Abordaje teórico y contextual

Laura Hernández Arteaga^[1]

Introducción

El presente capítulo tiene por objetivo reflexionar sobre la democracia en el siglo XXI; se toma como un criterio de distinción analítica la relación entre semántica y estructuras sociales, esto es, se considera la autocomprensión de la democracia contemporánea a través de la semántica como expresión de “formaciones sociales” (Koselleck, 2012, p. 12); en nuestro caso, de formas de ejercicio del poder concretadas en órdenes político-institucionales, configuradas en contextos históricos específicos, así como de una reflexión de esos órdenes políticos mediante el análisis teórico.

Con esta distinción, se alude a la relación entre semántica y estructuras políticas, es decir, una observación histórico-contextual y otra teórica, pues las teorías son un lenguaje especializado a través del cual se reflexiona, comprende y actualiza el debate sobre la democracia contemporánea. Para ello, se ha elaborado una revisión de algunas perspectivas de la compleja y especializada teoría de la democracia contemporánea, articuladas sobre dos referentes: las teorías realistas, o mínimas, y algunas derivaciones recientes, por un lado, y las concepciones radicales, por otro. A su vez, en una segunda parte del capítulo, interpelando las estructuras políticas en un sentido macro, se da cuenta de una resemantización de la democracia liberal en los últimos decenios, en el entendido de que la separación del nivel semántico y el teórico responde a criterios analíticos, de modo que hay una relación entre ambos, como lo muestra el hecho de que en las últimas décadas las ciencias políticas han prestado mayor atención a temas como los procesos de democratización, sus desafíos y amenazas; estos últimos han sido analizados bajo la lógica de procesos de autocratización, iliberalismo o populismo, para referir algunos de ellos.

Algunas teorías sobre la democracia contemporánea

Si bien la democracia es el gobierno del pueblo, varias de las interpretaciones sobre ella destacan el carácter de autogobierno, cuyo dique es un andamiaje de instituciones y leyes; tiene razón Cornelius Castoriadis al afirmar que la “comunidad se gestiona en función de la ley existente: no se trata de tener una actividad legislativa de manera explícita”. Y agrega: “cuando hablemos de democracia, no pensemos simplemente en la existencia de una asamblea que delibera y decide de manera consensuada, ni en la ausencia de una dominación en el sentido factual del término por parte de un grupo especial”, sino que “es creación de una actividad explícitamente autoinstituyente de la colectividad” (Castoriadis, 2006, pp. 71-72).

En términos de sus fundamentos, el ethos democrático es la igualdad y el principio de la mayoría, según el cual esta última tiene la autoridad moral para juzgar de mejor manera que la minoría; por su parte, el ethos del liberalismo es el libre pensamiento, la tolerancia y el respeto a la persona y a su dignidad (Heller, 2000, p. 253). Alexis de Tocqueville elogió el legado de los padres fundadores por defender la igualdad y la libertad; en particular la igualdad de condiciones de los individuos para votar y ser votados y para acceder a cargos públicos, así como a un bienestar económico, material y social (Tocqueville, 2015, pp. 219 y 246).

Operativamente, la democracia occidental contemporánea es el sistema en el que se “aplica la regla de mayoría, […] para la elección de aquellos a quienes se les ha atribuido el poder de tomar decisiones de los órganos colegiados supremos” (Bobbio, 2003, p. 462). En línea de continuidad con esa afirmación, para Sartori la democracia contemporánea es sobre todo representativa, pues “el pueblo que cuenta es, sobre todo, aquella porción que entra en las específicas mayorías electorales victoriosas; estas cuentan en la acepción parcial del concepto sobre el poder; y que cada vez más, una serie de mecanismos de conversión separan el gobernar de los gobernados” (Sartori, 1993, p. 22).

Uno de los atractivos por los que la democracia ha prevalecido hasta nuestros días es, de acuerdo con John Dunn, su potente fuerza como una idea (Dunn, 1992). Una semántica concretada en los órdenes territoriales, esto es, en el Estado constitucional moderno, en su forma de democracia representativa. En ella son importantes el proceso de institucionalización de las reglas del juego político que regula los mecanismos a través de los cuales se accede al ejercicio del poder (por medio de las elecciones); el respeto de valores tales como la libertad, la igualdad y la salvaguarda de los derechos humanos; y el establecimiento de límites al ejercicio del poder mediante cuerpos intermediarios. Durante algunos períodos de los siglos XX y XXI, la democracia representativa había mostrado su pertinencia y viabilidad práctica como un sistema relativamente coherente de autoridad política (Dunn, 1992, p. 248). Sin embargo, como se expone en el siguiente apartado, en el actual milenio, en particular posteriormente a la crisis económica de 2007-2008, las democracias liberales han sido cuestionadas por no haber adoptado decisiones políticas que amortiguaran los efectos perniciosos del modelo neoliberal que ha sobrevalorado la renta financiera en detrimento de la inversión productiva, a costa de una redistribución del ingreso, alejándose del ideal regulativo de justicia que interpela el carácter normativo de la democracia. Para decirlo en otros términos, el problema de los bienes comunes ha devenido en una retórica sobre el mérito (Sandel, 2020)^[2] y no sobre decisiones de política pública que abonen a una igualdad de oportunidades con miras al bien colectivo.

En la llamada tercera ola de democratización (Huntington, 1994, cap. 1), mediante la cual cada vez más países se incorporaron a esta forma de ejercicio del poder (a mediados de los años setenta hasta los noventa), por un lado, y los problemas y desafíos de la democracia liberal por el ascenso de gobiernos derivados de liderazgos de tipo populista, por el otro, han impactado en un robustecimiento y una mayor especialización del campo de estudio de la teoría democrática. A continuación, se abordan algunas de las diversas teorías que se han desarrollado en los últimos decenios. No pretende ser un mapeo de todas ellas, pues durante los últimos años las ciencias sociales se han caracterizado por su especialización y prolijidad en la producción de conocimiento, y lo mismo ha sucedido en la reflexión sobre la democracia, manifestación del interés y preocupación por entender los riesgos, desafíos y robustecimiento tanto teóricos como su traducción en la política de la sociedad.

