“Fueron haciendo las tomas, la urbanización, las tomas, la urbanización. Así fue hecho Río Grande” (Río Grande, Tierra del Fuego, 1980-2010)

Nadia Finck

Introducción

La autoproducción del hábitat explica una parte importante del acceso al suelo urbano y la vivienda en nuestras ciudades latinoamericanas. Los tejidos resultantes de la autoproducción del hábitat responden a la forma de asentamientos populares, y, con el paso del tiempo, de no mediar instancias de desalojo efectivo, se van produciendo una serie de acontecimientos que tienden a la reurbanización. Con esto último reconocemos una acción urbanizadora primigenia de los sectores populares que realizan amanzanamientos, subdividen lotes y resuelven de manera colectiva el acceso a distintos servicios como ser la electricidad. Las intervenciones estatales en clave interjurisdiccional (nacional, provincial, local) operan sobre aquellas primeras acciones y se ocupan, entonces, de proveer infraestructuras (redes de electricidad, agua, cloacas, gas) y dotar de equipamientos (recreativos, educativos, de salud, comunitarios) y servicios a esos barrios (transporte público, recolección de residuos). Asimismo, las agencias estatales se abocan a desarrollar otras mejoras, como ser veredas, cordón cuneta, alcantarillado y pavimento. En virtud de cuestiones diversas tales como la propiedad del suelo, la disponibilidad de fondos y el posicionamiento público sobre esa modalidad de producción del hábitat, las intervenciones estatales son heterogéneas, como así también lo son las transformaciones que experimentan estos barrios en materia de reurbanización con el correr de los años, incluso siendo contiguos espacialmente.

Para estudiar estos procesos, nos vamos a centrar en la ciudad de Río Grande, que se ubica en la Isla Grande de Tierra del Fuego, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (AIAS) ^[1]. Es una ciudad ribereña atravesada por el río Grande, que nace en el lado chileno de la Isla Grande y desemboca en el océano Atlántico. Por su configuración espacial, las márgenes del río (norte y sur) conforman una referencia obligada para abordar los procesos urbanos y, en particular, aquellos relacionados con su expansión y la autoproducción del hábitat. Este asunto lo ampliaremos en el primer apartado del capítulo. En particular, nos centramos en las características generales que atravesaron los procesos de autoproducción del hábitat de esta ciudad entre la década de 1980 y los años 2000. En ese marco temporal, focalizamos en tres momentos sociohistóricos particulares (décadas de 1980, 1990 y 2000) que marcaron, como demostraremos, la expansión urbana que experimentó río Grande hacia el sur. De modo concomitante, recurrimos a los discursos de tres referentes barriales recogidos en el contexto de entrevistas en profundidad realizadas entre 2019 y 2021. Ellos pertenecen a los barrios ex-25 de Noviembre, Reconquista y Mirador. Los testimonios, además de las diversas fuentes consultadas (normativas, hemerográficas, cartográficas), nos permiten acceder a una posible reconstrucción del proceso de autoproducción del hábitat en aquellos períodos.

Los nuevos barrios, emergentes de tomas de tierras en suelos vacantes, ociosos o en estado de especulación en el marco del mercado inmobiliario (Cravino y Vommaro, 2018), se localizan en distintas áreas (periféricas o intersticiales). En algunos casos surgieron como correlato de procesos de relocalización donde es posible observar mecanismos de segregación. Entre otros autores, Carman, Vieira y Segura (2013) plantean que ese fenómeno se vincula con el establecimiento de límites y fronteras geográficas y sociales y que puede asumir distintas modalidades. Entre otras, la de “segregación acallada”, que es la observada en uno de los casos riograndenses. Se trata de una modalidad invisible, en lugar de prácticas o políticas de exclusión admitidas, puesto que, aunque asuma la apariencia de una medida de asistencia o política de inclusión (otorgar una solución a la población localizada en un sector de la ciudad), puede generar un enmascaramiento de una segregación de sectores más débiles cuyo efecto es la exclusión o el desplazamiento de sectores populares hacia lugares alejados de la centralidad.

En el caso fueguino, dos de las experiencias a las que pertenecen los referentes que entrevistamos en profundidad para este estudio se ubicaron en un área en la que se destacó el abandono de los usos productivos herederos del modelo agroexportador de fines del siglo xix. Se trata de la margen sur del río Grande, y los barrios son el Reconquista y Mirador; el tercer caso (ex-25 de Noviembre) se trata de un área periférica a la trama urbana consolidada de los años 1980 en la margen norte del curso fluvial. En conjunto, los casos abordados se empalman en los distintos impulsos expansivos que existieron en dirección sur en esta ciudad intermedia (Llop et al., 2019).

Las acciones de (re)urbanización en los tres casos se concretaron a partir de los vínculos que las familias fueron elaborando con el Estado (de distinto nivel), depositario de las demandas colectivas. Se trató de un vínculo en permanente construcción, no lineal u homogéneo, sujeto a distintas variables en cada experiencia. Allí, las instancias de negociación estuvieron permeadas por diferentes tipos de repertorios de acción colectiva, que incluyeron en algunos casos acciones directas para el logro de resultados, entre otras, el corte de vías centrales como el puente Mosconi, que une las dos márgenes del río Grande.

Cefaï (2012), respecto de cómo se incorporan ciertos problemas que se tornan “susceptibles” de tratar por los poderes públicos, recupera la idea de “arenas públicas”, donde la palabra “arena” asume la connotación de “lugar de combate” y de “escena de realizaciones” (Cefäi, 2012, p. 4). Allí el hecho público se define en una permanente institución a partir de la acción de distintos actores (individuales, organizaciones, instituciones) que en conjunto organizan o configuran los temas de conflicto, resuelven crisis y alcanzan algunos compromisos. El autor también afirma que una arena pública es articulada a través de “formas de acción colectiva, de puesta en agenda mediáticas, de estados de la opinión pública y de dispositivos de la acción pública” (Cefaï, 2012, p. 18). Las formas de acción colectiva pueden asumir múltiples expresiones, e incluye desde la constitución de asociaciones, hasta el movimiento de denunciación a reivindicación. Así, se da lugar a una configuración de la forma y voz que asumen en los posicionamientos, las participaciones y los reclutamientos, la movilización, el debate y la negociación (técnica y urbanística) o incluso las formas de batallar jurídica y judicialmente, lo que incluye también la coordinación con otros.

Por otro lado, las decisiones y el armado de “dispositivos de acción pública” responden a las inscripciones en las agendas gubernamentales, legislativas o administrativas en un proceso de negociación que habilita la incorporación de un caso en la agenda y su tratamiento. Allí, como describe el autor, existen demandantes y querellantes que cuentan con distintos apoyos, a la vez que algunos operadores que se ocupan de transmitir las demandas (“pasadores”, “mediadores”, “traductores”) para ser recibidas por legisladores o funcionarios estatales (Cefaï, 2012, pp. 18-19). En el marco de la emergencia de los nuevos barrios y la articulación encadenada de demandas por la reurbanización, veremos cómo se combinan las formas de la acción colectiva con los dispositivos de la acción pública.

Los conflictos urbanos para Melé (2016) poseen una productividad territorial, jurídica y política que remite a las situaciones, los actores movilizados y sus contextos que, en definitiva, permiten indagar sobre los efectos que estos tienen. En esta línea, Azuela y Cosacov (2013) plantean que ciertos aspectos de las formas que asume la acción colectiva en vínculo con las dinámicas urbanas y sociales son revelados en los conflictos urbanos y, a su vez, estos son relevantes puesto que desarrollan una “productividad social”, es decir, una capacidad de incidir sobre la producción del orden urbano, incluso en el plano de su juridificación, ingresando al plano del derecho y llegando a modificar la normativa urbana. En algunos casos, ciertas acciones encadenadas alrededor de estas demandas urbanas derivan en el plano normativo finalmente en mecanismos de “ciudadanización”.

En relación con las luchas que se dan en los lugares que ponen en juego la ciudadanía, Luis Tapia (2008) explica que esta es “una composición de las historias políticas locales y de un conjunto de normas jurídicas e instituciones políticas por medio de las cuales se incorpora selectivamente algunas prácticas políticas desarrolladas en esas historias como norma, valor, regulación política general” (op. cit., p. 88). Se trata entonces en cada lugar de una combinación entre historia de luchas sociales y políticas y un contexto de varias formas y niveles de desigualdad. El autor señala así que la ciudadanía “es generalmente la política que surge en la sociedad civil y es incorporada y reconocida por el estado, o también constituye el margen de ampliación de la política que este necesita para organizar las mediaciones y la legitimación” (Tapia, 2008, pp. 88-89). La idea de “ciudadanización” se vincula con los “procesos de integración política y, en este sentido, con la discusión y ampliación de criterios o concepciones de igualdad política”, y, a su vez, indica que el Estado moderno posee “varios anillos de integración, inclusión política y reconocimiento de la igualdad política” (Tapia, 2008, p. 89). Veremos cómo, en Río Grande, se produjeron ciertos mecanismos de integración política en el contexto de la acción barrial organizada para el caso de la década de 1980.

Por otro lado, consideramos que los fenómenos urbanos en ciudades intermedias llaman la atención sobre la necesidad de desmarcar comparaciones con las metrópolis, cuyo estudio orienta gran parte de las discusiones en el marco de los estudios urbanos (Cravino, 2018). En este punto, la idea de “medianidad” de la ciudad está atravesada por la proximidad no solo topográfica, sino también topológica. Michel Lussault (2015) explica que la proximidad topográfica está caracterizada por aquellos espacios marcados por la continuidad y la contigüidad, “en contacto físico recíproco” (Lussault, 2015, p. 63). La proximidad topológica, por su parte, se caracteriza por ser mediata, donde “lo cercano no es necesariamente contiguo, sino conexo”, conectado por redes, como, por ejemplo, las de transporte (Lussault, 2015, p. 64). La proximidad topográfica es propia de los lugares, y, si entendemos a la ciudad en cuanto lugar, esta resulta un espacio acotado, reconocible para los sujetos que la habitan y la transforman. Como se mostrará luego, ese criterio de proximidad adquiere una relevancia particular en las tres experiencias.

Es importante remarcar que, en el interior de la ciudad, se yuxtaponen otros lugares, marcados por el criterio de jerarquización (Bourdieu, 1999), por ejemplo, barrios, áreas o zonas, pero también espacios puntuales: un puente, un cruce de esquinas, una plaza, etc. Las periferias, que también son lugares urbanos, son espacios heterogéneos (Hiernaux y Lindón, 2004) donde se diluyen las fronteras en procesos de ocupación y apropiación diferenciales, a la vez que es el lugar de desarrollo de diversas actividades y de disputas. En su expansión territorial (Soja, 2008), la forma urbana va incorporando esos nuevos lugares y va ampliando sus fronteras, no sin conflicto. Fue allí donde se ubicaron históricamente los nuevos barrios autoproducidos y se constituyeron en espacios de discrepancias por su uso y significación, se tornaron en lugares desde los cuales las nuevas familias residentes disputaron espacialmente un lugar en la ciudad (Lussault, 2015). Como lugares, esos tipos de espacio están en permanente construcción, atravesados por flujos, fijaciones y escalas (Lindón, 2007).

Lindón (2008), recuperando autores como Raffestin, Debarbieux, Hiernaux y Di Meo, entre otros, explica que la construcción social del espacio implica tanto hacerlo materialmente como dotarlo de sentido. En esa línea, el constructivismo geográfico propone comprender el espacio o las formas espaciales, a partir de la articulación entre lo material y lo no material, desde la perspectiva de la experiencia espacial del sujeto que habita el lugar. En la figura del “sujeto-habitante” que plantea Lindón (2010), se incorpora la espacialidad por la vía del habitar, como así también del lugar: “… solo se puede ser habitante de algún lugar” (Lindón, 2010, p. 185). La autora distingue entre residir, como lugar de residencia, y habitar, que implica una experiencia múltiple en la ciudad en su conjunto, a la vez que existe una heterogeneidad de los tipos de habitar en cada fragmento urbano.

La geógrafa Alicia Lindón (2010) plantea que en la “subjetividad urbana” se da una trama que une las prácticas de los urbanitas (actuaciones) con todo lo que se pone en juego allí, es decir, el sentido, así como también “las formas espaciales que las actuaciones (las prácticas) generan, afrontan, transforman, utilizan, apropian, omiten…” (Lindón, 2010, p. 179). Además, la autora agrega que el actuar de los sujetos en la ciudad incluye “hablar de la ciudad, de sus fragmentos y hablar de lo que se hace en la ciudad” (Lindón, 2010, p. 179). En asociación con estas ideas, figuran los imaginarios que pueden reconocerse en las prácticas, es decir que las orientan a partir de un conjunto de imágenes, imaginaciones y modos de representaciones sobre distintos aspectos en los territorios y las ciudades (Lindón, Hiernaux y Aguilar, 2006; Hiernaux, 2008).

