítica del extractivismo, la IAP y las territorialidades en disputa. Una crítica del capitalismo y las desigualdades se fortalece en la medida en que se reconocen las múltiples desigualdades, las diversas escalas, las relaciones de poder y las conflictividades asociadas al territorio.

1. Sociologías y roles del territorio

Desde perspectivas sociológicas, las tradiciones europeas y las norteamericanas aportaron marcos para entender los procesos sociales vinculados al territorio (Henslin, 2015). Aunque los enfoques teóricos no siempre se centran explícitamente en el territorio, lo vinculan en conceptos como sociedad, ubicación social, globalización y estratificación mundial.

En la sociología europea, el enfoque más influyente ha sido la teoría del conflicto, con raíces marxistas, que concibe la sociedad como un campo de disputa por recursos, poder y control sobre los medios de producción, entre ellos la tierra. La sociedad está estructurada fundamentalmente por las desigualdades en la distribución del poder y los recursos. El conflicto surge de estas desigualdades, especialmente entre clases, y se considera tanto inevitable como necesario para el cambio social (Marx, 1848; 1867). El territorio —que contiene, entre otras cosas, los recursos que están en disputa— se inscribe como una dimensión material del conflicto de clases, lo cual permite analizar desigualdades estructurales a través de procesos como la acumulación por desposesión o la expansión de fronteras extractivas.

Por otro lado, en el pensamiento sociológico norteamericano ha predominado una tensión entre investigación teórica y enfoques de reforma o transformación social (Henslin, 2015). Trabajos de autores como Jane Addams (1981 [1910]) o W. E. B. Du Bois (1903) representan una sociología comprometida con los problemas sociales concretos, incluyendo la pobreza, el racismo o la exclusión, en contextos específicos. Esta tradición ha evolucionado hacia formas de sociología pública y aplicada, que resultan útiles para abordar las problemáticas latinoamericanas —y del Sur Global— vinculadas al extractivismo o la marginación rural, al proponer intervenciones empíricas que reconectan análisis y acción social.

Un aporte transversal en estos enfoques es una idea de territorio como base de organización social. La sociedad implica compartir un territorio, lo cual da lugar a “ubicaciones sociales” diferenciadas. Las categorías espaciales —lugar, espacio, territorio, etc.— no solo son un espacio físico, sino configuraciones históricas y políticas, y pueden ser vistas como un componente determinante en la experiencia de vida de los sujetos. En el análisis del extractivismo, por ejemplo, estas categorías permiten vincular lo local (comunidades afectadas por megaproyectos) con lo global (cadenas de valor, relaciones geopolíticas).

Igualmente, el concepto de estratificación global, donde las naciones se posicionan de forma desigual en la economía mundial, refuerza un análisis espacial del poder. Teorías como la sociología del poscolonialismo (Bhambra, 2010) o el sistema-mundo (Wallerstein, 1998) integran el territorio como una unidad política y económica sometida a relaciones de subordinación. Estas perspectivas han sido especialmente útiles en América Latina para comprender los efectos de la globalización neoliberal, la dependencia de exportaciones primarias y el resurgimiento de proyectos extractivos que reconfiguran las territorialidades y profundizan las desigualdades.

En conjunto, la sociología latinoamericana ha podido dialogar con algunos de esos enfoques sociológicos —por ejemplo, el Sistema Mundo, y la teoría marxista del conflicto— (Lander, 2006), articulando críticamente los vínculos entre espacio, poder, desigualdad y territorio, abriendo camino a enfoques que integran conflictos socioespaciales, ecologías políticas y luchas campesinas como ejes de análisis estructural y transformación social.

Un campo importante de la sociología latinoamericana ha sido la sociología rural. Autores como Cristóbal Kay han estudiado varios hilos temáticos que estructuran el campo o los territorios rurales, desde los años ochenta, a raíz del giro neoliberal (Kay, 2007). Primero, destaca la declinación de las grandes teorías estructuralistas, como el marxismo, y el auge de enfoques más empíricos y descentralizados, que priorizan la agencia de los sujetos, las estrategias de vida y la heterogeneidad rural. Segundo, aborda la expansión del paradigma de la “nueva ruralidad”, que desplaza el foco exclusivo en lo agrario para reconocer la pluriactividad, la importancia que han ganado las actividades no agrícolas, las migraciones y las articulaciones entre lo rural y lo urbano, y entre lo local y lo global. Tercero, se resalta la profundización de la diferenciación campesina bajo el neoliberalismo, donde solo una minoría logra mejorar su situación mientras la mayoría sobrevive con empleos precarios o remesas. Finalmente, critica la brecha estructural entre la agricultura empresarial y la campesina, agudizada por políticas que privilegian a las clases agroexportadoras capitalistas. Por último, se analizan visiones campesinistas que apuestan por un desarrollo rural alternativo, basado en la autonomía, la soberanía territorial y el fortalecimiento de la economía campesina. Esta sociología rural no abandonó el estructuralismo, y toma el territorio desde las tensiones de los mundos campesinos con el avance del neoliberalismo, los conflictos de clase, la reproducción y los proyectos políticos locales.

2. Economía política, redes de producción y territorio

En el marco de la sociología económica crítica, los estudios recientes sobre lo que podemos denominar una economía política del territorio han avanzado hacia una articulación más compleja entre los procesos capitalistas globales y las configuraciones territoriales locales. Desde esta perspectiva, el territorio no es un mero contenedor pasivo de relaciones económicas, sino un elemento constitutivo de las dinámicas del capital, que opera como espacio de disputa, control, apropiación y resistencia. Trabajos como los de Harrison (2013) y Dorn y Hafner (2023) aportan marcos analíticos complementarios para comprender cómo las formas territoriales se entrelazan con las redes globales de producción, distribución y acumulación de capital.

