Diagnósticos y problemáticas de actualidad

Francisco Reveles Vázquez^[1]

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo presentar un panorama de la evolución política de América Latina en el siglo XXI. Con base en una revisión de la literatura especializada sobre el derrotero de las democracias en la región, se puntualizan las teorías formuladas para su análisis y también los principales problemas que se perciben para su perdurabilidad y fortalecimiento. En la segunda parte del texto, se describen los procesos políticos más relevantes de la región en las últimas décadas. Mediante la identificación de coyunturas claves y de los principales protagonistas, se constatan las problemáticas identificadas por expertas y expertos. Al mismo tiempo, se indican los fenómenos que requieren de un tratamiento más profundo y sistemático, con el objetivo de lograr un conocimiento actualizado y riguroso sobre la política latinoamericana y la accidentada trayectoria de las democracias realmente existentes en la región.

América Latina vive una era de transformaciones de gran envergadura desde el final de las dictaduras militares y el derrumbe del socialismo real hasta nuestros días. En el plano político, la mayoría de sus gobiernos transitaron de regímenes autoritarios o totalitarios a regímenes donde el comportamiento político de élites y ciudadanías se rige en gran medida por las reglas de la democracia. Su consolidación ha dado oportunidad de alternancia en el poder a diferentes fuerzas políticas sin la intervención de las fuerzas armadas, salvo en contadas excepciones. Cuando esto ocurrió, no hubo instauración o restauración de dictaduras militares, sino que se echó mano de las reglas de la representación política vigentes para superar los conflictos.

A estos gobiernos electos democráticamente correspondió implantar o desarrollar el modelo neoliberal en sus respectivas economías. Sin alternativas a la mano, al menos al final del siglo XX, el regular funcionamiento de la economía fue la preocupación principal de los funcionarios públicos, expertos en macroeconomía. El concepto de explotación dejó de ser utilizado por fuerzas políticas antaño revolucionarias para atacar el orden establecido, aprovecharon las transiciones políticas y, ya en el gobierno, pugnaron por una política “realista” de atención a las necesidades sociales. Ello implicó la aceptación de la lucha por el poder por métodos legales y pacíficos y la asimilación de medidas económicas que aseguraran el crecimiento. Hubo el convencimiento, o por lo menos la aceptación tácita, de que el buen funcionamiento de la economía daría respuesta a las enormes carencias de muchas personas.

Pero mientras que la democracia floreció, la desigualdad económica se extendió como en ninguna otra región del mundo. La pobreza y la marginación afectaron a un número cada vez mayor de personas, como resultado de la persistencia del capitalismo y de políticas que cerraron los ojos ante las necesidades de millones de individuos. En paralelo, los gobiernos democráticos no pudieron enfrentar o cayeron en la reproducción de un mal endémico: la corrupción. Si el discurso prodemocrático ofreció bienestar y respeto al Estado de derecho, pronto se vio que estos compromisos fueron incumplidos: no se avanzó en una mayor igualdad y, con frecuencia, los gobernantes no respetaron las normas, de manera que lograron beneficios que se pensaba eran propios de las élites políticas del pasado. Ambos fenómenos llevaron al ejercicio de gobierno a fuerzas políticas progresistas y posteriormente a gobiernos encabezados por líderes populistas de izquierda o de extrema derecha. Los primeros reivindicaron sobre todo la función social del Estado y atendieron los problemas sociales, hasta donde los márgenes del modelo económico se los permitió. Las promesas de un gobierno honesto no se cumplieron en todos los casos, lo que para algunos implicó su derrota.^[2] Sus respuestas redujeron hasta cierto punto la precariedad social, pero al mismo tiempo provocaron la reacción de sectores que no coincidían ni con sus postulados, ni con sus políticas. Así surgieron nuevos competidores por el poder que llamaron la atención por sus posturas extremistas del otro lado del espectro ideológico.

Si bien todas las fuerzas en pugna respetan las reglas de la democracia electoral, no todas ejercen el poder siguiendo sus postulados, como tampoco han dado respuesta satisfactoria a las necesidades sociales de millones de personas, al problema de la corrupción o al de la inseguridad pública. Como consecuencia, persiste una conflictividad social cada vez más diversa y desafiante. En adición, actores políticos otrora imperceptibles, como las cortes supremas, o al margen de la esfera pública, como los grupos del crimen organizado, tienen un papel político indiscutible, ya sea para la defenestración o para el sostenimiento de determinadas fuerzas gobernantes. Por eso en los años más recientes la discusión académica ha girado en torno de la regresión autoritaria o también llamada erosión de la democracia.

En la primera parte del capítulo tratamos la discusión teórica y los diagnósticos sobre la forma de gobierno. En la segunda, se describe la evolución reciente de la región, a partir de las transiciones a la democracia en la segunda mitad del siglo XX, donde sobresale la orientación de la mayoría de las fuerzas políticas a la aceptación de las reglas de la democracia para competir por el poder. También se indica cómo fue que, tarde o temprano, hubo oportunidad para que incluso partidos de izquierda, organizaciones sociales o liderazgos personalistas accedieran al gobierno e impulsaran un programa social que entró en contradicción con el neoliberalismo. Por último, señalamos los cambios políticos que se suscitaron después del declive económico de la segunda década del presente siglo, donde la constante fue la alternancia en el poder de fuerzas de diverso signo ideológico, la irrupción de poderosos movimientos cívicos y de actores de extrema derecha.

Aunque para muchos lo que está en juego en América Latina es la forma de gobierno democrática, en el fondo la preocupación principal tendría que ser su incapacidad para solucionar los problemas más apremiantes de la sociedad. Eso es lo que ha llevado a mucha gente a protestar en las calles o a votar en contra, incluso, de los autoproclamados gobiernos del pueblo o de la ciudadanía.^[3]

Temas de debate en la literatura especializada

Los sucesos de nuestra región ofrecen un conjunto de problemáticas que han sido estudiadas por la ciencia política. El estado de la democracia sin duda es el tema central, como afirma Munck (2024) en su balance de los análisis al respecto. Primero, se prestó atención a las condiciones más propicias de la transición desde el autoritarismo y en la actualidad se estudian las condiciones indispensables para su durabilidad. Recientemente, diversos sucesos en el ámbito latinoamericano han dado pie a las formulaciones respecto de procesos de erosión democrática y, en el extremo, de regresiones autoritarias bien perfiladas en nuestros días en no pocos casos.^[4] Asimismo, este autor señala que entre especialistas hay acuerdos sobre los conceptos más generales para el análisis, con base en los cuales se busca la formulación de teorías explicativas (Munck, 2024, p. 57).

