Toda la máquina capitalista funciona con la ayuda de la doble cara del dinero: los flujos de financiamiento y los flujos de renta (Deleuze, 2005: 87).

En las páginas anteriores he intentado reconstruir las dinámicas particulares del modo de regulación agropecuario en la provincia de Buenos Aires haciendo hincapié en varios aspectos. En primer lugar, la propuesta de la Teoría de la regulación se mostró más que pertinente como andamiaje ordenador de la gran cantidad de información disponible a partir de su adecuación a las formas institucionales. En segundo lugar y como contrapartida, fue necesario acotar el análisis a aquellas manifestaciones de las formas institucionales que giraran en torno a uno de los ejes centrales de la cuestión agraria: la tierra. De esta manera, una parte importante del presente trabajo tuvo como interés registrar la influencia mutua entre los cambios productivos (principalmente el proceso de agriculturización y la lógica de los agronegocios) y las configuraciones patrimoniales de la provincia de Buenos Aires, resumidas en el control y la propiedad de la tierra. Por lo tanto, en este marco se imbrican el aumento en la rotación e importancia de algunos agentes rurales y los extra-agrarios, especialmente a partir de la entrada de nuevos actores y la expulsión de otros. Estos últimos en su mayoría conectados a la reducción del peso del trabajo familiar independiente vinculado frecuentemente a la constitución de un patrimonio determinado y una relación particular en la explotación de la tierra, los recursos naturales y la materia viva.

En tercer lugar, es preciso señalar que si bien esta investigación tiene como centro la provincia de Buenos Aires y dentro de ella la Zona Deprimida del Río Salado fue indispensable pensar de manera multiescalar, pues las realidades globales y nacionales continuamente afectan a la cotidianeidad productiva de los diversos actores. Asimismo, resulta necesario recordar que la mencionada agriculturización de la Argentina se desplegó paralelamente a una extranjerización de muchas actividades que redefinieron las relaciones entre lo local y lo global, reinterpretando las realidades y herencias. Los múltiples orígenes y causales de la configuración actual del modelo agropecuario obligan a ampliar las nociones y escalas analíticas para reconocer a los nuevos actores y dinámicas que si bien se hacen carne en lo local, comparten características con formas de acumulación dispersas a lo largo de todo el planeta. Por ello las transformaciones productivas muestran influencias mutuas con espacios tecnológicos, laborales, estatales, macroeconómicos y globales.

Como primer paso en la reconstrucción de algunas de estas relaciones y siguiendo el marco teórico, consideré pertinente trabajar sobre ciertas aristas del mercado laboral agropecuario. Si bien prima facie este tema no está directamente vinculado a la cuestión de la tierra, la tradicional configuración productiva pampeana, asentada en el trabajo familiar se enraizaba en una forma particular de entender a la tierra y vincularse con ella. En este sentido, la mayor incorporación de tecnología y los crecientes niveles de asalarización de mano de obra tienen importantes relaciones con la propiedad y más específicamente con el control productivo de la tierra. Si se conjuga la mayor proporción de capital fijo incorporado en las maquinarias con la menor demanda de mano de obra, la economía política marxista sugiere que esto genera inevitablemente un aumento de la composición orgánica del capital y por ende una caída de la tasa de ganancia. Sin embargo, en términos generales el modelo del agronegocio forja enormes beneficios económicos y un continuo crecimiento del sector más dinámico y concentrado que podrían explicarse a partir de la presión constante del capitalismo agrario sobre sus límites como estrategia para escapar de esta tendencia. El corrimiento de la frontera agraria para incorporar nuevas superficies y la mercantilización de otros espacios (por ejemplo el material filogenético, tareas de gestión antes reservadas al productor y sus saberes, etc.) son parte de esta estrategia que no descarta la explotación intensiva de los trabajadores cuyo ejemplo más dramático se encuentra en los casos de trabajo precario mencionados páginas atrás. Además esta expansión de la lógica del agronegocio más allá de sus fronteras productivas parece no detenerse. En economías fuertemente integradas al mercado internacional, la puesta en producción de nuevas tierras no puede nunca cubrir totalmente la demanda de commodities en tanto la misma no está solamente impulsada por una necesidad “real” de soja para alimentación de personas y animales sino también por razones especulativas y volátiles.