Harrison (2013), desde una óptica socioespacial, problematiza la dicotomía tradicional entre territorio y red en el estudio de las regiones, y propone una visión “polimorfa y multidimensional” donde los elementos de territorio, red, escala y lugar coexisten en tensión. En este enfoque, los territorios son producto de procesos simultáneos de territorialización y desterritorialización que configuran formaciones sociales, como el capitalismo regional. Su análisis de mapas estratégicos en el norte de Inglaterra revela cómo las políticas de desarrollo regional alternan o combinan lógicas territoriales (ligadas al Estado y a la escala político-administrativa y técnica) con lógicas relacionales (basadas en redes urbanas y flujos económicos translocales). Así, el territorio aparece como una dimensión mutable y relacional, cuya importancia empírica debe evaluarse en función de las estrategias concretas de actores, organizaciones e instituciones.

Por su parte, Dorn y Hafner (2023) proponen una profundización teórica y conceptual del papel del territorio en las Redes Globales de Producción (o GPN por sus siglas en inglés), integrando enfoques de tradiciones anglófonas, francófonas y latinoamericanas. Mientras que el enfoque anglófono tiende a concebir el territorio como unidad estática controlada por el Estado, la tradición francófona lo entiende como un espacio vivido y relacional, y la latinoamericana lo asume como categoría plural, política y espiritual, anclada en las luchas de los pueblos y su relación con la tierra. Desde esta convergencia, los autores introducen los “cinco P” de la territorialidad (pluralismo, polisemia, proceso, poder y espacio físico; por sus siglas en inglés) para analizar cómo las GPN territorializan, desterritorializan y reterritorializan espacios a través de procesos extractivos, de desplazamiento y de recomposición social y ecológica.

Ambas propuestas permiten avanzar hacia una sociología de la economía política del territorio que supere visiones estáticas o meramente descriptivas del espacio. No se reduce el análisis territorial a cuestiones técnico-administrativas, sino que se pone el acento en las luchas por el control material y simbólico del espacio, las estrategias de los actores en contextos de redes globales de valor, y la coproducción socioambiental de territorios en disputa. Esta perspectiva es relevante en contextos latinoamericanos, donde los territorios no solo son objeto de acumulación por desposesión, sino también escenarios de proyectos comunitarios, disputas ontológicas y resistencias al extractivismo.

Esta sociología crítica del territorio llama a reconocer la agencia territorial de actores subalternos, como comunidades campesinas, indígenas o movimientos ambientalistas, y su capacidad de reconfigurar territorios desde lógicas no capitalistas. Así, se vuelve posible pensar el territorio no solo como dimensión estructurante del capitalismo global, sino también como campo de posibilidades para alternativas al desarrollo, territorialidades insurgentes y nuevas racionalidades ambientales. En este sentido, la territorialización deja de ser un mero efecto de las redes del capital, y se convierte en un ensamblaje político que articula escalas, afectos, ecologías y modos de vida.

Complementando la literatura sobre economía política del territorio y su articulación con los procesos capitalistas, los trabajos de Saskia Sassen (2000) y de Brown, Lawrence y Robinson (2005) permiten expandir la reflexión sociológica hacia dimensiones claves del poder espacial, tanto en el nivel macro (Estados, ciudades globales, capital financiero) como en el nivel meso o micro (organizaciones, relaciones laborales, dinámicas subjetivas de apropiación territorial).

Sassen (2000) desafía la visión reduccionista de que la globalización económica ha erosionado el poder territorial de los Estados-nación, y propone en cambio una lectura más compleja. Allí, los Estados han sido actores activos en la configuración del nuevo orden económico global, a través de innovaciones legales, financieras y administrativas. El territorio ya no se define exclusivamente por su carácter estático y soberano, sino como un espacio institucionalmente reconfigurado que permite y soporta el funcionamiento del capital transnacional. El concepto de “territorialidad exclusiva” del Estado se ve socavado no por la desaparición del espacio nacional, sino por su fragmentación y resignificación a través de espacios funcionales como las ciudades globales. Estos territorios estratégicos concentran funciones clave del capital (finanzas, logística, servicios avanzados), mientras que otras funciones se descentralizan geográficamente y crean un nuevo paisaje territorial compuesto por centralidades funcionales y periferias dependientes.

En este sentido, Sassen (2000) introduce una comprensión del territorio como ensamblaje jurídico-institucional, donde se inscriben dinámicas materiales y simbólicas de control, apropiación y gestión del capital. Este enfoque resulta especialmente útil para pensar las transformaciones territoriales en América Latina, donde las políticas de apertura económica, privatización y atracción de inversión extranjera han redibujado los límites entre lo público y lo privado, y donde se consolidan nuevas formas de “autoridad privada”, tales como los tratados de arbitraje internacional o las agencias calificadoras, que escapan a los marcos regulatorios tradicionales. Así, el territorio se convierte en una interfaz conflictiva donde se negocian, y a menudo se imponen, nuevas territorialidades funcionales al capital global.

Por otro lado, el trabajo de Brown, Lawrence y Robinson (2005) permite trasladar el análisis del territorio al plano organizacional e interpersonal. Estos autores definen la territorialidad como la expresión conductual del sentido de propiedad hacia un objeto, ya sea físico o simbólico, en contextos organizacionales. A partir de esta definición, proponen que las prácticas territoriales (tales como marcar, defender o delimitar) emergen no solo para ordenar el espacio, sino también como mecanismos de protección frente a la ambigüedad, la competencia y la inseguridad. En esta perspectiva, el territorio deja de ser simplemente una coordenada espacial y se convierte en un dispositivo subjetivo, performativo y relacional que estructura las dinámicas de poder, pertenencia y conflicto dentro de las organizaciones.

La territorialización se puede pensar en esta mirada como un proceso de construcción social que ocurre en múltiples escalas. Así como en el ámbito global las empresas transnacionales reterritorializan funciones del capital a través de zonas francas, infraestructuras (puertos, etc.) o acuerdos bilaterales, en el ámbito organizacional, individuos y grupos establecen territorialidades sobre roles, ideas o espacios de decisión, y así generan micro-regímenes de control y exclusión (Brown, Lawrence y Robinson, 2005). El territorio posee un carácter múltiple, simbólico y conflictivo.

