Derechos y violencias en Río Negro

Eva Muzzopappa y Melisa Fernández Marrón

Introducción

En nuestro país, la relevancia que adquirió el Covid-19, desencadenó un debate público y académico sobre el rol que deben ocupar las fuerzas de seguridad, en especial la policía, frente a las medidas de emergencia tomadas por el Estado durante el año 2020.^[1] Como contracara de la prevención sanitaria dispuesta durante el lapso de cuarentena,^[2] crecieron las denuncias de violencia institucional de las fuerzas de seguridad. A nivel nacional y local, episodios como éstos exhiben una de las características centrales del trabajo policial: la discrecionalidad que resulta de la aplicación del propio juicio del agente al elegir las herramientas y organizar él mismo su trabajo. De este modo, existe en el trabajo policial una realidad distinta de la aplicación mecánica de las reglas y de las disposiciones (Seri 2011; Monjardet 2010). Desde los años noventa, varias investigaciones han puesto de manifiesto la necesidad y preocupación por regular esa discrecionalidad que genera márgenes y zonas grises dentro de la institución policial, y en definitiva, en todas las fuerzas de seguridad. Dando cuenta de los vacíos institucionales que permiten abrir esas zonas de arbitrariedad que pueden ser completados/complementados con conducción política (Tiscornia 1998; Tiscornia et al 2004; Sain 1998, 2002, 2008a, 2008b, 2009, 2010, 2015, 2017; Pita 2010; Frederic et al 2014; Sozzo 2008).

En ese sentido, un cúmulo de estudios han orientado sus abordajes etnográficos –fundamentalmente– a examinar cómo los policías legitiman ciertas formas de violencia, en relación con un quehacer policial cimentado en la valentía, el coraje, la bravura y en el sacrificio (Garriga Zucal 2016; Pita 2010; Sozzo 2002). Al tiempo que se ha procurado dar una respuesta teórica y analítica, sobre el concepto de violencia desde una perspectiva antropológica (Garriga Zucal y Noel 2010; Garriga Zucal 2018; Garriga Zucal y Panizo et al 2020); como también desde el campo del derecho (Perelman y Tufro 2016). Para pensar una genealogía sobre el concepto violencia institucional como categoría política local, es decir en términos de Pita, un concepto localizado e histórico (2016, 2017).

Bajo este parteaguas pandémico, también crecieron y recayeron demandas que no se condicen con el nivel de formación de los uniformados. Un sinfín de tareas dispares y escasa preparación para el metier no es ninguna novedad. La literatura académica ha avanzado en los últimos veinte años, sobre los procesos de reclutamiento y formación en los cuerpos de base y sus reformas a partir del análisis de los currículos, la legislación, las prácticas identitarias, la cultura policial, entre otros aspectos. Sin duda, este tema ha recorrido un largo camino desde que los enfoques históricos (Gayol 1996; Galeano 2009; Caimari 2012; Barry 2009; Barreneche 2019, entre otros) sociológicos y antropológicos (Da Silva 2014, 2016; Da Silva y Maglia 2015; Frederic 2009; Galvani 2007, 2016; Sirimarco 2007, 2009, 2010; Ugolini 2010; Garriga Zucal 2010, 2016; Garriga Zucal y Maglia 2018; Garriga Zucal y Galvani 2015; Hathazy 2010) comenzaron a matizar por diferentes vías la imagen del trabajo policial y las representaciones que los mismos policías tienen sobre su oficio.

En definitiva, la pandemia de Covid-19 puso una vez más de manifiesto las debilidades estructurales de nuestros sistemas de seguridad en Argentina. Porque las crisis exteriorizan ausencias, carencias y problemas ya preexistentes; profundizan o realzan ciertas cuestiones: algunas latentes; otras históricas.

La policía de la provincia de Río Negro tiene un antecedente directo en las policías de Territorios Nacionales (Argeri 2005; Suárez 2003; Rafart 2008, Fernández Marrón en prensa) y los cuerpos especiales como la Fronteriza (Pérez 2016; Suárez 2008). En 1884, a partir de la sanción de la ley 1532 y producto de la embestida militar que despojó territorialmente a pueblos originarios de la región, se crearon entidades administrativas que dependieron del poder central. En 1955 lograron su autonomía política, pero el proceso de provincialización no fue efectivo sino hasta 1958, ya que había quedado suspendido con el golpe de estado de la Revolución Libertadora (Ruffini 2005; 2012). En ese arco temporal y espacial, la institución policial desempeñó un rol fundamental en el proceso de territorialización de las nuevas extensiones de tierra ganada, configurándose, por su capacidad de contacto al ras con la sociedad, una de las principales agencias estatales en el territorio (Fernández Marrón en prensa). Tanto su fundación, a mediados de los años ochenta del siglo XIX, como su desarrollo posterior, estuvo condicionado por los recursos materiales y humanos. Una jefatura en la capital, Viedma, junto a un puñado de comisarías, subcomisarías y destacamentos formarían el nuevo andamiaje institucional. Desde los años 1920 pero aún más en 1930, la policía llevó adelante un proceso de burocratización de sus cuerpos cimentado durante la primera y segunda presidencia de J.D. Perón (Berardi y Fernández Marrón 2021; Suárez 2013). Con la provincialización en la década de 1950, la institución traspasó toda su estructura y plantel a una nueva policía con carácter provincial. Desde entonces, su matriz organizativa fue modificándose al compás del crecimiento demográfico y los cambios en la división política del territorio rionegrino. En la actualidad, la Policía rionegrina se organiza en forma de un cuerpo centralizado en lo administrativo y descentralizado en lo funcional, con una Jefatura que tiene asiento en la capital provincial y seis Jefaturas Regionales en cada zona del espacio rionegrino.

