Aldana Calderón Archina, Diego Garcés y Diego Escolar

Introducción

El veinte de marzo de 2020 el Estado argentino declaró el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) para todas las personas que habitaran y/o se encontraran en el territorio nacional. Ese mismo día, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, advirtió en conferencia de prensa que la provincia tendría estrictos operativos policiales en las calles para monitorear el cumplimiento del ASPO y, horas más tarde, se anunció la detención de cuatro personas que habrían violado la cuarentena obligatoria. En el mismo comunicado oficial, el director general de Policías advirtió: “los operativos se van a endurecer y vamos a seguir deteniendo a la gente si no cumplen con el aislamiento”^[1]. En San Juan, Carlos Munisaga, secretario de seguridad y orden público de la provincia, luego del discurso presidencial, desplegó un operativo policial de gran magnitud, del que no existían antecedentes registrados: retenes policiales en cada una de las bajadas en las calles y accesos más transitados junto con vallas que cercaban el ingreso a barrios residenciales. Los ciudadanos contaron con un tiempo establecido para regresar a sus casas o salir a comprar víveres, que se extendió hasta las 00:00 hs del 20 de marzo del 2020 y que ocasionó caos en múltiples comercios locales. En ambas ciudades de Cuyo, se incrementó la presencia de agentes policiales y la realización de controles, principalmente de tránsito en la vía pública. Así, al tiempo que los medios de comunicación propagaban la frase “quedate en casa”, las autoridades provinciales reforzaron un discurso sanitarista respaldado por la vigilancia policial permanente y técnicas de responsabilización hacia la ciudadanía, facilitando números telefónicos para la denuncia de quienes violaran las medidas de aislamiento y hasta en algunos casos marcando las casas de quienes daban positivo de Covid-19 con una faja de seguridad.

Apenas anunciado el aislamiento obligatorio, las fuerzas policiales provinciales montaron un gran espectáculo (Debord, 1967): las calles vacías y controladas por agentes de seguridad constituyeron una postal de aquellos días que se propagó a través de los medios de comunicación hegemónicos, exhibiendo un mensaje heroico a la población, pues el cuerpo de una fuerza de seguridad estaba dispuesto a sacrificarse (Garriga Zucal, 2021) por la ciudadanía para prevenir la enfermedad^[2].

Frente a este escenario, nos preguntamos acerca de la naturaleza de estas medidas que en nombre del cuidado de la salud y seguridad pública impusieron un severo control en la movilidad de la población. Como punto de partida, barajamos dos hipótesis: la primera es que las prácticas de control social se impartieron excepcionalmente a causa del alarmante estado sanitario. La segunda, que consistieron en una expresión y/o exacerbación de procesos que ya venían gestándose como parte de políticas de seguridad. Políticas que apuntarían a un reforzamiento en la vigilancia policial y el componente represivo de sus prácticas, como aspectos visibles de un replanteo autoritario de algunos gobiernos provinciales en relación con la ciudadanía.

Para dar cuenta de ello analizamos las medidas de cuidado desplegadas por las fuerzas de seguridad de Mendoza y San Juan en el marco de la pandemia, atendiendo a los cambios suscitados en las rutinas policiales de trabajo así como en el impacto que estas generaron en la población de las principales ciudades de Cuyo, focalizando en las barriadas.

Los resultados de la presente investigación están basados en una serie de observaciones y entrevistas realizadas con vecinos y agentes policiales. Se trata de un total de 19 entrevistas a pobladores de distintos grupos de edad y género en barrios populares y 15 a policías que trabajan en los mismos barrios o adyacentes, también con diversidad de género y jerarquías. Casi la totalidad de las entrevistas, exceptuando dos, fueron desarrolladas en forma presencial.

Puntos de partida: políticas de seguridad a la cuyana

El filósofo italiano Giorgo Agamben ocasionó un revuelo entre pensadores y académicos de todo el mundo cuando en los primeros meses de la pandemia publicó un escrito diciendo que el clima de pánico creado por la supuesta epidemia estaba provocando un verdadero estado de excepción (2020:18). Sin adentrarnos en los debates suscitados por esta declaración, nos interesa reparar en que el autor considera a las medidas adoptadas por la diseminación del virus como un pretexto para extender los límites de un estado de excepción permanente, aquello que Balibar (2022) denomina un estado de excepción normalizado.