En conjunto, los aportes de Sassen y de Brown et al. enriquecen una sociología del territorio que articula escalas, instituciones, subjetividades y materialidades. Sus enfoques invitan a repensar el territorio no como una categoría residual frente a las redes o al capital, sino como una dimensión constitutiva de las relaciones sociales en el capitalismo contemporáneo, donde se juegan disputas de poder, apropiación, identidad y autonomía. Estos debates resultan fundamentales para analizar procesos como la financiarización del espacio urbano, la gentrificación, la fragmentación de la soberanía estatal, la precarización laboral o las luchas por territorios indígenas o campesinos que resisten la imposición de nuevas territorialidades funcionales al capitalismo global.

3. Sociología ambiental, emociones, materialidades y enfoque ANT (Actor Network Theory)

Desde una perspectiva de sociología ambiental crítica y relacional, emergen nuevas formas de analizar el territorio que integran ensamblajes, dimensiones afectivas, materiales y no-humanas. Estas corrientes, inspiradas en la teoría del actor-red (ANT) (Callon & Latour, 1992; Latour, 2008), la sociología de las emociones y los giros materialistas en las ciencias sociales, desplazan el enfoque sociológico tradicional centrado en estructuras fijas o actores humanos, para proponer lecturas más fluidas, encarnadas y distribuidas de los procesos de territorialización.

Jankowski et al. (2025) articulan enfoques de psicología ambiental, sociología pragmática y ANT para mostrar que el territorio no es solo un espacio delimitado o funcional, sino un entramado dinámico de recursos materiales y simbólicos que estructura la existencia de los sujetos. Introducen el concepto de “arreglos afectivos” para describir conjuntos heterogéneos de relaciones entre personas, objetos, artefactos, normas y emociones, que se ven afectados y a su vez afectan el devenir territorial. Su estudio en Senegal demuestra cómo los procesos de cambio territorial asociados a megaproyectos agroindustriales alteran estos arreglos, generan resistencias y reconfiguraciones que no pueden entenderse sin tomar en cuenta los vínculos emocionales, éticos y materiales que las comunidades han tejido con sus lugares. El territorio, en este enfoque, se convierte en un objeto de lucha no solo económica, sino moral y afectiva.

En una línea similar, Kärrholm (2007) propone una lectura de la territorialidad como producción material cotidiana en los espacios públicos urbanos. Su contribución es clave al introducir el concepto de “producción territorial” como proceso múltiple y en constante devenir, mediado por objetos, infraestructuras, prácticas y afectos. La territorialidad no se reduce al control político o al comportamiento individual, sino que es performada en estrategias, tácticas, apropiaciones y asociaciones que dotan a los espacios de significados sociales cambiantes. Desde una perspectiva ANT, Kärrholm enfatiza que el territorio no es solo producido por humanos, sino también por artefactos, mobiliarios, atmósferas y rutinas. Un café al aire libre, por ejemplo, configura territorios a través de sillas, toldos, iluminación y formas de interacción, lo que evidencia que la materialidad no es pasiva sino constitutiva del poder espacial (Kärrholm, 2007).

Ambos enfoques coinciden en que la territorialización es un proceso relacional, heterogéneo y abierto, donde las emociones, los objetos, los cuerpos y las instituciones se ensamblan para producir sentido, identidad y poder. En contextos de conflicto socioambiental como los latinoamericanos, estos marcos permiten visibilizar cómo la reconfiguración territorial no solo implica redistribuciones materiales (tierra, recursos), sino también desplazamientos afectivos, rupturas o reconfiguraciones identitarias —identificación con el territorio, etc.— y un énfasis en las relaciones con el entorno. Así, se complejiza la comprensión de conflictos territoriales, pues se incorporan dimensiones éticas, afectivas y perspectivas “más-que-humanas” (more-than-human) (Pyyhtinen, 2016) que tradicionalmente han sido marginadas por enfoques como la sociología rural clásica.

Este giro hacia lo afectivo-material no debe significar abandonar los análisis estructurales, sino enriquecerlos. En territorios indígenas, afrodescendientes o campesinos, por ejemplo, los procesos de resistencia a megaproyectos extractivos o de infraestructura no solo responden a una defensa económica de medios de vida, sino a la protección de ensamblajes afectivos y espirituales profundamente enraizados en los lugares. Las emociones, tales como la ira, la tristeza o la esperanza, se vuelven también fuerzas territoriales que movilizan acciones colectivas. En ese sentido, estas aproximaciones ofrecen herramientas teóricas y metodológicas potentes para comprender los conflictos y ensamblajes territoriales desde una sociología ambiental crítica, capaz de captar la complejidad de los vínculos entre cuerpo, materia, espacio y poder.

4. Enfoques latinoamericanos: sociología del territorio y territorios de la sociología

La sociología crítica latinoamericana del territorio se ha nutrido, en las últimas décadas, de un conjunto de enfoques que problematizan las relaciones entre desigualdad, poder y espacialidad, con énfasis en los procesos de resistencia y reterritorialización por parte de actores subalternos. Estos enfoques se alejan de concepciones estáticas o meramente técnicas del territorio, y proponen comprenderlo como una construcción sociohistórica atravesada por conflictos, afectos, políticas y memorias. El territorio aparece, entonces, como una arena de disputa simbólica y material, donde se manifiestan y condensan las contradicciones del capitalismo periférico, la dependencia, las formas de gubernamentalidad neoliberal, y los modos de habitar, resistir y organizarse de poblaciones históricamente marginadas.

4.1. Fronteras, migraciones y desigualdades

Ribeiro y Milani (2009) proponen pensar el territorio como categoría de diálogo interdisciplinar, distinguiendo entre el “territorio-logos” —asociado a dimensiones materiales, tecnológicas, de control y racionalización— y el “territorio-eros”, donde se sitúan las experiencias subjetivas, identitarias y afectivas de los habitantes. Esta dualidad permite ampliar la mirada sociológica hacia los procesos de apropiación, pertenencia y autogestión, integrando tanto las relaciones de poder como las prácticas cotidianas. El territorio, en este enfoque, es un campo de fuerzas y una red de relaciones sociales y productivas que construyen singularidades, no un simple contenedor espacial. Asimismo, se plantea que los procesos de territorialización y desterritorialización deben entenderse a partir de las dinámicas del capital, pero también de las resistencias comunitarias que reconfiguran el sentido y uso del espacio.

