Paula Boldrini y Débora Decima

Introducción

Cuando la injusticia te deja ver cosas tan duras, te saca el miedo (Florencia, Hermandad de los Barrios, 2020).

Durante los últimos veinte años, las dinámicas socioespaciales de los asentamientos populares se han transformado sensiblemente con un rasgo particular: la incorporación de circuitos de producción, intercambio y consumo de drogas ilícitas. Estas dinámicas han adquirido una trascendencia fundamental en la vida cotidiana de las familias que habitan los barrios vulnerados de América Latina, fenómeno que implicó nuevas y conflictivas conductas de los habitantes y formas de vincularse y relacionarse con el hábitat, especialmente en lo que respecta al espacio público. En Argentina, estas problemáticas preeminentes se expresan desbordando el ámbito intracomunitario y también urbano en general, mediante el incremento de la violencia bajo nuevas modalidades delictivas, derivando en un retroceso cualitativo en materia de salud y cohesión social.

Este fenómeno se multiplicó en el país durante los últimos veinte años, aun con escasa producción teórica al respecto. Se ha cristalizado fundamentalmente en alertas periodísticas que, bajo una lógica de comunicación principalmente hegemónica, ponen a los jóvenes bajo un renovado estigma que coloca la responsabilidad del problema en una suerte de elección de la pobreza como forma de vida. Residir en un asentamiento popular no solo significa vivir en un territorio con condiciones de habitabilidad deplorables y escasa disponibilidad de servicios, refiere también a la experiencia de convivir con los prejuicios. A la categoría negativa de “barrio peligroso”, se superponen lógicas discriminatorias que convierten a sus residentes, especialmente varones jóvenes, en sujetos sospechosos indeseables (Decima, 2022). La impotencia y el miedo se han reproducido de múltiples modos dentro y fuera de los barrios, avanzando aceleradamente, aun con la vigencia del paradigma de reducción de daños en materia de salud.

En tal sentido, se multiplican efectos y respuestas comunitarias e institucionales involucradas con este emergente que suscita, además, nuevas organizaciones sociales en estos barrios, generando la necesidad de estudiar y analizar el desarrollo de casos concretos. A los movimientos sociales existentes, se incorpora una nueva modalidad de resistencia generada a partir de esta problemática que golpea a la sociedad en general y especialmente a los asentamientos populares.

Como en cada fenómeno, los procesos mediante los cuales se reproducen se parecen y también se distinguen de acuerdo a las características específicas de la ciudad. Para el abordaje de la problemática señalada, se propone un abordaje exploratorio que toma el caso de una ciudad intermedia, el Gran San Miguel de Tucumán (GSMT), como testigo de un fenómeno que desborda las problemáticas barriales dentro y fuera de la Argentina. El objetivo de este trabajo particular se aboca al estudio y análisis de los procesos de conformación y desarrollo de organizaciones sociales orientadas a contrarrestar el problema de producción, intercambio y fundamentalmente consumo de drogas ilícitas, especialmente pasta base de cocaína. Para eso, se opta por una estrategia de investigación cualitativa, enfocada en dos organizaciones conformadas en torno a esta problemática: Madres del Pañuelo Negro y Hermandad de los Barrios, que constituyen los casos locales. En correspondencia con otras organizaciones como las Madres contra el Paco en Buenos Aires, o el movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga, que se extiende por diferentes puntos del país, los casos seleccionados ponen en evidencia el rol central de las mujeres y los jóvenes dentro de los grupos autoconvocados de resistencia popular frente a la violencia sistemática derivada del circuito de comercialización y consumo de drogas ilícitas. Allí, la maternidad juega un papel central, donde las mujeres resultan depositarias de las tareas de cuidado.

Como herramienta teórica, se tendrá en cuenta lo que Cefaï (2011) plantea acerca del modo en que los colectivos sociales organizan la experiencia y fabrican vínculos. De esta forma, son generadores de energía utópica, difunden nuevas ideas y creencias, permiten reconocer identidades, hacen valer derechos, luchan por objetivos que están orientados a una preocupación del bien público, por disputado que sea, y apuntan a una inscripción de soluciones propuestas en un marco institucional sancionado por instituciones políticas (estatales o internacionales). A esto, Cefaï incorpora la importancia de reconocer la vida de las redes que se constituyen en el entrecruzamiento de una multiplicidad de acciones en las que intervienen individuos, organizaciones e instituciones en la denominada “arena pública”. Como resultante se obtiene una lectura particular y común de los objetivos de cada colectivo organizado, sus metodologías de trabajo y recorridos, en el marco de redes de relación particulares que van desde lo intra a lo inter y extrabarrial. Del estudio de estos procesos de organización y resistencia social, surge como emergente el rol del Estado y su afinidad –o diferencia– con los objetivos de estas asociaciones y estos mecanismos de cooperación o boicot a sus procesos de lucha.

En este capítulo presentaremos el encuadre teórico metodológico del que partimos, para luego analizar las experiencias de las dos organizaciones antes señaladas, lideradas fundamentalmente por mujeres, desplegadas en diferentes asentamientos del GSMT. El estudio de estos casos, con base en entrevistas a mujeres referentes de las organizaciones, expone un nuevo tipo de asociatividad en asentamientos populares, que se caracteriza por abordar una problemática emergente en este tipo de barrios que, por falta de recursos económicos y cobertura en salud, se hace más agudo en términos sociales. A su vez, compromete las prácticas socioterritoriales debido a la presencia de actividades económicas ilegales desplegadas en el espacio barrial, que inciden en las redes asociativas vecinales y la cohesión social. La intención es aportar a esta área de vacancia y mostrar las múltiples aristas organizativas que se tejen en los asentamientos populares. En particular, se propone reconstruir las formas de coordinación o fragmentación de estas nuevas asociaciones, la construcción de identidades y las relaciones con el Estado. También se busca entender los cambios en la dinámica barrial que la llegada de las drogas ilegales produjo en la vida cotidiana de los habitantes y su relación con el hábitat.

Este capítulo busca contribuir e impulsar una nueva temática de estudio, surgida de la emergencia, la singularidad y el impacto de la problemática señalada, que repercute en nuevas formas de relación, organizaciones y políticas públicas antes inexistentes, bajo un nuevo repertorio de entramados barriales e interbarriales que reorientan el sentido de buena parte de las iniciativas sociales, incluyendo las condiciones y la necesidad de mejorar el hábitat como parte fundamental de estos procesos.

Encuadre teórico metodológico a la luz de los antecedentes

Desde la mirada inicialmente higienista, y luego viviendista, que aún domina las prácticas en el territorio, se pasan por alto –o más bien se atropellan– necesidades y posibilidades sociales que hacen a las particularidades y potencialidades de desarrollo de cada comunidad. El abordaje meramente físico de la problemática habitacional, vaciado del contenido intangible e imprescindible que otorga lo social, somete las soluciones a respuestas de corto plazo, homogéneas y disociadas de la realidad.

En este conjunto de aspectos de carácter inmaterial, se encuentra el narcomenudeo, montado en un flujo de sinergias que subyacen al espacio físico, constituyéndose como un fenómeno esencialmente urbano que tiene vasos comunicantes con otros delitos. Homicidios vinculados a ajustes de cuentas entre bandas y cruentas disputas por el control territorial para el desarrollo de esa actividad ilegal o robos cometidos por personas en situación de consumo problemático que precisan el dinero para comprar drogas (Sangiorgio, 2018) son algunas de las maneras en las que emergen las pruebas más violentas de su existencia.

Se altera y transforma la organización colectiva de la vida, junto a la conducta de los sujetos, a partir de aspectos afectivos, identitarios y simbólicos que, como señalan Pizzorno (1986) y Melucci (1996: 66), atañen al conjunto de necesidades compartidas que dan sentido a la vida en común. Es este sentido el que se alteró durante los últimos veinte años, con un marcado retroceso en las condiciones de cohesión social, caracterizadas por la violencia, que aún no tiene respuestas ni categóricas, ni apropiadas por parte del Estado (Boldrini, 2019).

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y sus líneas de trabajo surgieron hace unas décadas a partir del paradigma conocido como “reducción de daños”. El modelo de reducción de daños separa productores de consumidores, asumiendo el problema de los segundos en el marco de la Ley de Salud Mental n.º 26.657 –promulgada en 2010 y reglamentada en 2013–; opera, en consecuencia, bajo nuevas estrategias que pujan por afianzarse en el territorio, a fuerza de intensos conflictos entre la comunidad y las instituciones públicas de salud, seguridad y desarrollo social (Llovera y Scialla, 2017). Sin embargo, sigue predominando el paradigma punitivista, conocido como “prohibicionista”, que, alejado de las lógicas de salud mental, unifica productores y consumidores (Llovera y Scialla, 2017). En consecuencia, las políticas efectivas de reducción de daños resultan sumamente escasas en cantidad y calidad frente a la magnitud y el carácter del problema, en paralelo a la continuidad de las medidas asumidas desde las fuerzas de seguridad, que ejercen diversos mecanismos de castigo sobre las personas en situación de consumo.