Imagen 1. Unidades Regionales Policía de Río Negro

Elaboración: Lorena Cardin

Una forma de mirar una serie de problemas, actores y procesos sobre la institución policial en y desde Río Negro en los últimos años ha apuntado a dar cuenta sobre las políticas de seguridad (Puebla Morón 2022), los procesos de formación policial (Fernández Marrón 2017; Suárez 2017, Guidi 2017; Muzzopappa et al 2018; Casullo y Díaz 2015; Díaz y Zeberio 2010) y las políticas criminales (Casullo y Caro 2020). Algunas de las cuestiones planteadas en esos estudios son retomadas aquí como producto de una inquietud que no solo se mantiene, sino que se renovó y extendió.

En este artículo nos interesa detenernos en dos dimensiones centrales producto del trabajo de campo durante la primera mitad del año 2021 en las ciudades de San Carlos de Bariloche y Cipolletti: de un lado, la noción de estatalidad que circula entre las poblaciones de algunos barrios vulnerables de esas localidades, cómo fueron enunciadas e interpeladas esas formas de estatalidad, especialmente las asociadas a la seguridad, y cómo gravitaron las demandas de los actores y las respuestas del estado frente al Covid-19. Del otro lado, las violencias ejercidas por las fuerzas de seguridad hacia la sociedad, sus modos y apreciaciones en torno a ella por parte de los uniformados, cómo son legitimadas al interior de las instituciones y cómo cambian o perpetúan prácticas sostenidas en el tiempo. Nuestro argumento es que la pandemia tuvo un efecto catalizador y amplificador de las violencias institucionales sobre ese plexo de sentidos que las y los actores asumen en torno a las capacidades estatales; ambos se imbrican en la larga duración del proceso de territorialización de este espacio subnacional.

Dado que varios de estos interrogantes han sido escasamente abordados en la región, los datos disponibles eran por demás limitados. Para el relevamiento, en Cipolletti, primero se identificaron las zonas de conflicto determinadas por un mapa de calor producto de varias entrevistas estructuradas a funcionarios de asesoría municipal de seguridad y denuncias sobre violencia institucional en la Fiscalía Especial Nº 3.^[3] En función de dicho mapa se efectuaron entrevistas en cinco comisarías (4, 24, 32, 45 y 79) y en seis barrios: Obrero, 2 de agosto, Ferri, Labraña, La Paz y 2 de Febrero.

Mapa 1. Circunscripciones policiales, zonas de calor por denuncias sobre violencia institucional y referentes barriales de Cipolletti^[4]

Elaboración: Clara Ormazábal y Paloma Favero.

Cipoletti se encuentra ubicada en el Alto Valle del río Negro y su actividad económica central está basada en la explotación agrícola en las áreas bajo riego, en especial la fruticultura y, en segundo término, la horticultura. Su trama urbana es el resultado de un proceso de dispersión centrípeta, que invade en forma incesante la zona rural llevada adelante por el capital inmobiliario altamente concentrado. Se distingue una sub-urbanización de sectores pudientes con una estructura urbana dispersa de baja densidad poblacional y una alta densificación poblacional en los barrios populares del centro de la ciudad y en asentamientos informales (Anticic Lovic 2016; Giaretto et al 2022).

Por su parte, la ciudad de Bariloche está enclavada en la zona Andina y se caracteriza por una economía fuertemente orientada hacia el sector turístico. En un patrón de crecimiento desordenado y acelerado, la distribución territorial de la población y las desiguales condiciones socio-habitacionales se condensan en una trama urbana de fragmentación. Las lógicas de ocupación territorial han cimentado fronteras que separan la urbe turística del casco céntrico, y los kilómetros^[5] de los barrios del Alto de la Pampa de Huenuleo –localizados al sur y sudoeste– que poseen los indicadores de densidad poblacional y de pobreza más elevados, además de carecer de servicios esenciales como luz, agua, gas o cloacas y con gran cantidad de tomas de tierra (Niembro et al 2019; Mattossian 2015; Mattossian y Melella 2018; Medina 2017; Giaretto et al 2022). En Bariloche se encuentran, también, recuperaciones territoriales realizadas por integrantes de comunidades mapuche, algunas de las cuales aborda este artículo, donde se ha reportado una relación conflictiva con las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales. El movimiento mapuche, conformado por junturas de trayectorias disímiles en una extensa geografía, no responde exactamente a los límites institucionales provinciales y municipales y se extiende también a la vecina provincia de Chubut.

