Registros institucionales y percepciones subjetivas sobre cambios y continuidades en las dinámicas de los delitos, las violencias y el policiamiento durante la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Mar del Plata

Federico Lorenc Valcarce

Introducción

Una de las principales preocupaciones que generó el advenimiento de la pandemia Covid-19 fue hasta qué punto esta situación introdujo cambios en la vida social, y en nuestro caso particular, en las dinámicas de las violencias, los delitos y la actuación de las fuerzas de seguridad. En este marco, nos preguntamos por las eventuales modificaciones en los patrones de violencia social, en las configuraciones del delito y su regulación, en el policiamiento urbano y la violencia institucional.

Estimar cuánto cambiaron las cosas en un contexto determinado no es una tarea sencilla para las ciencias sociales. En muchos casos, son los propios investigadores los que tienen una tendencia a subrayar las novedades, perdiendo de vista el trasfondo de patrones recurrentes y realidades sociales robustas que permanecen prácticamente incólumes. En otros casos, el énfasis en esos hechos sociales fuertemente arraigados en la vida colectiva hace perder de vista que el cambio es un dato permanente de las sociedades humanas, aunque ese cambio se sitúe en aspectos y situaciones específicas y no en el conjunto social. Por eso, en este trabajo buscamos huellas de los cambios, y de las continuidades, que la pandemia trajo en materia de delitos, violencias y policiamientos. Buscamos esas huellas en los testimonios recogidos en el diálogo con vecinos, referentes sociales, dirigentes políticos y policías. También en registros oficiales elaborados por las instituciones especializadas del Estado.

Un estudio sobre estos fenómenos en el contexto de la pandemia Covid-19 no flota en el vacío. En nuestro país, las ciencias sociales se han abocado al estudio de la inseguridad desde hace por lo menos dos décadas.

Lo que suele denominarse inseguridad objetiva corresponde a los niveles reales de incidencia del delito, y las violencias, en determinadas poblaciones, y corresponde con la existencia efectiva de hechos en los que las personas son victimizadas. Estos hechos suelen ser imputados a causas sociales, como del desempleo y las bajos ingresos, la pobreza o la desigualdad, o bien a la ineficacia del sistema institucional (Míguez y D’Angelo, 2006, Míguez, 2014). También existen factores urbanos que inciden sobre la victimización: aunque el delito patrimonial golpea más fuertemente a los sectores más altos, vivir en barrios acomodados reduce el riesgo a la mitad (Bergman y Kessler, 2009).

La encuesta ENES-PISAC realizada entre 2014 y 2015 sistematiza algunos factores que determinan la victimización de los hogares (Kessler y Bruno, 2018). En sintonía con gran parte de las hipótesis formuladas por la literatura nacional e internacional, los datos de ese estudio muestran que factores sociales y territoriales son fundamentales para explicar el delito. En términos generales, las aglomeraciones más grandes tienen mayor incidencia del delito. Los sectores más altos son más afectados por el delito contra la propiedad, mientras los sectores más bajos padecen en mayor grado delitos violentos en la vía pública. Especialmente afectados son aquellos segmentos de las clases bajas que viven en un hábitat degradado con menor acceso a servicios públicos. Observaremos que este patrón también opera en los barrios donde realizamos nuestra investigación.

Un estudio realizado en Tucumán revela que incluso en los barrios socialmente vulnerables, existe una heterogeneidad de experiencias del delito y la violencia (Cid Ferreira, 2014). Hay evidencia de que bajos niveles de delito se dan en las zonas con una mejor situación urbana, como alumbrado y salubridad, y bajo nivel de conflicto en la comunidad. La existencia de instituciones (escuelas, centros de salud, iglesias, clubes, comedores) contribuye en el mismo sentido. Además, la presencia policial y su buen desempeño en el control del delito contribuyen a bajar los niveles de delito. Dentro de los barrios populares, las áreas de mayor relegación son también ámbitos de mayor victimización. Observaremos que este patrón también opera en los barrios donde realizamos nuestra investigación, o bien señala algunas pistas para análisis que no hemos incluido en este trabajo.

Estudios recientes muestran que los niveles de violencia y delito en América Latina son elevados, y se han incrementado en las últimas décadas, no solo por efecto de factores tradicionales como la desigualdad, la desorganización social y la degradación urbana, sino también por las nuevas oportunidades de negocios en los mercados ilegales (no solo de drogas, sino también de coches, autopartes, ropa o celulares) y la ineficacia de los Estados (Kessler, 2014; Bergman, 2021).

Por otro lado, existen ciertas representaciones colectivas sobre este fenómeno objetivo y existen también percepciones subjetivas del riesgo que este fenómeno entraña, es decir, eso que diversos autores denominan miedo al crimen o sentimiento de inseguridad (Kessler, 2009). La inseguridad subjetiva corresponde al modo en que las personas procesan a través de percepciones, creencias, evaluaciones y emociones los hechos relativos al delito y la violencia, los hayan experimentado individualmente o no. Existen investigaciones que abordan específicamente las representaciones de la inseguridad, sus contenidos y sus fundamentos sociales. Las principales contribuciones en este terreno han sido realizadas por Gabriel Kessler, aunque existen trabajos más acotados que procuran dar cuenta de distintos aspectos del problema (Isla y Míguez, 2003 y 2010; Bermúdez y Previtali, 2014; Otamendi, 2015 y 2020). En estos trabajos se abordan los fundamentos sociales del sentimiento de inseguridad, y se indagan los distintos contenidos de este sentimiento, tanto en términos cognitivos (descripciones, diagnósticos, recetas, etc.) como emotivos (miedo, ira, indignación, etc.), sin descuidar sus consecuencias sobre las prácticas cotidianas (hábitos cotidianos, estrategias de protección).