En la provincia de Tucumán, es el área de desarrollo social la que ha tomado con mayor énfasis los nuevos instrumentos derivados del modelo de reducción de daños, pero con escasos recursos materiales y humanos preparados para enfrentar de manera apropiada esta problemática (Boldrini, 2019; Decima y Boldrini, 2021). En sus estrategias más afines con el modelo de reducción de daños, los técnicos que trabajan en dispositivos de recuperación de adicciones lo hacen utilizando el concepto de “salud” entendido desde una perspectiva ampliada, basado en la idea de adaptación activa a la realidad, con capacidad de transformación (Quiroga, 2005); por lo cual el abordaje sobre el problema consiste en el acompañamiento de la vida cotidiana de los sujetos en situación de adicción, en sus propios espacios de vida. Las instituciones de carácter manicomial van quedando de lado o restringidas a una parte del tratamiento específico, mas no a la terapéutica general, cotidiana. Conlleva la construcción de vínculos capaces de adaptar estrategias a las necesidades concretas de cada comunidad y, a la vez, reacciona generando nuevos ámbitos y dinámicas colaborativas. Es en este marco en el que se crean nuevas organizaciones orientadas a la resolución de esta problemática en particular, como motor principal de una constelación de necesidades que operan como causas profundas.

Tal como plantea Manzano (2020), es necesario reconstruir trayectorias de vida en el marco de la cotidianeidad y los debates colectivos. Para lograr esto, se elige una estrategia de investigación fundamentalmente cualitativa, a partir del desarrollo de entrevistas como fuente de información principal, realizadas a actores claves de los casos estudiados. En ellas, la experiencia individual evidencia los momentos que alteran y reconfiguran la cotidianidad, transformándose en una emergente dominante del acontecer comunitario. Como resultado, se enfatizan las citas provenientes de entrevistas en profundidad realizadas a dos mujeres, referentes de cada una de las dos organizaciones analizadas. Aun cuando este estudio contó con otras entrevistas desarrolladas a habitantes de distintos barrios, equipos técnicos, funcionarios y funcionarias cuyo insumo permitió construir el encuadre general (además del tratamiento de fuentes secundarias), se hace foco en los relatos de estas dos mujeres referentes por su pertinencia, que da cuenta de la dinámica interna de cada organización y que, a la vez, permite observar con nitidez el desarrollo de las relaciones extrabarriales.

Al momento de las entrevistas, ambas pertenecían al grupo de referencia de cada organización, que, aun cuando no eran numerosas, tenían la característica de no ser personalistas, por lo que este rol era compartido con otros miembros que asumen compromisos constantes y representativos de las diferentes tareas desarrolladas por cada organización. La referente de las Madres del Pañuelo Negro, María^[1], es una mujer adulta mayor, vive en el barrio Costanera, ama de casa y cartonera. Se autodenomina como “ciruja”, que es un término coloquial que alude al que vive de la basura u objetos de descarte tanto para consumir como para vender. María fue forzada a impulsar la organización de madres a partir de su trágica vivencia personal, la pérdida de su hijo, quien falleció a causa del consumo de drogas. Desde ese momento, se posicionó como una de las principales mujeres articuladoras de otras madres que comparten este sufrimiento.

Florencia, por su parte, es referente de la Hermandad de los Barrios, vive en un asentamiento informal pequeño, en el municipio Alderetes, lindero a la capital provincial (San Miguel de Tucumán). Es una mujer joven, técnica superior en psicología social, al momento de ser entrevistada comentó trabajar en una fábrica de hamburguesas que, como ella misma señaló, ocupaba prácticamente todo su día por una baja remuneración y poco gratificante tarea. Fue cofundadora de la asociación civil solidaria (ACSA), integrada por mujeres de distintas edades, desde donde coordinaban diversas actividades en el grupo de barrios aledaños en donde viven. ACSA está vinculada a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), organización con la cual se articulaban actividades de carácter reivindicativo en torno a la necesidad de trabajo y de mejoras en los barrios. Asimismo, desde principios del año 2016, acompañaba de cerca la tarea de una técnica de la Secretaría de Estado de Prevención y Asistencia de las Adicciones (Ministerio de Desarrollo Social de la provincia) que llevaba adelante un dispositivo de salud en adicciones (DSA) abocado al trabajo asistencial y preventivo con los jóvenes del barrio.

Como señala Manzano (2017), las trayectorias personales de las mujeres en los asentamientos populares sufren transformaciones con su inserción de movimientos de desocupados, que se fueron construyendo desde la segunda mitad de la década de 1990, articulando necesidades populares y políticas públicas. Esto coincide con afirmaciones de Cefaï (2011) en cuanto a rescatar el interés por las trayectorias de los individuos, teniendo en cuenta roles y perspectivas, para comprender los modos de asociación al momento de defender un bien público o –como en este caso– rechazar un mal público. Es en este marco en el que se plantea la constitución de nuevas organizaciones sociales, en consonancia con la presencia creciente del Estado, partidos políticos y otras instituciones de la sociedad civil en este tipo de barrios. Es por eso por lo que se vuelve necesario definir en forma apropiada el universo poblacional, la base social en la que se produce la dinámica específica que interesa conocer, en relación con el contexto de lucha de clases y proceso político ampliado (Castells, 1984). Estas organizaciones presentan necesidades en distintas jerarquías y prioridades, dirimen internamente diferentes litigios, regulando tensiones que le otorgan cierto grado de coherencia. Comparten una estructura organizativa, fronteras, lazos y normas discursivas que le otorgan identidad. Del mismo modo, sostienen relaciones con otras organizaciones donde entran en colaboración o competencia.

Los lazos mencionados constituyen vínculos que habilitan y sostienen las experiencias, construyen identidades y buscan cumplir objetivos compartidos en procesos de intensa disputa y contradicciones personales, institucionalizando nuevas dinámicas y soluciones (De Leonardis, 1990; Quiroga, 2005). Asimismo, y en contextos de problemáticas vinculadas a la salud, este trabajo asume un concepto ampliado, considerándola a aquella como la adaptación activa a la realidad (Quiroga, 2005), en la que sujetos, grupos y organizaciones en ese mismo proceso también se transforman a sí mismos en relaciones que los determinan.

De esta forma, la investigación busca reconstruir las redes de relaciones, visualizar grados de segmentación o entrelazamiento, de centralización o de dispersión entre redes de personas o de organizaciones. Permite localizar huecos estructurales y dar cuenta de relaciones de mediación, de coordinación o de representación (Passy, 2005). Las organizaciones comunitarias articulan con instituciones que intervienen en el problema público que se suscita. Esto expande el ámbito a la arena pública, considerando capacidades y mecanismos generados en pos de una democracia creativa (Dewey, 1927), como preocupación política. Lo que deja entrever, además, el aprendizaje por parte de las organizaciones respecto al uso estratégico del lenguaje del Estado, en el proceso de interlocución con los distintos actores que intervienen en el diseño y la implementación de políticas públicas (Manzano, 2007) (sobre este tema también se puede ver capítulo 6 de Carla Fainstein en esta misma compilación). Es por eso por lo que se propone reconocer los objetivos de cada colectivo, sus recorridos y su metodología de trabajo, en el marco de redes vinculares particulares intra e interbarriales, a su vez en relación con el Estado.

A modo de ordenamiento de los resultados obtenidos, en el avance de esta investigación, se desarrollan progresivamente los siguientes ítems:

1. el encuadre urbano en el que emergen las organizaciones Madres del Pañuelo Negro y Hermandad de los Barrios;
2. una línea de tiempo con los eventos claves del proceso, haciendo hincapié en su dinámica de trabajo interna;
3. la red de relaciones intra y extrabarriales más significativas, con posiciones asociadas a logros y obstáculos identificados por las organizaciones en estudio, focalizando a su vez la mirada sobre el rol del Estado; y
4. la percepción de una identidad común y un enfoque prospectivo de las organizaciones.

Encuadre territorial, los barrios organizados

El aglomerado GSMT albergaba en el año 2021 a casi 900.000 habitantes y más de 300 asentamientos populares (Boldrini, 2018). Estos barrios existen y se reproducen desde la década de 1960, con altos y bajos en su velocidad de incremento, ligado a las diferentes crisis socioeconómicas acaecidas en ese lapso (Boldrini, 2018). Asimismo, en las diferentes etapas, se suscitaron distintas prioridades, emergencias y demandas en los distintos barrios. Es en este contexto en el que emergió en las últimas dos décadas la problemática señalada, que da origen a las organizaciones analizadas. Para eso, previamente se describen los asentamientos populares tucumanos que dan lugar a los procesos organizativos analizados.

