a. Identidad y esbozos de una nueva territorialidad

A propósito de la ola de terror de 1812, Halperin Donghi señala que “de este modo la revolución ha enfrentado a un grupo entero, lo ha excluido de la sociedad que comienza a reorganizarse bajo su signo, y sólo ha aceptado a reclutas individuales que provienen del mismo”^[1]. Di Meglio, por su parte, indica:

Esa polarización contribuyó a integrar en el cuerpo americano a todos los que no eran peninsulares. De acuerdo al relato de Beruti [N. del R.: ver Memorias curiosas, obra citada], el plan de los europeos conjurados en 1812 era matar a los miembros del gobierno, “desterrar todos los hijos del país los indios, las castas y los negros, porque el proyecto era que no hubiese en esta capital un solo individuo que no fuese español europeo”, y remataba que el fin era “volver a los americanos a una situación más servil que la pasada”. En realidad lo que tramaban los conspiradores nunca se supo fehacientemente y lo recogido por Beruti fueron sin duda rumores que corrían, que dividían tajantemente a los europeos de todo el resto. Dentro de la porción “americana” la jerarquía social no se modificó –incluso los españoles europeos de la elite que adhirieron a la nueva causa continuaron gozando de su posición privilegiada– pero se fue quebrando su contenido formal. Las tensiones sociales asomaban levemente en la época, pero el conflicto central era claro: la lucha contra los sarracenos, los mandones. En torno a ésta se fue afianzando la construcción de esa idea colectiva de patria, de la que se sintieron parte los que habían sido súbditos de segunda y tercera categoría del rey, como es notorio en el caso de los negros^[2].

El cronista Juan Manuel Beruti, un observador contemporáneo cuya presunta neutralidad sirve como lente de los sentimientos sociales prevalentes en la época, usaba profusamente la diferenciación entre europeos y americanos y se permitía demonizar a los primeros, haciendo foco en Martín de Álzaga

[…] cuyo individuo después de tantas glorias adquiridas, pudiente, y lleno de satisfacciones y honras, vino a los cinco años de ellas a morir por traidor a la patria, afrentosamente en una horca, en medio de la plaza Mayor, en la que en el tiempo citado se coronó de gloria […] El superior Gobierno ha castigado el delito de los culpados; pero no les ha confiscado sus bienes, por no arruinar sus familias inocentes. Aprendan los europeos a ser generosos y desinteresados, que si la suerte nos hubiera sido contraria, todos los bienes de los patricios los habrían confiscado […]^[3].

Todo está allí: “nosotros”, “ellos” y un nuevo orden americano que, si no es acatado, expulsa con violencia al disidente. No sorprende, en tal ambiente, que el proceso identitario se fuera plasmando en el lenguaje emanado del gobierno. En pleno proceso, el 18 de julio, el Triunvirato volvía sobre la cuestión de las armas en manos de peninsulares en estos términos:

Por cuanto se ha observado que sin embargo de la publicación del Bando del 6 del corriente son muy pocas las armas que se han presentado por los españoles europeos; y deseando con el deseo más eficaz evitar la efusión de sangre y alejar todo motivo que pueda comprometer el rigor de la justicia en obsequio a la seguridad y tranquilidad pública, poniendo en conflicto la sensibilidad del gobierno y los sentimientos generosos del pueblo americano, ha venido el gobierno en ordenar y mandar: que todos los españoles europeos que existan en esta Capital y sus arrabales […] exceptuándose única y exclusivamente a los que se hayan empleado en el servicio del ejército entreguen en el término de dos días las armas de chispa y blancas largas que tengan en su poder bajo la pena de horca […] El gobierno devolverá las armas a los españoles europeos que por su notorio patriotismo se hayan hecho acreedores a esa confianza, a cuyo fin les pasará un título autorizado, para que considerados como verdaderos americanos e iguales en derecho queden excluidos […]^[4].

Más adelante, el mismo documento refiere que el gobierno

[…] ha querido dar en este último paso la prueba más justificada de su clemencia y de sus consideraciones a los todos españoles y para que ninguno alegue ignorancia ni encuentre disculpa a su obstinada ceguera cuando fuere sorprendido en fuerza de las medidas que al efecto van a decretarse […]^[5].