Estas miradas se conectan con el “espacio vivido” que, en la tríada lefevbriana, llamada luego por Soja como “trialéctica”, remite a las “representaciones del espacio” conectadas con las prácticas del espacio (el espacio percibido) y las representaciones del espacio (el espacio concebido). El espacio vivido es aquel de los “habitantes” o “usuarios” (Lefebvre, 2013 [1974], p. 98). Para Buttimer (1976, en Lindón, 2010, p. 188), los espacios vividos son “puntos de una superficie topológica, que la persona puede ‘conquistar; defender, explorar, utilizar; manejar […] son puntos específicos que responden a la intencionalidad humana, a los valores y la memoria’”. Lindón (2008) resalta las perspectivas cualitativas que permiten aproximarse a los significados y sus tramas y en particular a la relación que estos tienen con los lugares y las prácticas realizadas allí. El significado, explica la autora, une el lugar, la práctica y el actor que la realiza. Una de las posibles aproximaciones a esos contenidos es a través de las llamadas “narrativas de vida espaciales” propuestas en el marco de la geografía humana y constructivista (Lindón, 2010 y 2011). Estas son

un relato organizado y secuencializado espacio-temporalmente de experiencias vividas por el sujeto en ciertos lugares. Es un relato en el cual el lugar –con toda su singularidad– se hace parte de la experiencia allí vivida, influye de alguna forma en la experiencia, le imprime una marca” (Lindón, 2011, p. 19).

La riqueza de esta aproximación se encuentra en la reelaboración de la experiencia espacial pasada que hace el sujeto, atravesada por lo interaccional (con quien investiga, con otras personas que fueron parte de la experiencia pasada rememorada y consigo mismo) y por los modos en que opera el proceso de la memoria. Las prácticas espaciales que hacen ciudad son recordadas, habladas, interpretadas (por la distancia temporal más larga o más corta) y reconstruidas en la discursividad de los sujetos-habitantes, quienes eligen qué decir, qué omitir, qué volver a reformular en el propio relato, reconstruyéndolo y con ello las posiciones de sí mismos y respecto de otros con quienes compartió esas experiencias pasadas. Es decir, que adhieren una riqueza a lo que caracterizan de los hechos que ocurrieron. En el momento de la interpretación, plantea Lindón, es preciso preguntarse por los sentidos fuertes que organizan la narrativa. Estas orientaciones teórico-metodológicas formaron parte del quehacer investigativo del cual surge el presente trabajo.

El trabajo que presentamos pretende identificar rupturas y continuidades en las experiencias de tres referentes de tres barrios autoproducidos riograndenses, a partir de los relatos producidos en contexto de entrevista en profundidad. Las experiencias, como adelantamos, se corresponden con el exbarrio 25 de Noviembre (en la margen norte del río), que surgió en el contexto del retorno a la democracia a principios de 1980, con el barrio Reconquista, en la margen sur del río, que se creó entre fines de 1980 y principios de 1990, y el barrio Mirador en esta misma margen, surgido a mediados de la década del 2000. Son tres los nudos problemáticos en los que nos centramos para vincular dos niveles espaciales (la expansión urbana en el marco de los procesos espaciales multiescalares y estas experiencias espaciales):

1. la localización y la configuración espacial emergente que asumió la autoproducción en los nuevos barrios populares;
2. el rol del Estado en sus diferentes niveles en relación con los procesos de reurbanización, y
3. las características que asumió la organización barrial para la resolución de demandas.

Enmarcado en un enfoque metodológico de tipo cualitativo, recurrimos a los discursos de referentes barriales y fuentes documentales secundarias (técnicas, públicas y hemerográficas) para articular descriptiva y narrativamente la trama (Zusman, 2014) de aquellos dos niveles espaciales. Aquí recuperamos algunos aspectos de la reelaboración de la experiencia espacial que hicieron en contexto de entrevista los sujetos-habitantes, centrándonos en aquellos nudos problemáticos. Esto implica recuperar ciertos aspectos de sus biografías y sus trayectorias individuales y tramas colectivas que se articulan en los relatos con el origen de los barrios y las formas de la acción colectiva y dinámicas organizativas que estos asumieron. En esta línea, recuperando los aportes ya señalados de Lindón (2011) y siguiendo a Zusman (2014), se apela a la descripción con cierta densidad en cuanto trama para dar cuenta de un ensamblaje de elementos heterogéneos que están conectados por elementos de carácter teórico y espacial, configurando los lugares de/en la ciudad. La trama, afirma la autora, es “el conjunto de combinaciones mediante las cuales las múltiples trayectorias espaciotemporales se transforman en una geografía” (Zusman, 2014, p. 146). Se trata de un mero recorte posible de la compleja realidad social y que se presenta como puntapié para otras indagaciones.

Estructuramos el capítulo en seis apartados. En el primero recuperamos brevemente algunos elementos de las transformaciones territoriales que sustentaron la localización de la ciudad en la Isla Grande de Tierra del Fuego y en la desembocadura del río Grande; en el segundo, tercero y cuarto, planteamos una aproximación a los procesos barriales desde las experiencias espaciales de los sujetos-habitantes protagonistas y, en el sexto, recuperamos algunas reflexiones finales sobre ellos. Aclaramos aquí que la primera experiencia cuenta con una extensión relativamente mayor a las otras dos, dado que se incluyen aspectos que se recuperan en las siguientes décadas y experiencias. Consideramos oportuno e importante incluirlas. Vaya nuestro agradecimiento público a quienes participaron amable y generosamente de los espacios de entrevista, también nuestro reconocimiento en la construcción de la ciudad y las luchas por lugares donde vivir allí.

Transformaciones territoriales en la desembocadura del río Grande o la matriz de surgimiento de una ciudad fueguina

En la región patagónica, las ciudades intermedias tienen un rol clave: lideran el sistema urbano (Prévôt-Schapira y Valut, 2016) y son los núcleos que conectan el vasto territorio sureño con los centros urbanos metropolitanos de Argentina. La Patagonia, históricamente, fue objeto de proyectos de intervención estatal definidos desde el poder central y fue, además, uno de los últimos territorios en ser anexados al proyecto de Estado nación de 1880, un hecho que se materializó con la puesta en funcionamiento de diversos mecanismos y dispositivos de poder (Bascopé, 2009; Casali, 2013).

Tras la fijación de fronteras con Chile en 1881 y a partir de una disputa de territorialidades (Haesbaert, 2011 y 2013), la desembocadura del río Grande, al norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego (Argentina), se configuró como un ensamblaje territorial (Lussault, 2015): en la margen norte, se localizó la demarcación originaria de la Colonia Agrícola de Río Grande, fundada en 1921 y compuesta por un damero rodeado de quintas y chacras, y, por fuera de estas, las grandes propiedades estancieriles; en la margen sur, una enorme estancia desde el límite con Chile hasta el océano Atlántico y, a la altura del pueblo, un frigorífico y sus dependencias autorizado desde el poder central en 1916^[2]. La existencia y consolidación de una estructura propietaria organizada en pocos grupos fue heredera del modelo de producción ovino que se desarrollaba a ambos lados de la frontera (Bascopé, 2018; Harambour, 2019), lo cual finalmente operó en contra de las orientaciones geoestratégicas para garantizar el ejercicio de dominio estatal por la vía del poblamiento en esas latitudes (Bandieri, 2018; Lorenzo, 2018). Este marcaje se consolidaría como capa espacial (Lefebvre, 1983) con capacidad de incidencia en las transformaciones urbano-territoriales posteriores.

Ahora bien, ¿qué sucedió entre la década de 1920 y la década de 1980 cuando surgieron aquellos primeros nuevos barrios autoproducidos? Por un lado, en este período fue notorio el lento proceso demográfico que experimentó el sector hasta la década de 1970 (como se observa en la imagen n.º 1). La población de Río Grande apenas superaba para ese entonces las 6.000 personas. Por otro lado, entre 1940 y 1950, se produjeron algunas transformaciones urbanas, en la margen norte del río, vinculadas, entre otras cuestiones, a la radicación de ciertas dependencias de las fuerzas de seguridad estatales y la industria petrolera.

Asimismo, hacia la década de 1970, se innovó en materia geoestratégica. Entre otros factores, la hipótesis de conflicto con Chile, el contexto de colonización británica en Malvinas desde 1833 y la composición demográfica fueguina, que era mayoritariamente extranjera, conformaron la antesala en la que se definió la imposición de un régimen aduanero y fiscal especial (Romano et al., 2018). Mediante Ley Nacional (n.º 19.640, año 1972); se dispusieron una serie de medidas que otorgaban condiciones económicas beneficiosas a las empresas para que se radicaran algunos procesos en el territorio fueguino. Se produjo, entonces, un progresivo auge fabril, y, con ello, la demanda de trabajadores y trabajadoras de distintos puntos del país. La medida fue exitosa en términos de promoción de la radicación de población, como puede observarse en la imagen n.º 1; entre 1970 y 1991, el crecimiento de la población fue del 523 %. A nivel local, se debió gestionar esa gran demanda que impactó en la ciudad (Finck, 2016 y 2019b).

Imagen 1. Aproximación al proceso de urbanización riograndense 1980-2007. Ubicación de barrios 25 de Noviembre, Reconquista y Mirador

Fuente: elaboración propia con base en INDEC-DGEyC; Censos de Población y Hogares, CFI (1982), CFI (2018), Archivo Catastro Municipal Río Grande. RENABAP (2018). Proyección POSGAR 2007, Faja 2 en QGIS v.3.08.

Desde la década de 1970, en la trama urbana, se produjeron varias transformaciones; no obstante, aquí destacamos cuatro. En 1977, de la mano de la creación del Fondo Nacional de la Vivienda, se creó en Tierra del Fuego el Instituto Territorial de Vivienda y Urbanismo (IN.TE.VU). Aunque existían algunas experiencias de producción de vivienda estatal (vivienda-lote y un edificio), la acción de este organismo generó una nueva dinámica, en particular por la construcción de conjuntos habitacionales. Desde entonces la mayoría de las acciones estuvieron dadas en las quintas o chacras cercanas al manzanero original^[3] (aunque rodeadas de espacios vacantes), un hecho que impulsó históricamente los procesos de expansión urbana en la margen norte, tanto hacia el oeste como hacia el norte. En segundo lugar, desde el gobierno territorial nacional, se designó una de las chacras que rodeaban el manzanero original (la número 10) para usos económico-productivos, en particular para la radicación de las empresas bajo la organización de un parque industrial. En tercer lugar, en 1981 se inauguró un nuevo puente sobre el río Grande que unió ambas márgenes a la altura de la trama urbana desarrollada por entonces^[4]. En consecuencia, se produjeron nuevas dinámicas de movilidad entre ambas márgenes y, sobre la margen norte, un conjunto de transformaciones ambientales sobre el estuario (Iturraspe et al., 2021). A su vez surgieron un conjunto de proyecciones estatales sobre ese espacio que se anexaba. En este punto, resulta pertinente indicar que el antiguo frigorífico ya se encontraba desactivado para esta época, aunque se inauguró un matadero municipal en esas inmediaciones y también siguieron en pie las construcciones conexas a la planta frigorífica de 1918 (viviendas de servicios, escuela primaria, etc.).

Finalmente, queremos introducir dos notas relacionadas con el parque habitacional fueguino y la cuestión de la tenencia del suelo. Ambas atraviesan las experiencias de vida espacial de los referentes entrevistados. Hasta la sanción del régimen de promoción industrial, la población urbana fueguina era magra, y, en general, la dinámica demográfica hasta ese entonces estuvo marcada por una minoritaria participación de población nacida en Argentina y una alta masculinización de esta^[5]. Estas características se trastocaron con el crecimiento poblacional abrupto, producto de esa medida del nivel central. En este nuevo escenario, las y los trabajadores que arribaban a la isla provenían de otras provincias de la Argentina, y las mujeres se sumaban a las plantas fabriles como operarias o se insertaban en otras ramas de actividad conexas a la renovada trama productiva.

Por otro lado, las personas de países limítrofes como Chile tenían restricciones para ejercer el derecho de tenencia regular de lotes. Las acciones limitantes se enmarcaron en las políticas de las “zonas de seguridad”, una cuestión que se remonta a la década de 1940^[6]. Entre otras cuestiones, no podían acceder a la titularidad de bienes inmuebles. Quien quisiera acceder a la posesión o tenencia en estas zonas debía contar con la autorización de la Comisión Nacional de Zonas de Frontera. Para la aplicación de la norma, se definieron criterios de diferenciación desigual con rasgos moralizantes^[7] que recién se flexibilizaron en 1980^[8]. Aun así, los efectos de estas restricciones se visibilizan en las trayectorias de los habitantes urbanos dentro de la propia ciudad. En muchos casos eran obligados a mover sus viviendas (tipo casilla, imagen n.º 2) hacia otros lugares de la ciudad, aun cuando hubieran agregado valor al suelo, por ejemplo, a partir de tareas de nivelado y eventualmente relleno del terreno, necesarias para poder asentar la vivienda. Por otro lado, los resabios de aquellas restricciones se hicieron sentir hasta la década de 2010, cuando comenzaron a regularizarse las situaciones de tenencia de lotes ocupados hacía más de 30 años en la margen norte del río –sobre este punto haremos una especial referencia al caso del exbarrio 25 de Noviembre–.