En Argentina, los episodios de violencia policial en gobiernos democráticos no resultan inusuales si tomamos en cuenta el archivo elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el cual identificó que 8.172 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983 hasta 2021. La provincia de Mendoza no es ajena a estos crímenes de violencia institucional, conocidos como gatillo fácil, así como de otros tipos de actuaciones abusivas y represivas por parte de las fuerzas policiales.

Además de estos casos brutales y de extrema violencia^[3], en Mendoza se ha incrementado notablemente en los últimos años el control en los espacios públicos en particular en zonas marginales y/o que son frecuentadas por jóvenes de sectores populares. Los procedimientos han derivado en detenciones arbitrarias, persecuciones y golpizas. Durante la pandemia los episodios de violencia institucional no se detuvieron ni menguaron, por el contrario, como señala la CORREPI en el mismo archivo, durante 2021 fueron asesinadas 981 personas por el estado en sus diferentes modalidades^[4].

Es acerca de esta supuesta excepcionalidad de las medidas de cuidado que nos interesa ahondar. En tal sentido, nos preguntamos si la pandemia actuó o no como vía para justificar una excepcionalidad anterior, la cual implicó una mayor intervención de las fuerzas de seguridad en el espacio público y otras esferas de la vida social. Para ello, se vuelve necesario referir sucintamente a las políticas de seguridad implementadas a nivel nacional y provincial durante los últimos años.

En la provincia de Mendoza, en el año 1998 se impulsó un proceso de reestructuración policial. A lo largo de un año se sancionaron una serie de normas elaboradas por el Ministerio de Gobierno de la provincia que implicaron una transformación en la estructura del sistema de seguridad pública e investigación. A grandes rasgos consistió en la creación del cargo de ministro de Justicia y Seguridad, la renovación y profesionalización del personal policial, a partir de la creación del Instituto Universitario de Seguridad Pública, y la adaptación de la organización policial a la nueva anatomía del Ministerio de Seguridad (Estévez, 2002:160). Los términos seguridad pública y participación comunitaria se esgrimieron como centrales en las nuevas normativas. Por ejemplo, en la ley 6.721/99 se establece que “la seguridad pública es un derecho de los habitantes y un deber del Gobierno promover la efectiva participación comunitaria en la elaboración y control de la política de seguridad”. Asimismo, estas acciones fueron planteadas como una continuación y profundización del Plan Estratégico de Seguridad y Prevención de Conductas Antisociales que comenzó a implementarse durante los últimos años de la década de 1990 y avanzó sobre el armado de un mapa social y criminológico.

La centralidad que la política de seguridad adquiere en la agenda estatal se origina en un contexto marcado por el aumento de la criminalidad en medio de la crisis social y económica que regía a nivel nacional y que en varias provincias, como Córdoba y Mendoza, resultó en una transición de la seguridad ciudadana a una seguridad pública (Hathazy, 2014). De acuerdo con el autor, esta transición derivó en un régimen de ciudadanías restringidas (Svampa 2005, en Hathazy 2014). En los años sucesivos, en Mendoza, se fue acentuando una política punitivista y segregacionista. Durante la gobernación del peronista Celso Jaque, en 2008, se lanzó un polémico plan para combatir al delito cuyo eslogan fue “mano firme”. Mientras que en 2018, el gobernador radical, Alfredo Cornejo, dispuso un nuevo Código Contravencional para la provincia, aprobado por el Poder Legislativo, que establece sanciones y condenas para quienes acometen acciones individuales y/o colectivas que atenten contra el orden y seguridad pública, autoridades, propiedad y las moralidades, entre otras cuestiones que repercuten de forma directa sobre determinados derechos como por ejemplo en la protesta social y el derecho de huelga^[5].

En la provincia de San Juan, en consonancia con lo que plantea Hathazy (2014), en las últimas décadas se ha producido una transición en materia de políticas de seguridad que llevó de una acción contra el delito a la prevención del mismo. El autor describe este cambio en la construcción del objeto de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba, destacando la creación del CAP (Comando de Acción Preventiva), en medio de la campaña a la gobernación de José Manuel De la Sota, en el año 2003. Esta normativa habilitó que la policía pueda detener a personas bajo presunción de delito, sin necesidad de que se hubiera cometido de forma efectiva. De acuerdo con Torti (2015), especialista en criminología, desde la década de los noventa el gobierno de San Juan comenzó a construir una retórica neodesarrollista que buscó reordenar a través del accionar policial y el sistema judicial, tanto el tránsito por la ciudad, como las consecuencias de quebrantar el orden social. El sistema de seguridad imperante pone en práctica una economía moral policial (Garriga Zucal, 2021) en la que el accionar policial y el sistema judicial son herramientas que se aplican con suma discrecionalidad.