Teorías elitistas y realistas de la democracia

Schumpeterianas

Un clásico de la teoría realista de la democracia, también conocida como democracia competitiva mayoritaria, es Joseph A. Schumpeter (Shapiro, 2005, p. 21). Una perspectiva realista de la democracia no parte de la presunción del autogobierno y considera críticamente que el demos es conceptualmente abstracto y ha favorecido que, a nombre de la voluntad del pueblo,^[3] los políticos hayan utilizado el discurso para seducir a las masas. Como una forma de enfrentar esta debilidad, propone colocar en tanto elemento primario de la relación democrática la elección de aquellos que habrán de tomar las decisiones. En su libro Capitalismo, socialismo y democracia, escrito en 1942, afirma: “adoptamos el criterio de que el papel del pueblo es crear un gobierno o algún otro organismo intermediario, el cual crearía, a su vez, un ejecutivo nacional o gobierno” (Schumpeter, 1996, p. 343). El método para la elección de los gobernantes ‒el método democrático‒ implica un entramado institucional para la toma de decisiones, esto es, “un sistema institucional para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo” (Schumpeter, 1996, p. 343). Esta competencia es una “libre competencia por el libre voto” (p. 345).

Un funcionamiento óptimo del método democrático, agrega, requiere de una serie de condiciones que harán que una democracia funcione mejor que otra, entre ellas la propia disponibilidad de los líderes políticos, los cuales deben estar altamente preparados y tener una vocación política (Schumpeter, 1996, p. 369). Otra de las condiciones para el éxito de la democracia se refiere a la toma de decisiones políticas de manera eficaz y eficiente, pues de ello depende “la calidad de los hombres que forman el gobierno y del tipo de máquina política y de la índole de la opinión pública con la que tengan que actuar” (Schumpeter, 1996, p. 370).

Una tercera condición es que el gobierno disponga de una burocracia bien capacitada, con una buena reputación y con una capacidad de toma de decisiones autónoma, esto es, debe constituirse en “un poder por derecho propio” (Schumpeter, 1996, p. 372).

La autodisciplina democrática es un atributo importante para este pensador. Considera que es una forma de autocontención del Parlamento para no poner en apuros al gobierno, pues los líderes opositores del Parlamento deben aceptar el liderazgo de quien preside el gobierno y “su gabinete y los proponentes de reformas legislativas o de medidas administrativas específicas tienen que contentarse, por así decirlo, con guardar un turno ordenado, sin tratar de tomar por asalto la tienda” (Schumpeter, 1996, p. 373). Es interesante la concepción schumpeteriana sobre la democracia. El énfasis en el gobierno y los líderes que portan esa investidura, así como la idea de que solo participan de la toma de decisiones colectivas los más preparados ‒las élites políticas‒ orientaron las críticas hacia el elitismo político de este pensador. Aunado a esa concepción elitista, la democracia se refiere a la toma de decisiones en el y por el gobierno que se forma como producto de los resultados en una elección en la que se disputa el poder. Con base en ello es que algunos de sus críticos lo han catalogado como defensor de una postura conservadora de la democracia.

Como se ha dicho, el método de la democracia es la elección competitiva, no se interpela la idea de autogobierno ni de una voluntad general o un pueblo que aspira al bien común. Adam Przeworski e Ian Shapiro defienden la democracia como la mejor opción en un mundo de poder, conflicto y dominación. El primero hace una defensa de la concepción minimalista de la democracia de Schumpeter, al considerar que su idea salvaguarda no solo expresiones valorativas, sino “también empíricas asociadas con este término” y señala que su descripción empírica es correcta, pues lo que describe como democracia debe ser valorado positivamente (Przeworski, 1997, p. 4); para él, reivindicar una concepción minimalista de la democracia es reconocer que la política está inmersa en el conflicto de valores e intereses, lo cual convierte la “elección de los gobernantes” en algo “casi milagroso” (Przeworski, 1997, p. 24), la “mera posibilidad de poder cambiar a los gobiernos puede evitar la violencia” y “hacerlo por medio del voto tiene sus propias consecuencias” (Przeworski, 1997, p. 25). Este autor, al igual que Schumpeter, reduce la democracia a una competencia electoral bajo el liderazgo de un cuerpo de funcionarios y una división especializada de funciones.

Un aspecto relevante por destacar en esta concepción es el hecho de que una de las reglas de oro de la democracia es que la titularidad en el gobierno se deja una vez que se pierde una elección. Una de las claves mínimas para la estabilidad es que esos ganadores y perdedores no sean siempre las mismas personas o los mismos grupos (Chambers, 2024, p. 78), hay un cambio de los titulares que ocupan los cargos gubernamentales.

Como se mencionó, Ian Shapiro se ubica en línea de continuidad con la visión schumpeteriana de la democracia; la valora porque abona para construir una perspectiva que restrinja la dominación. Una de las cuestiones esenciales de la teoría democrática de Schumpeter, aduce, es considerar que “el poder solo se adquiere a través de la competencia y se mantiene por tiempo limitado” (Shapiro, 2005, p. 88). El desafío es estructurar la competencia política de manera tal que los partidos políticos gobiernen en beneficio del interés público, tanto como sea posible (Shapiro, 2024, p. 86). La no dominación es el núcleo de esta visión de la democracia, “hasta qué punto capacita a los ciudadanos para gestionar las relaciones de poder a la luz del criterio de minimizar la dominación” (Shapiro, 2005, p. 81). Una concepción centrada en el poder, afirma, permite confrontar los estudios normativos de la democracia con los que se producen empíricamente desde la ciencia política. A su vez, problematizar sobre la relación entre democracia y ciudadanía sin interpelar a un bien superior. “La reivindicación de una voz democrática en las decisiones colectivas, se sea o no ciudadano, descansa apropiadamente en el principio causal de mostrar hacia ello un legítimo interés” (Shapiro, 2005, p. 82), y, para ello, resulta central que “la filosofía operativa” sea establecer “el demos decisión a decisión, no pueblo a pueblo” (p. 83).