Desde su perspectiva, hay cinco tipos de teorías:

1. Teorías de la modernización económica. Un enfoque utilizado con frecuencia antes de las transiciones, que establece el desarrollo económico como precondición de la democracia.
2. Teorías culturalistas. Desde este ángulo, la premisa consiste en que es necesaria una cultura política democrática para que haya un régimen democrático.
3. Teorías del desarrollo capitalista y las clases sociales. Parten de que el capitalismo es condición necesaria para la democracia, aunque eventualmente se convierte en su obstáculo principal. El carácter de clase del régimen político está determinado por la economía y su dinámica está vinculada al plano internacional.
4. Modelos de coyuntura crítica. Son teorías que reconocen la autonomía de la política y ponen el énfasis en el uso de la historia política para sus explicaciones.
5. Teorías político-institucionales. Prestan atención a actores e instituciones involucrados en los procesos de cambio o consolidación democrática. Elementos sustanciales aquí son el presidencialismo y las relaciones entre poderes.^[5]

Al final, Munck recomienda estudiar el origen y durabilidad de la democracia y analizar su calidad, poniendo a prueba teorías ya formuladas (porque desde su punto de vista se ha caído en el exceso de “nuevas” formulaciones con base en una sola variable). La evaluación de la calidad de las democracias es un tema complejo del cual se pueden desatar diferentes líneas de investigación. De hecho, este campo tiene desarrollos muy importantes de parte de sus autores primigenios y de quienes han seguido sus proposiciones (Morlino, 2005 y 2017; Braga y Fukushima, 2020; Bornschier, 2013).

En 2013 y 2024, Alcántara y otros hicieron la valoración de la calidad de la democracia en 18 países recuperando los datos de cuatro índices elaborados para tal efecto; sobre estos instrumentos volveremos más adelante. Por ahora nos interesa puntualizar la relación de retos para la disciplina que este especialista del estudio de la región señaló. Planteaba dos tipos de desafíos: unos de tipo político-institucional y otros de carácter socioeconómico. Entre los primeros indicaba:

1. Tensiones entre democracia representativa y democracia participativa.
2. Personalización de la política en la figura presidencial.
3. Contradicciones entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
4. Activismo político del Poder Judicial.
5. Partidos políticos poco representativos.
6. Debilidad de la profesionalización de tomadores de decisiones.
7. Permanente reformismo constitucional.
8. Falta de transparencia y rendición de cuentas para enfrentar la corrupción.

En cuanto a los retos socioeconómicos, enlistaba los siguientes:

1. Contraste entre individualismo y comunitarismo.
2. Creciente desigualdad social, pese al crecimiento económico.
3. La exclusión social, reclamada por nuevos movimientos sociales.
4. Tensión entre políticas de apertura y políticas nacionalistas y proteccionistas.
5. Rezago en la reforma fiscal.
6. Políticas diseñadas por expertos sin participación ciudadana.
7. Confrontación entre grupos empresariales y oficialismos en medios de comunicación.
8. El incremento de la “inseguridad ciudadana” (Alcántara, 2013, p. 20).

Como es evidente, todos ellos siguen vigentes. Algunos con mayor peso que antaño, como la personalización por el encumbramiento de liderazgos de estilo populista y la concentración del poder en el presidente; la judicialización de la política, que ha llevado al derrocamiento o al debilitamiento de gobiernos; la polarización política, maximizada por las redes sociales digitales; la perenne desigualdad, que se agudizó con la pandemia; las contradicciones entre distintos proyectos económicos que, sin transgredir las leyes del capitalismo, no son suficientes para enfrentar los nuevos desafíos. Poco tiempo más adelante, Alcántara y Martí destacaban además la relevancia de los movimientos “cívicos de masas” de 2019 por el aumento “de la conflictividad extra institucional y mediática”.

Habría que agregar otros temas que han sido descartados de las prioridades de las élites políticas, como la reforma fiscal para la redistribución de la riqueza, nuevas medidas para eliminar la desigualdad y otros asuntos que simplemente han sido olvidados, como las reformas para incrementar la rendición de cuentas o la ampliación de la participación ciudadana en la gestión gubernamental; de igual manera, las demandas de los pueblos indígenas y de los movimientos feministas o de la diversidad sexual siguen sin tener expresiones concretas de avance en la gran mayoría de los países, más allá de algunos logros plasmados en leyes.

En nuestros días, la fragilidad de la democracia es un tópico permanente en muchos análisis. Las formulaciones teóricas van de la llamada democracia iliberal (Zakaria, 1997), pasan por el autoritarismo electoral (Schedler, 2016, p. 118), la democracia populista o plebiscitaria, y abarcan también la definición de régimen híbrido (una forma de gobierno con reglas democráticas cargadas de autoritarismo) (Morlino, 2017, p. 102).

La regularidad de los regímenes democráticos en el siglo XXI trasladó el debate a la perdurabilidad de la democracia, como señala Munck. Para el periodo más reciente de nuestra historia, a partir de 2013 y sobre todo después de las extraordinarias movilizaciones cívicas de 2018 y 2019, la democracia persiste, pero es de baja calidad (Munck, 2024). Otros autores hablan de una democracia fatigada (Martí y Alcántara, 2021; Alcántara, 2024) o de una democracia resiliente, que resiste los embates de actores con intereses y comportamientos poco o nada democráticos. Y la erosión democrática, casi siempre imperceptible debido a que es un proceso gradual de desmonte de instituciones y leyes por parte de un gobierno electo por voto popular para mantenerse en el poder de manera indefinida, también es motivo de interés para otras y otros especialistas.^[6]

No podemos agotar el debate en estas líneas. Solamente trataremos de exponer los resultados de las evaluaciones de las democracias latinoamericanas y, de ese modo, destacaremos los problemas que se identifican con mayor énfasis en la literatura especializada.

Son frecuentes los estudios comparados del estado de la democracia mediante los índices como Libertad en el Mundo de Freedom House, Democracy Index de The Economist, el Índice de Transformación de Bertelsmann, el Índice de Democracia del V-Dem Institute de la Universidad de Gotemburgo y el Índice de Desarrollo Democrático de Polilat (instrumentos que son utilizados, por ejemplo, por Alcántara, 2013; Alcántara y otros, 2024; Cansino, 2013; Carpio, 2021); el Latinobarómetro es una referencia multicitada para señalar también la delicada salud de nuestros gobiernos, aun cuando en ocasiones se usa más para llamar la atención respecto de los focos rojos y no sobre los avances en la región. De cualquier forma, en los últimos años el deterioro democrático es perceptible en varias de sus dimensiones, a la luz de los datos de estos instrumentos de medición.