Así, la ciudad de San Juan se presenta como un espacio político en el que la gobernabilidad está asegurada y los sucesos criminales, cuando tienen lugar, son representados como problemas menores. A su vez, como afirma Torti (2021), el uso político de la inseguridad fue la puerta de entrada a numerosas medidas de gobierno al respecto. Como parte de estas iniciativas, cabe mencionar un centro de monitoreo y vigilancia, el incremento de policías y patrulleros, y la llegada en 2017 del fuero especial de flagrancia, que operó como la principal acción gubernamental en relación al delito, otorgando facultades judiciales a miembros de las fuerzas de seguridad. Por último, el 25 de febrero de 2021 el gobierno de San Juan formalizó el funcionamiento del nuevo roceso penal acusatorio adversarial, que, con el objeto declarado de dar celeridad a la justicia, otorga mayor facultad a los fiscales para obtener una rápida condena por delitos procesados a través del sistema de flagrancia, entre otros^[6]. De este modo, consideramos junto con (Torti, 2021) que existe una judicialización selectiva hacia los jóvenes, tomando en cuenta que no son todos objeto de estas situaciones, sino que a la persecución juvenil, debido a la economía moral, se le suma una territorialización de las políticas de seguridad atravesada por la clase y la racialización.

Frente a estas transformaciones en las políticas de seguridad de ambas provincias, nos parece relevante preguntarnos cómo se conjugaron con las medidas de cuidado adoptadas a causa de la pandemia, tomando en cuenta que implicaron un rol protagónico de los agentes policiales para su control y aplicación. Atendiendo, puntualmente, a cómo se adecuaron las rutinas de trabajo del personal policial a los requerimientos de las normativas del ASPO y DISPO, y de qué modo las mismas impactaron en la población. Para ello dividiremos los resultados de nuestra investigación en dos apartados, uno correspondiente a Fuerzas de Seguridad y, el otro, a Población a los fines de distinguir aspectos relativos a las variaciones preponderantes, tanto en los barrios como en el trabajo policial dentro y fuera de las comisarías. Las comisarías fueron elegidas atendiendo a su ubicación respecto a barrios populares y, especialmente algunas de ellas, porque su personal estuvo involucrado en situaciones de violencia o abuso policial que tuvieron trascendencia mediática.

Fuerzas de seguridad

En Mendoza, las entrevistas a policías tuvieron lugar en una unidad policial del Parque San Martín y una comisaría de un barrio marginal de la zona oeste de la ciudad. También se realizó una entrevista al jefe de la delegación de la Policía Federal en Mendoza. En San Juan, las entrevistas se realizaron en una comisaría del noreste de Rivadavia y la División Motorizada de un barrio aledaño. En estos espacios pudimos realizar entrevistas sin mayores dificultades o requisito alguno que cumplir. Se intentó abordar de la misma manera una comisaría de Rawson (zona sur), donde se nos exigió presentar una nota formal en la Central de Policía. Luego de asistir en reiteradas oportunidades a la espera de la autorización, resolvieron denegar nuestra solicitud.

Esta respuesta no resulta casual si tomamos en cuenta lo señalado por Torti (2015), al describir que el departamento Rawson es mapeado como zona roja por la policía provincial, quienes catalogan a los pobladores como peligrosos, vagos y dañinos. En consecuencia, entendemos que la negativa del personal policial pudo estar asociada a los sucesivos acontecimientos señalados como violentos por vecinos de Rawson. Esta situación nos coloca próximos al planteo que realiza Hathazy (2010) al considerar a la fuerza policial como un sujeto opaco que institucionalmente dificulta el acceso a la información a investigadores de las ciencias sociales. No obstante, en las situaciones en que sí accedimos, la opacidad pareció diluirse, puesto que los agentes se mostraron dispuestos desde un primer momento a contarnos sobre su trabajo durante la pandemia.