Finalmente, y en articulación más o menos directa con las dinámicas sociales de la inseguridad y las violencias, se han desarrollado investigaciones sociales sobre la policía. Una parte importante de la producción en la materia adopta una perspectiva etnográfica, procurando desentrañar los sentidos imbricados en las prácticas policiales y desplegados en las interacciones sociales con distintas poblaciones (Sirimarco, 2010; Frederic et al., 2013; Bianciotto, 2015; Garriga Zucal, 2016; Calandrón, 2016; Pita y Pacecca, 2017; Ugolini, 2017; Cozzi, 2019). En otros casos, se busca describir en clave más sociológica el tipo de actividades y las funciones institucionales y políticas que realiza la policía, enmarcando su estudio en procesos sociales más amplios (Sain, 2008; Dewey, 2015; Montero y Sozzo, 2016; Hathazy, 2016; Goldin, 2020). Estas investigaciones muestran con suma riqueza y detalle los distintos aspectos de la institución policial, la diversidad de actividades que realizan sus agentes, los modos de vincularse con distintos segmentos de la población, las relaciones con el poder judicial y la política. Ninguna mirada homogeneizante y simple sobre la policía, menos aún una que la reduzca a la función de perseguir al delito y mantener el orden público, son aceptables después de conocidos los resultados de esos estudios.

En este marco, algunos autores han puesto énfasis en la violencia como componente de la actividad policial, y sobre sus múltiples significados. Los trabajos de Esteban Rodríguez Alzueta, y en particular su libro sobre el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil (Rodríguez Alzueta, 2020), muestran que las violencias policiales son parte de un medio social hostil, en el que las violencias circulan de manera generalizada. José Garriga Zucal (2016) desarrolla una reflexión sistemática sobre la violencia como comportamiento provisto de sentido y como recurso para el logro de ciertos fines. En primer término, el uso policial de la violencia sirve para corregir a quienes no muestran respeto en el trato con la autoridad. Ejercida de cierta manera y sobre determinados objetivos, también sirve para obtener el reconocimiento de los pares, y acumular prestigio. En segundo término, la violencia sirve para gobernar el territorio, ordenando el conflicto y regulando los delitos. Para ello, los policías recurren a formas no letales de violencia que incluyen amenazas, maltratos, golpes, demoras y detenciones, y que tienen por destinatarios sobre todo a los jóvenes varones de sectores populares (Garriga Zucal, 2020a). Ambos aspectos, las dinámicas plurales de la violencia y el sentido moral e instrumental de la violencia policial aportan a la comprensión de los hechos observados en nuestro trabajo.

Para abordar los aspectos objetivos y subjetivos de la seguridad y las violencias en pandemia, y situar en ese contexto el papel de las fuerzas de seguridad y las actividades policiales, en este trabajo recuperamos materiales producidos en el marco del trabajo de campo realizado en comisarías, viviendas y calles de barrios periféricos de la ciudad de Mar del Plata, y los ponemos en diálogo con informes elaborados por distintas instancias oficiales que registran los cambios que el advenimiento de la pandemia, el ASPO y el DISPO, trajeron en las dinámicas sociales de los delitos, las violencias y las actividades policiales.

Parte del trabajo que presentamos es resultado del esfuerzo colectivo de un conjunto de investigadores en formación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los análisis propuestos se apoyan en una veintena de entrevistas con personal policial de distinta jerarquía en diversas comisarías de la ciudad de Mar del Plata, y también en entrevistas con informantes clave, en particular, media docena de participantes en los foros de seguridad, militantes sociales y dirigentes políticos locales. Por otro lado, recuperamos la voz de medio centenar de pobladores de distintos barrios de la ciudad a través de entrevistas que se realizaron tanto por medios virtuales como en interacciones cara a cara. Todo este trabajo de campo se realizó desde mediados de 2020 hasta finales de 2021, en el contexto de la pandemia de COVID 19, en el momento inmediatamente posterior a la aplicación de las medidas más drásticas de aislamiento social obligatorio. El trabajo de campo en comisarías fue realizado por Federico Lorenc Valcarce, Gonzalo Lohiol, Juan Gastiazoro y Ana Huici. En las entrevistas con vecinos y dirigentes sociales participaron, además del autor de este capítulo, Gimena Bertoni, Luciano Del Hoyo y Lucía Rizzalli, todos ellos estudiantes de doctorado. Se sumaron también Ignacio Cubric, Anastacia García, Valentina Giménez, Jade Laitano, Noelia Parcesepe, Natalio Strada y Tomas Stroppiana, estudiantes de sociología y ciencia política. El proyecto incluyó otros aspectos de las violencias en pandemia, particularmente abordajes de procesos judiciales y mediáticos, que son abordados en otro lado. El conjunto de los resultados de esta investigación está condensado en el libro El policiamiento de la pandemia (Lorenc Valcarce, 2023). En este artículo también utilizamos resultados elaborados en el marco de otras dos investigaciones pandémicas, en particular, dos encuestas realizadas conjuntamente con otros grupos de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Objetivaciones de las violencias y el delito

Se ha señalado con razón que la medición del delito a través de las estadísticas criminales está sesgada por la tendencia a no denunciar determinado tipo de hechos, y por el trabajo policial de registrar y dar existencia administrativa a las denuncias. En efecto, la toma de una denuncia está determinada no solamente por la ocurrencia del hecho denunciado, o la voluntad de denunciar que tengan las víctimas, sino también por la intervención de los funcionarios policiales. En distintas circunstancias, una comisaría puede tener intención de tomar más o menos denuncias, según quiera mostrar la gravedad de la situación o bien la eficacia de su actuación. No obstante, podemos tomar las estadísticas oficiales como un indicador imperfecto, pero válido a fines descriptivos y comparativos, de la situación de los delitos.