Los resultados de evaluación de la calidad de las democracias, de acuerdo con los autores citados, son más o menos los mismos. Hay evidencias de su decadencia en no pocas naciones. De entrada, Cuba se descarta de los análisis por su autoritarismo y por la falta de fuentes de información. Ello no impide que haya estudios de expertos de la isla que arrojen algunas luces sobre su derrotero.^[7] Su modelo económico diferente al del resto de los países latinoamericanos se conjunta con una forma de gobierno igualmente distinta, que obliga a un tratamiento adecuado que explique la persistencia del Partido Comunista Cubano y el régimen encabezado por Fidel Castro, prolongado por su hermano Raúl y continuado por el presidente Miguel Díaz Canel. Además, no se puede ignorar que los cambios que este país ha experimentado, particularmente desde el deceso de Fidel, son de gran relevancia y abren distintos derroteros con destino incierto para la sociedad cubana. Por si fuera poco, la isla es un territorio clave en la geopolítica de la región por la intervención estadounidense, pero también por la ampliación de la influencia de Rusia y China, lo que no se ha analizado a cabalidad por parte de la ciencia política.

Las evaluaciones arrojan conclusiones similares en cuanto a la regularidad de las elecciones, la ausencia de regímenes autoritarios o militares, la acción institucional de las fuerzas armadas, el ascenso de gobiernos progresistas, cierto grado de mejora de las condiciones de vida de las personas a raíz del boom de las commodities y la eficacia de algunos gobiernos de diferente signo ideológico para sortear las crisis y mantener niveles decorosos de bienestar. Pese a las dificultades para imponer el imperio de la ley, no está de más señalar que distintos derechos sociales y políticos han llegado a establecerse en las normativas de algunos países, como en Bolivia, Venezuela y Ecuador. Esto es también un síntoma de un aprecio por la legalidad que no existía en un pasado no tan remoto y que ha sido posible por la normalidad democrática y por el apremio de distintos sectores sociales que continúan demandando el reconocimiento de sus derechos.^[8]

La otra cara de la moneda, donde se distingue la debilidad del Estado de derecho, es en la persistente corrupción, la judicialización de la política y el afán de permanencia de gobernantes a través de cambios a las leyes (como la reelección indefinida), pese a contravenir principios democráticos.

De las mediciones, hay países que regularmente salen bien librados, como Chile, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica. Por el contrario, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Perú, Haití o Paraguay, desde los criterios de los expertos, suelen adolecer de diversos elementos propios de los gobiernos democráticos. En la medianía aparecen naciones como Brasil, El Salvador, Panamá o México. En las evaluaciones más recientes, no solo cuantitativas sino también cualitativas, nuestro país ha sido calificado como un régimen híbrido (Alcántara, 2024) en proceso de regresión autoritaria (Peschard, 2024) o de plano ya como un régimen autoritario (Silva Herzog, 2024; Ilades, 2024; Bartra, 2021; Bartra, 2024). Los textos de expertas y expertos sobre México prescinden de los índices y hacen su examen con base en las características de la democracia representativa y los cambios que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha impulsado.

Los elementos de análisis de la democracia que sobresalen en estos textos son básicamente los siguientes: lucha por el poder mediante elecciones periódicas, limpias y libres, ejercicio de gobierno basado en el respeto al Estado de derecho, lo que implica el fortalecimiento de la división de poderes y la rendición de cuentas hacia la sociedad y el reconocimiento y la ampliación de derechos políticos y sociales, que implican libertad así como, en menor medida, igualdad. Los estudios cuantitativos hacen énfasis en la parte electoral de la democracia y dejan en un plano secundario el ejercicio del poder. Con frecuencia, la igualdad no es vista como un requisito para calificar la forma de gobierno, aun cuando el futuro promisorio siempre es un ofrecimiento de los potenciales gobernantes de cualquier identidad ideológica.

La bibliografía sobre el debilitamiento de las democracias latinoamericanas es abundante. Se concentra más en las características de instituciones, reglas y actores y presta poca atención al ejercicio del poder en materia de bienestar social. Algunos textos son interesantes porque tratan de combinar el análisis, como Bonnet (2022), quien evalúa el papel del Estado en la experiencia de los gobiernos progresistas de Venezuela y Bolivia. Si bien ambos sostuvieron una extensa política social, lo que la autora califica como estatismo, no concluyó en progresismo en el caso venezolano, bajo la administración de Nicolás Maduro. En Bolivia fue diferente porque la democracia comunitaria tuvo un desarrollo paralelo al del programa social del Estado. En Venezuela ocurrió la separación entre ambas, lo que en el fondo significó la ruptura entre socialismo y democracia. De cualquier forma, Venezuela ha llamado más la atención que cualquier otro caso debido a su evolución política regresiva (Ortiz Leroux, 2020). Otros casos llamativos por la misma razón han sido Ecuador y Nicaragua (Chaguaceda, 2020).

Sin embargo, aunque los gobiernos progresistas y los liderazgos populistas suelen ser descalificados, no son los únicos que padecen síntomas de enfermedad de sus respectivas formas de gobierno. La descalificación que reciben los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y recientemente México no se equipara a la que habrían merecido o merecen otro tipo de administraciones igualmente lesivas para la democracia y para las condiciones de vida de millones de personas. Hay varios ejemplos al respecto: en Ecuador, de 1997 hasta la llegada de Rafael Correa en 2007, hubo una prolongada inestabilidad política con siete presidentes que no lograron completar su mandato; en Bolivia, de 2001 a la asunción de Evo Morales en 2006, cuatro titulares del Ejecutivo no lograron afianzarse en el cargo; en Argentina, de 1999 a 2003 hubo cinco presidentes antes de que iniciara el kirchnerismo; en México, los gobiernos del PAN y el PRI en la fase de la democratización del régimen de 2000 a 2018 toleraron el incremento de la desigualdad, la corrupción y la inseguridad. Esta última también creció en El Salvador bajo los gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN); de igual manera ocurrió en Perú desde el fujimorismo en 1990 con presidentes de izquierda o de derecha (la mayoría acusados por actos de corrupción); y en Honduras, bajo la presidencia de Orlando Hernández se habló incluso de un “narcoestado”, antes de la llegada al poder de Xiomara Castro en 2022. Y no hay que olvidar la lacerante realidad que padece la sociedad haitiana, bajo gobiernos de derecha encabezados por diferentes líderes que no han logrado construir un país mejor. En 2021 el presidente en funciones, Jovenel Moïse, fue asesinado, y el país entró en una espiral de violencia donde las bandas criminales prácticamente ejercieron el poder político de facto. Hasta la fecha, después de la dimisión del sustituto Ariel Henry, el gobierno es encabezado por un Consejo Presidencial de Transición en medio de una aguda conflictividad social.

Todos estos acontecimientos muestran que el populismo no es la única ni la más importante amenaza para las democracias latinoamericanas. Además, hay problemas mucho más grandes para ellas en el plano social. Son padecidos por la mayoría de las personas independientemente del color del gobierno en funciones: la pobreza y la desigualdad. Las mediciones al respecto se pueden consultar principalmente en los anuarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) o en la base datos del Banco Mundial (BM). A partir de esta información, se sabe que entre 2014 y 2021 los países que redujeron más la pobreza de su población fueron Honduras (en el periodo de Orlando Hernández, el “narcotraficante”), El Salvador (bajo la administración del FMLN) y República Dominicana (con gobiernos de izquierda moderada). En estos dos últimos países disminuyó la pobreza extrema, lo cual solamente fue superado por la positiva experiencia boliviana (durante la gestión de Morales) (CEPAL, 2022, pp. 59-60).