Estos barrios pertenecen a diferentes momentos de expansión de la ciudad, resultado de movimientos migratorios de los sectores peor posicionados en la estructura social. Villas miseria y asentamientos informales/populares corresponden a la tipología residencial urbanizaciones informales (Natera Rivas, 1998; Cravino y Varela, 2008; Boldrini, 2018). En Tucumán las villas miseria se vinculan a aquellas urbanizaciones localizadas en el primer anillo de expansión de la capital, gestados a partir de la migración campo-ciudad durante la década del 60. Los asentamientos informales/populares se generan luego de la dictadura militar producto de la migración urbana interna (Natera Rivas, 1998; Boldrini, 2012). Es entonces que se encuentran asentados sobre un área caracterizada por la pobreza urbana, generadas tanto por la autogestión del hábitat como por las acciones del propio Estado, que ejecuta obras de mejora sectoriales, sin considerar la multiplicidad de aspectos inherentes a la pobreza. De esta forma, aun cuando se trata de un grupo de barrios receptores de una multiplicidad de operatorias públicas, sus habitantes sostienen condiciones estructurales de vulnerabilidad, precariedad habitacional, estigmatización, falta de conectividad e integración con el resto de la ciudad, falta de fuentes de trabajo dentro o fuera del barrio, equipamiento comunitario deficitario, infraestructura incompleta, escaso espacio público sin cualificación y colonizado por la violencia.

Figura 1. Barrios que integran las organizaciones

El más grande de los barrios, Costanera, epicentro a la vez del surgimiento tanto de la organización Madres del Pañuelo Negro, como de la organización Hermandad de los Barrios, es el sitio donde convergen una abundante diversidad de programas públicos de diferente carácter y envergadura. Su acelerada dinámica social se replica en barrios como Los Vásquez, el Sifón y Antena, donde mesas de gestión dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán articulan distintas operatorias, entre las que forman parte los DSA. Asimismo, el Colmenar y Diagonal Norte se encuentran en otras áreas muy diferentes. La primera, en un enclave comercial de corte popular, rodeado por la autopista de circunvalación de la capital provincial, y la segunda, en el área de mayor poder adquisitivo del GSMT, rodeada –o encerrada– por urbanizaciones cerradas.

Para un desarrollo detallado de estos aspectos, que resultan centrales en la investigación, se pone la lupa en el barrio Costanera por su rol central como nodo organizativo, donde confluyen ambas organizaciones, y también en algunas características particulares del narcomenudeo y el consumo problemático de sustancias en el contexto provincial.

La centralidad del barrio Costanera

El barrio Costanera se encuentra ubicado al noreste del municipio capitalino, en las márgenes del río Salí. Está situado sobre un área degradada, con riesgo de inundabilidad, contaminada por el desagüe de los fluidos de los canales de desagües pluviales norte y sur y por los desechos emanados de fábricas y residuos cloacales –sin tratamiento previo– de algunos sectores de la ciudad (Del Castillo, 2012). Está caracterizado por la pobreza, con elevados déficits laborales, educativos, habitacionales y ambientales. El empleo, que muchas veces es temporal, incluye a jornaleros o “changarines”, albañiles, vendedores ambulantes, empleadas domésticas, un importante número de cosecheros de limón y de recicladores urbanos (llamados usualmente “cartoneros”) que recogen cartones, botellas u otros residuos.

En cuanto al origen del asentamiento, este data de la década de 1960 y se enmarca en el proceso de expansión urbana de San Miguel de Tucumán, que luego terminó por configurar el aglomerado GSMT. De acuerdo con su período de conformación, en su momento es considerado una villa miseria, resultado de movimientos migratorios de sectores de bajos recursos provenientes de zonas rurales del interior de la provincia. Comenzó gradualmente a partir de que los vecinos asumieron la producción del hábitat sobre terrenos fiscales vacantes. Eran principalmente familias recientemente constituidas que, gracias a esta práctica, accedieron a una vivienda propia (Decima, 2022).

Desde finales de la década de 1990 en adelante, comenzó a instalarse en el barrio el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Ya para el año 2006, a raíz del afianzamiento del narcotráfico concentrado en la zona del barrio Villa 9 de Julio y luego en la zona de la Costanera, se manifestaba el consumo de pasta base de cocaína (Mustafá, 2016). Resultado de dicha problemática, surgieron desde el barrio grupos autoconvocados para contrarrestar el avance del narcomenudeo y la problemática de las adicciones. Simultáneamente, el sector comenzó a experimentar algunas mejoras en infraestructura a partir de la intervención del Estado y se volvió un nodo de concentración de políticas públicas, entre las que se destacaba el accionar del Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) (Decima, 2022).

Narcomenudeo y consumo problemático

A fines de la década de 1990, Tucumán formaba parte de la ruta por la que se transportaba la droga que ingresaba desde Bolivia y Perú. En aquel entonces, las principales sustancias psicoactivas que se consumían en los barrios donde se concentraba la pobreza eran los inhalantes y pegamentos (Mustafá, 2016). Desde entonces, y a partir de la crisis del 2001, Argentina pasó de ser un país de tránsito a uno de fabricación y consumo, y se colocó en la posición de uno de los países con más consumidores de cocaína por persona en el mundo según algunos autores (Cancela y Arrieta, 2020). Este cambio trajo como consecuencia el fortalecimiento de estructuras coercitivas (en el lenguaje popular, “mafiosas”), así como la apertura del consumo de pasta base de cocaína –conocida como “paco”– sobre todo en asentamientos populares, donde se hizo habitual a partir de la instalación de cocinas de cocaína en algunos de ellos (Candil, 2011). Así, se configuró una red intra e interbarrial de intercambio para el narcomenudeo (Decima y Boldrini, 2021; Conte et al., 2020; Angles y Alberto, 2008; Sangiorgio, 2018; Saborío, 2019). Para Zamudio Angles (2013), el narcomenudeo representa la pequeña escala del comercio de drogas ilícitas que, como puede verse en esta investigación, implicó cambios en la dinámica barrial, puesto que trajo aparejadas nuevas y conflictivas conductas cotidianas de los habitantes, tanto en sus formas de vincularse como en su relación con el hábitat.

A inicios del 2000, los laboratorios destinados a la producción de cocaína se convirtieron en cocinas familiares insertas en los barrios populares de diferentes ciudades grandes y sus alrededores. Durante el año 2006, como ya se anticipó, comenzó a instalarse en Tucumán el consumo de paco. El enorme poder adictivo y la toxicidad de esta droga ocasionan trastornos psicofísicos severos, así como graves repercusiones en el ámbito familiar, social, económico y laboral. En este sentido, se habla de la instalación en el barrio de un consumo problemático.

Inicialmente, las personas a cargo de la venta de drogas ilícitas, conocidos como dealers o “transas”, eran ajenas al barrio. Desde mediados del 2000 en adelante, la comercialización y el intercambio de sustancias psicoactivas se instalaron dentro de los barrios, en los llamados “kioscos de droga”, a cargo de familias vecinas. Poco a poco, el circuito del narcomenudeo fue perfeccionándose, para lo cual los intermediarios de comercialización denominados localmente como “transas” comenzaron a reclutar jóvenes conocidos en los barrios como “soldaditos”, cuya tarea, además de la venta de drogas, era disputar el territorio con otras bandas. Es importante destacar que este proceso fue bastante rápido: a partir de la introducción de esta sustancia, en poco tiempo la venta y el consumo crecieron a pasos agigantados en los barrios empobrecidos, donde generaron un deterioro notorio a nivel orgánico y emocional de los consumidores, que, ante el crecimiento de la violencia y las muertes que provocaron, suscitaron mayor fragmentación de los vínculos sociales en los barrios. A su vez, se fortalecieron los discursos estigmatizantes hacia los habitantes de estas zonas por parte de los sectores medios y altos de la ciudad, los que fueron potenciados desde los medios hegemónicos de comunicación, herramientas de los sectores de poder (Decima, 2022).

El derrotero organizativo de Madres y Hermandad

En este apartado se desarrollan los tópicos centrales que surgieron de las entrevistas con las referentes de las organizaciones Madres de Pañuelo Negro y Hermandad de los Barrios, buscando recuperar el surgimiento y la constitución de los grupos, los objetivos compartidos y la dinámica de trabajo.

Surgimiento, constitución y objetivos

La organización de mujeres que hoy se conoce con el nombre de Madres del Pañuelo Negro surgió en el año 2008, a raíz de la muerte de un joven con consumo problemático, asesinado a balazos por un transa en el barrio Costanera. Esto constituyó un hecho disruptivo en la cotidianeidad del barrio y cristalizó las modificaciones acaecidas en torno a las formas de habitar y de vincularse entre vecinos. Ante este nuevo fenómeno, las madres de jóvenes en consumo apelaron al encuentro con otras progenitoras con quienes compartían la misma problemática, construyendo un espacio de escucha, que evolucionó en una organización desde donde se impulsaron acciones concretas de reclamo para la atención de sus hijos e hijas. Las primeras mujeres que participaban de las reuniones provenían de barrios de San Miguel de Tucumán, principalmente de la Costanera, y también de otros asentamientos populares como Juan xxiii (conocido como La Bombilla), Alberdi Norte (conocido como Trulalá o el Trula), San Cayetano y Villa 9 de Julio. Caracterizadas inicialmente por llevar pañuelos verdes en la cabeza, durante los primeros meses adoptaron el nombre de Madres de la Esperanza.