Claramente se recorta ya lo español europeo, y más aun, lo español a secas de lo americano, definido, más que como un criterio de nacimiento como uno de lealtad al nuevo poder revolucionario. Otro mensaje del Primer Triunvirato a la población, el anteriormente citado del 24 de julio, que daba por superada la conspiración y clamaba “¡basta de sangre!” para furia de los elementos más antipeninsulares de la población, directamente hablaba de “los españoles” y del “pueblo americano”^[6].

La patria, se observa, apelaba a una nueva identidad, más abarcativa, que no estaba constituida solo por el “pueblo” de Buenos Aires. Por el contrario, la ya mencionada sentencia contra Martín de Álzaga del 4 de julio alude a un “enemigo” ubicado “dentro del seno mismo de la patria” que “atenta tan enormemente contra los más sagrados derechos de sus hijos y de los pueblos”. La patria emerge, entonces, como un conglomerado de pueblos –ciudades–, en cuyo nombre habla un gobierno con pretensión de centralidad.

Esta embrionaria idea de territorialidad no era caprichosa, toda vez que la represión del complot tuvo eco en las autoridades locales de Catamarca y Córdoba^[7]. En el primer caso, un expediente fechado en Buenos Aires el 2 de abril de 1813 alude a Francisco de Acuña como un “europeo, enemigo decidido de la causa nacional y por notoriedad complicado en la conjuración de esta capital” –bastardillas del autor de este libro–. Se trata, dada la época, de una curiosa y, sin dudas, poco frecuente alusión a una nueva “nacionalidad”.

Los cambios que catalizó el juicio contra los españoles alumbraron una nueva sociedad, de predominio criollo, lo que liberó la pretensión de los revolucionarios de Buenos Aires, evidenciada desde los propios hechos de Mayo, de proyectar su poder al resto del territorio del virreinato caído, algo que se tradujo tempranamente en el despacho de partidas militares al Alto Perú y a Paraguay. Vale aclarar que esto, que contó con la adhesión de amplios sectores de las sociedades del interior, no supone ninguna idea de nacionalidad avant la lettre, tema que se precisará sobre el final del trabajo. Sin embargo, no deja de ser un hecho llamativo en un contexto en el que algunos autores solo suponen identidades locales, de pueblo, o, por encima de todo y sin nada intermedio, de dimensión americana.

En esta línea, el juicio de 1812 expone, vis-à-vis el realizado por “independencia” en 1809 contra el mismo personaje, un avance en la idea de territorialidad amplia del nuevo orden revolucionario. Así lo refieren declaraciones de testigos y las propias conclusiones de las sentencias condenatorias, que hablan de la amenaza descubierta “contra esta Capital y el sistema de su libertad y la de todas las Provincias Unidas”^[8].

b. ¿Cómo captar un momento de cambio?

Este libro ha intentado analizar los eventos dramáticos de 1812 en una clave particular, la del pánico moral, un enfoque que, en palabras de Stanley Cohen, permite iluminar una “crisis de frontera, un período en el que la incertidumbre de un grupo sobre sí mismo se resuelve en confrontaciones rituales entre los desviados y los agentes oficiales de la comunidad”, acorralando a los primeros en la figura de un chivo expiatorio^[9]. Ahora bien, ¿cuándo una crisis de esa índole da lugar a efectos duraderos, a cambios sociales de fondo? En este sentido, Erich Goode y Nachman Ben-Yehuda afirman:

Con la erupción de un pánico moral dado, las líneas de batalla son redefinidas, los universos morales son reafirmados, los desviados son puestos a desfilar frente a los ciudadanos honrados y denunciados, las fronteras morales de la sociedad son solidificadas; en términos durkheimianos, la conciencia colectiva de la sociedad ha sido fortalecida. El mensaje del pánico moral es claro: no toleraremos esta conducta. A través de las reacciones extremas manifestadas como pánico, un mensaje claro y potente es enviado y recibido. En este sentido, incluso los pánicos relativamente transitorios que no dejan un legado organizacional, desde el punto de vista de la desviación y la moralidad, no resultan “desperdiciados”: ellos establecen fronteras morales precisas^[10].