En esta cuestión se imbrican las características del parque habitacional fueguino con las dinámicas de movilidad en la ciudad. En las tres historias de vida espaciales, figuran referencias a “casillas” y a movimientos dentro de Río Grande. Como puede observarse en la imagen n.º 2, las casillas, construidas generalmente por quienes serán sus usuarios, son viviendas principalmente de madera y chapa asentadas sobre estructuras movibles tipo trineo que tienen la posibilidad de ser trasladadas de un punto a otro. Estas construcciones se localizan en distintos tipos de tejidos residenciales (barrios en asentamientos, loteos municipales, áreas urbanas consolidadas) y muchas veces constituyen un momento iniciático en la trayectoria habitacional de una familia que se radica en la Isla Grande. En algunos casos se suelen ubicar de manera exclusiva en un lote y en otros casos comparten el predio con otras viviendas. En ocasiones, la instalación está mediada por un pago mensual por alquiler.

Imagen 2. Vivienda móvil o casilla estacionada. Río Grande, 2021

Fuente: fotografía de Nadia Finck.

El exbarrio 25 de Noviembre. El rol del Estado local, el retorno a la democracia y la necesidad de ubicarse en algún lugar de la ciudad en la década de 1980

Fueron haciendo las tomas, la urbanización, las tomas, la urbanización […]. Así fue hecho Río Grande (entrevista a C. V., año 2021).

Carlos^[9] llegó al Territorio Nacional de Tierra del Fuego en 1973, lo hizo en avión desde Santa Cruz con destino Ushuaia, capital fueguina. En 1980 se trasladó 200 kilómetros al norte de la Isla Grande, es decir, a Río Grande. Antes de llegar a donde ocurriría la experiencia del exbarrio 25 de Noviembre de la que es protagonista, tuvo un recorrido previo que explica su arribo a Tierra del Fuego en la década de 1970. Él llegó exiliado de Chile por la persecución política y el riesgo de vida que sufrió allí en el contexto de la dictadura pinochetista. Logró pasar las fronteras y, tras un corto recorrido hacia el sur, llegó a la provincia de Santa Cruz junto a otros exiliados, donde recibió atención y contención desde la entonces gobernación peronista y relató que podía optar por emigrar a Europa. El énfasis en la referencia político-partidaria (al peronismo) es una cuestión importante, puesto que marca su trayectoria militante en Argentina. La decisión de quedarse en el país se vinculó con lo familiar y con la esperanza de reencontrarse con su compañera, que había sido madre hacía poco y que permanecía en Chile.

La estancia inicial en Ushuaia fue corta porque, gracias a un contacto político a través de una familiar, el entrevistado fue a trabajar al centro de la isla, donde se sintió seguro en relación con la situación de persecución ya referida. Luego, retornó a Ushuaia y allí se desempeñó en distintos puestos para, finalmente, independizarse y trabajar como soldador, cañista y gasista. Habiendo llegado su compañera a dicha ciudad, vivieron varios años en un hotel de un conocido, y después con su propia casilla en distintos lugares, producto de los múltiples traslados forzosos que debió enfrentar por las restricciones impuestas ya mencionadas.

Su llegada a Río Grande a principios de la década de 1980 se vincula a una oportunidad laboral en las instalaciones de la empresa cooperativa encargada de la provisión del servicio eléctrico urbano. Junto a su familia, primero alquiló una vivienda en la zona céntrica y luego pudo comprar una casilla que instaló en un lote con mejora adquirido a unas 12 cuadras al oeste de donde arrendaba. El boleto de compraventa en aquel entonces era suficiente para habitar. En línea con lo que indicamos sobre las restricciones para la población chilena, Carlos identifica que, durante la intendencia de Vicente Ferrer (1976-1981), existieron habilitaciones para el afincamiento en la ciudad. Ese intendente flexibilizó de hecho la permanencia de familias en los lotes vacantes, independientemente de su nacionalidad. En sus palabras:

Y los días domingo […] –le decía a los paisanos– bueno y dice “eh chilote, vení. Acá, tenés diez por veinte, este es tu terreno” –decía–, “cuídalo porque, rellenalo –dice–, porque después de esta no hay otra” […]. Y ese hombre repartió mucha tierra […]. Sin documentos, eh. […] y repartía tierra hasta donde llegaba el mar, hasta Libertad (Carlos, dirigente, 2021).

De esto se resalta, en un contexto nacional restrictivo y autoritario, las fugas o los intersticios posibles en materia de acceso al hábitat, propios del entramado social próximo construido en localidades pequeñas.

Las referencias espaciales que consigna el entrevistado en su relato son centrales para comprender el proceso de autoproducción del exbarrio 25 de Noviembre. A principios de 1983, Carlos y su familia sufrieron la inundación de su lote y vivienda. Como se puede observar en la imagen n.º 3, el lugar de residencia quedaba dentro de la línea máxima de inundación (año 1982) (CFI, 1982).

Imagen 3. Barrio 25 de Noviembre y referencias década 1980
sobre imagen satelital actual^[10]

Fuente: elaboración propia con base en CFI (1982), entrevista a C. V. (2021), CFI (2018) y Google Satélite. Proyección POSGAR 2007, Faja 2 en QGIS v.3.08.

Tras la inundación, Carlos y su familia se mudaron a unas cuadras y vivieron cuatro meses en la casa de un vecino mientras resolvía el asunto de los daños en su vivienda, que, entre otras medidas, implicó elevar el terreno, es decir, rellenar medio metro el lote. De aquel contexto surgió la idea de constituir un barrio. En su relato:

Y entonces, conversando, conversando. Un día soñamos y yo le planteo, le digo “Viste [nombre] –le digo–, ¿y qué posibilidades podría haber –le digo– si podemos hacer un barrio aquí?”. Me miró asustado porque el agua también llegaba atrás de su casa […]. Vivía en Bilbao y Espora” (Carlos, dirigente, 2021).

Transformar un área inundable en un barrio constituía una tarea que necesariamente tenía que ser colectiva.

En 1983 se conformó un pequeño grupo de cinco personas que se constituyó “como una junta vecinal” o una “comisión de fomento” (Carlos, dirigente, 2021). Ese mismo año el grupo comenzó a militar en una sede partidaria peronista (Unidad Básica Eva Perón). Fue allí, según nuestro entrevistado, donde “nació el barrio 25 de Noviembre”. Como militantes, además de divulgar su idea con distintos referentes, participaron de las elecciones locales, apoyando como candidato de la intendencia a Esteban “Chiquito” Martínez, quien ganó las elecciones ese año.

Del pequeño grupo pasaron a aglutinar 150 personas a partir del “boca a boca”. En sus palabras:

Y entonces le explicamos a la gente lo que queríamos hacer, ganarle al río y construir un barrio ahí. Pero para eso necesitamos la unidad. Y entonces, para hacer una reunión, pedimos la cooperación de la iglesia, de Don Bosco y nos acompañó un curita que había ahí, R., que fue el que estuvo siempre con nosotros, y fuimos a pedir el sindicato de petroleros privados […]. Entonces hicimos la primera reunión ahí (Carlos, dirigente, 2021).

Las alianzas señaladas en el relato precedente fueron delineando “formas de acción colectiva” (Cefaï, 2012) con miras a la construcción del barrio al que, en asamblea, denominaron 25 de Noviembre^[11]. Por su parte, la relación con la Iglesia católica les “aportó todos los contactos”; además, esa institución en el ámbito local le proporcionaba respaldo a toda negociación con otros actores. En sus palabras: “¡No era lo mismo ir yo y el padre R.! ¡Era otra cosa! No hacíamos antesala. ¡Nooo! No, no, él era el capo acá de Don Bosco en ese tiempo” (Carlos, dirigente, 2021). Para ejemplificar el rol de esta alianza en la construcción del barrio, Carlos relata que se evitó un desalojo allí por la mediación del referente eclesiástico con el jefe de policía.

Las formas de acción colectiva están permeadas por liderazgos y reconocimientos que los portavoces van logrando consolidar en la medida en que se despliega la problemática. En este sentido, nuestro entrevistado planteó, por un lado, un par relacional vinculado entre “logros o avances en los barrios” y “actuación de los dirigentes” y, por otro, anuda esa relación a las características que asumía el trabajo del referente vecinal en el que se combinan “diplomacia” y “presión”. Ese modelo, en el planteo de Carlos, tiene una proporción particular:

La forma de trabajo de un dirigente vecinal es un 70 % diplomacia, de conversación, de convencimiento y un 30 % presión. Ahí está el tema. Entonces hay algunos que llevan un 70 % presión y un 30 % diplomacia y les sale mal la cosa. Así no se llega a ningún lado, eh. No, primero vamos a hablar, vamos a charlar. Las necesidades que nosotros estamos ocupando unas tierras, porque necesitamos que mis hijos crezcan en libertad y con un pedacito de terreno. Eso… ¿Tenemos derecho o no tenemos? Claro, porque eso está en la Constitución Política de la Nación Argentina. Y bueno, sí, sí, está escrita ahí (Carlos, dirigente, 2021).

En definitiva, ese modelo que postulaba Carlos es el que ejerció en la conducción barrial en el 25 de Noviembre. En las acciones y decisiones que tomaron los referentes, existió una previsión que supuso establecer medios y fines. A su vez, ese cálculo (término utilizado en la entrevista) permitía evaluar la actuación de otros dirigentes: al aplicar la ecuación, se pueden marcar distancias respecto de cómo sí o cómo no debería actuar un referente.

Las acciones de negociación se organizaron a partir del tejido político construido desde la unidad básica con quienes ocupaban cargos en el Poder Legislativo y Ejecutivo municipal. A través de este último, lograron que les proporcionaran escombros de obras que se estaban realizando en otros puntos de la ciudad, a partir de la gestión que hicieron ante el área de obras públicas. El objetivo era rellenar el área inundable y lograr que “el agua no [entrara]”. Así se concretó la delimitación y construcción de la “avenida de cierre”, hoy avenida Juan Domingo Perón (ver imagen n.º 3). El registro de personas que demandaban un “sitio” en el barrio alcanzó la cifra de 300. Cuando se concretó la obra de la “avenida de cierre” y el agua ya no avanzaba, ese fue el hecho que catapultó la definitiva ocupación. El llamado fue a

llevar carpa y a medir y hacer las calles y a continuar las calles […]. Y entonces los muchachos empezaron a llevar tambores. Hacían sus casitas sobre los tambores. Ponían una carpa acá bajo la tierra y el agua no entraba. Y así se hizo el 25 de Noviembre (Carlos, dirigente, 2021).

Carlos se ocupaba de ciertas articulaciones, explicadas en sus palabras del siguiente modo: “Contacto institucional con la gente. Iba a dialogar con uno, con otro. Entonces mi tiempo era limitado, pero hicimos una subcomisión para que se dedique a las tierras” (Carlos, dirigente, 2021). Se distribuyeron las tareas entre los miembros de la organización vecinal: ordenar las tierras; extender las calles en dirección oeste, desde la arteria de la trama urbana consolidada hasta donde llegaban las construcciones existentes (calle Bilbao) y en perpendicular, en dirección sur las arterias que construían la red de circulación del nuevo barrio. Carlos había trabajado en Ushuaia en una obra encargada por el empresario Adolfo Luis Sciurano, quien fue designado como gobernador del territorio por el radicalismo a nivel nacional en 1984. Con este antecedente, reconocía que “tocar la puerta de Fito no [le] fue muy difícil” (Carlos, dirigente, 2021). En estas localidades donde la población era más bien reducida, contar con ciertas vinculaciones en un ámbito determinado (en este caso laboral) podía significar una proyección o continuidad en otro distinto (demandas al Estado), un mecanismo posible por las relaciones de proximidad.

El conjunto de negociaciones implicó la articulación entre niveles de gobierno. El dirigente entrevistado reconocía que, a diferencia de otras tramitaciones con el poder territorial o provincial, en este caso los vecinos no debieron trasladarse a Ushuaia, donde reside el Poder Ejecutivo y Legislativo de ese nivel, sino que las autoridades fueron a Río Grande y gestionaron con el nivel local los requerimientos del barrio. Aquí, incorporando la participación de los referentes barriales, se logró una acción de intervención conjunta a nivel interjurisdiccional, un aspecto que no encuentra necesariamente un correlato a lo largo de las décadas, sino que en muchos casos sucedió lo contrario (Finck, 2019).