En política, argumenta Shapiro, los grupos buscan el poder para perseguir sus intereses. Un mecanismo institucional para protegerse de la dominación es la existencia de partidos políticos fuertes y eficaces (Chambers, 2024, pp. 80-81). El mejor procedimiento para los demócratas, afirma en La teoría de la democracia en el mundo real, es “diseñar y promover variantes de la democracia capaces de reducir la dominación”, a través del diseño de instituciones que puedan controlar el poder y promover la justicia. No todas las formas de democracia pueden lograrlo, el reto, afirma, es tener la creatividad para “descubrir cuáles son y cómo orientar las cosas en su dirección” (Shapiro, 2011, p. 25).

Epistocracia y democracia epistémica

En línea de continuidad con los supuestos básicos de la concepción elitista de Schumpeter, se encuentran los denominados epistócratas de la democracia y la democracia epistémica, con propuestas del demos distintas en contextos de la política mundial diferentes. En la actualidad, el otro no es el socialismo como se deduce del clásico libro de Schumpeter (Capitalismo, socialismo y democracia), sino el cuestionamiento al carácter liberal de las democracias contemporáneas por el ascenso de gobiernos que han apuntado al desmantelamiento de las instituciones que limitan la tentación del ejercicio absoluto del poder.

Entre los iniciadores del debate y reflexión sobre la epistocracia figura Jason Brennan (2016). Para este profesor estadounidense, la evidencia directa sugiere que los votantes son incompetentes y apoyan malas políticas, o a políticos que deciden mal sobre las políticas, debido a que no están bien informados y no procesan “esa información de una manera racional” (Brennan, 2016, p. 177).

En su opinión, los teoremas matemáticos (inteligencia colectiva, el teorema del Jurado de Condorcet y el teorema de Hong-Page^[4]) utilizados por algunas perspectivas de la elección social en la conceptualización de la democracia no son exitosos para demostrar que esta forma de gobierno sea competente, antes bien pueden torpedearla. Pese a ello, aduce en un tono libertario, a las democracias les va mejor de lo que cabría esperar, por lo mal informados e irracionales que son los votantes.

En particular critica la formulación de Hélène Landemore, quien con el empleo de los teoremas aludidos, está condenando su argumentación a favor de la democracia, pues, como ella misma afirma, el problema con las conclusiones optimistas del teorema de la inteligencia colectiva es basarse en la presunción de que hay una distribución simétrica (aleatoria o no) de errores en torno a la respuesta correcta (milagro de agregación) o que los errores están correlacionados negativamente (explicación de Hong y Page). Para Brennan, “si ambos supuestos son falsos, entonces su razonamiento falla. Observaciones similares se aplican a los otros dos teoremas a priori” (Landemore, 2012, p. 195, citado por Brennan, 2016, p. 176).

A diferencia de los teóricos de la epistocracia, los autores inscritos en la democracia epistémica colocan el acento de su análisis en el carácter deliberativo y en la calidad epistémica de las decisiones tomadas. Para esta perspectiva, los ciudadanos tienen una facultad de autodeterminación con relación a su capacidad para tomar decisiones correctas; consideran que un gobierno democrático no debe limitarse a la lógica procedimental con valores abstractos, tales como justicia, igualdad y libertad. En cambio, consideran que las instituciones democráticas pueden tomar decisiones que sigan algún estándar de corrección, como la verdad, la justicia o el bien común.

David Estlund, refiriéndose a la palabra griega episteme, problematiza sobre la legitimidad de la “epistocracia”, un “gobierno de los conocedores” o basado en el conocimiento^[5] (Estlund, 2011); critica tanto a la epistocracia, a la teoría democrática de la elección social, como a la teoría deliberativa de la democracia.^[6] La primera, en relación con la teoría de la elección racional, en particular en los libros de Kenneth Arrow, Social choice and individual values (1951), Anthony Downs, An economic theory of democracy (1957) y Mancur Olson, The logic of collective action (1965). Como afirma Tullock en su libro The vote motive, los votantes y los clientes son esencialmente las mismas personas. Al respecto menciona que “el Sr. Smith, quien compra y es el mismo hombre en el supermercado y en la casilla de votación” (Tullock, 1976, p. 5; citado por Green y Shapiro, 1994, p. 1). Los esfuerzos intelectuales de Buchanan y Tullock se orientan a elaborar una visión teórica que vincula disciplinas aparentemente tan diversas como la política y la economía. Anthony Downs, por su parte (La teoría económica de la democracia, 1957), argumenta que en una contienda electoral ideal cada votante decidiría su voto con base en su percepción de qué partido político o candidato le retribuya mayores beneficios, por lo cual el comportamiento individual con arreglo a fines racionales es el que guía la conducta política del ciudadano.

Como se decía, la democracia epistémica desarrolla argumentos en favor de la sabiduría de la mayoría y sostiene que la tendencia a tomar decisiones correctas proporciona una importante defensa de la democracia, si bien el “problema de la justificación públicamente aceptable plantea severos límites y otorga la democracia a su estatus especial, dado que existe un amplio margen para el desacuerdo razonable respecto de quiénes son los expertos”, la democracia, “necesita demostrar que tiene valor epistémico” (Estlund, 2011, p. 352).

En 1982 se publicó Liberalism Against Populism de William H. Riker, teórico político positivo, quien sostiene la tesis de que los hallazgos de la teoría de la elección social evidenciaban que la noción de una voluntad popular era inconsistente. Argumentó que el objetivo de las elecciones y de la democracia liberal es hacer posible la destitución de los funcionarios de sus cargos y no el discernir sobre el contenido de una voluntad popular colectiva, vinculada con la política populista. Esta última utiliza el voto para encarnar la supuesta voluntad popular en la ley. Tal incompatibilidad lógica no implica que el carácter liberal de las democracias contemporáneas no tenga futuro. La democracia promete igualdad, esto es, el derecho a la participación democrática, cuya esencia, para él, es la idea de igualdad jurídica, un valor proporcionado por la democracia liberal. Aunque no considera que haya incompatibilidad entre liberalismo y populismo, este último debe ser rechazado. Al respecto señala que “afortunadamente, el liberalismo sobrevive, aunque de una manera curiosa y enrevesada. El liberalismo no exige mucho del votante y, por lo tanto, las restricciones impuestas a la justificación del voto por la teoría de la elección social no hacen inalcanzable el ideal liberal” (Riker, 1988, p. 241).