En este contexto, algunas empresas también buscan mantener una dotación de capital bastante reducida y desplazar muchas de las tareas que exigen maquinarias y personal a contratistas. Así asientan el grueso de su producción en la obtención de rentas diferenciales vinculadas a la fertilidad de la tierra y la incorporación de tecnologías de punta que presionen más potentemente el terreno. Además el alquiler de campos en distintos puntos geográficos minimiza los impactos de las condiciones climáticas, a la vez que el crecimiento de la escala les permite la compra a granel de insumos y semillas a precios menores. La organización del trabajo se reconfigura a partir de la constante introducción de tecnologías de punta manejada por una acotada elite de trabajadores calificados y empresarios emprendedores, autónomos, con un nivel salarial relativamente alto y familiarizados con las nuevas herramientas de management; a la vez que se registra la expulsión de gran cantidad de obreros. Como se señaló oportunamente, algunos de ellos ingresan a las empresas menos dinámicas que devienen en proveedoras de servicios mientras que otros son directamente desalojados del sector. La delegación de las tareas culturales a manos de contratistas también les permite desligarse de los altos costos por amortización de maquinarias y contar con mayor liquidez para estar a la vanguardia de las prácticas productivas. Además cuando alguna empresa logra controlar productivamente las tierras de una amplia zona se producen condiciones oligopólicas que les permiten manejar el precio pagado por los servicios. Indefectiblemente esto genera mayores niveles de explotación de los trabajadores o de autoexploración en el caso de las pequeñas PyMEs familiares de servicios agrícolas, de manera que los grandes productores también canalizan hacia debajo de la pirámide los conflictos laborales. Es importante reconocer que estas situaciones alcanzan a plantearse a partir de los datos disponibles pero también muestran las propias limitaciones de las referencias cuantitativas. En este sentido, la forma más pertinente de ver estas dinámicas es a través de la reconstrucción de los derroteros de ciertas empresas, lo cual es una tarea pendiente para futuros trabajos.

Sin embargo, puede afirmarse que en la cúpula de las empresas agrícolas conviven explotaciones con una fuerte apuesta patrimonial en lo que respecta a la propiedad de la tierra con otros actores, principalmente pooles de siembra, grandes compañías agroindustriales, fondos de inversión, etc., que combinan innovaciones organizacionales y tecnológicas. Estos cambios implican la reconfiguración de los responsables y la forma en que las tareas se llevan a cabo. Paralelamente se ve la incorporación de un paquete tecnológico (semilla transgénica/siembra directa/herbicida y maquinaria asociada) que estandariza la producción y prescinde de los conocimientos locales. El grueso del agro argentino mantiene una orientación productiva hacia los commodities, principalmente soja, cuya particularidad es la homogeneización de la mercancía a partir de saberes que son creados y difundidos por las propias empresas de insumos. En este proceso la innovación se conjuga con mecanismos de las economías de escala y de flexibilidad, vía disminución del costo unitario de los cultivos por el gran volumen de producción y por amplitud y grado de flexibilidad del proceso productivo que permite cambiar rápidamente de zona por el escaso capital inmovilizado. Estas ventajas, obtenidas principalmente por los grandes productores conllevan distribuciones diferenciales del capital y el financiamiento productivo vinculado a la clásica definición de renta diferencial de tipo II analizada en el capítulo teórico. Esto muestra que en condiciones vanguardistas de la producción agropecuaria capitalista la productividad de unidades adicionales de capital sobre las tierras implantadas sigue dependiendo del acceso a mejores tecnologías y a condiciones crediticias diferentes entre los productores.

A estos cambios cualitativos se suman algunas estadísticas que, como señalé en el capítulo 2, muestran la tendencia del sector agropecuario a la expulsión de trabajadores. Tanto para el caso de los feedlot (ejemplo paradigmático del agronegocio en la ganadería) como con la expansión del contratismo, se registra una tendencia hacia la reducción de trabajadores involucrados en el proceso productivo. Retomando los datos analizados, para inicios de 2010 los establecimientos de engorde a corral habrían ocupado 1.600 y 3.200 personas a nivel nacional, mientras entre marzo de 2008 y el mismo mes de 2010 desaparecían 8.305 unidades productivas, lo cual implica que la expulsión no es amortiguada pues en el mejor de los casos quedarían fuera de la actividad 5.105 personas. Una tendencia similar se registra en la provincia de Buenos Aires donde para marzo de 2010 los feedlots habrían generado entre 686 y 1.372 empleos mientras que la reducción de establecimientos entre 2008 y 2010 trepó a 2.583. Salvando ciertas distancias temporales y sumando los empleos creados por los contratistas de maquinaria agrícola (25.490 para el año 2006) se puede afirmar que en Buenos Aires las actividades vinculadas al agronegocio habrían creado entre 2006 y 2008 cerca de 27.000 puestos de trabajo. Este valor está lejos de revertir la desaparición de 83.243 puestos de trabajo agropecuarios que se registró entre los censos 1991 y 2001, y si se piensa en el período 2001-2010, se hace difícil considerar un crecimiento de la población económicamente activa agropecuaria cuando se observa el mencionado índice de desaparición de establecimientos ganaderos y lecheros. En este aspecto aún quedan varias zonas grises producto de la escasez de datos laborales actualizados en un período histórico (primera década del 2000) donde las transformaciones en el mundo rural han adquirido dimensiones muy importantes.

