Una reflexión desde la ética aplicada a propósito de la praxis profesional del trabajo social

Proponemos reflexionar sobre el carácter normativo de la ética profesional del Trabajo Social, considerando a ésta como un caso de Ética Aplicada. En efecto, tanto la ética de las profesiones como la deontología profesional^[1] han sido tradicionalmente consideradas como cuestiones propias de la Ética Aplicada. Ahora bien, a qué aludimos específicamente cuando decimos que la ética profesional del Trabajo Social es un caso de Ética Aplicada. Esta afirmación presenta ciertas implicancias que requieren ser consideradas en su problematicidad.

En primer lugar, es necesario precisar qué se entiende por Ética Aplicada, superando las visiones simplistas según las cuales se trata de aplicar los principios universales de la Filosofía Moral a campos de acción determinados. Todo principio general requiere ser modulado de acuerdo con la especificidad del campo de acción a fin de que su aplicación no resulte contradictoria con el propio principio o genere conflictos dentro del mismo campo. Pero, al mismo tiempo, la problematicidad y dinamismo propios de cada ámbito del quehacer social demanda la revisión y/o transformación de ciertos principios, y aún el surgimiento de otros nuevos, en virtud de la renovación del saber o de la emergencia de nuevas necesidades o medios de satisfacción de las mismas.

En segundo lugar, es necesario tener en cuenta las implicancias mutuas entre la Ética Aplicada y la Ética Social. Puesto que la primera constituye una forma característica de práctica social, es conveniente deslindar su especificidad evitando dos confusiones frecuentes: la primera consiste en considerar que la ética profesional es una mera prolongación de la propia moral personal o de la concepción subjetiva del bien y la felicidad; la segunda consiste en reducir toda consideración moral a la validez y correcta aplicación de los procedimiento de decisión. Si bien en ocasiones se producen choques entre la moral personal y los criterios normativos para la resolución de problemas específicos, y en muchas otras ocasiones los procedimientos constituyen una herramienta importante para la resolución de conflictos en los ámbitos de la Ética Aplicada y de la deontología profesional, ni la apelación a la moral personal, ni la observancia ciega de los procedimientos pueden ser considerados como criterios únicos para la resolución de situaciones conflictivas, sino al precio de una considerable reducción de la problemática, que las más de las veces deja en penumbras importantes aspectos que han de ser tenidos en cuenta. En efecto, tanto la moral personal como los códigos y procedimientos que regulan las prácticas son objetivaciones sociales. De ahí la importancia de delimitar tanto la ética profesional como la Ética Aplicada sobre el fondo común de la Ética Social, entendida como una forma específica de ejercicio de la racionalidad práctica que se aplica a la resolución de los problemas de la convivencia social.

En tercer lugar, se trata de llevar adelante una reflexión crítica acerca del carácter normativo de la deontología profesional, es decir, de meditar acerca del origen, fundamento y universalidad de las normas. Teniendo en cuenta que estas no ofrecen recetas sino orientaciones para la interpretación de la acción en situaciones dilemáticas, conflictivas o contradictorias.

Los problemas mencionados en primer y segundo lugar corresponden a lo que Agnes Heller ha señalado como el aspecto interpretativo de una teoría moral, que consiste en la búsqueda de respuestas a preguntas tales como ¿en qué consiste la moral?, ¿cuál es su sentido?, ¿qué alcances tiene?, que dan lugar a un discurso predominantemente teórico de fundamentación. (Heller, 1995, pp. 9-23). En nuestra indagación específica, nos preguntamos ¿en qué consiste la Ética Aplicada?, ¿de qué manera se vincula con la Ética Social?, ¿cómo interpretar la actividad profesional desde una perspectiva ética? Las respuestas que logremos nos proveerán marcos teóricos para la fundamentación del carácter normativo de la ética profesional del Trabajo Social.

Los problemas señalados en tercer lugar corresponden al aspecto propiamente normativo, que aspira a satisfacer interrogantes acerca de ¿qué debemos hacer?, ¿qué normas son válidas?, ¿es posible establecer la validez de las normas?, ¿cómo?, ¿sobre qué bases asentamos el juicio moral? Las repuestas a estas preguntas en relación a la actividad profesional del Trabajo Social dan lugar a un discurso preferentemente práctico, es decir que provee criterios para la toma de decisiones y la acción.

Agnes Heller menciona también un tercer aspecto de la reflexión ética, el educativo, autoeducativo o terapéutico, cuyo objetivo es la aplicación concreta de normas y principios tratando de resolver cuestiones acerca de ¿cómo puede protegerse una forma de vida buena, frente a las amenazas de la miseria y la infelicidad?, ¿cuáles son los valores y las normas que favorecen, en situaciones conflictivas, la realización de la vida, la libertad y el decoro? Preguntas que requieren de un esfuerzo de elucidación práctica en cada experiencia profesional específica a partir del conjunto de normas o del código deontológico vigente. La formulación de códigos de ética profesional implica que el ejercicio de la profesión ha alcanzado un grado de madurez y de objetivación de las propias prácticas que permite establecer criterios generales del obrar profesional, surgidos de la reflexión sobre la propia actividad.