En el caso de la “conspiración de los españoles”, esas fronteras son de nuevo signo, revolucionarias, propias de una sociedad en construcción, surgidas de una desviación previa y triunfante frente al orden colonial. Los cambios organizacionales a los que dio lugar ese proceso fueron muchos, con una reinterpretación, como se observó, de la vieja cultura de control social y con la creación de agentes específicos encargados de ponerla en práctica.

Este tipo de pánico moral, el que deja huella, es para Goode y Ben-Yehuda el que se inscribe en una larga serie de episodios, tal como ocurrió en la Buenos Aires de 1809 a 1812, con sucesivas oleadas de persecución popular y oficial contra la comunidad de peninsulares.

Desde la antropología, Fredrik Barth pensó el hecho cultural como una relación en torno a una idea, justamente, de “frontera”. De acuerdo con su enfoque, la identidad surge de una identificación negativa o por contraste que se da en torno a un eje étnico, religioso, político o de otro tipo. La construcción social de esa dicotomía convierte a “los otros” en miembros de otro grupo, supone un reconocimiento de las limitaciones para llegar a un entendimiento recíproco, marca diferencias de criterio para emitir juicios de valor y de conducta, y establece una restricción de la interacción posible a sectores que presuponen un común acuerdo e interés^[11]. La aplicación del modelo del pánico moral a los hechos de 1812 resulta útil para analizar ese proceso en un tramo clave de su dinámica.

El surgimiento –a partir de la identificación, estigmatización y exclusión del “otro”– de una identidad patriótica en la etapa preindependentista en el Río de la Plata no puede darse por concluido en esa coyuntura y, por el contrario, es un tema complejo y rico en matices. Este trabajo se propuso buscar un camino diferente para tratar esa cuestión con base en hechos ocurridos cuatro años antes de la declaración de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La intuición que lo animó tributa a la necesidad de no concebir una historia teleológica, sino una en la que la incertidumbre del momento estudiado sea adecuadamente valorada, restituyendo a la dinámica política del momento todos sus matices.

Aun en la incertidumbre, los revolucionarios de 1810 habían llevado su desafío demasiado lejos. La ruptura con la metrópoli ya no solamente era indisimulable, sino que no tenía retorno. Ahora bien, ¿cómo se debe pensar el hecho revolucionario?

“Cualquier intento de conceptualizar la historia revolucionaria comienza por la crítica de la idea de Revolución tal como fue vivida por los actores y transmitida por sus herederos”^[12], enseña François Furet. Así en 1789 como en 1810. Así en París como en Buenos Aires.

Hay allí una ambigüedad. Para intentar resolverla es necesario precisar algunas ideas que subyacen a las tensiones entre identidad y nación, conceptos particularmente resbaladizos. Este trabajo partió de tomar como válida la tesis de José Carlos Chiaramonte respecto de la imposibilidad de hablar de una nación argentina avant la lettre. Eso implica una superación clara de los postulados de la historiografía mitrista, que suponía una identidad nacional presente ya en 1810 y que no casualmente resultó crucial en la construcción de esta. Sin embargo, el enfoque de Chiaramonte, parte fundamental de la Nueva Historia Política, es cuestionado en parte por visiones alternativas sobre la cuestión.

Jorge Myers señala que esa perspectiva, en tanto privilegia los documentos jurídicos, minimiza la complejidad de factores de la cultura popular que no están presentes en ellos. Para este autor, un primer inconveniente del trabajo de Chiaramonte es que

[…] “resta importancia a la ambigüedad de los fenómenos históricos” especialmente al orden de lo cultural. El segundo consiste en que privilegia únicamente “la producción discursiva de un sector de la sociedad”, el de los letrados y jurisconsultos, dando por sentado que estos discursos pueden servir como evidencia válida para el resto de la sociedad. El tercero consiste en “exigirle a la metodología empleada que dé respuesta a interrogantes para cuyo estudio ella no es la más apropiada” ^[13].

¿Dónde corresponde situarse entonces?