Entre los delitos contra la propiedad, los robos y los hurtos son los más voluminosos, y también los más vinculados a la preocupación social y política sobre la seguridad. Estos delitos son medidos sistemáticamente por distintas instancias institucionales. Tomando como referencia los datos del Sistema nacional de información criminal, los robos y hurtos en Mar del Plata muestran la siguiente evolución entre 2014 y 2021:

Tabla 1: Evolución de robos y hurtos en Mar del Plata, 2014-2021

Mar del Plata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total de hechos de robos	2446	2651	2062	2072	2104	4035	2930	3010
Total de hechos de hurtos	2840	2594	2060	2143	2130	3002	1985	1971

Fuente: Sistema nacional de información criminal, Ministerio de Seguridad de la Nación, 2022.^[1]

Los delitos contra la propiedad descendieron desde 2014 hasta 2018, pero al año siguiente se observa un pico importante de denuncias. En los últimos años, pandemia mediante, los niveles han vuelto a los que observamos anteriormente. Los niveles de robos y hurtos en Mar del Plata, con tasas de 456 y 299 casos cada cien mil habitantes respectivamente, son relativamente bajos: superiores a los de Bahía Blanca o Tandil, pero inferiores a los de La Plata, la mayor parte de los distritos del conurbano y grandes ciudades como Córdoba o Rosario.

Entre los delitos contra las personas, los homicidios son los más dramáticos, y las lesiones son las que mejor indican los niveles de violencia interpersonal. Tomando como referencia la fuente analizada anteriormente, los homicidios y las lesiones dolosas en Mar del Plata muestran la siguiente evolución entre 2014 y 2021:

Tabla 2: Evolución de homicidios y lesiones en Mar del Plata, 2014-2021

Mar del Plata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total de víctimas de homicidios dolosos	79	75	45	36	48	46	33	39
Total de víctimas de lesiones dolosas	1253	1332	744	914	835	852	1376	2176

Fuente: Sistema nacional de información criminal, Ministerio de Seguridad de la Nación, 2022.

En Mar del Plata, los homicidios vienen descendiendo desde 2016. Desde ese año, hubo un promedio de 40 homicidios por año. La tasa se sitúa en los 5,9 homicidios cada 100 mil habitantes, bastante por encima de los 4,7 que en promedio tiene la provincia de Buenos Aires y los 4,6 del promedio nacional. No obstante, lejos están estas cifras de los niveles de ciudades como Rosario (18,6) o Santa Fe (13,6), en las que la tasa de homicidios está por encima de lo que se considera internacionalmente como un nivel crítico (Bergman, 2021). La mayor parte de los homicidios registrados en Mar del Plata se concentran en las zonas oeste y sur de la ciudad, que no son las más densamente pobladas pero constituyen el hábitat privilegiado de los sectores populares.

Ahora bien, si afinamos la observación que corresponde a nuestra pregunta inicial. ¿Qué pasó específicamente en el periodo más restringido de aislamiento social? El Ministerio Público Fiscal de la Provincia elaboró informes puntuales para observar los cambios que se produjeron en el contexto de la pandemial. Para ello, sistematizó datos del 20 de marzo al 25 de junio de 2020, y para el mismo periodo de 2019:

Tabla 3: Delitos totales y seleccionados, Provincia de Buenos Aires, 2019 y 2020

Delito	20/3 a 25/6 2019	20/3 a 25/6 2020	Incremento
Homicidio doloso	341	283	– 17,0
Lesiones leves	19144	11681	– 39,0
Amenazas	28858	18864	– 34,6
Robo	30214	18929	– 37,4
Hurto	24426	11481	– 53,0
TOTAL	247708	164932	– 33,4

Fuente: Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, 2020.

En la comparación entre ambos períodos, se observa una reducción de un tercio en el total de los delitos. Esta tendencia se verifica también en los datos sobre lesiones, amenazas y robos. La caída en los hurtos es mucho mayor, mientras que la reducción de los homicidios es relativamente menor. Podría afirmarse que, con la reducción de la circulación, disminuyen fuertemente todos aquellos delitos que tienen que ver con el espacio público, mientras que aquellos que tienen que ver parcialmente con el ámbito doméstico (en particular, algunos de los homicidios) se reducen menos drásticamente. La caída es mucho más fuerte en el fuero penal juvenil, salvo en el caso de los homicidios:

Tabla 4: Delitos totales y seleccionados, fuero de responsabilidad penal juvenil, Provincia de Buenos Aires, 2019 y 2020

Delito	20/3 a 25/6 2019	20/3 a 25/6 2020	Incremento
Homicidio doloso	27	28	+ 3,7
Lesiones leves	976	304	– 68,9
Amenazas	684	274	– 59,9
Robo	666	347	– 47,9
Hurto	607	245	– 59,6
TOTAL	7244	3424	– 52,7

Fuente: Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, 2020.

Cuando miramos la ciudad de Mar del Plata, aunque esta fuente no nos provee el detalle por tipo de delitos, observamos que la caída general del delito es todavía más drástica: las investigaciones penales preparatorias de los primeros tres meses del periodo de pandemia y aislamiento son 6.338 contra 12.058 de igual periodo de 2019 (un 47,4% menos), mientras en el fuero de responsabilidad penal juvenil los casos bajan de 357 a 154 (con una reducción del 56,9%).

