Actores sociales, huellas de la violencia en el espacio urbano y memorias construidas

Viviana Elizabeth Moreno

Introducción

A diferencia del análisis que se realiza en los capítulos dedicados a procesos de politicidad popular en villas de la Ciudad de Buenos Aires, ya se trate de antiguas como la 21-24 de Barracas o más recientes como La Carbonilla y Playón de Chacarita, donde la densidad organizativa es muy relevante, al igual que la presencia de asociaciones de distinto tipo que colaboran con las entidades vecinales y donde las intervenciones del Estado (con diferentes orientaciones) son un elemento central para pensar la complejidad de los entramados organizaciones, aquí se presentarán otros aspectos vinculados a este tipo de barrios. En los capítulos que describen procesos en el conurbano bonaerense, donde la trama es menos densa que en la Capital Federal, las intervenciones del Estado sucedieron luego de procesos de consolidación barrial sin la injerencia de organizaciones externas para esto. Aquí, vamos a focalizar la mirada en los modos en que se constituyen asentamientos populares en la periferia del Área Metropolitana de Buenos Aires en los últimos años, con características muy diferentes a lo que sucedió décadas atrás. Esto es, haremos mención de un caso donde la presencia de la violencia se manifiesta de modo más arraigado, así como las tensiones en la construcción de la memoria sobre la historia del barrio y en la conformación de instituciones sociales dentro de él.

En este capítulo abordaremos los conflictos en torno a una ocupación de tierras reciente en un predio en el distrito al que llamaremos Pancasán^[1], sito en el conurbano bonaerense, en el que pugnaron dos modelos de ocupación: loteos piratas con dinámicas violentas y una ocupación más clásica que buscó la urbanización a través de un cuerpo de delegados y la creación de organizaciones sociales que lucharon por el acceso al hábitat digno.

Pretendemos desenhebrar la historia de constitución de un asentamiento popular, desde la toma del terreno hasta la conformación de su trama organizativa, para el que adoptaremos un nombre de fantasía (barrio 27 de Octubre). Como sucede en estas acciones colectivas, se suscitaron fuertes disputas en torno al control territorial y el acceso al suelo para luego decantar en organizaciones socioespaciales más estables.

Analizaremos los aspectos vinculados a los siguientes ítems:

1. los momentos inhóspitos del comienzo de la toma (la lucha por el acceso a la tierra, los enfrentamientos con habitantes de otros barrios y las fuerzas de seguridad, entre otros);
2. los códigos culturales o moralmente aceptados como prácticas para lograr un lugar donde vivir que movilizaron a los habitantes de larga data;
3. las condiciones sociales que habilitaron el uso de la violencia como un recurso más (Garriga Zucal, 2021) para acceder a la tierra;
4. la memoria en torno a la muerte de un líder barrial que se tornó símbolo político (Gayol y Kessler, 2018) y que desafió el ejercicio del poder del Estado local e interpeló a funcionarios en relación con la situación de precariedad imperante en el barrio.

Por otra parte, indagaremos también en la conformación de la trama organizativa y las prácticas colectivas que incluyen experiencias vitales que se corresponden a momentos disímiles (Fernández Álvarez, 2018), donde denotaremos las distinciones que se establecen entre los fundadores del barrio y habitantes que se sumaron luego. Estos últimos se insertaron en la trama organizativa sin compartir lo que los primeros vivieron respecto de la violencia social vigente los dos primeros años luego de la ocupación. Por último, analizaremos los códigos compartidos por los vecinos que se sumaron tiempo después de la toma a la trama organizativa y que significaron dispersión asociativa vinculada a redes de sociabilidad.

El caso nos llevó también a atender a las marcas territoriales o los lugares de memoria (Ricoeur, 2013) como nexo entre el pasado y el presente de esta experiencia (Jelin, 2014). Fue necesario recuperar las representaciones sociales en torno a la figura del dirigente muerto en la toma, las cuales evocaron acontecimientos cargados de emociones (Jiménez Barret, 2013), en especial los conflictos interbarriales que se dirimieron con el uso de la violencia como recurso (Garriga Zucal, 2021). Como afirma dicho autor, se utilizan “según los criterios de legitimidad de cada uno de los mundos de interacción” (op. cit., p. 14). Es decir, nos abocaremos a una memoria memorable que emergió por acontecimientos que introdujeron rupturas en los marcos interpretativos de la vida, a raíz de acontecimientos traumáticos que quebraron los sentidos y forjaron huellas (Jelin, 2004).

La investigación^[2] se efectuó recurriendo a un enfoque cualitativo realizando entrevistas en profundidad (entre 2017 y 2023), observaciones en el barrio, análisis de documentación estatal (en particular, el expediente judicial del juicio de desalojo), de información institucional de las organizaciones barriales (informes, proyecto de ley, entre otros) y de medios de comunicación local escritos y audiovisuales.

Características del barrio 27 de Octubre

La transmisión de memorias y saberes está desde siempre en el horizonte de los vínculos generacionales. Así, la memoria tiene un rol altamente significativo como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia y construir mayor confianza cuando se trata de grupos oprimidos, silenciados y discriminados (Jelin y Kaufman, 2006). En los asentamientos populares, circulan relatos de su origen e historia que le dan identidad propia a cada barrio, pero existen disputas en torno a estos. Se trata de un tema de investigación que está cobrando relevancia en la agenda académica, y este capítulo busca abonar a ese debate.

La ocupación del predio vacante, hoy barrio 27 de Octubre, se inició en enero de 2012^[3]. El asentamiento se creó en un espacio de cerca de 100 hectáreas^[4] que tiene una disposición rectangular, cuyas parcelas se encuentran ubicadas en una zona periférica con relación al centro del municipio de Pancasán, en un ángulo que divide al partido de otros dos distritos y donde sus arterias principales hacen las veces de límite administrativo con ellos. La conectividad con los barrios de alrededor se da a través de algunas calles de asfalto y el resto de mejorado.

El barrio está atravesado por un arroyo canalizado^[5] que se encuentra perfilado y revestido en sus márgenes con hormigón armado. El curso de agua divide la ocupación en dos sectores: uno que concentra el área más poblada; otro que tiene un porcentaje más acotado de ocupación y presenta un descampado –sector donde se encontraban basurales clandestinos^[6] cuando ocurrió la toma de tierras–, y donde en 2023 existe una obra municipal en construcción. Según un informe periodístico de 2016, los basurales clandestinos en el predio se nutrían de la recolección de carreros que reemplazaba la recolección de residuos que el municipio no realizaba en el barrio. En dicho informe, los vecinos mencionaron que también era frecuente observar camiones del municipio de Pancasán y del distrito de Moreau arrojando residuos en el lugar. El sitio donde funcionaba el basural era el sector donde estaba previsto relocalizar a los moradores si se concretaba la realización del parque industrial, como detallaremos luego.

Modelos en pugna de ocupación: ocupación del barrio 27 de Octubre

Adentrándonos en cómo se conformó el barrio, encontramos dos grupos de actores que intervienen en el terreno y pujan por modos de ocupar suelo y organizar a los vecinos. A continuación, los analizaremos.

Judicialización y actores. Modelo de organización comunitaria y búsqueda de legitimación del Estado

La toma acontece en dos oleadas colectivas: la primera incursión al predio ocurrió a comienzos de enero de 2012, en la que ingresaron unas 500 familias; un segundo ingreso ocurrió dos semanas después en horas de la noche, por lo que no se pudo determinar la cantidad de moradores nuevos en esa oportunidad. Luego siguieron sumándose familias a partir de la compra a actores que subdividieron parcialmente los terrenos y los vendieron –a través de loteos piratas– en fraccionamientos de tierras (Maneiro y Nardin, 2020). Estos fueron realizados por personas que no poseen la titularidad y fueron comercializados a compradores de buena fe.

La ocupación fue propiciada por dirigentes barriales –punteros políticos en términos locales– que colaboraron en el ingreso y asentamiento de las familias y que serían parte de dos facciones del justicialismo (Moreno, 2012). Una correspondía a un sector del municipio, y otra conocida como “la fuerza de choque” del intendente Burgos. Los relatos acerca de cómo se llevó adelante la ocupación presentan algunos matices en relación con lo hallado en el expediente de juicio por desalojo. Respecto a cómo ocurrió la toma, el cuidador del lugar declaró ante la Justicia lo siguiente:

“… en pocos minutos quinientas personas ingresaron al predio, siéndole imposible oponer resistencia, debido a que las personas no aceptaban escucharlo […] los sujetos rompieron postes y alambrados”. Añade que contaron con la colaboración de personas que llegaron al lugar en camiones, con el logo del municipio, los que facilitaron la limpieza de los terrenos y el ingreso e instalación de las familias. Agrega también que hubo una nueva intrusión de personas, tiempo después [el 26 de enero de 2012] en horas de la noche. Por lo que “cree que habrían más de mil personas […]. En las divisiones que hicieron, las familias [instalaron] casillas de madera, casas rodantes y carpas, permaneciendo dichos lugares siempre ocupados” (declaración testimonial. Expediente de juicio por desalojo, 17/01/2012).

Meses después, en otra declaración testimonial, el empleado responsable del predio se desdijo de lo expuesto y manifestó que no hubo violencia en el momento de la toma. Los abogados defensores de la Sociedad Anónima dueña de las tierras afirmaron que el cambio de la declaración del cuidador del predio obedeció a que este sufrió amenazas reiteradas que no fueron atendidas por la fiscalía. Y que esto ocurrió mientras algunos de los ocupantes reservaban hasta cinco lotes para luego venderlos. Para los abogados de los dueños de las tierras, los representantes judiciales:

[Efectuaron] un trámite muy singular consistente en ir al domicilio de uno de los testigos más importantes (en vez de convocarlo a la sede de la fiscalía) y rodeado –aparentemente de los propios imputados– le realizaron una seudo testimonial, tomada en forma manuscrita, [quien] atemorizado y sin sentido alguno, dijo –a diferencia de sus anteriores manifestaciones– que no había existido violencia cuando se produjo la ocupación del predio de las 110 hectáreas (expediente de juicio por desalojo. Fs. 389.).

Creemos que las versiones contrapuestas acerca de cómo ocurrió la toma obedecieron a diferentes cuestiones: por un lado, el devenir del juicio por desalojo y los intereses de los actores en pugna, es decir, los dueños del predio^[7], el municipio y los moradores; por otro lado, aun cuando la ocupación, como veremos a continuación en los testimonios recuperados, inició de manera pacífica, prontamente se observaron acciones de violencia por la intervención de la otra facción justicialista –grupo de choque del intendente Burgos–, quienes son identificados como los que revendían los lotes y luego, por intermedio de la violencia, desalojaban y los volvían a vender.

La segunda declaración del cuidador de que la ocupación en el inicio fue pacífica coincide con los dichos del comisario del distrito y con lo expresado por vecinos de un barrio contiguo al predio a responsables de la UFI n.º 22, quienes se apersonaron en el barrio y sus alrededores para tomar declaraciones. Estos sostuvieron ante la fiscalía que conocían el terreno con anterioridad y que las hectáreas estaban desocupadas, solo un sector se utilizaba para invernar caballos y hacienda vacuna, mientras que en otro funcionaba un polideportivo.

