Una exploración etnográfica
desde el concepto de “ciudadanía”

María Belén Garibotti y María Florencia Girola

Introducción

La profundidad histórica y la densidad conceptual del término “ciudadanía” dificultan cualquier intento de definición sencilla y unívoca. Sin embargo, a pesar de su extensa genealogía, la investigadora Margaret Somers (1996), comprometida con una sociología histórica de las ideas, ha remarcado la importancia que la tradición anglosajona tuvo a la hora de identificar el núcleo básico de la teoría moderna sobre la ciudadanía: el problema genérico de los derechos y deberes entre el pueblo de una comunidad territorialmente delimitada y las instituciones de gobierno de dicha comunidad. Según la autora, estos elementos fundacionales –esbozados por John Locke en el siglo xvii y articulados por los moralistas escoceses en el xviii– han sobrevivido a lo largo de tres siglos, configurando una concepción que perdura hasta hoy como fundamento de las democracias liberales del mundo capitalista, occidental y eurocentrado: la ciudadanía como sinónimo de un estatus jurídico individual asociado a la posesión de derechos y obligaciones que derivan de la pertenencia a un Estado nación.

En las últimas décadas, sin embargo, cientistas sociales provenientes de diversas latitudes, disciplinas y perspectivas teóricas han contribuido fuertemente a la complejización de esta noción primigenia que homologa la ciudadanía a una condición legal, individual y estática, vinculada a la membresía estatal-nacional. Autoras como Fraser (2000) y Fenster (2010) argumentaron sobre el carácter falsamente abstracto y universal de la ciudadanía como comunidad de iguales, resaltando sus atravesamientos por jerarquías vinculadas a la clase, la etnia, el sexo-género y lo generacional-etario. Por su parte, otros autores destacaron los desafíos que acarrean para la ciudadanía procesos como la globalización neoliberal, la profundización de la exclusión social bajo crisis económicas recurrentes y las migraciones transnacionales masivas (Cullen y Bonilla, 2013; Sassen, 2010; Stolcke, 2001).

Las páginas que siguen se inspiran en estos planteos para argumentar que la ciudadanía no constituye un estatus individual e inmutable que el Estado nación otorga a sujetos pasivos, sino una práctica activa de organización, participación y demanda colectiva en torno a derechos concretos. Para los sectores populares que habitan en villas y asentamientos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la ciudad no representa un escenario –telón de fondo inerte– de las luchas por el acceso a derechos, sino un aspecto primordial de estas. La ciudad y sus materialidades, en especial la vivienda y su infraestructura de servicios (agua, saneamiento, electricidad y en contexto pandémico podríamos agregar la conectividad), constituyen la sustancia en torno a la cual se gestan procesos y prácticas de ciudadanización.

Los debates teóricos y la revisión de bibliografía actualizada sobre infraestructura también son una parte central de este capítulo. Concebida como un ensamblaje sociotécnico que permite el flujo de recursos y que vincula objetos, cuerpos e historia, la infraestructura constituye –a nuestro entender– un aspecto central del habitar y la ciudadanía, y a la vez un vector fecundo para la comprensión de las desigualdades urbanas (ampliaremos esta definición introductoria en los sucesivos apartados).

Resulta una obviedad decir que la mención del derecho a una vivienda adecuada (el cual incluye la provisión de infraestructura de calidad), presente tanto en el artículo n.º 14 bis de la Constitución Nacional, como en el 31 de su equivalente porteño, no implica una materialización inmediata de este; sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, gobernada desde hace años por un partido que prioriza el mercado, las ganancias del sector inmobiliario y la propiedad privada en desmedro de la vivienda social. No es nuestra intención, por lo tanto, oponer la ciudadanía ideal a la ciudadanía real ni establecer desfasajes entre una y otra, sino retomar la sugerente distinción de Holston y Appadurai (1996) entre ciudadanía formal y ciudadanía sustantiva, producto de sus investigaciones con sectores populares de megaurbes de Brasil y la India; estas son San Pablo y Mumbai, respectivamente: mientras que la primera alude a los derechos establecidos por el marco normativo del Estado nacional, la segunda remite a luchas concretas por una inclusión efectiva en los contextos de desigualdades realmente existentes.

Las reflexiones que presentamos se basan en los resultados de una investigación etnográfica en el asentamiento La Carbonilla, ubicado en el barrio La Paternal de la Ciudad de Buenos Aires. La indagación fue realizada mediante un trabajo de campo iniciado en 2015, con continuidad hasta el presente, que ha contemplado las siguientes instancias de producción de datos: observación y participación en jornadas de relevamiento parcelario en el barrio conducidas por el equipo técnico de un organismo estatal en 2015 y por ingenieros de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2021^[1]; observación y participación en reuniones de la Comisión Vecinal del barrio (cuya periodicidad se vio muy afectada en 2020 debido a la pandemia de COVID-19); entrevistas en profundidad con referentes de organizaciones sociales, integrantes de agrupaciones políticas y habitantes de La Carbonilla (varios de ellos integrantes de la Comisión Vecinal y delegados de su sector); conversaciones informales con residentes en sus contextos cotidianos de interacción (interior o umbral de alguna vivienda, calles del barrio, plaza, cancha, centro comunitario); relevamiento y lectura de fuentes secundarias pertinentes^[2].

La provisión de agua constituye un aspecto prioritario del hábitat, y en él focalizamos la atención en este escrito, en desmedro de otros igualmente centrales que serán omitidos por razones de extensión. Como desarrollamos a continuación, la construcción de dicha red supone el entrelazamiento de una dimensión técnico-material y una dimensión sociopolítica: mientras que la primera implica arreglos y saberes en torno a artefactos, equipamientos y normativas por parte de los habitantes del barrio, la segunda supone su organización y también su vinculación con distintos sectores (agrupaciones políticas, ONG, Estado, etc.). A lo largo de este trabajo, anudamos ciudadanía e infraestructura en cuanto categorías teóricas que nos permiten condensar reflexiones sobre procesos documentados a través de la etnografía. Se trata, pues, de recurrir a ellas como grilla analítica significativa para reconstruir procesos organizativos, relaciones y negociaciones entre la población local y de esta última con diversos actores sociales^[3].