Según el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CEMAED) de General Pueyrredón, en 2020 se registraron 3.733 robos y hurtos, contra 5.377 del año anterior (un 30% menos). En la serie detallada se observa que el delito venía creciendo en los primeros dos meses de 2020, comparado con el año anterior, pero en marzo se produce un freno y luego una marcada caída. La diferencia más extrema se da en los meses de abril, mayo y junio, con una caída promedio de 60%. En abril y mayo de 2020, el robo de automotores fue un 70% más bajo que en iguales meses de 2019; comparando ambos años completos, el descenso fue de 33%. En esos dos meses, el robo de motos fue un 55% más bajo; comparando ambos años completos, el descenso fue de 20%. En efecto, la mayor cantidad de delitos contra la propiedad se concentra en el centro de la ciudad, que es donde hay más población y sobre todo más movimiento de bienes y personas. En el contexto de la pandemia, la restricción de la circulación impacta directamente sobre la ocurrencia de este tipo de delito, en esta área.

En 2020, los homicidios fueron más bajos que el año anterior, y no verificamos en absoluto el alza que podría haberse esperado en un contexto de aislamiento, dado que se tornaron más permanentes y más densos los vínculos en la familia y la comunidad barrial, espacios privilegiados en los que emergen este tipo de hechos.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires brindó a nuestro proyecto información detallada sobre otros aspectos relevantes para la investigación. En 2019 hubo en General Pueyrredón 110 heridos por arma de fuego, y esa cifra aumentó a 150 en el año 2020. En otros distritos las evoluciones son discrepantes: por ejemplo, en Quilmes tiene un movimiento similar, en La Plata no hay cambios de un año a otro, y en distritos como San Martín o Florencio Varela descienden. En el conjunto de la Provincia pasan de 1.555 a 2.238 entre 2019 y 2020^[2]. No podemos extraer interpretaciones concluyentes de estos datos.

Formas y variaciones de las percepciones sociales del cambio

En el marco de trabajos interconectados con nuestro proyecto PISAC-COVID-19, se realizaron dos encuestas en barrios populares de Mar del Plata, poniendo el foco en distintos aspectos de la pandemia y el aislamiento físico y social^[3].

En el marco de la encuesta UNI2-UNMDP, se preguntó en qué medida un conjunto de problemas sociales habían afectado personalmente al encuestado o a algunos integrantes de su hogar desde el inicio de la pandemia. Las respuestas fueron las siguientes:

Tabla 5: Impacto de los problemas sobre las personas y las familias desde el inicio de la pandemia, 2020-2022

Cuanto los afectó el siguiente problema…	Nada (%)	Cuanto los afectó el siguiente problema…	Mucho (%)
Vivienda	86,5	Trabajo	22,9
Violencias	84,3	Inseguridad	12,1
Acceso a vestimenta	81,6	Alimentación	12,1
Acceso a medicamentos	78,0	Transporte público	11,7
Acceso a artículos de higiene	75,8	Acceso a la salud	10,8
Acceso a servicios públicos	74.0	Educación	10,3
Educación	70.0	Acceso a medicamentos	6,3
Transporte público	69,5	Acceso a artículos de higiene	5,4
Inseguridad	67,7	Violencias	4,9
Acceso a la salud	61,4	Acceso a servicios públicos	4,9
Alimentación	48,9	Acceso a vestimenta	4,5
Trabajo	45,3	Vivienda	2,7

Fuente: Encuesta Proyecto UNI2-UNMDP.

Considerando las respuestas extremas, observamos que las violencias no son un problema que afecte concretamente a una porción importante de la población. Al contrario, los hechos de inseguridad están en el cuarto lugar entre los que se consideran totalmente inocuos; y, en segundo lugar, junto con la alimentación, entre los que afectaron mucho a la población. El impacto negativo de la inseguridad es percibido como más grave por los adultos que por los jóvenes, y lo mismo sucede con las violencias. Comparados con los adultos, los jóvenes se muestran más preocupados por el acceso a bienes (en particular, alimentos y vestimenta) y al transporte público. En promedio, todos los problemas les parecen más graves en sus consecuencias a las mujeres que a los varones, especialmente los vinculados al trabajo, la educación, la higiene y la salud. No obstante, no tienen una posición diferenciada en lo atinente al impacto de la inseguridad y la violencia.

En cuanto a los hechos específicos de violencia e inseguridad, en esa misma encuesta se hicieron preguntas sobre percepciones y sobre hechos delictivos o violentos padecidos por la población. El 66,8% de los encuestados considera que los delitos aumentaron desde el inicio de la pandemia, 18,8% considera que se mantuvieron igual y 2,2% considera que disminuyeron. Una proporción similar considera que los casos de violencia de género en el ámbito doméstico aumentaron durante la pandemia, y el 30,5% de los encuestados conoce casos de denuncia de violencia de género en su barrio durante la pandemia. La percepción de aumento de la violencia de género es mayor en zonas exteriores a la mancha urbana).

En la encuesta CESP-MINCyT, 59,2% de los respondientes considera que los casos de violencia de género aumentaron desde el inicio del ASPO. En cuanto al conocimiento de casos concretos de denuncia de violencia de género en el barrio durante el ASPO, 25,2% estar al tanto. Cuando consideramos la victimización directa, 2,4% de las personas reportaron la ocurrencia de casos de violencia de género o violencia doméstica en sus hogares.