Otro gran problema irresuelto es la desigualdad de género, que es transversal en nuestras sociedades y que ningún gobierno ha logrado superar hasta ahora. Cifras de la CEPAL demuestran la afectación mayor que padecen las mujeres en cuanto a sus condiciones de vida y de trabajo:

En América Latina, las desigualdades de género tienen una de sus principales expresiones en la mayor incidencia de la pobreza entre las mujeres que entre los hombres para las edades de mayor participación en el mercado laboral (20 a 59 años). En promedio, mientras el porcentaje de hombres en ese rango etario que está en situación de pobreza es del 20.3 %, el de las mujeres es del 23.9 %. Esta brecha de género también persiste en los hogares que viven en condiciones de pobreza extrema, donde las mujeres registran 1,1 puntos porcentuales más de pobreza extrema que los hombres (CEPAL, 2023, p. 59).

Llama la atención que, en República Dominicana, Bolivia (en los gobiernos del MAS), Argentina (en los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri), Paraguay y México (en los gobiernos del PRI y Morena) el índice de feminidad de la pobreza entre 2014 y 2022 se incrementó de manera significativa (CEPAL, 2023, gráfico 1.25, p. 70).

El problema de la violencia es otro tema candente en la región, en la medida en que representa un desafío al poder estatal. Así lo define Eaton, por ejemplo, quien identifica como grupos de poder a las guerrillas, los paramilitares o las autodefensas (Eaton, 2019). Estos grupos disputan no solo autoridad territorial sino su influencia en la sociedad. Empero, Giavedoni señala que la reproducción de estos grupos no debería considerarse como evidencia de debilidad del Estado, porque a fin de cuentas no pretenden el poder político sino desarrollar su actividad sin intromisiones de las fuerzas de seguridad. El gobierno normaliza su existencia al carecer de recursos para enfrentarlos. En la dimensión social sigue esta misma lógica: debido a la extensa precariedad, los gobernantes no tienen más remedio que tolerar un conjunto de ilegalidades, como por ejemplo el robo o la falta de pago de energía eléctrica o de agua, ya que solo de esa manera muchas personas pueden contar con esos servicios (Giavedoni, 2012). Este autor tiene en cuenta que, con frecuencia, las personas no consideran como delito estas prácticas, sino que las conciben como una forma de resolver sus carencias. Aunque las menciona de manera superficial, las prácticas delictivas de los narcotraficantes serían parte de los “ilegalismos gubernamentalizados”, puesto que el gobierno tiene poco que hacer frente a ellos para garantizar la seguridad pública.

Además de estos grupos, es inevitable considerar el incremento exponencial del poder del crimen organizado en los años más recientes, como ha sucedido en México, en los países centroamericanos y en Colombia. Los cárteles de la droga no solo son parte del paisaje de la vida política local, sino que se han convertido en la autoridad real en muchos territorios de distintos países latinoamericanos.

Tampoco habría que ignorar el impacto negativo de estos grupos en la vida cotidiana de las personas. Nuestra preocupación no debería ser solo la vigencia o el buen funcionamiento estatal, sino la condición de vida de la gente. Esta se ve afectada, sin duda, cada vez más y día tras día por la actuación de los grupos delincuenciales. El ejercicio de la libertad no está garantizado y la búsqueda de la igualdad estaría descartada de sus prioridades. Asimismo, como es evidente en tiempos electorales, el ejercicio de los derechos políticos en muchas ocasiones es cancelado o, por lo menos, afectado por el uso de la violencia para inclinar el resultado hacia las candidaturas preferidas por la delincuencia organizada.

El tema merece un estudio detenido, que nos dé herramientas para tratarlo como un fenómeno relevante en la actualidad, sin evadirlo ni “normalizarlo” como si fuera una enfermedad incurable o vergonzante, aunque nos lleve a espirales de violencia recurrentes y, por lo tanto, a la afectación de la vida ordinaria de las personas. Los estudios al respecto apenas se están desarrollando, con más aportaciones de corte periodístico y escasas colaboraciones de especialistas sobre el tema (Kopple y Carey, 2020; Treviño y Atuesta, 2020; Trejo y Ley, 2022).^[9]

Hay otros tópicos de interés en la literatura especializada, por ejemplo, Araújo, Freitas y Vieira (2018), quienes centran su atención en la lógica de la integración de los gabinetes presidenciales, y destacan la importancia de las reglas y la influencia de los partidos en el quehacer legislativo. Albalá y Marcelino (2014) tratan la llamada “crisis de partidos”, tema que resurgió en diferentes coyunturas del siglo XXI por las movilizaciones sociales que desafiaron a organizaciones con diferentes identidades ideológicas. Los autores señalan que en realidad los partidos se transforman y se adaptan al contexto de los cambios experimentados en ese tiempo. Varios partidos tradicionales entraron en decadencia y en su lugar aparecieron otras agrupaciones que se afianzaron en el poder. Es claro el predominio de los partidos profesionales electorales y su comportamiento cartelizado, orientado al cumplimiento de funciones de representación política y no a la representación social. Por ello, porque aún tienen funciones que cumplir, los partidos siguen siendo relevantes en la actualidad en la mayoría de las naciones, con democracias o sin ellas. Lo cierto es que varios de los gobiernos que han construido nuevas hegemonías o, al menos, predominios en el mediano plazo, sí han acabado con sistemas de partidos que habían perdurado durante mucho tiempo (Brito y Tagle, 2023). Son los casos del bipartidismo venezolano, que fue sustituido por un partido hegemónico como el Partido Socialista Unificado de Venezuela; el multipartidismo boliviano, que cedió ante el predominio del Movimiento Al Socialismo; el multipartidismo ecuatoriano, que fue vencido por un partido personalista, el Patria Altiva y Soberana (PAIS), y por su sucesor, Revolución Ciudadana, por más de una década, así como el incipiente multipartidismo moderado mexicano entre 1997 y 2018, que fue sustituido por un partido predominante llamado Movimiento de Regeneración Nacional.

El derrotero de las democracias realmente existentes en América Latina. Procesos y actores políticos y sociales en el siglo XXI

Además de la perdurabilidad de formas de gobierno democráticas, un fenómeno peculiar en América Latina fue la llegada al poder de fuerzas políticas de izquierda desde 1999 (por lo que se le conoció como “giro a la izquierda” o “marea rosa”) (Torrico, 2011). Esto trajo consigo una serie de expectativas para los grupos subalternos, anteriormente distanciados de los gobernantes y hasta confrontados con ellos. De hecho, la separación entre Estado y sociedad, es decir, entre gobierno y organizaciones sociales fue una perspectiva usual entre quienes eran seguidores o partidarios de las corrientes ideológicas propias del marxismo, el comunismo, el socialismo y algunas de carácter socialdemócrata (Regalado, 2009). Por su lado, las dictaduras militares, cuando no las eliminaron o prohibieron, colocaron de espaldas a la pared a las organizaciones de la sociedad civil (Rouquié, 2011). Con los procesos de democratización, los ciudadanos volvieron a ocupar las calles para manifestarse casi siempre en contra de gobiernos, políticas o acciones institucionales lesivas para sus intereses (Cheresky, 2015).

