Las condiciones de trabajo en las fuerzas de seguridad durante la pandemia
de SARS COVID-19 (2020-2021)

Brígida Renoldi, Virginia Bertotto y Diego Bogarin

Introducción

Este artículo presenta aspectos relevantes del trabajo de campo realizado en el marco del PISAC 2021 “Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias. Un estudio interdisciplinario, multidimensional y comparativo de las formas de intervención de las fuerzas de seguridad y policías en contextos de vulnerabilidad en la Argentina de postpandemia”, específicamente en Misiones, Corrientes y Chaco^[1]. Estas provincias, que componen la región del Nordeste argentino, tienen la particularidad de limitar con Paraguay y Brasil en gran parte de sus fronteras.

La provincia de Misiones linda con la de Corrientes a lo largo de 90 km de frontera dentro del territorio nacional. Está delimitada por los ríos Paraná al oeste, Uruguay al este e Iguazú al norte. 1200 km de la provincia limitan con Paraguay y con Brasil, países con los cuales hay un rutinario intercambio mercantil y una dinámica de circulación de personas continua que fueron parcialmente suspendidos durante la pandemia.

Posadas, capital de Misiones, situada al sur oeste de la provincia, limita con la ciudad paraguaya de Encarnación, y registra aproximadamente 319.469 habitantes. Cuenta con las Unidades Regionales I y X. La UR I aglutina 13 comisarías, una de ellas de la Mujer, y la UR X, concentra 5 comisarías, una de las cuales es específica de la Mujer. También cuenta con escuadrones de la Gendarmería Nacional, destacamentos de la Prefectura Naval y regimientos del Ejército, además hay un cuerpo de Bomberos Voluntarios muy activo.

Por su parte, Corrientes y Resistencia son las ciudades capitales de las provincias de Corrientes y Chaco respectivamente. Localizadas a una distancia de 20 km y vinculadas por el Puente General Belgrano y la RN 16, conforman una región metropolitana que se extiende –de forma discontinua– por unos 60 km de largo y que abriga a más de 700 mil personas. Como áreas metropolitanas aparecen conformadas por varias ciudades. El Gran Corrientes está compuesto por Corrientes Capital y por otras localidades ubicadas hasta 60 km de esta, asentamientos conectados por rutas nacionales y provinciales.

Gráfico 1

Elaborado por Ezequiel Ledesma en base a datos del INDEC.

Para llevar a cabo el trabajo y alcanzar los objetivos del proyecto marco se escogieron las tres ciudades capitales de las provincias, además de conglomerados significativos por su relevancia socioterritorial y su inscripción fronteriza estratégica. En dichos lugares y en diferentes momentos del 2021 se desarrollaron jornadas de observación en diversos contextos habitacionales y pasos fronterizos, se realizaron entrevistas semiestructuradas con interlocutores clave de diferentes ocupaciones y condiciones socioeconómicas, referentes de organizaciones sociales, funcionarios de organismos públicos e integrantes de diferentes fuerzas, y se desarrolló una permanente revisión de información publicada en medios de comunicación.

A partir del análisis presentado en el informe final del PISAC, en este capítulo nos interesa exponer cómo fue experimentado el trabajo por parte de las fuerzas policiales y de seguridad ante las medidas ligadas a la emergencia sanitaria por COVID19, los cambios y continuidades respecto a sus tareas, la relación con la población y con otras instituciones y la percepción de los riesgos en sus labores. Para la presentación de estos puntos que bucean en las experiencias significativas de las personas entrevistadas, daremos centralidad a la voz de las/os propias/os agentes y desarrollaremos cuatro apartados que darán cuenta de ello: se abordarán 1) percepciones y relatos sobre los modos en que se reconvirtió la tarea policial, 2) las nociones de cuidado y de atención hacia los integrantes de las fuerzas y 3) las estrategias de las instituciones para seguir accionando durante las etapas de aislamiento y distanciamiento social.

La pandemia significó un gran desafío para la vida a nivel planetario y obligó al despliegue de estrategias biopolíticas que se tensionaron con las tendencias necropolíticas del momento, algunas de las cuales se afianzaban en la resistencia a tomar medidas rigurosas que ayudaran a evitar la propagación de un virus hasta entonces letal (Foucault, 2007, 2006; Agamben, 1998; Mbembé, 2011). Ambos conceptos, inspirados en la obra de Foucault, nos sirven de referencia para poder entender las condiciones de desigualdad en las que se enmarcaron las diferentes respuestas a la pandemia por parte de la población. En particular, la provincia de Misiones fue testigo de los diferentes modos de gestionar los problemas que desencadenó la pandemia, sobre todo por los países vecinos. En su condición de frontera internacional, requirió medidas específicas que, en algunos casos, exigieron poner en suspenso las leyes para poder resolver conflictos a nivel local.

Queremos señalar que pensamos y usamos el concepto de frontera más allá de su referencia a una línea geopolítica que tiene como finalidad separar un estado de otro. Como hemos trabajado anteriormente (ZEM 2022a, 2022b) este concepto reúne y tensiona componentes legales, culturales, sociales y económicos. La frontera, más que revelar diferencias las produce en simultáneo a la continuidad entre las diferencias en un territorio específico^[2]. En su doble destino, el de definir divisiones y conexiones, las fronteras se constituyen “marcadas por tensiones entre prácticas de reforzamiento y prácticas de atravesamiento” (Mezzadra y Neilson, 2013: 21), es decir, prácticas que instituyen los límites fronterizos, los problematizan o los ignoran.

Como tantas expresiones humanas, y siguiendo a Lévi-Strauss, las fronteras son buenas para pensar. Esta es la premisa implícita en la propuesta de Mezzadra y Neilson cuando invitan a tomar la frontera como método, lo que implicaría “suspender, para evocar una categoría fenomenológica, el conjunto de prácticas disciplinarias que presentan a los objetos de conocimiento como previamente constituidos e investigar, en cambio, los procesos a través de los cuales estos objetos son constituidos” (Mezzadra y Neilson, 2017: 37).

Así, entendemos que la experiencia de trabajo de las fuerzas policiales y de seguridad en el contexto de pandemia, estará orientada por determinados repertorios morales (cf. Noel, 2012) y particulares sensibilidades jurídicas (cf. Geertz, 1994) en el contexto específico de frontera. Son las experiencias vividas por los agentes de seguridad –que nos ocuparemos de presentar a continuación– las que conforman sentidos acerca de los repertorios y de las sensibilidades jurídicas (como aquellas valoraciones sobre lo que es correcto, incorrecto, moral o inmoral, justo o injusto) y no el marco normativo que suele ser vehiculizado por las narrativas estadocéntricas en los contextos de frontera (ZEM, 2022b). Como bien señala Pereira Rivas:

[…] ellos [los agentes de GN y PNA], más que ningún otro tipo de sujeto fronterizo, viven en su proceder habitual, la ambivalencia de este espacio. Pues, si bien fuera de su ámbito laboral, son habitantes de frontera como cualquier otro, para el resto de la población, continúan siendo considerados como quienes representan por excelencia la autoridad de los Estados centrales involucrados; enfrentando diariamente los límites de acción que los márgenes jurisdiccionales de cada país les imponen, y debiendo interpretar (y muchas veces reinterpretar controvertidamente) sus normas, para hacerlas cumplir en un contexto local sumamente complejo y dinámico (Pereira Rivas, 2019: 9).