No obstante, en los registros hemerográficos del momento, figuran distintos ejemplos de ciertas tensiones, particularmente, entre el nivel local y los referentes, aun cuando pertenecían a la misma extracción política. En uno de los ejemplos, el presidente y vicepresidente del barrio destacaron las “demoras” del gobierno local y, en contraste, alegaron una “amplia colaboración” del nivel territorial^[12], o también el entonces secretario de obras públicas adujo impedimentos de los vecinos para el avance de obras de construcción de veredas^[13]. De todas formas, el resultado fue la acción conjunta de relleno en la gran extensión del 25 de Noviembre, un asunto que también resolvía las restricciones presupuestarias del municipio. Finalizado ese proceso, se elevaron los lotes del barrio con asistencia de ambos niveles estatales^[14].

La ocupación efectiva de los lotes se hacía con la orientación de los referentes, tanto de día como de noche, y se les pedía a los nuevos residentes que lo cercaran y “lo cuidaran” frente a nuevas ocupaciones que pudieran darse. Instalaban una carpa o casilla o bien trasladaban una casilla de otro punto de la ciudad hasta alguno de los lotes en el barrio, bajo el esquema “un lote, una vivienda” (Carlos, dirigente, 2021). Esta disposición urbana del uso de lote-vivienda en el barrio contrastaba con las situaciones recurrentes en el damero original y adyacencias, donde en un mismo terreno se instalaba más de una vivienda trasladable, a veces en condición de préstamo o bien mediando un alquiler^[15]. Así, el barrio autoproducido tenía una densidad menor que otros sectores de la ciudad. Estos acontecimientos que ocurrieron en la década de 1980 difieren de lo analizado en otros casos como el abordado por Viviana Moreno en este libro.

En el contexto de las negociaciones, el gobierno territorial dispuso una delegación de tierras en la zona del nuevo barrio autoproducido para otorgar permisos precarios de ocupación, “hasta que se entregó el último lote” afirmaba Carlos. El pago del terreno al Estado constituía una “necesidad” para estos vecinos. Para ello lograron un acuerdo en el valor de los lotes y el precio del “sitio” pasó a “valer el sueldo de un oficial de la construcción […]. Pagamos así. Todo el mundo ahora tiene título ahí, mediante ese sistema” (Carlos, dirigente, 2021). Esta situación es altamente contrastante con el “índice de accesibilidad al suelo”^[16] registrado entre 2004 y 2013 que mostró un empeoramiento, puesto que para adquirir a un terreno de alrededor de 300 m² en áreas de expansión, en la primera fecha se necesitaban 13 ingresos familiares mensuales y en 2013, 31 (Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública, 2015). Luego del traspaso de las tierras fiscales al municipio en 1996^[17], éste fue el encargado de la regularización de la tenencia. En el caso de las y los vecinos del 25 de noviembre, eso ocurrió en el año 2018 aproximadamente.

Deriva planificadora. Lo que cada barrio necesita

La autoproducción del hábitat debía responder a ciertos contenidos que asumía la categoría barrio en el imaginario urbano (Hiernaux, 2008) de los impulsores. La práctica urbana sería guiada por esas representaciones de “lo barrial” (Lindón, Hiernaux y Aguilar, 2006). En efecto, para Carlos, permeado por la experiencia de gestión que atravesó en el marco del gobierno de Salvador Allende en Chile, entendía que estas producciones urbanas debían contar, entre otros, con equipamientos educativos y de salud. En su relato:

Traía la experiencia esa de eso, de que cada barrio necesita una escuela y necesita un dispensario que le decíamos nosotros antes. Entonces le propusimos al doctor Rosas, que era ministro de Gobierno […] digamos, hacer una descentralización de la salud. Así le propusimos […]. Sería que… haya un centro hospitalario chiquito en el barrio, que atienda la salud primaria (Carlos, dirigente, 2021).

Ese centro de salud aludido en el testimonio es el n.º 1, que continuó funcionando. En la disposición de las manzanas y los lotes, los vecinos resguardaron un espacio para destinarlo a una escuela, una cuestión que definieron sobre el plano del barrio. Aunque la manzana elegida estuvo ocupada un tiempo por un grupo de familias, los vecinos “fueron inflexibles” en el uso preasignado al macizo. Con la intervención del Gobierno Territorial, finalmente se dispuso el traslado de esas familias a una zona donde también se estaban desarrollando tareas de relleno, al sur del damero urbano original^[18]. La obra de la escuela se licitó y construyó a fines de 1980.

Los servicios fueron provistos por el municipio y el gobierno territorial. En el caso de las obras del gobierno local, Carlos explicaba que estas se realizaron mediante un sistema denominado “de esfuerzo compartido”, donde los vecinos hacían un aporte minoritario y el resto era provisto por el municipio, que financiaba la obra y se abonaba en cuotas. A fines de 1980, las familias ya contaban con el servicio en red de agua, gas y cloaca y, finalmente, los desagües pluviales. La comisión barrial definió como “requisito básico” el arbolado y que tenían “que hacer un ejemplo para Río Grande, tener árboles y que cada vecino [plantase] un árbol, o dos o tres, o que [pudiera] plantar”: “Y es el lugar más arbolado de Río Grande ahora” (Carlos, dirigente, 2021). El entrevistado afirmaba que “así se construyó el barrio”, y que les dieron terreno “a 1.050 familias” (Carlos, dirigente, 2021).

Carlos resaltaba que la experiencia del barrio 25 de noviembre se dio por “el esfuerzo diario de la gente que tuvo una oportunidad en la provincia, de trabajo”. Y añade: “El barrio 25 Noviembre es un orgullo para nosotros porque ese fue hecho a pulmón” (Carlos, dirigente, 2021). La experiencia contrasta con otras formas de acceso, como, por ejemplo, la vivienda producida por el Estado “llave en mano”, a la vez que se asimila a aquellas iniciativas de autoproducción en las que, una vez que se resuelve el acceso al lote, las familias construyen progresivamente su vivienda utilizando distintas metodologías y formas de organización del trabajo (individual o colectivamente) (Rodriguez et al., 2007; Varela y Cravino, 2008).

Carlos, en su relato, consideraba que la experiencia del 25 de Noviembre se “trasladó” a la zona de la margen sur. Entre otras referencias, incluye el barrio Reconquista, Cabo Peña y Austral. Agrega: “Y todos esos barrios los hicieron los cumpas [término coloquial en referencia a ‘compañero’], de acuerdo a la experiencia que nosotros teníamos”. Haya sido así o no, el entrevistado valora esas otras experiencias como emparentadas con la propia, aunque distantes temporal y espacialmente. Al igual que el 25 de Noviembre, esos otros nuevos barrios también contaban con “una escuela, un centro periférico, una plaza para que [jugaran] los chicos”:

Bueno, y todos esos, el barrio ecológico, todo eso lo hicieron los muchachos. O sea, todo lo que es el margen sur, por acá, nunca fue planificado. Se hizo a la fuerza. El barrio Mirador ahora último. Hace diez años, el Barrio Argentino. Acá, el barrio Provincias Unidas (Carlos, dirigente, 2021).

El proceso de ocupación y autoproducción del barrio 25 de Noviembre estuvo marcado por una particular imbricación con lo estatal o institucional. Es decir que la práctica (política) delineada en el contexto de la arena pública y articulada a través de formas de acción colectiva (Cefaï, 2012) incorporó mediaciones y negociaciones permanentes con las agencias gubernamentales para el logro de los fines, incluso antes de la ocupación efectiva, según el testimonio de Carlos. El trazado y la organización de lotes y manzanas se asemejan a procesos de ocupación, tanto en Río Grande como en otras localidades, donde se busca una asimilación al resto de la ciudad, una normalización y “pasar a constituir un barrio más” (Merklen, 1997, p. 2). El imaginario operante encuentra resonancias en el “deber ser barrial” conocido o experimentado previamente por los protagonistas entrevistados.

Deriva normativa. Efectos normativos de los procesos organizativos en la década de 1980

La disputa por un lugar en la ciudad que se planteó con el surgimiento del barrio 25 de Noviembre tuvo efectos no solo en la transformación de la trama urbana al producirse un nuevo impulso expansivo en la margen norte, sino también en el plano normativo, es decir, una productividad jurídica (Melé, 2016).

En el caso que abordamos, y en el contexto de la trama relacional política que plantearon los dirigentes del barrio 25 de Noviembre, fueron ellos mismos quienes, a través del concejal electo Oscar Gutiérrez –cuya candidatura fue impulsada desde la unidad básica en la que militaban juntos–, propusieron un marco regulatorio que, en el plano formal, reconociese a las comisiones vecinales ante el municipio. Es decir que, para poder actuar en representación de sus vecinos, las comisiones vecinales debían ser convalidadas por el gobierno local y para ello debían cumplir con una serie de requisitos formales. La ordenanza que sancionó en 1984 el Concejo Deliberante generó un marco de reglamentación que estuvo vigente hasta 1992^[19]. Las comisiones debían estar conformadas por personas que habitasen la jurisdicción de la organización, independientemente de otras variables como ser su nacionalidad. En el contexto de la sanción de esta ordenanza, no solo se reconocieron formas políticas emergentes de prácticas innovadoras, un momento y espacio activo de la ciudadanía, siguiendo a Tapia (2008), sino también instancias de integración política de población excluida de otras formas posibles de participación, dada su condición de extranjería, por ejemplo. El proceso que aquí señalamos se correspondería con un segundo “anillo de integración” (Tapia, 2008) en el que se inscribieron derechos de participación, propios de un régimen democrático que, en el caso local, recién estaba retomando su curso tras el último golpe cívico-militar.

El Barrio Reconquista. El triunfo de los usos residenciales en la margen sur del río Grande en el contexto de la provincialización y las transformaciones del rol del nivel local en los albores de la década de 1990

Todo eso lo hicieron los muchachos. O sea, todo lo que es el margen sur, por acá, nunca fue planificado. Se hizo a la fuerza (entrevista a C. V., exbarrio 25 de Noviembre, 2021).

Sergio llegó al Territorio Nacional de Tierra del Fuego en 1986, a tres años del retorno a la democracia y en un contexto donde ya se palpaba el auge fabril. La trama urbana se había extendido hacia la barda fluvial norte, y hacía cinco años que se había inaugurado el puente General Mosconi, como se puede observar en la imagen n.º 1. Ese nuevo paso acortó las distancias de circulación en dirección sur, habilitando una dinámica hasta entonces inexistente en el área de la desembocadura.

Distintos discursos (oficiales, periodísticos, técnicos) construyeron los contenidos de un sector que había sido dominado por el uso privado, vinculado al exfrigorífico de la Corporación Argentina de Productores de Carnes (CAP) y la exestancia Primera Argentina. Por ejemplo, el puente construido, para el discurso oficial del gobierno dictatorial territorial, anunciaba la expansión urbana, lo que quedó plasmado en la tapa del Semanario Territorial en 1981, bajo el título “El puente de la expansión”.

Durante la década de 1980, al calor del incremento poblacional, en la margen norte del río continuaron las obras de relleno para consolidar el suelo y volverlo disponible para usos residenciales. Con ello, el Estado territorial fueguino creó suelo disponible para familias que, entre otras situaciones, solo disponían de una casilla. Es paradigmático de esto el sector que le pertenecía a la Agencia General de Puertos (AGP), donde se conformó un asentamiento denominado como “triángulo del AGP”, por la forma que asumía la concentración de casillas en el terreno.

Parte del terreno ocupado allí quedó flanqueado por la trama urbana consolidada al norte, las viviendas construidas en el marco de un programa de créditos hipotecarios al sur y las operaciones de relleno al oeste. El gobierno territorial planteó un acuerdo con la Sociedad de Productores –titular de las tierras pertenecientes originalmente al frigorífico CAP– en el que se acordó el uso de un sector para la localización a priori temporaria (dos años) de algunas viviendas del asentamiento ubicado en el “triángulo del AGP” en la margen norte^[20]. En los testimonios recogidos, esos primeros traslados fueron acordados con las familias, es decir que no se concretó mediante instancias de desalojo forzoso. No obstante, en la prensa local del momento, figuran varios artículos periodísticos^[21] que anunciaban el desalojo del lugar, lo que podría indicar un ejercicio de presión sobre los habitantes para que aceptaran el traslado.

El movimiento de las casillas hacia la margen sur del río fue posible por la existencia del puente y, en cuanto hecho inaugural, orientó definitivamente las proyecciones que se estaban disputando sobre aquel sector. En efecto, en ese destino se dispuso la delimitación de ocho manzanas rectangulares, creando con ello lo que sería un nuevo barrio en el área de expansión, al que se denominó como Barrio Austral, como se observa en la imagen n.º 4. Desprovistas de toda infraestructura y alejadas del antiguo caserío de servicios vinculado al frigorífico –conocido como barrio CAP–, las familias debieron resolver todo lo que implicaba vivir en un lugar donde “no había nada”. El emplazamiento estaba localizado a algunos kilómetros de las fuentes de trabajo y a la centralidad, donde se concentraban las ofertas de esparcimiento, los comercios, las instituciones educativas, las oficinas públicas, etc. La distancia se veía agravada por la inexistencia de medios de transporte colectivos o individuales que posibilitaran los traslados.