La sociedad civil debió reconstituirse y volver a tejer redes de participación, mediante las cuales demandar o enfrentar a los nuevos gobiernos. La democracia posibilitó su expresión, pero las respuestas institucionales no necesariamente fueron satisfactorias. Por ello, las luchas continuaron como en el pasado. En otros casos, hubo nuevas necesidades y problemas que generaron demandas inéditas, en el marco de la anhelada consolidación democrática.

Las expectativas de la democracia y el acento en la participación electoral

Los primeros gobiernos civiles o electos democráticamente fueron beneficiados por las grandes expectativas de la democracia: competencia pacífica por el poder, mejora de la condición de vida de los ciudadanos y posibilidad de mayor participación en la toma de decisiones. Con el transcurso del tiempo, aunque los gobernantes fueron electos por la ciudadanía, prevaleció la frustración debido a su desinterés o incapacidad por responder a las necesidades de la sociedad y también porque les correspondió instrumentar el programa económico neoliberal, en parte por presión de Estados Unidos y de instituciones como el BM o el Fondo Monetario Internacional (FMI), y en parte porque dicho modelo se vio como forma de solucionar los problemas financieros de los gobiernos nacionales. Los resultados no fueron satisfactorios para amplios sectores sociales, lo que complicó un escenario donde salió a relucir la debilidad de las instituciones, la falta de experiencia o de convicción por la democracia entre las élites (las preferencias por la democracia de las que hablan Mainwaring y Pérez, 2020) y, en ciertos casos, la ineptitud de los tomadores de decisiones elegidos por el voto de los electores.

La sociedad civil se fue expandiendo y diversificando a partir del desarrollo mismo de este tipo de regímenes y de las experiencias históricas de participación y movilización social. En algunos países, el peso contundente del corporativismo marcó una impronta autoritaria en la cultura política, como en México o Argentina, impidió la democratización de múltiples organizaciones maniatadas por el Estado y lesionó los intereses de los trabajadores. En ellos la acción social fue avanzando con dificultad, y las corrientes de izquierda poco pudieron hacer para insertarse en las principales agrupaciones de trabajadores.

En otras naciones sucedió que organizaciones y movimientos sociales adquirieron mayor fuerza ante la incapacidad gubernamental, ya no se diga para responder a sus exigencias, sino simplemente para tomar decisiones correctas (como en Bolivia, Nicaragua, El Salvador o Ecuador). En unos cuantos países, las movilizaciones destronaron presidentes débiles, lo que provocó una inestabilidad política que fue superada por la vía electoral (así ocurrió en Argentina, Bolivia o Venezuela).

Este es, probablemente, uno de los cambios más relevantes suscitados en el ámbito latinoamericano: el desplazamiento de múltiples expresiones sociales hacia el espacio electoral. La democracia ofreció una válvula de escape eficaz para la funcionalidad de los regímenes políticos. Incluso fuerzas políticas antisistema, revolucionarias, clandestinas y limitadas a la acción social, finalmente aceptaron la vía electoral para obtener la satisfacción de sus necesidades o para lograr el cambio político necesario, de acuerdo con sus propias perspectivas. De alguna manera es lo que señala Cheresky cuando destaca la ocupación del espacio público de, primero, caceroleros y piqueteros y, después, de movimientos que cuestionaron a los gobiernos de centro izquierda o progresistas, a quienes ayudaron a encumbrarse en el poder (Cheresky, 2015, p. 232).

Viniendo de una ruta más radical, distintos grupos guerrilleros abandonaron las armas para pasar a la acción civil, ya fuese como partidos nuevos o en alianza con otras organizaciones bien establecidas. Las viejas agrupaciones izquierdistas, caracterizadas por su ortodoxia marxista, perdieron su brújula internacional con el derrumbe del socialismo real. De modo que fueron ajustándose a las nuevas normas de la participación democrática. Su moderación fue su signo característico, a tono con las corrientes socialdemócratas predominantes en Europa, y también recuperaron identidades ideológicas más locales, ajustadas a las realidades de cada nación. Además, la alternativa de la democracia de conquista del poder sin necesidad de arriesgar la vida, sin padecer la cárcel o la represión, fue un ofrecimiento que la mayoría de los izquierdistas no pudieron rechazar. Los casos más conocidos fueron los del Frente Sandinista de Liberación Nacional nicaragüense y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional salvadoreño. Pero también vale la pena recordar la moderación de los tupamaros que se integraron finalmente al Frente Amplio en Uruguay, los montoneros que se hicieron peronistas en Argentina; el Movimiento 19 de abril, M-19, colombiano, organización en la que militó el actual presidente Gustavo Petro; y la acción guerrillera de la Vanguardia Revolucionaria Armada Palmares, de la cual fue partícipe la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

La moderación de estas fuerzas orientadas hacia la acción electoral abrió una brecha con aquellas fuerzas sociales que mantuvieron su adscripción gremial, sectorial o de grupos específicos (esto fue lo que ocurrió en Chile con los sindicatos, las organizaciones indígenas y los movimientos feministas). Estas organizaciones tuvieron un comportamiento diversificado y no necesariamente todas apostaron por completo a la participación electoral. Pero las que se quedaron al margen tuvieron un peso político limitado, y sucumbieron a la ola democratizadora de fuerzas moderadas o de derecha y por las directrices de gobiernos y organismos económicos internacionales.

Un elemento que contribuyó a incentivar la participación electoral de los ciudadanos fue el establecimiento del voto directo para la elección de gobernantes en el ámbito local. Su ausencia había bloqueado la participación ciudadana y a partidos emergentes o minoritarios, lo que dio poder a los líderes, grupos políticos o partidos que lograban un respaldo mayoritario en las urnas en el plano nacional (como pasaba en Colombia). Incluso, los titulares del Poder Ejecutivo podían ser nombrados por el Congreso (como en el caso de Bolivia, en donde todavía se utilizó ese mecanismo a principios del siglo XXI). Este fenómeno facilitó la reproducción de poderosos liderazgos, del caciquismo y de una política basada en acuerdos cupulares, sin la participación de los sectores populares y de grupos de poder local, democráticos o no.