La frontera define la manera de traspasar sus propios límites, es decir, los modos de circulación legítimos y no legítimos, tanto de bienes como de personas. Esta circulación es objeto de control en el marco de un estado de derecho, donde la administración, distribución y ejecución de la coerción física expresa la dimensión de la política de estado vigente (Frederic, 2014). En este contexto, la situación de pandemia implicó una reorganización de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad que puso en un primer plano el papel de los agentes, y los enfrentó con el alcance de sus acciones, así como con las consecuencias de las mismas.

Compartimos a seguir sus experiencias.

Del monitoreo de la circulación de personas a los nuevos circuitos de las mercancías

Los problemas que acarreó el Covid-19 fueron enfrentados con cierta improvisación por todos los agentes que tuvieron que dar respuestas inmediatas en un escenario de evolución imprevisible. Hubo que reconstruir circuitos administrativos, reemplazar el papel por información digital, reconsiderar prioridades y jerarquías frente a los riesgos, agilizar la comunicación, propiciar la cooperación, y todo tendía a la desmaterialización de la burocracia, no sólo por la evitación del papel, cuyos contenidos pasaron a ser digitales, sino también porque los espacios físicos fueron suspendidos y reemplazados por relaciones virtuales. A las demandas que se presentaron en torno a las funciones propias de la institución policial se agregó la incertidumbre y roles ad hoc que los trabajadores esenciales tuvieron que desempeñar, más allá de lo específico.

Los entrevistados de los ámbitos de seguridad que visitamos coincidieron en que, durante la etapa analizada, su trabajo fue mayor y surgieron responsabilidades nuevas, puesto que a las funciones policiales se agregaron tareas ligadas a controlar el cumplimiento de las normativas sanitarias. Como señalaba el jefe de una Unidad de la Policía de Misiones:

En esta época todos los operativos rondan a eso: a exigir las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social, a pelear contra lo que son las fiestas clandestinas, por ahí hay más operativos en los cajeros, en lo que es la época de cobro, que la gente mantenga la distancia, el uso del barbijo, lo mismo en los comercios.

Durante el período de referencia, el territorio urbano resultó fragmentado mediante diferentes estrategias para visibilizar las fronteras de las zonas distribuidas y cubiertas o atendidas por las fuerzas policiales y de seguridad. Las tareas se orientaron a restringir el acceso y la circulación hacia las áreas centrales que concentran la mayor parte de los servicios. Ante las medidas de Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO y DISPO, respectivamente), y de manera diferencial según las decisiones tomadas por los gobiernos provinciales en distintas jurisdicciones, las fuerzas policiales y de seguridad desplegaron operativos para monitorear la circulación y prevenir la aglomeración de personas, mediante retenes, puestos de control y bloqueo de caminos de acceso a áreas determinadas de las ciudades, orientando la circulación por pasos únicos y accesos regulados temporal y espacialmente.

En las áreas metropolitanas de Posadas, Resistencia y Corrientes, compuestas por varias administraciones municipales que integran la región interprovincial, así como también en localidades con grandes extensiones de caminos rurales, sus límites administrativos se materializaron mediante puestos de control y cierres de caminos con los que gestionaron el paso de un lado al otro, de manera coordinada entre policías provinciales y otras áreas de gestión, por ejemplo, bloqueando caminos con montículos de tierra preparados con maquinaria pesada de Vialidad Provincial o de Obras Públicas Municipales. Así, el acceso a los centros urbanos donde se encuentra emplazada la mayoría –o la totalidad– de los cajeros automáticos, comercios, atención médica, farmacias e instituciones administrativas estatales, se vio restringido por los puestos de control dispersos en puntos neurálgicos de las ciudades.

El aislamiento físico de los barrios periféricos, mediante el cierre de calles principales de acceso, se justificó por ser barrios considerados como focos de infección. El hacinamiento, el déficit en servicios como agua y conectividad, la falta de trabajo y las necesidades básicas de esta población, fueron tomados como indicadores de propensión al contagio. En ciudades con menor población se reforzaron los puestos de control en sus puntos de acceso y salida, así como en la conexión con rutas nacionales o provinciales. En el momento de mayor vigilancia durante la propagación acelerada del COVID19 hubo un aumento de retenes para realizar controles vehiculares por parte de las fuerzas federales y provinciales, sobre todo para verificar los permisos de circulación.

Sobre el ingreso de extranjeros al territorio nacional, el gobierno nacional emitió el DNU 274/20 y otros para restringir los pasos fronterizos. Sólo quedaron habilitados los accesos por el aeropuerto de Ezeiza y el Puerto de Buenos Aires, así como Buquebus (compañía que conecta Uruguay con Argentina), para el retorno de argentinos que se encontraban en el exterior. Esto afectó especialmente las localidades de Misiones con pasos internacionales de gran movimiento, como los terrestres ubicados en Posadas (Arg.)-Encarnación (Py.), Iguazú (Arg.)-Foz (Br.), Bernardo de Irigoyen (Arg.)-Dionisio Cerqueira (Br.), y los fluviales como San Javier (Arg.)-Porto Xavier (Br.). Los pasos fronterizos no fueron interdictados para la circulación de mercaderías, que continuaron alimentando el flujo de importación y exportación. Pero, las restricciones en todos los pasos internacionales oficiales condicionaron sensiblemente el comercio no declarado de pequeña escala, sostenido por paseros y/o bagalleros^[3], quienes acudieron a pasos alternativos –la mayoría preexistentes al cierre de los pasos legales– para continuar con los intercambios que garantizaban su sustento. Parte de las situaciones que encuadramos como violencia en esta indagación, responde a escenarios que involucran prácticas evasivas de los controles transfronterizos, como se expondrá más adelante.

El trabajo de las fuerzas de seguridad difiere entre las ciudades más pobladas de la región y las menos pobladas (pueblos y ciudades chicas comparadas con la capital): según el contexto cambian los tipos de situaciones a resolver, la cantidad de personal y las funciones que cumplen en el marco de la intervención, como así también la relación que establecen con los habitantes. Mientras en ciudades como Corrientes, Resistencia, Puerto Iguazú y Posadas las situaciones de tensión se desarrollaron principalmente en contextos urbanos (fiestas, circulación por espacios públicos, aglomeraciones deportivas y espacios de recreación), en los pueblos o ciudades menores parte de los conflictos se concentró en áreas rurales y en torno al tránsito por rutas provinciales y nacionales.

En las entrevistas realizadas tanto a agentes de las fuerzas como a la población civil encontramos coincidencias en la percepción sobre la desigual presencia de agentes uniformados en espacios públicos céntricos y en barrios populares periféricos. A estos últimos, en algunos casos, ni siquiera podían ingresar los vehículos dadas las condiciones deterioradas de las calles, situación que se vio agravada por varios factores, entre ellos la reducción de turnos de trabajo en las áreas de gobierno locales a cargo del mantenimiento de los caminos y la paralización de obras por reducción de recursos que habían sido redireccionados a las tareas preventivas, compra de insumos y mejora de las infraestructuras sanitarias. Esto apenas pone de manifiesto las dificultades de conectividad en todo sentido que afectaron a la población más carenciada y que, en la mayoría de los casos eran preexistentes a la emergencia sanitaria.