En este punto sería interesante rescatar algunos puntos del capítulo 4 referido al rol del Estado y sus políticas en el mediano plazo. De hecho varias políticas públicas han desempeñado un rol muy importante en la consolidación del modelo del agronegocio, tanto durante la década de los noventa (y antes aun con la dictadura militar iniciada en 1976) como en la actualidad. En los años noventa, bajo la égida neoliberal, se desplegaron paralelamente dos proceso: la intensificación de la agriculturación y la expansión del agronegocio. La soja, como cultivo paradigmático del modelo, no ha parado de crecer desde la liberalización de su variedad transgénica, a la vez que desaparecían un enorme número de explotaciones agropecuarias cumpliendo la profecía de ciertos técnicos que las consideraban inviables. Al mismo tiempo la redistribución de la renta vía sobrevaluación de la moneda sostenía los niveles impresionantes de ganancias de los sectores financieros, empresas privatizadas y grandes actores corporativos gracias a una política pública que se convirtió en el axioma de una época: el sostenimiento de la paridad cambiaria peso-dólar.

A partir de 2002 hay un cambio muy importante en los registros discursivos y también político-económicos que se condensa en la revalorización del rol del Estado en la economía. Para el caso del sector agropecuario vinculado al mercado capitalista, la devaluación y los derechos de exportación produjeron un reacomodamiento muy importante en los mecanismos de redistribución de la renta agraria entre los distintos agentes económicos. La adopción de un tipo de cambio subvaluado produjo que los costos de producción locales de muchos commodities de exportación se ubicaran por debajo de los niveles internacionales. Recíprocamente, el Estado buscó captar un importante caudal de la renta agraria a través de los derechos de exportación pues el escenario internacional también presentaba un notable ciclo de alza en los precios de cereales y oleaginosas. Este mecanismo se topó con varios obstáculos para captar substanciales márgenes de renta pues otros actores concentrados (exportadoras de cereales, oleaginosas y derivados; grandes productores; etc.) encontraron canales más o menos legales y/o legítimos para ingresar a sus arcas los beneficios de una coyuntura local e internacional muy favorable.

Definitivamente estos son los principales temas en el orden impositivo pues a pesar de algunas actualizaciones de las valuaciones fiscales y los índices de productividad, los niveles provinciales y municipales poco han hecho por modificar la matriz impositiva con respecto al sector agrario. Más bien se han mantenido relativamente estables a lo largo del período estudiado. Por lo tanto cabría preguntarse sobre los límites de los distintos mecanismos de apropiación de la renta agraria pues parecería que existe casi una imposibilidad estructural de avanzar sobre este tema que si bien puede responder a una determinada configuración de las relaciones de fuerza también tendría un límite impuesto desde el propio capitalismo. En este sentido considero que uno de los puntos centrales está en el proceso mismo de mercantilización de la tierra.