En Bariloche, el relevamiento se llevó a cabo en tres de las cuatro comisarías existentes hasta el año 2021: la 27, 28 y 42.^[6] Tanto la 28 como la 42 tienen bajo su jurisdicción zonas con barrios altamente precarizados mientras que en la jurisdicción de las comisarías 27 y 42 (y su destacamento dependiente, 137 Villa Mascardi) se ubican las comunidades mapuche referenciadas,^[7] siendo personal de estas dependencias las convocadas por la justicia en ocasión de operativos judiciales en la zona. La Comisaría 28 estuvo directamente involucrada en la denominada Masacre del Alto que tuvo lugar el 17 de junio de 2010;^[8] convirtiéndose en un caso paradigmático (Tiscornia 2008) de gatillo fácil que visibilizó las violencias en los barrios y sentó un precedente que, tras diez años, sigue apareciendo en las entrevistas como una grieta entre los barrios y la Comisaría.

Mapa 2. Comisarías y comunidades relevadas en San Carlos de Bariloche

Elaboración: Lorena Cardin

La composición social de ambas ciudades, compartida con otras localidades patagónicas, presenta una complejidad y heterogeneidad derivada de un pasado signado por la ocupación territorial, los desplazamientos forzados y las migraciones.

Por último, el trabajo de campo se complementó con fuentes secundarias: informes del Ministerio Público de la Provincia de Río Negro (2019, 2020); registros administrativos de la Policía Provincial reportados al Sistema Nacional de Información Criminal; información obtenida a partir de la Encuesta de Victimización Nacional (ENV, 2017) y de la I Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad de la Provincia de Río Negro ( I EVyPS, 2019).

Preludio

El cumplimiento efectivo de las medidas sanitarias, entre ellas el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) se implementó en Río Negro mediante el decreto 297/20, en cuyo artículo 3 se estipula que la Policía provincial sería la encargada de hacer cumplir las medidas adoptadas, en colaboración con las delegaciones locales de las fuerzas de seguridad federales. Este mismo decreto previó, además, la coordinación de tareas entre las fuerzas de seguridad y el área de salud provincial, así como al interior de cada ejido municipal entre ambos sectores. Para ello, fue clave la gestación de grupos de trabajo en cada municipio.

En Bariloche se conformó el Comando Unificado de Fuerzas, compuesto por Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía provincial y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Como resultado de la carencia de personal policial, el Comando Unificado actuó como apoyo aprovechando esta presencia histórica de las fuerzas relacionadas con la jurisdicción de los Parques Nacionales y los cuerpos de agua (Gendarmería y Prefectura). También, se constituyó el COE (Comité Operativo de Emergencias), integrado por referentes de entidades estatales de nivel municipal, provincial y nacional, y organizaciones de la sociedad civil, distribuido en 7 mesas de trabajo. En la zona valletana se configuró un Comité de Crisis Sanitaria integrado por la municipalidad, la Facultad de Medicina y representantes de los prestadores de salud públicos y privados. Además, se fortaleció la articulación con Defensa Civil y Bomberos.

Las tareas a cubrir fueron comunicadas desde el gobierno nacional al provincial y desde allí a las municipalidades respectivas. A lo largo de los meses y conforme se flexibilizaron las restricciones, las medidas fueron adecuadas conforme al análisis efectuado por cada municipio. En este sentido, los ejecutivos municipales determinaban el tipo de restricción, quedando en manos de las Regionales de la Policía provincial la distribución de los puntos de control, así como todas las obligaciones específicas del personal. Cada Unidad Regional debió planificar considerando los recursos humanos disponibles. El personal de Viedma (donde no hubo circulación comunitaria hasta agosto de 2020) fue afectado a otros puntos, en particular para cubrir el inicio de la temporada turística en Bariloche, que tuvo una apertura restringida en julio de ese año.

El portafolios de medidas dispuestas para el cumplimiento del ASPO y DISPO implicaron un cierto desborde^[9] y recarga extra a la labor policial. Las comisarías continuaron con la concurrencia a lugares requeridos por el sistema 911 y la recepción de denuncias, a lo cual se añadió la delegación de la restricción de la circulación. Esto supuso el cierre de calles y la ubicación del personal policial en puestos de control, también realizaron tareas en los llamados hoteles Covid. Asimismo, fueron derivadas a las comisarías otras tareas administrativas como la confección de permisos y la detención de personas por incumplimiento de las restricciones de circulación.