Los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad notaron una reducción de delitos de todo tipo, contra la propiedad y contra normas federales, y atribuyeron parte de esa caída al hecho de que las tareas se orientaron, principalmente, a las restricciones de circulación y a la persecución del comercio ilegal entre ciudades fronterizas. Un juez de instrucción de Misiones con el que establecimos contacto sostuvo que:

Hubo etapas de reacción social frente a la pandemia muy marcadas de acuerdo al estadio que se iba transitando, de los cierres, los bloqueos, las restricciones sanitarias y demás. Al principio de la pandemia, durante los primeros dos meses o tres meses, es como que la sociedad reaccionó ante lo desconocido acatando en gran medida las restricciones sanitarias que se iban imponiendo, del aislamiento, del distanciamiento social. Entonces, esos primeros dos meses, dos meses y medio, es como que se veía muy poca gente en la calle. En ese sentido, impactó en una reducción significativa de los índices delictivos, especialmente de los delitos contra la propiedad. Nosotros notamos una cierta calma dentro de lo que era la actividad judicial del juzgado. Eso fue durante los primeros dos meses, después vimos que se empezó como a reactivar la actividad delictiva, pero siempre dentro de los parámetros a los que ya estábamos acostumbrados.

Un dato que consideramos relevante traer a colación, como puso de manifiesto el magistrado, es que personas sin antecedentes penales comenzaron a incurrir en actividades delictivas durante la pandemia, atendiendo a los efectos que tuvieron las medidas sanitarias en las economías domésticas durante el ASPO:

marzo-abril fue como una parálisis total a nivel social de todo. A mediados de mayo-junio fue que empezaron el tema de los suicidios y a incrementarse progresivamente la actividad delictual […] porque a mí me da la impresión de que la gente comenzó a sentir el impacto de la parálisis económica […] y ahí es donde empezamos a ver delitos contra la propiedad sobre todas las cosas, y vimos mucha gente que no tenía antecedentes.

Una vez pasados los primeros meses de restricciones se normalizaron las prácticas de comercio no declarado, ilegales y prohibidas. Los entrevistados hicieron referencia reiterada al incremento del contrabando de exportación en pequeña y gran escala (esta última principalmente de soja acopiada en la provincia de Misiones y proveniente de las zonas productoras). Además, de modo general, se reconoció un incremento de la población adolescente y juvenil involucrada en tareas de carga y transporte de mercadería de contrabando. Desde las instancias de seguridad se detectó un aumento de delitos contra la propiedad en ámbitos rurales: abigeato (interior de Corrientes) y robo de plantines de yerba (en Misiones), lo que dio lugar a la creación de una División para la investigación de delitos rurales dentro de la policía provincial.

Por su parte, entrevistados de sectores populares, de organismos del estado y de las mismas fuerzas de seguridad aseveraron que hubo actividades comerciales informales e ilegales durante todo el periodo, sobre todo en las concentraciones urbanas en frontera internacional, hechos oportunamente relevados por diarios locales e inclusive nacionales que ponían en evidencia la porosidad de la frontera. Personal de una de las fuerzas de seguridad afirmó que “el que quiera decir que hoy por hoy no hay contrabando hormiga está mintiendo”. Cabe destacar que no hay registros del número de personas que depende de estas actividades para la subsistencia. Sin embargo, puede estimarse que la remuneración obtenida por este tipo de comercio, encuadrado como contrabando, forma parte de la economía doméstica de numerosas familias, como sostuvieron personas entrevistadas de la sociedad civil y agentes de seguridad provinciales y federales en la provincia de Misiones. A partir del análisis de las entrevistas realizadas podemos concluir que, aunque la actividad de contrabando fue objeto de control asiduo y ocupó un lugar primordial en la agenda de las fuerzas de seguridad, los agentes lo identificaban (sobre todo el contrabando a pequeña escala, conocido como contrabando hormiga) como una consecuencia directa de la crisis económica que atravesaban las economías domésticas. En este sentido, retomamos una de las conclusiones de Renoldi acerca de las fronteras objeto de este artículo, quien sostiene que:

La dinámica de flujos que se da en esta frontera a menudo lleva a las personas que trabajan en los controles a redefinir los términos legales, creando un tipo de derecho local que utiliza el derecho nacional (Código Penal de la Nación) a través de la percepción y análisis de las situaciones particulares e históricas del lugar, así como de la relación que se establece con las personas en cada momento (relaciones que no siempre existieron ni tampoco siempre se proyectan en el tiempo) (Renoldi 2006: 114).

Efectivos de la Prefectura Naval afirmaron que en este periodo comenzó a detectarse el uso de motos de agua para el traslado de mercancías varias a través de los ríos fronterizos Paraná, Iguazú, Uruguay, y estos medios fueron los más utilizados para estas formas de contrabando. Según los entrevistados, entre los elementos confiscados se incautaron cargamentos de marihuana y cigarrillos provenientes de Paraguay, mientras vinos, aceites y otros productos comestibles pasaban de diferentes modos, informales e ilegales, hacia Brasil y/o Paraguay. Cabe destacar que el contrabando de este tipo de mercancías de Argentina hacia los países limítrofes es presentado como una novedad por el personal de las fuerzas, y se enfatiza sobre la logística y organización que este tipo de tareas requiere:

Ahora sí tenemos problemas de mercadería que quiere salir y de mercadería que quiere entrar de Brasil para Argentina, o que triangulan Ciudad del Este [Py.]-Foz [Br.]-Iguazú [Ar.], ese es el mayor problema que tenemos, con eso que trae aparejado mayor cantidad de gente, vamos a decirle trabajando, contrabandeando sobre la costa, son volúmenes de cargas grandes que quieren salir: aceite, harina, papa, todo eso, que quiere salir; lo que implica mayor cantidad de personas transportando desde el lugar hasta el río esa carga, ese problema no lo teníamos antes (…). Mercadería aquí entraba electrónica, ropa, cigarrillos. Eso no ocupa tanta cantidad de gente trabajando, no tiene la logística por ahí, tanta cantidad de gente trabajando en la logística del transporte de la mercadería que entra cuando toca costa en Argentina hasta que la llevan a un depósito, la cargan a un remís o lo que sea. Seis, siete estibadores, como comúnmente se los llama, que llevan la mercadería al hombro desde la costa hasta el remís, el depósito, lo que sea. Nosotros ahora, cuando empezó la pandemia, hemos tenido secuestros de gran volumen de carga que sale [del país].

Inclusive, en los primeros meses de cuarentena se conoció, a través de los medios de comunicación, el uso de lanchas a escala, manejadas a control remoto, para cruzar artículos de informática, como celulares, a través del río Iguazú, en la frontera norte de Misiones. La velocidad de las embarcaciones de Prefectura Naval y la extensión del borde fronterizo no permitieron un control total del espacio utilizado para este comercio. Al respecto, los agentes de las fuerzas de seguridad consultados en Puerto Iguazú y Posadas señalaron que las lanchas oficiales no pueden navegar en zonas poco profundas, lo que impidió en algunos casos intervenir rápidamente.

Nos parece importante señalar que, dentro de las intervenciones que previenen las actividades delictivas, el control sobre el contrabando en una región de frontera internacional, como lo es la provincia de Misiones, implica una exposición importante por parte de los agentes de seguridad, y los mismos lo han puesto de relevancia en las entrevistas realizadas durante la investigación. Un personal de la Prefectura decía al respecto:

El que está en el contrabando siempre es violento […], algunos corren o buscan evadir, pero por lo general se dan agresiones de parte de la persona que está en la costa hacia la patrulla, con piedras, con palos, con insultos, con armas de fuego […] Ellos no quieren perder su mercadería, sea lo que sea, y buscan evadir por un medio o por otro y por lo general cuando se sienten muy acorralados recurren a la violencia. […] Se da la situación muy particular que te agreden desde las dos costas [Brasil y Paraguay]. Vos quedas encerrado entre el fuego de la otra costa, que no podés tirarle porque no sabes a qué le vas a tirar, aparte es otro país. No podés tirar, no sabes a qué le vas a pegar, a qué le vas a tirar y si a lo que vos le estás tirando es al que te está tirando o es otro que está desarmado al lado. Pero el otro lado te va a seguir agrediendo y te agreden de este lado. Y como te digo, te agreden de este lado y hay muchas casas, mucha vivienda precaria, mucha gente y los enfrentamientos son todos a la noche, entonces no sabés tampoco quién te está tirando, si hay más gente, seguro que va a haber más gente, no podés tirar.