La encuesta CESP-MINCyT también incluye preguntas evaluativas sobre el desempeño policial. Con respecto a la presencia de la policía en el ámbito barrial, un 26% de los encuestados cree que se incrementó desde el inicio de la pandemia, 57,2% considera que se mantuvo igual y 12,8% considera que disminuyó. Un 54,8% de los encuestados se siente algo o muy protegido por la policía, mientras 42,4% no se siente nada protegido. A su vez, 68,8% considera que el trato de la policía hacia su persona y sus vecinos es bueno o muy bueno, mientras 13,6% afirma que es malo o muy malo. En todo caso, hay una mayoría de la población que se siente protegida por la policía y cree que el trato dispensado a los habitantes del barrio es adecuado.

Esto no implica negar que la policía sea un vector de violencia en el mundo popular. Durante el aislamiento, 9,2% de los encuestados presenció violencia verbal hacia otras personas por parte de la policía, 2% maltrato físico y 3,6% detenciones sin motivo. A título personal, 5,2% de los encuestados fue maltratado verbalmente, 1,6% fue maltratado físicamente y 1,2% fue detenido sin motivos. Por otro lado, un 6,8% considera que la policía lo discriminó, sea por su sexo, color de piel, vestimenta o condición social^[4]. Más allá de las variaciones, estos datos muestran que los hechos de hostigamiento policial, e incluso las detenciones sin motivos, son frecuentes en los barrios, y que no se detuvieron durante la pandemia.

Cada zona de la ciudad tiene sus propias dinámicas de organización social y su modo de establecer relaciones entre la población y las instituciones. Por eso existen variaciones importantes entre barrios que tienen rasgos socioeconómicos similares. Según la encuesta CESP-MINCYT-COVID-19, los niveles de violencia más elevados se observan en el Sudoeste (20%), luego en el Noroeste (16,7%) y el Sur (16%). Los más bajos en el Norte (12%) y en Batán (4%). Pero hay también características morfológicas que son relativamente independientes de sus manifestaciones particulares, y pueden abstraerse en variables que hacen comparables los distintos barrios. Estas características señalan que dentro de los barrios populares hay situaciones heterogéneas, y que existen islotes de relativa prosperidad conviviendo con bolsones de vulnerabilidad y marginalidad social. En las primeras se localizan los robos y hurtos, mientras en las segundas predominan las peleas y los abusos de autoridad. En estas últimas parece profundizarse el padecimiento de la inseguridad y la violencia.

En términos generales, la inseguridad objetiva y subjetiva, y la mala relación con la policía, tienen mayor arraigo en las zonas más degradadas (cercanas a basurales permanentes y calles en mal estado, con poca iluminación y mal acceso al transporte público). Como señalan varios autores, entre ellos Gabriel Kessler (2014), las desigualdades tienen a acumularse y la falta de acceso a ciertos derechos básicos se prolonga en la privación de muchos otros. Quienes viven en zonas urbanas degradadas, y ven vulnerados su derecho a un entorno adecuado en términos de infraestructura, sanidad y movilidad, también son más afectados por la inseguridad y las violencias.

Relatos policiales en el territorio

Desde marzo de 2020, las fuerzas de seguridad fueron encargadas de aplicar las directivas emanadas del poder ejecutivo nacional como respuesta a la pandemia de Covid-19. A la hora de producir un diagnóstico sobre las novedades que trajo la pandemia, los relatos producidos por el personal policial introducen matices que tienen que ver, en gran medida, con las características distintivas de los territorios donde operan.

En los barrios centrales de la ciudad, y en las zonas residenciales habitadas por clases medias y acomodadas, la pandemia introdujo inicialmente una suspensión de las actividades económicas, educativas, recreativas, políticas, etc., con una consiguiente reducción de la circulación por el espacio público:

Al principio, les pasó a todas las jurisdicciones que tienen movimiento de todos lados de Mar del Plata. De un momento para otro fue increíble la estadística negativa de robos, robos de automotor, asaltos, era cero. No había movimiento, era un desierto la calle (Subcomisario V.).

Apenas algunas salidas para hacer compras, una mínima circulación de personal esencial, podían ser controladas fácilmente por las fuerzas policiales que circulaban en móviles o hacían retenes en distintas áreas de la ciudad. Incluso en barrios residenciales en que conviven grupos de distinta condición social, también hubo una especie de parate inmediato:

Antes de que empiece la pandemia era una comisaría movida, llegamos a tener tres heridos de arma de fuego por día, apuñalados es normal, sobre todo de la 39 para arriba. Cuando llegó la pandemia no hubo mucho más, se redujo prácticamente a cero. Los hechos, las entraderas, los homicidios, eso bajó a cero (Oficial Ayudante C.).

La idea de una interrupción de la vida social, y de la actividad delictiva, se acompaña con una percepción del volver a la normalidad a partir de los últimos meses de 2020:

El año pasado estuve en Casino. Al principio, marzo hasta junio, la gente no salía a la calle, eso significó que no haya problemas. Ahí más que nada hay gente contraventora, peleas en la calle, gente ebria en la calle, o aquellas personas que tienen un incidente de tránsito y terminan golpeándose. Eso no ocurría porque la gente no circulaba. Y después por ejemplo en la peatonal, en época de temporada, suele haber pungas, y ese tipo de cuestiones, había quedado todo paralizado porque no había movimiento. Habíamos incrementado los controles sobre la gente que circulaba, pero más que nada nuestro trabajo fue recordarle a la gente que tenía que solicitar el permiso para circular. A los cinco meses, ya había casi una normalidad, porque volvimos a tener las mismas problemáticas que teníamos antes (Principal R.).