La articulación con las diferentes instancias estatales, ya sea de nivel local, provincial o nacional apareció como un tema especialmente complejo. En ese conjunto de estrategias para resolver los problemas, los vínculos personales o tener una buena relación entre colegas de distintas fuerzas de seguridad fueron centrales. Frente a los emergentes, los puntos de control y asignación de puestos quedaron bajo la órbita del jefe de cada Regional de la policía rionegrina, evitando una multiplicación de escalas decisorias. De este modo, la policía provincial coordinó el lugar que cada fuerza, aún federal, ocuparía en tiempo y espacio. Así también, se observa un desparejo desarrollo y coordinación de las medidas establecidas en la pandemia por los distintos poderes públicos; por ejemplo, entre las referencias mencionadas aparece la vinculación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) por tensiones en relación al incumplimiento de los protocolos con menores por parte de la propia SENAF durante la cuarentena; también a las complejidades derivadas de la ley provincial de desmanicomialización y la injerencia de personal policial sin capacitación para el abordaje de situaciones de violencia con pacientes de salud mental.

En esa reconversión de tareas socio-asistenciales –lo que algunos autores han comenzado a discutir en torno al paradigma del cuidado (Sirimarco 2021)–, aquellas denominadas de prevención, que involucran personal y móviles policiales en la circunscripción de la comisaría, quedaron relegadas a fin de efectuar los controles asignados. Un campo de intercesión que se incrementó fue la asistencia por casos de violencia de género, a partir de la denuncia de la propia víctima o por llamados de terceros. Si bien en Río Negro existen Comisarías de Familia, específicas para la atención de estos casos, lo más habitual es el llamado o la concurrencia a la comisaría de la zona. Desde la mirada policial, el aumento de los casos fue exponencial. Quizá porque la mayor capacitación en el área les habría permitido dimensionar la magnitud de estas violencias.

A la perspectiva de tener que atajar la coyuntura sin contar con los medios materiales, los recursos humanos y las capacitaciones necesarias, se añade su condición de sector esencial. En esas circunstancias que implicó reajustes constantes, la cantidad de agentes se encontró afectada por: la disminución de personal de seguridad de la policial provincial licenciado por decreto gubernamental por ser considerados de riesgo al poseer patologías previas, agentes contagiados u aquellos que eran contactos estrechos e ingresaban en licencia. O bien, durante los primeros meses, el aislamiento masivo como el caso de “13 empleados por un positivo con el que no todos se habían visto de cerca en horas del trabajo”. En ese marco, se gestionó una licencia por razones de salud con la consecuente cobertura de la ART.

Un cambio sustancial para enfrentar la variedad y dispersión de ocupaciones como de personal licenciado fue la eliminación del sistema de guardias de tercias y la aplicación por uno de cuartas en octubre de 2020. Mientras que el primero consiste en una prestación de 24 horas de servicio por 36 horas de descanso; en la nueva modalidad corresponden 12 horas de servicio por 36 horas de descanso, o 24 horas de servicio por 48 horas de descanso. Ante el deterioro de las condiciones laborales, este nuevo sistema tuvo una amplia aceptación entre el personal. Un reclamo histórico que nunca se había podido obtener. Un logro disputado como propio por los familiares de los efectivos pero que, de acuerdo a las autoridades de la cúpula policial, era una modificación ya tratada y pendiente de aplicación.

A más labores y menos personal se conjugó un estado de trabajo signado por las carencias presupuestarias que representan una referencia histórica en relación a la situación de las policías (Fernández Marrón en prensa). Edificios faltos de espacio para guardar el distanciamiento estipulado, pocos elementos para la limpieza, desinfección básica y cotidiana de las comisarías y/o espacios de trabajo como productos de bioseguridad para cada agente –que fueron reclamados en cantidad a las altas jerarquías– caracterizaron las prácticas y rutinas policiales. Como corolario, el contagio en el cumplimiento del deber provocó miedo. Llevar el virus a sus casas fue una preocupación constante que inclusive fue descripta como una cierta psicosis ante las tareas que implicaba contacto con gente.

La estatalidad

La pandemia se presentó como una escena que configuró una panoplia de demandas cuyo principal referente fue el estado. La importancia otorgada al conjunto del aparato estatal para la aplicación de las medidas pronunciadas a nivel nacional fue de la mano con el proceso de reinstalación de la figura del estado. El slogan del gobierno nacional Un estado presente pretendió poner de manifiesto, de manera metafórica, las acciones que desde el estado nacional se dirigían a enfrentar esta crisis: el confinamiento obligatorio, las campañas de vacunación y los planes de apoyo económico para la población, entre otras. Más allá de su efectividad o insuficiencia, interesa aquí indagar en torno a cómo el orden de lo estatal articuló el discurso de las entrevistas, a las referencias sobre las necesidades de su actuación, y a los sentidos adjudicados a las nociones de presencia o ausencia.

