a. Contexto político-bélico y pánico moral

La situación militar del poder nacido de la Revolución de Mayo era extremadamente compleja a comienzos de 1812. El norte del antiguo virreinato se encontraba bajo presión de las tropas españolas al mando del general arequipeño José Manuel de Goyeneche, que habían recuperado el Alto Perú en junio del año previo en la batalla de Huaqui, y la Banda Oriental seguía constituyendo una amenaza mayúscula, con el control realista del Río de la Plata y el bloqueo del puerto de Buenos Aires^[1].

La situación política no era mejor, ya que las reyertas dentro de la nueva dirigencia se hacían cada vez más agudas. La “revolución de los orilleros” del 5 y 6 de abril de 1811, que marcó la irrupción impactante del factor plebeyo como actor político, había logrado fortalecer solo momentáneamente la posición de los saavedristas dentro de la Junta Grande en detrimento del ala morenista o radical, que resurgiría como factor de poder en enero de 1812 con la conformación de la Sociedad Patriótica de Bernardo de Monteagudo, pronto asociada a la Logia Lautaro^[2]. Enrique Williams Álzaga describe la relación entre ambos grupos como una unión en la que la primera actuaba como vocera de la segunda, que operaba en las sombras debido a su carácter secreto^[3].

El Primer Triunvirato, instaurado el 22 de septiembre de 1811 al calor de aquellos acontecimientos, temía adoptar demasiado abiertamente un programa independentista, algo intolerable para una Inglaterra preocupada por sostener los intereses de España en el marco de la lucha contra Francia. Esto, claro, dejaba a las autoridades sometidas a una constante erosión por parte del ala “jacobina” de la revolución^[4]. En este contexto se da la “conspiración de los españoles”, la que terminaría con la ejecución de Martín de Álzaga el 6 de julio de 1812, y cuyos orígenes se remontan al motín del 1 de enero de 1809, primera colisión abierta de las dos facciones surgidas de las Invasiones Inglesas y ya esbozadas hacia 1808^[5]: peninsulares y criollos.

A principios de 1812, en vista del clima de guerra con el poder realista de Montevideo, el Triunvirato comenzó una escalada contra las propiedades de los españoles europeos, que serían utilizadas para financiar las campañas militares. Una circular del 12 de enero ordenó al capitán general del Río de la Plata Gaspar de Vigodet declarar su “dinero en plata” en aquella ciudad, “en todo el virreinato de Lima y pueblos que fuerza el ejército del mando de Goyeneche”. En tanto, añade:

La propiedad de Vd. como cualquiera otra será legítima será inviolable, pero la más mínima infracción, renuncia, efugio u ocultamiento, a más de poner su casa en rigurosa requisición, precipitará a Vd. a una muerte civil. Los bienes, los hijos, la esposa, el suelo y los derechos que le ha dispensado hasta ahora este país desaparecerán para su persona […]^[6].

Esta resolución, aunque con cambios, fue publicada por bando un día después, y su contenido ubica a la población peninsular en general bajo sospecha de ser contrarrevolucionaria. El texto pone en la mira “el giro franco a la Península” de dinero “en poder de negociantes, almaceneros, tenderos y pulperos” derivado de operaciones de todo tipo que tengan como contraparte a “residentes en los Territorios Portugueses, de la Península Española, Virreynato de Lima y demás pueblos ocupados por el ejército del comando de Goyeneche”. Así, se extiende a aquellas categorías profesionales la obligación de declarar dichos valores en el plazo perentorio de 48 horas, “y si se les descubriese pertenencia no manifestada, se les confiscará en las penas de expatriación y privación de todos los derechos de ciudadanos, patria potestad y demás que dispensa el suelo y la protección del Gobierno del país”^[7].

El bando entrega otra novedad importante: el involucramiento de la población, sobre todo la criolla, en un proceso difícil de fiscalizar para el poder revolucionario. De ese modo, un tercio de lo confiscado iría como recompensa para el denunciante. Quedaba consagrado el quiebre de una sociedad en la que tanto peninsulares como americanos se habían definido hasta entonces simplemente como “españoles”^[8].

Enrique Williams Álzaga da cuenta detallada de confiscaciones efectivamente concretadas, ruinosas para el sector comercial peninsular, las que alcanzaron al propio Martín de Álzaga, quien por bando del 13 de enero de 1812 “fue escarnecido y puesto en la cárcel pública con dos pares de grillos”^[9]. El juez comisionado José Pedro Agrelo estuvo a cargo del caso. El carácter abusivo de esa confiscación fue reconocido en 1815 por las autoridades a los deudos del comerciante vasco^[10].

En un hecho compatible con un proceso de pánico moral, Álzaga va tomando poco a poco la condición de chivo expiatorio que concentra los avatares de un colectivo. Esa constatación permite ya llevar el análisis hacia aquel marco teórico, establecido en 1972 por el sociólogo Stanley Cohen. El trabajo de este sociólogo se refirió, en rigor, a una temática muy diferente a la de este trabajo: las reacciones sociales suscitadas en la Inglaterra de los años 1960 por la irrupción, considerada amenazante, de las tribus urbanas juveniles de los mods –modernistas– y los rockers –rockeros–^[11]. Pese a esa diferencia, la adopción de herramientas del modelo del pánico moral resultará útil a los fines de este trabajo, aunque demandará establecer una serie de adaptaciones al contexto del Río de la Plata preindependentista de principios del siglo XIX. Esta operación seguirá el camino de otras adecuaciones realizadas a hechos históricos diversos, apartados del caso original.

Para eso es necesario empezar por describir lo más sucintamente posible el modelo de pánico moral, haciendo abstracción de las particularidades del caso inicialmente estudiado por el sociólogo sudafricano. Este comienza su libro estableciendo que “las sociedades aparecen como sujetas, entonces y ahora, a períodos de pánico moral”, lo cual funda el carácter extensible del modelo a otros contextos históricos^[12].

A continuación, define el pánico moral –de modo intencionalmente general– como un proceso en el que

una condición, episodio, persona o grupo de personas emerge para ser definido como una amenaza a los valores e intereses sociales; su naturaleza es presentada de una manera estilizada y estereotipada por los medios masivos […] A veces el objeto del pánico es novedoso y otras es algo que ha tenido una larga existencia pero repentinamente salta a la luz pública^[13].

Ese objeto de pánico es el demonio popular (folk devil), “un recordatorio visible de lo que no debería ser”^[14]. Los episodios de 1812 parecen caer especialmente bien dentro de ese marco.

Cohen divide su estudio en tres partes. La primera es la de la reacción social, la segunda es la de los efectos de esta y la tercera, la del crecimiento del demonio popular y el pánico moral. Según el autor, la reacción social desmesurada se retroalimenta ante la presunción –real o fantaseada– de una desviación amenazante, arrinconando al elemento segregado en una identidad que echa raíces cada vez más profundas debido a la polarización que se apodera del colectivo general. Al igual que en la primera etapa, la reacción social condensa los principales lineamientos teóricos del enfoque, cuyas características tienen, a su vez, tres subfases: la de inventario, la de los temas de opinión y actitud y la de rescate y remedio.