El libro generó un debate en los teóricos deliberativos de la democracia, como Joshua Cohen, quien también ha abrazado la concepción de una democracia epistémica. En un ensayo titulado “Una concepción epistémica de la democracia”, Cohen, aunque está de acuerdo con Riker en que una “explicación puramente procedimental de la voluntad general” (Cohen, 1986, p. 28) implica que las decisiones de las mayorías a veces son erróneas y difíciles de interpretar, muestra su desacuerdo sobre la definición de populismo (Cohen, 1986, p. 27). No es propósito de este capítulo abordar la teorización sobre el populismo, solamente destaco la idea de voluntad general defendida por los populistas en la respuesta de Cohen al libro de Riker. Él retoma a Rousseau y afirma que para algunos populistas las decisiones de las mayorías proporcionan señales sobre la mejor manera de promover el bien común. Para estos “populistas razonables” los juicios de las mayorías, hechos en condiciones adecuadas, proporcionan un procedimiento razonable, aunque imperfecto, para determinar la voluntad general (Cohen, 1986, pp. 28-29). En el apartado donde aborda el “populismo epistémico”, Cohen apunta elementos para una interpretación epistémica del voto, la cual contiene tres puntos: (1) un estándar independiente de decisiones correctas, es decir, una explicación de la justicia o el bien común, independiente del consenso actual y de los resultados de las votaciones; (2) una explicación cognitiva del voto, el cual interpela la visión de que el voto expresa creencias sobre cuáles son las políticas correctas de acuerdo con un estándar independiente, más que las preferencias personales por determinadas políticas; y (3) una explicación acerca de la toma de decisiones, como un proceso de ajuste de creencias que se lleva a cabo a la luz de evidencias sobre la respuesta correcta proporcionada por las creencias de los demás (Cohen, 1986, p. 34).

Entre los autores que se inscriben en la teoría epistémica de la democracia, como se ha mencionado, figuran David Estlund, Helene Landemore y Sebastián Linares. Los teóricos epistémicos de la democracia problematizan también sobre la razonabilidad pública y el buen juicio en política, y cómo el conocimiento puede ser utilizado en una decisión política, esto es, sobre el problema de la legitimidad de la autoridad. Al respecto, Estlund formula “una situación ideal deliberativa epistémica”, pues “la autoridad y legitimidad dependen del valor epistémico (Estlund, 2011, pp. 223 y 234). Esto es denominado como un procedimentalismo epistémico que justifica la tendencia de la democracia a producir mejores decisiones. La democracia, afirma, “se desempeña mucho mejor que una lotería” (Estlund, 2011, p. 224), en alusión a la propuesta de los minipúblicos y El día de deliberación propuestos por Fishkin y Ackerman. A diferencia de los planteamientos de estos últimos autores que abogan por una democracia deliberativa, Estlund destaca que la legitimidad requiere de un sistema justo que sea epistémicamente mejor que el azar, una democracia bien diseñada tiende a desempeñarse mejor que el azar, en todo el amplio espectro de asuntos a tratar. Desde este punto de vista, se debe asumir que hay respuestas mejores y peores, correctas e incorrectas a las cuestiones políticas y no es necesario especificarlas, sino encontrar un procedimiento adecuado para alcanzar la respuesta correcta (Chambers, 2024, pp. 120-121).

Los supuestos y argumentos de la teoría epistémica de la democracia han sido objeto de reflexión y debate. El eje de las observaciones críticas se conecta con el escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar la verdad política o las respuestas que coadyuven a la toma de decisiones políticas correctas, sin que se tomen en consideración las desigualdades de los ciudadanos en el acceso al conocimiento, ya sea a través de una desigual educación o utilización de tecnologías digitales de comunicación. Cristina Lafont en su libro Democracia sin atajos (2021), al abordar esta teoría ‒si bien en su exposición entrelaza la epistocracia y la democracia epistémica‒, ha señalado asertivamente que el riesgo de estas formulaciones es desplazar el carácter democrático de la toma de decisiones en la deliberación pública, dado que para los demócratas epistémicos “la deliberación de alta calidad epistémica podría asegurarse mejor por medios no democráticos, por ejemplo, mediante la deliberación limitada a una élite de expertos en política o a un pequeño grupo de ciudadanos seleccionados al azar”, lo cual pone en entredicho la “afirmación de que la deliberación y la toma de decisiones deben ser democráticas” (Lafont, 2021, p. 136).

Teorías radicales de la democracia

Como una reacción a los planteamientos de la concepción elitista procedimental o mínima de la democracia, en la séptima década del siglo previo se plantearon propuestas sobre la democracia participativa que colocaron en el centro de la discusión el carácter igualitario de la toma de decisiones y la reducción de la desigualdad social; su resonancia fue mayúscula por el auge de movimientos sociales de la época. Hoy en día el reclamo del carácter participativo y de autogobierno es transversal a distintas concepciones sobre la democracia. El mapeo de este debate trasciende los propósitos de este capítulo. Lo que se observa es que algunas perspectivas teóricas, desde la izquierda, han deslizado su punto de problematización y reflexión hacia la fundamentación teórica de una radicalización de la democracia.

En línea de continuidad con un proyecto ilustrado revisitado, Jürgen Habermas ‒quien a mediados de 1990 ha formulado argumentos más cercanos a una democracia deliberativa‒, Joshua Cohen, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, así como Étienne Balibar, para quien la democracia es “un proceso de ‘insurrección’ antioligárquica permanente, en lugar de un régimen estable” (Balibar, 2008, p. 52, citado por Chambers, 2024, p. 211); también Jacques Rancière, William Connolly, James Tully, entre otros (Chambers, 2024, p. 209), son ubicados como pensadores adscritos a esta teoría.