Una vez que se concretó la relocalización de las viviendas desde la margen norte del río, tras poco más de un año aproximadamente, en el verano 1986-1987, se precipitaron nuevas ocupaciones que crearon, siguiendo el primer trazado estatal, los barrios Reconquista, Cabo Peña y Aeroposta. Si se observa la imagen n.º 4, se pueden notar en las dos vistas aéreas del sector las transformaciones gestadas por la acción de urbanización en el periodo de diez años (1980-1991). Entonces, de un espacio marcado principalmente por actividades productivas (instalaciones vinculadas al exfrigorífico y caminos hacia otros puntos de la isla) y extractivas (cantera), se configuró una nueva espacialidad que fue tomando la forma residencial urbana producida por cientos de familias.

Imagen 4. Años 1980 y 1991, zona margen sur

Fuente: fragmentos de fotografías aéreas de la Armada Argentina, años 1980 y 1991, Archivo Museo Municipal Virginia Choquintel, Río Grande, TDF AIAS.

Sergio llegó desde Córdoba, a dedo, “sin conocer nada”. Tenía la referencia de una nota de la revista Gente donde, recuerda, se ponderaban aspectos de la isla en el contexto del conflicto con Chile de 1978. Tras finalizar el servicio militar obligatorio, se encaminó al sur y en el recorrido fue aconsejado por quienes lo traían para que se quedara en Río Grande por las oportunidades de trabajo. Como Carlos, él tenía el oficio de soldador, por lo que apenas llegó se pudo insertar en una empresa como trabajador, primero en la construcción de una fábrica y, luego, como capataz en una obra pública de construcción de un edificio educativo. Si bien llegó solo a la isla, en Córdoba se encontraban su esposa y su hija, que vinieron unos meses después, una vez que logró hacerse de un lugar para poder recibirlas. Alquiló un departamento en la zona centro de la ciudad y, cerca de un año después, en el verano de 1986-1987, se trasladaron a la zona sur, en un contexto que “fue una época de furor, donde toda la gente tomaba terrenos ahí en esa zona”. “Nosotros también tomamos un terreno, nos fuimos con nuestra casilla. Instalamos nuestra casilla y ahí nos quedamos y ahí ya desarrollamos nuestra familia” (Sergio, dirigente, 2019).

Sergio supo de la existencia de lotes disponibles en el trabajo, mediante el mecanismo del boca en boca que se sostiene, como vimos, desde 1980 y pervive, como observaremos, en la década del 2000. Siguió a un compañero de trabajo, visitaron el lugar con su esposa y como “les gustó”, marcaron un lote de 10 metros por 20 metros. Este hecho inaugural es presentado en su relato como un momento de descubrimiento y apertura a un tránsito, que hasta entonces no había recorrido en su trayectoria de vida espacial (Lindón, 2011; Zusman, 2014). En sus palabras:

Después nos enteramos que estaba usurpando. Pero ya cuando estábamos viviendo dentro. Y ahí empezamos… Ahí empezó mi lucha social. Ahí fue cuando empezamos, cuando vimos que no teníamos nada, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos gas, no teníamos nada, y teníamos que subsistir. Y bueno, ahí empezamos con mi vecino, que él sí tenía algo, él sabía algo de lucha social […]. Ahí empezamos a tocar puertas y a conocer gente. Pero no conocidos… él tampoco conocía nada. Hacía poco que estaba acá en la isla y, bueno, de esa forma empezamos a conocer gente y a tratar de ayudar a los demás, porque no se trataba de ayudarnos a nosotros mismos, porque después comprendimos que, si íbamos por nosotros mismos, no conseguíamos nada. Si teníamos que ir por toda la comunidad, íbamos a conseguir más cosas y ahí empezamos ya a fundar el barrio. Fundamos el barrio Reconquista. Planificamos (Sergi, dirigente, 2019).

A diferencia de la experiencia de Carlos y su tránsito de militancia y recorrido en la ciudad, Sergio debió, junto a otros vecinos, abrirse camino y explorar las posibilidades de gestión en la resolución de las necesidades de los nuevos habitantes. La tradición planificadora popular de principios de la década del 80, anunciada por el primer entrevistado, tuvo una continuidad en ese otro sector de la ciudad. Como en otros asentamientos populares, aquí también previeron lugares reservados a usos comunitarios y equipamientos, bajo un criterio de planificación y con la idea de un “barrio ordenado”. En sus palabras:

Planificamos dónde iba a estar la plaza, dónde iba a estar la escuela primaria, dónde iba a estar el jardín de infantes, dónde iba a estar el periférico, dónde iba a estar la policía, y se dio todo. Hoy, después de tantos años, uno puede ver que lo que uno planificó en su momento quedó un barrio ordenado (Sergio, dirigente, 2019).

El barrio Reconquista se constituyó inmediatamente después del Barrio Austral, donde gran parte de las familias eran de origen chileno. Para nuestro interlocutor, el Austral surgió como un mecanismo de expulsión. Según sus relatos:

No sabemos dónde ponerlos, lo ponemos allá […]. Yo lo veo ilógico ahora. Teniendo terrenos en otros sectores más… digamos en la zona norte, lo fueron a llevar a la zona sur, donde no había nada. Vos calculá que cruzás el río, tenías el barrio CAP, que eran poquitos vecinos, y ni siquiera los pusieron dentro del barrio, sino que los pusieron a 400 metros más alejado del barrio CAP (Sergio, dirigente, 2019).

La perspectiva que plantea el dirigente entrevistado encuentra puntos de contacto con la idea de segregación bajo la modalidad “acallada” (Carman, Vieira y Segura, 2013). El caso del Barrio Austral se asemejaría a otros donde el desplazamiento de sectores populares por el Estado resulta aceptable puesto que se trata de una “tierra de nadie” o neutral, a la vez que no revestía, al menos hasta la intervención pública, un interés para los propietarios en términos de expectativas lucrativas. Se agrega, además, que, al inaugurar usos en un lugar “vacío”, la segregación se gestaba al evitar cruces inesperados entre sectores sociales.

Apenas unos meses después de la localización de las familias en el barrio Reconquista, se conformaron los barrios Aeroposta y Cabo Peña. La ordenanza municipal n.º 450 del año 1988 reconoció y ratificó “la designación de los Barrios: Austral, Aeroposta, Reconquista y Cabo Peñas, a los barrios que así estaban designados antes de la ampliación del ejido de la Municipalidad de Río Grande, al sur de Río Grande” (Ordenanza Municipal n.º 450, 1988). Es decir, a fines de 1980, desde el Estado local se registraron en el plano legal-formal las acciones convergentes del nivel estatal-territorial y la autoproducción del hábitat que impulsaron las familias. Además, el diagnóstico urbano de la época reconocía que el “área de transición se [estaba] consolidando y que la población original (500 hab.) [había] aumentado considerablemente (5.000 hab.) a pesar que el área no [contaba] con los servicios de infraestructura básica” (MRG, INTEVU y SVOA, 1988, p. 75).

Planificación, servicios, regularización y acción directa

La experiencia del barrio Reconquista estuvo atravesada por la intervención del nivel territorial que se dio en el contexto de la gobernación de Helios Eseverri (1987-1989). En enero de 1988, se propuso la creación de un “Banco de Tierras” que regularizaría las situaciones ya existentes, a la vez que generaría nuevos lotes.

[En un contexto donde] los municipios se preocupan por la creciente proliferación de zonas de poblamiento “ilegal” y reclaman para sí el derecho a la planificación urbana. El gobierno Territorial, sensible a esa inquietud, responde con una propuesta: crear un banco de tierras y administrarlo conjuntamente […].
[La iniciativa se encontraba enmarcada en] el proyecto de extensión urbana de Río Grande sobre la margen sur del río sobre algo más de 700 has de tierras pertenecientes a la Sociedad de Productores, y que, mediante la comercialización, pasarán en término de cinco a diez años, a manos de propietarios particulares. La elaboración de este proyecto fue encargada a la consultora SERBAIRES (“La planificación urbana desde el banco de tierra”, 21 de enero de 1988, Tiempo Fueguino, n.º 66, p. 12).

Originalmente, se establecía que la provisión de servicios básicos (agua, gas, electricidad, etc.) sería realizada “por iniciativa privada”, estimándose que para ello se adoptarían “sistemas cooperativos, donde los mismos propietarios” participarían “con su aporte” (“La planificación urbana desde el banco de tierra”, 21 de enero de 1988, Tiempo Fueguino, n.º 66, p. 12). Si bien estos puntos se vinculaban a la propuesta enmarcada en la propiedad de la Sociedad de Productores, en marzo de 1988 se convocó a una reunión tripartita entre representantes de juntas vecinales locales y miembros del gabinete municipal y del territorial y se anunció la “concreción del banco de tierras”, dado que se habían realizado las firmas de dos convenios, uno con la Sociedad Civil de Aviación Aeroposta (25 hectáreas) y otro con la Sociedad de Productores de Tierra del Fuego (50 hectáreas), lo que significa que originalmente incluía unas 75 hectáreas y se preveía que fueran “vendidas con propiedad correcta”, es decir que primero se harían “las mensuras” de estas y luego se procedería “a la adjudicación en venta” (“Eseverri anunció la concreción del banco de tierras”, 31 de marzo de 1988, Tiempo Fueguino, n.º 96, pp. 8-9). En total serían unos 3.500 lotes^[22].

Finalmente, el convenio no se cumplió. En 1990 el intendente Martínez explicaba en otra nota periodística que aquellas sociedades habían firmado con el gobierno territorial la entrega de “los terrenos a cambio de servicios en dicha zona, así como también las aledañas […]. 101 hectáreas serían entregadas, existiendo el compromiso de instalar agua, gas y energía eléctrica, debido a la situación económica, no se ha concretado” (“Solución en la margen sur”, 24 de marzo de 1990, Tiempo Fueguino, n.º 346-347, p. 7). En esta situación se anclan muchos de los tópicos que presentamos en esta sección y que, en cuanto problemáticas del hábitat, debieron atravesar los vecinos para la urbanización de su barrio.

En sus inicios, el barrio Reconquista albergó unas 100 familias, y, al 2019, según el entrevistado, lo conforman más del doble, unas 220. La acción planificadora que desplegaron contó con el apoyo de un profesional de la agrimensura a partir de la mediación del gobierno territorial en el marco de aquellos convenios. Sergio enfatizaba varios aspectos del rol de planeamiento de los vecinos, que alcanzó tanto a los modos de ocupación de las manzanas y los lotes, como a los usos y el cumplimiento de ciertos principios, en particular el de desalentar la especulación. Como en otros casos estudiados, no fue posible “un acaparamiento de lotes vacantes luego de una etapa constitutiva” del barrio (Cravino, 2008, p. 160). Entre las estrategias para organizar la ocupación, los vecinos priorizaron el completamiento de las manzanas con el fin de garantizar contigüidad y resguardaron los espacios con fines comunitarios o para equipamientos, impidiendo su ocupación. En estos últimos casos, se debió promover la relocalización de esas familias a lotes aptos para destino habitacional. Por último, afirma Sergio: “[En este barrio] no le dimos oportunidad al especulador a que se quedara con un terreno […] aunque siempre alguno lo hay, pero tratamos de que no especulasen”^[23]. Es decir que finalmente no se utilizaría para fines habitacionales (Sergio, dirigente, 2019).

La resolución de las necesidades trasvasó la unidad vecinal y dinamizó procesos colectivos interbarriales. Esto también se observó en otros capítulos, como el de Cravino y el de Decima con Boldrini. Por ejemplo, siguiendo el relato de Sergio, entre distintos barrios del sector, se organizaron para acceder al servicio de gas por red. Esto es, los vecinos compraron los materiales y desde el municipio se proveyó la mano de obra y conexión. Este tipo de mecanismos entre pobladores y gobierno local para el desarrollo de “obras públicas municipales de infraestructura urbana” se mantuvo constante entre la década de los 80 y los años 2000, e, incluso, el sistema denominado “de esfuerzo compartido” llegó a institucionalizarse y regularse mediante ordenanza municipal^[24].