La fase de inventario comprende el evento que revela la desviación; un primer momento de reacción no organizada y confusa a la amenaza moral; uno posterior, cuando comienza el inventario propiamente dicho, en el que los medios masivos de comunicación generan el estereotipo que se adosará al demonio popular, algo que supone una exageración de la gravedad del hecho; otro de predicción, marcado por la necesidad de poner remedio a la acechanza para asegurar que no se repita; y uno final de simbolización, dado por la creación de un sistema de estereotipos y etiquetas sobre la condición y la conducta de los desviados^[15].

La fase de los temas de opinión y actitud señala el modo en que el inventario se cristaliza en las opiniones y actitudes organizadas que signarán la reacción social al evento y darán forma a la búsqueda de un sentido para aquel, de modo de reducir sus ambigüedades más inquietantes^[16]. Este proceso consta, a su vez, de tres subcategorías: la de orientación, dada por el estado emocional desde el que la sociedad evalúa la desviación, fuertemente influida por una idea de desastre; la de imágenes, esto es, las opiniones sobre la naturaleza de los desviados conforme a los estereotipos creados en torno a ellos; y la de causación, es decir, las opiniones sobre las raíces de la desviación, entendida como una enfermedad social y reflejo de un mal de época^[17].

La tercera fase, de rescate y remedio, alude a lo que se hace efectivamente con el demonio popular o, al menos, lo que se considera que debería hacerse^[18]. De esa manera, el foco de Cohen se traslada al sistema de control social organizado y al modo en que responde a la amenaza percibida. Esta etapa se divide, a su vez, en tres: la de sensibilización, entendida como la resignificación y el ordenamiento operado por los medios de los elementos ambiguos que entrega la amenaza como evento^[19]; la de la cultura de control social, es decir, los mecanismos con los que los agentes del control social –tanto oficiales como paraoficiales– responden a la desviación, tales como las leyes, procedimientos, programas y organizaciones que actúan en nombre de la colectividad agredida^[20]; y la de la explotación, esto es, la caída de quienes serán segregados de la sociedad en manos de individuos y grupos que sacan partido de su condición^[21].

A continuación, se evaluarán algunos aspectos metodológicos que se deben resolver a fin de poder aplicar las herramientas conceptuales del modelo del pánico moral al caso que aquí se estudia. Una vez hecho eso, se pondrán en funcionamiento estas categorías, algunas más pertinentes que otras en atención a las particularidades del objeto tratado y a la limitación que suponen las fuentes que se han conservado sobre el período, evidentemente más limitadas que las que permitieron a Cohen construir su enfoque teórico.

b. Adaptabilidad de las herramientas del pánico moral

De modo fundamental, hay que resolver el problema de la aplicabilidad al Río de la Plata de 1812 de una teoría surgida de un estudio sobre el comportamiento de tribus urbanas juveniles del Reino Unido de la década de 1960. Lo que une ambos casos, a priori tan disímiles en época y lugar, es su carácter de amenazas y las reacciones sociales que estas suscitan. Como se dijo, el propio Cohen da la pauta en su libro de que el modelo capta una forma de dinámica social que no es privativa de una época y un espacio únicos. Así, sugiere distintos caminos etnográficos e históricos para analizar reacciones colectivas a desviaciones registradas en contextos diferentes, entre los que, por caso, cita las “olas de crímenes” del siglo XVII en Massachusetts^[22]. En otro pasaje, menciona como un caso de pánico moral el clima social que rodeó el proceso de abolición de la esclavitud^[23].

David Garland, otro miembro de esa escuela, alude a trabajos realizados en ese marco para estudiar “episodios de pánico moral de mediados del siglo XIX y anteriores”^[24]. Asimismo, Jefrey S. Victor establece que, “en tiempos medievales, la jerarquía de la Iglesia Católica organizó pánicos morales y persecuciones dirigidas a los herejes cátaros y más tarde a los caballeros templarios”^[25].

Sin embargo, para dar ese salto conceptual es necesario llenar de modo convincente la brecha que se produce entre el caso que trata este trabajo, de principios del siglo XIX, y el uso de herramientas propias de un enfoque que enfatiza el rol de los medios masivos de comunicación de la segunda mitad del XX. Para lidiar con esta cuestión hay que comenzar por no subestimar el rol de la prensa revolucionaria en 1812 ni su penetración para definir si es posible ir más allá de eso.

Desde el mismo inicio del siglo XIX, la fundación de periódicos fue intensa en el Río de la Plata, independientemente de que su perdurabilidad resultara acotada. Vinculados a la difusión del conocimiento en clave iluminista, surgieron el Telégrafo Mercantil, Rural, Político e Histórico del Río de la Plata, dirigido por Francisco Antonio Cabello y Mesa, que circuló entre 1801 y 1802; el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, de vida más larga, conducido por Juan Hipólito Vieytes entre 1802 y 1807; el Correo de Comercio, dirigido por Manuel Belgrano, presente entre 1810 y 1811; y la revolucionaria Gazeta de Buenos Ayres, nacida en 1810 y que permanecería hasta 1821. De acuerdo con Halperin Donghi,

que la palabra escrita es en Buenos Aires un medio de difusión ideológica no reservado a una minoría estrecha es un hecho observado por más de un testigo: la revolución multiplica las imprentas, que no están precisamente ociosas; es difícil encontrar en 1816 a un muchacho que no sepa leer^[26].

La “propaganda masiva” era el instrumento de la élite revolucionaria para su táctica de “choque frontal” con la España colonialista y para “su instrumento por excelencia, la guerra”. Dicha propaganda estaba “destinada a hacer arraigar en todos los porteños la conciencia orgullosa del poderío político, económico y militar de su ciudad”, lo cual “sirvió para poner tras de los dirigentes a la así evocada opinión plebeya”^[27].

El medio de prensa revolucionaria por excelencia, la Gazeta de Buenos Ayres, fundada en 1810, insistía en tono inflamado en tópicos como el peligro de una contrarrevolución llevada a cabo por “rebeldes” –primero denunciando a peninsulares específicos y más tarde, a toda esa comunidad–; en la presión para que los altos funcionarios y, más tarde, todos los jefes de familia juraran lealtad al nuevo orden; en la promoción de colectas para servir a la causa patriótica, que llevaba a ensalzar la generosidad de los pobres y la reticencia sospechosa de los ricos; y en la movilización bélica de la población, entre otros^[28].

Más allá de lo anterior, aun podría objetarse la pertinencia de comparar el efecto de los medios de prensa propios de la sociedad de masas, algo que caracteriza al enfoque del pánico moral, con el de los panfletos de aquellos tiempos. Cabe entonces observar a través de qué otros canales podía circular la opinión pública y cómo se la manipulaba en la época que motiva esta investigación. Uno de ellos, sin duda, es el sermón en las misas, instancia sobre la que el poder revolucionario puso especial énfasis a través de controles e intimidaciones a los párrocos^[29]. Otro, especialmente efectivo, es el simple rumor, generado y diseminado en pulperías, mercados y otros espacios de reunión, algo que será tratado más adelante en detalle. En ese sentido, Garland permite fundamentar este punto al señalar que identificar “un canal efectivo de comunicación colectiva es todo lo que se necesita”^[30] para estudiar procesos de pánico moral en épocas previas a la de los medios masivos. En efecto, en esos canales descansará la función de vehiculizar los estereotipos sobre el demonio popular, los rumores asociados a su acción conspirativa –real o supuesta– y la exageración sobre la amenaza que representa. Estos elementos son los que darán forma al pánico moral.