Al contrario, en los barrios periféricos, la vida social mantuvo una cierta intensidad, con una circulación relativamente normal, y una reactivación de la actividad en comedores, merenderos y otros espacios de organización comunitaria. La crisis ahondó los problemas de trabajo, ingresos y acceso a bienes básicos, pero no se transformó radicalmente el objeto de intervención policial:

Durante la pandemia fue más difícil llevar y controlar en los barrios que en el centro, el acatamiento se dio más en las zonas céntricas que en la periferia. Convengamos: los ojos en Mar del Plata están puestos en toda la parte turística, lo que es el centro, no en el barrio Las Heras. Ante los ojos del mundo, todo lo que era Playa Grande, la costa, el centro, no circulaba nadie, el acatamiento se hizo, la periferia fue más difícil controlarla. Es mucho más difícil controlar a la gente del barrio Las Heras, decirle que no salga (Comisario L.).

A las tareas habituales de regulación y control de la población y las actividades delictivas, se sumaron operaciones en las que el personal policial debía intervenir frente a trasgresiones de las regulaciones establecidas por el Estado nacional. En primer término, las transgresiones de las restricciones a la circulación generaron apercibimientos, actas e incluso algunas detenciones:

En los barrios populares no hubo cuarentena, era un deambular un poco más reducido… Y nosotros teníamos que hacerle el DNU, un acta con la infracción a esa ley y a ese artículo, y acompañarlo hasta su casa (Comisario M.).

En estos casos, la intervención policial recurrió a las formas habituales en barrios populares. En el ejercicio de las funciones de seguridad, la preocupación inmediata de las autoridades policiales es mantener el orden en su territorio, “no perder la calle”. En este marco, aparecen no solamente las distintas prácticas que hacen al oficio policial, sino también las distintas formas de ejercicio de la violencia.
Según la mirada policial, la pandemia trajo una reconfiguración del delito en las periferias populares. Quienes salían a robar fuera del barrio vieron limitada su movilidad, y eso los llevó a delinquir dentro de sus propios barrios:

En un primer momento no salía nadie. No salía ni la gente de la villa, ni salía, no salía nadie. Y después lo que empezó a pasar, cuando ya… y esto yo se lo culpo a la realidad social que vivía la gente ¿no? El delincuente que vivía en la villa nunca robaba en la villa, se iba a robar al centro, se iba a robar acá… salía del barrio para cometer el delito. El delito que prácticamente se sentía obligado a realizar, ahí te dabas cuenta del delito del hambre ¿sí? Porque empezaron a robar en el mismo barrio, se empezaron a robar entre ellos ¿sí? Se empezaron a meter con los barrios más cercanos que antes no los tocaban, los barrios cercanos a la villa prácticamente eran los más seguros porque podían tener problemas interpersonales, cagarse a tiros entre ellos, pelearse… ¿pero robarle al vecino? Es una falta de código total, para el código de barrio, de la villa, de la gente humilde. Y lo que yo noté es que empezó a cambiar. Se empezaron a robar a los vecinos. La misma gente de ahí se robaba con la gente de ahí. Eso fue el cambio más grande que yo noté (Comisario C.).

Desde el punto de vista del personal policial, el trabajo que realizan en los barrios populares es distinto del que se realiza en zonas céntricas, o en áreas rurales. Aunque existen delitos contra la propiedad (robos de carteras, celulares, bicicletas y motos, cables de tendido eléctrico, usurpaciones, etc.) la mayor parte de las intervenciones se dan sobre estas situaciones de conflicto interpersonal que incluyen insultos y amenazas, muchas veces también el uso de la violencia física. En la periferia “se trabaja en otro idioma, la gente tiene otra reacción ante la policía”, en otros términos, “es más hostil”. El territorio es caracterizado como un espacio de violencia generalizada, interpersonal y muchas veces intergrupal, que marca el tono de la propia intervención policial. Según los testimonios policiales, en el contexto de la pandemia, mientras en los barrios céntricos y residenciales la inseguridad se puso en pausa, en los barrios periféricos las dinámicas de violencia se mantuvieron y los delitos contra la propiedad se incrementaron.

Miradas desde los barrios

El punto de vista de los habitantes de los barrios populares tiende a coincidir con la perspectiva policial. Gran parte de los testimonios recogidos en esas áreas de la ciudad señalan la relativa continuidad de la vida social y la persistencia de las dinámicas de la inseguridad y la violencia durante la pandemia. Lo mismo sucede con el desempeño policial. Lo que predomina en primer término es la imagen de una continuidad: “igual”, “siempre igual”, “como siempre”, “normal”, “ningún cambio”. A medida que se avanza en la exploración, aparecen algunos pequeños matices.

Un primer matiz corresponde al aumento de los robos. Varios testimonios señalan que en los barrios periféricos se intensificó el “raterismo”, que los entrevistados asocian con el robo de garrafas, bicicletas, materiales de construcción, herramientas, ropa y cualquier otro objeto en viviendas, y sobre todo en patios y terrenos. “En el barrio hay rateritos que roban en el patio, te roban si pueden alguna herramienta, oportunistas, digamos” (M. 42 años, vecina del barrio Félix U. Camet).