La oportunidad para nuevas fuerzas progresistas a partir de los saldos del neoliberalismo

Esta situación política se conjuntó con lo que sucedía en el plano económico: bajo el neoliberalismo, a la explotación de los trabajadores se agregó una profundización de la desigualdad social, en la que la pobreza y la marginación fueron padecidas por millones de personas. El cambio democrático no necesariamente trajo consigo una bonanza económica suficiente para satisfacer las necesidades sociales más apremiantes.

El declive de las economías producto de las propias contradicciones del modelo económico ocurrió en varias naciones latinoamericanas y caribeñas. Tal situación no fue propicia para el desenvolvimiento pleno de la acción social, de modo que también fue un factor que explica el desplazamiento de las luchas sociales de organizaciones y movimientos, que cedieron protagonismo a las agrupaciones con fines electorales.

Las luchas que se desarrollaron en el ámbito laboral se toparon contra una restrictiva política de tope salarial, donde ningún sector podía tener un ingreso más allá del índice inflacionario. Los sindicatos perdieron fuerza por la aplicación de nuevas fórmulas de negociación de condiciones de trabajo. Hasta su existencia fue puesta en duda por leyes que “liberaron” a los trabajadores para que fueran capaces de negociar individualmente las condiciones de su contratación laboral. Además, las políticas de sobreexplotación de petróleo, hidrocarburos y minería impactaron en las condiciones laborales, lo que provocó protestas, movilizaciones y debilitamiento de sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas y urbano-populares.

Estos fenómenos se enmarcaban en un conjunto de transformaciones en la cultura política, provocadas por el neoliberalismo, la globalización y las nuevas formas de comunicación digital. Algunos valores propios del Estado de bienestar o de políticas de países socialistas se perdieron, y en su lugar se estableció un individualismo a ultranza, en el que cada persona debía preocuparse y trabajar para su propio beneficio. El progreso individual se impuso como aspiración primordial (incluso en Cuba, donde el trabajo por cuenta propia abrió la puerta al individualismo, la meritocracia, la discriminación y la desigualdad) (Arreola, 2021); el orden persistió como principio predominante en la administración gubernamental eficientista y en la política de seguridad nacional; derechos y libertades de tercera generación se pusieron en duda o fueron obstaculizados (notoriamente los derechos de la diversidad sexual y de los feminismos); emprendedurismo y gerencialismo formaron parte de las agendas de algunos gobiernos encabezados por presidentes de extracción empresarial (como Piñera en Chile, Kuchinsky en Perú, Santos en Colombia o Fox en México) (Nercesian, 2020); y más recientemente, los liderazgos personalistas volvieron a ser concebidos como indispensables para el cambio político, y discursos racistas, intolerantes y agresivos propios de corrientes de extrema derecha resultaron atractivos para muchas personas (Stefanoni, 2023). El arribo al poder de estas fuerzas en la segunda década del siglo fue calificado por algunos autores como el giro a la derecha (Torrico, 2019).

En los países con un desarrollo elevado, como Chile, Uruguay, Brasil y Argentina antes de su debacle económica, las personas también optaron por la búsqueda de otros valores individuales y de bienes materiales. Adquisición de propiedades como aparatos electrodomésticos, automóviles, vestuario de moda, compra de más de una vivienda, medios o instrumentos para el disfrute de tiempo libre y educación de “calidad”, aunque fuese pagada, fueron comportamientos usuales. Algunos pasaron desapercibidos porque fueron vistos como parte de los cambios contextuales, propios de la renovación generacional, de un proceso de transformación social natural. En efecto, hubo una combinación de todos estos factores, pero sin duda las políticas económicas neoliberales o capitalistas impulsadas desde el poder tuvieron impacto en el comportamiento de las personas y dieron sustento a gobiernos poco comprometidos con la transformación de las estructuras de dominación en el plano nacional o internacional.

Ello no ensombreció la irrupción o desenvolvimiento de otras fuerzas políticas, como las organizaciones o pueblos indígenas que, estimulados por la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México en 1994, dieron un mayor impulso a sus luchas hasta extenderse a la arena político electoral.

El zapatismo trascendió fronteras, logrando el apoyo de distintas corrientes de izquierda, encontrando eco en los programas de asociaciones, movimientos y partidos, y estimulando la organización o reactivación de agrupaciones de pueblos indígenas. Sus banderas se colocaron en la agenda de fuerzas de izquierda. A tal grado que, en efecto, los gobernantes progresistas instrumentaron políticas dirigidas expresamente hacia los indígenas. En algunos países, como en Bolivia, la representación indígena llegó a espacios de poder del más alto nivel, se reconoció el multiculturalismo de la nación y se dio apertura al reconocimiento de las autonomías indígenas.

Aun en los casos en donde no se integraron a los gobiernos, las banderas indigenistas fueron retomadas en los programas de gobierno o en los procesos constituyentes donde se decretaron nuevas constituciones, como en Bolivia, Ecuador o Venezuela, o donde se trató de hacer, como en Chile en dos ocasiones recientes. Sus posiciones reivindicaban valores y prácticas de los pueblos donde destacaban principios como la dignidad, el valor, la colaboración, la defensa de las lenguas originarias, la demanda y respeto de la autonomía, el respeto a la naturaleza, la defensa de la tierra y el medio ambiente; al mismo tiempo, entre sus propuestas programáticas apareció la definición de Estado plurinacional y también se recuperaron principios como el asambleísmo, la acción colectiva, la horizontalidad, el antielitismo, la solidaridad, el comunitarismo y el colectivismo. Sus posiciones fueron antiimperialistas, anticapitalistas y antineoliberales, por lo que conformaron un referente alternativo a las organizaciones de izquierda existentes hasta entonces y de aquellas que finalmente habían logrado acceder a las oficinas públicas.

La mayor parte de las organizaciones de izquierda habían moderado sus posiciones al transitar a la arena electoral. Aceptaron las reglas de la democracia para la competencia por el poder y se convirtieron o se aliaron con partidos políticos. Sus demandas se hicieron políticas de go­bierno, pero respetando los límites de la democracia y del modelo de desarrollo capitalista. De ahí que en el ámbito intelectual de las izquierdas se debatiera intensamente la pertinencia de participar en gobiernos que simplemente ayudaban a la reproducción del capitalismo y no a una transformación profunda del orden social (Regalado, 2009).

En el plano económico, la región latinoamericana y caribeña fue afectada por la globalización de diferentes maneras. El papel de Estados Unidos en la región se acentuó después de 1989, a tal grado que su crisis en 2001 dio lugar al auge de la producción de materias primas, lo que facilitó los compromisos sociales de los progresismos. La gestión del demócrata Barack Obama en la presidencia estadounidense de 2009 a 2017 hizo concesiones inéditas a varios países, incluyendo a Cuba, por lo que las fuerzas de izquierda tuvieron más libertad de acción para desarrollar sus proyectos y continuar con sus políticas.