El interrogante sobre el vínculo entre nación e identidad en el Río de la Plata saca a la luz los agujeros de la épica engendrada por la historiografía tradicional argentina, que pretendió hundir los orígenes de la nacionalidad en el movimiento de mayo de 1810 y convertir sus zigzagueos en un cálculo táctico deliberado, cuando en realidad eran expresión de las contradicciones y vacilaciones de un proyecto que se precipitó por la crisis de la monarquía española y en cuyo lenguaje dominaban, antes que la inflamación independentista, las proclamas de fidelidad al rey cautivo, Fernando VII. El debate sobre el tema, más complejo, bascula entre diversas posiciones, dos de cuyos exponentes más representativos son José Carlos Chiaramonte y Pilar González Bernaldo.

Para el primero, “la cuestión de la nacionalidad (fue) inexistente en las dos primeras décadas de vida independiente”, por lo que su conformación fue “un efecto, no una causa, de la historia de la organización de la Nación argentina actual”^[14]. Chiaramonte advierte certeramente contra el peligro de usar conceptos fuera de su época y contexto. Así, identifica para el período tratado “nación” con “Estado”, dado que la distinción entre ambos términos “es fruto de una etapa tardía, contemporánea al Romanticismo”^[15]. Más en concreto, señala que lo que “no existió, porque no era un rasgo de época, fue una identidad política de límites rioplatenses que correspondiese a alguna forma de nacionalidad”. Estos “sentimientos de identidad política (serán) construidos luego de la Independencia”, completa^[16].

Para rastrear dicha construcción, el autor edifica un esquema que arraiga las pertenencias identitarias en lo territorial. En ese sentido, constata que la crisis de la monarquía española de 1808, la cual disparó los procesos revolucionarios en América, convirtió a los “pueblos”, entendidos como ciudades, en los depositarios de la soberanía a través del principio de retroversión de su ejercicio en ausencia del monarca. Con el paso del tiempo, los vínculos tradicionales entre ciudad y campaña se redefinieron y surgió, a la inversa de lo que ocurría en el antiguo régimen, una distinción jurisdiccional entre ambos. Dicho proceso, que puso en juego la cuestión de la representación, terminó por generar los actores predominantes de su esquema de análisis: las provincias.

Herederas de aquella forma tradicional de soberanía tras la revolución de 1810, esas provincias adquirirían con el tiempo un carácter de virtuales Estados independientes. Estos, por último, entre intentos repetidamente fracasados de unificación –ya sea en función de un esquema con centro en Buenos Aires o de uno de tipo confederal–, de guerras continuas y de pactos sucesivos, organizarían hacia mediados del siglo XIX un Estado central federal que se reflejaría, bajo el influjo de los intelectuales románticos de la Generación del 37, en la construcción cultural de la argentinidad. En síntesis: nada de telos o de necesidad ni en la organización nacional ni en una identidad que surgiría recién al final de un largo camino. Chiaramonte ilustra su enfoque con la genealogía del término “argentino”, desde su inicial uso poético, pasando por su generalización como sinónimo de “porteño”, para culminar más adelante, como expresión del centralismo que guio el proceso, en su acepción definitiva. Con todo, citando una vez más a Myers, en “[…] el problema de la identidad, Chiaramonte parte de la presuposición de que el nombre es idéntico a la ‘identidad’ de un sujeto, ignorando de este modo una controversia filosófica y epistemológica tan antigua como la filosofía occidental”^[17].

Como se dijo, González Bernaldo difiere de la teoría de Chiaramonte. La invocación recurrente para toda Hispanoamérica de la nación como sujeto de soberanía a pesar de la inexistencia de Estados a los que pudieran asociarse sentimientos de indentidad, dice la autora, “llevó a José Carlos Chiaramonte a la afirmación de inexistencia, en el Río de la Plata, de una nación y de una identidad nacional durante la primera mitad de siglo XIX”. Así, lo refuta:

Acuerdo plenamente que el discurso de la nación de fines de siglo no puede proyectarse hacia principios del mismo. Pero el no encontrar hacia comienzos de siglo un nacionalismo del tipo del de fines no me parece ser prueba suficiente de la inexistencia de una representación nacional de la comunidad e incluso de un discurso de nación^[18].