¿Qué es la Ética Aplicada?

Todas las relaciones sociales presentan una estructura compleja y conflictiva. El éthos de cada sociedad constituye el sistema de normas y valores, que pueden estar sostenidos en creencias religiosas, en la costumbre o en acuerdos racionalmente aceptados por sus miembros, mediante los cuales es posible posicionarse ante los conflictos y manejarlos. Ahora bien, la ética, en cuanto disciplina filosófica que tematiza reflexivamente el éthos, es la encargada de esclarecer y ofrecer vías de solución para los problemas teóricos planteados por la praxis. Se trata del examen, esclarecimiento y fundamentación de los principios, valores y normas de acuerdo con los cuales orientamos nuestras acciones. Aclaremos que la función de la ética se diferencia de la tarea que realiza el moralista o consejero moral, por cuanto este impone normas, ejerciendo diversos grados de presión normativa y dejando poco margen para cualquier tipo de reflexión crítica sobre ellas.

Ya sea al afrontar las responsabilidades de la vida doméstica, de la actividad profesional o de la participación en la esfera pública necesitamos tomar decisiones, realizar acciones concretas, prever sus posibles consecuencias. Puede darse el caso de enfrentar “viejos problemas”, que por el desarrollo del conocimiento científico-tecnológico y las transformaciones de las condiciones socio-culturales, requieren hoy de renovados planteamientos, pues las formas en que tradicionalmente fueron resueltos resultan insuficientes o poco satisfactorias. Por ejemplo, ciertos problemas de salud que han aquejado a los hombres pueden hoy resolverse apelando a modernas tecnologías, que están en constante desarrollo, como los transplantes, los procedimientos de reproducción asistida, la manipulación genética, etc. Asimismo, podemos encontrarnos ante “nuevos problemas” que surgen como consecuencia del desarrollo y transformación del conocimiento y de las tecnologías, para los cuales no existen respuestas dadas y es, por tanto, urgente avanzar en el sentido de ofrecer y justificar posibles soluciones. Tal es el caso de los problemas de preservación del ambiente en condiciones que hagan posible la vida, no solo para la humanidad presente, sino también para las generaciones futuras.

Problemas tales como: el hambre en un mundo cuya economía globalizada produce abundancia para algunos y exclusión para muchos otros, el rebrote cada vez más violento de los irracionales postulados del racismo y la xenofobia, la violación de los derechos humanos, la guerra y las nuevas tecnologías bélicas, la destrucción de la ecosfera en un planeta con regiones altamente industrializadas y tecnificadas, el distanciamiento entre ética y política (y la moral de los políticos), los problemas éticos de la comunicación en una sociedad cada vez más mediática (y la moral de periodistas, empresarios y funcionarios de la comunicación), el sentido ético de las profesiones y las instituciones en el ámbito de la salud, la justicia y la educación, más concretamente, el problema de la decisión médica en casos de conflicto moral. Estos y otros problemas no menos graves que afectan de manera menos o más directa y cotidiana nuestras vidas, requieren urgentemente de la reflexión ética.

Cuando se habla de crisis de los valores o del incumplimiento de las normas, no siempre se tiene plena conciencia de la complejidad del problema al que se alude. Para una mirada ingenua, pareciera que existen unos valores y unas normas dados, de los cuales, por causas que podrían determinarse, ciertos grupos sociales o buena parte de la sociedad se han apartado; y a los que es necesario retornar para reparar el daño y restablecer la normalidad. No pocas veces se apela al recurso de la fuerza para mantener la apariencia de normalidad. Sin embargo, el problema es más profundo, implica un desequilibrio entre el número y la magnitud de los conflictos y los recursos –tanto materiales como simbólicos– disponibles para su solución. Muchas veces los conflictos son síntomas indicadores de las insuficiencias de los marcos normativos vigentes para la solución de situaciones nuevas, no previstas por esos marcos. En este sentido, son factores de cambio que requieren un esfuerzo de interpretación y reflexión tanto en la dimensión teórica como en la práctica. Precisamente este tipo de problemáticas ha puesto en primer plano y ha vigorizado en las últimas décadas un tipo de reflexión constitutivo del ámbito disciplinar de la Ética Aplicada.