Para varios entrevistados este tipo de robos se incrementó durante la pandemia, por razones sociales. En primer lugar, se cerraron las oportunidades de trabajo, sobre todo changas y rebusques, “porque al no trabajar se preocupan por lo que dejaste, que no dejaste y si pueden robar las casas que están vacías mucho mejor, porque imaginate al no tener ellos trabajo” (C. 45 años, vecina del barrio Las Dalias)). El robo aparece entonces como un medio para obtener ingresos: “antes ponele que trabajaban, o hacían changas, o se iban a joder a otro lado, ponele. Pero ahora con la pandemia están todo el día en la esquina y en el barrio”. (D., 23 años, vecina del barrio Las Américas). En segundo lugar, quienes delinquían en el centro o en otros barrios, ahora son “más atrevidos, quizás antes no robaban en el mismo barrio, y ahora sí lo hacen” (F., 22 años, vecina del barrio Belgrano). Estos robos se asocian con el estar en el barrio, y aprovechar las oportunidades: “con la pandemia se agudizó todo, algunas cosas por necesidad y otras porque ya se mezcla todo con todo y… hay chicos que están en la calle todo el tiempo, en la calle” (C., 52 años, vecina del barrio Parque Peña).

De este modo, los robos se imbrican en relaciones de la comunidad local. Por lo tanto, se inscriben en relaciones duraderas de conocimiento personal, y se articulan con negociaciones y conflictos que transitan por diferentes carriles. “El raterismo entre los mismos vecinos, entre los mismos parientes” (J., 52 años, vecino del barrio Las Dalias). Los objetos robados circulan luego en el propio barrio, o en los barrios aledaños, e incluso son ofrecidos a las propias víctimas para que los rescaten. Se trata de mercados ilegales locales, más precarios y menos lucrativos que los que se estiran a escala nacional y trasnacional. Pero plenamente vigentes en un contexto de compartimentalización espacial de las relaciones sociales.

En sintonía con algunas interpretaciones elaboradas por las ciencias sociales, son los propios entrevistados los que relatan un hecho, lo sitúan en una categoría y lo remiten a un patrón. Los robos son naturalizados, clasificados y explicados sobre la base de una experiencia y un conjunto de esquemas teóricos que forman parte de los saberes populares.

Según los testimonios, también hay una ligera intensificación de la violencia, que no está totalmente desconectada de los robos: “allá en el asentamiento es bravísimo, el problema son los chicos, 14 o 15 años que andan drogados completamente y después que roban” (P., 40 años, vecina del barrio Las Dalias); y que se asocia con la existencia de “banditas”, que en los primeros meses tendieron a quedarse en el barrio:

Con esto de la pandemia como están todo el día en el barrio porque no pueden hacer otra cosa, es como que salen todos. Y se juntan, se pelean, y vos ves que bajan de la plaza cagándose a puteadas entre ellos por la minita (I., 22 años, vecina del barrio SOIP).

En muchos casos, esta violencia se disparó a partir de partidos de futbol y fiestas clandestinas: “se pelean mucho viste, están a los tiros” (M., 57 años, vecina del barrio Don Emilio). “son las tres de la mañana, hacen toda una clandestina, en época de pandemia, y salen y se cagan a tiros” (I., 22 años, vecina del barrio SOIP).

Pero al igual que los delitos y la inseguridad, la mayor parte de los entrevistados advierten: “la violencia siempre estuvo” (M., 57 años, vecina del barrio Don Emilio), sobre todo porque muchos de los hechos que relatan son de años atrás, y sirven como base para desarrollar ideas y evaluaciones más generales. “Hay violencias entre barritas, entre vecinos, familiares, violencias clánicas históricas que ya no saben porque se enojan” (A., 29 años, vecino del barrio Parque Peña).

En algunos testimonios se señala que la situación de encierro visibilizó más los casos de violencia de género. En algunos casos, vecinos escuchan o presencian escenas de violencia en la casa de sus vecinos, y hacen la denuncia en la comisaría:

Violencia de género tenés mucho, tenés mucho en esta zona… de hecho, si querés venir y pararte a las 10 de la noche, un sábado, acá afuera vas a escuchar cómo se están peleando maridos y mujeres, más de una vez a cachetadas (A., 44 años, vecina del barrio Libertad).

O en otro testimonio: “lo que hay mucho hoy son peleas de parejas. Gritos, golpes, eso sí, un montón. O ponele, parejas que se gritan” (D., 23 años, vecina del barrio Las Américas). En otros casos, son personas con actuación en instituciones las que conocen los casos y acompañan a las víctimas^[5]:

Al tener el comedor comunitario y al ayudar a personas que sufren violencia de género, desde que empezó la pandemia tenemos muchos casos… y la mayoría no hacen la denuncia, pero los casos están. Al no poder salir, no poder trabajar y estar todo el tiempo en la casa… fue peor (M., 25 años, vecina del barrio San Jorge).

El encierro, y la convivencia, potencian formatos de relación preexistentes. Estos formatos están además relacionados con el consumo de drogas y alcohol, como lo están también las violencias interpersonales y los circuitos delictivos articulados con los mercados ilegales.

Finalmente, también se señala (aunque no de manera generalizada, y siempre como un matiz a la idea de una fuerte continuidad entre la prepandemia y la pandemia) el incremento en la cantidad de policías en las calles. Sobre todo los patrullajes y operativos en los primeros meses de la pandemia, dedicados al control del aislamiento y la circulación, que para algunos sacaron el foco de los problemas específicos de seguridad. Con el tiempo, la situación fue volviendo a la normalidad.

Durante la pandemia, y según un patrón que la antecede, los controles policiales se hacían de manera selectiva:

Usualmente paraban a la gente más pobre o… recuerdo que a los chicos que venden medias o pañuelitos siempre los paraban, y me daba bronca porque te dabas cuenta que los paraban a propósito, adrede. Me parecía muy injusto, porque era gente que laburaba el día, que sabes que si salieron a trabajar es porque de verdad lo necesitaban (P., 34 años, vecina del barrio Ameghino).