Así, en el expediente de juicio por desalojo, se responsabiliza como partícipes directos a los empleados municipales de Pancasán que se encontraban realizando obras en el canal que atraviesa las tierras con maquinarias de excavación, camiones y operarios, y habían realizado terraplenes para acceder al lugar, cubriendo los zanjones que dividían el predio de los alrededores. Por estos pasajes habrían ingresado las familias. Esta teoría es confirmada por dos referentes, Facundo y Yoly, dirigente político y referente territorial^[8], quienes corroboraron la colaboración de mediadores territoriales (punteros) cercanos a la municipalidad y afirman que la gente llegó al lugar en camiones con el logo del municipio y que luego estos referentes habrían colaborado en la división de los terrenos –con hilos, alambres y estacas de alrededor de 10 metros de ancho por 30 metros de largo–.

Respecto a los intereses del municipio en el predio, la directora de Hábitat del distrito de Pancasán, en una entrevista en 2023, detalló que este formaba parte de la agenda gubernamental, lo que explica el accionar de las autoridades municipales en este conflicto. Esta brinda indicios de que la municipalidad, ante la falta de tierras vacantes, convalidó la toma, tierras que había “respetado” hasta esa fecha porque pagaban los impuestos, como se puede deducir a continuación:

—Marta: se generó un proceso de ocupación en una tierra que estaba ociosa. Eso es lo que también dicen las leyes, la tierra ociosa, si no está ocupada, y si el Estado no se constituye para llamar al dueño y poner eso a disposición del pueblo, se termina ocupando […].

—Viviana: En este caso estuvo desocupada como 30 o 40 años.

—Marta: Sí, lo que pasa es que esas tierras eran de Pérez, después pasó a un empresario argentino que vive en Paraguay. “Se respetó durante mucho tiempo [porque] pagaba ARBA, no era una tierra como otras, con impuestos retrasados” […]. Las ocupaciones por lo general no son violentas, son ocupaciones pacíficas y no tenía un cartel de propiedad privada en los últimos tiempos.

—Viviana: Claro, y tenía una parte que no estaba alambrada.

—Marta: La parte que estaba alambrada hoy existe todavía, porque tanto la municipalidad como el dueño cedieron donde funciona un club (Marta Méndez, directora de Hábitat del distrito de Pancasán, 2023).

Los dichos de la funcionaria se condicen con los relatos que recuperamos de los vecinos respecto de los rumores^[9] (Fasano, 2006) existentes sobre proyectos previstos para estas tierras. Así, encontramos que el municipio publicitaba diversas iniciativas que no se concretaban porque la intendencia no lograba la venta de los privados.

—Emma: Desde que yo vivo acá, acá había proyectos de hospitales, jardines, el parque industrial.

—Viviana: Claro, el parque industrial.

—Emma: Un cementerio.

—Viviana: Ah, también.

—Emma: Había cuatro o cinco proyectos muy lindos […]. Pero ¿qué pasaba? Los dueños no querían vender. Los dueños eran bisnietos de los dueños originales. Imaginate la historia que tiene este campo, los años. Ellos no querían venderlo […]. Según los dueños, el municipio lo que quería era sacarle por nada […]. Si recorriste, viste que es inmenso.

—Viviana: Sí, 110 hectáreas.

—Emma: Y está cerca de todo. O sea, acá era un lugar increíble para cualquiera de los políticos, ¿no? Hasta para hacer un barrio privado, que fue lo último que se proyectó (Emma, delegada en la toma, 2023).

Lo señalado por la funcionaria y la vecina demuestra el interés antiguo de los representantes municipales sobre esas tierras vacantes. La imposibilidad de lograr un acuerdo de venta conllevó una nueva estrategia, desvalorizarlas con una ocupación que luego se preveía sería erradicada o reubicada por la intendencia en otras tierras menos valorizadas. Suceso que veremos no se concretó debido a la fuerte organización de los moradores. Los dueños de las tierras, luego de la ocupación, se mostraron dispuestos a ceder 20 hectáreas al municipio a precio fiscal para ser destinado a vivienda social. Esto habilitó al municipio a recuperar uno de los proyectos que tenía en agenda, la iniciativa de crear un parque industrial (Juicio por Desalojo. Fs. 351).

Luego de la ocupación y de que, en las audiencias judiciales, los privados se mostraran permisivos a vender los lotes a los moradores, los representantes del municipio propusieron reubicar a las familias en otro barrio del distrito de Pancasán y así disponer de la totalidad de las tierras para el proyecto del parque industrial.

La intervención de otras instancias gubernamentales como la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social (CNTHS) hizo que la relocalización a otro barrio en el municipio fuera descartada, y que en su lugar se proyectara la reubicación en parte del predio, en el sector donde anteriormente funcionaba el basural y donde ya se encontraban viviendo 250 familias. Así, en el marco de la firma de un convenio con los propietarios privados, el municipio concordó la cesión de 14 hectáreas para vivienda social –seis menos que las que habían propuesto otorgar los dueños anteriormente, acorde a la cantidad de familias que había arrojado el censo de la CNTHS en 2013–. Esto es, solo se reubicaría a quienes demostraran ser habitantes del distrito, aun cuando el censo solicitado por el juzgado había corroborado la existencia de familias provenientes de los distritos de León, Moreau y Pancasán (recordemos que el predio está ubicado en el límite de estos tres distritos).

En el contexto de la Mesa de Gestión, la CNTHS confeccionó un escrito que sintetizaba los ejes en tratativas sobre el acuerdo de relocalización plasmado en el convenio que fue entregado a los vecinos del barrio 27 de Octubre:

Surge ahora la siguiente propuesta de traslado y relocalización de los vecinos para la resolución de la situación habitacional con las siguientes características: el propietario donará 14 hectáreas para que las familias ocupantes accedan a la propiedad de un lote que tendrá un precio social, a fin de que puedan relocalizarse permitiendo realizar el parque industrial y un centro comercial. Solo se trasladarán a las familias al nuevo predio, una vez que este se encuentre en condiciones de ser habitado. Mientras esto se lleve a cabo, las familias permanecerán en el predio ocupado (escrito entregado a los habitantes del barrio 27 de Octubre en sus domicilios, con el logo de la CNTHS y Municipalidad de Pancasán, 2013).

Sin embargo, el texto facilitado a los vecinos en sus hogares no se adecuaba estrictamente a lo firmado en el convenio tiempo antes entre los propietarios privados y el municipio. En este documento de acuerdo de construcción del parque industrial, firmado en 2012, se hacía explícita mención (cláusula decimoquinta) a lo siguiente:

Se fija la donación de 14 hectáreas con destino a vivienda social; se establece el destino de 94 hectáreas para la construcción del parque industrial, y 2 para uso de los propietarios de las tierras con fines comerciales. De igual modo se indica como condición para el sostenimiento del convenio: “i) lograr el desalojo de los actuales usurpadores ii) construir un muro perimetral que cierre el terreno destinado al parque industrial cuyas características deberán ser suficientes para disuadir nuevas intrusiones del terreno […] iii) instalar vigilancia para impedir nuevas usurpaciones u ocupaciones.

La relocalización de los moradores no se concretó. En el convenio se fijó como plazo máximo dos años para que la municipalidad cumplimentara todos los trámites y las actividades necesarias para lograr la instalación del parque industrial, acciones que no se pudieron efectuar en los tiempos previstos. Mecha, referente del barrio, relató el rol de los principales delegados en el proceso de análisis y difusión de la información de lo acordado en el convenio, alertando a los vecinos sobre las posibles implicancias de aceptar la relocalización:

No fue nada oficial, fue así nomás […]. Una vez que esté en condiciones, se iba a trasladar, mientras tanto íbamos a permanecer en el predio ocupado. […]. [Los vecinos] leían esto, pero en el papel del convenio decía que se tenía que desalojar y después iban a hacer la donación […]. Por eso hicimos una campaña, yo salí [con otros delegados] a concientizar a los vecinos, “Ojo que esto no es lo mismo que ustedes van a firmar […] de palabra dijeron esto, pero por escrito [en el convenio] decían que había que vaciar” (Mecha, referente barrial, 2020).

De las negociaciones entre los privados y la municipalidad por la construcción del parque industrial en el predio, se desprende que los propietarios requieren el desalojo, inversión privada del municipio, previo a la donación de las tierras, según lo plasmado en las cláusulas 3 y 15 del convenio (expediente de juicio por desalojo. Fs. 358-360), y como evidencian los delegados de los habitantes del barrio 27 de Octubre.

Santiago Bachiller (2018: 119) advierte, en un estudio sobre ocupaciones de tierra en Comodoro Rivadavia, que actualmente estamos ante un mercado del suelo en donde

la mayor parte de las tierras disponibles pertenecen a privados y consisten en campos deshabitados e improductivos [donde] sus propietarios pagan un impuesto a la tierra bajísimo y se limitan a especular con una futura subdivisión y venta de lotes a precio urbano.

Eduardo Reese (2014), sobre el tema, aporta en una entrevista periodística:

Para entender cómo se llega a esto hay que considerar los procesos de construcción de precios del suelo que implementa el sector inmobiliario, en especial uno importantísimo, el de la especulación. A diferencia de aquellos que construyen e invierten, los especuladores compran y retienen suelos o inmuebles que sacan del mercado a la espera de que se valoricen por la acción del Estado, son grupos directamente parasitarios, que no producen y contribuyen a generar una escasez artificial que eleva los precios.

Coincidimos en que la toma generó la puesta en disponibilidad de esas tierras vedadas hasta ese momento a las autoridades locales. El devenir de la ocupación y la dinámica violenta que se suscitó durante los dos primeros años modificaron el curso de acción de los actores internos y externos, dando lugar al proyecto de urbanización y organización comunitaria clásica (Merklen, 1997).

Mercantilización de las tierras y ejercicio de la violencia en la reventa de terrenos

Los relatos de los moradores del barrio son vívidos respecto de las acciones que tuvieron que llevar adelante en torno a la organización, luego de la toma de tierras, para lograr la posesión de los terrenos y resistir la violencia que imperó en los inicios de la ocupación. Durante los dos primeros años, se conformó un grupo de defensa comandado por los referentes Diego Brizuela y Emma, quienes enfrentaron a especuladores que tomaban terrenos para luego, por medio de la intimidación, conseguir expulsar a los que habían comprado y así revenderlos. En particular, Diego participó activamente en la desarticulación de actividades punibles en el asentamiento. El dirigente comandaba el grupo de defensa, de seis u ocho integrantes, para resistir a aquellos que cometían delitos y querían negociar con los terrenos. Así, se enfrentó a los que por la fuerza intentaban desalojar a los que habían comprado lotes dentro del mercado informal con el fin de revenderlos nuevamente. En palabras de un representante del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) que colaboraba con la organización vecinal:

Hay vecinos que han logrado en cierta medida, desplazar la violencia muy fuerte que hubo en los inicios del barrio. Al principio [de la ocupación] hubo sectores que vendían la tierra e intentaron entrar el tema de la droga.
Esto llevó a que hubiera violencia. En la primera etapa inclusive uno de los delegados fue muerto por estas bandas que intentaban entrar y se buscó desalojarlos. Los chicos que en ese momento se acercaron, de la JP [Juventud Peronista] del Movimiento Evita también fueron heridos [uno de ellos de un disparo] en el brazo […].
Por suerte estamos en este momento de reinserción que lleva a que se conozcan los vecinos, quién es quién, y está permitiendo que se marque a los sectores violentos (Carlos Flores, SERPAJ, 2015).

Emma, delegada que estuvo desde el inicio de la toma, relata las acciones que tuvo que emprender junto a otros habitantes para no perder las tierras:

—Emma: Eran todos argentinos que tenían casas los que tomaron tierras.

—Viviana: ¿De los alrededores?