Garland señala, asimismo, otro problema que, aun siendo común a todos los trabajos sobre pánico moral, resulta aquí de interés. Si la desproporción entre la amenaza real y la reacción colectiva es un elemento central del enfoque, ¿cómo se la puede medir, con referencia a qué patrón objetivo? A falta de una multiplicidad de fuentes o, más todavía, de encuestas de opinión, es posible en el caso de la “conspiración de 1812” acudir como solución a lo que propone el propio autor: no considerar a la sociedad como un actor único, distinguir diversos sectores y reacciones a la desviación y ponderar qué decían los críticos del camino crudamente represivo que se emprendió para sofocarla. Como se podrá ver más adelante, de esa tarea puede surgir una idea concreta de la desmesura de la respuesta en boca de numerosos actores y testigos^[31]. Una desmesura que no apunta a reprimir la desviación de lo nuevo, como en el modelo teórico que se adopta, sino, en el hecho aquí trabajado, la de lo viejo como amenazante para un orden naciente.

c. Bajo una nueva lente

De acuerdo con las categorías definidas por Stanley Cohen en su enfoque de pánico moral, el evento que puso a la luz pública la desviación amenazante de una conspiración de peninsulares fue una denuncia realizada ante las autoridades revolucionarias. Cabe destacar que, en virtud de lo señalado más arriba, la idea de una vasta conspiración flotaba en el aire desde hacía tiempo en el contexto de un estado de opinión hostil hacia todo lo peninsular, tema sobre el cual se volverá.

Como se señaló anteriormente, el esclavo Ventura –quien a la postre obtendría como premio la libertad, 300 pesos pagados por el gobierno y el uniforme militar– dio la primera voz de alerta sobre la referida desviación el 30 de junio de 1812. En su declaración, señaló que el peninsular Francisco Lacar le había pedido tres semanas antes albergue para él y su hijo, quienes habían sido desalojados, en el rancho que habitaba en Barracas, a lo que debió negarse por no haber obtenido permiso de su ama, Valentina Benigna Feijóo. La insistencia de Lacar llevó a Ventura a ceder, ocasión en la que el primero le contó

[…] que ellos, los europeos, no podrían sufrir más tiempo estar gobernados por los criollos, que tenían dispuesta una conspiración para quitarles el gobierno y hacerse dueños de la ciudad, que no habían de quedar en ella criollos, mulatos, indios, ni negros, sino solamente españoles para que sirviesen a los franceses y que si se atrevían a disparar un solo tiro habían de ser todos pasados a cuchillo desde la edad de siete años, que ya tenían formada una compañía, y nombrados oficiales, sargentos y cabos^[32].

Williams Álzaga refutó las posturas que consideraron la acusación de conspiración contra su antepasado, y todo el caso en general, como un mero montaje^[33]. Para eso se basó en el hallazgo de correspondencia del general portugués Diego de Souza, la cual prueba sus contactos con los conjurados de Buenos Aires y las autoridades realistas de Montevideo. Sin embargo, el relato de Ventura recién citado contiene numerosos elementos de exageración propios del enfoque del pánico moral.

En primer lugar, el potencial amenazante de la desviación parece desproporcionado por el hecho de que el grupo de conjurados, apenas una parte de un segmento minoritario como era el peninsular, no tenía cómo fijarse, aun si lo deseara, el objetivo de eliminar físicamente a una población masculina superior, como se dijo anteriormente, a las 14 mil personas y que a esa altura contaba con milicias propias. De cualquier manera, esa construcción discursiva, presente a nivel popular en el contexto de guerra descripto, contribuía a atizar un ambiente de miedo entre los criollos. La alusión, por otra parte, a las persecuciones que sufrirían mulatos, indios y negros tendía a llevar a dichos sectores populares hacia el bando revolucionario.

En segundo término, parece inverosímil que el complot apuntara a entregar el Río de la Plata a los franceses que dominaban la península Ibérica. Las lealtades políticas de Martín de Álzaga hacían a un proyecto de poder personal para gobernar Buenos Aires. Lozier Almazán caracteriza al “partido alzaguista” como monárquico, absolutista y antiliberal^[34], lo que hacía impensable un acercamiento a Napoleón Bonaparte.

Otros autores apuntan en el mismo sentido. Para Enrique de Gandía, Álzaga fue, ni más ni menos, que un “precursor de la independencia argentina”, el “primer hombre que concibió la independencia del virreinato del Río de la Plata y la instalación de una junta de gobierno exactamente igual a la que se creó en 1810”^[35]. De acuerdo con Enrique Williams Álzaga, el comerciante vasco “pretendía en 1812 convertirse en la autoridad suprema. ¿Con España, sin España? Los acontecimientos decidirían”^[36].

Lo anterior, sumado al carácter de la alianza de los conspiradores con Montevideo, indica que su menú de opciones iba de la autonomía bajo autoridad formal de la metrópoli hasta la independencia con control de la población local española. Una supuesta lealtad a Francia queda fuera de todo cálculo comprobable.

La idea de desproporción entre la extensión de la amenaza concreta y las percepciones surge también claramente del tenor de los rumores que circulaban en los espacios de sociabilidad popular. Mariana Alicia Pérez describe de modo interesante el ambiente de pánico vigente en la época:

Días antes de las denuncias formales ya era ampliamente conocido entre los habitantes de la ciudad que los “europeos trataban de levantarse”. Circulaban numerosos rumores dando cuenta del levantamiento y de cómo sería. Las versiones eran dispares, pero todas referían a la proximidad de jornadas sangrientas y daban cuenta de la tensión existente entre los criollos y los españoles de Buenos Aires. Es posible dividir en dos grupos los rumores: los que pretendían sembrar miedo entre los americanos afirmando que los españoles actuarían violentamente contra los criollos (casi siempre con la ayuda de los marinos de Montevideo) y los que infundían temor entre los españoles aseverando que prontamente el gobierno intensificaría hasta grados insoportables la persecución mediante acciones violentas que incluirían la muerte […] Estos rumores circulaban en abundancia porque respondían a verdaderos temores de la sociedad. La afirmación de que los españoles iban a matar a todos los criollos se basaba en el temor a la posibilidad cierta de que los realistas ganaran la guerra y se produjese una feroz represión hacia los revolucionarios y en general hacia los americanos, quienes habían abrazado masivamente la causa de la Revolución. Además, se fundaba en la idea de que el grueso de los peninsulares que habitaba en Buenos Aires despreciaba a los americanos por considerarse superiores y mantenían un fuerte resentimiento hacia ellos por haber sido desplazados de los lugares de preeminencia social de los que gozaban en la colonia^[37].

Debido a que el evento inaugurado por la declaración de Ventura era para el nuevo poder de Buenos Aires una confirmación de sospechas arraigadas, su respuesta fue organizada desde un primer momento, a través de la conformación de un tribunal especial. Esto lleva directamente a la fase de inventario, es decir, aquella en la que los medios de comunicación –o canales de circulación de información equivalentes en la época que aquí se trata– contribuyen a la sensibilización y a la generación de los estereotipos que delinearán el demonio popular que amenaza el orden social.