Comencemos por clarificar algunas nociones generales. La Ética o Filosofía Moral es una disciplina filosófica que construye racionalmente su saber, apelando a criterios de rigor conceptual y metodológico, con el fin de comprender, analizar y explicar la dimensión moral de la vida. Se trata de un saber práctico, es decir que busca orientar las acciones humanas; no obstante, se diferencia de la moral subjetiva o personal (conjunto de principios y prescripciones morales a las que cada uno adhiere personalmente) y de la moral vigente (conjunto de principios y prescripciones morales propios de una época y una cultura determinadas). Estas últimas tienen un carácter normativo directo, dicen qué hacer en cada caso concreto; mientras que la Ética es indirectamente normativa, ya que consiste en la reflexión filosófica acerca de tales prescripciones, con la doble función de fundamentar e iluminar críticamente los preceptos y normas a la luz de principios más generales. Podría agregarse una tercera función de carácter procedimental, consistente en deliberar acerca de los medios o procedimientos adecuados para la resolución de problemas y conflictos.

En nuestros tiempos, la resolución de problemas y conflictos morales se ha tornado particularmente compleja puesto que, por una parte, conviven distintas propuestas de vida buena o vida feliz, es decir, distintas formas de entender la realización humana; y por otra parte, en cada ámbito de la vida, los problemas surgen con características particulares, que es necesario conocer y analizar. Todo ello ha conferido particular impulso al desarrollo de la Ética Aplicada, como una rama específica de la Ética que se ocupa de dilucidar problemas del obrar humano en ámbitos específicos: ética empresarial, ética de la comunicación, ética de la política, ética de las profesiones, ética de la sociedad civil, ecoética, bioética, gen-ética, entre otras.

Frente a la especificidad y complejidad de la cuestión, Ricardo Maliandi ha insistido en que la Ética Aplicada, a diferencia de la ética filosófica, requiere un intercambio permanente con disciplinas especializadas capaces de proporcionar información acerca del caso investigado, es decir, de aportar un panorama descriptivo de la situación problemática. En este sentido, un factor constitutivo de la Ética Aplicada es la interdisciplinariedad, puesto que no se puede prescindir de la ética filosófica, encargada de llevar adelante la reflexión sistemática sobre las condiciones de validez de las normas, pero tampoco se puede prescindir del conocimiento científico, ni de los saberes producidos en ámbitos profesionales específicos acerca de las situaciones en que esas normas deben ser observadas. Así, pues, la Ética Aplicada no es un ámbito de investigación exclusivamente teórica, sino también un modo de asumir responsabilidades sociales de considerable magnitud. Esto último se pone de manifiesto de manera eminente en el caso de profesiones directamente vinculadas con la problemática social (cf. Maliandi, 1992 y 2010). Es el caso de los trabajadores sociales, que haciendo uso de los insumos de la filosofía moral y de otras ciencias sociales, están en condiciones de discernir problemas éticos concernientes a su práctica profesional.

Desde la perspectiva de la Ética Aplicada, la resolución de situaciones dilemáticas, contradictorias y/o conflictivas no puede quedar librada a lo meramente consuetudinario, ni a intuiciones personales, ni al sentido común. Ella apela a la razón, es decir a fundamentos éticos suficientemente elaborados, capaces de fundamentar y legitimar una determinada decisión. Por ello. la Ética Aplicada recurre ineludible y sistemáticamente a la ética filosófica, en cuanto reflexión acerca de las normas y su fundamentación (ética normativa) y de los criterios de fundamentación (metaética). Recurre, además, a conocimientos científicos específicos. Debido a la complejidad intrínseca y a la responsabilidad que está en juego, el contexto de aplicación tiene que ser examinado en cada caso con una minuciosidad que requiere conocimientos y metodologías que solo pueden ser proporcionados por los conocimientos provenientes de las otras disciplinas involucradas. Es decir, el encuentro entre la ética filosófica, el conocimiento científico y los saberes surgidos de las prácticas profesionales es ineludible en el campo de la Ética Aplicada, de ahí su carácter interdisciplinario.

Ahora bien, en las cuestiones que la Ética Aplicada debe dirimir están involucrados no solo intereses teóricos, sino también –para decirlo apelando a la terminología habermasiana– intereses prácticos y emancipatorios de las personas y de las comunidades. De ahí la imposibilidad de sostener la pretensión cientificista de neutralidad valorativa. Ello entraña no pocos problemas vinculados a las posibles derivaciones políticas e ideológicas que podrían comprometer el sentido racional de las investigaciones. Tales dificultades pueden prevenirse en buena medida apelando al diálogo interideológico, capaz de encontrar respuestas superadoras entre posiciones diferentes. Ello implica reconocer el carácter dialógico de la razón y la posibilidad de alcanzar, por medio de la argumentación racional, diversos grados de convergencia crítica.