Tributaria del pensamiento de François-Xavier Guerra, la autora remonta su planteo a la invasión napoleónica de España, las abdicaciones de Bayona, la vacatio regis resultante y el impacto de todo ese proceso en las percepciones políticas hispanoamericanas. La resultante “acefalía obligaba a la comunidad a pensarse sin el rey, o en todo caso a imaginarse como sujeto activo en esta relación”. Eso, a su vez, produjo

una inflexión importante en el imaginario social dentro del cual el concepto moderno de nación iba a pensarse. Así, si la ruptura con España plantea el problema de la organización de un Estado independiente, los acontecimientos ligaban este problema al de la sociedad que entonces está destinada a prefigurar la nación^[19].

González Bernaldo continúa su planteo resaltando la “profunda mutación cultural que hace posible primero el advenimiento de la nación como sujeto de soberanía y luego como pacto constitutivo de la sociedad”, en el que la vieja concepción organicista deja lugar paulatinamente a una moderna, basada en el individuo. En América, prosigue, predominó por este camino una noción política de la nación. Por ello, aunque no estén presentes elementos identitarios étnicos, es posible hablar en toda la regla de una nación identitaria, no necesariamente asociada, como sostiene Chiaramonte, al concepto de Estado^[20].

Si bien, como Chiaramonte, la autora coincide en la crítica a la visión liberal clásica “de la creación una nación ex-nihilo“, continúa su modelo concentrándose en “los preciosos indicios” que permiten “estudiar la particular configuración de los imaginarios colectivos que llevan a la población a identificarse con la nación” que, como en el caso que trata este texto, se asocia a “un proyecto de sociedad futura”^[21]. Todo lo analizado en términos de la construcción de un sujeto pueblo criollo, diferente del español peninsular, dentro de un nuevo orden revolucionario y a través de un proceso de pánico moral apunta en ese sentido.

c. Puertas que se abren

Las diferencias entre Chiaramonte y González Bernaldo se vinculan, en alguna medida, con un primer problema metodológico, sensible para el análisis del accionar de Martín de Álzaga, su final y el impacto político y social del proceso trabajado en este texto. ¿Debe el estudioso ser fiel exclusivamente a la visión de los actores que hacen la historia o debe juzgar la obra de estos a la distancia? González Bernaldo opta por lo segundo, mientras que, al revés, Chiaramonte indica ya en la “Advertencia” de su libro que

hemos creído menos propenso a equívocos […] partir de la indagación de qué era lo que esa gente pretendía estar haciendo cuando discutía la organización de lo que a veces llamaba estado y otras nación, y no de nociones formalmente definidas desde nuestras posibles preferencias conceptuales^[22].

El tema no es inocente, puesto que los puntos de partida de ambos condicionan en buena medida sus conclusiones. Para zanjar la cuestión vale acudir a un trabajo clásico: Pensar la Revolución Francesa, de François Furet. La apelación es pertinente no solo por el prestigio de su autor sino por el hecho de que trata de modo original el principal modelo de proceso político democrático de masas (en contraposición al clásico griego), que liquidó el antiguo régimen estamental para inaugurar una nueva sociabilidad basada en el individuo, articulada en términos contractuales y con base en una nueva legitimidad de tipo nacional.

Al realizar un severo cuestionamiento de las visiones precedentes de la Revolución fgrancesa, este autor reivindica la mirada del historiador, ejercida inevitablemente desde su lugar y su tiempo, como único modo de interpretar el pasado. Con la cautela debida, desde ya, para no caer en la “ilusión retrospectiva”^[23], señalada por el propio Furet, pero sin renunciar al rol central del estudioso.

Un segundo elemento metodológico a tener en cuenta está relacionado con la diferente evaluación que hacen sobre los polos continuidad-cambio. Chiaramonte y González Bernaldo jerarquizan de distinto modo el proceso revolucionario que se desata en 1810, que para el primero contiene predominantemente formas de antiguo régimen y para la segunda inaugura una nueva forma de sociabilidad. La cuestión se hace especialmente espinosa cuando, como en el caso de Martín de Álzaga y el complot del año 12, viejas formas de control social son apropiadas por un orden nuevo y empeñado en fundar una legitimidad sobre bases diferentes.

Ante lo que aparenta ser un callejón sin salida, Tulio Halperin Donghi ensaya un modo de resolver la disyuntiva entre continuidad y ruptura a través de una noción crucial para el tratamiento del problema identitario: los sentimientos plebeyos. En Revolución y guerra… describe un aspecto clave del proceso trabajado en este libro: la profunda inclinación antiespañola de las masas porteñas, que se expresó en una violencia llamativa en torno a mayo de 1810.