Uno de los temas más recurrentes en las entrevistas a policías fue el temor al contagio de coronavirus y muerte por las condiciones de exposición debido a su trabajo y la falta de elementos sanitarios que permitieran el resguardo de la transmisión del virus. Manifestaron que hubo contagios masivos de los agentes, como en el caso de la Policía Federal de Mendoza. Aunque su presencia es poco significativa en la provincia, una entrevista a su jefe local arrojó que la casi totalidad de los aproximadamente 20 agentes de la repartición se contagiaron. En el caso de policías provinciales también se produjo un porcentaje alto de contagio del personal, el cual repercutió en las jornadas laborales e implicó una sobrecarga de tareas para los que estaban en actividad. Esto sumado a que, en algunos casos, como el de la Unidad Policial del Parque San Martín, parte del personal no asistió a trabajar en 2020 por contar con personas de riesgo dentro del personal y no disponer de sus respectivos reemplazos. El tercer jefe de esta unidad, al respecto de cómo la pandemia afectó sus rutinas laborales, expresó:

El año pasado dos cosas nos afectaron mucho: primero, la intensidad de trabajo porque tuvimos un puesto fijo, porque se hacen habituales controles de rutina, pero se hacen por un rato: una hora, dos horas y se pueden levantar de acuerdo a las necesidades. El año pasado tuvimos 24h sin poder levantarse, así que necesitamos reestructurar para que se cumpliera ese servicio sin que se dejara de cumplir el resto. Después, tuvimos varios policías afectados por grupo de riesgo. Un día hisopaban a uno y ese ya no venía por 10 días, y así. Básicamente afectó al potencial humano.

De esta manera, vemos que las principales modificaciones en las rutinas de trabajo son atribuidas a la reducción de la planta de agentes activos debido a la misma pandemia. Que en consecuencia ocasionó un aumento de la carga de trabajo y exposición. Los principales factores destacados para el riesgo son la falta de formación del personal en el tema y la ausencia de medidas de apoyo de la institución. De acuerdo a sus relatos, esta situación les generaba temor a contagiarse y contagiar a sus familias. Efectivamente: la mayoría de los policías entrevistados respondía de forma casi automática que la calle era el escenario de mayor peligro debido a la mayor posibilidad del contagio por la falta de cuidado de la gente y su propia exposición. Esta aseveración derivó en muchos casos en la justificación velada de la dureza de medidas de represión a la población que fueron habituales en los barrios populares, pero que se extendieron a otros territorios urbanos de clase media. En un barrio al noreste de San Juan, la policía atacó a golpes y detuvo a miembros de una familia que estaban haciendo un asado en su domicilio^[7]. Situaciones similares fueron detectadas en Mendoza, como por ejemplo cuando la policía provincial irrumpió en un domicilio particular por una supuesta denuncia de violación al ASPO, y sin motivo alguno golpearon a un hombre en su casa frente a su familia. Luego fue torturado y detenido en una comisaría^[8].

También, durante el ASPO uno de los blancos predilectos de la represión policial fueron jóvenes que practicaban skating en los parques, siendo famoso un cruento megaoperativo donde policías y preventores municipales detuvieron y golpearon a menores^[9].

En San Juan, los oficiales coincidieron en que los jóvenes eran el sector de la población con el que más dificultoso fue trabajar en el contexto pandémico, por ser considerados incapaces de dimensionar el peligro y comprender las razones por las cuales desde la policía se impartían restricciones a la circulación. Sin embargo, una oficial de una dependencia del noreste de Rivadavia, con rango de inspectora, afirmó que había sido mucho más dificultoso trabajar en el cumplimiento de las restricciones con los sectores medios y altos de la población, ya que estos, al decir de la oficial, no estaban familiarizados con órdenes policiales y mucho menos acostumbrados o dispuestos a acatarlas. Dando como ejemplo el caso de un ministro provincial que la amenazó con llamar al gobernador, tras enfatizar: “¿Acaso no sabés quién soy?”.

De la experiencia de la inspectora se desprende un aspecto extraordinario que la situación de pandemia habría habilitado: controlar en el escenario de la calle a sectores sociales más altos que el de la mayoría de los policías, que no estaban familiarizados con ser objeto de inspección y que suelen ver a los agentes como subordinados sociales. Los policías reparan en las dificultades en el acatamiento por parte de sectores de altos ingresos, ya sea por la falta de costumbre o por la impunidad con que cuentan. En tal sentido, se observa un discurso clasista de los agentes en relación con los poderosos o gente de posición socioeconómica alta. Notablemente, los policías en algunos casos mostraban temor en manifestarse al respecto y lo mencionaban off the record, sin querer ser grabados. Sin embargo, cabe destacar que esta es una situación particular y que en general el juicio de clase en los policías tendió a la clásica estigmatización de los sectores populares.
Esto guarda relación con la territorialidad selectiva que tuvieron los controles, que fueron más estrictos y más grandes sobre los barrios pobres, especialmente en las vías de circulación entre barrios populares pobres y los sectores más ricos o de clase media de las ciudades.