A menudo se define a la Ética Aplicada como la aplicación sistemática y práctica de criterios éticos a las decisiones humanas vitales. ¿En qué consiste la aplicación? Esta pregunta nos coloca ente el problema del método. Existen al respecto posiciones encontradas: unos entienden que se trata de la aplicación práctica de una teoría filosófica previa; otros, desde la perspectiva de las ciencias o desde criterios profesionales particulares, consideran que lo primordial es la praxis, es decir la exploración de situaciones empíricas para luego juzgar o tomar decisiones congruentes con los datos fácticos obtenidos.

La existencia de esas posiciones encontradas pone de manifiesto el carácter bifronte de la Ética Aplicada. Por una parte, dirige su mirada hacia la ética, en cuanto disciplina filosófica que le provee marcos conceptuales, valores y principios debidamente fundamentados; por otra parte, atiende a la especificidad de los campos de acción donde se plantean situaciones problemáticas, dilemas y conflictos. Esta particular ubicación de la Ética Aplicada ha dado lugar al desarrollo de procedimientos y metodologías de trabajo diferentes. Adela Cortina diferencia entre un modelo deductivo y otro inductivo, a los que, apelando a las denominaciones propuestas por John D. Arras, llama casuística I y casuística II, respectivamente (cf. Cortina, 1993; Cortina y Martínez, 1996, pp. 151-165; Arras, 1990, p. 35).

La casuística I consiste en el arte de aplicar prudencialmente principios universales a casos particulares siguiendo el modelo del silogismo deductivo. Supone que tales principios constituyen un código moral único (revelado o con una fundamentación trascendental) y que su aplicación pone en juego la prudencia para ponderar las circunstancias de la aplicación y la responsabilidad por los resultados de la misma. Así, por ejemplo, se pueden denunciar situaciones de experimentación en seres humanos apelando a un principio general de base religiosa, como la santidad de la vida, o recurriendo al concepto universal de dignidad intrínseca de los seres humanos, por el cual estos deben ser considerados siempre como fines y nunca como medios. Ya sea que el fundamento se apoye en la fe o en la razón, en ambos casos se procede aplicando un principio universal a un caso particular. Este modelo resulta particularmente eficaz en comunidades de ethos denso, pero, a partir de la modernidad, con la multiplicación de las concepciones de vida buena en sociedades de ethos disgregado, la apelación a principios universales y códigos únicos comienza a perder vigencia. La coexistencia de concepciones diferentes acerca del bien y de la felicidad es causa de conflictos, no ya en cuanto a la aplicación de los principios, sino entre los mismos principios. En las circunstancias actuales, el modelo deductivo no agota todas las posibilidades de la Ética Aplicada.

La casuística II consiste en un proceso inductivo que, partiendo del análisis de situaciones individuales y concretas, intenta llegar a la formulación de normas prácticas de aplicación. No busca obtener certezas, sino máximas de acción a las que se llega mediante la convergencia de criterios y que responden a la necesidad de orientar la toma de decisiones en casos concretos. Por ejemplo cuando se trata de decidir tratamientos para con pacientes que, por razones religiosas, se niegan a someterse a determinadas prácticas terapéuticas, como las transfusiones de sangre. Este modelo, que se apoya en la tradición pragmática norteamericana, está centrado en la aplicación y en el éxito de los resultados obtenidos. Es frecuentemente utilizado en el terreno de la bioética. Sin embargo, cuando llega el momento de dar razones de ciertas aplicaciones concretas, se echa de menos la fundamentación de las mismas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la aplicación es un momento epistemológicamente posterior al de la fundamentación. Por estas razones, la casuística II tampoco agota todas las posibilidades de la Ética Aplicada.

Un tercer modelo sugerido por Adela Cortina, propone ir más allá de la deducción y la inducción, poniendo en juego el principio procedimental de la ética discursiva formulado por Kart Otto Apel:

Todos los seres capaces de comunicación lingüística deben ser reconocidos como personas puesto que en todas sus acciones y expresiones son interlocutores virtuales, y la justificación ilimitada del pensamiento no puede renunciar a ningún interlocutor y a ninguna de sus aportaciones virtuales a la discusión. (Apel, 1985, II, p. 380).

Dicho principio supone la interacción comunicativa entre sujetos iguales en tanto interlocutores válidos, de modo que “sólo son válidas aquellas normas de acción con las que podrían estar de acuerdo todos los posibles afectados como participantes en un discurso práctico” (Haberlas, 1985, p. 117). Se establece de esta manera un procedimiento para la fundamentación racional de la corrección de las normas. Pero, dado que el descubrimiento de un principio ético universal es un momento diferente al de su aplicación, Apel avanza en el diseño de un marco racional de principios para la aplicación en la vida cotidiana de esos principios, lo que implica apelar a la responsabilidad. Adela Cortina enfatiza la idea de responsabilidad convencida o convicción responsable, pues se trata de ser responsables de las consecuencias que pueden acercarnos o bien alejarnos de una meta de cuyo valor estamos convencidos; ello implica el uso de la racionalidad estratégica con el propósito de evitar todo lo que ponga en peligro la conservación de los interlocutores y de sentar las bases materiales y culturales para hacer posible la acción comunicativa sin peligro de la conservación propia y ajena.