La concreción de las obras de la red de gas figura asociada en el relato del dirigente a la acción directa, puesto que la falta de resolución estatal (local y territorial) para la provisión de ese servicio esencial tuvo como respuesta la “toma” del puente por “tres días y dos noches” en 1990^[25]. Entre ambos niveles estatales, no concluían ni con la compra de materiales, ni con la instalación de aquellos escasos metros de caños que habían adquirido para la obra. Podemos entender que la referencia a la acción directa como una “toma” devela el carácter estratégico que tuvo este hecho en la experiencia organizativa y que se planteó de manera relacional al conjunto de la ciudad. Sergio sobre esto explicaba:

Nos tenían a las vueltas con el tema del gas, que el municipio nos decía que sí, que no, que el Gobierno que sí, que no, y nosotros teníamos frío, entonces dijimos “Bueno, tomemos el puente”. ¿Por qué tomamos el puente? Porque era algo pensado. Hoy, cuando yo veo que alguien quiere tomar el puente, le digo “¿Para qué querés tomar el puente?”. Hoy no es como… Antes en la margen sur, teníamos un matadero, teníamos el basural. Si nosotros cortábamos ese vínculo, la zona norte estaba toda inmunda y no comía. Entonces tenían que ceder. Hoy si vos cortás el puente, ¿a quién perjudicás? Si dependemos todos de la zona norte, no tiene buen… en aquella época sí (Sergio, dirigente, 2019).

El relato precedente es elocuente de la estrategia diseñada por las y los vecinos. Una de las formas y la voz^[26] que tomó el posicionamiento que asumieron frente a la demanda incumplida como parte de la instauración de una arena pública (Cefäi, 2012). En la descripción del evento que hace Sergio y que caracteriza la acción directa asociada al éxito, le permite establecer criterios de valoración –algo similar a lo que Carlos indicó sobre el cálculo que debían realizar los referentes–. El entrevistado le atribuye a la medida una potencia en el pasado que hoy ya no la tendría. Interpretamos que la reflexión deriva de su conocimiento y sus experiencias urbanas en la circulación y las dinámicas entre ambas márgenes del río. Sin embargo, como veremos, esta cuestión fue puesta a prueba en la experiencia de Luis en otra acción directa que también implicó la interrupción de la circulación en el puente General Mosconi, entrados los años 2000.

En el caso del acceso al agua para consumo, higiene, etc., en un primer momento, fue provista por el municipio con camiones aguateros. El gobierno local también aportaba camiones y personal para que los vecinos pudieran recolectar leña para calefaccionarse. En el barrio Reconquista, las familias, en conjunto, instalaron canillas comunitarias, para lo que debieron trazar una pequeña red para acortar las distancias entre las viviendas y el punto de acceso a ese recurso (como es habitual en gran parte de las experiencias de los asentamientos populares de la Argentina, y que es profundizado en el capítulo escrito por Garibotti y Girola). El registro fotográfico (imagen n.º 5) contiene un texto que señala detalles de un momento de la construcción del lugar barrial. También, colocaron los postes de electricidad para que la Cooperativa Eléctrica extendiera las redes y proveyera el servicio. Aquel tiempo Sergio lo recuerda como “muy lindo” en cuanto a los modos de acción colectiva para resolver las necesidades urgentes. En sus palabras: “Teníamos tanta necesidad que entre los vecinos nos hablábamos todo y había muchas ganas de salir a trabajar, entre todos” (Sergio, dirigente, 2019).

Imagen 5. Trabajos comunitarios en el barrio Reconquista

Fuente: archivo personal de Sergio Fresia.

Finalmente, un avance en la construcción de las redes de agua corriente se concretó durante la gestión municipal de Esteban “Chiquito” Martínez (1983-1991) y se concluyó en la gestión municipal de Jorge Colazo (1991-1999). Sergio entiende que el barrio ya estaba “consolidado” entre 1987 y 1992, un hecho que asociaba con la provisión de servicios (en el año 1991, ya se había inaugurado la red de gas) y con la disponibilidad de lotes vacantes, puesto que, según él, “ya no había espacio para nadie dentro de la zona” que habían hecho (Sergio, dirigente, 2019). En otras palabras, la consolidación estaba dada por la provisión de los servicios y el completamiento del uso de los lotes disponibles para fines residenciales.

La titularidad de la tierra en manos de tenedores privados supuso un gran desafío para las familias habitantes. Mientras se resolvía la provisión de servicios en el marco de un convenio fallido, las y los vecinos debían afrontar el pago de los lotes, por los que, de acuerdo al testimonio de Sergio, lograron ellos mismos negociar un acuerdo por un valor por metro cuadrado menor al exigido inicialmente por los propietarios. Esto se produjo en el año 1989, en un contexto de mucha desocupación, como reconoce nuestro entrevistado, por lo que afrontar las cuotas del terreno y pagar la red de gas constituía un gran esfuerzo económico para la mayoría de las familias. La mora en el pago de los lotes por parte de muchos habitantes del sector y el conflicto suscitado con el titular de los predios implicaron finalmente la intervención del municipio.

En principio, se creó el Banco de Tierras de la Municipalidad de la ciudad de Río Grande mediante ordenanza municipal, en la que también se lo autorizó a adquirir tierras dentro de la zona urbana denominada “Margen Sur” y a “ser garante solidario de los vecinos del Margen Sur, formado por los barrios: Aeroposta, Cabo Peña y Reconquista”, que entonces incluía 515 lotes (Artículos 1, 2 y 3, Ordenanza Municipal n.º 528, año 1990). Aunque siguió en parte la experiencia del nivel territorial, la sanción de la ordenanza constituyó uno de los primeros antecedentes normativos estrictamente locales en materia de instrumentos urbanos, habilitando nuevos actos en el marco legal-formal en los años sucesivos. El caso que incorporamos aquí daría cuenta de una nueva instancia de productividad en el plano jurídico (Melé, 2016; Azuela y Cosacov, 2013).

El municipio firmó un convenio con el titular de las tierras y subrogó sus derechos y acciones. Con esto, el nivel local podría ser el encargado de las tramitaciones inherentes a la transferencia definitiva del dominio de los lotes mediante escritura según las normas aún vigentes en materia de “Seguridad de Frontera” (Considerandos, Ordenanza Municipal n.º 825, año 1996). Sin embargo, estas intervenciones no tuvieron un correlato en una pronta regularización dominial: Sergio se hizo del título de propiedad en los años 2000, casi quince años después de asentarse en el lugar, un lapso de tiempo que se mantiene relativamente constante en las tres experiencias que organizan este capítulo.

Las modificaciones de la zona sur implicaron el surgimiento de otros barrios en la década de 1990 y un proceso de reurbanización que supuso la provisión de servicios urbanos, distinto tipo de equipamientos y, a inicios de los años 2000, la intervención pública del nivel nacional y provincial como fue la ejecución del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA). Este programa incorporó al barrio Reconquista en el año 2002 “como loteo con fines sociales” con el objetivo de implementar la regularización dominial (Artículo 1, OM n.º 1.695, año 2002). En este caso, también, se trató de un conjunto de acciones públicas de carácter interjurisdiccional. De este modo, la zona sur fue objeto de grandes transformaciones en la década del 2000, de hecho, fue el área que experimentó el mayor crecimiento en hectáreas ocupadas en la ciudad en las últimas décadas (Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, 2018). Según la mirada de Sergio, el crecimiento superó las expectativas:

Visualizaba que iba a crecer porque siempre iba a seguir viniendo [gente], no pensé que iba a ser una explosión tan grande. Tal vez mi idea era que se iba a ir expandiendo en menos proporción, pero, bueno, eso superó mi idea (Sergio, dirigente, 2019).

Las ocupaciones y la autoproducción del hábitat constituyeron una constante en Río Grande desde 1980. Sergio planteaba un análisis propio para explicar este fenómeno que se trataría de “etapas”. Su experiencia de vida y espacial urbana le permitió trazar un paralelismo con los grandes movimientos de ocupación de las últimas décadas que, en definitiva, tienen para él puntos en común. En este sentido, relataba que en 1986 el valor de alquiler que pagaba le insumía el “33 %” de su sueldo:

Eso te obligaban a o comer o pagar el alquiler. En ese tiempo yo ya tenía mi casilla, entonces me fue más fácil decir “Bueno, vamos a un terreno y por lo menos ahí no pagamos alquiler”. Teníamos otras necesidades: luz, agua, gas, cloacas, pero dentro de todo no pagamos ese alquiler altísimo que pagaba yo en su momento, ¿no? Eso mismo después se replica en el año 2004 aproximadamente, que fue la otra gran toma de terreno, que pasó más o menos lo mismo. Es decir, después de tantos años que el IPV^[27] no entregaba viviendas, que el gobierno, que el municipio no entregaba terrenos, los terrenos se fueron muy caros, los alquileres muy altos, y la gente explota por algún lado (Sergio, dirigente, 2019).

En el relato precedente, se vinculan las experiencias de acceso al hábitat a través de un análisis desde las dinámicas de los mecanismos formales de acceso al suelo urbano y la vivienda. En contextos de restricción de la oferta, la necesidad se satisface por otras vías alternativas a las ofrecidas, y no por el Estado y el mercado inmobiliario. Esas otras formas adquieren, entonces, un rasgo de legitimidad social: “La gente explota por algún lado”.

Actualización de la participación normada

Durante la década de 1990, Sergio comenzó a trabajar en el sector público municipal. En la historia de Río Grande, durante varias gestiones se produjo este tránsito entre barrio y municipio, local donde los referentes pasaron a formar parte del funcionariado local de manera temporaria o permanente, ocupando distintos puestos con vinculación a la trama vecinal. A inicios de los años noventa, se promovió la sanción de un conjunto de ordenanzas que actualizaron la normativa que regulaba las organizaciones barriales, lo que tendía a la institucionalización de estas entidades. De este modo, de la antigua ordenanza promovida por los vecinos del barrio 25 de Noviembre^[28], se modificó la delimitación del alcance geográfico de las “comisiones de vecinos”, tal como las designaba la normativa local creada en 1984. Se estableció un nuevo criterio según cantidad de manzanas (“no mayor de seis a ocho manzanas”) y se definieron mecanismos de participación en reuniones en la órbita del Concejo Deliberante de la ciudad (Artículos 1 y 5, OM n.º 586, año 1991). En 1992 se estableció un régimen para juntas vecinales, que, para ser reconocidas como tales ante el municipio, debían cumplir un conjunto de prescripciones, entre otras, un mínimo de 50 participantes constituyentes, un criterio de delimitación diferencial al preexistente (entre cuatro y ocho macizos), así como también un conjunto de “finalidades del bien común” a establecer en los estatutos (Artículos 1, 2, 3 y 8, OM n.º 615, año 1992). Esta ordenanza estuvo vigente hasta los años 2000.

A fines de 2005, inició en la zona sur un proceso de tomas de tierras^[29] frente a los barrios que se originaron en 1980 y 1990 (Reconquista y lindantes)^[30]. La primera experiencia fue la denominada “15 de octubre”, nombre que toma con la fecha en que se produjo el ingreso de habitantes al predio y dio inicio al nuevo ciclo de ocupaciones en la ciudad. Como veremos, en el surgimiento de estos barrios, se produjeron algunas continuidades y también ciertas disrupciones de los procesos anteriores.

El barrio Mirador. Un nuevo ciclo de tomas de tierras y autoconstrucción de barrios en la década de 2000 en la margen sur del río Grande

“¿Ustedes –le digo– qué nos están cobrando? Si nosotros urbanizamos” (entrevista a L. B., 2019).

En Argentina, el nuevo milenio se inauguró atravesado por una de las crisis políticas y económicas más severas de las últimas décadas. El modelo neoliberal impuesto en la región tempranamente (Katz, 2015) reveló sus efectos sociales de manera descarnada. El año 2001 significó, en la órbita institucional del gobierno nacional, un recambio de autoridades inusitado al compás del lema “Que se vayan todos” proclamado en el sinnúmero de manifestaciones callejeras masivas y la represión policial en los grandes centros urbanos. Luis, nuestro tercer dirigente entrevistado, vivía en la ciudad de Córdoba cuando en 2002, luego de varios episodios de violencia por robos, decidió migrar a Río Grande, donde ya residía uno de sus hijos varones. Llegó a la isla como jubilado del ámbito público cordobés. Primero se trasladó él y alquiló y amuebló un departamento, y a los meses llegó su esposa. El nuevo destino quedaba en la zona centro, y año tras año sufrían la incertidumbre del aumento del precio del alquiler.

Luis, como los otros entrevistados, también llegó a la zona de la Margen Sur por el boca en boca. En el año 2006, uno de sus sobrinos fue quien lo anotició que, “del otro lado” (del puente o del río), estaban “marcando” terrenos. Fue el joven quien definió el terreno para Luis y así pasó a ser vecino de un asentamiento popular. En poco tiempo había personas levantando las viviendas, y en aquel primer momento eran unas 30 familias aproximadamente. El paisaje se caracterizaba por unas pocas y dispersas construcciones, algunas habitadas y otras en proceso de consolidación. Según recuerda, desde su lote solo lograba divisar cuatro casas y también, al lado del galpón de uno de los primeros habitantes que usaba como taller,

había un corral que había quedado […] armado [por la] gente que tenían chacras y que traían […] para encerrar los caballos acá, […] simplemente tener más cerca el agua, porque esto era una laguna. Donde [estaba su] casa era una laguna (Luis, dirigente, 2019).