—Emma: Del barrio Avellaneda, [pero] la mayoría eran de acá [del barrio] Santa -Elena. Había un grupo que no son gente de buena vida, tienen que ver con drogas, que tomaron y nos hacían la guerra; para colmo yo los conocía y ellos a mí. Yo estuve desde la primera noche con cuatro palos y un nylon arriba […]. Era impresionante, la gente que venía agarraba pedazos de terreno, algunos marcaban 4 o 5 terrenos o los cerraban […]. Había problemas hasta entre los vecinos de ese momento que eran todos argentinos, “La argentinidad al palo”, como decimos nosotros […].

—Viviana: ¿Te acordás quiénes tomaron las tierras, eran políticos?

—Emma: Furia [dirigente político de la fuerza de choque de la intendencia] impulsó que se tomara y después impulsó que nos saquen […]. En ese momento ellos incentivan la toma y se ponen de acuerdo con una familia, gente que no es de buen vivir […]. Pero él, como trabajaba en el municipio [en el área de seguridad], después fue y avisó que acá se estaba tomando […], pero eran todos ellos […]. Cuestión que los tipos estos hacían el gran negocio vendiendo un terreno, porque imaginate, un terreno lo vendían cinco veces, a 300 pesos^[10], se hacían su plata […]. Acá iban a poner un búnker narco, iban a poner allá [señala el fondo del barrio]. De esta cuadra más o menos dos cuadras para allá. Había una casilla que era del hijo de Furia, y eso era para un búnker. Y allá en el fondo un desarmadero de autos.

—Viviana: ¿Dónde querían hacer?

—Emma: Querían hacer cerca del Zanjón […]. Un desarmadero para autos robados. Era todo mafia.

—Viviana: ¿Tenían terrenos los que le dispararon a Brizuela?

—Emma: Eran los que tomaron y vendieron los terrenos, ellos se quedaron con un par de terrenos ahí [señala cerca de la avenida] y otros allá en el fondo, que era para poner acá el tema de la droga, una cocina de droga […] y allá como era más lejos y estaba el arroyo, [iban a instalar] el deshuesadero que se llama, donde desarman los autos robados y las piezas más chicas las tiraban al desagüe (Emma, delegada en la toma, 2023).

La cita evidencia el otro modelo de ocupación al que hicimos referencia y puede simplificarse en “ocupaciones violentas”, y que estuvo en puja con el esquema organizativo (Merklen, 1997) de toma de tierras que impulsaron quienes buscaban “un lugar digno donde habitar”. Estos fueron quienes realizaban los loteos piratas y especulaban con las reventas de terrenos a distintos moradores. Pero también, en el decir de nuestros entrevistados, eran quienes intentaron fundar en el barrio la producción y venta de drogas. Además, se habían asociado a un grupo delictivo de un barrio aledaño a la toma, quienes se dedicaban al robo y desarme de automóviles y querían trasladar el negocio dentro del asentamiento. Ambas actividades delictivas se sumaron como problemáticas a la comercialización informal de tierras que primaba.

Así, a poco de iniciada la toma, se estableció una cisura entre dos modelos de ocupación. Algunos ocupantes –punteros políticos– asumieron el rol de promotores de “loteos piratas” (Maneiro y Nardin, 2020) o “loteos promovidos” (Dombroski, 2022). Estos eran quienes vendían los terrenos a más de un propietario. Para poner en disponibilidad las tierras ya vendidas, quemaban las casillas de quienes allí se instalaban, o enviaban grupos de presión para saquearlas y lograr que las familias abandonaran el predio.

Los enfrentamientos por la ocupación del espacio urbano acarrearon mucho temor entre los vecinos que se asentaron luego de la toma de tierras para acceder a una vivienda digna donde habitar. Fasano (2006) sostiene que lo que dice la gente, lo que la gente sabe devela y expone la sanción comunitaria. Es decir, tales prácticas violentas o extorsivas no eran aceptadas por los ocupantes porque rompían con la cotidianeidad de la vecindad y las prácticas tradicionales de consolidación de los asentamientos populares que respondían a acciones comunitarias de mejoras y reciprocidad, como lo explica Josefa:

Se encapuchan [se cubre la boca y hace el sonido del alarido de los indios] y llevaban la antorcha para el lado de casa y quemaron una casa, en la esquina. Yo salí corriendo a la ruta con la otra señora que se hizo pis, te digo porque es verdad. Después un señor dijo “Vengan, vengan”, mi marido no estaba […], “Métanse en mi casa”. Pasaron cerca de la casa de ella, era una angustia. Hay gente que dice que estuvo, pero no estuvieron […]. Cuando nosotros entramos acá estaba vacío, después entró Diego Brizuela, que son casi ahí los primeros también […]. Y digo después se empezó a poblar, empezaron a enterarse y empezaron a venir, pero la gente abandonaba. No era que se quedaban todos (entrevista a Josefa, integrante del merendero, 2020).

La operatoria de los grupos que lucraban y especulaban con las tierras tomadas era ingresar y saquear las casas, sobre todo de migrantes de la comunidad paraguaya y boliviana que habían comprado tierras, y así expulsarlos para luego revenderlas. En algunos casos, el dirigente Diego Brizuela logró la devolución del lote a quienes lo habían comprado para vivir allí. En otros actuó como negociador, mediador ante los conflictos. El rol de Diego Brizuela en la consolidación del asentamiento y la función que asumió en su comunidad respondieron a grietas institucionales, “efectos de lugar” (Bourdieu, 2010) o “zonas de no derecho” (Wacquant, 2013). En particular, las que tuvieron que ver con la ambigüedad de la presencia del Estado en el acompañamiento del ordenamiento urbano. El referente, junto a los vecinos que colaboraban en el grupo de defensa, intervenía ante los enfrentamientos que se suscitaban, no siempre empleaban la violencia para dirimir los conflictos, sino que a veces conseguían resolver las diferencias vía el diálogo. Por ejemplo, un migrante compró un lote y luego fue desplazado por otro vecino, Brizuela intervino y acordó que el terreno se dividiera entre los dos. Así nos fue relatado:

Graciela: Un día me fui con Diego […] vinieron unos chorros y era grande el terreno de esta señora y entró ahí y no hubo forma, no hubo forma de sacarlos de ahí. Encima ya estaban haciendo de material la casa. La señora venía de allá de San Isidro. Vivían allá en un alquiler y de allá, pobre, venía a levantar su casa acá en el barrio. Entonces entraron los chorros ahí y no querían salir más. Eran como cinco. Y bravos eran. Llegó Diego, “¿Qué pasó acá?”, Diego se fue de una, desarmado, todo, yo temblaba de pie a cabeza. Y ellos estaban todos armados, re drogados encima. “¿Qué pasó, amigo?”, “Mirá el terreno qué grande que es. Nosotros también queremos un lugar”, encima te hablan así, “No, amigo, pero este terreno compraron ellos, no podés ser así”. Empezaron a discutir, la señora ya tenía miedo de que le dispare a él o a su marido o que haga una catástrofe ahí. Bueno, no hubo forma […]. Le sacaron un pedazo de terreno, Diego negoció con ellos. “Nosotros vamos a quedarnos acá […], nosotros somos argentinos tenemos más derecho”. “Bueno, de última que nos dé un pedacito acá, nosotros solamente queremos un lugar para vivir”. Diego: “Van a perder todo o le dan un lugar del terreno, es todo lo que puedo hacer por ustedes, porque ellos están dispuestos a quedarse acá y si pelean con ustedes va a ser peor”. La mujer de una le dijo que sí. “Le damos el pedazo, pero con la condición de que nos deje en paz” […]. Diego: “Eh, amigo, una cosa les voy a decir, lo que hicieron está muy mal, no se puede adueñar de algo que no es de ustedes, pero como que no se quieren ir, bueno, es así, pero con la condición de que a ellos no los van a tocar, ellos son mis amigos y acá se respeta a los amigos, acá hay códigos, o lo toman o […] lo vamos a arreglar de otra forma”, les dijo Diego. Me acerqué y le tiraba la remera. “¿Para qué le amenazas, Diego?”, ¡ay, Dios, le salió el Guevara de ahí! “Bueno, amigo”, le dijeron.
Viviana: Y se quedaron…
Graciela: Se quedaron. No le sacaron mucho igual: una casillita para drogarse ahí y nada más […] y ellos [los migrantes que habían comprado el lote] también me decían “Gracias a Diego no perdimos todo”. Estaban haciendo loza. Habían solicitado un préstamo. Eso sí presencié con Diego” (Graciela, compañera de vida de Diego Brizuela, 2018).

Lo mencionado da cuenta de la violencia que imperó en el proceso de conformación barrial, y la importancia que tuvo el liderazgo de Brizuela, como también podemos advertir en la cita que sigue, en donde una exdelegada evoca la adversidad, que se asemeja a lo que Wacquant (2013) denomina “zonas de no derecho”, territorios de privación y abandono. Ese es el contexto que afrontaron los habitantes del barrio en los primeros dos años y donde adquirió centralidad este dirigente, proclamado protector del barrio, como relata una delegada:

Hoy hace un año de tu partida, mi querido jefe y amigo […]. ¡Ya nada es igual con tu ausencia, yo lo puedo decir, porque, aparte de tus amigos varones, fui la única mujer que estuvo a tu lado en esa lucha feroz que vivimos durante dos duros años! De noches eternas sin dormir en esas heladas madrugadas donde solo vos y yo éramos los más fuertes. Yo porque defendía lo mío y vos […]. Vos porque eras el protector de nuestro barrio. Si bien es cierto que después de casi dos años llegaron otros y se sumaron a la lucha, vos y yo nos llevamos la peor parte. Ese primer invierno Dios fue generoso con nosotros ya que los dos nos agarramos neumonía por la precariedad en la que vivimos y aun así seguíamos siendo los guardianes de nuestros vecinos.
Hoy mi familia se va a enterar de cómo yo me convertí en tu sombra, esos días de peleas duras y tiroteos interminables […] porque nada paraba a la mafia que se quería apoderar del barrio. Vos fuiste el mejor y más valiente líder que tuve el honor de conocer, y, además de luchar a tu lado, qué orgullo.
Los que llevamos la peor parte de esa lucha, los que te acompañamos desde el principio fuimos pocos […] un año estuvimos solos […]. Luego se sumaron otros […] y así, a medida que iba pasando el peligro, se iban sumando vecinos […], pero todo porque vos eras el líder […]. Con vos todos nos sentíamos seguros. Dejaste a tu propia familia por defender el barrio y más que eso […] entregaste tu vida […]. Nosotros tus amigos […] te extrañamos y te extrañaremos siempre, pero a tu esposa e hijos, les hacés y les harás falta por siempre […]. Hoy he decidido ya no llorarte más […]. pero sé que no te voy a sacar ni de mi cabeza, ni de mi corazón, porque es difícil olvidar la muerte de un amigo el día que una está cumpliendo años […]. Vivirás eternamente en mi corazón, mi jefe, mi amigo […] Diego Brizuela♥ [sic]^[11] (Emma, exdelegada, en un homenaje a un año del fallecimiento del líder barrial, 2015).

El texto expresa cómo Brizuela intervino ante otra cisura, que fue la presencia contradictoria, selectiva del Estado, en lo que atañe a las fuerzas de seguridad en el barrio. Ello le redundó en amenazas a su vida y a su familia. Muestra, además, los diversos conflictos que afrontó el dirigente y que terminó con vecinos del Barrio 27 de octubre y militantes de la JP Evita heridos de bala, él muerto y la construcción de una memoria colectiva en torno a su figura.