En esta misma línea crítica, Dias y Domenech (2020) abordan los denominados territorios de frontera como espacios estratégicos en la producción de una “ilegalidad migrante” en países de América Latina y el Caribe. Su trabajo demuestra cómo el Estado no solo regula el tránsito de cuerpos, sino que produce clasificaciones que activamente generan una identidad “irregularizada” o criminalizada, que afecta a poblaciones a través de regímenes jurídicos y discursos de seguridad o securitización. En contextos fronterizos, los territorios son performados por tecnologías de control y vigilancia, pero también por trayectorias migrantes que los reconfiguran como espacios de circulación, movimiento, supervivencia y resistencia. Las fronteras no son meras líneas geográficas, sino zonas sociales dinámicas, donde se entrelazan porosidad económica y clausura migratoria, especialmente bajo el modelo neoliberal (Dias y Domenech, 2020). Así, se refuerza una territorialidad desigual: atrayente a las inversiones y el capital, pero excluyente hacia cuerpos precarizados y racializados.

Por otro lado, Ariza (2021) propone una sociología de las emociones, aportando una dimensión clave para comprender los territorios como espacios afectivamente habitados. Aunque no analiza literalmente la categoría de territorio, sí revela cómo los procesos de cambio social, tales como la migración o la urbanización, producen desarraigo, fragilización de vínculos y afectos ambivalentes hacia los lugares. En este sentido, las emociones como el miedo, la nostalgia, el amor o la esperanza son constitutivas del habitar, y operan como vectores que intensifican o desactivan procesos de territorialización. Al enfatizar en lo socioemocional, la autora facilita la comprensión del por qué ciertas comunidades resisten el despojo territorial o rechazan proyectos de desarrollo que no consideran sus vínculos afectivos con el espacio vivido.

En conjunto, estos trabajos configuran un campo para repensar la sociología del territorio desde América Latina, teniendo en cuenta perspectivas sobre desigualdades estructurales, pero también a partir de ensamblajes múltiples de materialidades, emociones, normativas y subjetividades. Esta perspectiva permite comprender cómo el territorio es constantemente resignificado por clases populares, incluyendo a campesinos, trabajadores, migrantes o indígenas —con énfasis en las desigualdades de género—, quienes enfrentan procesos de despojo, pero también pueden llegar a desplegar estrategias de reapropiación espacial. A su vez, se plantea la urgencia de desarrollar marcos analíticos que integren la multiescalaridad de los fenómenos territoriales, así como metodologías sensibles a las dimensiones simbólicas, corporales y afectivas de los conflictos por el espacio.

Una sociología crítica del territorio en América Latina debe insistir en descentrar la mirada de los aparatos institucionales y los enfoques desarrollistas hegemónicos, para poner en el centro las territorialidades vividas, las epistemologías situadas y las disputas por la justicia espacial. Esta mirada debe invitar al diálogo o articulación entre análisis críticos de procesos estructurales con análisis micro y meso, estudiando formas de resistencia y resistencias al despojo y al capitalismo. Esta articulación puede permitir estudiar proyectos políticos que amplíen los márgenes de lo posible, activando utopías territoriales desde abajo y desde adentro, donde el territorio no sea solo un recurso, sino también un lugar de vida, de conexiones, de memoria y de visualización de futuros.

4.2. Extractivismo, Estado-desarrollista y giro ecoterritorial

Varios enfoques latinoamericanos se agrupan en lo que podemos llamar una sociología crítica del extractivismo. Svampa (2017) analiza el “territorio” no como simple espacio geográfico o contenedor de políticas públicas, sino como un campo de disputa sociopolítica profundamente atravesado por relaciones de poder, conflictos de clase y confrontaciones entre imaginarios de desarrollo. En su caracterización del cambio de época iniciado en América Latina a comienzos del siglo XXI (Svampa, 2017; Svampa y Terán, 2019), la autora destaca el papel central de los movimientos sociales y pueblos indígenas en la emergencia de nuevas narrativas político-territoriales, como las de “Estado plurinacional”, “buen vivir” o “derechos de la naturaleza”, que plantearon una crítica profunda al modelo neoliberal y ofrecieron alternativas descolonizadoras y ecológicas a la relación entre sociedad y naturaleza.

Sin embargo, para esta socióloga, el progresismo latinoamericano de la primera década del siglo XX derivó en un modelo de desarrollo neodesarrollista y extractivista, sostenido por el boom de los commodities y basado en una fuerte reprimarización de las economías.

El Consenso de los Commodities es definido como una nueva etapa del capitalismo regional, que reemplaza al Consenso de Washington al centrar la acumulación en la exportación masiva de materias primas con escaso valor agregado (Svampa, 2012). Este modelo ha sido adoptado tanto por gobiernos progresistas como conservadores, y consolidó una matriz de desarrollo extractivista que combina reprimarización económica, expansión de fronteras extractivas y nuevas formas de desposesión territorial. En esta lógica, el territorio es concebido desde un enfoque productivista y eficientista, lo que implica una descalificación de otras formas de habitarlo y valorarlo. Los territorios seleccionados por el capital global son tratados como socialmente vaciables, es decir, disponibles para ser sacrificados por intereses económicos.

Esta matriz extractiva, lejos de ser neutra o meramente técnica, reorganizó territorialidades desde arriba, subordinando las dinámicas locales y los modos de vida tradicionales a lógicas de acumulación global, lo que generó a su vez conflictos socioambientales y nuevas formas de desposesión. En este marco, el territorio aparece como escenario de tensiones entre un proyecto estatal-centralizador, que reproduce esquemas coloniales de apropiación de la naturaleza, y los proyectos comunitarios que defienden el territorio como espacio de vida, de derechos colectivos y de autonomía política.