Las organizaciones también abjuraron del comunismo como utopía a alcanzar, desechando el concepto en sus discursos y, en su caso, en el programa de gobierno. Las fuerzas de izquierda comenzaron a arribar al poder mediante elecciones, particularmente en el ámbito local, y dejaron en el baúl de los recuerdos los preceptos socialistas o comunistas. Solamente unos cuantos países con gobiernos con esta identidad sobrevivieron. En el espacio latinoamericano, Cuba subsistió no sin dejar de experimentar un controlado proceso de cambio desde 2008, que lo llevó a la actualización de su constitución y a la elección de un presidente de la República en 2018 sin renunciar al socialismo. Sin embargo, las nociones tradicionales de comunismo y socialismo desaparecieron del ideario de casi todas las izquierdas, y en su lugar adquirieron una identidad ambigua. Tardaron mucho tiempo en ofrecer nuevas y originales ideas para los pueblos y para los gobiernos. Por eso se explica, en parte, el surgimiento de alternativas populistas entre las fuerzas de izquierda y, más tarde, de liderazgos ubicados en la extrema derecha.

Los gobiernos latinoamericanos en la era pospandemia

Entre los gobiernos progresistas hubo una variedad de posiciones que es necesario reconocer, so pena de caer en una fácil pero equivocada caracterización de todas ellas como populistas o simplemente dividirlas entre moderadas y revolucionarias. En realidad, hubo diversas fuerzas políticas, algunas de las cuales fueron encabezadas por líderes populistas.

La alternativa populista llegó para quedarse en algunos países. Hubo liderazgos que ensalzaron la noción de la democracia como gobierno del pueblo, establecieron un vínculo sin mediaciones formales o informales con la sociedad, prescindieron de partidos y organizaciones sociales e identificaron y satanizaron a los “enemigos del pueblo” (dentro y fuera de la nación), promovieron la movilización social para respaldar sus decisiones de gobierno y apoyar con su voto en los procesos electorales. En el siglo XXI, destacan los casos de Hugo Chávez, Rafael Correa y Andrés Manuel López Obrador. En el ejercicio del poder, respetaron el modelo capitalista, el predominio de las grandes potencias mundiales y, al mismo tiempo, reivindicaron la responsabilidad social del Estado, lo que llevó al desarrollo de un programa social amplio, con políticas sociales consistentes principalmente en transferencias económicas directas. Sus adversarios no simpatizaban con este tipo de políticas, pero no pudieron eliminarlas en parte por las evidentes necesidades sociales, en parte porque eran políticas aceptadas por diferentes expresiones políticas nacionales e internacionales y en parte por la institucionalización de tales políticas en algunos países, como en Brasil (donde las políticas sociales tenían una antigüedad de varias décadas).

Con la legitimidad de haber llegado al poder mediante el voto popular, algunos de los gobernantes progresistas usaron otras estrategias para imponer su hegemonía. Frente a ello no solo hubo oposición electoral, sino que nuevos actores surgieron o resurgieron para contrarrestar el ímpetu del progresismo. De manera especial, aquellos que causaron más animadversión fueron los presidentes con estilo populista, que empujaron modificaciones legales que incluyeron la formulación de nuevas constituciones y reglas para la conquista y el ejercicio de los cargos públicos. Pero incluso estos gobernantes fueron castigados mediante el voto popular en momentos de gran conflictividad social (el caso emblemático fue el proceso poselectoral boliviano de 2019).

Las crisis económicas en 2008 y después en 2013, y el ascenso al poder del ultraderechista Donald Trump en Estados Unidos cambiaron la evolución que la región tenía desde principios de siglo. Gobiernos de todo signo ideológico experimentaron retrocesos económicos que la sociedad valoró de manera negativa, y provocaron cambios políticos inesperados. Después de 12 años de predominio, el kirchnerismo perdió la presidencia de Argentina ante un empresario, Mauricio Macri, empujado por un nuevo partido en alianza con la histórica Unión Cívica Radical. En Chile, después de 20 años en la presidencia, la Concertación por la Democracia cedió el principal cargo de poder al derechista Sebastián Piñera. En El Salvador, el FMLN debió abandonar las oficinas de la presidencia en 2019 para cederlas a un nuevo liderazgo de estilo populista. Inéditas movilizaciones cívicas destronaron al gobierno de Dilma Rousseff, impulsadas por medios de comunicación, grupos empresariales, asociaciones civiles, organizaciones religiosas o liderazgos antisistema. En los casos de mayor conflictividad, se denunció la influencia sigilosa del gobierno de Estados Unidos (o de actores afines a este país) para destronar a los gobiernos de izquierda.

El declive de la economía internacional provocó que millones de personas quedaran en condiciones de sobrevivencia y sin ánimos de participar en acciones sociales de incierto futuro. Fue más fácil participar ocasionalmente en elecciones que forjar o fortalecer las organizaciones sociales. En cambio, su voto sirvió para evaluar a los gobernantes, y provocó alternancias en demérito de la “marea rosa” y a favor del “giro a la derecha”. Así ocurrió en Argentina con el ascenso de Macri; en Ecuador, con el empresario Guillermo Lasso; en Brasil, con Michel Temer y Jair Bolsonaro; en Uruguay, con Luis Lacalle y en El Salvador, con Bukele. El comportamiento del electorado latinoamericano desde 2018 castigó con su voto a administraciones que no pudieron enfrentar los estragos de la crisis económica internacional o los efectos de la pandemia. Derechas e izquierdas lo padecieron por igual, como lo demostró Zovatto en su momento (2023, p. 19). Entre los comicios de El Salvador de febrero de 2019 y los de Brasil en octubre de 2022, hubo 14 alternancias en quince elecciones presidenciales (la excepción fue Nicaragua) y los tres presidentes que buscaron reelegirse no lograron su cometido. Si agregamos los resultados de 2023 y 2024 (hasta agosto por lo menos), la lógica del comportamiento electoral es más o menos la misma.

En 2023, en Panamá, el oficialismo se mantuvo al frente, mientras que en Guatemala, Ecuador y Argentina hubo alternancia: en el país centroamericano, Bernardo Arévalo ganó pese a los obstáculos legales e ilegales que el oficialismo le impuso; en el segundo, después de una “muerte cruzada” entre Ejecutivo y Legislativo, el joven empresario Daniel Noboa se coló superando las candidaturas del partido en funciones y del correísmo en reconstrucción; y en el tercero, el justicialismo perdió ante el liderazgo de extrema derecha de Javier Milei. En 2024, fueron constantes los cuestionamientos al carácter competitivo de los comicios en El Salvador, Venezuela y México. Pese a todo, en los dos primeros, los presidentes lograron la reelección, lo mismo que el de República Dominicana, en tanto que en Panamá volvió a ganar la misma fuerza política gobernante. De modo que, completando los datos de Zovatto, entre febrero de 2019 y agosto de 2024, hubo 17 alternancias en 23 países y de seis presidentes que intentaron reelegirse, solo tres lo consiguieron: Ortega, Bukele y Maduro (en medio de fuertes cuestionamientos a la legitimidad de sus respectivos procesos sucesorios).