El viernes 1 de julio, al día siguiente de la denuncia de Ventura, el órgano de prensa oficial, la Gazeta de Buenos Ayres, describía la trama en términos que reproducían las exageraciones que se acaban de mencionar:

Conseguida la victoria –decía este plan– serán arrestados, fusilados y colgados inmediatamente, los individuos de gobierno, los primeros magistrados, los ciudadanos americanos de mérito y patriotismo y los españoles más adictos al sistema. Serán enviados a Montevideo y otros puntos los hijos del país, los indios, las castas y los negros, para que no haya en esta capital un solo individuo que no sea español europeo^[38].

“Arrestados, fusilados y colgados inmediatamente”… Todo un augurio, dados los usos y costumbres de la época, de la suerte que, en realidad, terminarían por correr los complotados. Sin embargo, en una sociedad, o al menos a la parte de ella que el inventario interpelaba, todavía predominantemente oral y fuertemente cruzada por el analfabetismo, la prensa no podía ser el canal excluyente para la circulación del pánico. En su estudio del impacto de las formas de sociabilidad contractuales como factor de construcción de una nueva representación “nacional” de la sociedad, Pilar González Bernaldo de Quiroz ofrece herramientas útiles para identificar canales alternativos útiles a los efectos de este trabajo. En su libro Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina, la autora indaga en las formas de sociabilidad del período 1829-1862. La etapa que trata resulta útil para este análisis, más todavía en tanto realiza permanentes referencias al comienzo del siglo XIX^[39].

La historiadora alude a “espacios de encuentro” interpersonal en la Buenos Aires de la época como “el atrio de la iglesia parroquial, el pórtico del cabildo, el mercado, la calle del puerto, la alameda, los baños públicos, los cafés, las esquinas, las pulperías”, entre muchos otros. Para su análisis, en tanto, se centra “en los negocios de despacho de bebidas: pulperías y cafés”, en tanto ámbitos principales de una sociabilidad masculina espontánea y eminentemente popular^[40].

Las pulperías porteñas de la época eran, a la vez, almacenes y lugares de venta de vino y aguardiente a una clientela más definida por el género –masculino– que por la clase, ya que reunían a “residentes de los suburbios y de los campos aledaños” con jóvenes decentes que acudían sin permiso paterno^[41]. La existencia de 457 de esos establecimientos para una población de unos 40 mil habitantes –según un censo de 1813–, arroja uno cada 87 personas, lo que da cuenta de la intensidad de esa forma de sociabilidad urbana^[42].

Hacia 1812, un rasgo central de las pulperías estaba dado por su carácter autónomo con respecto al gobierno, lo que las hacía sospechosas para un Triunvirato que se afanaba en controlarlas. Al respecto, Pilar González Bernaldo indica:

El poder revolucionario tendió a desconfiar de este tipo de reuniones que fomentaban el alcoholismo y el desorden social, pero sobre todo incitaban a la desobediencia. Pues es a esos lugares de reunión donde el poder va a buscar “voluntarios patrióticos” para la guerra de independencia. Y cuando el patriotismo voluntario falta a la cita, la aplicación de las leyes de vagancia asegura un reclutamiento menos espontáneo pero igualmente efectivo^[43].

Por su parte, los cafés nucleaban a la “gente decente” y eran, por lo tanto, menos numerosos: hacia 1826 había en la ciudad 27 de estos establecimientos frente a 470 pulperías^[44]. Sin embargo, su importancia fue grande. Cabe recordar al respecto que el café de Marco fue sede el 21 de marzo de 1811 de la fundación de la morenista Sociedad Patriótica, que tendría participación destacada en la época y en el proceso que aquí se trata. Con todo, por su alcance masivo en los ámbitos plebeyos, aunque no exento de contactos policlasistas, es preferible centrarse en las pulperías para continuar el análisis de la circulación social de los motivos de un demonio popular contenidos en el enfoque del pánico moral.

En tiempos de la Revolución de Mayo, pese a su carácter ampliamente minoritario entre la población porteña, el 65 % de los pulperos eran españoles^[45]. En esos locales, además de controlar el precio, el crédito y el fiado de los artículos de almacén que expendían, los propietarios también decidían el cese de la venta de alcohol y la expulsión de los parroquianos ebrios. Muchas reyertas ocurridas por este último motivo han quedado documentadas, así como la reacción de los criollos desdeñados, que respondían insultando a los pulperos españoles con epítetos xenófobos y reclamándoles que volvieran a su país. Asimismo, el cobro de deudas en malos términos derivaba frecuentemente en denuncias de infidelidad al nuevo orden ante los tribunales revolucionarios.

En suma, la figura del pulpero –fuertemente asociada a los peninsulares– ocupaba un lugar central y sensible en la vida cotidiana de los porteños pobres, lo que debe haber ayudado mucho a la construcción de un sentimiento de rencor contra los españoles. Y este sentimiento podía ser explotado políticamente por parte de los que estaban a favor de la separación con la metrópoli […] La imagen negativa de los pulperos y almaceneros como “codiciosos comerciantes al menudeo y poco generosos acreedores” se asoció con la de los inmigrantes españoles en general^[46].

Ahora bien, ¿qué rasgos, estereotipos, exageraciones y distorsiones se generaban entonces sobre los españoles peninsulares en esos espacios populares de sociabilidad? González Bernaldo consigna que hacia 1810 los negros y mulatos constituían un tercio de la población de la ciudad^[47] y cita al viajero francés Arsène Isabelle para dar cuenta de la frecuencia con que los sectores populares dedicaban a los extranjeros “insultos [y] epítetos envilecedores” tales como “gringo, carcamán, godo o sarraceno”. “Gallego”, “chapetón” y “maturrango” eran otras formas habituales de referirse despectivamente a los españoles peninsulares^[48].

Gabriel Di Meglio habla, por su parte, de un agudo clima de “politización urbana” y de “un vivo sentimiento antipeninsular, especialmente marcado en sectores del bajo pueblo. Las noticias, muchas veces distorsionadas, circulaban como rumores^[49]. El carácter específico de la desviación había sido definido en el contexto político posterior a mayo de 1810. Dicho marco añadía un elemento político a resentimientos y prejuicios de vieja data al definir un orden social naciente que podía ser sostenido o socavado, un nuevo statu quo que delimitaba de manera inédita una sociedad compuesta solo por leales y una disidencia que la ponía en un peligro existencial.

Hay que insistir en este punto en una diferencia –sutil, pero relevante– con respecto al modelo base de Stanley Cohen: la desviación que genera el pánico moral no se refiere en el caso que trata esta texto a “lo nuevo”, esto es, a la aparición de una tendencia amenazante para un orden establecido. Al contrario, dicha amenaza está dada por “lo viejo”, según lo establece una situación revolucionaria que pugna por instalarse como la normalidad y afirmar una nueva legitimidad. En cualquier caso, de lo que se trata es de un orden vigente.

El mencionado clima de época ya había quedado explicitado públicamente antes de la conspiración del 12; esta simplemente lo llevó al punto de su eclosión más visible. La “revolución de los orilleros”, ocurrida más de un año antes y analizada más arriba, había sido, según palabras de Mariana Alicia Pérez, “la primera manifestación explícita y organizada del sentimiento antipeninsular que existía entre las clases populares”, con su reclamo por el cumplimiento de la expulsión de todos los españoles solteros de la ciudad, alternativamente activada y desactivada por la Junta Grande. A partir de ese episodio, hombres y mujeres del bajo pueblo no dejaron de denunciar ante el Tribunal de Seguridad Pública a europeos sospechosos de contrarrevolucionarios sobre la base de dichos que aquellos decían haber recogido en ámbitos de sociabilidad popular como la calle, la pulpería y los lugares de trabajo, de acuerdo con la autora^[50].