Gilles Deleuze y Felix Guattari plantean en varias de sus obras^[1] que la característica distintiva del sistema capitalista, así como su capacidad de recuperación, se encuentra en su axiomática. Si todas las formaciones sociales anteriores se organizaban en torno a códigos siempre heterogéneos, negociados y hechos a jirones, el capitalismo se instaura/reinstaura a partir de una serie de principios arbitrarios que instituyen relaciones formales entre cantidades fluentes de trabajo y capital que se encuentran abstractamente libres en la esfera del mercado. Ahora bien, esta serie ordenadora “tal como sucede con todas las axiomáticas [es] no saturable, está siempre lista para añadir un axioma de más que hace que todo vuelva a funcionar. El capitalismo dispone entonces de algo nuevo que no se conocía” (Deleuze, 2005: 20). A partir de estas ideas, considero válido pensar que el proceso por medio del cual la tierra adquiere las propiedades de una mercancía (a pesar de no tener valor por carecer per se de trabajo humano), que incluso funciona como capital, es el axioma fundamental de la expansión capitalista en el agro. Este pasaje cimienta no sólo el continuo proceso de apropiación privada de tierras comunes^[2] sino también el poder económico de los dueños de la tierra. De hecho en el citado pasaje de Marx donde fundamenta la existencia de la renta absoluta a partir de la negación del dueño de las peores tierra a cederlas gratuitamente a la producción, se condensa la operación que cierra la transmutación de la tierra en mercancía en tanto la autonomiza del hecho natural (fertilidad) para fundamentarla en el poder mismo de la posesión privada del terreno. Más aun si la tierra convertida en mercancía adquiere las propiedades del capital, entonces sólo deberá responder a uno de los axiomas fundamentales de todo el sistema capitalista: todo capital, en condiciones normales, debe generar una contraprestación a su dueño. Si se acuerdan con estos planteos, resulta lógico pensar que en el capitalismo todo proceso de apropiación de renta demasiado ampliado colisionará con los pilares mismos de la propiedad privada. Esto se debe a que en tanto la tierra se presenta a varios de los actores económicos como una mercancía que funciona como capital, resultaría “antinatural” para ellos que un agente externo abrogue una parte demasiado grande del pago por ese recurso, es decir, la renta. Es en este sentido, que en muchas ocasiones la captación “excesiva” de la renta es considerada como un ataque a todos los propietarios, sean ellos de la tierra o los medios de producción.

Luego de esta aclaración teórica, aun queda recordar la suerte de los recursos redistribuidos vía compensaciones. Estos mostraron efectos dispares pues si bien hubo un importante caudal de dinero reintroducido a las actividades agropecuarias vía subsidios, más del 85% de ese monto fue pagado a las empresas más concentradas del sector o a producciones que se encuentran en la matriz del agronegocio como es el caso de los feedlots. Si bien estas medidas pueden haber funcionado para contener parcialmente el precio de ciertos alimentos básicos también fortaleció a los actores más importantes de la cadena agroindustrial y, en el caso de la ganadería, consolidó una forma de producción relativamente novedosa pero cuyos beneficios sociales son más que dudosos.

El caso de la política biotecnológica se muestra como el área donde mayor apoyo oficial se presta al modelo pues existe un fuerte respaldo a las investigaciones que desde las ciencias exactas promueven la biotecnología y, a la vez, desestiman las consecuencias sociales que generan. La ciencia local puesta al servicio del “desarrollo nacional” funciona en este caso como un dispositivo legitimador de ciertas tecnologías que son enérgicamente criticadas desde los sectores subalternos del campo argentino por sus nefastas consecuencias sociales, ambientales y sobre la salud humana. De hecho la expansión de la biotecnología en cultivos como el maíz y el trigo amenaza con homologar de tal manera los métodos de producción que harían indistinto el cultivo implantado. La fortaleza del argumento cientificista solapa las resistencias que surgen en espacios relativamente autónomos que en muy pocos procesos son acompañados por alguna agencia estatal.

Como contrapartida ciertas políticas públicas, principalmente provenientes del Gobierno nacional, de algunos municipios y ciertos funcionarios judiciales, muestran un atisbo de crítica a las consecuencias socio-económicas del modelo de los agronegocios. Quizá la extensión de las compensaciones a los pequeños productores de maíz y trigo, los subsidios a tamberos y ciertos ganaderos puedan pensarse como una estrategia de fortalecimiento de producciones alimentarias importantes para el consumo interno. A ello se suma el activo rol de la AFIP, y otras dependencias del Estado Nacional, a partir de la segunda mitad de 2010 al investigar a destacadas empresas del complejo agroindustrial.

Sin embargo, tal y como afirmé líneas atrás, la fortaleza en la continuidad y expansión de políticas favorables al agronegocio solapa las decisiones políticas que buscan afectar a algunos de los actores centrales de dicho modelo. Quizá la inercia de ciertas realidades combinadas con posturas fuertemente desarrollistas y con necesidades coyunturales de financiamiento del Estado sean algunos de los factores explicativos de esta realidad que sólo se matiza con algunas políticas públicas signadas por su carácter extraordinario.