En zonas rurales los entrevistados manifestaron haber sumado a sus funciones acciones de promoción de la salud, respecto al Covid-19 y sus efectos, facilitando la interpretación de la información difundida y disponible, lo que era, en la mayoría de los casos, bien recibido por parte de la población. Como comentaba una subcomisaria de la provincia de Corrientes:

Esta es una zona rural, y en la idiosincrasia de la gente está el respetar a la policía, lo que facilitó mucho el trabajo, por la escasez de recursos humanos. Además, se le puede hablar a las personas. Les hablamos sobre el coronavirus, cómo cuidarse, trabajamos de manera articulada con el intendente, hacíamos comunicados por la radio, dirigiendo mensajes con las medidas a la comunidad. Las personas cumplían a rajatabla.

En la mayoría de los lugares relevados los agentes afirmaron haber sido bien recibidos y no haber encontrado resistencia. En general reconocieron que hubo cooperación por parte de la población y apoyo cuando fue requerido. Algunos agentes incluso reconocían como un aspecto positivo de estas nuevas tareas el acercamiento, como señalaba un gendarme sobre la percepción de la población hacia las fuerzas:

Yo particularmente en mi opinión, pienso que sí, netamente positivo porque más allá de que uno salga a hacer controles y esas cosas, siempre hace intercambio con la sociedad, intercambia palabras. Vos al momento de controlar hablás cualquier cosa con la gente, entonces te insertás un poquito más con la sociedad en la que estás viviendo. La sociedad nos manifiesta, uno lo ve cuando va a la carnicería, al kiosco, y te conocen y te saludan, y te dicen ‘lo felicito por el trabajo que hacen’.

Una lectura similar compartió uno de los comisarios entrevistados, quien puso en relación el papel de los medios de comunicación con la imagen proyectada del trabajo de las fuerzas de seguridad en el contexto de pandemia:

Te puedo comentar que [el trabajo de la Policía] se tomó bien, muy bien y hasta excelente, porque parte de la sociedad escucha radio, y en la radio lo que opinaban era que el trabajo de la policía era excelente (…) hasta inclusive la radio le culpaba a la gente (…) y radios conocidas criticaban a la gente, se criticaba a la población, como diciendo ‘che, la policía está trabajando y la gente no dimensiona lo que era la enfermedad esta, entonces se tiene que ayudar entre todos’. Si yo te estoy diciendo como policía ‘colocate el barbijo’, y me alejo y te sacás, la responsabilidad pasa a ser de la persona también.

Un funcionario del Poder Ejecutivo a cargo de un área de Seguridad en la provincia de Misiones sostenía:

Yo creo que desde que comenzó la pandemia se tuvo otra visión, no solamente del policía, sino al de Salud Pública. Se vio lo que representaban mientras que todos estaban en sus casas, quiénes estaban al frente, combatiendo, por un decir, con este enemigo invisible, porque no sabes de dónde puede venir. Por supuesto, cambió la forma de mirar [a las fuerzas] de muchos. Es más, sé que hay gente que agradeció, que está constantemente agradeciendo las distintas intervenciones. Cambió mucho la visión, hubo un acercamiento mucho más contundente, más visible.

En zonas urbanas los agentes reconocieron que los barrios más conflictivos, por lo general ubicados en espacios con déficits de servicios y habitados por personas con trabajos informales, las dinámicas no variaron mucho con las que caracterizaban la prepandemia, aunque en algunos casos se observó el aumento en la frecuencia de disturbios, problemas entre vecinos y entre familiares, debido a las condiciones deficitarias de las viviendas y al hacinamiento. Cabe señalar que el eslogan quedate en casa pudo llevarse adelante de manera medianamente satisfactoria en los sectores medios que habitan en espacios que permiten cierta intimidad, aún dentro de la misma vivienda. Pero, quienes habitan en condiciones de pobreza caracterizadas por viviendas con déficits de servicios, trabajo discontinuo y con varios integrantes, que hacen uso de espacios pequeños, el encierro vino acompañado de crisis familiares rotundas que en algunas situaciones incluyeron expresiones violentas al punto de requerir intervención policial. En el caso de Misiones, la Línea 137 que recibe alertas por violencia de género desde 2014, registró un aumento de llamadas, en su mayoría realizadas por mujeres que denunciaban abuso por parte de sus concubinos, quienes la mayor parte de las veces las agredían en estado de ebriedad. Un cabo de una Comisaría en la ciudad de Posadas, Misiones, decía:

Y sí, la situación acá se volvió conflictiva con la pandemia, en el encierro, al principio, hubo muchas denuncias por violencia familiar, y como éste es un lugar donde la gente no tiene esparcimiento. Fijate que no hay plazas, hacen quilombo en la escuela, usan el wifi, los lugares para jugar adentro usan para jugar ellos. La directora se vive quejando, o los vecinos denuncian que van a hacer desastres, y bueno, es la única forma en que los chicos pueden jugar ahí, porque el barrio no tiene lugar de esparcimiento.

Desde las fuerzas de seguridad indicaron que el grupo más problemático, en cuanto a la adhesión a los protocolos, fue el de los adolescentes, mientras que el resto de la población se mostraba más predispuesto a cumplirlos. Un sargento de la Gendarmería que prestaba servicios en Puerto Iguazú, Misiones, comentaba que los jóvenes eran quienes presentaban resistencia a las directivas:

En la madrugada, más los fines de semana, ellos no acataban las órdenes. Hacían fiestas, salían a comprar bebidas alcohólicas o a conseguir bebidas alcohólicas. Con los que más hemos tenido problemas ha sido con ellos, con los jóvenes. Después con la gente mayor y eso no hemos tenido prácticamente inconvenientes, porque la gente grande se cuidó, se sigue cuidando hasta el día de hoy. El mayor foco está en los adolescentes que por ahí los fines de semana no les interesa mucho. [La reacción] era mala, siempre decían que estaban cansados de estar encerrados. Nosotros solamente cumplíamos nuestra función y hacíamos lo que teníamos que hacer.

Al mismo tiempo, un cabo de Policía de Misiones, prestando servicio en Posadas, nos compartía su percepción respecto a la imagen de la población hacia los policías durante la pandemia:

La mayoría piensa que somos todos unos hijos de puta, se toman re mal, no nos quieren, porque han cambiado los permisos, los horarios para los trámites, compras. Aumentó el odio de la población hacia nosotros. Piensan que somos nosotros los que no le dejamos salir a la calle, o que circulen por el barrio. Nosotros no tenemos nada que ver con la pandemia, piensan que lo hacemos a propósito.