El acto de denunciar era […] una acción política. Por un lado, la causa revolucionaria era percibida como propia por todo el pueblo de Buenos Aires; denunciando se demostraba fidelidad a la Patria y se servía a la revolución. Por otro, la voluntad de denunciar nos indica confianza en el gobierno y la presunción de que éste sería equitativo^[51].

Esas actividades ponen en evidencia algo más: el modo en que se iban modificando las percepciones sobre los peninsulares de modo tendiente al estereotipo. En un contexto en el que el esfuerzo de guerra incrementaba las penurias económicas en una ciudad que hasta entonces no había constituido más que un rincón más o menos modesto del sistema virreinal, los españoles eran vistos como los privilegiados. El mote popular de “godo” significaba “rico o principal”, según el diccionario de 1803 de la Real Academia Española^[52]. Y si de eso se trata, no puede sorprender que Álzaga, “el más godo de los godos”, haya quedado en el ápice de los odios populares, expresados brutalmente en su ejecución y en las manifestaciones que siguieron a ella. Fue, en síntesis, la cara visible y el chivo expiatorio de un festival punitivo.

Esas tirrias se superponían o, mejor dicho, subyacían, a la reacción ya fuera hostil, ya fuera solo formalmente obediente de la mayoría de los peninsulares al nuevo orden. ¿Pero cuáles eran los motivos de esa fricción?^[53]. Básicamente, el dominio por parte de españoles de los puestos en la alta burocracia colonial, lo que privaba a los criollos más encumbrados de oportunidades de ascenso social; su control del comercio mayorista y minorista –pese a ser apenas el 7 % de la población local, constituían en 1810 el 52 % de los almaceneros y el 64 % de los tenderos–; los roces que generaba esa posición en el vínculo con los americanos pobres, a quienes les controlaban el precio, el crédito y el fiado; su dominio del artesanado, actividad en la que se reservaban los puestos de maestro a partir de la obtención de crédito, algo posible por los vínculos de familia y paisanaje; sus mejores vínculos con el poder colonial y, por último, la mayor facilidad para probar “limpieza de sangre”, requisito clave para la consideración social y judicial y, sobre todo, para acceder a mejores oportunidades en el “mercado matrimonial”^[54].

La decantación de ese estereotipo se había acelerado a partir de la Revolución de Mayo. En línea con esos sentimientos, el poder revolucionario aplicó sin demora una verdadera “legislación de vigilancia y represión”^[55]. En julio de ese año, determinó la confiscación de las propiedades de quienes abandonaran Buenos Aires sin la debida licencia y penas, “sin exceptuar el suplicio”, a quienes ocultaran armas. Al respecto, los alcaldes debían realizar de modo inmediato un inventario de las armas en manos privadas. En el mismo sentido, recuerda Halperin, se advertía a quienes mantuvieran correspondencia “con individuos de otros pueblos, sembrando divisiones, desconfianzas o partidos contra el actual gobierno”. Al mes siguiente, el nuevo poder iría más allá y ordenaría a los alcaldes controlar los cambios de domicilio de los peninsulares y

celar en las manzanas de su dependencia que no se formen corrillos sospechosos […] y en el acto de aprehender a cualquiera en este crimen lo conducirán inmediatamente, sin consideraciones a cualquier edad o fuero, si es hombre a la cárcel, y si es mujer a la Casa de Ejercicios^[56].

En tanto, en diciembre, la Junta hizo reserva de todos los nuevos empleos para los americanos. Las medidas, como se observa, no parecen alcanzar a los europeos de mayor rango, ya que el comercio mayorista quedaba al margen de las medidas represivas, en tanto que las confiscaciones, incluso a los responsables del movimiento alzaguista, no fueron efectivizadas. De hecho, la fortuna de Martín de Álzaga terminaría siendo salvada en beneficio de sus hijos criollos. La persecución a los peninsulares, siguiendo a Halperin, continuaría ya entrado 1813, año en el que el tema de la independencia se incluyó entre los objetivos de la Asamblea General Constituyente y Soberana. Entre las medidas que la instrumentaron, se cuentan la creación de una ciudadanía de las Provincias Unidas, lo que permitía segregar a los europeos hostiles al nuevo orden, privándolos, por ejemplo, del acceso al empleo público. La ola continuaría incluso hacia 1817, cuando se seguía impidiendo a los españoles casarse con criollas sin autorización oficial^[57].

Si Álzaga, reputado como el comerciante más rico de Buenos Aires, cabía perfectamente dentro de la mencionada etiqueta, para otros desviados esta podía resultar excesiva. Si bien los nacidos en la metrópoli ocupaban los cargos públicos principales y los lugares socialmente preeminentes, la principal porción de los que en épocas recientes habían seguido inmigrando al Río de la Plata correspondía a personas sin abolengo y que se sumaban a las capas populares locales. Con todo, obtenían un mejor lugar que los nativos en el ordenamiento social, lo que era fuente de nuevos y poderosos resentimientos. Esto permitió, entonces, sumar a los europeos como grupo entero a la condición “equivalente a la de enemigo del nuevo orden” revolucionario^[58].

Por otra parte, un modo de documentar el aspecto de predicción del pánico moral, esto es, la idea de que la anomalía se repetiría si no se aplicaba un remedio radical, es acudir al texto de la sentencia del 4 de julio de 1812 contra Martín de Álzaga –quien caería dos días después– y otros acusados:

Visto este expediente con los antecedentes de su referencia, y en consideración a lo que aconseja la pluralidad de denuncias demasiado individualizadas; y por lo que de las demás diligencias judiciales resulta en el actual estado en que se halla y sin perjuicio de continuación hasta el perfecto esclarecimiento y castigo de todos los fautores y cómplices de la horrible conspiración que se ha descubierto y que seguramente ha constituido la patria en el más inminente riesgo de una sangrienta escena en que, confundidos los inocentes con los criminales, hubiese quedado llena de luto y amargura; y siendo un deber de los primeros del gobierno ejemplarizar un atentado de esta naturaleza de un modo proporcional a las consideraciones multiplicadas de equidad y tolerancia con que en dos años consecutivos ha procurado retraer a sus obstinados enemigos de las tentativas con que han provocado y violentado el carácter suave y pacífico de sus hijos, atribuyendo a debilidad e insultando la misma moderación con que se los ha tratado, se condena a los reos de lesa patria, Pedro de la Torre y Martín Álzaga a la pena ordinaria de muerte de horca, que se ejecutará inmediatamente después de dos horas de su intimación. Y respecto a que el último se halla oculto y coopera a esta substracción su yerno Matías de la Cámara, reiterando con este hecho una nueva hostilidad en mantener abrigado dentro del seno mismo de la patria un enemigo que le despedaza y atenta tan enormemente contra los más sagrados derechos de sus hijos y de los pueblos, substrayéndolo de la autoridad en los momentos más peligrosos, para volverlo a constituir en otros iguales, se condena en igual pena de muerte a dicho Matías Cámara, que la sufrirá en el día para escarmiento de encubridores de esta especie, hasta tanto pueda ser aprehendido Álzaga y ejecutada en su persona la que se le tiene decretada; a cuyo fin se le llame por edictos y pregón, sin perjuicio de librarse las requisitorias y providencias que conduzcan a su aprehensión: para lo que, ejecutada esta sentencia, vuelvan los autos al agente comisionado para que continúe con igual brevedad las declaraciones de Luis Porrúa y demás individuos dando cuenta periódicamente de los que resulten convictos. Feliciano Antonio Chiclana – Juan Martín de Pueyrredón – Bernardino Rivadavia^[59].