La ciudadanía desnuda: la infraestructura entre la ausencia y la amenaza

En el período de recesión económica, crisis política y aumento de la pobreza vivido entre fines de la década del 90 y los primeros años del nuevo siglo –consecuencia de medidas de ajuste estructural, desindustrialización y valorización financiera–, la Ciudad de Buenos Aires asistió a la emergencia de asentamientos situados en zonas con frecuencia poco favorables para una posterior urbanización (bajo autopistas o puentes, fábricas abandonadas). En este contexto se produjeron, en las inmediaciones de la estación La Paternal del ferrocarril San Martín, las ocupaciones iniciales de lo que con el tiempo sería La Carbonilla. Cartoneros^[4] provenientes de José C. Paz y otras localidades del oeste del conurbano bonaerense fueron los pobladores de un asentamiento popular que debe su nombre a una carbonería y un aserradero cercanos. Sobre tierras pertenecientes al Estado nacional, el lugar escogido no fue casual: la disponibilidad de galpones en la cercanía del tren permitía el traslado y acopio de materiales que vender (cartones, papeles, vidrios y metales); la morfología angosta y alargada del barrio refleja hasta hoy su crecimiento en torno a las vías férreas^[5].

Mapa 1. Localización de La Carbonilla

Fuente: elaboración de B. Garibotti y F. Girola.

Mapa 2. Barrio La Carbonilla con la distribución de sus tres sectores

Fuente: elaboración B. Garibotti y F. Girola.

Tal como ha desarrollado Giglia (2012), el habitar supone un proceso de relacionamiento continuo con el espacio que hace posible la presencia de los sujetos en un determinado lugar. Sinónimo de estar y transitar, de modificar/domesticar y simbolizar/interpretar, el habitar remite a la construcción de materialidades y sentidos que transforman el espacio en un lugar abierto a la vida^[6]. Un diálogo de campo refleja los recuerdos del habitar de las primeras familias del asentamiento:

—Graciela: Claro. Eran los ranchitos, viste, chiquititos, que eran este… maderas… Maderas abajo, maderas arriba y techo de chapa, pero te cocinabas ahí… Poníamos lonas, las carpas esas de… las lonas de las piletas, bueno, esa le poníamos para que no llueva…
—Entrevistadora: Que hasta ahí eran tres familias, cuatro familias…
—Graciela: Cuando nos dio esta familia, nos dio esa casita, que eran dos tarimas abajo, una puerta de fierro, dos tarimas arriba una puerta de vidrio y un nylon desde arriba hasta abajo. Entonces traje a toooda la gente que estaba allá… Era la familia de Moni, que eran las hermanas, las dos hermanas y… la mamá, el tío, dos tíos, y no sé quién más era… y ella [señala a Virginia], el marido de ella con la nena… (Graciela^[7], vecina “histórica”, 2017)^[8].

Otra extensa cita pone de relieve que, para las “vecinas históricas”^[9], el establecimiento al borde de un tren en funcionamiento se vivenció como una experiencia fuertemente corporizada y en interacción con un entorno hostil:

Ella estaba con el bebé [señalando a su amiga Luciana] y no quería venir. Y ahí nos dieron lugar ahí y nos vinimos todos, éramos como gitanos que estábamos ahí. La luz que nos alumbraba era de la luna a la noche. Y después era lo otro, no teníamos agua, teníamos que ir con los carritos a buscar el agua a la estación de servicio. Y después veníamos, nada, nada, no teníamos nada, hacíamos fuego para cocinar. Y cada vez que venía el tren, porque pasaba el carguero por la orilla, nosotros estábamos en el pozo y lo hacíamos por arriba por peligro porque se prenda fuego. Entonces cada vez que escuchábamos la chicharra, sacábamos la olla del fuego [risas], fueron tiempos lindos que pasamos, pero bueno… (con Sonia y Luciana, habitante y exhabitante de La Carbonilla, 2017)^[10].

El testimonio no solo rememora las duras condiciones de vida de los pioneros (una constante en los asentamientos autoconstruidos), sino que también revela una situación singular vinculada justamente a la ausencia y presencia –de manera simultánea y paradójica– de infraestructura. Por un lado, el transcurrir de las actividades cotidianas de reproducción y cuidado a la intemperie y a merced del clima (frío, calor, lluvia), sin piso ni techo (a lo sumo uno hecho con lonas, chapas, maderas o incluso el uso del puente sobre avenida San Martín como cobijo) y con elementos vitales provistos de modo precario ante la total falta de redes de agua, luz y gas (la falta de baño era sustituida por la “arbolada” próxima). Por otro lado, el emplazamiento junto a una red ferroviaria previa facilitaba el transporte de los cartoneros. Esto es, el tren como omnipresencia recurrente en todos los testimonios, a la vez útil y peligroso, en especial debido a los accidentes infantiles registrados. Esta última observación expresa los sentidos ambiguos y contradictorios, siempre contextuales, que la infraestructura puede adquirir para sujetos situados: la misma red ferroviaria que con su proximidad facilitaba el reciclado de residuos urbanos (“cartoneo”) se convertía en una instalación hostil cuando estos trabajadores devenían habitantes.

En este apartado argumentamos que la población excluida del mercado formal del trabajo y la vivienda (es decir, con derechos básicos de ciudadanía social vulnerados) inició un proceso de ocupación de terrenos intersticiales con una significativa función logística vinculada a su localización en la centralidad y en la cercanía de la red de transporte. Estas primeras experiencias del habitar pueden pensarse –a nuestro juicio– a través de la noción de “ciudadanía desnuda” (Appadurai, 2013): habitando en ranchos o casillas, en un terreno inadecuado en términos sanitario-ambientales, sin red de servicios y con una infraestructura ferroviaria preexistente que se hacía fuertemente presente como amenaza latente (aunque también permitía desplazamientos). Retomando los aportes de Agamben y Arendt, el autor recurre al término para referirse a la situación de los pobres urbanos en megaciudades del denominado “sur global”: sujetos cuyos derechos más elementales son vulnerados y sobre quienes pesa la sombra de la posible expulsión. Una comunidad política local que permanece mayormente invisible a los ojos de la ley que debe garantizar derechos. A continuación, interesa desarrollar algunos aspectos vinculados a los procesos organizativos que los habitantes de La Carbonilla fueron desplegando a lo largo del tiempo (a medida que el barrio se pobló); es decir, iniciativas orientadas a enfrentar y paliar esta precariedad inicial sintetizada en la metáfora de la ciudadanía desnuda.