La autora identifica una fractura creciente entre las narrativas de izquierda promovidas por los gobiernos progresistas y las prácticas políticas efectivas que, en muchos casos, implicaron la cooptación, estatalización o subordinación de los movimientos sociales. Esta “resubalternización” del tejido social movilizado implicó la expropiación simbólica y organizativa de las luchas que habían permitido el cambio de época. Así, el territorio se convierte no solo en un lugar de explotación económica, sino también en una categoría que permite rastrear las derivas autoritarias, los procesos de concentración del poder y los límites de las promesas de inclusión social. En suma, Svampa articula el análisis territorial con una crítica estructural al modo en que los progresismos gestionaron los recursos, los cuerpos y los espacios, a menudo reproduciendo la lógica neoliberal bajo nuevos ropajes discursivos (Svampa, 2017).

La autora advierte que el agotamiento del progresismo como lingua franca política en la región no solo abre paso a regresiones conservadoras y procesos de recentralización autoritaria del poder, sino que plantea un nuevo desafío para las izquierdas y los movimientos sociales: reconstruir una agenda crítica y plural, capaz de revalorizar los territorios como espacios de autodeterminación, de justicia ambiental y de imaginación política alternativa. Así, el territorio, desde la perspectiva sociológica de Svampa, es un dispositivo clave para analizar las contradicciones del desarrollo, los límites de la representación estatal y el potencial de nuevas formas de acción colectiva en contextos de crisis (Svampa, 2017).

Los gobiernos progresistas en América Latina surgieron como respuesta a las políticas neoliberales de los años noventa, proponiendo una alternativa posneoliberal. Sin embargo, en la práctica, mantuvieron y adaptaron muchas lógicas del neoliberalismo, que evolucionó hacia formas más flexibles, híbridas y estratégicas. Este “neoliberalismo mutante” combinó desregulación, mercantilización y privatización parcial con políticas estatales de inclusión social, especialmente durante el boom de los commodities. Así, el progresismo permitió una financiarización de las clases populares, sin romper del todo con el orden neoliberal (Svampa y Terán, 2019, p. 190).

Desde 2008, el auge de proyectos extractivos en América Latina ha ido acompañado de un aumento significativo de la conflictividad socioambiental, la criminalización de las resistencias y una creciente violencia estatal y paraestatal. La región lidera mundialmente los asesinatos de activistas ambientales, con casos emblemáticos en Colombia, Honduras, Perú, Venezuela, Argentina y Guatemala. Esta violencia se manifiesta también en formas específicas de agresión contra mujeres defensoras del territorio, muchas veces en contextos de desalojos forzosos. Todo esto configura una lógica de “estado de excepción” donde el extractivismo se impone mediante represión y violaciones sistemáticas de derechos humanos (Svampa y Terán, 2019, p. 196).

Otro efecto en la región del avance del neoliberalismo en América Latina ha sido el debilitamiento del Estado y la fragmentación de los tejidos sociales y territoriales. Esto ha favorecido el crecimiento de economías informales e ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, que han generado nuevas formas de violencia, control territorial y criminalidad organizada. Estas redes criminales han evolucionado hacia estructuras más sofisticadas, con poder político y militar en regiones específicas, especialmente en zonas rurales y de frontera. La minería ilegal, en particular, ha crecido de forma alarmante en países como Perú, Venezuela y Colombia, lo que generó enormes ingresos y afectó gravemente el medioambiente y a las comunidades locales (Svampa y Terán, 2019, p. 202).

Otro efecto es que, ante el agotamiento de los hidrocarburos convencionales, el siglo XXI ha visto una expansión de las llamadas energías extremas, como el fracking, el gas de esquisto y la explotación offshore. Estas tecnologías implican altos riesgos ambientales, sociales y laborales, y han generado nuevos conflictos territoriales. En América Latina, Argentina se convirtió en un caso emblemático con el desarrollo de Vaca Muerta, impulsado por gobiernos de distintos signos políticos. La expansión del fracking ha afectado a comunidades indígenas y economías regionales, ha provocado accidentes ambientales y laborales. Este modelo extractivo ha sido sostenido por subsidios estatales y acuerdos con grandes corporaciones, lo que profundizó la dependencia de los combustibles fósiles (Svampa y Terán, 2019, p. 205).

Frente a este modelo, Svampa observa la emergencia de lo que denomina giro ecoterritorial (Svampa, 2012), una transformación en la gramática política de los movimientos sociales que articula la matriz indígeno-comunitaria, el discurso ambientalista y una nueva narrativa de la territorialidad. Este giro implica una revalorización de los territorios como espacios de vida, cultura, derechos y autodeterminación, contrapuestos a los enclaves extractivos. El territorio, en este marco, no es una unidad geográfica neutral, sino una construcción sociohistórica atravesada por conflictos de clase, raza, género y conocimiento.

Desde una sociología de la movilización social, se identifica un proceso de ambientalización de las luchas que ha generado un repertorio diverso y multiescalar de resistencias (Svampa, 2012). Desde movimientos indígenas y campesinos, hasta asambleas ciudadanas y ONG ambientalistas, se ha tejido una red cada vez más amplia que combina saberes locales con saberes técnicos y jurídicos, promoviendo desde la base leyes, consultas populares y nuevas formas de institucionalidad ambiental, como los derechos de la naturaleza. En esta dinámica, los jóvenes, mujeres y colectivos culturales emergen como protagonistas, lo cual amplía la dimensión ética, emocional y simbólica de las luchas por el territorio. Los conflictos socioambientales no son simples reacciones al despojo, sino espacios de producción de pensamiento crítico latinoamericano en los que se disputa el sentido mismo del desarrollo, de la democracia y del futuro.

Este “giro ecoterritorial” se articula con conceptos como los de buen vivir, bienes comunes, comunalidad, autonomía y ética del cuidado (Svampa, 2012). Este lenguaje, impulsado inicialmente desde las luchas de los pueblos indígenas, ha sido clave en la crítica al modelo de desarrollo dominante y en la defensa de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, también ha sido objeto de apropiación por parte de gobiernos y organismos internacionales. En los últimos años, los feminismos populares y ecofeministas han cobrado protagonismo, sumando nuevas dimensiones a estas luchas, como la defensa del cuerpo-territorio, la interdependencia y la justicia ecológica, de modo que se ha ampliado el paradigma de los derechos humanos hacia una visión más relacional y no antropocéntrica (Svampa y Terán, 2019, pp. 208-210).