En una conferencia pronunciada en diciembre de 1988, La soberanía popular como procedimiento, Habermas delineó los trazos para “pensar hoy una república-democrática-radical” puesta en marcha por la Revolución francesa y cuya “disputa versa acerca de cómo puede compatibilizarse la igualdad con la libertad, la unidad con la pluralidad, o el derecho de la mayoría con el derecho de la minoría” (Habermas, 1998, p. 597). En su obra Facticidad y validez a este contenido de la soberanía le adiciona el carácter deliberativo de la democracia contemporánea y la presunción de que en el Estado de derecho no puede haber soberanía alguna que no esté legitimada en el derecho. “El Estado de derecho no puede tenerse ni mantenerse sin democracia radical” (Habermas, 1998, p. 61).

Por su parte, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe enfatizan el carácter conflictivo de la democracia. En Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, publicado en 1985, retoman el concepto de hegemonía de Gramsci y lo reformulan a la luz de sus lecturas del posestructuralismo francés, particularmente de Jacques Derrida y de las categorías del discurso y poder de Michel Foucault, para fundamentar conceptualmente una política y una democracia radicales como una redefinición del proyecto socialista. Afirman:

en nuestro texto, intentamos ligar la problemática teórica de la crítica al esencialismo y a la concepción del sujeto unitario y fundante, con el conjunto de problemas vinculados a la emergencia de nuevos antagonismos y a la transformación de la política en el mundo contemporáneo (Laclau y Mouffe, 1987, p. 5).

Agregan:

Esta democracia radicalizada y plural, que proponemos como objetivo de una nueva izquierda, se inscribe en la tradición del proyecto político “moderno” formulado a partir del Iluminismo, e intenta prolongar y profundizar la revolución democrática iniciada en el siglo XVIII, continuada en los discursos socialistas del siglo XIX, y que debe ser extendida hoy a esferas cada vez más numerosas de la sociedad y del Estado (Laclau y Mouffe, 1987, p. 6).

La hegemonía es vista como una lógica de articulación y contingencias, como una determinación misma de la identidad de los sujetos hegemónicos. La formación hegemónica “se construye a través de la regularidad en la dispersión, y esta dispersión incluye una proliferación de elementos muy diversos: sistemas de diferencias que definen parcialmente identidades relacionales; cadenas de equivalencias que subvierten a estas últimas” (Laclau y Mouffe, 1987, p. 242). Otro concepto central en el libro es el antagonismo, el cual tiene una dimensión ontológica y de permanencia, como el “límite de toda objetividad” y la identidad social como una demarcación del “otro” amenazante, irracional y hostil que va más allá de una comprensión razonable (pp. 208-209).

Ante la problemática determinación de los agentes del cambio a los que se enfrentó la izquierda tradicional, los autores afrontan el desafío intelectual de dar contenido a una democracia radicalizada. El teórico político y filósofo argentino falleció en abril de 2014; Chantal Mouffe sigue abonando ese proyecto de una teoría radical de la democracia. En la configuración de su conceptualización juega un papel destacado su lectura de la crítica que Carl Schmitt formuló a la democracia liberal, por su homogeneización del demos. Le reconoce el que haya comprendido que la violencia está presente en las relaciones políticas (Mouffe, 1999, p. 5), coincide con su crítica a la democracia liberal, pero no así con su lectura pesimista sobre su futuro. Para ella no hay duda de que existe una oposición entre la “gramática” liberal de la igualdad y la práctica de una igualdad democrática, la cual requiere de una distinción entre un “nosotros” y un “ellos” (Mouffe, 1999, p. 5).

En el horizonte político actual en el que se están situando ideologías y prácticas de extrema derecha y liderazgos populistas que han arribado al gobierno, desde donde están posicionando estratégicamente su ideario antiliberal e iliberal, esta filósofa de origen belga ha orientado sus reflexiones para dar contenido teórico a formas agonistas de negociación, lo que se ha traducido en un deslizamiento estratégico hacia una “democracia para un mundo agonista multipolar”, escenario en el que han emergido formas violentas de antagonismo, de relaciones entre enemigos en lugar de adversarios, que torpedean la pluralidad agonista (Mouffe, 2014, cap. 2).

Fundamenta su propuesta de un pluralismo agonista en la crítica al racionalismo y al universalismo; así como en la diferencia entre lo político y la política, entre agonismo y antagonismo. Sobre esto último, afirma que debemos olvidar la ilusión de un mundo más allá de la hegemonía para concebir una pluralización de esta, mediante un proceso de radicalización de la democracia en el que los conflictos no adopten una forma antagónica y se construyan instituciones más democráticas e igualitarias.

Debido a que la posibilidad de antagonismo se encuentra siempre presente, pues en la política todo el tiempo hay una distinción nosotros/ellos, Chantal Mouffe explica que su modelo agonista de democracia resulta pertinente frente a los otros dos enfoques de la teoría política democrática que ignoran tanto las identidades colectivas como los afectos y pasiones necesarios en el ámbito político: el modelo agregativo, que ve a los actores políticos moverse impulsados por la búsqueda de sus propios intereses, y el modelo deliberativo, que profundiza en el papel que juega la razón y en consideraciones morales.

Sobre las implicaciones que tiene identificar como concepto central de la política democrática agonista al “adversario” y no al “enemigo”, Mouffe dice que en una democracia eficaz los adversarios pretenden, a través de la lucha contra los otros, convertir sus posiciones en la nueva hegemonía sin ignorar que sus oponentes tienen legítimamente el derecho a defender las propias. Es claro que

Cuando las dinámicas agonistas del pluralismo se ven obstaculizadas por la falta de formas democráticas de identificación, entonces no se les puede dar a las pasiones una forma de expresión democrática. De esta manera se sientan las bases para diversas formas de políticas articuladas en torno a identidades esencialistas de tipo nacionalista, religioso o étnico, así como también para la multiplicación de confrontaciones en torno a valores morales no negociables, con todas las manifestaciones de violencia que dichas confrontaciones acarrean^[7] (Mouffe, 2014, p. 27).

De interés particular resulta el cuarto capítulo de su libro, “La política radical hoy”, que tiene como eje central identificar cuál es la estrategia necesaria para hacer frente, desde una política radical, al modelo actual de globalización neoliberal. La autora presenta dos: la deserción de las instituciones y el involucramiento crítico con ellas.