Aun cuando la ética discursiva es pasible de severas críticas, ofrece un procedimiento racional para la fundamentación y aplicación de normas que resulta útil en campos conflictivos como el de la política, la economía, la problemática social, entre otros. No obstante, ha de tenerse en cuenta que no es el único procedimiento posible y que es necesario, además, definir los valores propios de cada campo de acción, lo que imprime al principio procedimental una particular modulación.

Para ello, Adela Cortina propone un cuarto modelo por el cual es posible entender a la Ética Aplicada como ejercicio de una hermenéutica crítica, es decir que no se trata de proceder de manera puramente inductiva o deductiva, sino de apelar a la circularidad dialéctica propia de la hermenéutica para “descubrir en los distintos ámbitos la peculiar modulación del principio común”. Se procura atender a lo común tanto como a lo específico de cada ámbito de acción, lo que conlleva la exigencia de interdisciplinariedad y de diálogo interideológico, de los que ya hemos hablado. En síntesis, lo propio de la Ética Aplicada es diseñar el marco de valores, principios y procedimientos que, en los diferentes casos, deberían tener en cuenta los afectados para la toma de decisiones, y esclarecer el estatuto de ese marco mediante el ejercicio de una hermenéutica crítica, que involucra formas de racionalidad comunicativa y estratégica.

En el proceso de toma de decisiones se ha de tener en cuenta: la actividad de cada campo de acción y la meta que le da sentido, los valores, principios y procedimientos que orientan la actividad en general y su peculiar modulación en casos concretos, el conocimiento lo más completo posible de la situación, la presencia de conflictos en el proceso de toma de decisiones cuya resolución requiere de estrategias participativas en situaciones turbulentas, el hecho que las decisiones, tanto como la resolución de conflictos es un asunto de los afectados (o de sus representantes). Para todo ello, la apelación al discurso y a la argumentación constituye un elemento coordinador, un procedimiento, y no la sustancia del problema o de su resolución. Además, dado que los contextos específicos de aplicación tienen en común el hecho de ser actividades sociales con sus propias metas, prácticas, instituciones y marcos normativos, resulta pertinente la consideración de hábitos que, precisamente porque permiten alcanzar esos bienes, podemos llamar virtudes (cf. Fóscolo, 2006, pp. 201-220).

La institucionalización del saber, en lo que concierne a la investigación y a las prácticas sociales que genera, ha dado lugar a una red de conexiones entre ciencia, poder político, regulación jurídica y potencialidad económica. El rol social del profesional es más complejo de lo que puede parecer a simple vista, sus “acciones sociales” están regidas por reglas socialmente aceptadas y/o sancionadas, que implican responsabilidad social e incluso penalizan la conducta contraria a las mismas. Las “acciones individuales” conciernen a la vida privada del sujeto, y debe reconocerse que existen responsabilidades de distinto orden entre uno y otro ámbito. En este sentido, cabe tener presente que la ética profesional no es mera prolongación de la moral particular. El lazo que hace posible la ética profesional –en tanto reflexión acerca de la dimensión ética de la profesión– y la deontología profesional –en tanto dimensión normativa que establece los deberes de cada actividad profesional en función de sus características propias– es la armonización de procedimientos reconocidos internacionalmente y la responsabilidad por ellos, sin interferencias de convicciones y creencias personales. Con frecuencia, el consenso tropieza con dificultades cuando se deben enfrentar cuestiones concretas. En estos casos. es pertinente apelar a un marco de referencia más amplio y consensuado, como el paradigma que ofrecen los derechos humanos. Tales marcos normativos –tanto los de la profesión como los que surgen del arquetipo universal de los derechos humanos– constituyen un respaldo importante para el trabajador social, sobre todo cuando enfrenta situaciones multiconflictivas en las que están en juego la salud física, psíquica y social de las personas, o la defensa de los derechos de quienes han cometido delitos graves. En situaciones como estas, se requiere proceder con la mayor objetividad profesional, sin que interfiera la apreciación personal acerca de la conducta o la forma de vida de los involucrados.

Hemos afirmado que los ámbitos específicos de aplicación constituyen dimensiones de la actividad social, de modo que se hace necesario considerar las relaciones entre Ética Aplicada y Ética Social.

¿A qué llamamos Ética Social?