Desalojados los al cabo no muy numerosos funcionarios de designación metropolitana, la revolución ya no tiene enemigos… Sin embargo las cosas no están así: la hostilidad hacia los peninsulares no decae, pese a que el gobierno revolucionario ha buscado esquivarla […]. El bando del 26 de mayo ordena castigar con rigor a quien “concurra a la división entre españoles europeos y españoles americanos, tan contraria a la tranquilidad de los particulares y bien general del Estado”^[24].

Las advertencias contenidas en los comunicados de la Primera Junta y en la prensa oficial se suceden en paralelo al auge de la violencia, que sumerge a las autoridades en un contradictorio juego de protección y, a la vez, tirria respecto de los europeos. Los elementos de una identidad incipiente, presente en los sentimientos plebeyos, son tratados en un trabajo de Beatriz Bragoni y Sara Mata de López respecto de los casos de Mendoza y Salta.

Las autoras describen la existencia de una colaboración estrecha entre las élites locales y sectores populares amplios con el proceso revolucionario impulsado desde Buenos Aires. En ese sentido es relevante que ambas historiadoras, que entregan una casuística territorial doble, hallen elementos patrióticos en las rudas y jerárquicas relaciones del Ejército de los Andes y las milicias de Martín Miguel de Güemes, respectivamente, que entrañan aspectos tan sensibles como el vínculo entre los distintos sectores de las élites locales y de Buenos Aires; la adhesión, en el caso salteño, de Güemes al proyecto revolucionario incluso cuando el endeble gobierno central se vuelve en su contra; la aceptación, en Cuyo, de la llegada de un líder militar –José de San Martín– desde la excapital virreinal, y los rigores de un fuerte reclutamiento y una guerra prolongada en ambas regiones.

Particularmente interesante resulta el relato que realizan las autoras sobre los sentimientos de rivalidad por origen que surgen durante la campaña del Ejército de los Andes, sobre todo a la hora del reparto de reconocimientos y premios.

Una vez conformado el gobierno independiente en Chile, encabezado por O’Higgins, la nueva administración vio conveniente fortalecer los lazos de pertenencia entre oficiales chilenos y, a través de ellos, a las tropas movilizadas integradas ahora en una renovada pirámide guerrera. Ese estímulo que trazaba una línea que priorizaba el lugar de nacimiento y no el mérito en el desempeño guerrero acarreó complicaciones […] Un primer chispazo tuvo origen en los premios concedidos a oficiales del “ejército de Chile” y “no al de los Andes” por su acción en la memorable batalla de Maipú […]. Una vez controlado el conflicto a través de disposiciones variadas, se ordenó la lectura de una proclama durante tres días sucesivos. Allí se hacía eco de las disputas habidas entre los soldados de los ejércitos “al extremo de haberse batido con piedras y palos en número considerable”^[25].

Bragoni y Mata de López explican que

La apelación patriótica americana no eludía sino que reconocía la unidad de ambos ejércitos, adquiriendo manifestaciones simbólicas y discursivas distintivas. Esa integración diferenciada se puso en evidencia en las tres banderas destinadas a distinguir las operaciones militares que debían iniciar la expedición a Perú: […] el pabellón tricolor que identificaba al Estado de Chile, el bicolor de las Provincias Unidas y uno rojo que unía a todos bajo el significado de “Viva la Patria”^[26].

Las autoras caracterizan lo narrado en términos de “indicios”, “ambigüedad de vínculos” y “sensibilidades patrióticas”^[27], cautela que busca dar cuenta de un fenómeno que aún no puede vincularse con lo “nacional” stricto sensu pero que claramente surge en la época y que se expresa en el particular contexto de una guerra de independencia. En la misma línea, citan las palabras del teniente coronel José María Aguirre “al momento de justificar su retiro del ejército de los Andes”, con las que “juzgaba que los premios otorgados por la exitosa campaña de Perú no habían hecho justicia ‘a las privaciones y el honor del pabellón argentino’”^[28]. Esta fuente data de 1822 y resulta ajena a la genealogía del gentilicio que realizó Chiaramonte.