En la primera estrategia se retoman las ideas de Michael Hardt y Antonio Negri sobre un modelo de política radical altermoderno en el que se dé una ruptura con la modernidad a causa de las transformaciones en el siglo XX. Los autores interpelan formas nuevas de soberanía y nuevos términos para hablar del trabajo colectivo, imperio y multitud, respectivamente. Consideran que hay condiciones para la formación de un nuevo conjunto de relaciones que van a reemplazar al sistema capitalista.

Por otro lado, Paolo Virno, quien coincide en varias cosas con Hardt y Negri, agrega que en la era posfordista actual (manifestación clara del comunismo del capital) debe crearse una “república de la multitud” donde los asuntos comunes ya no sean controlados por el Estado, sino por la mul­titud cuya acción política se base en dos modelos de lucha contra la posmodernidad: el éxodo,

defección masiva del Estado con el fin de desarrollar la “esfera pública del Intelecto” [no estatal] fuera del trabajo y en oposición a él […] y un tipo radicalmente nuevo de democracia enmarcado en términos de la construcción y experimentación de formas no representativas y extraparlamentarias de democracia (Mouffe, 2014, p. 81);

y la desobediencia civil emancipada de la tradición liberal que, en vez de ignorar la ley, ponga en cuestión la facultad de mando del Estado.

Para ella, el problema de la ontología inmanentista en la que se basa la estrategia del éxodo, cuyo terreno primario es el de la multiplicidad, es que se vuelve incapaz de entender las relaciones antagónicas concebidas como negatividad radical y no reconoce lo político.^[8]

La segunda propuesta de política radical, identificada desde la crítica como involucramiento hegemónico, es la que Mouffe considera más adecuada porque, para ella, las transformaciones en la transición al posfordismo son mejor entendidas en términos de una lucha hegemónica donde se abandone la idea de que solo existe una lógica (las luchas obreras) actuando en la evolución del proceso del trabajo. Los autores que menciona para explicarla son Luc Boltanski y Ève Chiapello: su enfoque de “crítica artística” usada por la contracultura para gestionar las condiciones necesarias del nuevo modo de regulación capitalista es importante porque “muestra que un aspecto crucial de la transición del fordismo al posfordismo consistió en un proceso de rearticulación discursiva de los discursos y las prácticas ya existentes” (Mouffe, 2014, pp. 83-84).

Chantal Mouffe afirma que la crítica y desarticulación de la hegemonía no puede ser concebida en términos de deserción, porque tiene que estar acompañada de la rearticulación ignorada por quienes abogan por la primera estrategia. Para Chantal Mouffe, los defensores de esta estrategia omiten un aspecto clave: la necesidad de un “ellos” que se constituya en un “nosotros”, es decir, la creación de una voluntad colectiva con la identificación de un adversario común. Tal estrategia requiere que una pluralidad de actores (partidos, sindicatos, movimientos sociales) construyan las condiciones de una nueva hegemonía (“guerra de posición”). Lo cual requiere de una “profunda transformación de estas instituciones a través de una combinación de luchas parlamentarias y extraparlamentarias con el fin de convertirlas en un vehículo para la expresión de la diversidad de demandas democráticas” (Mouffe, 2014, p. 85).

Para la autora, el proyecto emancipatorio debe pensarse necesariamente en términos de radicalización de la democracia y no como eliminación de poder, y desde un punto de vista en el que los agentes sociales se identifiquen con la totalidad social (Mouffe, 2014, p. 92).

La democracia en el contexto de una ola de autocratización

Los procesos de democratización, experimentados en los últimos treinta años del siglo XX, contextualizados en lo que Huntington ha denominado tercera ola de democratización, son el marco en el que han surgido debates sobre la democracia liberal y su carácter concreto y práctico en las formas de democracia realmente existentes. Características distintivas de esta son los controles y equilibrios entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el respeto a derechos individuales sustantivos, así como libertades políticas y civiles.

Como se ha mencionado, hay una línea de continuidad reflexiva y teórica entre las democracias realmente existentes y la conceptualización que se hace de ellas (Pasquino, 2011, p. 318); su reflexión es parte de la semántica de la época. Se puede estudiar y problematizar sobre las instituciones y su configuración, así como sobre los cambios que dan forma a un determinado tipo de democracia, a través de su propia operación, en la que confluyen tanto los contextos nacionales como los conflictos, los disensos y el cambio en las reglas del juego, además de otro tipo de factores que pueden robustecerla o debilitarla. La democracia liberal^[9] está siendo resemantizada por la emergencia de formas de ejercicio del poder que, inmersos en los efectos de la globalización y en el marco de las fronteras de su influencia política, han articulado un discurso que desestima la legitimidad del carácter liberal de su forma de gobierno y, desde el poder, se construye un imaginario de un gobierno que se conduce democráticamente, cuando en la práctica amenaza a las instituciones que la caracterizan. La democracia que se ha configurado durante seis décadas está oscilante. Vale recordar que la propagación de las democracias liberales se da en un contexto de crecimiento económico, la “época dorada” y la emergencia de un papel activo del Estado en la economía. Se alentaron políticas de tipo keynesiano que lograron el pleno empleo, el cual se generalizó “hasta los años sesenta, cuando el índice medio de paro en Europa occidental se situó en el 1.5 por 100” (Hobsbawm, 1998, p. 262).

A decir de Fukuyama, el período de 1950 a 1970 es de apogeo de la democracia liberal en el mundo desarrollado, el compromiso liberal con los derechos de propiedad y el Estado de derecho sentaron las bases para esa coexistencia. La convergencia entre liberalismo y democracia permitió una moderación de las desigualdades creadas por la competencia del mercado y la prosperidad general, lo que posibilitó que las legislaturas elegidas democráticamente crearan y garantizaran políticas redistributivas propias del llamado Estado de bienestar, lo cual permitió empleos relativamente estables y el incremento de los ingresos de los trabajadores (Fukuyama, 2022, p. 14).