La desidia en torno a garantizar la seguridad de los moradores por parte de las autoridades municipales, que operó en el marco de los dos primeros años luego de la toma de tierras, fue corroborada por la directora de Hábitat del Municipio de Pancasán, quien tuvo participación en los inicios de la ocupación y, ante las diferencias que surgieron con las políticas implementadas por el intendente, dio un paso al costado en las negociaciones con los vecinos. Así lo recuerda:

[El intendente] Marini no tuvo una acción concreta y directa en parar esa violencia para que los que ya estaban se pudieran regularizar, que no siguiera la toma […]. Un desastre […]. Ahí yo me retiro. El dueño se reúne con el subsecretario de gobierno municipal, con Marini, y [este] pide un dineral […]. Iban a expropiar, él estaba predispuesto a la expropiación […]. Era una locura de dinero, no había voluntad política y eso queda así. Hasta que vuelve Burgos [como intendente] y retoma el concepto del parque industrial, más la universidad y todo lo que él tenía planificado ahí y ve que eso fue un desastre […]. Volvemos a convocar al dueño del predio. [El propietario de las tierras a] Marini lo había demandado porque consideró que la toma fue por culpa del intendente en ese momento (Marta Méndez, directora de Hábitat del distrito de Pancasán, 2023).

Cabe destacar que la intermitente, contradictoria y altamente selectiva presencia del Estado (Auyero et al., 2021) en el barrio dio lugar a que los vecinos se organizaran en grupos de defensa y actuaran por su cuenta ante los conflictos que se presentaban en la vida cotidiana. Como ya ejemplificamos, la intervención de Brizuela ante estas problemáticas fue reguladora. Esto le conllevó amenazas a su vida y a su familia. Los grupos de defensa de vecinos comandados por el dirigente Brizuela terminaron regulando el acceso, la permanencia, el control territorial y las sanciones en todo el barrio.

Tal como advierte Oriolani (2023), en las nuevas ocupaciones, existen agentes que hacen las veces de reguladores de las relaciones sociales en los territorios ocupados. En algunos casos, como el que analiza este autor, quien detenta este rol es quien participa de entramados delictivos de ventas de lotes informales. En nuestro caso, el agente regulador es un vecino que se adapta a las modalidades de violencia haciendo uso de estas para defenderse y defender a sus conciudadanos.

Entre los rumores (Fasano, 2006) que emergían de Brizuela, estaba el que, para anunciar su llegada al barrio, disparaba balas al aire. También que se movilizaba en auto o en su moto y que siempre cargaba un bolso con armas para hacer frente “a lo que se presentara en el barrio”, aspectos que solidificaron su figura en torno a los valores de autoridad y protección de los vecinos. Así lo evoca la delegada Emma^[12]: “Nosotros no es que estábamos solamente cuidando al vecino de acá [señala la que era su cuadra]. No, nosotros íbamos de punta a punta del barrio”. Lo sustantivo es que siempre recurrían a Diego ante los conflictos que se presentaban, estuviese o no en el barrio. Estos son algunos de los argumentos que esgrimen los vecinos y miembros de organizaciones sociales de por qué fue asesinado.

Lo dicho denota varias cuestiones. Por un lado, la existencia de un entramado relacional muy sólido (en el que Brizuela ocupaba un rol central), donde los vecinos organizados a través de cuerpos de delegados atendían las problemáticas inherentes a la toma de tierras y a la vida en el barrio en sus inicios. Por otro lado, que el dirigente se tornó prontamente en un referente que participó activamente en defensa de aquellos vecinos que estaban allí para acceder a una vivienda digna, como podemos advertir en los dichos de una migrante boliviana que vive actualmente en el barrio y colabora en un merendero en el barrio:

Diego Brizuela formó un grupo de vecinos y sacaban a la fuerza a los que se habían metido [que ocupaban viviendas para especular], porque no es que se metían para vivir esa gente, se metían para volverlo a vender, porque son gente que tienen sus terrenos en el barrio viejo, entonces no les hacía falta. Bueno, capaz que les hacía falta el dinero, pero no les hacía falta la tierra. Y así, por eso los compatriotas nuestros [de Bolivia] fueron, poco a poco, saliendo de acá […]. Diego siempre estaba para defender a los vecinos. Nadie podía tener problema acá […]. Él quería que la gente viva bien. Él quería “un barrio donde vivir […]”. Acá el vecino [Brizuela] peleaba por todos los terrenos (Telma, integrante merendero, 2020).

Las evocaciones acerca de las cualidades de Diego son muy significativas y expresan cómo Brizuela ocupaba un rol central en la trama social, de ahí que prontamente varias de las problemáticas que los aquejaron en los inicios de la toma fueron abordadas y resueltas por él.

Acerca de la muerte de Diego Brizuela, son escuetos los datos e inciertos los motivos que solo constituyen rumores. Fue herido por la espalda dentro del predio el 17 de enero de 2014. La bala le perforó el estómago y el hígado, y falleció días después (30/01/2014) en el hospital zonal (Moreno, 2021). Para esa fecha ya habían resultado heridos de bala otros vecinos, así como militantes sociales. Varios de nuestros entrevistados coinciden en que los responsables de su muerte tuvieron participación en las ocupaciones de tierras y en la venta informal de lotes. Uno de los relatos que recabamos hizo la siguiente referencia:

El hijo de un policía […] estaba implicado en la toma de los terrenos. Entonces, un día, lo matan por la espalda a Diego, o sea, no le dieron opción a defenderse. Fue por venganza, represalia. Porque ellos [el grupo de vecinos que armó Brizuela] algunas veces iban armados, pero no se atrevían a disparar ni a matar, iban a asustarlos y sacarlos^[13] a los que negociaban con las tierras (Telma, merendero, 2020).

Sobre el tema un exintegrante de la JP Evita, que recibió un disparo en el brazo días previos al enfrentamiento que hirió de muerte a Brizuela, agrega sobre los rumores consolidados acerca de por qué atacaron a Brizuela y por qué no se logró esclarecer el hecho:

Esa semana fue como muy en escalada día tras día los conflictos, las provocaciones del lado del frente, de Santa Helena, hasta que llega el día que pasa el enfrentamiento de Diego […]. Él, por ir a rescatar a uno de los pibes que se había ido al enfrentamiento cerca del asfalto [límite con el barrio Santa Helena], queda muy expuesto y en la vuelta es cuando le meten el tiro por la espalda a Diego. Parecían coladores las paredes. La cantidad de balas que se tiraron ese día fue impresionante. La cuestión es que, cuando vino la policía, no había un casquillo del lado de Santa Helena, limpiaron todo, o sea, vos imagínate que tenían un comisario detrás.

Viviana: Pero ¿no decís que quedaron las casas del barrio 27 de Octubre destrozadas?

Emiliano: Sí, las balas que tiraron los otros, en el barrio estaban los casquillos que se habían tirado… pero de la parte de Santa Helena estaba todo limpio, o sea, acá no pasó nada, tiraron ellos.

Viviana: Pero, ¿si las balas que tiraron en el barrio 27 de Octubre son las de Santa Helena?

Emiliano: Sí. Pero eso nunca se peritó, nunca se revisó, tenían el comisario detrás (Bernardo, exintegrante de la JP Evita, julio de 2023).

El caso de Diego Brizuela se puede circunscribir a estas lógicas societales, donde la violencia se torna un recurso y accionar legítimo para alcanzar ciertos objetivos en un particular contexto de interacciones (Garriga Zucal, 2021). En este sentido, las prácticas violentas comunicaban un límite y marcaban jerarquías, y eran una herramienta posible en la búsqueda de respeto. Sobre esto el dirigente Bacco (2017) explica:

En el barrio había un pacto de convivencia, los que no cumplían ese pacto se tenían que ir. Diego era el que lo hacía cumplir, a la gente que robaba, que vendía droga o la gente que ya abusaba de lo que era la toma, los expulsaba porque la toma siempre fue destinada para la gente que necesitaba donde vivir.

Los testimonios y registros escritos o audiovisuales respecto de este líder barrial coinciden en que su participación en la desarticulación de actividades delictivas en el barrio para enfrentar a aquellos que las practicaban y quienes querían negociar con los terrenos, sumada a su intervención en el acceso a servicios como fue el caso de la electricidad, fueron detonantes de conflictos con miembros de uno de los barrios aledaños en el proceso de consolidación del asentamiento en la trama urbana preexistente. Como se anticipó, dichas problemáticas, que llevaban semanas de enfrentamientos con heridos, concluyeron con una disputa armada que se cobró la vida de este joven migrante paraguayo.

La muerte traumática de Brizuela paralizó por un tiempo las iniciativas judiciales y barriales de los vecinos. Sin embargo, este se tornó mártir y bandera para el reclamo de justicia para su familia, así como estandarte de lucha por el proceso de urbanización. También contribuyó a un cambio de enfoque por parte del gobierno local y dio lugar a una posterior intervención en pos de la consolidación del asentamiento. Así como el liderazgo de Brizuela fue central en el proceso de organizacional barrial, también su muerte dio lugar a la constitución de una historia en común a partir de lo que Jelin (2014) denomina una memoria memorable^[14]. Su rol como referente barrial se plasmó en marcas territoriales (Jelin, 2014), donde se asoció la historia del barrio 27 de Octubre a su persona. Para ello fue preciso la emergencia de emprendedores de memoria. Jelin (2012: 49), parafraseando a Becker, señala:

La gestación de una cuestión pública es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, y que requiere energías y perseverancia. Tiene que haber alguien que lo promueve, que empuja y dirige sus energías al fin deseado. Éstos son los moral entrepreneurs, extendiendo su acepción a la esfera pública en diversos temas. En el campo que nos ocupa, el de las memorias de un pasado político reciente, en un escenario conflictivo, denotaremos la emergencia de una lucha entre «emprendedores de la memoria», que pretenden el reconocimiento social y legitimidad política de una (su) versión o narrativa del pasado.

En nuestro caso, miembros de la UTEP-EP [ex-JP Evita] asumieron este rol de emprendedores de memoria e impulsaron la realización de videos donde la identidad barrial se asoció, construyó y consolidó recuperando la figura de Diego, evocándolo como fundador o protector^[15]. Un breve documental denominado “Barrio 27 de Octubre – Conurbano Bonaerense”, realizado en 2017, comienza con la imagen del potrero (terreno que se tomó y destinó para actividades recreativas) que lleva el nombre de Diego Brizuela luego de su muerte, y tiene de fondo diferentes voces de niños que evocan su figura:

Era paraguayo, era valiente. Diego era grande, defendía nuestro barrio y nos cuidaba a nosotros. Era fuerte, los echaba a las patadas a los vagos. Diego nos defendía a nosotros y después lo mataron a él […]. Era de Olimpia y era bueno.

Si bien su reminiscencia en la memoria colectiva se consolidó con el nombramiento del potrero en su persona –este espacio de esparcimiento reemplazó un lugar que funcionaba en el barrio donde frecuentaban delincuentes (“aguantadero” en la jerga local)–, hubo previamente otras iniciativas que rememoraban a este líder barrial.

Otro video, forjado unos años antes, se enmarca en una actividad en 2015 –a un año del fallecimiento del dirigente–, en conjunto con miembros del staff del canal de televisión Pakapaka, los que realizaron un taller con niños del barrio y reconstruyeron en un material audiovisual cómo es vivir en el barrio 27 de Octubre, cómo es su gente, entre otros aspectos. En sus dichos: “Mi barrio se llama 27 de Octubre. Desde hace tres años este barrio existe”. Otro niño menciona: “Antes era todo campo y cancha había”. Otra voz señala: “El primero que llegó es Cristóbal Colón”. Otro más añade: “No, mentira, era Diego Brizuela [risas]”.