En particular en Mendoza, fue notorio el cerramiento de barrios mediante retenes policiales para evitar la salida de gente de los mismos. Se produjo entonces una suerte de fijación de la movilidad espacial que coincidió con el cierre de fronteras de clase. En cierta medida, como veremos más adelante, los vecinos dan cuenta de la normalización de los controles policiales. Es habitual que sean sometidos a controles cada vez que regresan de trabajar: en el ingreso al barrio del oeste mendocino en donde trabajamos, en horario vespertino, los oficiales detienen el transporte público, hacen descender a todos los pasajeros y controlan el pago del boleto, solicitan documentos de identidad y hasta requisan sus objetos personales sin justificación aparente.

De este modo, como hemos anticipado, esta política de territorialidad selectiva estaba en marcha en dicha provincia, desde años anteriores. Por ejemplo, durante la gobernación de Alfredo Cornejo, se pusieron en práctica retenes policiales, ubicados principalmente en la salida de los barrios pobres, haciendo bajar a las personas de los transportes públicos para revisar documentos. En este caso, la pandemia agudizó la acción de cierre territorial por estratificación social, generando situaciones violentas. Por ejemplo, un auxiliar de policía de una comisaría del mismo barrio contaba que la mayoría de los hombres y jóvenes incumplían las restricciones de salidas según DNI dado que, como él mismo argumentó: “si no salían a laburar, no comían”, aclarando que los vecinos trabajan en el centro de la ciudad como cuidacoches y/o realizando changas por fuera del barrio. Esto derivó en que se produjeran una alta cantidad de situaciones conflictivas:

[…] lamentablemente se los tenía que procesar por el decreto 205, en calidad de aprehendidos. De la parte de ellos, el argumento era obviamente que tenían que salir para trabajar para poder comer, y a nosotros nos obligaban a hacer cumplir el decreto.

Asimismo, paradójicamente, los patrullajes al interior de los barrios populares, aunque aumentaron ocasionalmente en cuanto a la violencia represiva desplegada, en muchos casos disminuyeron. Esto fue aseverado por algunos agentes que manifestaron que no entraban a los barrios, y fue percibido por pobladores de los mismos, que se quejaron de que la falta de presencia policial aumentó la cantidad de delitos al interior de los mismos. Es decir, la seguridad en cuanto servicio fue restada al interior de los barrios pobres para sumarla a sus vías de comunicación externa, a principios de la pandemia especialmente para el virtual cierre de los mismos respecto de áreas con población de mayores ingresos. Por el contrario, en barrios de clase media y parques de la ciudad de Mendoza, aumentó la presencia de agentes en las arterias principales durante las primeras semanas del ASPO, y los mismos policías aseveran que los vecinos se mostraban agradecidos.

Población: barrios populares de las ciudades de Cuyo

En San Juan las entrevistas a vecinos se realizaron en los barrios del norte del departamento Rivadavia, centro de Rawson y norte de Pocito. En Mendoza las entrevistas a población civil se realizaron en un barrio precario al oeste de la provincia y dos entrevistas más en barriadas de distrito Lujan de Cuyo y Maipú, localidades que fueron escenario de conflictos violentos entre las fuerzas de seguridad y jóvenes.

En los barrios más poblados de Cuyo la pandemia agudizó la precariedad en la que viven los y las vecinas, en parte por cuestiones de infraestructura ante la falta de servicios básicos o el mal funcionamiento de estos, agravando la situación de emergencia sanitaria y, por otro lado, en lo relativo a la economía doméstica. Las ayudas económicas por parte del Estado nacional no fueron suficientes, mientras que los bolsones de alimentos fueron gestionados por los propios vecinos en articulación con organizaciones barriales que ya contaban con presencia en la zona. En cuanto a las fuerzas policiales, su actuación no es descrita como positiva, por el contrario, consideran que contribuyó al malestar generado durante el período. Si bien estaban acostumbrados a los controles implementados en la entrada/salida de los barrios, los mismos se volvieron más severos como mencionamos en el apartado anterior. Esto, a su vez, repercutió en sus ingresos, los cuales se vieron notablemente perjudicados. Puesto que en gran medida trabajan dentro del sector informal y por ende se vieron imposibilitados de certificar su circulación en tanto trabajadores esenciales. En consecuencia, algunos intentaron obtener ingresos ofreciendo tareas de cuidado a vecinos o acudiendo a la venta local de mercadería; otros continuaron trabajando en la construcción o realizando changas, pero sintiendo “miedo a ser enganchados por la policía” cosa que efectivamente ocurrió en muchos casos.