Esta entrada analítica retoma la propuesta de las corrientes que han destacado los procesos de constitución del estado como procesos históricos y culturales en los cuales la idea del estado es producida y reproducida a través de las prácticas y rituales cotidianos de sus propias instituciones (Abrams 2015, Corrigan y Sayer 2007, Ferguson y Gupta 2002). A esta proposición se añaden los aportes de Balbi (2010) y Koberwein (2012), que desde una perspectiva etnográfica apuntan a la variabilidad de las ideas de estado y a su utilización divergente en función de los contextos, respectivamente. De igual modo, dialoga con aquellos argumentos que, desde el trabajo empírico, se abocan a las percepciones respecto de las policías en tanto burocracias de calle (Lipsky 1980, Arcidiacono y Perelmiter 2022, Monjardet 2010).

La apuesta es mostrar la paradoja que suscitó una dualidad atravesada tanto por las presencias como por las ausencias de la policía en un contexto de gran despliegue de personal y de disposiciones que delegaron en esta institución el control y la gestión de la vida cotidiana en pandemia. Como advierten las investigaciones en curso sobre los efectos de esa crisis sanitaria en Argentina, localizar al estado y distinguir su poder de otro tipo de poderes, supuso en la instancia de aislamiento una intensificación de la porosidad de las fronteras institucionales y simbólicas del estado (Arcidiácono y Perelmiter 2020:184).

Encontrar al estado al ras se asoció a la microgestión policial del control de las disposiciones de ASPO y DISPO. Una percepción predominante de presencia que perpetuó esa intervención polifacética de la institución que, incrementada en ese bienio, forma parte de un continuum histórico en la que la agencia es la primera receptora de cualquier eventualidad o conflicto, como se expresa en la siguiente cita:

Sí, siempre acudieron a la policía para todo, para todo, si es para la solicitud de ambulancia tenemos que ir nosotros, si se está incendiando la casa tenemos que ir nosotros, siempre la policía, nosotros somos el primer contacto con la población, sea cualquier hecho que sea tenemos que ir nosotros primero. Eso no se cambió porque eso sigue desde hace años, para todo siempre va primero la policía. (funcionario policial, Bariloche, 25/06/2021)

Esa experiencia previa de contacto, una experiencia acumulada en el tiempo adquirió en la emergencia del brote de Covid-19 una alta exposición y visibilidad. Acudir para todo les permitió a las y los policías adaptarse a un escenario cambiante, porque están acostumbrados a trabajar entre la improvisación y la labilidad. Pero la condición de cuasi omnipresencia se desdibuja cuando la incoordinación institucional junto con las azarosas intenciones de cada agente, seleccionan a qué hechos concurrir. Dinámica que fue graficada por un referente señalando que “llamaban a la policía los vecinos y nunca aparecían, pero sí en situaciones pavas”. Llamar a la policía supone la interacción de las dos partes, los agentes y los habitantes. Es habilitar y dar presencia al poder estatal (Fernández Marrón 2018).

Así, un oficio caracterizado por la urgencia dio lugar a este clivaje entre lo imperativo y lo prioritario, entre lo negociable y lo discrecional. Facultades preexistentes que no fueron particulares de este clima global. La cuota sustantiva de iniciativa propia, la autonomía de acción fue arbitrada por el tipo de intervención que la policía tiene sobre un determinado conjunto poblacional a la par que por la estigmatización y catalogación que los agentes construyen sobre ciertas poblaciones. Cuando se trata de un barrio consolidado, la relación con la policía se vuelve más fluida y se canaliza a través de referentes barriales, a quienes responden los llamados y mensajes vía WhatsApp. Es entonces que la policía puede aparecer y acompañar el pedido a través de alguna de las múltiples tareas que se les ha solicitado: para que pueda ingresar una ambulancia o los bomberos, para intervenir en algún conflicto o agresión en la vía pública, etc. Esta fluidez depende de las consideraciones respecto del tipo de gente que vive en el sector, como señala un referente de un barrio de Cipolletti,

[…] el sector ya sea de aquí o hasta donde termina para mí es excelente porque nunca nos dejan sin una respuesta, no son gente mala, nunca hemos tenido un conflicto, ya te digo de eso que pasa en otros barrios que te apalean un pibe hasta dejártelo en el hospital o que pasan cosas, porque (…) no es discriminar, pero a (otro lugar) entonces te vas a dar cuenta que la vida es distinta, entonces ahí ya hace eso mismo de que la gente tenga esa diferencia. Tal es así también con el tema de la policía, porque la misma policía distingue. (Referente barrial, Cipolletti)

Esta policía de auxilio y de control que distingue también fue interpelada por sus ausencias ante tareas propias de la institución. Cuando el Estado afrontó la tarea de desplegar su acción policial en la crisis sanitaria quedaron al descubierto patrones de comportamientos previos. La selectividad se recrudeció en la pandemia. Demoras en las respuestas a las solicitudes de emergencias o de incendios, la renuencia a efectivizar cierta clase de denuncias en sectores vulnerables o de resguardo frente a la violencia privada hacia las comunidades mapuches en particular, agudizaron las tensiones con la población y profundizaron la brecha de vacíos y omisiones.