La urgencia de las necesidades: la ciudadanía horizontal y la infraestructura como esfuerzo

Como bien señalaron Carrión (2013) y Pírez (2013), agua, saneamiento, electricidad y comunicación han sido una parte central de la urbanización capitalista, siendo la ciudad un espacio privilegiado donde se concentra la más alta diversidad y cantidad de infraestructuras:

… obras que soportan la configuración y el funcionamiento de las ciudades, posibilitando el uso del territorio urbano […]. Los servicios de infraestructura se basan en un soporte material –redes de tubos o de cables, por ejemplo– (infraestructura propiamente dicha) y por una actividad (el servicio propiamente tal) que, con base en ese soporte, pone a disposición de los usuarios un bien de uso (Pírez, 2013, p. 46).

En este enunciado se hacen presentes los principales elementos que integran las definiciones académicas actuales de “infraestructura”: una instalación basal y emergente in situ (es decir, localizada y soterrada –aunque no necesariamente en su totalidad–); un sustrato material en red (siempre ensamblado y nunca aislado) que se vincula con una actividad o función.

En las últimas décadas, las ciencias sociales como la antropología, la sociología y la geografía se han volcado con fuerza al tratamiento de la infraestructura (por lo general objeto de reflexión de la ingeniería, la arquitectura y el diseño), llegando incluso algunos autores a hablar de giro material/técnico o –lisa y llanamente– de giro infraestructural. No es el objetivo aquí recapitular los extensos y ricos antecedentes sobre el tema, sino consignar una suerte de definición mínima y pertinente para nuestro análisis. En este sentido, cabe mencionar las contribuciones pioneras de Star (1999), quien se refirió a los sistemas de sustratos que se extienden bajo el suelo y que devienen infraestructura en vinculación con una actividad particular y en el seno de relaciones sociales. Esta autora también consideraba que sus usos se aprenden como miembro de una comunidad de práctica. Las investigaciones etnográficas de Star resultaron decisivas para lograr cierto desplazamiento en el abordaje de las infraestructuras: de invisibles a centrales en la vida contemporánea. De esa forma, pasa de asunto irrelevante a socialmente significativo para expertos y legos; es decir, de materialidad inerte a dinámica e incrustada en la política y las experiencias vividas. Las investigaciones socioantropológicas de las infraestructuras cobraron impulso a partir de los años 90, especialmente en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, destacando –entre otros– los aportes de Latour. Para este investigador, no existen interacciones sociales puras que no involucren materialidades y los objetos/tecnologías/organismos no humanos, que son también actores sociales de pleno derecho y con capacidad para actuar en el mundo. Lo social es siempre una reunión continua de actores humanos y no humanos que tejen redes entre ellos. En su estudio etnográfico sobre Aramis (un sistema de transporte urbano rápido que no prosperó), en Francia, este autor discutió con las explicaciones dualistas que oponen lo técnico y lo social, argumentando en favor de su permanente coproducción –algo particularmente válido en nuestras sociedades contemporáneas dominadas por instalaciones modernas de alta tecnología (Latour, 1993)–.

En América Latina, la ausencia o la deficiencia de las redes de infraestructura –tanto en términos de calidad como de cobertura– constituye un rasgo sobresaliente. En las ciudades de la región, el autosuministro de infraestructura y la autoproducción de vivienda son aspectos concomitantes de la urbanización popular, ambas se edifican en simultáneo. Muchas veces la vivienda suele preceder a la infraestructura, inversamente a lo que sucede en la urbanización planificada. La Carbonilla no escapó a esta regularidad, y, en los años posteriores a sus primeros núcleos de ocupación (ocurridos aproximadamente entre 1999 y 2002, como mencionamos antes, protagonizados por cartoneros y también por algunas familias ferroviarias que aún permanecen), el barrio fue aumentando su población y construcciones. Los nuevos^[11] habitantes reconocían procedencias diversas: argentinos oriundos de localidades por fuera de la Ciudad de Buenos Aires (especialmente del noroeste y noreste de la Argentina) y una gran proporción de migrantes peruanos (particularmente limeños), todos con tránsito previo por otros espacios habitacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (asentamientos bonaerenses, departamentos alquilados, inquilinatos, conventillos, villas o bien edificios ocupados en la ciudad capital). Las ocupaciones de las y los residentes que conocimos resultaban igualmente variadas: albañil, mecánico, empleada doméstica, enfermera, cuidadora, feriante, trabajadores de supermercado, geriátrico y gimnasio. El año 2008 fue frecuentemente mencionado y asociado a ciertos acontecimientos significativos:

1. el desalojo de “La Lechería”, una exfábrica envasadora de lácteos que llevaba más de veinte años habitada por alrededor de 1.200 personas (ubicado en un lugar cercano)^[12];
2. la llegada de migrantes peruanos con intenciones de arraigo y cierto capital económico para la compra y edificación de inmuebles^[13].

Hacia fines de la primera década del siglo xxi, La Carbonilla fue afianzando su transformación y las casillas provisorias con función logística de almacenamiento se convirtieron en lotes delimitados con viviendas de material firme, destinadas a residencias permanentes, mejoradas y ampliadas a medida que lo permitían los ingresos. Para las familias pioneras entrevistadas, el desembarco de algunos nuevos residentes fue asociado a una mejora en la calidad constructiva del barrio. En este sentido, enunciaban frases tales como “Los peruanos son albañiles, construyen en material”, lo que redundaría en una valorización de estos terrenos ubicados en una zona residencial consolidada y bien conectada de la Ciudad de Buenos Aires (con precios que podían aumentar de un mes a otro). La Carbonilla no se mantuvo ajena, como podemos apreciar, a tendencias generales que han sido ampliamente documentadas en relación con los asentamientos populares del AMBA: la gestación de un mercado informal de tierras, la verticalización del barrio, la inquilinización (parcial o total) de las viviendas construidas (Cravino, 2008)^[14].