No solamente la violencia física por parte de la policía, sino también la focalización del control policial sobre ciertos grupos, aparecen como arbitrarias, pero también como injustas: “por portar cara te paran”, “te patotean por cara”. Y durante la pandemia estas prácticas se multiplicaron:

Hace año y medio, cuando arrancó la pandemia, lo que sí hacían (que a nosotros nos parecía mal y varias veces nos quejamos) es que los policías si te veían en la calle o veían a los chicos jugando les pedían documentos. Y se los demoraba, y las madres tenían que, prácticamente, adivinar por qué sus hijos no volvían a la casa. Y era porque la policía los retenía (M., 25 años, vecina del barrio San Jorge).

Lo más común, en la pandemia, antes y después, es que la interacción entre policías y transeúntes se inicie con la verificación de identidad, primer paso para una indagación sobre las personas y las actividades en curso. Personas a pie, en bicicleta, en moto, en colectivo o en automóviles relatan como algo natural que la policía los detenga y les pida documentos.

Un adulto señala lo que los jóvenes del barrio informaban en un centro barrial del norte de la ciudad:

Los paraban, los boludeaban, no respetaban si eran menores, tocaban de más a las chicas, lo que hace la policía, que ellos lo tienen como operativo común, basurear a los chicos, ni hablar si saben que son del barrio, que no saben sus derechos (A., 29 años, vecino del barrio Parque Peña).

La repetición de estas formas moderadas, pero selectivas, de violencia policial son moneda corriente para los jóvenes de sectores populares (Pita, 2019). Hay indicios de que el campo de intervención policial se amplió ligeramente durante la etapa excepcional que se abrió con el inicio de la pandemia. Pero luego de unos meses, las interacciones entre policía y población volvieron a sus patrones anteriores.

Conclusiones

Según los testimonios policiales y societales, durante los primeros tres meses de la pandemia, con la circulación fuertemente restringida, bajaron los delitos de todo tipo en el conjunto urbano. En particular, los robos, pero también las lesiones y amenazas. A partir del mes de julio, la actividad social fue recobrando su normalidad, y los patrones de delitos y violencias se fueron ajustando a los niveles y modalidades preexistentes. En los barrios populares, los cambios fueron más matizados, con una relativa continuidad de las dinámicas de violencia interpersonal, un ligero aumento de la violencia de género y un fuerte aumento de los robos y hurtos.

En cuanto a la violencia policial, tanto referentes sociales como funcionarios municipales señalan que no hubo un incremento durante la pandemia. Tampoco aparecen muchos casos en los medios de comunicación, salvo el caso excepcional del asesinato de Brandon Romero. Según los efectivos policiales, estas interacciones mediadas por la violencia son normales en los barrios populares, y no hubo cambios significativos asociados a la pandemia y el aislamiento social. Esto coincide globalmente con la mirada de los dirigentes sociales y políticos, aunque en la población hay sectores que sostienen que hubo incrementos en la violencia sistemática y cotidiana ejercida por la policía, y también en ciertas formas de violencia y delito asociadas a la presencia permanente de ciertos segmentos de la población en el barrio y en el hogar.

En un análisis sobre el policiamiento durante la pandemia, José Garriga Zucal observa continuidades en las prácticas violentas de baja intensidad, invisibles pero recurrentes, a través de las cuales la policía castiga a quienes transgreden las normas, al tiempo que los educa en el acatamiento del orden social y moral. Bajo estas modalidades, la violencia policial es un recurso para lograr ciertos fines, y para ordenar las relaciones sociales en un espacio determinado (Garriga Zucal, 2020b).

Trabajando sobre el mismo período, Mariana Sirimarco recupera las tensiones planteadas durante la pandemia entre quienes subrayaban las tareas de cuidado realizadas por los policías, y quienes señalaban la continuidad de las prácticas represivas. Ambas miradas se apoyaban en hechos concretos, y en imágenes difundidas en los medios de comunicación y las redes sociales. La policía te cuida del delito, pero ahora también te cuida del virus. Pero la policía también te mata, o al menos te hace bailar. Las prácticas de vigilancia y control recurren sistemáticamente a la violencia, sobre todo hacia los jóvenes y otras poblaciones vulnerables. Y, en este punto, la pandemia supuso una continuidad respecto del pasado reciente. La novedad pasa por la ampliación temporaria de las posibilidades de intervención policial (Sirimarco, 2021).

Los datos oficiales muestran que los primeros meses de la pandemia fueron de interrupción de la vida social en las áreas centrales de la ciudad, lo que llevó a un brusco descenso del delito, y en particular del delito contra la propiedad (que tiene su epicentro en las áreas comerciales de la ciudad). Estos datos no nos permiten establecer con claridad lo que sucedió en los barrios de la periferia, pero distintos testimonios muestran que los efectos de la pandemia y el aislamiento social fueron más limitados. De allí que no se pueda establecer un corte tan neto con el periodo anterior, y tampoco un cambio drástico en la postpandemia. Nuestros registros muestran que para la población de esos barrios la inseguridad y delito aumentaron, y que fueron afectados directamente por hechos de inseguridad. Los testimonios señalan que hubo un aumento de algunos tipos de delitos y violencias, que pueden asociarse a la situación de aislamiento comunitario y doméstico. En coincidencia con lo señalado por Bergman y Kessler, son los sectores más aventajados que habitan en barrios populares los que están más expuestos al delito patrimonial. Y en sintonía con lo que muestra Cid Ferreira, los mayores niveles de vulnerabilidad social y urbana explican, dentro de los barrios populares, la mayor exposición al delito y la violencia.

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