Los vecinos de un barrio del oeste mendocino cuentan que durante la primera etapa del ASPO la policía circulaba por las calles antes del cese del horario en que estaba permitido circular, presionando a la gente para que volviera a sus hogares. Una vecina nos comentaba haber vivido malos tratos por parte de los agentes que a través del megáfono ordenaban y gritaban que ingresen a sus casas, impidiéndoles que terminen de realizar las compras. Paralelamente, y a pesar de esta mayor presión policial aumentaron las situaciones delictivas, los conflictos entre bandas y episodios de violencia intrafamiliar y de género. Si bien estos eventos fueron oportunamente denunciados a la comisaría cercana, rara vez los atendían o acudían después de un tiempo considerable.

Todos los vecinos que entrevistamos han presenciado situaciones de violencia en el barrio que casi siempre involucraron a jóvenes varones y agentes de policía, y en algunos casos llegaron incluso a grabarlos con sus teléfonos celulares. Una referente barrial comparó este tipo de eventos antes y durante la pandemia, y afirmó que estos se intensificaron:

Antes se vivía, pero, cómo te puedo explicar, era como más distanciado un evento del otro. Era como algo no normal de que suceda, digamos, no con tanta crueldad. Es como que se vino a agudizar un poco más esa situación en el barrio. Siempre se ha vivido, siempre por cómo te vestís, por donde vivís, pasamos situaciones, pero son más esporádicas, digamos

En la ciudad de San Juan, se presentaron situaciones similares. Fue recurrente en las entrevistas la dificultad de muchos interlocutores para salir a hacer la changa, y cuando lo hacían, el riesgo de ser detenidos. Recuperamos testimonios en donde vecinos de un barrio del norte de Pocito, relataban el secuestro de una moto que era su primordial herramienta de trabajo y transporte familiar. A su vez, las entrevistas a jóvenes confirmaban la representación policial acerca de que el sector poblacional más difícil de controlar era al que estos varones pertenecían. En sus relatos, los pibes de barrios populares contaban que la mayoría de ellos había tenido algún episodio que involucró el accionar violento de la policía. Esto afectó principalmente a jóvenes de Chimbas, Rivadavia Norte y Rawson. Puntualmente, al norte de Rivadavia, debido a la rutinización de estas situaciones, algunos jóvenes tenían identificado a un cabo de una Seccional Motorizada del barrio colindante, como el peor de todos los oficiales que les podía tocar al ser interceptados.

Desde las perspectivas de estos jóvenes, dichos episodios, muchas veces turbulentos, no estaban relacionados con infracciones sino que afirmaban que “de la nada” o simplemente por “estar en la vereda” eran objeto de detención por parte del personal policial. Por esta razón, los menores de edad se mostraban temerosos de cumplir 18 años ya que, a partir de esa edad, quedarían expuestos a ser procesados judicialmente a través del sistema de flagrancia, utilizado con discrecionalidad por la policía. Durante el ASPO, un menor de edad de un barrio del Departamento Rivadavia fue detenido por oficiales de la comisaría de su barrio, por supuesto incumplimiento de las normas de aislamiento a razón de estar sentado en el cordón de la vereda junto a otro joven. Por tal motivo fue trasladado al calabozo, donde le dieron golpes hasta dejarlo inconsciente, le arrojaron un balde de agua fría y como no reaccionaba, lo trasladaron al hospital. Él y sus padres relataron en una de las entrevistas que luego de la denuncia por abuso que realizaron, los oficiales de la misma dependencia policial donde estuvo detenido increparon al joven diciendo: “cuando cumplas 18 te vamos a cobrar”.

La forma en la que estos jóvenes relatan ser objeto constante de control policial guarda relación con aquello que Pita (2019) ha caracterizado como hostigamiento policial y que comprende “intensidades de violencia, discrecionalidad y arbitrariedad policial que pueden ser antesala de hechos de violencia más extremos y que constituyen y se incluyen en el repertorio” (p. 86). En tal sentido, coincidimos con Auyero (2013) respecto de que la aplicación de la ley en territorios caracterizados como peligrosos es intermitente, selectiva y contradictoria, dado que este tipo de prácticas policíacas son ejercidas sobre un determinado sector social: jóvenes varones de barrios populares. Sin embargo, como hemos anticipado, estas prácticas no resultan novedosas ni se limitan al contexto de la pandemia. De acuerdo a lo señalado por nuestros interlocutores, es muy habitual que sean retenidos por la policía en la vía y transporte público para ser controlados, ya sea por su apariencia y por vivir en y/o transitar determinados espacios. Las entrevistas con vecinos de Rawson y Rivadavia en San Juan y La Favorita en Mendoza permitieron constatar la violencia policial excesiva e injustificada en varios casos, incluyendo violaciones a los DDHH. En consecuencia, los jóvenes manifestaron sentir miedo de circular, e inclusive, mujeres de estos barrios nos comentaron que les aconsejan a sus hijos o parejas que intenten evitar determinadas vestimentas como el uso de gorras, que constituyen marcadores sociales que la policía utiliza para la detención selectiva de personas.