Los testimonios de campo permiten una vez más reconstruir las urgencias inaplazables de los habitantes a medida que se densificaba el barrio, las dificultades enfrentadas y las respuestas desplegadas:

Cuando yo vine, me costó mucho adaptarme porque no se contaba con todos los servicios correspondientes para cada casa, y, bueno, eso lo fuimos organizando con los vecinos haciendo actividades para juntar fondos para poder ir mejorando nuestro sector, y lo mismo pasaba en otros sectores. Se llegó a hacer hasta trabajos voluntarios como el trabajo de las cloacas, pero no se pudo terminar en todos los sectores (Rosi, habitante de La Carbonilla, 2015)^[15].

Lo primero que hacés es el agua, o sea, en todos los barrios, lo primero que se hace es la red comunitaria de agua. Eso es interesante también porque ¿cómo lo hacen? Juntan entre todos, digamos, ponen un poco de plata para ir comprando los caños para conectarse desde afuera (Romina, militante de agrupación política con presencia en La Carbonilla, 2015)^[16].

La necesidad de servicios básicos, encarada de manera precaria e improvisada desde la ocupación originaria, se tornaba más acuciante a medida que el barrio aumentaba de tamaño. Las familias que se mudaban al barrio participaban en la edificación de sus casas con materiales sólidos y en jornadas de trabajo colectivo dedicadas a la construcción de una red de agua y pozos ciegos. Se trata de dos actividades simultáneas e imprescindibles a los fines de construir localización, arraigo y vivencias básicas de amparo. Si, como bien ha señalado Pírez (2020), hablar de servicios urbanos es referirse a bienes que resuelven de manera colectiva necesidades de la población urbana que no podrían ser atendidas individualmente o que sería irracional hacerlo, se colige pues que la infraestructura que sostiene dichos servicios constituye un aspecto central del hábitat popular; una dimensión en torno a la cual se condensan procesos de organización.

De acuerdo con la etnografía, la progresión vinculada a la obtención de un elemento tan vital como el agua incluyó traerla en bidones desde alguna canilla pública próxima, conectarla a una llave de agua de bomberos que no garantizaba ser apta para el consumo, y colocar una manguera general que acercaba agua potable, pero solo hasta la entrada de las viviendas. En dichas estrategias se entremezclaban iniciativas individuales motorizadas por alguna o algún vecino, junto con otras de carácter colectivo, moralmente valoradas y orientadas hacia la “solidaridad” y el “laburar por el bien común”. Como puede verse en el siguiente testimonio:

Él nos dio la llave [se refiere al vecino Eduardo], la llave nos abrió, después entre todos los vecinos nos organizamos y compramos caño, eso lo compramos nosotros. Él nos dio nada más que dos llaves de paso. La central, la mayor que está allá adelante, y de ahí dice “Ustedes de acá organícense e instalen el agua”… (La Gaita, habitante de La Carbonilla, 2017)^[17].

La cita ilumina algunas cuestiones que interesa destacar. Por un lado, el enorme y constante esfuerzo de construcción, mantenimiento y reparación de conexiones que los habitantes de La Carbonilla debieron realizar para lograr que la infraestructura cumpla con su objetivo principal: el fluir del agua por las cañerías. Por otro lado, en el armado de esta red, se conjugaron tareas comunitarias y el acompañamiento de organizaciones sociales y agrupaciones políticas que habían comenzado a tener presencia en el barrio, una articulación entre la información circulante sobre la empresa proveedora (como la ubicación de los caños maestros, por ejemplo) y moradores con oficio que disponían de su mano de obra y herramientas de trabajo para colocar caños de termofusión e instalar tanques. Como bien ha remarcado la mencionada Star (1999), precursora en el estudio etnográfico de las infraestructuras, estas siempre se constituyen en torno a la tensión invisibilidad/visibilidad: son invisibles cuando funcionan, pero se vuelven visibles cuando fallan, colapsan o son directamente inexistentes. La autora nos recuerda, asimismo, que lo oculto de la infraestructura nunca es algo dado, sino un producto del trabajo humano, en este caso realizado gracias al denuedo físico y económico de sus constructores y usuarios. El crecimiento de La Carbonilla estuvo, en efecto, acompañado por la presencia de agrupaciones ligadas al peronismo/kirchnerismo (Militancia Popular y Frente Transversal), a partidos de izquierda (Corriente Villera Independiente) y a organizaciones de la sociedad civil como el Colectivo por la Igualdad. Estas se acercaron a través de lazos construidos por los habitantes con propósitos diversos, que incluían y a la vez excedían la infraestructura de agua. Se trataba, fundamentalmente, de fortalecer la organización comunitaria, afianzar la instalación de infraestructuras y ahuyentar cualquier amenaza de desalojo en una ciudad gobernada por el partido Propuesta Republicana, encuadrado en la centro-derecha (Vommaro, 2014)^[18].