No hay que olvidar que además de estas contiendas electorales, en algunas ocasiones la disidencia recurrió a la judicialización de la política para destronar presidentes. Fue inédito el papel de Poderes Legislativos con mayoría opositora (como en Perú, donde el presidente Pedro Castillo fue destronado por el Congreso, o en Ecuador, donde Lasso fue orillado a adelantar las elecciones) o el activismo de cortes constitucionales o autoridades judiciales, que aprovecharon en ciertos casos el presunto comportamiento ilegal de funcionarios o dirigentes de partidos en el gobierno (como sucedió en Argentina en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández, en Bolivia con el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez por los sucesos de 2019, en Guatemala con la persecución contra Arévalo para evitar que tomara posesión, o como en Nicaragua y Venezuela, donde se bloqueó “legalmente” a los candidatos más competitivos de la oposición).

En el plano político, aunque las democracias resistieron la pandemia, varios de sus rasgos regresivos se acentuaron. La irrupción de liderazgos populistas y fuerzas de extrema derecha fue un motivo más de preocupación, puesto que su respaldo popular se acrecentó, en demérito de sus adversarios. Particularmente llamaron la atención Bolsonaro, Bukele, Milei y Noboa. Y aunque no hayan ocupado la presidencia de la República, también ha sido llamativo el encumbramiento de fuerzas y liderazgos derechistas, como José Antonio Kast y su Partido Republicano en Chile y Fabrizio Alvarado en Costa Rica. También llama la atención la reubicación ideológica de fuerzas antaño moderadas y ahora aparentemente más conservadoras, como el PAN y el PRI mexicanos, el Propuesta Republicana argentino o el Partido del Movimiento Democrático Brasileño.

No es posible dejar de llamar la atención sobre el resurgimiento de la acción social desde 2019 en la región. Afectados por políticas gubernamentales restrictivas o por la insuficiencia de las políticas consistentes en trasferencias económicas directas, lesionados por decisiones discrecionales de los gobernantes, y ante su falta de eficacia en general, las expresiones de descontento se multiplicaron. El llamado “estallido social” en Chile es el ejemplo paradigmático de este fenómeno. Pero habría algunos sucesos previos, como las poderosas manifestaciones que contribuyeron a la caída de Dilma Rousseff en Brasil en 2016 y los desafíos sociales al régimen autoritario sandinista de Daniel Ortega y al socialismo cubano en 2018. Después sobrevinieron las movilizaciones chilena, ecuatoriana, boliviana, panameña y portorriqueña. Gobiernos de diverso signo ideológico se enfrentaron a movilizaciones de diversos actores, movilizaciones cívicas en todo el sentido de la palabra; no exclusivas de un sector social u organización política, ni tampoco promovidas por fines electorales solamente.

En estas movilizaciones llegaron a confluir los extraordinarios movimientos feministas de varios países latinoamericanos. Si bien se mantuvieron separados en sus respectivos fines, las banderas feministas fueron recogidas por los discursos de los gobiernos progresistas en funciones y también sirvieron para perfilar con claridad las posturas contrarias, propias de fuerzas políticas de derecha.

Las restricciones de la convivencia social generadas por la pandemia de COVID-19 precisamente a partir del segundo semestre de 2019 desactivaron estas y otras movilizaciones. De nuevo, no se vislumbró otra forma mejor de participación que la acción electoral. Eso provocó que las exigencias feministas, otras demandas y en especial la asignatura pendiente del combate de la desigualdad social volvieran a ser desplazadas por la preocupación por la forma de gobierno democrática.

Epílogo

Las democracias latinoamericanas sobreviven, pese a muchas circunstancias en su contra. La competencia por el poder se dirime más en las urnas y menos mediante las armas. Actores que antaño carecían de visibilidad en la acción política hoy actúan de manera abierta en aras de ocupar las oficinas para la toma de decisiones. Gobernantes locales, integrantes de los Poderes Judiciales constitucionales, representantes del empresariado, de iglesias evangélicas y de organizaciones de la delincuencia organizada se han sumado a la lucha político-electoral. Casi todos aparecieron después de que agrupaciones y líderes de izquierdas ocuparan espacios que antaño les habían sido vedados. Al final, todos ellos gravitan en un espacio político lleno de contradicciones que da como resultado cambios en la forma de gobierno; a veces para el fortalecimiento de la democracia electoral, y en ocasiones para el beneficio de amplios sectores sociales.

La suma de estos dos elementos, democracia electoral más justicia social, es compleja puesto que las experiencias más provechosas para el conjunto social suelen ser lesivas de los derechos y las libertades políticas. No son pocos los gobernantes que han caído en la tentación autoritaria: pese a haber llegado al poder mediante elecciones, han hecho lo necesario para retenerlo, contraviniendo algunos de los principios fundamentales de la democracia. La reelección ha sido el principal recurso, pero no el único. También han manipulado las leyes para atacar a la disidencia, han limitado las libertades y en ciertos casos han perseguido y reprimido a sus detractores, como en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y México.

A la inversa, también encontramos ejemplos de este comportamiento poco democrático de distintos actores políticos, titulares de Poderes Ejecutivos, integrantes de Congresos, jueces y magistrados, propietarios de medios de comunicación masiva, agrupaciones civiles y partidos que han actuado al borde del Estado de derecho para conseguir sus propios fines, como en México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Honduras y Guatemala. Para ciertos actores, tales fines son políticos o económicos, con lo que el problema de la corrupción de las élites persiste.

El gran crecimiento de la delincuencia organizada en países como Colombia, México o El Salvador es otro signo de nuestros tiempos. Su desafío ahora no es solo hacia las instituciones encargadas de la seguridad, sino hacia los gobiernos en su conjunto. Su existencia también contribuye a la erosión de la democracia, puesto que compite por el monopolio del uso de la violencia legítima y por funciones de gobierno en otra época exclusivas del Estado.

Por encima de todo, hay que enfatizar que, pese a la persistencia de la democracia, la deuda social prevalece. Después del auge de las materias primas a principios de siglo, sobrevinieron sendas crisis que pusieron en predicamento el derrotero de los gobiernos progresistas. Algunas de las economías más poderosas experimentaron retrocesos insospechados poco tiempo atrás, como Brasil, Argentina y Venezuela. Después, la pandemia implicó un retroceso para toda la región, incluso en los países que, de suyo, habían seguido una ruta promisoria para sus sociedades (como Chile y Uruguay). Pero no son pocos los que, de hecho, experimentaron pronunciados retrocesos y que ahora enfrentan problemáticas más complejas porque desde hace tiempo carecen de políticas adecuadas para enfrentar la desigualdad social, la pobreza y la marginación. Estos son los problemas que requieren soluciones urgentes de los gobernantes, porque de ello depende el bienestar de millones de personas y también su compromiso con la democracia.

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