Particularmente en Mendoza, la pandemia también fue utilizada como argumento para la persecución política y para el disciplinamiento social en general, más allá de los barrios populares. Sindicalistas y docentes fueron detenidos por manifestarse por condiciones salariales aun cumpliendo las normativas de sanidad, mientras que las marchas en contra de las medidas de cuidado efectuadas por sectores afines al gobierno provincial, violando las normas de sanidad, fueron en cambio permitidas. Lo primero ocurrió con la causa seguida contra el secretario general del gremio de los docentes (SUTE) en Mendoza, Sebastián Henríquez, y su comisión directiva que fueron imputados por violar las normas referidas al cuidado de la salud dentro de una protesta social. A mediados del año 2020 en más de una oportunidad trabajadores estatales fueron reprimidos, desalojados y detenidos mientras se manifestaban por un aumento salarial en el marco de la crisis sanitaria, entre los detenidos hubo representantes sindicales como el de SUTE y Roberto Macho de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Más de veinte personas fueron golpeadas y cincuenta detenidas y los dirigentes fueron acusados por violar –presuntamente– las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación del Covid-19.

También, la policía actuó reprimiendo a jóvenes y menores de clase media en espacios públicos capitalinos, como el conocido caso de la persecución y golpiza de skaters en un parque^[10].

Conclusiones

Durante la pandemia la represión por el incumplimiento o supuestas violaciones de protocolos de sanidad derivó en medidas muy severas o en violencias injustificadas. No obstante, en función de los testimonios que recabamos de los vecinos de barrios populares, pudimos observar que el empleo de la violencia policial no se limita al contexto pandémico, sino que los controles y abusos policiales resultan ser prácticas habituales en determinadas zonas, y que son predecesoras de la emergencia sanitaria. En respuesta a ello, los vecinos tienden a considerar a la fuerza policial menos como una institución de resguardo en situaciones de emergencia o peligro y más como una potencial amenaza, aunque también existan voces que esperan que la policía cumpla un rol de control del delito al interior del barrio.

Como vimos, como parte de las actuaciones policiales durante el ASPO se procesó a personas a causa del incumplimiento del artículo 205 del Código Penal y/o por desobediencia a la autoridad. La mayoría de estos casos se trató de trabajadores informales y gente de sectores bajos y medios. También, como señalamos, en Mendoza se sancionaron determinadas protestas sociales, como las encabezadas por trabajadores municipales y docentes. En ambos escenarios los agentes procedieron con el pretexto del incumplimiento de los protocolos de prevención, aunque también amparándose en el Código de Contravención implementado desde la gobernación de Alfredo Cornejo, por supuestas alteraciones del orden y la seguridad pública. Pero, contrariamente, este tipo de sanciones no fueron aplicadas cuando las marchas fueron convocadas por determinados sectores medios, afines al gobierno local, que se manifestaban en contra de las medidas de aislamiento implementadas por el gobierno nacional y “a favor de la libertad y el federalismo”^[11].

La direccionalidad con la que la fuerza policial actúa en casos como los mencionados, se halla vinculada a una economía moral (Garriga Zucal, 2021), a través de la cual actúan los agentes policiales y el sistema judicial. De acuerdo con el autor, esto habilita a que situaciones como las abordadas cuenten con cierta aceptación social. Un notable ejemplo es cuando vemos que la acción policial es cuestionada y mediatizada si involucra a sectores medios de la población, pero soportada y hasta naturalizada cuando se trata de sectores empobrecidos.