Esta organización surgió cuando se muere Walter Santana (año 2008). Veíamos que la droga iba avanzando, avanzando, y bueno, las madres hemos comenzado a ayudarse entre las madres, a ver cómo hacíamos. Porque en Tucumán no había un centro, así como para decir que nosotras lo íbamos a recuperar a nuestros hijos (María, madre del Pañuelo Negro, 2020).

Un hecho similar se repitió dos años más tarde. La muerte de otro joven de 32 años, quien, luego de un largo proceso de rehabilitación, sufrió una última recaída que terminó en suicidio. La muerte del joven, hijo de una de las madres de la organización, se convirtió en el primero de una serie de hechos semejantes, que introdujo una nueva modalidad trágica a la cotidianeidad ya instalada de venta y consumo de drogas, consolidando el sentido y la pertinencia de la organización. Las mujeres cambiaron el pañuelo verde por un pañuelo negro en señal de luto a causa de la multiplicidad de muertes por dichos motivos, conformándose como las Madres del Pañuelo Negro.

Desde su génesis, se sucedieron diferentes esfuerzos por formalizar el incipiente grupo promotor. Otras organizaciones lograron institucionalizarse a partir de esta iniciativa, pero no incluían a las madres a las que se hace referencia, porque no lograron apoyo de las agencias de gobierno involucradas. En palabras de una entrevistada:

Desde ahí que salimos a la calle directamente, hemos empezado con Madres de la Esperanza. Que se ha formado, digamos, una fundación, ahí ninguna de las de la Costanera, como ser yo, han participado de la fundación. Solo apoyábamos desde afuera a las madres […]. Y después se formó, digamos, con otras mamás, lo que fue Madres Unidas por la Vida, que también se ha formado como una fundación […]. En el 2010 viene y muere mi hijo. De ahí salió Madres del Pañuelo Negro (María, madre del Pañuelo Negro, 2020).

Vemos en este corto pero dinámico proceso el modo en que, paradójicamente, la institucionalización contribuye a desvirtuar el camino recorrido por el grupo de madres. Algunas instituciones captaron recursos, pero excluyeron a las referentes disruptivas. No obstante, poco a poco la organización creció en número y abarcó más barrios, especialmente a partir de la participación de madres que vivían en otras zonas de la capital provincial (Villa Angelina, Crucero Belgrano, El Bosque), y sobre todo a partir de la inclusión de mujeres provenientes de otras zonas del área metropolitana, como Banda del Río Salí (El Palomar), Alderetes (Antena), e incluso del interior de la provincia de Tucumán (Aguilares). El gran crecimiento de la organización de las Madres del Pañuelo Negro en pocos meses se dio en consonancia con el desarrollo acelerado y afianzamiento de las redes de narcomenudeo, instaladas en las zonas vulneradas de la provincia. Es decir, a medida que creció la problemática, se afianzó la respuesta asociativa de las mujeres, en su rol de madres.

Así tiempo después, en el año 2015, se creó la Hermandad de los Barrios. Las razones por las que surgió la organización giraron en torno al colapso de las condiciones de salud de las y los vecinos de diferentes barrios autoproducidos, la multiplicación de suicidios derivados del consumo problemático y las presiones a las que eran sometidos, sobre todo los jóvenes, a partir de sus compromisos y deudas con los vendedores de drogas. Esta nueva organización incluyó también a madres, otros miembros de las familias, amigos y referentes barriales. Participaron familias enteras provenientes de barrios de distintas zonas de la provincia, algunos de las cuales ya contaban con presencia de la organización Madres del Pañuelo Negro, y otros no. Incluyéndose barrios de la capital provincial como Costanera, Juan Pablo II (conocido como El Sifón), Los Vásquez, Alejandro Heredia, 130 Viviendas; barrios de Alderetes como el Antena y el Santa Inés; de Las Talitas, el Colmenar; y de Yerba Buena, Diagonal Norte. De esta forma lo explicaba una entrevistada:

Nos organizamos por los suicidios, varios seguidos en Costanera, tres creo en una semana. Al mes fallece mi primo Diego Correa y nos terminamos de sumar todo Alderetes. Había empezado en la Costanera, después se suma el Sifón, Santa Inés y después Yerba Buena. Veíamos la problemática de por qué se originaba el consumo y decidimos que algo había que hacer […]. Madres referentes y vecinos que veíamos que la problemática no estaba abordada por ningún lado (Florencia, Hermandad de los Barrios, 2020).

A raíz de las cada vez más muertes cotidianas de jóvenes con consumo problemático, las madres reestructuraron sus motivaciones y objetivos frente a lo que ellas consideraban un vacío de respuestas a los hechos de violencia en franco incremento. Su principal demanda radicó en que el Estado se hiciera responsable de la rehabilitación integral de los jóvenes, de su atención y tratamiento, a partir del abordaje de profesionales de la salud. Cabe aclarar que en ese momento no existían centros de atención especializados en consumos problemáticos, o ayuda económica y social para las familias (hijos, esposas, madres) de los jóvenes afectados por la droga. Se solicitó trabajo para las personas rehabilitadas, la erradicación de las redes de narcomenudeo de los barrios y penalización a quienes ejercían la venta de estupefacientes.

La Hermandad surgió con integrantes compartidos con el grupo de Madres, pero también con nuevos vínculos y un estrecho contacto con los DSA. Estos dispositivos comenzaron a funcionar desde el año 2012, bajo la lógica del modelo de reducción de daños, acompañando la cotidianidad de los barrios en territorio en la mayoría de los espacios donde funcionaba la Hermandad. La demanda se explicaba de la siguiente forma:

Había un solo dispositivo en un solo barrio, y eso no alcanzaba […]. Solo había lo poco que había en la Costanera y no resolvía muy mucho y encima despedían gente. […]. Mientras armábamos la organización, también te dabas cuenta que los chicos que querían salir no tenían donde recuperarse (Florencia, Hermandad de los Barrios, 2020).

Sin embargo, las carencias continuaron en relación con espacios de ayuda a la recuperación, así como las dificultades para acceder a los pocos dispositivos disponibles, que no incluían a mujeres. Esto significó la continuidad y el aumento de las adicciones, pero también de otros delitos asociados como la prostitución y hasta secuestros extorsivos. Es por eso por lo que sus principales demandas giraron en torno a los siguientes ítems:

1. el aumento y refuerzo de los equipos técnicos territoriales capacitados en salud y adicciones;
2. el cumplimiento de la Ley de Salud Mental para contrarrestar la situación de atención humanizada;
3. centros de internación para mujeres;
4. guardias de salud mental en los centros de salud y equipos interdisciplinarios especializados; y
5. el trabajo en las urgencias y la asistencia de jóvenes, niños y familias afectadas y la prevención del consumo de drogas.

Progresivamente, las demandas se enfocaron en el Estado, como responsable de dar respuestas a la problemática.

Dinámica de trabajo

Las mujeres, en su rol de madres, fueron las primeras en organizarse, a partir del encuentro y la escucha, con un intenso trabajo de comunicación intrabarrial basada en el sentimiento común de miedo, pérdida, dolor y angustia. Esto giró inicialmente en torno a espacios vinculados a un grupo de ayuda que profesaban la fe evangélica cristiana llamado Reto a la Vida. Ese encuentro con otras mujeres las llevó a buscar formas de resolver ellas mismas la necesidad urgente del momento: rehabilitar a sus hijos. Para lo cual idearon un procedimiento de atención del joven con consumo problemático. De este modo:

Nos comenzamos a juntar todas las madres de la Costanera y de otros barrios. Nosotros agarrábamos y hablábamos con otras madres, para que nosotras los llevemos a los chicos directamente a la reunión que hacían, digamos, los evangelios, que vendrían a ser de Reto a la Vida, cristianos. Y bueno, de aquí de la Costanera llevaron varios chicos, digamos, a rehabilitarse, a distintas partes del país… (María, Madres del Pañuelo Negro, 2020).

No obstante, la falta de recursos, la dificultad para sostener los procesos de rehabilitación de sus hijos, las crecientes recaídas de jóvenes en procesos de recuperación y las reiteradas muertes llevaron a las madres a adoptar una modalidad de acción combativa, poniendo al Estado como receptor de demandas y responsabilidades. El grupo de mujeres decidió salir del barrio y trasladar su problemática a la escena pública, a partir de manifestaciones que desplegaron nuevos entrecruzamientos en la denominada “arena pública” que explica Cefaï (2011). Esta nueva modalidad se inició a pocas cuadras del barrio Costanera, con marchas semanales alrededor de la plaza principal de San Miguel de Tucumán (Plaza Independencia), frente a la Casa de Gobierno. Caracterizadas con sus pañuelos negros y sosteniendo carteles con diferentes consignas, lograron captar la atención de los medios de comunicación dando vueltas en torno a la plaza en clara similitud a las Madres de Plaza de Mayo.