Recordemos lo ya apuntado en un capítulo anterior –sobre Ética Social– acerca de que las personas –cada uno de nosotros– al decidir qué acciones llevar adelante y de qué manera, apelan, con diverso grado de conciencia, a los elementos proporcionados por el conjunto de saberes prácticos, patrones de existencia y de comportamiento del grupo social al que pertenecen. No solo las normas, sino también la conciencia moral se originan socialmente (Aranguren, 1968, p. 20). Estas afirmaciones valen tanto para las acciones morales individuales, como para aquellas que son propias de la actividad profesional.

Frente a los modos clásicos de entender la moral –como búsqueda de la vida buena y como cumplimiento del deber–, la Ética Social constituye un saber cuya especificidad se encuentra en posición equidistante de ambos. Sin descuidar la importancia de las dimensiones subjetiva y normativa de la moral, la Ética Social se recorta como una forma de objetivación de la moral preocupada por resolver los problemas que afectan a la vida de los hombres en sociedad. Pone en juego la racionalidad práctica que comprende un momento de reflexión crítica sobre lo dado, un momento de elucidación y comprensión de principios, valores y normas, y un momento de aplicación en situaciones socio-históricas concretas. Todo ello con el propósito de achicar la brecha entre ser y deber ser, entre cuyos márgenes tiene lugar la lucha cotidiana por la realización de la vida de los hombres en comunidad. Como saber práctico, se expresa en categorías que facilitan la comunicación dentro de una estructura referencial histórica, social y axiológicamente determinada (ver en este volumen el capítulo 3).

La dimensión social de la ética se pone a foco a partir de las críticas del paradigma de la subjetividad moderna, llevadas adelante en el siglo xix por los pensadores de la sospecha, K. Marx, F. Nietzsche y S. Freud. Ellos se ocupan de señalar que la conciencia individual no es el reducto último del conocimiento y la acción, ni accede en forma directa a la realidad; es decir que la conciencia no es transparente, sino que existen mediaciones sociales y culturales a través de las cuales cada persona se relaciona con el mundo y con las otras personas. Mediaciones tales como el trabajo, los valores, las ideologías, el lenguaje, el propio inconsciente modelan el acceso a la “realidad”, que nunca es la realidad en sí, sino una interpretación socio-culturalmente condicionada. En un sentido semejante, Agnes Heller utiliza el término “objetivaciones” (Heller, 1977).

En efecto, el lugar que cada uno ocupa en las relaciones sociales de producción, la posición en el entramado del poder, el modo en que nos apropiamos del conjunto de valores, principios y normas, así como de los saberes, procedimientos y costumbres que recibimos como legado, la distancia crítica que podamos tomar frente a los usos vigentes, las modificaciones y novedades que podamos introducir como sujetos de la praxis en relación a la formulación de un proyecto –“deber ser”– alternativo: todo ello conforma el conjunto de mediaciones en las que desplegamos nuestra actividad. Las mediaciones facilitan, por una parte, las relaciones entre los hombres y de estos con el mundo material y simbólico, en la medida que permiten interpretar y comprender el conjunto de conexiones socio-históricas de una época; pero, por otra parte, dejan a los hombres expuestos a la alienación, al engaño, a la falsa conciencia. En esto se manifiesta tanto la fortaleza como la debilidad constitutiva de todas las mediaciones. Cuando se trata de la actividad específica de una profesión, el análisis reviste complejidad, ya que la ética profesional, si bien es considerada como caso acotado de la Ética Aplicada, al igual que esta, también forma parte de la dinámica social y está atravesada por las contradicciones y ambigüedades propias de las mediaciones sociales. De modo que el análisis debe atender a lo que hemos llamado el carácter bifronte de la Ética Aplicada –consistente en mirar, por una parte, los principios, valores y procedimientos proporcionados por la moral filosófica, y considerar, por otra parte, las determinaciones específicas de cada campo de aplicación–; pero, al mismo tiempo, debe ocuparse de la imbricación de la Ética Aplicada con la Ética Social.

Con respecto a esto último, Agnes Heller ha sostenido que “no hay mundo sin ética”. La palabra mundo alude al significado de todas las cosas, en la medida que los seres humanos se vinculan unos a otros por medio de los significados. El significado está contenido en las normas y las reglas de la convivencia. El hecho de que exista la regulación social, en lugar de la regulación del instinto, es síntoma de que hay mundo, y que en ese mundo compartido existe la diferenciación entre bueno y malo. Esta distinción es la condición del mundo, es decir, la condición para las relaciones sociales. Esa distinción es la categoría primaria de orientación de valor, es un universal humano, tanto empírica como lógicamente. Es imposible describir el mundo sin esas categorías polares. (Heller, 1995, pp. 47-48). Pero ellas permanecen en un nivel formal y abstracto si no son referidas a valores propios de campos de acción específicos. Tratándose de la Ética Social, el valor común perseguido es el bienestar social. A él se enderezan todos los bienes que pueden ser considerados como condiciones posibilitantes del bienestar. Así, por ejemplo la salud, la educación, la realización personal, las oportunidades de participación en los asuntos comunes, la justicia. Todos estos bienes posibilitantes del bienestar social están referidos contrafácticamente a categorías de valor, tales como la vida, la libertad, la igualdad, a partir de los cuales se regulan las acciones y se generan las normas para la vida en común.