4.3. Fals-Borda, enfoque territorial y métodos IAP

Un autor influyente de la sociología de América Latina que abordó las categorías espaciales fue el colombiano Orlando Fals-Borda. Desde su perspectiva, las ideas territoriales se articulan con visiones críticas de la sociología, de la visión estática y administrativa del espacio, y sus propuestas hacia una concepción relacional, multiescalar y conflictiva de lo espacial. Fals-Borda (1988) advertía que las divisiones territoriales impuestas por el Estado-nación, con divisiones artificiales como departamentos o municipios, eran construcciones que muchas veces ignoraban las dinámicas culturales, históricas y sociales de las comunidades locales.

Fals-Borda (1988) abordó la noción de periferias en Colombia en el contexto de los procesos de descentralización iniciados en la década de 1980. Desde su perspectiva, las fronteras internas del Estado-nación, al ser representadas en los mapas como líneas fijas, producen lo que él denominó “fetiches sistémicos”: estructuras simbólicas que aparentan neutralidad técnica, pero que en realidad tienen profundas implicaciones sobre la distribución del poder, los recursos y las oportunidades en las regiones.

En este sentido, Fals-Borda se adelantó a lo que hoy se reconoce como una crítica a la “espacialidad container” del Estado-nación, una noción discutida por autores como Brenner (2004), quien ha señalado cómo las ciencias sociales tradicionales han tendido a asumir el espacio como un marco fijo y homogéneo, ignorando las dinámicas relacionales, multiescalares y conflictivas del territorio:

El espacio-historia es un ente que fluctúa. Cambiante y poderoso hace como la ameba que se estira y encoge según las reacciones al medio ambiente. Así lo podemos esperar del desenvolvimiento de los fenómenos sociales locales que tienen que ver con la distribución del territorio. Y que tienden a ocultarse o deformarse por la omnipresencia del Estado centralista. Después de todo, el referente final es la persona humana, el habitante con su cultura en su lugar y en su comunidad. Que va creando y transformando el paisaje según sus necesidades y aspiraciones. Como en tantas otras cosas pertinentes a las Ciencias Sociales y su aplicación interdisciplinaria, no estamos diciendo nada muy nuevo, aunque valga la pena recordar (Fals-Borda, 1988, pp. 20-21)

Fals-Borda también identificó el carácter desigual del desarrollo territorial en Colombia, evidenciado en políticas como la “Operación Colombia” de Lauchlin Currie, que promovía una urbanización intensiva como solución a los problemas estructurales del país. Su análisis se inscribía dentro de la tradición de la teoría de la dependencia, utilizando categorías como centro-periferia y polos de desarrollo (Prebisch, 1996).

La propuesta de Fals-Borda de vincular la administración técnica de los recursos con el manejo político local, y de fortalecer las capacidades comunitarias mediante metodologías participativas, anticipó muchas de las preocupaciones actuales sobre justicia territorial, autonomía y gobernanza desde abajo.

Durante los años 80, la descentralización emergió como una necesidad política y administrativa en países de América Latina, especialmente en lo relativo al manejo de recursos públicos. En este contexto, Fals-Borda subrayó la importancia de comprender la región no solo como una unidad administrativa, sino como una construcción social y cultural, habitada por comunidades con historias, lenguajes y aspiraciones propias.

Aunque el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los documentos CONPES regionales intentaron orientar la inversión pública en los años 80, la realidad mostró que la descentralización técnica no siempre se tradujo en democratización efectiva.

En este marco, Fals-Borda propuso que los estudios territoriales debían enfocarse en articular la administración técnica de los recursos naturales con un manejo político más justo y participativo de las provincias, capaz de contrarrestar la captura institucional por parte de élites locales. Su propuesta metodológica de la investigación-acción participativa (IAP) buscaba fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades, promoviendo una planificación desde abajo, centrada en las necesidades y saberes de los habitantes locales.

La perspectiva de la IAP ofrece una vía metodológica potente para la sociología del territorio, al integrar los conocimientos propios de las comunidades en el análisis de los problemas, y al reconocer los saberes locales como fundamentales en la construcción de alternativas. La IAP permite mapear territorialidades en disputa, y contribuye a fortalecerlas, al generar procesos de reflexión colectiva, empoderamiento y acción transformadora. A su vez, el lente territorial enriquece la IAP al ofrecer herramientas para analizar cómo las relaciones de poder se inscriben en el espacio, cómo se configuran las escalas de acción y cómo se articulan las luchas locales con dinámicas estructurales más amplias. Esta articulación entre territorio y participación es clave para pensar metodologías comprometidas con la justicia espacial y social.

En relación con la IAP, Bozzano (2018) propone el concepto de “justicia territorial” como un campo emergente de carácter polidisciplinario que busca articular el desarrollo sostenible del territorio, una educación transformadora y políticas públicas inclusivas y efectivas. Su enfoque reconoce que la justicia e injusticia territorial coexisten de forma conflictiva en todos los espacios, instituciones y escalas, como resultado de procesos de “inteligencia” y “desinteligencia” territorial. Esta perspectiva se nutre de una visión compleja y situada del territorio, donde conviven dimensiones sociales, económicas, ambientales, cognitivas y políticas, y donde las tensiones entre cooperación y conflicto son inherentes a la vida colectiva. La justicia territorial no se reduce a decisiones individuales, sino que responde a macroprocesos históricos y geográficos que configuran las condiciones estructurales de inclusión o exclusión. Desde ese enfoque, se han sistematizado quince macrotemáticas que abordan problemáticas como la megaminería, el fracking, la informalidad urbana, la descentralización, la economía social, el ordenamiento territorial y los derechos de pueblos originarios. Y se han identificado ocho líneas de intervención concreta, como el desarrollo rural, la inclusión en barrios vulnerables, el turismo ambiental o la creación de nuevos municipios. Estas líneas de acción se basan en décadas de trabajo con metodologías participativas como la IAP, y buscan transformar las realidades territoriales desde una perspectiva de justicia social, ambiental y cognitiva (Bozzano, 2018).