No obstante, a medida que la problemática recrudeció, y frente a la falta de respuestas del gobierno provincial, las manifestaciones públicas se intensificaron en tiempo y espacio. Esta vez el llamado de atención buscó incomodar aún más: cortes de tránsito en arterias principales y de puentes de ingreso a la ciudad capital, así como piquetes en las calles del centro. Esta proyección social, de la familia al grupo y desde ahí a la comunidad y la opinión pública, cristalizó la configuración de una resistencia con entidad colectiva.

Paralelamente a las manifestaciones públicas, las Madres desarrollaron otra dinámica de trabajo de tipo institucional, mediante la elaboración de proyectos y petitorios de contención y acompañamiento dirigidos a funcionarios del gobierno provincial. Documentos elaborados en forma estratégica a partir del uso del lenguaje del Estado (Manzano, 2007), en los que describieron las problemáticas padecidas y las necesidades que resolver y detallaron soluciones posibles. De esta manera, las organizaciones aprendieron sobre sus derechos y sobre el funcionamiento de los procesos de elaboración de políticas públicas, e incorporaron saberes técnicos. Esta tarea se completó con reuniones con funcionarios del Estado, donde fueron escuchadas sin recibir respuestas concretas. Estas acciones fueron descriptas por una de las protagonistas de la siguiente manera:

Marchábamos, una, porque queríamos que lo rehabiliten a nuestros hijos. Era lo primero que le pedíamos al Estado, por la vida de nuestros hijos. No queríamos otra cosa. Debe ser que lo han tirado al proyecto, pero pedíamos por las madres de los bebés que quedaban solas… como me ha tocado a mí, que yo he quedado con tres nietos, desamparada por el Estado. Pedíamos eso, que el Estado se haga cargo de la familia. Incluso no le pedíamos gratis, le pedíamos trabajo para esas mamás, para que puedan mantener, para que puedan criar a esos hijos. Eso le pedíamos al Estado, las marchas eran para erradicar la droga, condena a los narcos, ayuda a los niños y las madres, y recuperación para nuestros hijos. Por eso es que marchábamos nosotros, para que el Estado tome conciencia de la situación que nosotros vivíamos (María, Madres del Pañuelo Negro, 2020).

Por su parte, la Hermandad de los Barrios sostuvo reuniones semanales, rotando las sedes de los encuentros entre los distintos barrios que integraban la organización. Orientó su demanda a estrategias de acompañamiento en el territorio, mediante el aumento de dispositivos de salud que habían empezado a mostrar resultados favorables en su funcionamiento. Confluyeron con las Madres en los espacios de protesta, que consideraron logros significativos en un contexto de alienación y subordinación naturalizadas, contrarrestando condiciones de sobreadaptación e impotencia frente a la enfermedad y el incremento del intercambio de sustancias, en el marco de una realidad adversa que parecía no tener nada que ofrecer a los jóvenes, frente a dinámicas dominantes que los relegaron y culpabilizaron. En ocasiones, estas nuevas organizaciones de resistencia introdujeron nuevas modalidades de manifestación pública, como procesiones o intervenciones frente a la Casa de Gobierno provincial. Las protestas se fueron consolidando y fueron creciendo en convocatoria, como puede verse en el siguiente relato:

Se organiza la primera marcha, con organizaciones sociales, y fueron más de 3.000 personas, muchas cuadras de marcha. Fue algo muy lindo, logramos salir en los medios, y eso nos permitió cumplir el objetivo de visibilizar la problemática. Ahí ganamos más gente que vea el otro lado, con gente que podía verlo de otra forma. Ahí el Estado quiso reunirse con la Hermandad, Desarrollo Social y Seguridad, esos dos ministerios (Florencia, Hermandad de los Barrios, 2020).

Imágenes 1, 2 y 3. Marcha de la Hermandad de los Barrios hacia la plaza Independencia frente a la Casa de Gobierno de San Miguel de Tucumán, 2014

Fuente: fotografías de Paula Boldrini y Débora Decima.

Tanto en la dinámica de trabajo, como en los objetivos, es posible detectar cómo la organización de las Madres abrió un camino que años más tarde fue tomado por quienes integraron la organización de la Hermandad. Sus iniciativas y actividades se acoplaron a las desarrolladas por las Madres. Así, a partir de la articulación de sus redes vinculares, se presentaron como un solo frente, sin fundirse, compartiendo diversos espacios y tiempos.

El derrotero atravesado por las organizaciones comprendió dos períodos de gobierno. Uno de ocho años encabezado por el gobierno de José Alperovich, y otro, vigente hasta el año 2023, por Juan Manzur, ambos de cohorte peronista. Las condiciones de base sobre las que se originaron las organizaciones presentan una primera etapa caracterizada por la secuencia de muertes de jóvenes derivadas del consumo y el narcomenudeo, que coincidió con el gobierno de Alperovich en el que surgieron los DSA en distintos barrios, sumado a una incipiente organización comunitaria. En el período liderado por el exgobernador Manzur, se desplegaron las diferentes estrategias de resistencia que se estudian en este capítulo, en paralelo al desmantelamiento de los DSA.

Redes vinculares

La problemática de la venta y el consumo de sustancias, junto a la escalada de violencia desatada en ese marco, se monta sobre un escenario de pobreza endémica entre los asentamientos populares del GSMT. No obstante, esta suma de expoliaciones dio impulso a la construcción de nuevos engranajes del entrelazamiento comunitario. Eso significó nuevas redes de relaciones y organizaciones, dentro y fuera del barrio, como reacción popular ante la necesidad de resolver la nueva problemática.

Desde una perspectiva intrabarrial, las Madres del Pañuelo Negro forjaron una red de mujeres cercanas, tanto por la afinidad en relación con la problemática padecida, como por la proximidad territorial. El encuentro entre madres se inició dentro del barrio Costanera, y desde allí se extendió hacia otras zonas a partir del contacto con otras mujeres. Como explica María:

Los formamos con mucho amor [a los hijos]. Y eso es lo que nos llevó a juntarnos. Éramos las madres de todos […]. A veces nos sentimos solas, pero como yo hay muchas que están todavía largado lágrimas de sangre” (María, Madres del Pañuelo Negro, 2020).

La acelerada escalada de violencia por el narcomenudeo llevó a las Madres a tejer vínculos con otros asentamientos populares, facilitados por los contactos entre familias, además del nexo con el grupo de ayuda de la fe evangélica cristiana Reto a la Vida. Estas nuevas redes pronto se reforzaron con la Hermandad de los Barrios, también asociadas a lazos de parentesco y vecindad. Las nuevas tecnologías de comunicación contribuyeron al cruce de información y contactos más fluidos, como lo relata Florencia: “Yo creo que esto está latente, tenemos el grupo de WhatsApp de la Hermandad, no se ha perdido, sabemos qué pasa en cada barrio” (Florencia, Hermandad de los Barrios, 2020).

A través de ellas, se establecieron coordinaciones y diálogos que incluyeron noticias producidas por medios periodísticos hegemónicos y alternativos. En las entrevistas se manifiesta el entrelazamiento entre las organizaciones analizadas, que a su vez compartieron integrantes que asumieron, a veces, roles de coordinación y representación. No obstante, cada organización construyó su particularidad. Mientras que las Madres tomaron una perspectiva de cuidado, teñida por su rol y orientada a la salvaguarda de sus hijos, la Hermandad incorporó fundamentalmente a los propios jóvenes en situación de consumo y proceso terapéutico bajo la atención de los DSA.

Ambas organizaciones lograron tejer redes vinculares ligadas a las potencialidades de sus agenciamientos sociotécnicos. De esta manera, entablaron relaciones con técnicos, profesionales y académicos, especialmente en el área de salud del Estado a raíz del abordaje del consumo problemático de sustancias; pero también del área social, comunicacional y en relación con la mejora del hábitat del gobierno provincial. Algunos referentes mantuvieron relación con funcionarios, referentes políticos y sociales que dieron su apoyo, especialmente en las manifestaciones públicas. En cuanto al municipio capitalino, en el que se encuentra la mayoría de los barrios organizados, pertenecía a Juntos por el Cambio, un signo político distinto al provincial, y permaneció alejado del proceso, sin inmiscuir técnicos en lo que aparece como un territorio cedido al gobierno provincial.