El trabajo conjunto entre los habitantes de La Carbonilla y estos grupos estuvo marcado por una serie de hitos vinculados principalmente a la producción y el mantenimiento de bienes y espacios comunes, mojones que fueron mencionados con frecuencia en las entrevistas y que actuaron como una suerte de “prácticas comunalizadoras” (Canelo, 2011). Además de las comentadas jornadas de trabajo vecinal vinculadas a una incipiente infraestructura de agua y saneamiento, cabe mencionar la limpieza de un basural que se había formado cerca de la estación de tren, el acondicionamiento de predios libres transformados en plazas con juegos (la canchita ubicada en el sector 2, sin duda el más utilizado), y la construcción de un centro comunitario. Estas acciones puntuales, desarrolladas colectivamente entre residentes y militantes, también fueron posibles gracias a los recursos y materiales obtenidos por medio de la presentación de proyectos ante el Ministerio de Desarrollo de la Nación:

Se fue generando una cosa muy fuerte de apropiarse de esos espacios, entonces había que sostener clases de fútbol todos los días en la canchita para que no se ocupe y que esté así, que no sea un basural, que sea el lugar donde juegan los pibes. Y… la verdad que lo que se notó mucho fueron dos cosas en paralelo, pero vinculadas. Es que todo el barrio empezó… ¿viste cuando uno pinta la fachada y todos empiezan a pintarla? El barrio estaba más lindo. Entonces la gente empezó a tener más cuidado (Paula, militante y trabajadora del Estado, 2018)^[19].

Los habitantes de La Carbonilla encararon el progresivo crecimiento del barrio procurando evitar todos aquellos “procesos” que pudieran “desvirtuar el camino a la formalización” (Carla, comunera y militante del barrio, 2017)^[20]. Buscaron generar resultados que fueran altamente valorados y destacados con orgullo por ellos mismos: señalaban a La Carbonilla como una de las villas con mejor calidad de espacios públicos de la ciudad (tiene más de una plaza), con un ancho adecuado de calles y veredas (aunque también posee pasillos internos, estrechos y poco aireados), sin escaleras caracol externas; todas estas características son peculiares en comparación con otros barrios similares. La articulación de sus habitantes con diversos actores (partidos políticos, movimientos sociales, agencias estatales) configuró una trama política y sociocomunitaria que logró enfrentar los embates de un gobierno porteño altamente expulsivo de los sectores populares:

Más allá de que seamos de distintas agrupaciones, somos vecinos que vivimos acá, hemos sufrido todo esto y queremos seguir mejorando nuestro barrio, y creo que estamos por el mismo propósito ambas con el tema de la urbanización, con el tema de la radicación. En eso no hay ninguna oposición de ningún lado, las dos agrupaciones queremos lo mismo (Jesica y Rosi, habitantes de La Carbonilla, 2015)^[21].

Las interlocutoras, una perteneciente a La Cámpora (agrupación kirchnerista) y otra a la Corriente Villera (vinculada al partido de izquierda), resaltaban la subsunción de sus diferencias políticas en la condición de vecinas en lucha por la radicación/urbanización: un horizonte común de padecimientos y derechos conculcados; y a la vez una esperanza de permanencia y bienestar.

A los fines argumentativos de esta sección, interesa retomar la noción de “ciudadanía horizontal” acuñada por Neveu (2005, 2016). El término permite aludir a las relaciones de cooperación (no exentas de conflictos) que establecieron entre sí los habitantes de La Carbonilla a fin de enfrentar una problemática común como es la provisión de agua. Frente a lo impostergable de una necesidad indisociablemente individual y colectiva, los miembros de esta comunidad de base residencial se organizaron para avanzar en la efectivización del derecho negado. Esta organización incluía, además de las tareas mencionadas, una vigilancia constante en torno a apropiaciones aceptadas e incorrectas de la infraestructura comunitaria en proceso de construcción, como lo explica el siguiente relato:

Me cuentan los tres que están muy pendientes de que, cuando llega un vecino nuevo, no se quiera “colgar” de nada, ni de la luz ni del agua. Cuando viene un vecino nuevo, le decimos que espere la cuadrilla, que no se corte solo […]. En el caso de que venga una familia nueva a alquilar, hablan con los dueños de la casa para avisarle, aunque me cuentan que generalmente ya saben (dos delegadas de sector, 2017)^[22].

La noción de “ciudadanía horizontal” nos permite reflexionar, pues, sobre la consolidación de La Carbonilla como asentamiento popular de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el fortalecimiento de esta comunidad local conformada en torno a relaciones de copresidencia/vecindad y también de parentesco (muchas familias emparentadas habitan el barrio). La ciudadanía horizontal, o relaciones de conciudadanía según la mencionada Neveu (2005), constituyen un aspecto poco explorado debido al predominio de la concepción vertical de la ciudadanía, es decir, de aquellos aspectos que vinculan a una comunidad territorialmente delimitada con las instituciones del Estado que deben garantizar sus derechos. Por supuesto que esta dimensión también se hacía presente en el caso que nos convoca y es objeto del siguiente apartado.

El lenguaje de los derechos: la ciudadanía vertical y la infraestructura como promesa

El año 2012 marcó el inicio de un camino judicial transitado también por muchos otros asentamientos porteños; en este caso con los habitantes de La Carbonilla patrocinados por un letrado militante de las causas por las desigualdades urbanas –integrante del mencionado Colectivo por la Igualdad– que elevó un recurso de amparo contra el Ejecutivo y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). La presentación denunciaba la desidia del gobierno local ante el incumplimiento del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (proveer de vivienda digna y resolver de manera progresiva el déficit de infraestructura y servicios), solicitaba la incorporación del barrio al Programa de Radicación e Integración de Villas (Ley n.º 148 de 1999), y ordenaba la elaboración de un plan de integración urbana y social. El amparo se explayaba sobre el derecho de los vecinos a disponer de “agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico”; al tiempo que no escatimaba alusiones a la precariedad de la red existente (irregularidad de las conexiones, falta de planificación de las cañerías, desconfianza sobre la potabilidad del agua, largos períodos de suspensión del suministro). El escrito instaba a varias medidas imprescindibles para la provisión de este y otros servicios: delimitación de manzanas/calles/pasillos; tendido de red eléctrica y alumbrado público; instalación de cloacas y pluviales; colocación de cestos de basura, entre otros^[23]. Este proceso de judicialización se enmarca en un proceso de activismo jurídico que involucró a diversos asentamientos populares de la Ciudad de Buenos Aires, tal como se puede encontrar en los textos de Joaquín Benítez y Carla Fainstein, en esta compilación.