En síntesis, el conjunto de saberes, principios, valores y normas propios de la ética profesional del Trabajo Social se recorta como un caso específico de la Ética Aplicada y estrechamente vinculado a la Ética Social. En efecto, hemos afirmado que la ética de la profesión del trabajador social es un caso de la Ética Aplicada por cuanto involucra un particular ejercicio de la racionalidad práctica por el cual, teniendo en cuenta la dimensión filosófica de la ética, se delinean los principios, valores y normas de acuerdo con los requerimientos de cada ámbito específico de acción. Por esta razón, la ética de la profesión presenta, a su manera, los mismos rasgos que caracterizan la Ética Aplicada: es bifronte, requiere pericia en la práctica interdisciplinaria y el diálogo interideológico, demanda el ejercicio permanente de la responsabilidad convencida y la aplicación sistemática de una metodología basada principalmente en la hermenéutica crítica. Pero, además, dado que la profesión es una objetivación social, la ética profesional asume, desde su perspectiva, todo lo concerniente a la Ética Social. Es decir, se encuentra inmersa en la dinámica de las mediaciones sociales, en situación de asumir el compromiso de comprender y revisar críticamente el significado de los principios, valores y normas propios de la vida social, en particular el significado del bienestar social. En un nivel de mayor concreción, encontramos la deontología profesional, es decir, el repertorio de normas y reglas que ordenan la práctica profesional.

Carácter normativo de la deontología profesional

Al hablar del carácter normativo de la deontología profesional aludimos a la suma más o menos estable de normas y reglas de acción, decantadas por la práctica de una profesión, que han alcanzado diversos grados de objetivación –desde la mera imitación hasta la fijación en códigos de ética profesional–, y llegan a integrar un juego de lenguaje al que tienen acceso quienes han sido iniciados –a través de un proceso formativo– en esa práctica profesional.

Si pensamos la profesión como un “juego de lenguaje” –tomando este término en un sentido semejante al que utiliza Lyotard cuando se refiere a los juegos de lenguaje propios de la pragmática científica (cf. Lyotard, 1987)–, podemos decir que quienes participan de ese juego, es decir los profesionales, se comunican mutuamente las experiencias a través de enunciados proposicionales en los que se describen, de manera más o menos detallada, las prácticas propias de la profesión y, al hacerlo, estas alcanzan diversos grados de objetivación. Pero, además, ellos deben ajustar sus prácticas a lo establecido por enunciados prescriptitos y metaprescriptivos que normalizan y regulan la actividad. Los primeros son equivalentes a las reglas de aplicación inmediata, es decir, establecen –prescriben– lo que se debe hacer o no en relación con la resolución de un determinado problema o la consecución de metas establecidas; no dejan espacio para la deliberación, o bien este es muy pequeño. Los segundos, los metaprescriptivos, en cambio, son más generales, y se refieren al modo en que deben formularse los enunciados prescriptivos de acuerdo con ciertos valores, principios y normas abstractos y universales que presentan un límite crítico dentro del cual hay espacio para la deliberación, el juicio personal, la elección e, incluso, la innovación; pero una vez transgredido ese límite se produce una infracción. Tanto las reglas (enunciados prescriptitos) como las normas generales (enunciados metaprescriptivos) pueden estar contenidas en un código de ética profesional, el cual suele prever también las sanciones correspondientes a las infracciones de las reglas. En este sentido, los códigos de ética profesional fijan los límites de una profesión, establecen lo que se puede hacer y lo que no, lo que se considera correcto e incorrecto, lo que está bien y lo que no. El proceso histórico de formulación y reformulación de códigos de ética profesional da testimonio de las luchas de poder en el interior de la propia profesión, así como entre las profesiones, por el dominio simbólico de un campo del saber o de un/os valor/es sobre otro/s.