Los obstáculos y el rol del Estado

Los principales obstáculos se presentaron en la relación entre las organizaciones y el gobierno provincial, institución que sostuvo una lógica de rechazo a los reclamos presentados en las acciones colectivas. Esto se expresó de múltiples modos, desde la desatención a las demandas recibidas, hasta la quita de respaldo institucional y la invisibilización de la problemática en la agenda pública. Esta situación se replicó en las dos organizaciones, durante los dos gobiernos peronistas sucedidos en el período analizado. Así lo expresa María:

Tuvimos reuniones en los tiempos de [José] Alperovich. Él nos ha dicho que la casa de gobierno tenía las puertas abiertas para cuando nosotros quieramos [sic]. Decía él que iba a aceptar los proyectos que presentábamos, pero con el tiempo nos cerró las puertas y nunca más nos vio. [Juan Luis] Manzur nunca nos ha llamado, como para que nosotros podamos conversar, como para ver qué podíamos hacer por nuestros hijos (María, Madres del Pañuelo Negro, 2020).

Más aún, en el trabajo de campo, se hizo referencia a estrategias de cooptación por parte del gobierno provincial, mediante acciones tendientes a dividir y enfrentar a los referentes entre sí. Tal como afirma Schillagi (2017), en el proceso del devenir en víctima, al interior de los grupos de familiares se dirime una suerte de juicio moral que opera en torno a la aceptación o no de recursos, ofrecidos a los referentes comunitarios desde el gobierno provincial en este caso. Emergen posturas contrapuestas y enfrentamientos alentados por la posibilidad de obtener alguna respuesta individual, lo que fragilizó las condiciones de cohesión del grupo, en un contexto de múltiples necesidades insatisfechas:

Cuando el Estado se reúne con la Hermandad, busca resolver la individualidad, nos pasaban el teléfono de una funcionaria que después cada uno tenía que comunicarse, trataban de dividirnos. Después nos fueron llevando a reunirnos a cada caso. Ellos empezaban a poner las pautas y qué íbamos a hacer. En un momento nos reunimos fuera del espacio con los funcionarios y evaluamos que no estaba bien eso, disparar para donde ellos digan, sino que cumplan el petitorio. Nos tenían dando vueltas y no avanzaban con los pedidos concretos (Florencia, Hermandad de los Barrios, 2020).

Este suceso puede ser visto como una estrategia desde el gobierno provincial, que encuentra una grieta por donde colarse y, de ese modo, promover la fragmentación de los grupos. En algunos casos, la estrategia efectivamente hizo efecto ante el desgaste y la fragilidad de las organizaciones, que evidenciaban cansancio frente a años de lucha sin cambios significativos. Este cansancio operó como elemento de debilitamiento y conflicto entre los integrantes de la Hermandad, ya que el grupo se desgranó progresivamente frente a la falta de resultados significativos de los esfuerzos invertidos. El siguiente relato de Florencia lo muestra:

Ellos [gobierno provincial] no aflojaban. No querían gente así [organizada] en los barrios. Y después tuvimos problemas de organización, ya que varias madres ya no estaban participando porque nos tenían de un lado a otro y no se lograba nada […]. Fue perdiendo la esencia de ser más simples, más espontáneos. Ya era muy institucional. Empezaron a irse. No hemos quedado muchos. Fue después de dos años. Se hicieron más de diez marchas con mucha convocatoria y se visibilizaba cada vez más (Florencia, Hermandad de los Barrios, 2020).

Por otro lado, se expresa el enfrentamiento mediado por contradicciones internas, que debilitó los esfuerzos por alcanzar las demandas. En la identificación de la responsabilidad sobre la problemática, operó el modelo dominante sugerido desde el gobierno provincial, asociado a la punitivización del consumo, que, a su vez, puso fuertes cuestionamientos al rol materno. En este debate se ocultó otro aspecto, vinculado al universo de carencias sociales que contribuyen a la pérdida de la salud, y que juega un rol protagónico en la disputa ideológica. Es decir, la culpabilización ejercida sobre el núcleo familiar, las madres y la propia víctima operó como distractor, confundiendo las razones que se ocultan detrás de las condiciones concretas de existencia, la pobreza estructural que lleva al consumo. Anclado en esta contradicción, se dirimió entonces un concepto de “salud” que conecta la escala local con una discusión ampliada entre prohibicionismo y reducción de daños. María lo explica con sus palabras:

Han hecho el CEPLA, y lo manejan los que venden droga, gente que nada que ver con las madres, son gente que ha puesto el gobierno que no conocimos. Las madres no sabemos cómo se trabaja en el CEPLA, no lo conocemos. No sabemos qué función cumple directamente. Es un centro para contención, pero ¿para quién?, si usted está escuchando que cada vez hay más muertos, cada vez hay más drogados, cada vez hay más droga (María, Madres del Pañuelo Negro, 2020).

El caso del CEPLA, ubicado dentro del propio barrio Costanera, fue evaluado negativamente por vecinos y vecinas del barrio. La principal crítica radica en la inacción profesional, que se restringe a una modalidad de consultorio, cuando la lógica de reducción de daños promueve el recorrido y acompañamiento tanto individual como grupal en los espacios propios del desarrollo de la vida cotidiana, tal como funcionan los DSA. De hecho, los DSA quedaron disociados del CEPLA aun cuando coexisten en el mismo barrio, en una disputa de poder que tiene a los primeros como técnicos combativos y a los segundos como técnicos acordes a la lógica institucional.

La problemática de producción, intercambio y consumo de drogas ilícitas es una dinámica integrada a una trama de vulnerabilidad y subalternidad mayor que entrecruza diferentes modos de inclusión precaria, que a su vez aísla aún más a los barrios del resto de la ciudad, alejándolos de sus derechos. La contradicción entre modelos de salud y política pública en materia de abordaje del consumo problemático de sustancias psicoactivas se dirime en el seno de cada una de las estrategias que dispone el Estado. Por otra parte, se profundiza la matriz prohibicionista a partir del accionar de las fuerzas de seguridad, que adoptan una posición de culpabilización hacia las familias víctimas de la venta y el consumo, bajo diferentes mecanismos que van desde razias hasta el hostigamiento y las amenazas a los espacios de organización comunitaria. Tal como afirman Kessler y Dimarco (2013), se trata de interacciones atravesadas por una multiplicidad de formas de aversión, humillación y maltrato cotidiano que en muchas ocasiones dan como resultado graves desenlaces de violencia institucional.

Hasta las muertes colocaron nuevamente a los jóvenes bajo un halo de deshonra, deslegitimados en las clasificaciones sociales hegemónicas. Allí, el ajuste de cuentas resultó la construcción mediática más renombrada por los medios de comunicación masiva y por las instituciones oficiales. Clasificación que imputó cierto merecimiento de castigo, en la medida en que hace referencia a las actividades ilegales de sus protagonistas, como la delincuencia o la venta y el consumo de drogas.

En los casos analizados, se ratificó la persecución hacia los jóvenes, hijos de referentes de las organizaciones, y más aún si se encontraban en proceso de recuperación. Así lo explica una entrevistada:

Es como que ellos [policía] me persiguen a mí. Es una persecución. Porque la verdad que yo ya no puedo decir si la persona a la par mía vende droga. No puedo decir nada. Es como que ellos me están tapando a mí la boca, es como que están cortando el derecho de mi expresión […]. Mirá, yo miedo por los que venden, no. Pero miedo por mis nietos, por mis hijos que salen a trabajar. Porque todos mis nietos e hijos no son drogaos. He tenido la mala suerte con mi hijo que se ha matado, otro que he tenido internado, y otro hijo que he recuperado y que últimamente la policía también me lo ha tenido molestando, porque se ha recuperado […]. Está haciendo su vida, pero no deja de ser perseguido (María, Madre del Pañuelo Negro, 2020).

La intimidación hacia integrantes de las organizaciones provenía también de las redes de narcomenudeo, a través de las amenazas de los transas. Saborío (2019) plantea que el espacio representa un recurso que en muchos casos es expropiado a la población local por parte de los miembros de los grupos criminales, que ejercen el control y la gestión del territorio utilizando la violencia como instrumento clave para el despliegue del circuito de intercambio, que puede ser entendido como la territorialidad del narcomenudeo. El testimonio de Florencia es explícito:

Ver cómo terminó mi primo fue muy impactante. No puede ser tanta injusticia, que una persona no valga nada. Es un tema que no es fácil de abordar. Sabés que es peligroso por los poderosos, que te puede pasar algo y ser muy cuidadosa cuando hablás del tema. A mí me han amenazado, me han puesto un fierro en la cabeza, en el asentamiento nuevo a la par del Ingenio. Yo estaba por otra cosa, pero me relacionaban con eso y los transas me vieron, y se bajaron a decirme que no vaya ahí a meter la uña porque iba a terminar en una zanja. Yo le dije “No te vengo a quitar el kiosquito a vos”, ahí estábamos por la tierra y las mujeres. A todos los referentes les pasó algo. Al de la costanera, le quemaron el taller, a Villagrán (Florencia, Hermandad de los Barrios, 2020).