Halbwachs (2011, pp. 118-135) señala respecto a lo social en los procesos de memoria que, si bien las memorias son individuales, están siempre enmarcadas socialmente. El autor añade que “el grupo busca perpetuar los sentimientos y las imágenes que forman la substancia de su pensamiento”. Así, “el recuerdo es en gran medida una reconstrucción del pasado que se realiza con la ayuda de datos tomados del presente”. En el caso del barrio en estudio, la evocación de la memoria de Brizuela interpela la situación organizativa, ya parcialmente desmembrada, pero otorgándole un lugar central a aquel dirigente. De ese modo, a las semanas de su muerte, se inició un proceso que podemos denominar “de mistificación”. En los días en que estuvo en el hospital, se dieron manifestaciones de afecto de los vecinos y de actores sociales y políticos. Su compañera Graciela relataba, no sin asombro, cómo su familia se vio acompañada por personas que no conocían y que eran cercanos al dirigente. En sus palabras:

Nunca vi una cosa tan […]. En realidad, viví, pero desgraciadamente lo viví en carne propia y fue tan fuerte todo, porque en el hospital eran 20, 30 personas por día para entrar a verlo un segundo en terapia. Y eran amigos que yo no conocí en mi vida. Yo decía de dónde sale tanta gente […]. ¡Me hablaban tanto de él que guau! […]. Igual en el rezo, acá venía gente que yo no conocía. Y son gente de acá, que no creen, no siguen la misma tradición que nosotros […]. Diego estaba internado […] y cada persona que venía me agarraba de la mano así y me daba plata. Yo me acuerdo que tenía una cartera y metía la plata ahí. Yo como me daban guardaba, “Para lo que necesites” […]. Me llevaban comida, me llevaban gaseosa […]. Yo no venía a dormir a mi casa, dormía en el pasillo del hospital […]. Después me vino otra persona y me dio plata de Diego, yo no sabía eso. Me agarró y me dijo “A Diego se le debe esta plata en el trabajo y te la mandaron”. Yo la verdad, hay gente buena, porque podían haber aprovechado esta oportunidad y era una cantidad muy importante. Después un amigo me dijo “Diego me había prestado tanto” […]. Me devolvió la mitad, nunca más le pedí. Tampoco le voy a pedir porque ya me pagó todo con su actitud (Graciela, compañera de Brizuela, 2020).

Las manifestaciones de afecto siguieron en el cementerio de Pancasán. Allí lo acompañaron obsequios, como es el caso de la Virgen de Caacupé y la cruz con la que se rezó una novena luego de su muerte. Lo mismo en su tumba donde se colocaron, por ejemplo, pequeñas placas o adornos. Dos de sus amistades del barrio se tatuaron en el cuerpo su representación: su imagen y su nombre. Los amigos cercanos a él ofrecieron a la familia construirle una casa en donde está el potrero que lleva su nombre para que estén cerca. Su compañera y sus hijos decidieron mantener distancia y quedarse a vivir en la casa de los abuelos paternos en otro barrio. Las amenazas que sufrió Brizuela en su momento, y su familia luego de su muerte, conllevaron en esta resquemor y miedo. Sin embargo, el acompañamiento de amigos y miembros de la JP Evita fue central esos meses posteriores a su deceso, permanentemente llamaban, escribían o pasaban a verlos para saber de ellos y estar al pendiente de lo que precisaran.

La parálisis inicial que se propició luego de la muerte del dirigente, tanto en los vecinos como delegados, llevó a que muchos de estos últimos abandonaran los espacios de representación, como fue el caso de Mecha, quien dejó de participar en las reuniones y de coordinar las actividades de la capilla, o bien de Emma, quien optó por no ser más delegada y tiempo después dejó de habitar en el barrio. No obstante, este repliegue se logró disipar rápidamente. Los vecinos del barrio, en acompañamiento de la UTEP-EP (ex-JP Evita), lograron movilizarse los primeros días de febrero de 2014 al municipio y pedir por el esclarecimiento del caso, suceso que fue cubierto por los medios de prensa y radiales locales. En estas acciones se puso en evidencia que, antes de la muerte de Brizuela, habían sucedido hechos de violencia, como fue el caso de dos heridos de bala: un vecino y un militante de la JP Evita. El dirigente Bacco relata aquel momento en el que fueron desatendidos por parte de las fuerzas de seguridad y del Estado local:

Vinieron los que decían ser los dueños [gente que vive en barrio San Juan] del terreno cercano a donde nosotros estábamos construyendo la cancha para el barrio. Y bueno, empezaron las discusiones que terminaron en una balacera, los del barrio San Juan trataron de salir porque se habían puesto muy violentos, ellos golpearon a un vecino del barrio 27 de Octubre y, para poder salir del malón de gente, empezaron a hacer un tiroteo primero al piso y después directamente al cuerpo de un vecino que hoy por hoy ya está en el barrio, pero que estuvo muy grave. En el intento de la salida, nos hieren a un compañero de la organización de la JP Evita, apuntando al pecho, pero, como puso el brazo, la bala le queda en el brazo. El compañero ya se encuentra bien. Ese fue el primer episodio […]. Ante los hechos de violencia, desde la JP Evita intentaron que el municipio intervenga y garantice la seguridad de los vecinos.
[…] Nosotros pedimos una audiencia con el municipio para poder hablar de estos temas que estaban ocurriendo con el mismo principio de que, si el barrio está urbanizado, los terrenos no se discutirían de esa manera, y se podrían arreglar las calles, podría ingresar la patrulla […]. El siguiente hecho de violencia iba a terminar con la vida del joven militante Brizuela; sobre las calles Viedma y Rawson, arman una balacera entre la gente del barrio Santa Helena, porque ahí es el límite con el distrito de León, disparan hacia el barrio, tipo 2 de la mañana.
Más de 150 disparos hablan los vecinos, porque las balas llegaron a tener un impacto de tres cuadras aproximadamente; nosotros vimos las casas con los impactos de bala, y en esa balacera es donde fallece el compañero Diego Brizuela […]. El disparo le entra por la espalda; ahí el dirigente lucha por su vida 13 días, y el 30 [de enero de 2014] lo enterramos con los familiares, los vecinos y la organización (Bacco, dirigente de UTEP-EP [ex-JP Evita], entrevista radial, 4/02/14).

En la movilización se entregó un petitorio al municipio en el que los vecinos planteaban la necesidad de que este se hiciera presente en el barrio, ordenando el proceso de urbanización que se estaba propiciando de manera desorganizada y violenta. Se solicitaba un móvil sanitario, la apertura de calles y la presencia de las fuerzas de seguridad y se responsabilizaba a las autoridades municipales por la muerte de Brizuela. Ante ello, se dio un pasaje en el que el cuerpo muerto en la búsqueda por verdad y justicia pasa a ser hablado por los familiares, amigos, ciudadanos, dirigentes políticos y funcionarios (Gayol y Kessler, 2018). La muerte de Diego Brizuela marcó el fin de un período signado por la violencia. La institucionalización y formalización del barrio introdujeron nuevos códigos morales que obturaron formas de acción que se dirimían con el uso de la violencia. Los recuerdos y las representaciones sociales evocados en la memoria colectiva, en el proceso de lo que podemos llamar “constitución del barrio”, que se consolida luego de la muerte del dirigente, vehiculizan acontecimientos que dan cuenta de la organización barrial, la normalización y las redes de apoyo: religiosas (acompañamiento de diversas instituciones eclesiales), políticas (ex-JP Evita, Movimiento Evita distrital y nacional), universitarias (Universidad Nacional de León^[16], de Pancasán), entre otras.

Dotación de infraestructura, asociaciones comunitarias y criterios para habitar el barrio 27 de Octubre

Como ya anticipamos, la necesidad de organizar el devenir de la vida cotidiana luego de la toma de tierras en 2012 conllevó la emergencia de liderazgos barriales, en el decir de nuestros entrevistados. Diego Brizuela formó parte del primer cuerpo de delegados y participó activamente en la provisión de infraestructura. Sobre lo adverso de permanecer en la ocupación y organizarla, una delegada relata:

—Emma: Mi familia me quería asesinar. Yo estaba re negra. ¿Te imaginás con los soles más fuertes?

—Viviana: Claro.

—Emma: Neumonía. Cinco veces tuve neumonía acá en el campo.

—Viviana: ¿Por qué? ¿Cómo era?

—Emma: Los fríos […]. Esto era mugre, barro, piedra, bichos, los primeros tiempos. Después se fue limpiando, pero esto tardó muchísimo en que sea un barrio. Costó mucho. Costó muchísimo porque había gente que sí ordenaba, que sí limpiaba, que sí nos hacía caso a Diego [Brizuela] y a mí, pero había otros que no (Emma, delegada en la toma, 2023).

La cita describe los límites en la organización barrial. Aun cuando incentivaron que el barrio se asimilara a los enclaves urbanos de los alrededores, el recambio poblacional minó los acuerdos alcanzados, creando espacios que no se adecuaban a la configuración urbana que buscaban. Coincidimos con Merklen (1997, p. 3) en que “los asentamientos constituyen una forma de defensa de una identidad amenazada […] frente a los procesos de empobrecimiento y desafiliación”. En nuestro caso, los pobladores buscaban negociar su permanencia, procurando diferenciarse del estigma de transformarse en una villa, tal como añade la referente barrial:

Hacíamos marcar los terrenos, 10 por 20 [metros] o si tenía para otro familiar eran 20 por 40. Que dejaran para las calles […]. Estas se fueron achicando porque la gente que compró después fue como agrandando sus terrenos y achicó las calles. Yo era la que les decía “Lo único que les voy a pedir, gente, es que no hagan una villa. Tienen que dejar calles como para que entre un camión de bombero, una ambulancia”. ¿Por qué? Estamos peleando para que esto sea un barrio, que se integre a [los barrios] Santa Helena y Avellaneda, un barrio más dentro de los barrios […]. Sabemos que ustedes vienen de sufrir mucho en su país y la estuvieron pasando mal alquilando una habitación para un montón, con baño compartido […]. Y que les gusta laburar así que van a progresar […]. Entonces traten de que esto no sea una villa, que no haya pasillos […]”. Igual los hubo, porque después empezó a venir gente, a comprar, otra gente después de dos o tres años […]. Pero los primeros dos años, ese primer tiempo, hacíamos que la gente deje las calles, que no haga pasillos, que no venda pedacitos […]. Cuando Diego se fue [cuando falleció], los hicieron (Emma, delegada en la toma, 2023).

Las palabras de la referente Emma nos remiten a la búsqueda de un modelo de ocupación organizada que planificaba el uso del suelo y el desarrollo del futuro barrio. Un tipo de ocupación que buscaba adaptarse a los requerimientos legales en términos de utilización del suelo para vivienda (Merklen, 1997). Las acciones emprendidas en la organización barrial tuvieron varios actores centrales con roles diferenciados. Así como Emma colaboró en la organización de las familias, el relevamiento de las necesidades de los moradores y su contención, Brizuela era recordado por las gestiones en el tendido de luz y de la red de agua en el barrio. Así lo evoca una vecina que se sumó al cuerpo de delegados y se transformó en una de las principales dirigentes hasta la actualidad (2023):

—Mecha: Cuando llegué, ya teníamos agua.

—Viviana: Ah, cuando vos estabas, ya había agua. La toma fue en enero del 2012. ¿Vos te acordás cuándo compraste el terreno, más o menos?