La jueza hizo lugar a la medida cautelar, lo cual generó significativas consecuencias: la formación de una mesa de trabajo con las partes involucradas en el ámbito del Juzgado, la realización de un censo de población ordenado al IVC y la elección de autoridades de la Junta Vecinal de La Carbonilla. Estas dos últimas acciones se concretaron en el marco de la presión ejercida también por el curso de otra causa judicial. Nos referimos al recurso de amparo presentado en 2008 por el legislador Facundo Di Filippo, por entonces presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura y miembro del Colectivo por la Igualdad, a fin de regularizar las representaciones políticas de villas y asentamientos porteños (Michelena, 2012).

La elección de los miembros de la Comisión Vecinal se produjo en junio de 2014, con una amplia participación de votantes. El triunfo quedó en manos de la lista que reunía a agrupaciones kirchneristas (Militancia Popular, La Cámpora, Vatayón Militante y Kolina), y la minoría fue para la Corriente Villera Independiente (distintos partidos de izquierda). La Junta Vecinal electa quedó conformada por 14 personas: una presidenta; una comisión directiva de cinco vecinos (compuesta proporcionalmente por representantes de la mayoría ganadora y la minoría), y tres delegados por cada uno de los tres sectores del barrio. Sin embargo, a pesar de lo actuado, las disposiciones judiciales mencionadas no lograron revertir con celeridad la inacción del IVC y de la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI), las cuales se negaban a intervenir por no tratarse de una villa reconocida como tal (y por ende bajo el alcance de la ley 148/99 de urbanización integral), sino de un asentamiento ubicado en tierras de propiedad nacional.

Los habitantes de La Carbonilla no permanecieron pasivos ante la persistente indiferencia del gobierno porteño, y los vínculos que aquellos más movilizados habían logrado con agrupaciones nacionales-populares permitieron el desembarco de técnicos de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat (SNAH), creada por Cristina Fernández de Kirchner durante su segundo mandato presidencial^[24]. A lo largo de 2015, la SNAH propició un despliegue de agrimensores, arquitectos e ingenieros, puestos a trabajar con la flamante Comisión Vecinal en torno a un plan de urbanización integral del barrio. Junto al Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias (SEDECA), el Ministerio de Defensa y miembros del Ejército Argentino, la SNAH construyó una modalidad de intervención impulsada, en buena medida, por la Asociación Madres de Plaza de Mayo que implicó una confluencia inusual de actores sociales (hecho que tuvo amplia cobertura mediática)^[25].

Las repercusiones de estas actividades fueron evidentes: por un lado, se disiparon los temores al desalojo y se acrecentó la sensación de una posible urbanización entre los habitantes. Por el otro, se afianzó el convencimiento de la necesidad de participación y la vigilancia permanente de las nuevas edificaciones a fin de evitar cualquier situación que pudiera dificultar una futura formalización (como la ocupación de veredas y calles, especialmente de las más próximas a las vías del tren). Durante las jornadas de relevamiento parcelario conducidas en septiembre-octubre de 2015 por la SNAH (consistente en la medición de la profundidad de las viviendas), y de las cuales participamos, el surgimiento de nuevas casillas en espacios vacantes sucedía de una semana a otra. Los delegados que nos acompañaban alertaban constantemente sobre la ocupación de las calles linderas a la vía y sobre el avance de construcciones hacia los espacios públicos. Los conflictos procuraban resolverse a través del diálogo entre vecinos, pero, cuando esto no era posible, como fue un caso que presenciamos vinculado a la colocación de una escalera externa, los funcionarios estatales se dirigían a la comisaría a labrar un acta.

Las tareas de la SNAH se orientaron mayormente a la recuperación de espacios públicos, realizando tareas como el adoquinado y la parquización; en especial de la “canchita” más utilizada por los vecinos en la vida diaria y en ocasiones festivas (Independencia del Perú, Día del Niño, Día de la Madre). A lo largo de 2015, los técnicos del organismo estatal confeccionaron un primer plano de delimitación del espacio público y privado del macizo, el cual se constituyó como un dispositivo que –sobre la base de acuerdos entre vecinos y de la legitimidad del cuerpo de delegados– orientaba los parámetros constructivos de las obras venideras. Los puntos principales acordados entre los técnicos de la SNAH y la Junta Vecinal incluyeron el mantenimiento de algunas condiciones propicias para una eventual urbanización: la no ocupación de la calle de borde (pegada a las vías); el ancho de la calle central (por donde pueden pasar vehículos de tamaño mediano como ambulancias y de mayor envergadura como camiones); el cuidado de los espacios públicos; la no proliferación de construcciones en altura (Acero et al., 2016).

En el marco de esta intervención, se procedió también a nombrar las calles del barrio, algo importante para una futura regularización catastral y, a la vez, significativo en el plano simbólico. Algunas calles que tienen continuidad con el barrio de La Paternal llevan el mismo nombre, otras, en cambio, son internas y fueron nombradas por los habitantes atendiendo a las particularidades locales:

Nos cuentan que le pusieron nombre a todas las calles. La calle principal, donde está el centro comunitario, decidieron llamarla Las Américas, “porque acá viven peruanos, argentinos, paraguayos”. Presentaron un proyecto de ley y si bien no tuvieron avances ellos la llaman de esa manera (registro de campo de M. B. Garibotti, reunión con integrantes de la Comisión Vecinal, 13 de mayo de 2021)^[26].

Figura 1. Letrero de presentación de las obras ejecutadas por organismos del Estado nacional en el año 2015

Fuente: página de Facebook de la SNAH.