Por último, en algunos testimonios quedó de manifiesto cómo las representaciones diferenciales del trabajo de las fuerzas de seguridad aparecían ligadas a condiciones propias de cada civil. Un agente de la policía de Misiones atribuía la percepción negativa del trabajo de las fuerzas al estrato social de esas personas: “Depende del público. Para el que anda en la mala, sí, obviamente que siempre somos rechazados por ese tipo de personas”. Por su parte, el jefe de una Dependencia de la Policía de Misiones, consultado sobre cómo creía que la población civil veía la tarea desarrollada por la fuerza, decía:

Y… [suspira] mirá. Nosotros que andamos mucho, y de otros lugares también, yo creo que la gente de bien, la gente trabajadora, que tiene cultura, que tiene educación, el 99%, nos califica bien, reconoce el esfuerzo que se hace. Siempre va a haber falencias, obviamente, pero reconoce y toma bien el trabajo que llevamos a cabo en la institución. Después vas a escuchar, se escuchan comentarios, viste, por ahí en contra, pero, por eso aclaré al principio, la gente de bien no tiene problemas. Por ahí los que se quejan son los que andan en falta o los que ya no tienen cultura.

El bien y el mal son asociados a lo legal y a lo ilegal, y la cultura (o no tenerla) parece ser el hilo que lo enhebra todo. Y cultura tiene quien tiene educación y trabajo. El que anda en la mala, recurre a lo ilegal. En consecuencia, rechaza a la Policía, que tiene el poder de mandar a prisión a los desobedientes legales. Por lo tanto, fue notoria la manera en que las medidas que tuvieron que adoptarse en pandemia, requirieron definiciones esenciales que fueron resueltas durante la gestión de esas medidas. Las instituciones policiales y de seguridad fueron imprescindibles para aplicar las restricciones, y esa tarea se asentó sobre criterios morales y juicios preexistentes, o estereotipos, que adecuaban el rigor según el contexto de aplicación y el tipo de persona que se encontraba en infracción. Para comprender estos procedimientos es preciso entender que la noción de estereotipo:

[…] aparece como síntesis de información que fue relacionada de alguna manera para interpretar e intervenir en situaciones precisas. Es decir, es un elemento más de síntesis de procesos y relaciones en el tiempo y los lugares, y pasible de ser explicitado como referencia válida por quienes los utilizan. No es lo único que opera, ni siempre es una herramienta eficaz. Constituye un referencial más entre otros a veces no explicitables (Renoldi, 2006: 122).

Sobre los cuidados de los agentes

En líneas generales, la pandemia impulsó una reconfiguración de tareas al interior de las policías y fuerzas de seguridad, con el fin de orientarlas a responder ante situaciones que escapaban a lo previsible, dado que todos los días se presentaban escenarios nuevos y mucha información, a veces contradictoria, con respecto a las características del virus y a las medidas preventivas a adoptar. En las entrevistas realizadas, algunos miembros de estas instituciones afirmaron que el tiempo disponible para preparar al personal fue insuficiente frente a los desafíos de la pandemia. Reconocemos así que las directivas respecto de cómo intervenir ante cada caso identificado como problemático variaron de institución a institución. Este aspecto fue señalado con frecuencia por nuestros interlocutores, quienes al panorama de incertidumbre respecto a cómo proceder, sumaron el temor de estar expuestos permanentemente al contagio, ya que la mayoría de las tareas enfrentadas por los agentes de las fuerzas de seguridad se desarrollaron en espacios públicos, donde se percibía un mayor riesgo de contagio.

Al ser responsables de mantener el ASPO y el DISPO, los efectivos entrevistados advirtieron una sobrecarga en sus funciones que, además, fue acompañada de cierta incertidumbre y de un malestar generalizado de la población. Esto se tradujo muchas veces en malos tratos o incomprensión ante las medidas de seguridad establecidas por el gobierno nacional o por los gobiernos locales. Algunos señalaron el desconocimiento generalizado de la población respecto de las medidas:

Si bien a nosotros nos llegaba de forma oficial la actualización de las medidas de seguridad, en los controles, en los puestos, nos dábamos cuenta de que mucha gente estaba perdida, que no sabía qué podía y qué no podía hacer.

En varias ocasiones, sí, se habló de la ausencia de un protocolo formal de actuaciones policiales, mencionando que se establecían las órdenes, pero no se clarificaba el cómo de las medidas de seguridad planteadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Un policía entrevistado en Puerto Iguazú afirmó que “nunca hubo algo claro de cómo cuidarse”. Esta condición de exposición e incertidumbre tuvo su incidencia en las relaciones familiares de los efectivos policiales, que se tornaron la principal amortiguación para los trabajadores esenciales también en otros rubros. Allí, las tensiones por los riesgos y conflictos protagonizados tanto en los espacios institucionales como en el espacio público devinieron en la disolución de vínculos afectivos en algunos casos.

Una subcomisaria de la provincia de Corrientes comentó sobre el nivel de improvisación que requirió preparar un protocolo de prevención que elaboró para su comisaría:

En mi Comisaría yo bajé toda la información que se manejaba a nivel internacional, y teniendo más o menos una idea de cómo se realiza un protocolo, armé un protocolo. Tomé lo que organizaron la policía de Buenos Aires, la Policía Federal, también me fijé protocolos de Francia, Japón, tratando de organizar un protocolo que se adapte a mi Comisaría, a mis recursos. Todo fue muy repentino, teníamos que actuar en función de algo que no conocíamos, y no teníamos a quién preguntar, porque todos estaban en la misma situación. Luego este protocolo que armé le pasé a varios compañeros para que les sea útil, porque todos nos tuvimos que arreglar.

Los entrevistados de Corrientes y Resistencia coincidieron en la falta de preparación para enfrentar el escenario pandémico. Adujeron que los avisos oficiales respecto a las medidas sanitarias llegaron tarde en cuanto a los recursos materiales para alcanzar los estándares mínimos de bioseguridad establecidos por estas normativas. La gestión de los recursos necesarios para el cuidado corrió por cuenta de los efectivos de cada unidad. Se consiguieron barbijos, alcohol, alcohol en gel y lavandina a partir de buenas relaciones y del intercambio de favores con el personal de instituciones públicas en las que prestan servicios (hospitales, salitas de primeros auxilios, también comercios privados donde hacen horas extra). Esto se expresa en los comentarios de la subcomisaria citada anteriormente:

Nosotros hicimos una colecta, compramos barbijos y alcohol. Hay una empresa de artículos de limpieza acá que nos donó alcohol, trapos de pisos, lavandina (…). Creo que no salimos preparados psicológicamente para estas circunstancias de la pandemia. Los camaradas de otras localidades me comentaban que mucho personal subalterno pidió certificado médico. Ante la situación de estar en la primera línea, sin recursos, la mayoría prefirió no concurrir al trabajo.

La recarga en las tareas orientadas a la seguridad sanitaria vino acompañada de cuadros de estrés laboral, cuadros de cansancio crónico y depresivos. Los entrevistados reconocieron la dificultad enfrentada para comunicar estos problemas en su contexto laboral o a los jefes. Esto, debido al compromiso laboral con los compañeros de trabajo y por las ausencias de efectivos enfermos de Covid-19. Un policía de Corrientes describía el contexto de exigencias así:

Hubo un momento que tuvimos que trabajar 48 por 48 [horas], porque los camaradas o se contagiaban o tenían contacto estrecho, y ya se tenían que aislar. Y los que quedábamos, trabajábamos más. Por eso el año pasado [2020] se cortaron las licencias y los permisos. Ahora ya volvió a la normalidad, y la gente tuvo que recuperar las horas de trabajo. A mí me pasó. Una vez trabajamos 15 días sin parar. Y pasó en varios lugares de la Policía.