Otro de los obstáculos a los que se enfrentaron las organizaciones está relacionado con lo más básico, las condiciones concretas de existencia de las familias, que vieron condicionada su participación por la falta de tiempo y posibilidades que les dejaba la resolución, o no, de las necesidades económicas y materiales. Nuevamente recurrimos a la voz de Florencia:

El otro problema que ocasionó esto es que la realidad de cada referente es dura porque tenés que trabajar, sos madre, además de ser referente. La mayoría éramos mujeres. A los varones les cuesta más porque tienen que buscar la changa. Pero varios referentes continúan, por ejemplo yo, ahora también se sumó las Piedritas con su merendero con el mismo objetivo. Desde el Estado no esperamos nada. De hecho, todo funciona a pulmón y por donaciones. Lamento que mi trabajo me consume 12 o 13 horas y no tener tiempo para trabajar en el barrio, en lo comunitario, en lo que pude estudiar. No tengo otra cosa, lo hago, pero, si hay que salir, lo haré (Florencia, Hermandad de los Barrios, 2020).

Es en ese contexto en el que el narcomenudeo introdujo un nuevo desafío para las organizaciones sociales. Ante la falta de fuentes de trabajo formal o informal, la venta de sustancias se presentó para las familias como una oportunidad de obtener una fuente de ingresos. Las necesidades irresueltas y las condiciones de pobreza estructural eran tan extremas, que la posibilidad de comercializar drogas ilícitas se dio incluso en familias víctimas directas de las redes de narcomenudeo. Así lo expresa María:

Como que la droga ya viene a ser una fuente de trabajo. Pero para mí no es lo mismo, porque yo pienso que eso es un veneno que está matando a nuestros hijos. La mayoría de las familias […]. A mí me ha tocado de encontrarme, cuando yo salía a las dos o tres de la mañana a buscar a mi hijo, encontrarme con una persona que ha estado a la par de nosotros y que ha estado en la lucha y la sorpresa que te da que está vendiendo droga y haciéndole daño a otros chicos (María, Madres del Pañuelo Negro, 2020).

La crudeza de la cotidianeidad de los asentamientos populares se presentó ante los integrantes de las organizaciones, tanto en forma de obstáculo como de desafío que impactó y alentó la tarea. Sin embargo, en muchas ocasiones esa crudeza se transformó en desesperanza, cuando se evidenció la magnitud de las redes de poder a las que se enfrentaban. De este modo, se observa en el siguiente testimonio:

Y bueno, esa es la lucha nuestra, que estamos sin saber… Yo creo que es como que hemos perdido la batalla. Porque aquí no está el vendedor del barrio, no está el transa del barrio, está digamos el delivery del barrio. Aquí hay algo más poderoso, y nosotros no vamos a hacer nada contra eso. Nosotras somos madres, vamos a luchar para recuperar a nuestros hijos, lo vamos a lograr con nuestros hijos, pero no vamos a lograr desaparecer lo demás. Como que nosotras no tenemos las armas para eso (María, Madres del Pañuelo Negro, 2020).

Logros en la tempestad

Si bien los resultados conquistados por el trabajo de ambas organizaciones están relacionados a sus objetivos grupales, es preciso marcar una diferencia entre aquellos manifiestos y otros más intangibles, que no necesariamente fueron reconocidos por sus miembros. En el caso de las Madres del Pañuelo Negro, y al tratarse de la primera experiencia asociativa, movilizadas por la urgencia de la problemática, el grupo de mujeres resolvió enfocarse en una estrategia más conducente. Es en ese sentido en el que podemos mencionar la visibilización de la problemática como un logro intangible, subyacente. Así, cuando el grupo de mujeres decidió llevar su reclamo fuera del barrio, interpelando al Estado, en esa llamada de toma de conciencia, ellas fueron instalando en la opinión pública la discusión sobre la problemática de la venta y el consumo de drogas y sus consecuencias mortales entre los jóvenes de los asentamientos populares. En sus palabras:

Las marchas eran para erradicar la droga, condena a los narcos, ayuda a los niños y las madres, y recuperación para nuestros hijos. Por eso es que marchábamos nosotros, para que el Estado tome conciencia de la situación que nosotros vivíamos (María, Madre del Pañuelo Negro, 2020).

Esto llevó a denunciar otros aspectos traumáticos de la problemática, como se expresa en el siguiente relato:

Estaban pasando tantos casos de suicidios que, a la vez que se estaba organizando, las cosas seguían pasando. Después de la primera marcha, salieron a la luz los casos, madres pidiendo ayuda […]. Donde había organización tratábamos de visibilizar la problemática de la droga. De la sociedad nos devolvía dos miradas, “Hay que matarlos a todos estos chorros, los drogados”, y revertirla a reflexionar por qué estos chicos llegan a estar así, culpabilizados, cuando hay verdaderos responsables que no son estos chicos, terminan en la muerte (Florencia, Hermandad de los Barrios, 2020).

En este punto resulta interesante la afirmación de Schillagi (2009), en cuanto es la imagen de la víctima, en este caso madres y familiares de jóvenes fallecidos, lo que está en el centro de su productividad política, más que sus opiniones e intereses. Así, su figura simbólica aparece como un elemento de disputa, desplazando la atención del fallecido y constituyéndose como un personaje representativo, cuya experiencia se supone común y colectiva, en lugar de individual y atípica. Con el mismo argumento, la legitimidad moral que emana de su sufrimiento es señalada para conseguir apoyo político, mediático y de la opinión pública.

Otro de los logros velados en la trayectoria de la organización de las Madres del Pañuelo Negro fue la constitución y el sostén de redes de contención, principalmente entre ellas, pero también en relación con contactos con técnicos y profesionales a quienes acudir en busca de apoyo y asistencia. Es por eso por lo que se presenta como nuevo emergente asociativo, de base territorial, superando formas precarias de grupalidad y dispuesta como una nueva categoría organizativa, a la par de los movimientos de desocupados, aunque sin alcanzar la misma magnitud.

Por otro lado, podemos señalar aquellos logros manifiestos, producto de metas que cada organización planteó de manera explícita. Dentro de lo cual encontramos aspectos individuales y colectivos. En lo individual, a lo largo de su experiencia, algunas madres pudieron recuperar a sus hijos del consumo problemático de sustancias, mientras que otras no, dependiendo tanto de la dinámica de la organización, como de otros elementos con relación al contexto y la situación particular de cada joven en proceso de rehabilitación. En lo colectivo, un fruto del trabajo fue la construcción, aun con sus cuestionamientos, del CEPLA en el asentamiento Costanera, ya que, si bien parecería beneficiar a un solo barrio, significa una reivindicación interbarrial de ambas organizaciones. Se trata de un complejo cuya ejecución sufrió una pausa en la que fue desmantelado, y tardó varios años de pedidos incesantes en volver a reactivarse, construirse e iniciar su funcionamiento. Aun cuando los miembros de las organizaciones son críticos con el funcionamiento de este dispositivo, su existencia se asume como un resultado de la lucha colectiva.

Asimismo, Hermandad de los Barrios y Madres del Pañuelo Negro actualizaron y fortalecieron demandas, así como su capacidad de dar respuestas comunitarias, como lo expresa el siguiente testimonio:

Nos reuníamos con ellos [funcionarios del Estado] y planteábamos los puntos de emergencia: ampliar guardias, habilitar espacio en el Obarrio [hospital] para desintoxicación, internación, y con el tiempo fueron cediendo algunas cosas, como la habilitación de la unidad 5, eso fue un logro muy bueno. También en el hospicio del Carmen camas para chicas […]. Después de la Hermandad se armó el comedor de la Costanera, el comedor de noche que hoy sigue funcionando, sumado al de los Vásquez que también sigue. Las personas que participaron siguen firmes organizando comunitariamente (Florencia, Hermandad de los Barrios, 2020).

Desde ambas organizaciones se consiguió además reforzar en cada barrio la organización interna, a partir del apoyo a sus referentes, no solo en relación con la problemática de la droga, sino también con otras necesidades urgentes.

Identidad y mirada prospectiva de cada organización

Las mujeres que formaron parte de las Madres del Pañuelo Negro se identificaban ante todo con el rol materno, tanto en el entorno familiar como sociocultural, asumiendo la función del cuidado. La maternidad jugó un papel central como depositarias de la protección, la educación, el amor, garantes del futuro familiar y social. Es en ese sentido en el que han elegido el nombre de su organización. María lo explica:

¿Por qué madres? Qué buena pregunta… Nosotras los formamos a los hijos en todo. Porque las madres somos las que los teníamos en el corazón, porque nosotras le hemos dado vida. Porque los trajimos al mundo con mucho amor. Los formamos con mucho amor […]. Eso es lo que nos da la fuerza, no nos importa qué nos pueda pasar, salimos a pelear por nuestros hijos. Como una leona que pare y no quiere que se arrimen a la par de sus hijos. Si alguien me dice “¿Su vida, o la de su hijo?”, yo entrego la mía. Por mi hijo, mis nietos, mis bisnietos (María, Madre del Pañuelo Negro, 2020).