En ese proceso nominal de ausencias, una serie de demandas deben ser entendidas en tanto exigencia al estado de redoblar su condición de garante de derechos. Para quienes mantienen cotidianamente reclamos y peticiones por mejoras en su condición –a partir de programas múltiples y planes estatales nacionales y provinciales–, las ausencias resultaron durante el confinamiento y distanciamiento de 2020 y 2021, doblemente magnificadas. Son enunciadas por los vecinos de los barrios estudiados para resaltar situaciones en las cuales la cara visible es el personal policial pero que en definitiva remiten a carencias, despojos o desconocimientos estructurales que involucran a otras agencias estatales sean municipales, provinciales o nacionales. Una imagen que repone un abandono reiterado, que viene de hace años. De modo que, en aquellos territorios que se encuentran atravesados y sostenidos por diversos organismos estatales, en el momento de mayor restricción a la circulación, quedaron sin contención en las respuestas y el transitar de los agentes por el barrio. La distribución de los bolsones de alimentos, de leña o gas, de los cuadernillos de estudio de las escuelas o la difusión de las medidas básicas de cuidados de salud, debieron asumirlas las redes barriales y comunitarias. En algunos ámbitos, la coordinación entre vecinos resultó ser la principal vía para repartir o hacer llegar los servicios enviados por programas estatales; para armar canales de solidaridad que permitieran preservar y ampliar los comedores cuyos requerimientos se duplicaron. Ciertos vecinos culminaron posicionados como referentes para articular y mediar con las instituciones: la policía, la justicia, el hospital o los bomberos. En todos los casos, las plataformas digitales como Facebook y WhatsApp se transformaron en las principales fuentes para la conexión, ayudando a las militancias a estar recíprocamente informadas entre sí, afianzando la unidad y apoyo regionales e interprovinciales.

Todas estas ausencias se entraman con otro tipo de presencia en el territorio. La formulación retórica de la omisión estatal por un desempeño de las fuerzas de seguridad desdibujado se conjuga con modalidades de intervención punitivas sobre ciertos segmentos sociales que configuran un patrón de violencias. Esta operación habilita a otra forma de clasificar esas violencias; que argumenta que todas esas violencias pueden ser tenidas por violencia institucional cuando no por la acción, por la abstención (Pita 2017, 54-55).

Violencias

En tanto fuerza pública, la policía debió lograr imponer el control cotidiano y establecer compromisos más o menos estables en la provincia. Por distintas vías, los y las agentes apelaron a la aplicación de los artículos 205^[10] y 239^[11] del Código Penal con el fin de regular la circulación en las calles y caratular conductas que infringían la normativa vigente, tales como reuniones y eventos no permitidos, comercios abiertos en horarios no habilitados, etc. Es significativo, que estos recursos jurídicos sobrevinieron en dispositivos fundamentales para sustituir a las detenciones otrora realizadas por la averiguación de antecedentes. Herramientas legales aplicadas en función de la sospecha y el olfato policial (Eilbaum 2004; Sirimarco 2007; Garriga 2013) o, directamente, para detener a los delincuentes habituales. La premisa era, en palabras de un funcionario, que “si (alguien) andaba por la calle era porque estaba haciendo macanas” y que con la habilitación de estas medidas “hasta los delincuentes se cuidaban para no quedar presos”.

Al desagregar la información disponible a partir de registros policiales de denuncias e intervenciones que suelen expresar prácticas abusivas en el territorio, se puede observar que la categoría de delitos contra la administración pública –que se ve correlacionada con las detenciones por el art. 239 del Código Penal– registró un leve incremento (1302) en el 2020 en relación al año previo (1262). Por su parte, la Memoria Anual del Ministerio Público Fiscal de la provincia nos permite amplificar los datos relativos a aquellas detenciones caratuladas bajo los artículos 202, 205 y concordantes del Código Penal, y judicializadas como resistencia a la autoridad. El total de casos en 2020 ascendió a 5715, de los cuales 2027 (35.5%) refieren a la II circunscripción y 750 (13.2%) a la III circunscripción, de Cipolletti y Bariloche, respectivamente. Si bien este número bajó sustancialmente con el correr de los meses, en 2021 continuó la tramitación de 2116 legajos relacionados con la pandemia (713 y 635 correspondientes a la II y III circunscripción).

Considerando las delaciones registradas y clasificadas como violencia institucional por ese organismo en sus informes 2019, 2020 y 2021 se evidencia una tendencia a la baja de casos. De un total de 491 expedientes en 2019 (222 de la II y 63 de la III circunscripción), se disminuyó a 375 (146 de la II y 51 de la III circunscripción) y a 369 legajos (155 de la II y 62 de la III circunscripción) contabilizados entre 2020 y 2021. Cabe advertir que tales registros no son reflejo de las problemáticas en el territorio, teniendo en cuenta la alta cifra negra o subregistro, dado que muchos casos que efectivamente constituyen violencias institucionales no son denunciados o, incluso en los casos en los que tales hechos llegan a ser conocidos por operadores judiciales (tales como defensores o fiscales), no siempre son registrados ni derivados a la fiscalía especializada en violencia institucional para su efectiva investigación.