Hacia los años noventa y fines del siglo XX, la autodescripción del sistema político mundial como liberal-democrático se consolidaba por la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y la transición económica y política de los expaíses comunistas. Los Estados Unidos parecían tener la dirección y hegemonía en las instituciones globales. Francis Fukuyama leyó este fenómeno como “el fin de la historia”, esto es, la expresión de que el dualismo ideológico socialismo/liberalismo de la llamada Guerra Fría era sustituido por el predominio de un orden mundial en el que prevalecían los valores liberal-democráticos con el liderazgo de los Estados Unidos. En esos años la política mundial de Occidente parecía indicar que la democracia liberal sería robustecida y extendida geográficamente por la relevancia que en el sistema de la economía había tenido el libre mercado, así como por la revolución de la comunicación mundial por el desarrollo de las nuevas tecnologías y su impacto en los medios de comunicación de masas, así como el uso generalizado del internet y las redes sociales (Hernández, 2024). No obstante, a casi media década de modelo de desarrollo neoliberal, no solo se había globalizado el mundo, sino que se habían adoptado una serie de decisiones económicas ‒también políticas‒ que favorecieron un proceso de financiarización de la economía en detrimento del capital productivo, de la generación de empleos, de modo que se incrementó la desigualdad mediante el ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres. Con la agravante de que el Estado no jugaba un papel de equilibrio como en la é­­poca del Estado de bienestar.

La lógica especulativa de los mercados financieros colapsó con el desplome de las inversiones del Banco de Lehmann Brothers, prolegómeno de la crisis económica y financiera de 2008. Esta es otra variable que se adiciona a las razones por las cuales se ha posicionado una retórica que critica las instituciones de la democracia liberal. Esta representa el punto álgido en el desarrollo del neoliberalismo, a la vez que una punta del iceberg de las consecuencias que este patrón de acumulación ‒que data de los años ochenta, con las políticas adoptadas por el Consenso de Washington^[10]‒ ha tenido en los niveles de concentración del ingreso en la población. Como lo ha expuesto Michael Sandel para el caso estadounidense, lo desalentador de la situación postcrisis es que los gobiernos han adoptado decisiones en materia de política económica que han salvaguardado los intereses del poder económico.

Cuando los progresistas no defienden al pueblo frente a los poderosos haciendo que el poder económico rinda cuentas democráticas, el electorado busca alternativas. Eso fue lo que ocurrió en 2016. Cuando los estadounidenses acudieron a las urnas entonces, tras ocho años de presidencia de Obama, un 75 por ciento de ellos decían en las encuestas que estaban buscando a un dirigente que “rescatara al país de las garras de la gente rica y poderosa” (Sandel, 2023, p. 328).

La desigualdad en contextos de sociedades de la información y ante expectativas de una menor prosperidad, sumado a la proletarización de las clases medias ha provocado que se debilite su lealtad a los valores liberales de la democracia. Así, se constituyen en caldo de cultivo para un ambiente de críticas a las promesas de la democracia liberal y la emergencia de una nueva oleada de gobiernos autoritarios.^[11] La crítica proviene tanto de la derecha como de la izquierda; los discursos de la derecha radical francesa son un ejemplo de ello.

Autocratización y crisis de la democracia

En lo que va del actual milenio se ha posicionado la idea de que la democracia está en una fase recesiva o de crisis. No es el propósito detenerse en el debate teórico sobre la existencia de una crisis de la democracia hoy en día, sino señalar estilos de liderazgos que utilizan la polarización como una estrategia de posicionamiento estratégico en el poder, y cuyo arribo al gobierno puede limitar los mecanismos de control que impiden que el Ejecutivo intente concentrar el poder en sus propias manos a expensas de tribunales, legislaturas y otros órganos de control independientes. No fortuitamente, Pierre Rosanvallon ha mencionado que la presidencialización del poder es uno de los riesgos de la democracia actual. “Si hay enfermedad del presidencialismo, la hay en el sentido de esta atrofia” (Rosanvallon, 2015, p. 26).

Lo que se ha denominado una “tercera ola de autocratización” (Lührmann, Lindberg, Grahn, 2019, 2020), siguiendo la idea de las contra olas expuestas por Huntington, se refiere al proceso de debilitamiento de las instituciones de la democracia liberal en el mundo y al incremento de a­deptos a los gobiernos unipersonales que socavan las instituciones de la democracia representativa. Esta ola autocratizadora se suma a las experimentadas en los años 1926 a 1942, donde la democracia cedió ante el ascenso del nacionalsocialismo y del totalitarismo comunista, y la siguiente de los años sesenta a setenta, con el advenimiento de las dictaduras militares, sobre todo en América Latina.

Los autores definen la autocratización como una disminución de los atributos democráticos, de la democracia liberal, los cuales observan a través del Índice de Democracia Liberal (LDI) de V-Dem. Mientras que conceptúan a la democratización como un proceso opuesto, esto es, un mejoramiento significativo en la escala LDI, ya sea que se produzca en autocracias, mediante la liberalización política, o en democracias por una profundización democrática^[12] (Lührmann, Grahn, Morgan 2019, p. 895), Skaaning (2020) ha criticado que Lührmann y Lindberg establezcan 1994 como el comienzo del proceso de autocratización, así como la forma en que construyen el contenido “convencional” del concepto.^[13] Los propósitos de este capítulo trascienden esta discusión, pues se observa la autocratización como una expresión de los cambios en las estructuras e instituciones políticas de la democracia liberal contemporánea. Si atendemos a los datos, a lo largo de varios años se observa cómo el número de países que han experimentado una autocratización ha aumentado de 11 en 2000 a 26 en 2019. En 2023, en conjunto las autocracias electorales y cerradas suman 89 países con esa forma de gobierno. Con relación a las democracias liberales, tanto consolidadas como electorales, en 2010 se registraban 45 países cuya democracia era de tipo consolidado y 55 más de carácter electoral; en 2019, 37 países tenían democracias liberales y 50 electorales, para 2023 eran 43 y 32, respectivamente (V-Dem, 2018, 2023 y 2024). Esto es, se estaban minando los valores liberales en esos gobiernos.