—Mecha: Sí, en abril, creo que el 22 de abril […]. Cuando llegué ya había agua, teníamos que conectar. Él [Brizuela] nos mandó a hacer todo. Yo llegué cuando el barrio ya tenía luz, tenía agua […]. Después cambiamos los tendidos eléctricos. Pero los primeros ya estaban hechos […] por Diego [Brizuela] (Mecha, dirigente barrial, 2023).

Lo señalado por la dirigente evidencia que la organización interna en este caso fue muy importante. Nuestro análisis se diferencia de otros enfoques que sitúan la organización vecinal de las ocupaciones como un proceso propiciado por actores externos (Dombroski, 2022). Existen enfoques que minimizan que los residentes portaran trayectorias de vida^[17], pero, en cambio, algunos autores se proponen recomponerlos (Cravino, 2008) para entender estos procesos, tal como intentamos realizar en este trabajo^[18].

En el engranaje de esta trama social, Brizuela era caracterizado como un dirigente querido, pero también directo y comprometido, que ponía el cuerpo y su autoridad en aquello que era preciso y aglutinaba voluntades, como añade quien fuera su compañera de vida a continuación:

Cuando iban a poner el agua, [Diego] juntó a todos los pibes. Vinieron todos los vecinos […] se juntaron todos en la cancha. “Bueno, vamos a poner la plata, tanto cada uno, y mañana yo voy, compro todo y traigo”. Él no le pedía a nadie que ponga para la nafta, él tenía que poner lo que faltaba. Todo se juntó […], “Bueno, tal hora, necesito a todos acá, los varones, los vagos acá”. Empezaron a hacer pozos, viste, las canaletas para poner el caño, y Diego recorría: “Dale, metele más pata, ahí falta […]”. Era lindo ver que todo el mundo estaba haciendo pozos y por más que Diego [les hablaba imperativamente] “Dale, hagamos esto” o “No, esto tiene que ir acá” […] “Allá vamos a poner una canilla, acá otro”, y cada tanto se iba a fijar si estaba bien […] todos lo hacían.

Cuando terminaron un baile, hicieron una fiesta porque teníamos agua, porque, si no, teníamos que ir a traer de la calle agua […].

Después hizo lo mismo con el tendido eléctrico, compró cable […] se quemó todo muchas veces, se volvió a comprar. A todos los vecinos les bajaba la luz. Hicieron entre todos, pero Diego era la cabeza. Era como Dios, se hizo el agua, se hizo la luz, ¿entendés? (Graciela, compañera de vida de Diego Brizuela, 2020).

Como anticipamos, el rol de Diego Brizuela en la consolidación del asentamiento y la función que asumió aquel en su comunidad respondieron a grietas institucionales, “efectos de lugar” (Bourdieu, 2010) o “zonas de no derecho” (Wacquant, 2013). En particular, las que tuvieron que ver con la ambigüedad de la presencia del Estado en el acompañamiento del ordenamiento urbano. Así, son vívidas las menciones acerca de lo inhóspito del lugar, esos primeros tiempos hasta que pudieron abrir calles y veredas y hacerlas transitables, rellenar los terrenos, acceder a una conexión precaria de electricidad a partir de un tendido de cables realizado por ellos y, luego, una red de mangueras para tener agua potable.

Sobre lo adverso de habitar el predio en los primeros dos años, una vecina narra su experiencia y la importancia de las redes que fueron forjando con actores y organizaciones externas al barrio que colaboraron con ellos, en circunstancias puntuales y otros de manera continua –como los miembros de la Juventud Peronista (JP) del movimiento Evita–:

Este lugar era un lodazal. Por allá era increíble y vivía la gente ya […]. Ahí lo conocimos a Facundo Bacco [JP Evita], siempre había un referente porque habían censado y todo eso […]. Entonces traían los colchones […] ropa, mercadería. Más para el fondo era un desastre […]. Cada vez que [yo] venía [al barrio], decía “No, pero muy lejos”, o “Mirá qué feo”, “Es peor que el campo”. […]. Era la sensación. Yo venía acá y no había nada. Esto era un campo enorme donde no había más que charcos de lodo por todas partes […] chatarra, basura (Telma, miembro del merendero, 2020).

Hubo dos grandes anegamientos en el barrio en el año 2014. La JP Evita organizó una colecta para recaudar fondos o asistencia para las familias que habían perdido bienes materiales como colchones, ropa, muebles. Algunas familias, incluso, vieron afectadas partes de sus viviendas, o se les desbordó el pozo ciego. Este anegamiento afectó seriamente el asentamiento por el efecto del agua estancada, el peligro de los cables improvisados de electricidad (que existían en ese momento), la presencia de vectores, entre otros factores.

En cuanto a la organización interna y externa del barrio 27 de Octubre, los habitantes contaron con delegados y subdelegados por manzana. En una nota periodística, el abogado defensor de las familias señaló que el barrio llegó a tener una organización interna con un cuerpo de delegados de 60 manzanas. Estos efectuaban asambleas de vecinos por sectores (seis) y luego dirimían las cuestiones en asamblea general. Respecto al funcionamiento de este espacio, por ejemplo, si había diferencias con un delegado, la sola congregación de los vecinos en asamblea podía propiciar la destitución y el nombramiento de otro miembro en su lugar.

Además de los responsables de la organización interna (como Diego Brizuela y Emma), otros asumieron el rol de mediadores con los actores externos al barrio, como Mecha, quienes redactaban misivas, petitorios en que solicitaban respaldo o intervención en la causa, o participaban de las instancias judiciales. Luego, a medida que fue creciendo la ocupación, se sumaron más delegados y también subdelegados por cada manzana, los que acompañaron la tarea de registrar a las nuevas familias que habitaban el barrio y sus necesidades. Muchos de quienes asumieron el rol de delegados en la trama organizativa tenían experiencia en otras ocupaciones de tierra. Una vecina, que luego se sumaría como subdelegada con posterioridad a la compra de su terreno en un loteo informal, solicitó al delegado que la censase para adquirir el reconocimiento de moradora en el predio. Así lo describe:

Cuando yo vine acá, estaban organizados por cuerpo de delegados. Diego [Brizuela] era uno de los delegados. […]. Brizuela me dice: “¿Y para qué compraste? […] con mala onda, “El que quiere viene y te saca”. Entonces yo le digo: “Yo quiero que vos me censes, yo sé que vos sos el delegado”, “Yo no voy a censar a nadie” [respondió]. “Bueno, me quedo bajo mi riesgo”, le dije. No es que era malo, era directo. Y bueno, me dice “Quedate’ (Mecha, dirigente barrial, 2017).

Sobre la negativa a censarla y el funcionamiento del primer cuerpo de delegados que se formó, la dirigente barrial añade:

—Mecha: Diego [Brizuela] era parte del cuerpo de delegados. Él participó de una reunión de delegados y se abrió [se alejó] de ese cuerpo de delegados porque les habían ofrecido “lavarse las manos”, les iban a dar [recursos] a cada delegado, pero tenían que convencer a la gente de salir del lugar. Según lo que decía él, estaban todos comprados. Por eso empezaron a renunciar, renunciar, renunciar, varios delegados a vender, a vender e irse del barrio.

—Viviana: Ah, que debe ser la época esta que participó la directora de Hábitat Marta Menéndez. Porque ella me dijo que trató con la primera camada de delegados.

—Mecha: Yo soy de la segunda [tanda de delegados] (Mecha, dirigente barrial, 2023).

Lo aportado por la referente nos remite a la cisura que se formó en el espacio organizativo. Algunos delegados participaron de la mercantilización de las tierras, colaboraron en la instalación discursiva de la necesariedad de la relocalización de las familias, consiguiendo que muchos pobladores accedieran a vender los terrenos e irse del barrio. Esto fracturó el cuerpo de delegados, lo cual dio lugar a la remoción de los referentes que vendieron sus lotes y a la emergencia de una segunda camada de delegados.

Los delegados de esta segunda trama organizativa, una vez iniciadas las negociaciones con los actores externos (apoderados de las firmas, miembros de la Comisión Nacional de Tierras, el municipio de Pancasán y la Fiscalía), buscaron el patrocinio de un abogado penalista y definieron que los seis sectores del barrio tuvieran representación –validada por la firma de los pobladores del predio–. Así, armaron un escrito^[19] que fue refrendado con nombre y apellido, documento de identidad, edad y domicilio de los vecinos del barrio 27 de Octubre. Esto es, reunieron 1.218 firmas que representaron en ese momento al 60 % de los habitantes.

Luego de esto, el abogado penalista de las familias solicitó al juez un defensor de oficio^[20] para representar al resto de los vecinos que no estaban comprendidos bajo su defensa. Lo señalado fue central para evitar cisuras^[21] en las decisiones colectivas, una vez que empezaron a recibir propuestas de los actores externos, como evoca una de las dirigentes barriales:

El objetivo del municipio era quedarse con las tierras, los dueños de las tierras cederían 14 hectáreas para que se relocalice […]. Eso era para 480 familias más o menos, en ese momento ya éramos como 600 y pico […]. En este sector donde estamos nosotros, [iba a ser el] parque industrial, un polo productivo. El 51 % para la municipalidad y el 49 % para la sociedad. Pero se tenía que lograr el desalojo […]. Las reuniones de delegados eran semanales para ver qué se definía. Estaba en tema de discusión el traslado, porque venían algunos y te decían “O te trasladás o te quedás sin nada. Y nosotros con otros vecinos nos pusimos en perros, vamos a decir, y nosotros dijimos “Nosotros queremos pagar”, entramos en mediación […]. Entonces, le dije [a los delegados] “Si ustedes se quieren ir, vayan, nosotros le vamos a preguntar a la gente quién se quiere quedar acá. Con los que se quieran quedar vamos a luchar”. Había un grupo de 7, 10 delegados que se querían ir, me insultaron, me amenazaron a mí, a mi hijo, a mi marido. Me trataban de tonta, de todo. Y yo les dije “Mirá, yo voy a representar lo que la gente quiera, yo no voy a representar un sector. Yo no voy a cagar a nadie”. “¿Cuántos son los que se quieren quedar? ¿650? ¿Cuántos son los que se quieren ir? ¿120? Bueno, 120 si se quieren ir, vayan. Los 650 nos quedamos acá”. Y así fue. La gente esa empezó a vender sus terrenos [sic] (Mecha, dirigente barrial, 2019).

En el marco de la judicialización, por pedido del juzgado, miembros de la comisión de delegados junto a integrantes de la JP Evita realizaron un censo (2013) e identificaron que entre los moradores había una presencia importante de migrantes de las comunidades de Paraguay, Bolivia, Perú y en menor medida Colombia. Respecto a las características poblacionales, el dirigente Facundo Bacco (UTEP-EP) afirmó en una entrevista (2018) que la toma la hicieron los argentinos y la tierra la compraron los extranjeros.

Lo reseñado hasta aquí es muestra del grado de organización alcanzada por las familias al año y medio de la ocupación, quienes habían dispuesto espacios de uso comunitario (capilla y centro cultural), tenían prevista la creación de otros ámbitos de sociabilidad para los cuales invitaban a los vecinos a colaborar (sala de primeros auxilios, escuela, plazas), participaban activamente de las audiencias judiciales y llevaban adelante acciones para negociar la regularización y permanencia en el predio.