4.4. Violencia, paz y enfoque territorial

En países como Colombia, la sociología avanzó en el estudio de la violencia, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX. Fals-Borda y otros autores llevaron a cabo estudios sobre La violencia en Colombia (Guzmán et al., 1962 y 1964) en los que resaltan que las dinámicas de la violencia en el país muestran históricamente que las geografías locales han sido moldeadas por conflictos históricos y por la acción de actores como los gamonales y caudillos regionales, quienes han concentrado capitales económicos, sociales y políticos.

El sociólogo y filósofo José Jairo González escribió un trabajo sobre espacio, sociedad y conflicto en Colombia. González (1991) introdujo la noción de “territorios y comunidades de exclusión” para referirse a aquellas zonas históricamente marginadas del proyecto estatal moderno. Estas periferias internas, ubicadas en los márgenes del poder político y económico, revelan un desequilibrio estructural entre el territorio y la nación, así como entre la sociedad y el Estado. González retoma la idea de que Colombia ha sido, más que una nación consolidada, un país con “más territorio que nación” y con una “sociedad más fuerte que su Estado”, lo que ha generado una formación estatal conflictiva y fragmentada. Un ejemplo de esta tensión son las llamadas “repúblicas independientes”, como Marquetalia, Riochiquito, El Pato o El Guayabero, conformadas por comunidades campesinas surgidas en los años 50 como respuesta a la violencia rural, la modernización excluyente y el cierre político del Frente Nacional en Colombia. Estas regiones encarnan procesos de territorialización alternativos que desafiaron la legitimidad del Estado central (González, 1991).

Por su parte, desde enfoques interdisciplinarios que integran la historia y la sociología, entre otras disciplinas, María Teresa Uribe de Hincapié (1992) propuso el concepto de “territorio en disputa” para analizar los procesos que han afectado a la región de Urabá en Colombia. Allí confluyen proyectos de dominación estatal, intereses económicos y resistencias locales. En este espacio, lo legal y lo ilegal se entrelazan, y emergen formas de contra-Estado y para-Estado que disputan el control territorial. Uribe destaca que estos territorios nunca estuvieron vacíos, sino que fueron habitados por pueblos con identidades múltiples, cuyas luchas se expresan en conflictos por la tierra, el trabajo, los servicios y la autoridad política. Así, tanto González como Uribe contribuyen a una comprensión del territorio no como un mero soporte físico o una unidad administrativa, sino como un campo de disputa simbólica, política y material, donde se entrecruzan violencias, memorias y aspiraciones colectivas.

En la última década han ganado terreno los enfoques de la construcción de paz con perspectiva territorial, que han nutrido la discusión para el caso colombiano —en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016—. Aquí se identifican algunas líneas de análisis de la sociología de la paz que se desarrolló desde el siglo XX, pero que gana nuevos impulsos en años recientes.

La sociología de la paz avanzó como campo de estudio con origen en las influencias europeas que tuvo el norteamericano Wright Mills. Brewer (2013) reinterpreta la obra The Causes of World War III de Wright Mills (1958) como un aporte por su crítica política a la Guerra Fría, y por su dimensión moral y sociológica. Para Mills (1958), la guerra es resultado de una decadencia moral más que de decisiones políticas, desde donde se normaliza la militarización. Esta sociología combina el análisis estructural con el compromiso ético, e influencia a la sociología pública contemporánea. Para Mills era clave el rol de la sociedad civil, del pensamiento crítico y de los “obreros culturales” en la construcción de alternativas a la violencia estructural globalizada.

En la obra de Wright Mills, el territorio y las categorías espaciales operan como ejes estructurantes de su crítica sociológica a la guerra, el poder y la decadencia moral del orden global de la posguerra (Brewer, 2013). El espacio tiene una densidad política, cultural y epistemológica, pues existen matrices donde se configura el poder y se reproduce la hegemonía —por ejemplo, los superestados, las bases militares overseas, los bloques de poder y los espacios culturales de producción intelectual—. Wright Mills (1958) desarrolla su marco analítico en medio de la Guerra Fría, y reconecta la biografía con la historia global, para construir así una geografía crítica del conflicto, anclada en el análisis de la acumulación de poder en territorios específicos. Las categorías espaciales están imbricadas en la posibilidad misma de una sociología crítica comprometida con la paz.

Esta sociología de la paz ofrece una conceptualización de los espacios sociales estratégicos, que integran las dimensiones territoriales en el análisis sociológico. Brewer et al. (2010) distinguen entre espacios intelectuales, institucionales, de mercado y políticos, entendidos no solo como lugares físicos, sino como campos de posibilidad donde se construyen y disputan significados, recursos y legitimidades. Estos espacios permiten visibilizar cómo las organizaciones religiosas se insertan local y globalmente, tanto en dinámicas comunitarias como en negociaciones políticas internacionales, operando como puentes entre niveles escalares diversos. Al criticar el “localismo” metodológico, dichos autores introducen una lectura multiescalar y territorialmente sensible de los conflictos religiosos, con la cual subrayan cómo las capacidades de acción están mediadas por relaciones espaciales concretas, incluyendo el acceso diferencial a recursos en función del estatus religioso, la posición geopolítica y las redes transnacionales. Su enfoque no solo incorpora el territorio como variable analítica, sino que lo sitúa en el corazón de una sociología de la paz que es tanto espacial como estructuralmente crítica.

La sociología de la paz de Wright Mills y Brewer ayudó a hacer visible la centralidad del espacio en la configuración de poderes globales. Pero ese marco resulta limitado al privilegiar enfoques ético-morales y culturalistas sin integrar las desigualdades estructurales, históricas y materiales que configuran los territorios en el Sur Global. En contextos como el colombiano, autores como Fals-Borda, González y Uribe han mostrado que el territorio no es solo un escenario donde se despliega el conflicto, sino una construcción histórica atravesada por exclusión, disputas epistemológicas, despojos y surgimiento de contrapoderes. Así, la noción de “territorio en disputa” o de “comunidades de exclusión” desborda el enfoque liberal de sociedad civil de Brewer, incorporando una crítica poscolonial, rural y sistémica que permite analizar los entrelazamientos entre el Estado, el capital, la violencia y las resistencias locales.