Las acciones realizadas, aunque necesarias, se contraponían a la necesidad de ejecutar obras que resultaban más apremiantes para los vecinos, como la formalización del acceso a agua potable y el mejoramiento de la red autoconstruida de cloacas. Las responsabilidades y potestades jurisdiccionales del Estado nacional entraban en tensión con la localización del barrio en la Ciudad de Buenos Aires, obstaculizando la posibilidad de oficializar burocráticamente las obras más perentorias. En palabras de un entrevistado:

Creo que eran mil metros lineales con cordón cuneta y los desagües pluviales, eso incluía la obra. El tema es que, sin tener un proyecto fehaciente, un proyecto ejecutivo, que es lo que vos tenés que tener para trabajar en territorio, es un poco difícil […] bastante complejo porque es una escala urbana que es lo que yo, te vuelvo a lo que decía al principio, necesitás de un andamiaje técnico, burocrático y estatal que… Bueno, esto es parte de la Ciudad [refiriéndose al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires]. Esto… tengo que tirar tanto líquido y tengo que conectar a esta otra avenida. Eso por ahí costó mucho, no llegamos a cerrar ese proyecto (Ignacio, exfuncionario técnico de la SNAH, 2017)^[27].

A los impedimentos burocrático-jurisdiccionales, se les añadía otra limitación: la imposibilidad por parte de las agencias estatales de avalar, reforzar y consolidar actividades consideradas ilegales:

En esta lógica que te digo, de militar y acompañar esas propuestas, también empoderar a los vecinos de que sepan bien dónde están, qué pueden y qué no pueden, qué puede hacer el Estado, qué no puede hacer el Estado (Romina, militante y trabajadora del Estado, 2017)^[28].

No obstante, las largas conversaciones mantenidas entre funcionarios, técnicos, militantes sociales y habitantes del barrio permitieron negociar y conceder algunos aspectos, como así también facilitar materiales y herramientas para labores a cargo de estos últimos.

El triunfo de la alianza Cambiemos por un ajustado margen en las elecciones presidenciales de 2015 supuso profundos cambios para los sectores populares: tanto transformaciones en los canales de distribución y llegada de recursos que solían ser mediados por organizaciones sociales afines al gobierno antecesor de Cristina Fernández de Kirchner, como la desarticulación de múltiples políticas públicas que funcionaban en los barrios. La disolución de la SNAH y la dispersión de sus trabajadores en distintas áreas del Estado no se hicieron esperar, y ya en 2016 resultaba palpable, en los relatos de los habitantes de La Carbonilla, el quiebre de aquellos compromisos vinculantes (Manzano, 2016) que los sectores populares habían gestado y consolidado durante la etapa previa^[29].

Ante el nuevo escenario, la Junta Vecinal que llevaba poco más de un año en funciones debió reorientar las iniciativas tendientes a la gestión de demandas y el acceso a derechos: en primer lugar, a través de la actuación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires como mediadora frente al Estado local; en segundo lugar, mediante la presentación de solicitudes formales vinculadas a temas puntuales –mantenimiento de espacios públicos o deficiencia de servicios (reiterados cortes de luz, falta de suministro de agua)– y realizadas exclusivamente ante organismos del Estado local (Ministerio de Espacio Público, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, Secretaría de Hábitat e Inclusión, entre otros). Los vínculos que los miembros de la comisión vecinal –aunque también otros referentes barriales– entablaron con algunos funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (incrementados durante la pandemia, y con quienes al 2021 mantenían una comunicación telefónica directa) ocasionaron que el organismo responsable de asistir en situaciones de emergencia en villas –Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS)– se hiciera presente en La Carbonilla. En paralelo, a partir de gestiones realizadas por la Defensoría del Pueblo ante la empresa de Aguas y Saneamiento (AySA), en el año 2019 se habilitó una nueva boca externa de agua, disponiendo ahora de una para cada sector, lo cual mitigó levemente la situación de extrema precariedad.

Sin embargo, por tratarse la UGIS de un organismo abocado a la intervención en urgencias (falta de suministro de agua, incendios por desperfectos eléctricos, desbordes cloacales, entre otros), lejos están los habitantes del barrio de asistir a una solución definitiva en lo que refiere al acceso al agua segura y asequible. Más bien se ha instituido una forma precaria de provisión (no son usuarios individuales), tal como sucede en otras villas de la ciudad. En la actualidad, el organismo se hace presente a través del servicio de un equipo vactor (para destape de pluviales), camiones atmosféricos (para desagote de residuos cloacales) y camiones cisterna (para distribución de agua potable desde bocas de expendio habilitadas por AySA).

Las deficiencias de la infraestructura de agua, así como las estrategias implementadas para hacerle frente por parte de las mujeres a cargo mayormente de las tareas domésticas de los hogares (a veces orientadas hacia formas de organización comunitaria, otras veces más aleatorias y fortuitas), continúan siendo una preocupación presente, lo cual es testimonio de derechos aún vulnerados. Información producida por el Monitor de Servicios Públicos ha puesto de relieve que agua y saneamiento en La Carbonilla muestran una situación irregular calificada como deficitaria en términos de acceso, cobertura y calidad (Clemente et al., 2019). Estudios también recientes han demostrado que el agua que reciben los hogares de Carbonilla es potable, pero que su caudal es bajo (con escasa llegada a las viviendas más altas, de tres a cinco pisos)^[30]. Si bien en ningún sector se registra una ausencia absoluta del servicio, tampoco este se distribuye homogéneamente y convive con arreglos informales. Las experiencias documentadas mediante el trabajo de campo indican que los cortes y la falta de presión son algo frecuente: solo de madrugada el barrio presenta una buena presión de agua, y los vecinos se ven obligados a almacenarla en baldes a altas horas de la noche; de lo contrario, solo acceden a ella a través del camión cisterna que envía tres veces por semana la UGIS, pero que nunca logra abastecer a todas las familias.