Todo está allí. El evento ya no presentaba ambigüedades, el sentido (causación) de la desviación era prístino para todos y atendía, como indica Stanley Cohen, a un consenso social amplio. La revuelta era un mal inherente a la nueva era política que se vivía, por lo que quedan puestos de manifiesto la amenaza al orden social y político que encarnaba, la contumacia de los desviados, la insuficiencia de los remedios previos basados en la tolerancia y la necesidad de poner un final drástico al peligro. Martín de Álzaga, condenado en rebeldía y sin posibilidad de defensa, fue capturado a las 0:30 del 6 de julio y fusilado sumariamente a las 10:00^[60].

Si la percepción de una grave amenaza al orden social, el nuevo y revolucionario, estaba ampliamente extendida aun antes de la difusión del evento, es decir, la denuncia de la conspiración, la reacción oficial a esta, el modo en que se la presentó, los repetidos espectáculos judiciales y de suplicio aplicados a los cuerpos de los ejecutados –la pena de horca–, las proclamas en la prensa oficial y la circulación de informaciones, rumores y estereotipos sobre los desviados en los ámbitos de sociabilidad popular no hicieron más que poner en evidencia esa sensación de pánico.

Cabe aclarar en este punto que, si bien se intenta seguir el orden propuesto por el marco teórico de Stanley Cohen, el caso que trata esta investigación no se corresponde simplemente con una secuencia analítica. Más precisamente, se tocarán en lo sucesivo aspectos relevantes de la reacción social, provocada por el evento en cuestión, en el contexto de pánico moral y se aludirá al modo en que el poder revolucionario puso en marcha un dispositivo judicial específico como fase de rescate y remedio, por más que en la práctica ambos procesos hayan sido simultáneos.

Así, el inventario cristalizaba, según el modelo adoptado, en opiniones y actitudes sociales organizadas y orientadas por una idea de desastre. Los estereotipos descriptos, que se aplicaban desde hacía tiempo a los españoles peninsulares, quienes pronto pasarían a ser “españoles” a secas, se superponían a las evidencias de la conspiración y permitían delinear un demonio popular claramente identificable. Se concretaba, entonces, una operación de “atribución espuria” de “culpabilidad por asociación”^[61], en palabras de Cohen, lo que se enraíza justamente en la existencia de aquellos prejuicios de larga data. En sus memorias, Pedro José Agrelo, quien reapareció en el proceso y en la vida de Álzaga como fiscal en 1812, expresaba que “no había un solo español [N. del R.: bastardilla del autor] que no estuviese más o menos iniciado en el secreto y dispuesto a concurrir, desde que la función principiase”^[62].

Esa suerte de culpabilidad por contigüidad –ya expuesta en las resoluciones del Triunvirato que, seguramente movidas por la necesidad de hacerse de recursos para la guerra, habían permitido la confiscación de bienes de peninsulares– tuvo otra vez demostraciones callejeras. Dicho gobierno, con la firma de sus miembros, anunció a la población, el 24 de julio que la conjura había sido controlada y que se pondría fin a las ejecuciones:

Ciudadanos, ¡basta de sangre!: perecieron ya los principales autores de la conjuración y es necesario que la clemencia sustituya a la justicia. Así lo exige nuestro carácter generoso, los sentimientos de nuestro gobierno y la respetable mediación del Ayuntamiento en favor de la vida de los cómplices […] sólo resta que acreditéis con el sosiego de la confianza que os debe vuestro gobierno recibir en vuestros brazos a los españoles que se suscriban de corazón a defender denodadamente la causa de nuestra libertad^[63].

Sin embargo, los “demonios” desatados seguían presentes. La ambigüedad en el trato a los peninsulares por parte del poder revolucionario, que por momentos atizaba y en otros buscaba desactivar los enconos, era consecuencia, respectivamente, de las líneas de fractura dentro de la propia élite y de la presión que ejercían ciertos sectores plebeyos que se habían presentado en sociedad en los sucesos de abril del 11. En efecto, estos últimos eran los que manifestaban con mayor fuerza los sentimientos contra los “godos”, eran los más fieles a la revolución y también los más necesarios para los fines de movilización bélica. El problema es que ese encono tocaba lazos familiares y de amistad de larga data en los sectores acomodados de la sociedad porteña.

Al calor de los acontecimientos, dichas diferencias en el trato a los peninsulares pasaron rápidamente al terreno de lo concreto. Según Di Meglio:

Un grupo de cívicos y gente no alistada encabezado por Juan José Rocha, que hacía días venía solicitando que se les otorgaran armas, acusó al gobierno de cobardía. Rivadavia fue rodeado en la calle por un grupo del cual le costó escapar, la casa de Chiclana “fué insultada por una multitud, sus vidrios fueron rotos, y ante ella se vocearon y cantaron improperios”, en la residencia de Pueyrredón se dejaron pasquines con amenazas. La multitud marchó hasta la iglesia de San Nicolás y colgó paños azules y blancos de las ventanas. Evidentemente esos colores ya habían comenzado, aunque todavía no oficialmente, a tomarse como símbolos patrióticos^[64].

Se sucedieron entonces más medidas punitivas contra los peninsulares: se les prohibió poseer pulperías, se obligó a los artesanos a emplear en sus talleres solo a criollos y se realizó entre ellos una nueva requisa de armas. Por otra parte, un millar de europeos inválidos fueron desterrados en julio más allá de Luján; en diciembre, otros cientos, en este caso solteros, corrieron la misma suerte por ser los que “más daño pueden causar”; se prohibió montar a caballo a todos los peninsulares que permanecían en la ciudad, lo que equivalía a confinarlos dentro de ella, y hasta a caminar de noche por las calles, en una suerte de toque de queda. Además, como afirma Halperin, “recogiendo una exigencia plebeya, los peninsulares son eliminados del comercio al menudeo y se les prohíbe tener pulpería, con un plazo de tres días para hallar quien los reemplace”^[65].

Más relevante aun, continuaron los fusilamientos de conjurados, que terminaron recién a mediados de agosto, algo curioso dado que el propio Triunvirato había considerado que la conjura ya no requería la continuidad de las medidas de terror. La ruptura con el otro, con el antiguo “amo” europeo, ya estaba consumada y era necesario dejarla decantar en un nuevo ordenamiento social.

La estigmatización de la comunidad de peninsulares lleva al escenario de “culpabilidad por asociación” y, por citar otra vez a Stanley Cohen, a la idea de contagio que se atribuye a la desviación. Pero, además, alude a otro concepto del modelo, el cabalismo, es decir, la convicción de que las autoridades “subestimaron el grado de la malicia organizada”^[66]. En un episodio de pánico moral existe, por otro lado, una reacción diferencial a las imágenes que se imponen en el inventario por parte de distintos sectores sociales.