La capacidad autoorganizativa del barrio puede recuperarse en numerosos sucesos: movilizaciones (por ejemplo, la multitudinaria realizada al municipio el 17/05/13 para pedir la apertura libre del ingreso y egreso de vehículos que posibilitasen seguir con las construcciones en el predio); iniciativas en el marco de las medidas judiciales (movilización al Juzgado de San Martín acompañando a los referentes en las audiencias el 27/05/13); censo en el barrio (09/06/13) a pedido del juez para relevar las familias que habitaban en aquel entonces; realización de campañas solidarias (06/05/13) con talleres informativos, recreativos, radio abierta, nombramiento de calles, entre otros, para mejorar las condiciones de vida; misa y chocolatada en la capilla (28/05/13). Todas acciones que contaron con la presencia y participación de organizaciones religiosas, iniciativas documentadas por la JP Evita, denotando su rol como emprendedores de memoria (Feld y Stites Mor, 2009).

También fue de suma importancia contar con la colaboración de instituciones externas^[22] al barrio, fue importante para impedir el desalojo (esto coincide con lo planteado en otros capítulos del libro, como los de Joaquín Benítez, Carla Fainstein, y María Belén Garibotti y María Florencia Girola). Entre las medidas más significativas realizadas por estas instituciones, estuvo el refrendar los pedidos de las familias de no ser desalojadas con misivas al cónsul del Paraguay, al gobernador de la Provincia de Buenos Aires y a la presidenta de la nación.

En suma, hasta aquí dimos cuenta de que la resolución del proceso de ocupación de tierras no aconteció unilateralmente atendiendo a los intereses de los propietarios del predio por el grado de autoorganización de los habitantes del barrio 27 de Octubre y por el acompañamiento sostenido de múltiples actores sociales y políticos e instituciones. Algunos brindaron su colaboración de manera específica o puntual, entre los más importantes estuvieron: Misioneros de Francisco, JP Evita, Movimiento Evita distrital y nacional, el Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ), la Pastoral Social. Todos ellos, a su modo, tuvieron incidencia en que los vecinos pudieran acceder a un lugar digno donde vivir.

En lo que sigue, veremos que este reconocimiento, que incluyó a actores externos, tuvo como contraparte el establecimiento de un entramado institucional en el barrio que fue forjándose con los años y que continuó transformándose. Así también, denotaremos que, con el tiempo, nuevos actores pugnaron por incorporarse a la dinámica comunitaria y su relato, y de este modo rever el peso de los fundadores en la narrativa de conformación de algunas instituciones barriales y de nuevas lógicas organizativas.

Conformación de la trama social e institucional y conflictos por la apropiación de los espacios urbanos

La Iglesia católica fue la primera institución que reconoció al barrio 27 de Octubre. El aval eclesial se tornó central en el proceso de negociación para la permanencia de los vecinos en el predio, tal como ocurrió en asentamientos del sur de la periferia de Buenos Aires (Cravino y Vommaro, 2018). De ese modo, uno de los ámbitos de mayor relevancia en el asentamiento es la capilla y centro comunitario Nuestra Señora de Caacupé^[23]. En torno a ella, encontramos grupos sociales en pugna por los proyectos que se llevarían a cabo, lo que significaban también subjetividades en tensión, como seguidamente veremos. Cuando el barrio se fue consolidando, Facundo Bacco (UTEP-EP) proyectó un salón de usos múltiples (SUM) como espacio de sociabilidad para los vecinos y la construcción de la capilla. En palabras del dirigente, se comprenden aquellas ideas:

Acá la capilla la hicimos con los vecinos. Juntamos todos los materiales […]. Primero hicimos una casilla^[24] y después conseguimos [él y María Cecilia Chachi Velásquez]^[25] un poco de material […]. En la [última] elección de Insaurralde (2015), nos llama a las organizaciones –después de perder las legislativas– y ahí nos ayuda […] para construir una parte […]. Acá [en la capilla] dábamos apoyo escolar. Estábamos haciendo la obra con el Argentina Trabaja, ampliando acá. Después nos matan a un vecino, la comisión se empezó a desarmar y quedó a medias la construcción [de la capilla]. Vino Misiones de Francisco y ahí conseguimos que nos puedan construir […]. En realidad, esto iba a ser un SUM, se enojó la Chachi cuando se enteró que hicimos una capilla, pero sirvió para que la Iglesia nos reconozca como barrio (Bacco, UTEP-EP, 2020).

Lo señalado expresa los cambios en torno al sentido principal que adquiere este espacio de sociabilidad y de tareas comunitarias y donde se efectuaban asambleas en las que participaban cientos de personas. Su inauguración se había realizado en el año 2015, es decir, tres años después de la toma inicial. El frente de la capilla tenía un grabado con personas fungiendo su puño en señal de lucha colectiva, iniciativa que habían realizado con integrantes del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). Casi en la entrada, existía una gigantografía que sintetizaba el proceso de creación de este ámbito, con imágenes de vecinos y líderes del barrio que habían colaborado en su realización, como Brizuela.

Ese mismo año, miembros de la organización barrial, junto a integrantes de la JP del Movimiento Evita, viajaron al Paraguay^[26] con una escultura de la virgen de Caacupé para que el papa Francisco –que estaba en este país de visita– la bendijera. La comisión de vecinos, que luego asumió el cuidado y la organización de este espacio luego del conflicto señalado, modificó la fachada con una simbología propia de un ámbito estrictamente religioso. Además, la capilla creció ediliciamente, por lo que se alteró sustantivamente su apariencia. Aleida, la coordinadora general de esta institución religiosa, nos relató que el terreno de atrás fue comprado recientemente por el Obispado de León, en el que proyectaban poner un tinglado para las actividades de mayor concurrencia –como ocurre el Día de la Virgen–. Durante un tiempo, colaboraron clérigos jesuitas^[27], que tenían un trabajo territorial con la comunidad, mientras que el sacerdote que asumió tareas allí en 2019 es diocesano y circunscribe su labor al oficio de la misa. De este modo, si inicialmente la capilla era un espacio sociocomunitario, político y de reunión y resolución de los problemas de los vecinos –en asamblea–, ahora en ella solo se realizan actividades de orden religioso.

Las memorias respecto a la conflictividad que aconteció en la historia de constitución de este espacio y las relaciones entre los actores que la acompañaron son diversas y algunas contrarias. Específicamente, el conflicto en torno al uso del espacio de la capilla conllevó el alejamiento de Facundo Bacco de la JP Evita. En una entrevista, la dirigente política Pamela Villagrán explicó que el dirigente de la JP había realizado una intrusión de ese espacio comunitario, por lo que habían notificado a la policía y a las autoridades eclesiales y luego resolvieron en el marco de una reunión negarle el uso de ese espacio:

—Pamela: El conflicto [fue porque] un día se viene el tipo [Facundo Bacco], porque él tenía su camarilla, con Mecha [dirigente barrial] y un par más, que había ahí. Se vienen y usurpan la iglesia. Cuando me llama Aleida, le digo “Ya llamás a la policía”, y ahí se armó un kilombo padre [conflicto], porque el tipo había roto la puerta de la iglesia […]. Eso es algo que vos no te imaginás de alguien de un movimiento. Bueno, lo sacamos. Después el cura hizo una reunión y ahí les explicó cómo es la postura de la iglesia. Así que no pudieron entrar más.

—Viviana: Yo había entendido que en la iglesia se hacía apoyo escolar.

—Pamela: Se hacía apoyo escolar.

—Viviana: Que por eso los pibes del Evita tenían esa actividad barrial allí.

—Pamela: Exacto, los sábados, pero de ahí a avanzar a querer quedarte con la iglesia no se puede (Pamela Villagrán, 2020).

Por el contrario, una integrante de la comisión vecinal, ahora colaboradora en la capilla, pero que en su momento participó de la asamblea que pedía el cambio de la actual coordinación de este espacio religioso, afirmó sobre la disputa que había sido la actual coordinadora la que se había apropiado de ese espacio comunitario y que impedía que se siguieran efectuando otras actividades, como el apoyo escolar o las reuniones vecinales. En sus palabras:

Me acuerdo del momento ese, ella [Aleida] no quería que entren la gente de Facundo [Bacco] ahí. Nosotros no es que queríamos sacarle, nosotros queríamos participar de la iglesia también, ¿y qué hicieron la gente? Me llamaron a mí para que vaya a la reunión. Yo me fui y […] me eligieron a mí, para que yo sea parte de la iglesia. Nosotros queríamos ser parte, trabajar juntos, y ella no quería saber nada. Participé en varias reuniones, tuve un par de conflictos con ella, pero hasta ahí. Después, bueno, mi marido me dijo que deje de ir, que era mucho para mí, porque yo sufro de los nervios. Y dejé de ir a la capilla por eso mismo […] y como yo era parte de Facundo [militaba con él], a Aleida no le pareció […]. Yo soy una persona católica y después de eso yo la defendí varias veces, de la gente, las veces que discutió con el padre, y, bueno, cambió la historia para el bien, ahora formamos parte las dos de la iglesia (Martha, 2020).

En esta misma línea, otro integrante de la UTEP-EP rememora el episodio de conflictividad que ocasionó el que dejase de brindarse el servicio de apoyo escolar en la capilla, pero acota que es la centralización del control del uso del espacio en la figura de esta referente barrial, portadora de las llaves, lo que dificulta el uso de este ámbito de sociabilidad:

El barrio necesita tanto apoyo escolar como una biblioteca. Pero lamentablemente pasamos por una mala circunstancia con una vecina que le dimos la llave [de la capilla], confiamos nosotros que le iba a abrir a las compañeras que brindaban el apoyo escolar y no les abría, las rechazaba en el portón de la iglesia. Entonces llamamos a Facundo Bacco, y él dijo “Vamos a hacer una reunión vecinal, lo que vamos a hacer, si están de acuerdo todos los vecinos, es cambiar la cerradura y la llave”. Se hizo eso y volvió a suceder lo mismo [no dejaban ingresar a las compañeras], y ahora no podemos ingresar a la capilla (Francisco, integrante de la UTEP-EP, 2020).

Otro elemento para explicar este cambio en la trama asociativa tiene que ver con el repliegue de muchos de los actores barriales luego del fallecimiento de Brizuela, que llevó incluso a que algunos abandonasen el asentamiento. Como indicamos, se pusieron en cuestión los modos de gestión de los fundadores del barrio, sobre los que hubo sospechas de uso indebido de las instituciones y del manejo de los recursos disponibles para ellas.

Fernández Álvarez (2018) advierte respecto a las cisuras que se generan en las prácticas colectivas que incluyen experiencias vitales en épocas disímiles. En nuestro caso, el paso del tiempo dio lugar a distinciones ideológicas y simbólicas sobre el uso de los espacios comunitarios, entre los fundadores del barrio y los nuevos colaboradores que no estuvieron en los momentos más inhóspitos de la toma y vivenciaron de forma diferente la lucha por el acceso a la tierra. Esto significó un cambio en el sentido de lo comunitario, en detrimento de articulaciones plurales de actores que fueron una característica de cuando se constituyeron las organizaciones en el territorio.

Los nuevos participantes de las organizaciones comunitarias obturaron la forma de resolución de las problemáticas barriales que venían utilizando los fundadores para dirimirlas. Por ejemplo, si había diferencias con un delegado, la sola congregación de los vecinos en asamblea podía propiciar la destitución y el nombramiento de otro miembro en su lugar. De hecho, la metodología asamblearia intentó ser utilizada para el conflicto de la capilla, pero no prosperó, y, tal como señalamos, las autoridades de la Iglesia católica adquirieron preeminencia en la toma de decisiones.