A nuestro juicio, la noción de “ciudadanía vertical” acuñada por Neveu (2005, 2016) resulta nuevamente fecunda para reflexionar sobre la tramitación de las necesidades urgentes de los habitantes de La Carbonilla a través del lenguaje y los resortes del derecho, y a través de interacciones con los poderes del Estado (Judicial, Legislativo, Ejecutivo) y sus distintos niveles (nacional o municipal). La noción permite dar cuenta de la consolidación del órgano de representación de esta comunidad política microlocal (la Junta Vecinal) y de su accionar en relación con las instituciones que deben velar por el cumplimiento de los derechos. Si bien los procesos organizativos que se dieron los residentes lograron conjurar el peligro del desalojo (llegándose incluso a presentar proyectos de urbanización integral ante la Legislatura porteña, que a la fecha han perdido estado parlamentario), la infraestructura de agua/saneamiento aún permanece como un derecho pendiente, como una temporalidad marcada por la espera (de ningún modo pasiva) y como una promesa incumplida que concita simultáneamente expectativas y desilusiones. En rigor, cabe cerrar este apartado señalando que la infraestructura en su totalidad (es decir, en un amplio sentido del término) constituye un asunto cotidiano de conversación entre los habitantes de La Carbonilla, especialmente en las reuniones mensuales de la Mesa de Participación Barrial, que se han reanudado tras la suspensión como producto de la pandemia^[31]. En una de las últimas, ocurrida en junio de 2021 con la presencia de integrantes de la Comisión Vecinal, la Defensoría del Pueblo y la Dirección General de Gestión e Intervención Social (DGGIS)^[32], el intercambio en torno a la infraestructura marcó el momento más ríspido del encuentro: los vecinos demandaron al funcionario estatal el arreglo de todas las canaletas (tapadas por desechos de la construcción), el destape de los pluviales, la solución de los constantes cortes de electricidad en el sector 2 (donde vive una persona electrodependiente). La elevación de la estación La Paternal del tren San Martín en 2019 también comenzó a vislumbrarse en aquellas reuniones como una cuestión en debate por parte de los vecinos. Eso incluía la discusión sobre qué uso darles a los locales que se construían bajo la infraestructura ferroviaria, una inquietud frente a la cual la Junta Vecinal se encontraba elaborando una propuesta al momento del trabajo de campo.

Palabras finales: la infraestructura de La Carbonilla entre el presente y el porvenir

El anudamiento de las categorías teóricas de ciudadanía e infraestructura guiaron el análisis desarrollado en estas páginas. Comenzamos con una reflexión en torno a la noción de “ciudadanía” de raíz moderna/liberal, recientemente enriquecida y confrontada desde distintas tradiciones de pensamiento. Frente a su concepción como un estatus jurídico individual y pasivo que se torna participativo de manera exclusiva y extraordinaria en las elecciones periódicas previstas por la democracia representativa, sin duda el sentido más difundido acerca de la ciudadanía (nos constituimos en ciudadanos al votar) aquí lo hemos definido como un proceso colectivo, dinámico y cotidiano vinculado a la lucha por derechos de actores socialmente situados (Rofman y Foglia, 2015). Recuperando el pensamiento político de Ranciere y Balibar, Villavicencio y Rodríguez (2018) han argumentado que la ciudadanía no es una condición previa desde la cual se acciona, sino que se construye performativamente allí donde hay luchas concretas por la inclusión, el reconocimiento y la efectivización de derechos.

En este sentido, hemos analizado la conformación de una comunidad sociopolítica microlocal, de base urbana y residencial, que se organiza, participa y lucha en pos de su reconocimiento como villa/barrio popular de la Ciudad de Buenos Aires, del derecho de cada uno de sus residentes a un hábitat adecuado, asuntos tan mundanos y profanos como la infraestructura de agua (boring infrastructure o infraestructura aburrida según alguna bibliografía). Como intentamos demostrar, ni la ciudadanía constituye una condición estática ni la infraestructura es una instalación estable; y en torno a ambas, se condensan prácticas, relaciones sociales y materialidades dinámicas. En el difícil contexto planteado por la pandemia, la Junta Vecinal espació las reuniones periódicas, la participación de sus integrantes mermó, y la necesidad de realizar nuevas elecciones para la conformación del órgano de representación barrial ha comenzado a instalarse como algo a considerar. En las últimas actividades de trabajo de campo, que reanudamos en 2021, pudimos observar la existencia de viviendas de hasta seis pisos –lo que da cuenta de la fragilidad y la transgresión de los parámetros constructivos acordados–, pero también significativas mejoras en la terminación de los inmuebles edificados (con revoque y pintura).

Hemos procurado poner en primer plano las experiencias ordinarias de ciudadanización de los habitantes de La Carbonilla, un barrio autoconstruido de la Ciudad de Buenos Aires que hoy cuenta con más de 4.000 residentes. La adjetivación del término “ciudadanía” (“desnuda”, “horizontal”, “vertical”) y los significados otorgados a la(s) infraestructura(s) exploradas –percibidas como ausencia, amenaza, esfuerzo y promesa– nos han permitido reconstruir experiencias locales y dotar de contenido etnográfico categorías teóricas muchas veces pensadas en términos abstractos y normativos. La ciudadanía desnuda, horizontal y vertical aquí distinguidas no constituyen en absoluto etapas cronológicas, discretas y sucesivas, sino procesos simultáneos, superpuestos y articulados.

Ciertamente, para quienes vivimos en el contexto de la ciudad formal, las distintas redes de infraestructura se encuentran naturalizadas, salvo que dejen de funcionar, dado que tenemos nuestro acceso regularizado a través de la lógica mercantil (pagamos por ellas). En cambio, en la denominada ciudad “informal”, en barrios populares como el que nos convocó en estas páginas, el acceso a cada uno de los servicios requiere de enormes esfuerzos individuales y comunitarios, de aprendizajes técnicos (saber construir, saber cómo funciona, por dónde pasan los caños, cuál debe ser la altura de las viviendas y de las cañerías, etc.), y también de conocimientos jurídico-normativos para demandar al Estado y a las empresas involucradas que asuman sus responsabilidades.

Si, como bien ha señalado Reygadas (2004), la desigualdad es un fenómeno complejo, relacional y producto de la articulación de múltiples procesos, no cabe duda de que la infraestructura es un aspecto que fragiliza la vida de los sectores populares; servicios deteriorados e insuficientes en calidad y cantidad que configuran condiciones de exclusión para muchos habitantes de las ciudades latinoamericanas. Pero estos no permanecen pasivos, y, desde los barrios populares, se gestan procesos de ciudadanía insurgente (Holston, 2008) que constituyen al lugar de residencia como comunidad política primaria de referencia para luchar contra regímenes excluyentes de ciudadanía.

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