Según las palabras de una de las comisarias entrevistadas, “la fuerza [policial] no puede parar, nunca puede estar cansada”. Los diferentes agentes de las fuerzas de seguridad acataron órdenes para contener a la población en un contexto muy crítico, orientándola al cumplimiento de los protocolos previstos a nivel nacional para la prevención del contagio. No fueron pocos los testimonios que dieron cuenta de esta situación de recarga. Un Juez de Instrucción de Misiones comentaba lo siguiente respecto a la fuerza policial:

Yo lo que digo es que el contexto en el que trabajan es desfavorable porque es lógico que en más de un caso vieron reducido el plantel de personas con las que estaban trabajando, porque tenían gente contagiada o que eran contactos estrechos con positivos, entonces por ahí nos dábamos cuenta que un oficial que estaba de guardia 24 horas seguía de guardia durante 48 o 72 horas porque su compañero se contagió y no pudo venir, hasta que le consiguieron un reemplazo y así.

Por otro lado, las mismas restricciones y medidas preventivas aplicadas al interior de los espacios de trabajo fueron leídas en las comisarías como adversas para desarrollar un ambiente laboral que pudiera regular el panorama hostil:

Ya no se puede compartir el mate dentro de la dependencia. Porque antes sí, vos hacías una reunión, aprovechabas y tomabas unos mates, vos veías que problemáticas tenías, que problemas tenemos en la división, cómo podemos solucionar, o podías hacer un almuerzo, una cena de camaradería, podíamos hablar de los problemas, y cómo los resolvías, o en otro rato te distendías, y bueno, ahora no se hace más eso.

Dado que la mayoría de los agentes activos concentró su labor en espacios públicos (espacios exteriores de libre circulación y de potencial contacto con gran cantidad de personas), el temor al contagio fue localizado principalmente en las tareas a cumplir en el espacio público (referido como calle) aun cuando las instituciones proveyeron materiales sanitarios. El jefe de una Unidad de la Policía de Misiones decía:

[…] para nosotros [hay riesgo] todo el tiempo, en la calle claro, porque nosotros tenemos contactos permanentes. Si vos haces un control vehicular, un control de documentación, o lo que fuere con la gente, tenés que tocar papeles, tarjetas, teléfonos, todo el tiempo estás en contacto, todo el tiempo estás poniendo las manos en algo que puede tener el virus. Nosotros al ser una división operativa tenemos un alto porcentaje de detenidos, en cuestiones de detenciones es cuerpo a cuerpo, es el roce inevitable, casi siempre forcejeo, la mayoría de las veces es forcejeo, estás muy pegado a la persona y no sabés si puede tener algo o no. Tampoco usan barbijo en la calle. Tanto en los procedimientos como en los controles estamos muy expuestos.

Si bien experimentaron temor al contagio en todas las situaciones de contacto, resaltaron con énfasis las interacciones en ámbitos hospitalarios al acompañar a los detenidos para los controles de rutina y durante los allanamientos. Como señalaba un sargento de Gendarmería que trabaja en Puerto Iguazú, Misiones:

Nosotros tuvimos que llevar a los detenidos a los hospitales, por ahí para hacerles un certificado médico o algo de eso, pero ahí capaz que sentí un poco de temor del contagio de lo que hay ahí en el hospital, nada más.

Por otro lado, cabe destacar que este desplazamiento hacia el espacio público –identificado como el más riesgoso por los trabajadores de las fuerzas– estaba paradójicamente relacionado a una medida preventiva para evitar contagios en ambientes cerrados, como son las oficinas. Un efectivo de la Prefectura Naval señalaba:

Después de ese día, que fue el 19 a la noche, que se hizo el decreto, el DNU, al día siguiente nosotros ya estábamos en servicio interno, que hacemos dentro de la dependencia, que es mantenimiento, o parte de oficina, todo acá [a nivel] interno, y desde ese momento automáticamente nos abocamos al servicio de patrullaje más que nada. Uno, para evitar tener tanta gente dentro de la dependencia, trabajábamos afuera y nos hacían turnos rotativos, por ahí uno la mañana, otro a la tarde, pero mayormente patrullaje en la ciudad, con los móviles alertando a la gente justamente sobre el decreto, con altoparlantes, con controles vehiculares, o con recorridas en toda la jurisdicción.

Según entrevistados de las fuerzas federales los desafíos de la pandemia para el ejercicio de los roles recayeron a menudo en aquellos trabajadores esenciales que debían hacer frente al problema en el espacio público. Fue comentado el hecho de que la autoridad se impuso por sobre las reacciones de miedo de los agentes, quienes debieron desplegar sus tareas con las tensiones derivadas de ello, generando, en algunas ocasiones, tirantez con las autoridades.

En el caso de la Policía Federal, un agente de 25 años, con personal a cargo, resaltaba que muchas de las tareas a desempeñar en el espacio público eran destinadas a los integrantes más jóvenes, quienes demoraron más tiempo en vacunarse y asumieron más riesgos de contagio. La persona entrevistada manifestó su descontento con sus superiores por considerar que las medidas de cuidados hacia los integrantes de la fuerza no fueron exhaustivas y en más de una oportunidad no dieron contención suficiente frente a las exigencias que enfrentaron. También se señaló la tensión que presentó la falta de disposición de algunos miembros a vacunarse, entendida como una decisión poco solidaria y riesgosa para los compañeros.

Las policías de provincia, cuyos miembros suelen declarar cuadros de precariedad en cuanto a recursos humanos y tecnología disponible, notaron la falta de personal, dados los esquemas rotativos implementados a partir de las burbujas preventivas y las licencias por comorbilidades. En algunos casos las fuerzas federales observaron la reducción del personal, pero no podemos afirmar que este factor haya afectado igual o más que en las policías provinciales.

Redes, cooperación y tecnología

Las fuerzas policiales y de seguridad en el NEA remarcaron dos aspectos relevantes y cruciales para el trabajo articulado durante las medidas de ASPO y DISPO: por un lado, los antecedentes de trabajo interfuerzas, en particular el desarrollado en el marco de los Operativos Conjuntos Abiertos de Fronteras (OCAF) y, por otro, las posibilidades brindadas por las aplicaciones de mensajería y videollamadas para la obtención de permisos y audiencias.

En 2017, mediante la Resolución MS Nº 565/2017 del Ministerio de Seguridad de la Nación, modificada parcialmente por su similar MS Nº 1221/2017, se habían creado los OCAF para la gestión de la coordinación interfuerzas e interagencial en la Zona de Seguridad de Fronteras en tareas orientadas a interrumpir el narcotráfico. Estos operativos fueron implementados en Misiones y, previamente a la pandemia, permitieron que las diferentes fuerzas de seguridad estrecharan vínculos entre sí. Fue un antecedente que contribuyó positivamente a la hora de trabajar en el marco del ASPO. En una entrevista realizada en Puerto Iguazú nos explicaban que la colaboración entre fuerzas fue plena al inicio de la pandemia, que se trabajaba en conjunto a través de una oficina de enlace que se ubicaba en la dependencia de Prefectura y se hacía todo el trabajo en conjunto, entre las Fuerzas Federales y la Policía de Misiones. Resaltaron que se realizaron operativos en conjunto, convocados por alguna de las fuerzas que tomaba la iniciativa, y se sumaban 4 o 5 componentes de las otras fuerzas para cooperar: “Trabajábamos todos juntos entreverados y hacíamos toda la misma función, de igual manera la Prefectura, la Policía, y eso fue muy bueno porque sirvió para integrar a las fuerzas y ponernos en práctica”.