El entrevistado describe imágenes de una vista donde destacaban los usos rurales y las lagunas, con vacancias urbanas. En conjunto, contrasta con la actualidad, donde las edificaciones organizadas en manzanas son las que dominan el paisaje.

El barrio Mirador se fue densificando, y, a su vez, en sus inmediaciones, se conformaron otros asentamientos populares. Luis evoca que, en simultáneo o poco tiempo después, surgieron los barrios Argentino, Provincias Unidas, Los Fueguinos, y 22 de Julio. Relata que ya estaba el Barrio Unido y junto con este el Bet-el, que fue una escisión de aquel, y también 15 de Octubre y 15 de Octubre Bis (hoy Héroes de Malvinas). Se trató, en definitiva, de un proceso de gran dimensión, como coincidentemente evaluó Sergio.

En semejanza al caso del barrio 25 de Noviembre, en los lotes del Mirador, se fue vertiendo basura, escombros y relleno (tierra) para lograr un terreno que lograra soportar el peso de las viviendas y que pudiera evitar inundaciones y anegamientos. Luis afirmaba que en su lote debió verter unas “cien camionadas de relleno” para alcanzar este objetivo. Los escombros eran necesarios también para las vías de circulación y el marcado de calles, tarea que emprendió la comisión impulsada por otro vecino que ya no vive allí.

Ni bien nuestro entrevistado llegó al asentamiento, fue informado de que los días sábados se hacían reuniones para organizar tareas barriales, por ejemplo, reunir dinero y comprar relleno para las calles. El primer sábado luego de marcar su terreno, asistió a la reunión vecinal, en el taller de un habitante. Aquella primera comisión había colocado estacas para marcar las calles, que originalmente eran anchas, aunque luego se fueron angostando. También se fueron identificando y delimitando los lotes que quedarían a resguardo para equipamientos (una posta policial, una plaza, una escuela). En las reuniones participaban todos, y esa era una definición que en el relato de Luis figuraba asociada a una serie de normas que se habían autoimpuesto:

Por ejemplo, vos no ibas a tres reuniones y bueno, la comisión disponía… Había una lista de espera y se lo daba [el lote] a otro. O sea, porque había gente que estaba en lista, ya cuando se ocuparon todos los terrenos, […] se hizo una lista de espera y los que venían, decía “Bueno, ahora vas a venir vos”, y porque este otro no hace nada. Dentro de los tres meses, vos tenés que hacer algo, en tres meses ya tenías que empezar a tener la construcción avanzada (Luis, dirigente, 2019).

Luis fue construyendo su vivienda y a los pocos meses logró finalizarla, en simultáneo siguió sosteniendo el alquiler en la zona centro. Para resolver el depósito de los residuos cloacales domiciliarios, instaló bajo tierra unos contenedores cilíndricos que le regalaron en una fábrica y con los que originalmente había delimitado su lote. Cada familia debía decidir de cuántos disponer (tres o seis), por lo que fue regalando a otros vecinos aquellos que le sobraron.

Un habitante se contactó con el entonces presidente de la cooperativa eléctrica, un hombre que había sido referente en el barrio 25 de Noviembre, quien accedió a proveerles de electricidad. En este punto se presentaría una nueva situación donde se apelaba a las relaciones de proximidad, en este caso para acceder a un servicio a cargo de una entidad privada. Armaron en el taller algunos de los elementos necesarios para que cada manzana tuviera conexión eléctrica y evitar que se sobrecargara el tendido. En el Mirador, como en el Reconquista, los vecinos compraron los materiales entre grupos de familias. Las primeras instalaciones presentaban dificultades como cortes permanentes, por lo que ellos mismos debieron gestionar esas mejoras. Al igual que en el capítulo de Garibotti y Girola, se observa el protagonismo de los vecinos en la resolución de las infraestructuras necesarias para la vida urbana.

El acceso al agua y las cloacas se resolvió mediante la intervención del programa PROMEBA, a partir del año 2014. Las obras para el acceso a la red de gas se encontraban, a 2023, en estado de gran avance, aunque no fueron finalizadas. Por otro lado, se ejecutaron obras de pavimentación y pluviales en las calles que corresponden al trazado de circulación de los colectivos de las líneas del servicio de transporte de pasajeros. Entre 2015 y 2019, se construyó un edificio de uso comunitario denominado Núcleo de Inclusión de Oportunidades (NIDO) y una plaza en uno de los macizos resguardados para ese fin por las familias, mientras que, en otro de ellos, se instaló un politécnico educativo.

La comisión barrial desplegó distintas estrategias para realizar acciones de mejoramiento de los espacios comunitarios en las que involucraban a la mayor cantidad posible de familias. No obstante, Luis explica que, en todos estos años, no lograron resguardar todos los predios previstos para destinarlos a usos comunitarios. Por ejemplo, se había dispuesto una esquina para localizar una posta policial, pero hacia 2008 “fue ocupado y no lo [pudieron] recuperar porque se metieron varias familias, todas de la misma nacionalidad, eh… extranjeros” (Luis, dirigente, 2019). En otro caso, un espacio que había sido proyectado como cancha para la práctica deportiva fue requerido porque “plantearon los vecinos de que había familias que querían ubicarlas ahí y se ocupó el manzano ese” (Luis, dirigente, 2019). Finalmente, en la zona de la barranca, se había planificado un centro cultural desde la Unidad Ejecutora Provincial, dependencia a cargo del PROMEBA, aunque, tras la sanción de una ley de expropiación que alcanzaba al barrio^[31], se dispuso la relocalización de familias en ese predio, por lo que el centro cultural no se pudo instalar. Es decir que la reorganización de la ocupación de los espacios comunitarios estuvo condicionada por distintos tipos de procesos y actores intervinientes y en especial por las necesidades habitacionales de familias sin recursos.

La preservación de ciertos terrenos para usos comunitarios, que es una constante en las tres experiencias, constituye un bastión colectivo que “defender” en la construcción urbana de espacios en cuanto barrios. Esa defensa implicó, como vimos, la implementación de distintos mecanismos para garantizar ese objetivo. Estas acciones se empalman en un conjunto de definiciones prescriptivas que atraviesan las tres experiencias de los referentes y que delinean los contenidos de una moralidad barrial: “cuidar” los terrenos asignados a cada familia, formas estrictas de participación, mecanismos de expulsión del barrio o de los lotes asignados a usos no residenciales, restricciones a la especulación, criterios temporales para el inicio de la construcción de las viviendas o para la introducción de mejoras en los lotes entre otros.

El lugar de los referentes y las agendas interjurisdiccionales

Originalmente, el barrio Mirador estaba conformado por un poco más de 50 manzanas, unos años después (2009-2010), a partir de la mediación de una persona funcionaria provincial, integraron un pequeño barrio de pocas manzanas que se llamaba Los Obreros. La sostenibilidad de la autonomía barrial estaba dada por la capacidad de organización y representación frente a otros actores, como las agencias estatales. Luis, en su rol de referente barrial, establecía, en su relato, acercamientos, solapamientos y distanciamientos con otros barrios. En un caso como el de Los Obreros, relataba que aceptó hacerse cargo en una situación donde aquella “gente est[aba] sola, no [tenía] quien les [hiciera] un trámite. De quien se [moviera] por ellos” (Luis, dirigente, 2019).

En otros casos, el acercamiento o trabajo articulado no fue posible. Por ejemplo, no habrían logrado reuniones “fructíferas” con barrios preexistentes, como el 15 de Octubre, donde se concretó la financiación de viviendas a través de uno de los programas federales de vivienda promovidos desde 2003. La expectativa generada a partir de ese resultado no generó, sin embargo, un trabajo en conjunto entre barrios. En este punto se destaca una diferencia respecto de la experiencia narrada por Sergio. Aun así, como afirmaba Luis, existió un proceso de convergencia de intereses comunes tras la sanción de la ley de expropiación del año 2011, que alcanzó a varios de los nuevos barrios, incluido el Mirador: “En ese tiempo, había… teníamos un consenso. El tema es que, mientras hay interés común, todo marcha bien y ya después cuando empiezan los tiempos políticos, ya se empieza a tomar distancia” (Luis, dirigente, 2019).

Por otro lado, las mediaciones y representaciones de los intereses de los barrios se entrecruzaban con las agendas y los tiempos político-partidarios. En las arenas públicas, los referentes tomaron posición y ejercieron una diversidad de estrategias para el posicionamiento de sus demandas. En algunos casos, en una línea de continuidad con la década de 1990, desde el Estado (provincial o municipal) pervivió un mecanismo de incorporación de ciertos referentes a las filas del funcionariado público, es decir, como trabajadores públicos. De esta manera, como en otros casos y escenarios de la representación colectiva, el conjunto de vecinos se veía en alguna medida limitado por la adhesión política o no al gobierno del momento.

En otra línea, se puede identificar cierto desacople entre lo legal-formal, las prácticas concretas y lo legítimo: aunque Luis participó sistemáticamente de los procesos de organización de la comisión o junta vecinal a la vez que oficiaba como referente, al momento de la entrevista, desde el municipio se había reconocido como presidente interino a una persona que el entrevistado identifica como militante político del partido que conducía por ese tiempo el gobierno local. El proceso de elecciones que debía realizarse entonces no se concretó, por lo que, para el municipio, la comisión barrial se encontraba en estado de acefalía.

Nuestro entrevistado enfatizaba un contrapunto entre legalidad y legitimidad. Aunque, por un lado, no contaba con el reconocimiento legal del Estado municipal, su accionar se legitimaba por los objetivos de base territorial que lo orientaban. En sus palabras:

En definitiva, para la Municipalidad estamos acéfalos. Yo sigo peleando igual. A mí no me importa, yo no quiero, si a mí un título, ni un cargo, ni nada me hace… yo quiero, lucho porque quiero mejorar nada más. No me importa si me reconocen o no… digamos, lo que hago […] y aparte en la Municipalidad, ya no… me, desde hace un par de años. No me invitan a reuniones, nada, ¿no? O sea, ya cuando empezaron a trabajar políticamente ya pusieron trabas, empezaron a trabajar con los referentes que eran adeptos nada más (Luis, dirigente, 2019).

A contrapelo de la experiencia de Sergio donde se mencionaba la participación en el ámbito público por parte de referentes o exreferentes, sin que ello revistiese una carga valorativa particular, en el relato de Luis sí se marcan los desafíos que estas situaciones involucran. Este punto interroga el rol de las mediaciones estatales, los mecanismos de cooptación y las tensiones entre las demandas populares y su procesamiento en el ámbito burocrático estatal. Esta cuestión atraviesa transversalmente a las experiencias organizativas, como también pudo encontrarse en los capítulos precedentes.

Intervenciones públicas de carácter interjurisdiccional

Desde 2005, en la zona sur, gestaron múltiples intervenciones públicas de carácter interjurisdiccional. Como consecuencia de ello, los barrios experimentaron procesos de reurbanización disímiles, tanto en cuanto a los resultados del mejoramiento del hábitat, como en los tiempos y plazos de ejecución de las obras (Finck, 2019). Por otro lado, los Estados local y provincial fueron gobernados por sectores políticos que no lograron necesariamente acordar agendas o posturas en relación con los nuevos barrios. Así, por ejemplo, en el caso del Mirador, la acción municipal se limitó en su origen, exclusivamente, a la provisión de agua mediante camiones cisterna que la depositaban en los contenedores cilíndricos dispuestos en cada lote. Con la asunción de un nuevo gobierno provincial en 2007 y el cambio de signo político, por un lado, se realizaron las gestiones pertinentes para la provisión de electricidad y, por otro, se definió que el PROMEBA realizara una primera etapa de diagnóstico.

Fue en este mismo contexto en el que, a nivel provincial, se sancionó la primera ley de emergencia urbano-ambiental (ley provincial n.º 789, año 2007). Entre otras medidas, la norma suspendió “los desalojos de personas en estado de vulnerabilidad socio-económica-habitacional ocupando predios habitacionales”. En el año 2006, el Poder Legislativo y Ejecutivo locales disputaban la colocación o no de canillas comunitarias para abastecer de ese servicio a los primeros barrios emergentes en el nuevo ciclo (15 de Octubre, entre otros).