En efecto, frente a la difundida imagen de los abusos policiales que se sucedieron desde la implementación de las medidas de ASPO y DISPO, esta cifra decreciente debe ser analizada en función de los criterios antes mencionados así como en relación de las especificidades de la población en la cual se ha focalizado la investigación. En ese sentido, contemplando el concepto de violencia a partir de una perspectiva nativa, debe advertirse que se conjugan conceptualizaciones de diferente índole (Noel y Garriga Zucal 2010). Retomando esta idea, se recuperan las representaciones y sentidos atribuidos a esas violencias en tanto agresiones físicas, en tanto situaciones que sedimentan históricamente el comportamiento y las relaciones. En primer plano, entre las diferentes acepciones de la violencia de las fuerzas de seguridad hacia los habitantes de sectores socialmente más vulnerables, aparece en los discursos la modalidad cotidiana, de menor espectacularidad pero de larga duración y relativamente sistemática que María Pita (2019) identifica con la categoría de hostigamiento.

Modelos estructurales de violencia que se operativizan de forma diversa sea en los sectores de barrios marginalizados, sea en las comunidades mapuche; y que reavivan las asimetrías y desigualdades históricas. En las entrevistas se perciben esas continuidades aun cuando algunas voces contemplan el recrudecimiento del accionar violento policial por la crisis sanitaria. En contrapartida, esas prácticas violentas reconocidas son, en ocasiones, justificadas en virtud de las disparidades entre barrios o sectores buenos o malos:

E: –¿y en esas situaciones [de control] utilizaban la fuerza?
R: –eh… está mal lo que voy a decir, pero calculo que muy bien no deben tratar. Porque la mayoría de las veces te cagan a azotes. (Referente Barrial, Cipolletti)

Entre las múltiples distinciones de violencia y su reclasificación, la noción de violencia institucional se vislumbró en el conocimiento popular como un concepto que encarna esa presencia policial (antes expuesta) en un ejercicio ilegítimo y arbitrario del poder estatal. En ese repertorio de violencia en manos del estado, uno de amplia repercusión social ocurrió en agosto de 2020 cuando un joven quedó con muerte cerebral tras una persecución policial.^[12] La hipótesis presentada por la institución de un enfrentamiento quedó descartada ya que las únicas armas de fuego secuestradas fueron las de los agentes de la Comisaría Cuarta y del Cuerpo de Seguridad Vial. A esa tragedia, se adicionan aquellos casos que no necesariamente aparecen denunciados o viabilizados a través de organismos específicos, aunque sí circulan en las redes sociales y que fueron mencionados en diferentes entrevistas.

El periodo de pandemia vino acompañado de novedades en la performance de acciones peyorativas y humillantes hacia las comunidades mapuches.^[13] Una escalada de racismo como de discursos políticos y mediáticos dirigidos a negar sus derechos, avalaron “ese acting que hacen los milicos^[14]”. Porque las diferencias entre la intervención o la no intervención policial –“es ese abandono, y tiene que ver también con esa violencia”– fueron siempre definidas por la población mapuche como violentas o como una puesta en perfomance de las fuerzas (Comunidad Ranquehue).

La mayor parte de estas familias crecieron en los barrios periféricos y empobrecidos que rodean a las ciudades patagónicas como Bariloche, Esquel, Comodoro Rivadavia donde las historias de violencia y maltrato policial son reconocidas desde que son niños o niñas. La comisaría 42 y el destacamento 137–Lago Mascardi son las que tienen, dentro de sus jurisdicciones, algunos de estos territorios que, a su vez, incluyen –como se describió más arriba– sectores altamente vulnerables de la comunidad barilochense.

Del relato de esas tensiones habituales provocadas en el encuentro entre integrantes de las comunidades con las fuerzas de seguridad, se subraya el aumento de la vigilancia policial en puntos cercanos y de acceso a las comunidades con el presunto objetivo de controlar los permisos de paso obtenidos por las plataformas nacionales, provinciales y municipales. Estos controles fueron experimentados como formas de exacerbación de este hostigamiento, donde lejos de solicitar sólo documentación o los permisos pertinentes, se incluyeron revisiones completas y exhaustivas de autos, guanteras, baúles, mochilas, bolsos, etc. Paralelamente, algunos sufrieron la arbitrariedad policial cuando se les denegaba el permiso de transitar por presuntos precedentes con la institución policial, o por el contrario, la sobreexigencia de papeles y datos para trasladarse.

De igual modo, se detallan conductas provocativas (con insultos, e incluso con estrategias más montadas donde suele haber disparos) donde quienes realizan estas acciones son identificadas como policías, aun cuando no usan los uniformes, pero sí los autos, las armas o los escudos. Los entrevistados entienden que estas personas no estarían actuando bajo orden judicial. Sin embargo, y en función de las trayectorias de conflictividades y hostigamientos percibidos, desde las comunidades se menciona que las denuncias no son tomadas por el personal policial, hecho que a su vez desalienta la presentación de las mismas y que contribuye a acrecentar las cifras negras o subregistros.