Las mujeres asumieron la responsabilidad del futuro de sus hijos y consideraron que, en gran medida, de ellas dependía la felicidad o infelicidad, el triunfo o el fracaso, la salud o la enfermedad de ellos. El sentimiento de culpa surgió entonces frente a la enfermedad, acentuada por la condena social que se les imprime a las mujeres si no cumplen el mandato de la buena madre, que está asociado al comportamiento de sus hijos. En un proceso dialéctico, es a partir de ese mismo mandato como las madres encontraron legitimidad en su relato. El vínculo familiar con los difuntos, que se erige como uno de los ejes centrales de identidad y las pone como voces autorizadas frente a las autoridades políticas y la opinión pública (Schillagi, 2017).

Por el contrario, al sistema patriarcal le es redituable producir un culpable que, paradójicamente, es al mismo tiempo la víctima. De esta forma, se configura la idea de las malas madres, responsables de la catástrofe. En ese sentido, Bermúdez (2015) advierte que las acusaciones post mortem suelen extenderse a toda la red de parentesco y allegados del muerto, aunque asociadas a diferentes responsabilidades sociales, según los roles y las obligaciones que cada uno debería cumplir. Mientras que a los hermanos varones y al padre se les adjudica la culpa de no haberlo sabido proteger o aconsejar, a las hermanas mujeres y muy especialmente a las madres les cabe la responsabilidad de no haberlo criado bien. Eso se refleja en las palabras de María:

Y no lo hemos traído al mundo a los hijos para sufrir, yo no le he puesto la droga en la mesa a mi hijo. Yo le he puesto pan en la mesa, con lo que he cirujiao [sic], he comido del tacho de la basura, porque he sido cartonera toda mi vida […]. He criado a mis hijos siempre con el respeto. Pero los he descuidado a mis hijos. Yo no sabía que la droga era algo tan malo. Cuando me han dicho que mi hijo andaba drogándose, yo lo que leí contestado es “Ya, ya le va a pasar, si mañana tiene que trabajar”. Yo no sabía qué poder tenía la droga (María, Madres del Pañuelo Negro, 2020).

El rechazo social las definió, a su vez, desde las narrativas y los discursos que otros dicen sobre ellas, en los procesos de alteridad. En este sentido, María expresa:

Lo primero que [los policías] le preguntan cuándo entran a la Costanera es si son de las madres … no le dicen las madres “¿Qué sos de las viejas del pañuelo negro?”. A mi hijo ya le han preguntao, a mi nieto ya le han preguntao [sic], a mi nuera ya le han preguntao [sic] (María, Madre del Pañuelo Negro, 2020).

Como adelantamos, la maternidad también juega un papel central en relación con la producción social de la figura de las víctimas. Schillagi (2017) señala los modos en que va configurándose la legitimidad de tal figura, a partir de la noción de “catástrofe”, de una disrupción radical de la vida cotidiana, en la que el dolor, el sufrimiento y la pérdida cobran tal centralidad que puede ubicarse parte del proceso de constitución de las víctimas como tales. En este caso, la catástrofe es la muerte de un hijo a causa del consumo problemático en particular, y del despliegue de las redes de narcomenudeo en general, a través de lo cual primero las Madres y luego las familias de la Hermandad se constituyeron como víctimas. Rol desde el cual construyeron el relato de sufrimiento para legitimar su lugar de enunciación y reclamo, su identidad en medio de la pérdida.

No obstante, la catástrofe va más allá de su carácter de evento disruptivo, para abarcar la noción de “sufrimiento social”. Distintas dimensiones mediante las cuales los familiares de víctimas de una catástrofe inician un proceso de representación de los ausentes que los va configurando como víctimas. Esto deriva en organizaciones territoriales que, dada la naturaleza de su problemática, conciernen a zonas urbanas que comparten características similares y ocupan una posición subordinada en la jerarquía socioespacial.

En cuanto a la construcción identitaria de las víctimas directas del consumo problemático y las redes de narcomenudeo (jóvenes en rehabilitación o fallecidos), se expresan múltiples contradicciones simultáneas. Tanto en el interior del barrio entre salud y enfermedad, como en relación con la comunidad en general, donde se juega la integración o fragmentación de los jóvenes en el contexto barrial, donde son caratulados de adictos bajo un sesgo estigmatizador. Como menciona Schillagi (2009), existe una diferenciación más o menos tácita entre “víctimas inocentes” y “no inocentes” que opera como eficaz mecanismo de asignación de responsabilidades frente a la opinión pública. La autora agrega que la calidad de inocencia suele aparecer ligada a las personas que resultan víctimas de la inseguridad, representadas como ciudadanos librados a una situación de indefensión social. Acechados por las clases peligrosas, amenazados por una alteridad excluida, representada sin más por los pobres.

Podemos definir a las organizaciones por la identificación que los mismos sujetos señalan en función de aspectos compartidos en el plano cognitivo y político, es decir, aquello que comparten como estructura organizativa, sus lazos y normas discursivas. En este caso, ambas organizaciones tienen en común el hecho de que sean las mujeres quienes desempeñan un rol fundamental frente a la lucha. Sin embargo, el rasgo en común que más identifica a ambas organizaciones es el metarrelato del dolor y el sufrimiento que, en lo profundo, apela a las identidades colectivas. Es decir, “si hay algo que tenemos en común es la pobreza, la desocupación y la droga” (Florencia, Hermandad de los Barrios, 2020).

En la escala del dolor familiar, la muerte de un hijo a una madre está por encima de todo. ¿Quién puede cuestionar el dolor de una madre? (Schillagi, 2017). No obstante, con el tiempo, las redes de contención y organización extendidas a través de la Hermandad permitieron ampliar la escala de dolor, involucrando del mismo modo a madres, padres, hermanos y hermanas, parejas, hijos y amigos.

Conclusiones que abren interrogantes y desafíos a futuro

La persistencia o el aumento de las redes de narcomenudeo en los asentamientos populares y la falta de respuestas del Estado desalientan a quienes se organizan frente a esa problemática que deriva en situaciones de traumas familiares. Especialmente, lo observamos en aquellas mujeres que han perdido a sus seres queridos. Como indicamos, esto emerge y se agrava en un contexto de necesidades insatisfechas, ya que constituye una fuente de ingresos para los habitantes de estos barrios, generando fracturas en la sociabilidad entre vecinos y dificultades para conformar formas asociativas, ya que además establece un circuito de violencia y miedo en estos espacios. En las entrevistas, afirmaban que esta situación requiere transformaciones estructurales y continuar con los intentos organizativos. Las necesidades se transforman, las organizaciones se renuevan y reconfiguran. Los casos analizados son producto de dinámicas barriales que constituyen nuevas realidades ya arraigadas y parte de un novedoso y complejo patrón de comportamiento social.

La Hermandad es continuadora de la trayectoria de las Madres, reeditada bajo términos que contribuyen a ampliar las redes, demandas y estrategias. Acompañan y refuerzan la iniciativa de las mujeres, agregando reclamos a partir de nuevas necesidades detectadas, vinculadas a políticas propias del modelo de reducción de daños, en franca oposición al prohibicionista.

Ambas organizaciones son expresión del esfuerzo de recuperación de vínculos familiares y comunitarios, muchos de ellos forjados durante los procesos de autoconstrucción de los distintos barrios, particularmente dañados durante el afianzamiento de las redes de narcomenudeo, y posteriormente fragmentados desde el Gobierno. Comparten también el liderazgo femenino, que identifica a las Madres desde su rol y prevalece en la Hermandad a partir de la marcada exposición de las mujeres en las diferentes actividades y roles. La legitimidad de la figura de víctimas no solo emana del dolor sufrido por la pérdida de un ser querido, sino que también es configurada por los dispositivos institucionales con los que cada familiar o grupo entra en contacto (Schillagi, 2017).

En relación con las actividades que realizan para legitimar su condición de víctimas, resulta difícil omitir el carácter simbólico encarnado por las Madres con pañuelos en la cabeza y marchando alrededor de la plaza principal de la ciudad. El cambio de color de blanco, primero a verde y luego a negro, de luto, declara la resignificación de la pérdida, de un genocidio que parece reeditarse. Un “genocidio en democracia”, tal como reclamara María en el año 2016, dándole una nueva dimensión al fenómeno, tanto por la cantidad de jóvenes víctimas de esta problemática, como por el cambio de calidad que representa en términos socioespaciales.

Las organizaciones depositan en el Estado la responsabilidad principal del sostenimiento de esta problemática, tanto por las causas que operan en el surgimiento de la adicción como escape a una realidad insostenible, como por la inacción frente a los circuitos de intercambio de drogas en las diferentes escalas, hasta la carencia de medidas en calidad y cantidad suficientes para acompañar a la juventud, principal afectada.

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