Ahora bien, desde nuestra perspectiva de análisis, tenemos que señalar algunas diferencias respecto de la propuesta de Lyotard. Para el filósofo francés, los juegos de lenguaje son inconmensurables entre sí, esto es que cada uno de ellos alcanza tal grado de especificidad que no es posible encontrar parámetros comunes entre juegos diversos y, más aún, ello conduce a disociar la pragmática científica de la pragmática social, como si el saber discurriera por un camino paralelo, pero diferente al de la vida de las personas y las comunidades. En este punto, consideramos que no es posible mantener la comparación entre las prácticas profesionales y la propuesta lyotardiana. En el caso particular de la práctica profesional del Trabajo Social y, correlativamente, de su ética profesional, tenemos que admitir que se trata de objetivaciones sociales, cuyo relieve se recorta en el marco de saberes que la exceden, pero que no son por completo ajenos a la profesión. Ya hemos señalado la importancia de la interdisciplinariedad y del diálogo interideológico. Pero, además, la especificidad del saber profesional se construye en la experiencia y diálogo con la realidad social, con sus contradicciones, conflictos y transformaciones. De modo que el saber propio de la profesión se enriquece y se transforma en la práctica cotidiana y en el contacto con las cambiantes condiciones sociales.

Teniendo en cuenta estas salvedades, podemos todavía valernos de la analogía con la propuesta de Lyotard a propósito de la pragmática científica. Junto a los enunciados proposicionales, prescriptivos y metaprescriptivos, el autor admite la existencia de otro tipo de enunciados a los que denomina “paralógicos”. Estos se caracterizan porque escapan a la lógica del juego de lenguaje, introducen una diferencia, es decir que no responden a las normas y reglas que ordenan el funcionamiento ordinario de un ámbito determinado de la pragmática científica. En muchos casos estos enunciados constituyen verdaderos sinsentidos y no son tenidos en cuenta, no tienen relevancia para el desarrollo del saber y de las prácticas dentro de un campo profesional. Pero existe la posibilidad de que algunos de esos enunciados, a pesar de transgredir las reglas, pongan de manifiesto una diferencia significativa y, por su importancia, sean tenidos en cuenta. En estos casos, la diferencia de que son portadores hace necesario inventar y/o modificar las reglas y normas –enunciados prescriptivos y metaprescriptivos– que ordenan el funcionamiento habitual de ese juego de lenguaje. Lo que en última instancia resulta transformado es el juego mismo, ya que enunciado paralógico obliga a introducir modificaciones en las prescripciones que establecían los límites de lo permitido y lo no permitido, de lo que se consideraba bueno y malo dentro de ese juego de lenguaje. El juego ya no es el mismo, es otro. Según Lyotard, gracias a estos enunciados se introduce la novedad en la pragmática científica y el saber avanza. Asimismo, se recrean constantemente las reglas de juego de la pragmática social, no sin generar tensiones y conflictos.

De manera semejante, el profesional del Trabajo Social, que en su práctica cotidiana está atento a las transformaciones de la dinámica social y tiene aguzada sensibilidad para captar y comprender las necesidades emergentes, desde el mismo momento en que debe enunciarlas, esto es expresarlas en un lenguaje significativo, está provocando esa tensión que señala el surgimiento de algo diferente, nuevo. Está señalando la necesidad de ampliar los límites del saber profesional, de buscar nuevos modos de comprender y de dar respuestas a situaciones inéditas, y junto con ello está demandando la reformulación de valores, principios y normas, o bien la formulación de otros nuevos.

Estas cuestiones han sido señaladas en el terreno de la reflexión ética por filósofos latinoamericanos. En efecto, las posiciones éticas de Arturo Roig, Franz Hinkelammert y Enrique Dussel recogen la tradición latinoamericana de una Ética Social y de una teoría de los valores, ambas comprometidas con la liberación. Construyen sus propuestas a partir de la experiencia dolorosamente vivida de postergación social, dependencia económica, subordinación política y dominación cultural de los países de nuestra América. Constituyen un momento de autoafirmación, de esclarecimiento y denuncia, que alcanzan formulación teórica y dialogan desde un enfoque crítico respecto de las principales teorías éticas contemporáneas. En cuanto reconoce en el punto de partida, en un caso, la dimensión moral del a priori antropológico; en otro caso, la vida humana desamparada, y en otro la situación de las víctimas de los sistemas opresivos, ponen en evidencia aquella tensión desde donde es factible intentar una respuesta con contenido histórico concreto a la pregunta por los valores y por el principio normativo del obrar. Ello no implica el olvido de la exigencia de universalidad, también necesaria al momento de definir valores y señalar criterios de normatividad. Pero la aspiración a la universalidad se abre –emerge– desde la afirmación de la propia diferencia (Fóscolo, 2006, pp. 111-133).

Las consideraciones anteriores no hacen más que poner de relieve la particularidad de la ética profesional del Trabajo Social que, como ya se dijo, puede ser entendida como un caso de Ética Aplicada y, al mismo tiempo, vinculada a la problemática de la Ética Social. Asimismo, se hace evidente la importancia del ejercicio cotidiano de la hermenéutica crítica a fin de evitar la naturalización de situaciones de injusticia, exclusión y desintegración social, por el estancamiento o carencia de referentes ético-normativos que permitan interpretaciones adecuadas de la problemática ética específica del Trabajo Social.

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