Bernardo de Monteagudo, morenista que había fundado la Sociedad Patriótica y Literaria a principios de 1812, ya exigía en junio, en medio de conspiraciones que comenzaban a denunciarse en diversos puntos de las Provincias Unidas y que anticipaban la del partido alzaguista porteño, la aplicación del máximo rigor contra los enemigos de una revolución que debía encaminarse a la independencia americana:

Quiero por el bien de la humanidad que se inmolen a la patria algunas víctimas, que se derrame la sangre de los opresores para que no perezca el pueblo […] ¡Sangre y fuego contra los enemigos de la patria, y si por nuestra eterna desgracia estamos condenados a ser víctimas de la opresión, perezcan ellos en víspera de la vuestra!^[67].

Sin embargo, como surge de los episodios del 24 de julio, el gobierno se mostró temeroso de las pasiones que el proceso había desatado. Al calor de una sorda puja interna con Chiclana, a quien consideraba uno de los instigadores de la ola de terror de Estado, Pueyrredón, quien había sucedido a Juan José Paso como triunviro en abril, se mostró arrepentido de haber sido corresponsable de una reacción tan sangrienta. Florencio Varela contó la tensa reunión que Pueyrredón mantuvo con el cerebro de la reacción oficial, Bernardino Rivadavia, en el despacho de este, en la que manifestó “que era falso que hubiera conspiración de españoles”, que las ejecuciones eran “asesinatos horribles” y que había decidido renunciar para “no formar parte de un Gobierno que forjaba conspiraciones para matar a inocentes”. La respuesta del secretario fue brutal: en ese mismo acto ordenaba la detención de quien era su superior jerárquico. Mientras llegaba el guardia, y ante el estupor de aquel, lo llamó a la reflexión. Pueyrredón no volvería a importunar de ese modo^[68]. Había, en tanto, más voces críticas. Vicente Fidel López señaló que Manuel Belgrano “reprobó con dolor la demasía inútil y cruel de esta represión. La parte sana del país no se mostró tampoco satisfecha con la inmolación de tantos habitantes conocidos; muchos de ellos muy estimados”^[69].

Estos testimonios, que dan cuenta de las dispares reacciones de la sociedad criolla al aterrador espectáculo punitivo puesto en marcha, son reveladores tanto del modo diverso en que el inventario fue absorbido por diferentes sectores como de la sensación de desproporción de los castigos. Se trata de un modo indirecto de comprobar uno de los rasgos descriptos en el modelo del pánico moral, según la sugerencia de David Garland mencionada más arriba^[70].

La ola de pánico moral enfocada en los españoles del Río de la Plata tenía antecedentes importantes, ya sea que se los considere episodios previos o parte de un mismo proceso con picos en diversos momentos. La decisión de controlar posibles focos contrarrevolucionarios ya se había hecho manifiesta a partir de mayo de 1810, cuando la Primera Junta había puesto ese asunto en manos de los alcaldes de barrio, primeros agentes de control social del nuevo régimen.

En medio de un contexto popular cada vez más sensibilizado, algo que se expresó en la orden de expulsión de los europeos solteros dictada por la Junta Grande el 21 de marzo de 1811 y actualizada en forma de reclamo amenazante por la “revolución de los orilleros”, los mecanismos de control se fueron sofisticando cada vez más. Una de las respuestas político-judiciales al mencionado reclamo de dureza contra los peninsulares de un sector de la plebe porteña fue la puesta en funcionamiento del Tribunal de Seguridad Pública el 8 de abril de ese mismo año, destinado a controlar cualquier conato de oposición al nuevo orden. Si bien su mira había estado puesta originariamente en las actividades de la facción morenista, rápidamente concentró sus actividades en causas que involucraban a residentes nacidos en España. Al año siguiente esa función recayó en el Cabildo, con lo que obtuvo un estatuto más permanente.

El Tribunal surgió de la entrega de funciones judiciales a la Comisión de Seguridad Pública, que había sido instaurada por la Junta en enero.

Tendrá como único objeto esta comisión velar incesantemente; indagar y pesquisar la conducta de los que formasen congregaciones nocturnas o secretas, sembrasen ideas subversivas de la opinión general; sobre la conducta y legitimidad del actual gobierno; o dijesen a los oficiales, soldados y ciudadanos de cualquier clase^[71].

De acuerdo con Mariana Pérez, denunciantes y denunciados pertenecían a los sectores populares de la ciudad, aunque los primeros eran básicamente criollos y los segundos, españoles. Las acusaciones eran de tres tipos:

Contra quienes se “burlan de la patria y la revolución” profiriendo improperios contra los símbolos de la revolución y demostrando descontentos frente a las victorias del ejército patrio; contra los que “difunden especies contrarias a la revolución” para “indisponer los ánimos” del pueblo porteño relatando victorias del ejército realista o afirmando la llegada de inminentes calamidades para la causa revolucionaria, y, por último, contra quienes realizan “juntas de españoles europeos” con fines sospechosos^[72].

Ya en 1812, cuando el complot del partido alzaguista se hizo público, la reacción del poder estatal se manifestó en la creación de un nuevo agente de control, un tribunal especial cuyos fiscales fueron el mencionado Pedro José Agrelo, Miguel Irigoyen, Bernardo de Monteagudo, Hipólito Vieytes y el triunviro Chiclana. Se trataba de un instituto heredado, como todo el sistema legal, de la era colonial, pero que en el nuevo contexto político se resignificaba como una corte revolucionaria, con procedimientos sumarísimos, al estilo del Tribunal Revolucionario o, incluso, del Comité de Salvación Pública de la Francia jacobina. Se puede hablar, así, de un nuevo contexto en términos de cultura de control social, entendida como el “conjunto de leyes, procedimientos, programas y organizaciones que, en nombre de una colectividad, ayudan, rehabilitan, castigan o manipulan a los desviados”^[73].

En este sentido, también se encuentran parámetros preexistentes que son apropiados y resignificados en el marco de la revolución, por caso con respecto al principal delito imputado a los condenados, el de “lesa patria”^[74]. Abelardo Levaggi señala al respecto que, dentro del derecho hispano, el de traición “es uno de los delitos más antiguos, tanto como la institución de la monarquía, si bien juzgado de distinta forma según las épocas y los príncipes”^[75]. La pena de muerte se aplicaba, entre otras ofensas, especialmente a la traición, aunque las justicias coloniales la administraron

[…] con general moderación […] hasta ser reprendidas a veces por “el poco castigo que se hace de los delitos”. En el Río de la Plata, hay cuantiosos ejemplos de mitigación por azotes y presidio de condenas que, de otro modo, hubieran sido de pena de muerte. Y semejantes criterios benevolentes se aplicaron sin distinción de razas, a blancos, indios y negros^[76].

A partir de la Revolución de Mayo, cuando comienza a generarse el derecho patrio, las ejecuciones adquieren un nuevo sentido político: la Primera Junta emitió el 21 de junio de 1810 un decreto que establecía la pena de muerte a quienes poseyeran armas no declaradas^[77].

Poco después, el Primer Triunvirato endureció la represión del delito en general el 4 de octubre de 1811 al sancionar con la horca el hurto simple por valor de cien pesos y cualquier robo calificado, a la vez que derogó los privilegios y estableció la justicia militar por orden gubernamental a través de comisiones especiales. Añadió más adelante, entre los convulsionados días de abril y junio de 1812, como causales de ejecución los actos de los corsarios armados y la tenencia ilegal de armas por parte de españoles^[78].