Se hizo especial énfasis en esta experiencia previa que generó conocimiento interpersonal y favoreció las acciones posteriores: “Llegado el momento nos decían ‘bueno, hay que ir a hacer un control allá en conjunto con la Federal’, y ya nos conocíamos, éramos los mismos ‘que haces, todo bien’ ‘che, te acordás, vamos a hacer el mismo operativo’”. Afirmaron que esa experiencia de dos o tres años anteriores fue de gran ayuda durante la pandemia, pero, también más allá de los requerimientos específicamente ligados a ella. Como comentaba un trabajador de la Prefectura Naval de Puerto Iguazú:

Y no sólo con esto de la pandemia. Ante cualquier situación y si uno requiere del apoyo del otro, se le va a pedir y el otro se lo va a dar. No es que trabajamos separados. Nosotros tenemos recursos que Gendarmería no tiene, Gendarmería tiene recursos que nosotros no tenemos, la Policía Federal por ahí tiene recursos que nosotros no tenemos ni Gendarmería.

Las policías procedieron a la cooperación interfuerzas a través de Comités de Crisis creados para ordenar y coordinar las tareas de forma conjunta. La experiencia fue valorada positivamente, aunque también se señaló que las relaciones interinstitucionales no siempre fueron ágiles o funcionales a las medidas requeridas en el contexto de pandemia. Entrevistados de la policía de Misiones en Posadas resaltaron la cooperación con el área de salud, particularmente con los Centros de Atención Primaria a la Salud (CAPS) (sobre todo en el marco de los comités de crisis constituidos para enfrentar los desafíos de la pandemia a nivel interinstitucional), así como los agentes de la ciudad de Apóstoles señalaron la cooperación con los juzgados para los traslados y las instancias judiciales que fueron virtualizadas para no frenar los procesos. Una de las personas entrevistadas en una comisaría de la ciudad de Posadas afirmaba que:

La policía siempre coopera. Te comento un caso, en el hospital siempre hay un policía que hace su servicio adicional ahí, o está recargado por x motivos, y cooperación hay siempre, de la policía hacia salud pública, o salud pública hacia la policía. Acá por ejemplo el CAPS también, y si ellos requieren nuestra presencia, vemos el requerimiento, como con una escuela también, siempre hay cooperación. Y más que una cooperación es nuestra obligación.

Las relaciones intersectoriales fueron protagonistas en el escenario mayor en el que se inscriben las fuerzas de seguridad y policías. Con el sector salud hubo un trabajo estrecho, al igual que con los agentes de tránsito, y se constató la articulación eficiente entre servicios de seguridad y de salud. Por ejemplo, el ingreso a localidades requirió controles sanitarios por parte de los policías debieron establecer que se hicieron de modo cooperado. Los entrevistados identificaron en su mayoría experiencias positivas; además, se reconocieron como los únicos preparados para tratar con la población civil, ante la necesidad de establecer control y orden, sobre todo en situaciones de resistencia.

En general, el trabajo articulado fue valorado positivamente, aunque hubo comentarios que condenaron la espectacularización de las intervenciones. Dijo un cabo de la Policía de Misiones:

Acá en el barrio entra el Ejército para traer comida, y entra en fila y en orden, primero entra el camión, después entra la Policía Federal, la Gendarmería, y por último la Infantería, por protocolo sanitario, seguramente. El que organizó eso miró mucho la película Pandemia: ¿cómo van a entrar todos armados y equipados para traer comida a una escuela? Son fantásticos, ¿a quién le van a disparar, a la gente pobre de acá?

En las ciudades de Misiones el contexto de pandemia puso en evidencia las limitaciones infraestructurales en las unidades de detención. Ello agravó la exposición a los riesgos de contagio dada la situación de hacinamiento en las penitenciarías y calabozos de comisarías y otras fuerzas de seguridad para detenciones transitorias. En ese marco, el personal de las penitenciarías redujo las horas de franco intercaladas con las horas de trabajo y se atuvo a protocolos estrictos que implicaron la restricción del derecho de visita a los detenidos. Uno de los entrevistados señalaba al ámbito de la policía como el más riesgoso para los contagios –más que las penitenciarías–, atendiendo a la circulación intensiva en esos ámbitos.

[El mayor riesgo] puede ser en policía, en policía más que nada porque los períodos de detención son más cortos, entran/salen, entran/salen, son inmediatos, en servicios penitenciarios que son más prolongados ellos tienen tiempo de poder organizar un sistema… sí. El tema de los espacios es un problema eterno, siempre va a faltar espacio. Pero bueno, dentro de todo ellos se organizaron bastante bien como para evitar que el virus entre a la unidad penal y que de entrada se propague con los demás.

Se implementaron las visitas virtuales, a través de aplicaciones telefónicas y otras tecnologías. Así, las tecnologías de comunicación adquirieron un protagonismo central durante la pandemia, haciendo posible no sólo mantener a los detenidos en contacto con sus familiares, sino también llevar adelante los requerimientos judiciales, como las instancias de indagatorias, declaraciones e incluso juicios. Al respecto, un Juez de Instrucción comentaba:

Claro, nosotros tuvimos que implementar el uso de las herramientas digitales o tecnológicas en la medida de la gran actividad procesal que teníamos. Por ejemplo, la gran mayoría de las audiencias que nosotros tomamos, que antes tomábamos presenciales, desde el inicio de la pandemia empezamos a tomar a través de videollamadas o videoconferencias. Antes teníamos tal vez una actividad judicial extra-muro –digo yo–extra edificio, estábamos más en las calles y demás y tuvimos que tratar de concentrarnos en atender las cuestiones dentro del juzgado. A mí en lo personal me gusta estar en el lugar del hecho, hablar con la gente, y a partir de la pandemia uno tuvo que reducir la cantidad de gente que está en las audiencias, la cantidad de asistencia en el lugar del hecho y así. Hicimos todo lo posible para que eso no afecte la calidad del trabajo de la Justicia. No impactó, pero la única manera que encontramos es dedicándole más tiempo, más esfuerzo, más todo.

Al preguntarle al mismo entrevistado cómo funcionó el paso a la virtualidad en casos donde las personas no tenían conectividad, el mismo comentó que se recurría a órganos del Estado con internet que se encontraban funcionando cerca de la gente, sobre todo las comisarías:

En muchos casos el oficial de guardia, el jefe de guardia le tenía que prestar el teléfono, prestarle internet, prestarle la computadora para que puedan participar de la audiencia. Por eso digo, hubo una muy buena predisposición, hubo buena voluntad de todos los actores para que esto no sufra un parate, que haya una continuidad en la labor judicial. Pero te repito, más horas, más sacrificio, más esfuerzo.

Vale señalar que una de las reacciones de la población detenida a la situación de virtualidad, principalmente a las visitas virtuales, fueron las huelgas de hambre y protestas, reacciones que algunos policías entrevistados reconocieron como “ponerse atrevidos y contestadores”. Las visitas se pausaron, aunque en casos puntuales se aceptaron viandas de alimentos que los familiares de los detenidos les hacían llegar, lo que fue indicado con frecuencia como causa de contagio.

Al respecto, los canales de comunicación entre las fuerzas federales y los juzgados mostraron agilidad en las tramitaciones, lo que fue evaluado como un aspecto positivo. Las policías provinciales, a diferencia de las federales, enfrentaron demoras en las actividades y procedimientos que articulan sus tareas con los juzgados, situación que empeoró en el interior de las provincias. Esta demora estuvo condicionada por la reducción de personal y por el aumento de situaciones relacionadas a las propias restricciones promovidas durante la pandemia.