En el barrio Mirador, al año 2022, se registraron habitando unas 440 familias (RENABAP, 2022). No obstante, Luis reconoce que las gestiones para atender las cuestiones del barrio fueron llevadas adelante históricamente por un grupo reducido de personas. Uno de los hitos de la acción colectiva en la que estuvo involucrado nuestro entrevistado fue la demanda por la sanción de la ley de expropiación (año 2011) que mencionamos, la cual produjo un cambio de estatus jurídico del asentamiento popular. La ley conforma, además, parte de la productividad jurídica del caso analizado. Allí participaron de manera permanente al menos diez personas, aunque

con el apoyo de todos los demás, muchos dicen, si estamos de acuerdo que se yo, pero yo no puedo ir y, bueno, […] diez eran con los que andábamos movilizándonos, yendo a Ushuaia, o sea, eso sí. Incondicionales. Y otra gente que sí, apoya, pero que no dispone de su tiempo. O le es más como quedarse en la casa. Lamentablemente, hay gente que se conforma con que pudo meter la cabeza bajo un techo y nada más, y yo no, yo quiero que mejoremos, que esto mejore (Luis, dirigente, 2019).

En el contexto de la discusión en la legislatura fueguina por la sanción de la ley de expropiación –se trataron en esa misma sesión dos leyes para zonas lindantes en la Margen Sur–, Luis y algunos vecinos viajaron a Ushuaia mientras otros organizaron un corte del puente Mosconi.

[Entre las y los legisladores fueguinos], había varios que se oponían, digamos en las reuniones, y de ahí fuimos, pero fuimos logrando acuerdos, ¿no? Y avanzando y, bueno, al final lo aceptaron. Es más, en la sesión fue 14 a 0 la votación, lógicamente con un puente cortado (Luis, dirigente, 2019).

El dirigente resaltaba que la medida de acción directa fue pergeñada y decidida por varios referentes, aunque no todos participaron de ella finalmente, sino que algunos se “echaron atrás”. Aun así, él afirma que lograron reunir unas mil personas para sostener la acción. En su argumentación, encuentra fundamentos en que se trató de “una forma de presionar para lograr simplemente eso, la expropiación, nada más, que se [cumpliera]”: “Y nosotros, como les dijimos, nosotros queremos que se expropie porque queremos pagar los terrenos. O sea, y así fue siempre, la postura nuestra fue esa. Expropiar para pagar” (Luis, dirigente, 2019). Aquí, como en la experiencia del barrio 25 de Noviembre, el pago de los terrenos se afirmaba como una cuestión de necesidad puesto que, en última instancia, esa voluntad enunciada legitimaba su demanda.

La medida de expropiación constituía el paso previo para garantizar el traslado de dominio de los lotes y con ello alcanzar seguridad jurídica en la tenencia de estos. Pasaron varios años hasta que se concretó la tasación de los terrenos y el pago a los titulares privados. Este proceso incluyó, entre otras cuestiones, instancias de judicialización contra la medida gubernamental. Finalmente, una vez que el Estado provincial incorporó el suelo expropiado a su erario, los macizos pasaron a dominio del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) para ejecutar las tramitaciones de escrituras. Cuando comenzó la discusión sobre el valor de los terrenos, se precipitó una nueva demanda por oposición con el Estado provincial. Los vecinos del barrio Mirador encabezaron una controversia con el ente provincial objetando los valores que pretendían cobrarles, ponderando lo que pagó el Estado provincial por metro cuadrado a los titulares y lo que el Estado provincial pretendía cobrarles a ellos^[32]. Esas equiparaciones se complementaban con un cuestionamiento de índole social en el que se combatía desde lo discursivo la invisibilización del valor del trabajo aportado por las familias. En efecto, así lo explica el entrevistado:

Ya había mejoras y ya había cambiado esto, de la realidad. O sea, no es lo mismo vender campo, porque esto en realidad era zona rural. O sea, ellos compraron, expropiaron a valor de tierra rural. El tribunal de tasación fijó el precio en función de tierra rural. El valor, el valor agregado se lo ponemos nosotros, pero no nos pueden cobrar el valor agregado que hemos generado nosotros. ¿Eh? Ese es el planteo mío. Y bueno, quedó en la nada, lamentablemente, […] el gobierno ya lo tomó, como que ese es el valor real y… Aparte de eso, los medios se encargan de eso y siempre tomando, siempre hablando de que si nosotros somos los usurpadores, que nosotros usurpamos, primero sale eso, que está bien que nos cobren ese valor los terrenos. Pero me parece que eso no es, la realidad es que tienen que ser mucho más baratos los terrenos (Luis, dirigente, 2019).

En estas enunciaciones reconocemos, una vez más, los entrecruzamientos identificados por Cefaï en los que se configuran las posiciones de los actores involucrados, aquí sumando también los discursos mediáticos. Luis se autoproclama “urbanizador”, una identidad que el discurso estatal negaba, aun cuando intervenía en procesos de mejoramiento o regularización dominial. En esa autopercepción, el entrevistado lanzaba una pregunta que liga con la autoproducción del hábitat:

“Ustedes, le digo, ¿qué nos están cobrando? Si nosotros urbanizamos, nosotros marcamos la calle, nosotros rellenamos la calle. Nosotros hicimos el tendido de redes, hicimos todo. Y ustedes vienen a cobrarnos el trabajo que hicimos nosotros, y toda esa inversión que hicimos y todas esas camionadas que… el que menos camionadas puso en su terreno, ¡fueron 40 camionadas! ¡El que menos puso! 40 camionadas de relleno cada casa, como mínimo”. Yo acá he puesto más, o sea, puse casi 200 camionadas, porque como teníamos el declive […]. Ahí estaba la parte más profunda de la laguna y por acá, de acá cruzaba por acá, […] venía todo el agua que bajaba de arriba, pasaba por frente, por acá […] era todo como una hondonada. Y yo lo tuve que rellenar. Pero cada vecino, o sea, es el esfuerzo de todos los vecinos. Todos tuvimos que rellenar nuestros terrenos, todos colaboramos para rellenar las calles… Y nos parece demasiado caro (Luis, dirigente, 2019).

La autoproducción del hábitat en el marco de los procesos organizativos barriales encuentra en su historicidad algunos puntos de encuentro y desencuentro con el Estado en sus distintos niveles. Las instancias de contacto se expanden a las experiencias barriales próximas y las convergencias estratégicas que hicieron algunos referentes para lograr objetivos transbarriales, es decir, trasvasando las fronteras de esa unidad espacial urbana.

Reflexiones finales

Las tres experiencias que recuperamos en este capítulo nos permiten visibilizar ciertos lazos en los procesos de autoproducción del hábitat. Reconocemos un particular “hermanamiento” entre trayectorias barriales que comparten en sus orígenes privaciones materiales y riesgos ambientales, pero también formas de organización de las demandas y, con el correr del tiempo, el logro de objetivos comunes para resolver los desafíos de construir hábitat allí donde no estaba proyectado ni por el Estado ni por el mercado.

En la autoproducción del hábitat, asumen especial relevancia las experiencias de vida espaciales de los referentes, que incluyen las trayectorias habitacionales previas, los conocimientos preexistentes y los imaginarios sobre la urbanidad, que se ponen en juego en el nuevo lugar que se está construyendo. Notamos que estas experiencias fueguinas de autoproducción del hábitat se consolidaron en una trama de articulaciones locales fundadas en cierta proximidad social y topográfica, entendiendo a la ciudad como lugar. Este asunto es relevante en una sociedad con una composición demográfica singular como es una mayoría migrante.

La diversidad de situaciones en relación con la tenencia de la tierra evidencia la mixtura de actores, actividades y procesos territoriales que se producen en los bordes urbanos y en su conjunto en las áreas de expansión. Allí intervinieron o intervienen Estado nacional, empresas privadas, personas físicas, Estado provincial o entes públicos dependientes de algún nivel de Estado, etc. En este sentido, y en particular respecto a la situación de la relación entre Estado y propietarios privados, son notorias las formas de actuación diferencial en la zona sur. Mientras que, entre 1980 y 1990, el Estado territorial estableció un acuerdo con los titulares privados, en los años 2000, en un contexto institucional marcadamente distinto, se procedió a la sanción de una ley de expropiación. En el primer caso, debió, finalmente, intervenir el nivel local, y, con el paso de los años, también lo hizo el Estado provincial con la ejecución del PROMEBA. En el segundo caso, todo el procedimiento sigue su curso en la órbita provincial, aunque debió participar una instancia del poder central. En definitiva, los procesos resolutorios respecto de la seguridad en la tenencia involucran más de un nivel estatal en un contexto normativo que fue cambiando con el correr de las décadas. Una situación que devino en dilaciones temporales como lo demuestran los casos abordados.

El mecanismo de ocupación de lotes se organiza en las experiencias que indagamos con base en dos formas: por un lado, aquel planificado en vínculo con distintos actores, garantizando ciertas previsiones antes del momento particular en que se habilita la ocupación efectiva de los lotes, como en el caso analizado con el barrio 25 de Noviembre, de 1984. Por otro lado, aquellas experiencias de una “ocupación por goteo”, habilitada por una primera instancia de ocupación espontánea hasta que un núcleo primigenio de familias comenzó a asumir la coordinación y orientación de quienes llegaron después, aunque se tratase de un lapso temporal de corto alcance. Esa articulación de voluntades comenzó a establecer pautas sobre los modos de disposición espacial, participación, resolución de necesidades y gestión de conflictos o demandas de nuevas radicaciones, lo cual se engarza con la construcción de una moralidad barrial.

Entre los dos conjuntos de experiencias, operaron factores tales como la distancia a la centralidad (conexión a las redes de infraestructura, continuidad de vías, lejanía de los lugares de trabajo y servicios urbanos, la titularidad de los lotes y la neutralidad o no que revestían los terrenos vacantes ocupados, etc.), la proximidad social en el contexto de trayectorias migrantes (temporalidad en la radicación, redes de contactos, vinculaciones preexistentes, plataformas políticas de acción) y el posicionamiento estatal frente a estos mecanismos.

Tanto en la experiencia del 25 de Noviembre, como en la del Reconquista, podemos identificar un posicionamiento estatal activo, aunque con condicionantes diferenciales: en el primer caso, habilitando las obras públicas en un marco de apertura y ejecución de las demandas barriales sobre un suelo de propiedad fiscal; en el segundo caso, atado a la acción de relocalización mencionada, el posicionamiento público estuvo atravesado, con relativo fracaso, por una voluntad de articulación público-privada toda vez que los segundos identificaron una oportunidad de rentabilidad. En el caso del barrio Mirador, el posicionamiento estatal de distinto nivel, en principio, estuvo marcado por la omisión, y luego, a instancia de las demandas barriales, se fue dando un reposicionamiento. Es decir que el lugar del Estado en relación con la producción urbana bajo la modalidad de la autoproducción no es homogénea ni unívoca, sino contextualmente sujetado en el marco del proceso instituyente de la arena pública. Por otro lado, la titularidad del suelo (fiscal o privado) generó unas condiciones de base diferenciales para la reurbanización posterior en términos temporales y en vínculo con una mayor complejización y agravamiento de la cuestión habitacional en un momento y en otro.

En estas experiencias notamos como elemento común el esparcimiento de la información que, en el contexto de la ciudad como lugar, se caracteriza por la proximidad y se materializa por el “boca en boca”. Desde la década de 1990 en adelante, la novedad transmitida oralmente orienta la mirada de los habitantes-demandantes al sur, donde el capital inicialmente había desestimado su localización y la resultante son lotes vacantes, despojados de rastros de urbanidad. En los procesos de organización de los asentamientos, la figura del tipo de vivienda móvil o casilla es notoria: en unos casos constituyó el elemento clave del completamiento urbano como fue en el barrio 25 de Noviembre, y en otros significó la punta de lanza para la reconfiguración de una zona urbana, como fue en el caso del Barrio Austral y los sucesivos (Reconquista, Aeroposta y Cabo Peña). Por otro lado, resulta notorio el lugar desigual que asumieron el Estado local y el territorial en los procesos que originan los barrios, como así también en las etapas de reurbanización que los consolidan. En la década de 1980, identificamos que el factor de proximidad ligó de manera más estrecha a referentes y funcionarios estatales, mientras que esa relación se fue ensanchando en la medida que pasaron los años, y, a su vez, se expandió no solo la población, sino también la trama urbana en relación con la centralidad.

Creemos que, en el recorrido realizado, se plantearon aspectos que no pudieron ser profundizados aquí, pero que pueden ser explorados en otros trabajos, por ejemplo, respecto de la implementación de programas específicos como ser el PROMEBA o las vinculaciones entre Estado local y referentes barriales. En esta línea, un último aspecto que quisiéramos resaltar de la aproximación propuesta es que nos resultó llamativo que, en los tres casos, fueron abrumadoramente mayoritarias las menciones a otros varones como referentes barriales, vecinos y funcionarios en detrimento de mujeres. Si bien podemos encontrar alguna vinculación con las tendencias demográficas señaladas respecto de la masculinización de la población, observamos que los liderazgos y lugares de toma de decisión pervivieron con ese sesgo de género aun cuando se revirtieron las tendencias demográficas. Este asunto constituye una interesante arista de indagación para futuros trabajos.

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