Europa del Este y Asia Central poscomunistas registran los aumentos más pronunciados en el número de países que se tornaron más autocráticos, entre ellos Hungría, Turquía, Polonia y Serbia. La proporción de afectados por la autocratización en esta región supera el 35 %. Destacan los casos turco y húngaro por la profundización de la autocratización en la última década. En América destaca el caso de los Estados Unidos, que con la primera presidencia de Donald Trump registró un declive del 11 % en los índices de democracia liberal (LDI), al pasar de 0.81 en 2016, recién electo a la presidencia de los Estados Unidos, a 0.70 en 2019. Mientras que la región de Oriente Medio y África del Norte sigue siendo la menos democrática del mundo (Maerz, Lührmann, Hellmeier, 2020, p. 915).

Los países que han experimentado regresión al pasar de democracias electorales a autocracias electorales y de estas a autocracias cerradas son países con democracias débiles, por lo cual también su fragilidad institucional los hace más susceptibles de ejercicios de gobierno de tipo iliberal y estilos de liderazgo populistas.

Destaca también el posicionamiento de estrategias de polarización política, el ataque a libertades liberales básicas y a los derechos de las minorías, así como a instituciones que limitan el ejercicio del poder y a las reglas electorales por parte de gobernantes que se han perpetuado o desean perpetuarse en el poder.

Europa ha tenido en los últimos años un ascenso de la derecha radical en ámbitos de toma de decisiones, con un ideario relativamente compartido en los distintos países: crítica a las políticas migratorias, cuestionamiento a la Unión Europea, un nacionalismo recalcitrante y un rechazo a la globalización; la defensa de políticas proteccionistas y la negación de los derechos de las minorías homosexuales y del feminismo.

El aumento de este tipo de partidos en las últimas décadas es una de las expresiones de la pérdida de confianza en los partidos políticos tradicionales. Si bien sigue siendo parte de las opciones electorales para llegar al poder, los votantes los han desplazado. Como lo ha señalado Przeworski: “Lo novedoso es que los dos tipos de organización que solían representar a la clase trabajadora –los partidos socialdemócratas y los sindicatos– han perdido su capacidad de representación”, también, agrega, se ha modificado “la base social de apoyo a los movimientos de derecha.” Agrega:

Tradicionalmente, esos movimientos contaron con el apoyo de la pequeña burguesía –cuentapropistas, pequeños comerciantes, artesanos y granjeros– pero ahora buscan atraer a la clase trabajadora para sumarla a su base histórica. A medida que los partidos socialdemócratas se han ido aburguesando, los partidos de derecha se van proletarizando (Przeworski, 2022, p. 141).

Durante la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 se intensificó la coacción a las instituciones liberales, por ejemplo en Hungría, India, Filipinas y los Estados Unidos. En este último país, prototipo de la democracia liberal, se observa en la intención de Donald Trump, en enero de 2021, de no reconocer el triunfo de Joe Biden (con el 50.8 % de la votación) alegando supuesto fraude electoral y haciendo un llamado a irrumpir en el Congreso e impedir la validación de los comicios. El discurso de polarización utilizado por el expresidente estadounidense debilitó la credibilidad de sus seguidores en el proceso electoral, profundizada por el diseño de elección indirecta, ante una elección muy competida y cerrada. Los discursos polarizantes afectan la credibilidad en las instituciones democráticas; aunado a esta forma de hacer política, “las rupturas democráticas en una serie de países, como Venezuela, Myanmar, Malí, Turquía y Tailandia, han estimulado un pesimismo democrático que no puede ser ignorado por los estudiosos de la democracia” (Møller y Skaaning, 2024, p. xii).

Algunos de los gobernantes que han participado del proceso de autocratización han posicionado una semántica que interpela a la democracia sin liberalismo, esto es, una democracia iliberal,^[14] como lo ha manifestado en diversas ocasiones el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien en 2016 afirmó que “estamos observando una degradación evidente en términos políticos del concepto de democracia en la sociedad occidental” (Lancerau, 2022, p. 12). La experiencia de gobiernos iliberales como los de Viktor Orbán en Hungría y Recep Tayyip Erdogan en Turquía, si bien han tenido trayectorias particulares en su historia reciente, coinciden en los mecanismos políticos y jurídicos a través de los cuales se ha robustecido el carácter iliberal de sus “democracias” (como Orbán lo ha expresado de manera reiterada en sus discursos). Un caso singular es Polonia, que desde 2015 y hasta fines de 2023 fue gobernado por el partido Ley y Justicia, también de orientación iliberal. Un contexto distinto de ejercicio de poder se abrió con el triunfo de la oposición centrista proeuropea en las elecciones legislativas de octubre de ese año y el triunfo del primer ministro Donald Tusk.

Conclusiones

Como se puede observar de lo expuesto, la democracia está inserta en un contexto geopolítico, económico y social que la aleja del ideal cosmopolita que estaba en el debate hace un par de décadas y la coloca en áreas de amenaza. Paradójicamente, lo que se lee también como crisis y erosión se ha acompañado de un proceso reflexivo muy productivo.

Las teorías democráticas que se han expuesto en este capítulo, y otras que no se han abordado, como la deliberativa o la concepción republicana, entre otras, dada la vastedad y complejidad de sus agregaciones de enfoques teóricos y metodológicos, constituyen una herramienta para la autocomprensión de la vida política y, en ese sentido, están aportando a una mejor comprensión de los desafíos institucionales, de valores y narrativa en los que está inserta, y también en la búsqueda de lo que, para cada enfoque, es la óptima democracia que garantice las libertades sustantivas legadas por el liberalismo, la participación política en y a través de las instituciones que le son distintivas y que se han enriquecido como parte de un proceso evolutivo, así como los mecanismos de distribución del poder.

Tenía razón Norberto Bobbio en su exposición de las promesas incumplidas de la democracia. Acaso habrán de actualizarse a la luz de los desafíos que hoy enfrentan las democracias en el mundo, pero la siguiente afirmación de este filósofo político turinés sigue vigente:

[…] El contenido mínimo del Estado democrático no ha decaído: garantía de los principales derechos de libertad, existencia de varios partidos en competencia, elecciones periódicas y sufragio universal, decisiones colectivas o concertadas tomadas con base en el principio de mayoría, de cualquier manera siempre después del debate libre entre las partes o entre los aliados de una coalición de gobierno^[15] (Bobbio, 1986, p. 29).

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