En este sentido, hubo participación a través de videollamadas entre personas en prisión, abogados y jueces. Por otra parte, se señaló que hubo tensiones generadas al interior de los equipos de trabajo por la sobrecarga de tareas, e irritabilidad, muchas veces presente en las relaciones interpersonales en las instituciones. Si bien el objetivo de esta indagación fue principalmente atender las formas de violencia que las fuerzas de seguridad ejercieron sobre la población, vemos conveniente y necesario que sean pensadas también en otro sentido, a partir de los testimonios que surgieron sobre, por ejemplo, los ámbitos de trabajo.

Respecto al uso de internet, la disponibilidad de conexión, de dispositivos, y de conocimientos para su uso (propios y de la población), se identificaron percepciones positivas y negativas. Por un lado, se observó la fuerte influencia de la pandemia sobre las dinámicas de comunicación. Por otro lado, se presentaron casos de mayor comunicación al interior de la Policía gracias a los grupos de WhatsApp; también entre policía y juzgados, y con profesionales del área de salud (esto último sobre todo en las localidades del interior de la provincia de Corrientes). Además, se comenzó a valorar la cantidad de beneficios que ofrecían las aplicaciones como Meet para reuniones entre funcionarios de diferentes dependencias y jurisdicciones. Algunos agentes valoraron también la posibilidad de capacitarse:

Sinceramente, hemos podido capacitarnos más ahora. Primero, por la disponibilidad de tiempo del personal que está ocioso de no trabajar; y, segundo, por la posibilidad de la conectividad que nos permitió trabajar por Zoom. La verdad que es una herramienta que va a quedar ahí, es un antes y un después de la pandemia también en ese sentido. Es loco decirlo, pero para eso fue muy productiva la pandemia. En ese sentido, a pesar de todo eso, estamos haciendo cursos de capacitación, con gente de España, donde participamos, gente de Asunción. Nosotros dimos cursos de capacitación para gente de otros países también. Y una locura así, y estamos continuamente capacitándonos. Y esas capacitaciones encima son asistidas por certificaciones.

Los policías entrevistados en Corrientes y Resistencia celebraron las nuevas formas de vinculación y comunicación virtual con los juzgados y otras instituciones. En general, destacaron que la virtualidad, además de reducir el riesgo por evitar el contacto con papeles que al circular operan como vectores, aportó practicidad a las tareas, y enfatizaron que: “el tiempo necesario para un trámite ahora es mucho menos, por WhatsApp se resuelven muchas cosas que antes tenías que ir y venir a varias oficinas”.

En Misiones las FFSS valoraron positivamente la comunicación entre agentes y a su vez con funcionarios del ámbito judicial a través de vías virtuales. Resaltaron las ventajas de coordinación y trabajo a través de plataformas para encuentros online, así como de vías como WhatsApp (canal por el cual se enviaba de inmediato material orientativo para seguimiento o búsqueda de personas, como fotografías o datos). La comunicación informal agilizó las tareas y activó, a su vez, las vías formales. Estas innovaciones, propias del periodo de pandemia, redujeron los costos de traslado y el tiempo requerido para los procedimientos, en consecuencia, la valoración positiva fue generalizada.

Conclusión

A partir del trabajo de campo buscamos conocer la cotidianeidad de las fuerzas de seguridad en el contexto de pandemia. Algunos aspectos de las experiencias vividas entre 2020 y 2022 marcarán para siempre las prácticas institucionales. Varios aprendizajes fueron reconocidos por los agentes esenciales del ámbito securitario en Misiones y Corrientes.

En primer lugar, el reconocimiento de la calle, el lugar más preciado y desafiante del trabajo policial, afirmó su ambivalencia como espacio de cuidado y de riesgo. En este contexto, el riesgo era claramente vital y el miedo se conjugaba con el espíritu de servicio.

Los policías sintieron gran responsabilidad porque cambió la dinámica del contrabando, se multiplicó en espacios de difícil control, y fue complicado intervenir en el marco de las restricciones y riesgos. Las peculiaridades de las tareas durante el ASPO y el DISPO generaron mucha atención de los medios profundizando la exposición pública de sus agentes y funciones, por lo que muchos se sintieron observados y evaluados, a la vez que poco comprendidos por la población en general. Por otro lado, es importante señalar que, según se pudo notar en sus testimonios, los agentes de seguridad eran conscientes de que la práctica de contrabando aparecía en ese contexto, más que nunca, como una alternativa para paliar el serio golpe que estaban sufriendo las economías domésticas. En ese sentido, se pusieron en juego diferentes matrices de legitimidad y legalidad que los interpelaron de manera directa como parte de la realidad que compartían y debían regular.

Los funcionarios defendieron los trabajos, asumiendo que hubo una centralidad de las instituciones policiales y de seguridad en la gestión de los cuidados hacia la población. En las filas hubo una sensación de sacrificios de tenor mesiánico, a pesar de que no fue fácil acompañarlos desde las instancias superiores, lo que los hizo sentirse abandonados en muchos casos, además de confundidos ante directivas poco claras para la población y para las fuerzas.

El periodo de restricciones más rigurosas fue también el de irrupción de varios ilegalismos, entendidos éstos como aquellas conductas indisciplinadas que atentan contra el orden establecido por ley (Foucault, 2014). Entre ellos las agencias de seguridad enfrentaron resistencias por parte de la población joven, sobre todo en instancias festivas y de agregación de personas, que no atendían a las disposiciones de seguridad sanitaria. Pero, también, la determinación de restricciones impactó en la visibilidad de otros ilegalismos que son frecuentes en la zona fronteriza, como la importación y exportación de mercancías sin los registros y tasas fiscales correspondientes a tales movimientos. En particular, Misiones es una provincia que linda en el 90 por ciento de su territorio con Paraguay y Brasil, con los cuales existe un flujo mercantil formal e informal, legal e ilegal, de larga data. Encuadradas como contrabando en términos legales, estas prácticas fueron identificadas e interrumpidas cuando fue posible por las fuerzas. Tal es el caso de los tractores usados importados sin registros en la zona rural de Colonia Aurora, que fueron identificados y algunos asociados al contrabando de soja en la región. Este caso en particular, cuyo desarrollo será objeto de otra publicación, fue resuelto provisoriamente a partir de la creación de un registro especial de maquinaria agrícola que permaneció abierto durante un periodo para reconocer la pertenencia de hecho de esa maquinaria.

Todo lugar de autoridad interpela a sus agentes a asumir diferentes modos de ejercicio del poder. Las fuerzas de seguridad en la historia nacional argentina tienen un archivo poco amigable con la ciudadanía. Por parte de la sociedad civil hay, de modo general, una percepción temerosa con respecto a los agentes y sus funciones, que acompañó sin dudas el proceso de aceptación del protagonismo que les fue requerido en materia de cuidados durante la pandemia. La población en general y, sobre todo, los sectores populares de zonas urbanas que estuvieron en el foco de este estudio, reconocieron dificultades para confiar en los policías. En ámbitos rurales hubo menor resistencia a sus actividades, y los agentes policiales fueron descritos como accesibles e idóneos. Hubo situaciones muy puntuales de desentendimiento con la población, que no llegaron a caracterizar el trabajo de las fuerzas durante el periodo de pandemia.

Podemos afirmar que, de modo general, las policías en Misiones y Corrientes consiguieron acompañar los desafíos de la pandemia, enfrentando las dificultades y las vicisitudes señaladas en este capítulo. El protagonismo asumido fortaleció la visibilidad y un tipo de autoridad vertical que sumó los discursos de cuidado a las tareas preventivas y represivas. Por las características de nuestras fuerzas de seguridad, este protagonismo está adherido a cierta percepción de superioridad moral que los agentes asumen frente a la población. Consideramos que este aspecto es un efecto histórico y no pandémico.

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