Las configuraciones productivas y la toma de postura de los organismos del Estado se encuentran también vinculadas a la distribución final del recurso que consideré fundamental en este trabajo: la tierra. La concentración de la producción es contundente cuando el análisis se centra en la comparación intercensal 1988-2002. Sin embargo, ésta es una instantánea de las consecuencias de los 90’s en el agro. Los datos parciales que se disponen para la primera década del 2000 no muestran una tendencia diferente, la cual paradójicamente no podrá ser totalmente cotejada por las deficiencias del Censo Nacional Agropecuario que comenzó en 2008 y aun continúa relevándose hacia mediados de 2011^[3]. Si a esta información se agregan los datos catastrales presentados en el capítulo 3, se puede afirmar la presencia de una doble dinámica. Por un lado, un proceso de concentración de la tierra y la producción como estrategia de los capitales para incrementar la productividad del trabajo. Por otro lado, se registran también procesos de centralización vinculados al cambio cualitativo en el tipo y la forma de producción predominante que afectan la distribución de los factores de producción, principalmente tierra y capital, llevando a que queden en menos manos. Para gran parte de los productores se incrementó su dependencia a un determinado tipo de productos (commodities de exportación) y se le impuso, casi en términos dogmáticos, un paquete tecnológico conformado por prácticas e insumos que se insertan dentro de la dinámica del agronegocio. Así se potenciaron los beneficios de los grandes jugadores del sector tanto en el nivel productivo como dentro de la cadena de comercialización pues el funcionamiento del modelo de desarrollo sojero y de la ganadería intensiva no agotan sus consecuencias en la administración cotidiana de la explotación. Por el contrario, su dinámica se articula con varios intermediarios como lo son las empresas fabricantes y distribuidoras de insumos, comercializadoras de cereales y oleaginosas para la exportación, distribuidoras de alimentos para el mercado externo, etcétera. La fortaleza y sedimentación de estos cambios afectaron al conjunto de la economía y sus efectos difícilmente puedan revertirse en tanto se continúe con este modelo productivo. La violencia de la expulsión de innumerables capitales individuales por absorción y el agrupamiento de otros por fusión o consolidación van a la par de un marcado aumento del precio de la tierra, tanto para arrendamiento como para compra-venta, que potencia los procesos de exclusión en tanto los actores más pequeños no pueden competir.

En lo que respecta a la propiedad de la tierra, quedó demostrada, al menos para los partidos analizados, la tendencia hacia la concentración patrimonial y el fortalecimiento de la cúpula de propietarios. Sin embargo, también se registraron algunas diferencias al interior de cada municipio. Tal fue el caso de Azul donde se dio una caída de la superficie controlada por los medianos propietarios que se distribuyó equitativamente entre los terratenientes más grandes y los menores. Quizá aquí la mayor expansión en la toma de tierras, principalmente a través de contratos accidentales (8,4% de la superficie del partido en 2002), explique la permanencia de estas pequeñas parcelas que nutrirían a un sector de pequeños rentistas. También se encuentra el caso excepcional de General Belgrano cuyos propietarios más grandes han perdido cierta importancia entre inicios de los 90’s y finales de la década del 2000. Seguramente estas particularidades necesiten de una investigación en profundidad sobre los derroteros de los grandes productores y propietarios de manera de conocer la dinámica en sus cambios estructurales y productivos durante el período. La explicación a estas excepciones podría hallarse no sólo en las estrategias empresariales de dichos actores sino también en la perspectiva o el marco interpretativo de los actores involucrados. Como sugerí en varios puntos de este trabajo, se hace necesario que los análisis desde la economía política tengan en cuenta los mecanismos sociales, culturales e ideológicos por medio de los cuales son reproducidos determinados sistemas económicos y “modos de regulación”. De esta manera se podría examinar cómo los factores estructurales (tales como el cambio de los mercados y las condiciones internacionales, alteraciones en las políticas gubernamentales de desarrollo o en el poder ejercido por grupos particulares a nivel nacional o regional) afectan la estrategia y organización de los actores rurales y rururbanos. La perspectiva orientada al actor (Long y Long: 1992) no es antitética al análisis estructural descrito anteriormente. Conocer el punto de vista de alguno de los principales agentes que actúan en y sobre el modelo del agronegocio, permitirá hacer una lectura crítica de conceptos tales como commoditización, políticas públicas, propiedad de la tierra, gestión productiva de la tierra, modelo sojero, agronegocios, producción agropecuaria pampeana, y quizá el concepto mismo de mercado. Posiblemente de esta manera se puedan aportar nuevos conocimientos acerca de las representaciones, imágenes y luchas de sentido que traban los actores en su búsqueda por alcanzar una interpretación compartida/conflictiva de actores con perfiles productivos heterogéneos. Estas inquietudes serán seguramente, las que se encuentren detrás de mi futura investigación y, de alguna manera, balanceen el análisis cuantitativo y estructural con un intento de reconstrucción de las experiencias y vivencias de los actores sobre los números, cuadros, mapas y gráficos propuestos en las páginas precedentes.

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