La sociología de la paz debe nutrirse con enfoques estructurales como la teoría del sistema-mundo, la sociología rural latinoamericana, y las miradas poscoloniales y feministas que ponen el énfasis en la violencia como territorializada. La sociología de la paz debe integrar lo político, económico y ambiental —además de lo moral—, reconociendo que los territorios son el resultado de procesos de acumulación por despojo, de ecocidios —justificados por el desarrollismo— y de luchas por la autonomía o soberanía territorial. La paz ambiental complementa este enfoque, al visibilizar la defensa de la vida y los bienes comunes en territorios históricamente marginados.

Baquero-Melo et al. (2022) ofrecen el lente de “territorialidades en disputa” para analizar el conflicto armado y la construcción de paz en Colombia, desde una sociología del territorio. Los autores plantean que la configuración política y socioespacial de las zonas rurales en Colombia ha sido el resultado de múltiples procesos históricos entrelazados, como la colonización campesina en territorios marginados por la consolidación de haciendas y la disolución de resguardos indígenas, el conflicto armado, las disputas partidistas y las demandas por inclusión. En las últimas décadas, estas dinámicas se han complejizado con la expansión de políticas de desarrollo impulsadas desde el centro, que han encontrado resistencias y adaptaciones locales. El concepto de “territorialidades en disputa” es utilizado por los autores para analizar cómo diversos actores —estatales, armados, comunitarios— compiten o negocian por el control y sentido del territorio, en contextos marcados por desigualdad, violencia y exclusión. En regiones como Planadas, Coyaima y Natagaima (Tolima), estas disputas se expresan en la superposición de territorialidades estatales, insurgentes, paramilitares y comunitarias, que han configurado formas híbridas de gobernanza y control. Mientras que el Estado ha intentado imponer proyectos de desarrollo (como un distrito de riego en territorios indígenas) y control territorial, comunidades indígenas y campesinas han promovido territorialidades alternativas, articuladas a prácticas agroecológicas, economías locales y formas de resistencia. Estas dinámicas no siempre se traducen en confrontaciones binarias, sino que incluyen alianzas, transacciones y formas de coexistencia conflictiva, especialmente en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Así, el sur del Tolima ilustra cómo la paz, el desarrollo y la territorialidad se entrecruzan en escenarios de multiterritorialidad, donde se negocian sentidos, recursos y formas de vida.

Conclusiones

La evolución del enfoque territorial en la sociología ha implicado un giro fundamental desde una visión estática y funcionalista del espacio —como simple escenario o contenedor de procesos sociales— hacia una comprensión relacional, conflictiva y multiescalar del territorio. En sus orígenes, la sociología clásica tendía a asumir el Estado-nación como el marco natural de análisis, con fronteras fijas y estructuras territoriales dadas. Sin embargo, a partir de los años 70 y 80, influida por la geografía crítica, la teoría de la dependencia y los estudios poscoloniales, la sociología comenzó a problematizar el territorio como una construcción social atravesada por relaciones de poder, desigualdades históricas y disputas por el control de los recursos y los sentidos del espacio. Este giro implicó un diálogo interdisciplinar, y recientemente, transdisciplinar, entre los denominados científicos sociales con las comunidades locales para entender las problemáticas y generar propuestas de solución. Dicho diálogo ha sido particularmente fértil en América Latina, donde las experiencias de colonialismo interno, extractivismo y violencia han generado formas específicas de territorialización que demandan desafiar los marcos analíticos eurocéntricos para proponer lentes analíticos alternativos.

Adoptar un lente territorial en el análisis sociológico permite visibilizar cómo las desigualdades sociales se inscriben y se reproducen en el espacio. No se trata solo de estudiar “dónde” ocurren los fenómenos sociales, sino de comprender cómo el territorio es producido, disputado y vivido por distintos actores. Este enfoque enriquece la sociología de las desigualdades al permitir el análisis de escalas múltiples —local, regional, nacional, global— y de las formas en que las relaciones de poder se territorializan. Por ejemplo, las dinámicas de exclusión en territorios rurales o periféricos no pueden entenderse sin considerar las políticas de desarrollo, las lógicas del capital extractivo y las resistencias comunitarias que configuran territorialidades alternativas. Así, el territorio se convierte en una categoría analítica clave para comprender la intersección entre clase, etnicidad, género, ecología y poder.

En América Latina, el enfoque territorial ha revitalizado la sociología crítica al permitir una lectura situada de los procesos de acumulación, despojo y resistencia. Conceptos como “giro ecoterritorial”, “territorialidades en disputa”, “territorios en construcción” o “movimientos socioterritoriales” han sido fundamentales para analizar las luchas indígenas, campesinas y afrodescendientes frente al avance del extractivismo y la financiarización de la naturaleza. Este enfoque ha permitido superar las dicotomías entre lo rural y lo urbano, lo legal y lo ilegal, lo estatal y lo comunitario, mostrando la complejidad de los ensamblajes territoriales contemporáneos.

De cara al futuro, los enfoques territoriales en la sociología deben avanzar hacia una integración más profunda entre la sociología rural, la economía política crítica del capitalismo, la sociología de las materialidades y emociones, las ecologías y los aportes de la teoría del actor-red (ANT). Esta articulación debe dialogar con los enfoques latinoamericanos críticos, como la crítica al extractivismo, la IAP y los feminismos críticos latinoamericanos —entre otros—, y resaltar la persistencia de matrices de desigualdad y horizontes de resistencia. Una crítica robusta al capitalismo y a las desigualdades requiere reconocer la multiplicidad de escalas, actores y relaciones que configuran los territorios, así como las formas en que las emociones, los cuerpos y los afectos también son territoriales. En este sentido, el territorio no es solo un objeto de análisis, sino un campo de disputa y de posibilidad para imaginar y construir otros mundos posibles.

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