A diferencia del derecho indiano, que establecía penas diferentes de acuerdo con la condición social del reo, el fusilamiento se impuso en la cultura de control social de la era revolucionaria, como lo demostró la ejecución de Santiago de Liniers en Cabeza de Tigre el 26 de agosto de 1810. La misma suerte corrió Álzaga, aunque en línea con la tradición, tras su muerte fue colgado con fines de exhibición pública. Levaggi habla, en ese sentido, de la tradición del espectáculo de las penas post mortem y, en particular, de la horca como instrumento de carácter infamante por antonomasia, reservado en principio a personas de baja condición social, pero también a condenados por delitos viles^[79]. En términos similares, Marisa Rodríguez y Nicolás Grappasonno indican que la horca era “el símbolo de la ignominia, y de la infamia”^[80].

Sin embargo, cabe reinterpretar el significado del espectáculo punitivo posrevolucionario, parte de la nueva cultura de control social. Algo que, en términos que exceden las ejecuciones del caso que nos ocupa y que aluden a un ambiente en general represivo, Halperin define como un mecanismo con un objetivo doble: “no sólo se trata de ubicar y hacer inocua la disidencia; se trata también de disciplinar la adhesión”^[81].

“A fines del siglo XVIII, y en los comienzos del XIX, a pesar de algunos grandes resplandores, la sombría fiesta punitiva está extinguiéndose”, dijo Michel Foucault. Con todo, no se puede ignorar que, por ejemplo, el horror de la exposición de los cuerpos continuaría en Francia hasta 1848, cuando el objeto del castigo dejará de ser el cuerpo y pasará a ser el alma. En el caso que refiere este trabajo, la ejecución y exhibición pública en horca de Martín de Álzaga y los demás conjurados se inscriben plenamente en las tradiciones de antiguo orden, vigentes, como se observa, en el Río de la Plata de comienzos del siglo XIX^[82].

Según Foucault, el espectáculo punitivo y la exhibición del dolor tenían un sentido inicial de disuadir el crimen a través de la generación de terror. En ese marco hay que entender, solo en una primera aproximación, el concepto de las “mil muertes” aplicadas a los reos graves, esto es, el suplicio interminable por el que el cadáver del ajusticiado era sometido a diversas profanaciones a la vista del público.

La muerte-suplicio es un arte de retener la vida en el dolor, subdividiéndola en “mil muertes” y obteniendo con ella, antes de que cese la existencia, “the most exquisite agonies”. El suplicio descansa sobre todo en un arte cuantitativo del sufrimiento. Su carácter de ritual, clave en sociedades fundamentalmente orales, apunta a señalar al desviado y está destinado, “ya sea por la cicatriz que deja en el cuerpo, ya por la resonancia que lo acompaña, a volver infame a aquel que es su víctima […] el suplicio debe ser resonante, y debe ser comprobado por todos, en cierto modo como su triunfo^[83].

A través del espectáculo, el secreto en que se tramitó la causa judicial sale a la luz y resulta inteligible para el público, que se convierte en espectador^[84]. El círculo de la verdad se cierra^[85]. Como sostiene Foucault, además de su efecto disuasivo, el ritual macabro del espectáculo punitivo es eminentemente político, en tanto manifestación de un poder que considera las desviaciones delictivas como un desafío a su autoridad, algo más que claro en un caso de lesa patria. Al castigar al traidor, al culpable de crimen majestatis, la suma de los desafíos, el poder lleva a cabo una venganza pública que lo redime en tanto soberano^[86].

Ahora bien, ¿quién observa? Ese público es el destinatario de un mensaje que lo erige en testigo de la restauración de la autoridad, que con su presencia la respalda y la legitima. En este punto se encuentra la resignificación de una misma manera de castigar, común al derecho español y a los primeros balbuceos del patrio, en definitiva, una nueva cultura de control social: si el poder que se expresa a través del suplicio ya no es el del monarca sino el de una nueva autoridad, rebelada contra aquel, el público al que apela también debe ser redefinido^[87].

En efecto, un poder revolucionario, levantado contra la tiranía del absolutismo metropolitano, se legitimó ante los ojos de un testigo que separaba, a su vez, al sector de la población ligado al viejo orden. Excluidos, a la vista de todos, los españoles, chivos expiatorios y desviados por excelencia dentro del orden revolucionario, surgía un nuevo sujeto pueblo, definido por su carácter criollo pero incluyente, en tanto elemento dominante de una nueva jerarquía que incluía las capas de indios, negros y castas. Al nuevo poder, un nuevo pueblo le aseguró lealtad. Los vítores y aplausos, las vivas a la patria nueva, los insultos y pedradas al cuerpo sacrificado del mismo hombre que se había adulado apenas cinco años antes fueron la parte que jugaron los espectadores en ese ritual iniciático.

En una línea similar, Douglas Hay también ilumina las ideas de justicia y muerte punitiva como espectáculo de poder, y alude, en ese sentido, a sus componentes religiosos. Pero refiere su estudio a un contexto económico y político, el de una Inglaterra en plena evolución en el siglo XVIII y que muy pronto comenzaría a toparse con la necesidad de generar más consenso que temor, algo que aún tardaría en ocurrir en este rincón del mundo^[88].

Para mayor claridad, es posible vincular el rol político del espectáculo punitivo del Río de la Plata de 1812 con el de la Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII. Sobre este caso, desde una postura crítica, dice Furet:

La revolución no es solamente el “salto” de una sociedad a otra; es también el conjunto de modalidades que permiten que una sociedad civil, que se ha abierto súbitamente gracias a la crisis del poder, libere todas las palabras que la revolución contiene. Esta inmensa emancipación cultural, cuya significación la sociedad puede difícilmente “clausurar”, nutre a partir de entonces las rivalidades por el poder recurriendo a la demagogia igualitaria; la ideología revolucionaria que ha sido interiorizada por las masas populares, o al menos por una parte de ellas, y que es tanto más sangrienta cuanto aparece como la única referencia, como la nueva legitimidad fundadora, se transforma en el sector por excelencia de la lucha política entre los grupos^[89].

El “Terror” jacobino de 1793 y 1794 fue, a su entender, “un régimen en el cual los hombres que estaban en el poder designaron a quiénes debían ser excluidos para purificar el cuerpo de la nación”^[90]. Lo mismo puede decirse del lejano Río de la Plata de 1812. De la mano del “resplandor” del espectáculo punitivo desatado contra la desviación restauradora del viejo orden, el peso de las palabras y la ideología de Mayo alcanzarían un nivel de radicalización no visto hasta entonces.

Así las cosas, en pocos años se pasaría de hablar de “españoles” a secas para denotar a inmigrantes y nativos a hacerlo de “españoles europeos” y de “españoles americanos” y, al final, simplemente de “españoles” y de “americanos” o “criollos”. Así, el término “español” dejaría de ser un modo inclusivo de aludir a todos los súbditos de la corona, sin importar en qué lugar del imperio hubiesen nacido, para pasar a designar una alteridad. El terror fue el vehículo que produjo la transición del viejo orden a la mencionada emancipación cultural. Este proceso, entendido como un fenómeno de pánico social, describe la mecánica que generó una nueva identidad patriótica local.