El hacer y la urgencia de lo cotidiano implicaron que solo se destinaran tres espacios en el barrio para uso comunitario exclusivo: la capilla, el potrero y la posta sanitaria, todos ellos vigentes en la actualidad. El resto de las actividades –merendero, apoyo escolar^[28]– se fueron emprendiendo en casas de los vecinos y militantes de las organizaciones. De ahí que varios recursos se destinaron a estas viviendas particulares, para acondicionarlas una vez que los responsables de la capilla impidieron que se siguieran desarrollando estas actividades en el recinto religioso.

El merendero funcionó inicialmente en el año 2012 en la casa de una vecina del barrio, migrante paraguaya, con recursos que le proveían miembros de SERPAJ. Así lo rememora Mecha, dando a entender también que la sospecha por el destino de los alimentos era recurrente:

Organizamos un merendero. El SERPAJ cuando podía traía leche y pan dulce. Eso yo lo tuve mucho tiempo acá en mi casa y lo repartí porque era mucho para el merendero, pero poco para repartir entre todo el barrio. Entonces yo lo racionalicé. Pregunté a los vecinos: “¿Quién se puede encargar los domingos de hacer una leche chocolatada con pan dulce?”. Y eso era tema de pelea porque vos te encargás, pero no se puede tocar nada, porque yo no quiero que nadie me apunte con el dedo (Mecha, dirigente barrial, 2017).

En el año 2015, asumió esa tarea una vecina de origen boliviano, también en su domicilio, iniciativa que acompañaba la tarea del apoyo escolar que realizaban tres veces a la semana integrantes de la ex-JP Evita en la capilla. Esto le dio continuidad a esta organización, que se afianzó en el tiempo. En sus palabras:

—Viviana: ¿El merendero había sido iniciativa tuya?, ¿de los pibes del Evita?

—Telma: Al principio no fue merendero, los chicos (JP Evita) siempre venían a hacer el apoyo escolar en la iglesia. Ellos venían, “Por favor, agüita fría”, traían juguito, traían algo preparado, galletitas, o si me podés poner agua, o para hacer chocolatada. Y un día les digo “Bueno, la casa está disponible”, porque con el agüita lo preparaban allá, “No hay problema si lo quieren preparar acá, si quieren prepararlo en casa, que hagamos algo”.

—Viviana: Ahí los empezaste a conocer.

—Telma: Facundo [Bacco] me dijo que ellos tenían la posibilidad de conseguir leche y yo le dije que podíamos hacer la merienda en casa si quiere. Y me dijo “que está bueno”, y un par de vecinas más, de algunos nenes que venían al apoyo, que estuvieron colaborando con Facundo.

—Viviana: Y que en ese momento ya tenían 30 o 40 pibes.

—Telma: Claro, en apoyo escolar había un montón de chicos, que venían de todas partes, más que todo por el apoyo, luego empezó la iniciativa del merendero (Telma, miembro del merendero, 2020).

Ambas actividades se trasladaron al espacio de la posta sanitaria, ámbito que fue reacondicionado con recursos del Programa Potenciar Trabajo^[29]. Actualmente (2024), el servicio de comedor se realiza tres veces por semana, y el apoyo escolar, los sábados.

La posta sanitaria inaugurada en el año 2016, luego centro de salud, fue otro proyecto iniciado por la JP del Movimiento Evita vinculado también a su principal dirigente Facundo Bacco. Este espacio se armó con la colaboración de los vecinos del barrio. La primera estructura de esta organización se realizó con elementos que habían quedado de la obra de la capilla, por ejemplo, un obrador metálico destinado a modo de pañol. Esta carcasa se trasladó –a pulso– entre los vecinos y miembros de la JP Evita hasta el terreno donde se ubicó la posta que luego derivaría en un pequeño centro de salud, que a 2024 cuenta con un espacio más amplio y mejoras edilicias a través de un ente ejecutor en el marco del Programa Potenciar Trabajo. La atención médica consistía –hasta fines de 2019– en la prestación de un pediatra que asistía una vez por semana al barrio –los sábados– y atendía tanto niños como adultos. No obstante, hasta antes del alejamiento del médico, el movimiento tenía como práctica sanitaria incluir el traslado a otros barrios cercanos con necesidades de atención. En el año 2021, solo las promotoras de salud brindaban tarea de primeros auxilios –como, por ejemplo, tomar la presión–. Estas, además, realizaban relevamientos de las patologías en salud de los vecinos del barrio. En la actualidad (2024), también brindan charlas sobre prevención, atención, asistencia y acompañamiento de personas con consumos problemáticos de sustancias, en articulación con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) (Facundo Bacco, dirigente barrial, 2023).

Finalmente, el potrero Diego Brizuela, como ya anticipamos, fue iniciativa del dirigente barrial en memoria del cual lleva su nombre. Este espacio urbano también se inauguró en 2015 y constituye ocho años después un ámbito de sociabilidad de niños y jóvenes que acuden para jugar vóley, fútbol y piqui^[30]. Este lugar al 2024 está cercado, pero con una puerta de ingreso abierta a la comunidad. Al igual que las otras iniciativas comunitarias, también fue objeto de disputa en cuanto allí habitaba una familia cuyos integrantes, en el decir de nuestros entrevistados, realizaban actividades delictivas (incluso dentro del barrio) y a los que aludían como los vaguitos. Los sucesivos conflictos que se generaban entre vecinos por este motivo llevaron a que algunos integrantes de la organización vecinal resolvieran quemar la casilla que allí estaba emplazada y fundar con un nombre el potrero y marcarlo como espacio comunitario.

Para concluir este apartado, cabe señalar que la conformación de la trama social e institucional barrial expresó conflictos entre sectores que procuraron apropiarse o gestionar los espacios de asociatividad. Son muestra de las distinciones que se propiciaron entre los habitantes que fundaron el barrio y los que se sumaron a las organizaciones una vez que este se consolidó tanto física como socialmente. Esto es, los nuevos integrantes no compartieron muchas de las estrategias de acción, así como los códigos morales en cuanto a los modos de organizarse de los primeros. Lo mencionado evoca lo que Fernández Álvarez (2018) advierte respecto a las cisuras que se generan en las prácticas colectivas que incluyen experiencias vitales en épocas disímiles. Las distinciones simbólicas que se generaron respecto al uso de la capilla son muestra de ello. Ese ámbito inicialmente pensado y practicado como un espacio comunitario se tornó un recinto puro de actividad religiosa, no contaminado de política y donde el poder eclesial fue el que comenzó a tomar las decisiones sobre él.

En el caso del potrero en particular, y de otros sectores del barrio, la disputa se propició con quienes realizaban actividades delictivas en el barrio, dirimiéndose el conflicto con el uso de la fuerza y ante la no intervención del Estado local en las problemáticas de violencia. El liderazgo de Diego Brizuela fue central en el intento de procurar erradicar la delincuencia y lograr un barrio libre de drogas. Este dejó su vida en esta cruzada por conseguir un espacio para las familias separado de quienes buscaban territorializar el delito, intentando instalar un desarmadero de autos y un búnker de venta de drogas, y de este modo evitar el consumo de estupefacientes en jóvenes y niños.

Palabras finales

El proceso de conformación del asentamiento implicó la resistencia al desalojo, y para esto se generó organización barrial. Al mismo tiempo, en los inicios de la ocupación, la violencia se tornó un recurso para aquellos que buscaban mercantilizar el suelo y desplegar mecanismos extorsivos. Algunos dirigentes lograron que su uso fuera ilegítimo para obtener la tierra y permanecer en el barrio. Sin embargo, en los dos primeros años, sucedieron interacciones violentas en las que hubo fuertes disputas en torno al control territorial y acceso al suelo de diversos actores, y donde se expulsó gente por medio de la ocupación de sus casas o de incendios. También relevamos el escenario donde vecinos y militantes fueron heridos y uno de los principales dirigentes perdió la vida. Las fuerzas de seguridad no tuvieron presencia en el lugar y, de ese modo, propiciaron que las diferencias en el interior del barrio y entre este y los aledaños se resolviera con el uso de la fuerza como un recurso más, interpersonal e institucional (Garriga Zucal, 2021).

En este trabajo pudimos, además, desandar el proceso de constitución de un barrio popular, desde la toma inicial hasta su consolidación socioinstitucional; también relevamos el proceso de construcción de una memoria memorable (Jelin, 2014) en torno a la muerte de un dirigente en una situación de trabajo vecinal. Esto hizo que se tornara el símbolo político de la fundación del barrio (Gayol y Kessler, 2018) y perviviera en la memoria de quienes sostuvieron la lucha por el acceso a la tierra luego de su fallecimiento en 2014. Tan es así que algunos vecinos sostuvieron que “Diego a sus 32 años fue padre no solo de sus hijos, sino de un barrio”. Esa memoria colectiva de allegados, amigos y militantes que aún lo rememoran no trascendió, sin embargo, a la totalidad del barrio 27 de Octubre dado su crecimiento y recambio poblacional. Eso no impide que su nombre permanezca grabado en un espacio de recreación deportiva como huella simbólica y material.

En el mismo sentido, el paso del tiempo también cristalizó que la labor de los fundadores del barrio perdiera visibilidad y fuera puesta en cuestión por los nuevos colaboradores que se sumaron a las organizaciones, ejemplo de ello fue el cambio de conducción en la capilla. Esta diferenciación puso en evidencia que los códigos compartidos por los fundadores para gestionar, por ejemplo, las instituciones barriales ya no priman. El cambio de referentes, instituciones y actores que acompañaron la lucha barrial conllevó nuevas modalidades de participación, con un cariz despolitizador en algunos casos. Creemos que esto también está vinculado con el impacto de la muerte del dirigente Diego Brizuela en la trama organizativa, la conmoción social y la repercusión política que generó esta en la lucha por la urbanización (Gayol y Kessler, 2018). Identificamos que, a diferencia de otros actores e instituciones, la intervención de los integrantes de la ex-JP del Movimiento Evita fue sostenida; estos alentaron el crecimiento de los propios liderazgos barriales y proveyeron contactos con actores e instituciones a la trama barrial. Esto es, propiciaron la autoorganización e institucionalización del barrio y forjaron una identidad colectiva en torno a la memoria del principal líder barrial que dejó su vida en este proceso.

Desde los comienzos, con la toma de tierras y las acciones judiciales, surgieron acciones de resistencia que implicaron la búsqueda de apoyos externos. Las familias procuraban obtener un lugar digno para habitar, y para esto fueron vitales la constitución de una trama organizativa y la consecución de redes colectivas e institucionales a fin de evitar el lanzamiento solicitado ante la Justicia por los privados. Las tareas de apoyo escolar, que tomaron como iniciativa unos vecinos, se vieron tensionadas por los conflictos que se suscitaron en el espacio eclesial donde se inició esta tarea, hasta que las actividades se trasladaron al ámbito del merendero, luego posta sanitaria, espacio coordinado por integrantes de la UTEP-EP. El conflicto se resolvió adaptando un espacio doméstico en comunitario, dependiente de los recursos de una organización externa al barrio. El merendero, por su parte, se consolidó como una organización asociada a la presencia de esta última organización externa, y su sostenibilidad dependió de la oportunidad de encontrar espacio en domicilios particulares.

La posta sanitaria, aunque mejoró su estructura edilicia, hasta 2024 no devino aún en un centro de salud, como se habían propuesto los organizadores barriales, si bien el vínculo con el municipio redundó en que ocasionalmente asistan operativos de salud al asentamiento popular, y estos fueron organizados por la UTEP-EP. Por último, un hito muy relevante lo constituyó que en 2018 el barrio consiguió su incorporación al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)^[31] con el acompañamiento de la JP Evita. En el marco de esta iniciativa, se efectuó nuevamente un censo^[32] que arrojó la existencia de 2.500 familias en la actualidad.

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