Aberturas

A raíz de la situación desatada por la pandemia de Covid-19, el gobierno argentino decidió poner en escena dos figuras retóricas asociadas a la idea del estado presente: la del control y la del cuidado. Tal estrategia requirió, para su implementación, de una movilización de instituciones y actores estatales cuyo centro quedó supeditado a la agencia policial. La dinámica a partir de la cual se organizó la cuarentena la convirtió en articuladora de la vida cotidiana, poniendo en juego tanto la faceta que convierte a la institución en portadora de la presencia estatal como en su condición de instrumento de la violencia legítima.

En cuanto a la primera de estas facetas, devino ventanilla permanente de requerimientos y demandas, saturando así la ya acotada e ineficiente estructura policial. La crisis puso nuevamente en primer plano las carencias presupuestarias de la institución y la limitada capacitación de sus agentes, así como las falencias y desamparos ante el cual se sintió expuesto el personal policial. Tal como surgió del análisis del trabajo de campo realizado, la experiencia pandémica osciló entre la superposición de tareas y el agotamiento de los agentes y la demanda ciudadana por una presencia policial satisfecha de manera sumamente dispar. En este sentido, el personal policial consideró que, frente a esta situación, no hubo por parte de algunos sectores de la población un reconocimiento a las condiciones adversas en las cuales debieron realizar su labor. Como corolario de la situación, la sobreexigencia del personal policial no fue positivamente evaluado por la población en general, que sólo pudo percibir aún más su ausencia frente a la recarga de demanda con un personal y recursos históricamente escasos.

En tanto instrumento de aplicación de la violencia legítima, las policías tuvieron a su cargo una forma específica de mantenimiento del orden que fue el aplicado a través del control. Esta faceta fue más ampliamente percibida y evaluada a partir de la implementación de los controles sobre la circulación que, como nunca antes, restringían los movimientos de la población en su totalidad. También en este aspecto las formas de la presencia y la aplicación de las violencias no constituyen, en sí mismas, una novedad. Fueron, en ese sentido, tan diversas como sus legitimaciones, pudiendo percibirse en ellas continuidades en las trayectorias de relaciones entre las policías y los distintos sectores sociales.

La condena moral sobre la aplicación de la violencia, en esta misma línea de análisis, no puede ser considerada un dato aislado. Por el contrario, deben considerarse las distancias entre quienes realizan esa caracterización moral y quienes sufren los efectos de esas violencias. En este estudio, se alcanzó a percibir un reconocimiento a las formas de hostigamiento que reciben algunos grupos, particularmente los jóvenes y trabajadores precarizados; sin embargo, la condena moral a las prácticas violentas de las policías se vio restringida en función de la caracterización que, sobre esa población, tenía el entrevistado. La demanda por el accionar policial apuntó, sobre todo en los barrios más precarizados, para mediar, reprimir o detener procesos de conflictividad social, las disputas, peleas de diferentes grados de intensidad y entre distintas personas –familiares, bandas, conocidos alcoholizados, etc.–.

Al momento en que la violencia policial se desata sobre los propios, los quiebres y suspicacias sobre la policía se instalan. En el caso de los barrios, se observa claramente en las reiteradas referencias a las distancias que la llamada masacre del Alto dejó entre los habitantes de los barrios que forman parte de la circunscripción de la comisaría 28^[15]. Allí, el quiebre con la institución policial no se produjo sólo por el caso de gatillo fácil, sino por la represión posteriormente desencadenada sobre el resto de la población, que dejó como saldo dos vecinos^[16] muertos por las balas policiales. Mientras que, en el caso de las comunidades mapuche, la actualización reiterada de los patrones de violencia policial mostró un distanciamiento constitutivo con los milicos que, en el contexto pandémico, resultó amplificado no sólo por las condiciones de aislamiento sino por la situación ya mencionada de exacerbación de discursos racistas en la región.

Finalmente, este estudio permitió identificar una paradoja respecto de la visibilidad del trabajo policial en pandemia, donde a la exigencia de cuidados y de presencia estatal significados en la institución, se le impuso aquella de las ausencias y violencias, producto en buena medida de trayectorias, condiciones y patrones previos de actuación.

Queda cerrar este trabajo destacando que la institución policial ha sido escasamente estudiada en la región y, de manera consecuente, los datos disponibles hasta la realización de este proyecto –en lo que respecta a sus prácticas cotidianas y a su intervención en el territorio– eran por demás escasos. A partir de este proyecto, no sólo se ha recabado gran cantidad de información actualizada, también se han consolidado lazos entre investigadores de las distintas Sedes y abierto líneas de indagación disponibles para la formación de estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro interesados en la temática de seguridad.

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