Las sanciones y procesamientos por el incumplimiento de las medidas de prevención por la transmisión del virus fueron disminuyendo conforme a las modificaciones que tendieron a su flexibilización, principalmente con la transición del ASPO al DISPO. No obstante ello, consideramos que las fuerzas policiales no actuaron únicamente para hacer cumplir las normativas que regían en ese momento. Por el contrario, la emergencia sanitaria fue en muchos casos un argumento legitimador de prácticas que ya venían desplegando los agentes y que habilitó que en determinados contextos su aplicación se profundice o exacerbe. Entendemos que esta agudización se vincula a una obediencia doctrinaria en lo que refiere al cumplimiento de las órdenes que provenían de arriba en una situación percibida como inusual y peligrosa, y también resulta operativa, ya que indirectamente es justificada por la disminución del personal activo, la multiplicación del trabajo, y el estrés generado por el miedo al contagio. Aun así, estas legitimaciones se ven opacadas y contradichas por la discrecionalidad y selectividad de la acción de control y represión policial.

Ahora bien, retomando el interrogante planteado acerca del carácter excepcional de las medidas de seguridad aplicadas en la pandemia, consideramos que las prácticas de las fuerzas de seguridad, especialmente las policiales, guardan continuidad con las políticas de seguridad que rigen en las provincias de Cuyo desde hace algunos años. De manera que el escenario generado por la pandemia, además de imponer que los agentes se desenvolvieran con premura y con escasa formación en el tema, habilitó a que lo excepcional se conjugue con formas de actuación ya asentadas como prácticas policiales de rutina. Las cuales, como dijimos, se sostienen en políticas y planes de seguridad elaborados y aplicados por distintos gobiernos provinciales que se esgrimen en torno a un mayor control policial como garantía de la seguridad pública. Un control que, como vimos, se ejerce con una territorialidad selectiva y que lejos de desaparecer con la situación de pandemia, continúa.

Imagen 2. “Indios delincuentes”

Foto tomada por Diego Escolar, 11/10/2022

En síntesis, las relaciones descriptas entre vecinos de barridas de Cuyo y los agentes policiales entre 2020 y 2021, no son el resultado de una dinámica deliberada y exclusiva de la situación pandémica, sino que arrastran prácticas sedimentadas en el accionar policial. Sí sucedió que con la pandemia se habilitó un escenario que exigió un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad que sirvió de argumento para extender el control excepcionalmente sobre determinados sectores sociales e incrementarlo en otros casos. En otras palabras, se sostuvieron y agudizaron las formas de actuación policial y, salvo las detenciones a causa del incumplimiento de normativas específicas para el ASPO y DISPO, se mantienen hasta la actualidad. Y esto parece tener que ver no tanto con una inercia burocrática sino con la profundización de modelos de exclusión social en el marco de un exacerbado giro a la derecha de la sociedad que reedita marcadores históricos de alterización y territorialización.

Un ejemplo en tal sentido es el de la Imagen 2, donde puede verse un operativo de control rutinario montado en el ingreso al barrio La Favorita, próximo a la unidad policial del Parque San Martín, en el horario en que los vecinos regresan a sus hogares, tras finalizar la jornada laboral. En esta oportunidad no se incluía un pelotón de infantería con sus escopetas apuntando a la gente, como era habitual durante la pandemia. Sin embargo, los agentes presionaban verbalmente a los pasajeros. Dirigía el operativo un inspector de colectivos que impartía directivas a los policías. Al estar presentes nosotros en el lugar y escuchar que instigaba a los agentes aludiendo a que eran indios, incitando su hostilidad, intervinimos con otras personas en la conversación, cuestionando la actitud discriminatoria. El inspector, molesto, trató sin embargo de convencernos de lo que para él era evidente y, para peor, creía que debía ser evidente para nosotros: que se trataba de indios precisamente porque vivían en ese barrio: “¿no ve dónde viven?”. Y que, por lo mismo, eran todos delincuentes y debían ser reprimidos y excluidos preventivamente para defendernos a nosotros, la buena sociedad.

Bibliografía

AGAMBEN, G. (2020). “La invención de una epidemia”. Sopa de Wuhan. Editorial: ASPO.

AUYERO, J. y Berti, M. F. (2013) La violencia en los márgenes. Una Maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense. Katz Editores. Buenos Aires.

BALIBAR, E. (2022). “Su libertad y la nuestra”. Revista Jacobin, N° 6, pp.74-84.

DEBORD, G. (1974) La sociedad del espectáculo. Ediciones La Flor. Buenos Aires.

ESTÉVEZ, E. (2002). “Reformas de Sistemas de Seguridad Pública e Investigaciones Judiciales: tres experiencias en la Argentina”. Colección, VI, n°10, 193-182.

GARRIGA Zucal, J. (2020) “El baile, el verdugueo y el sacrificio. Sobre la legitimidad de las violencias policiales”; en REA, N° XXVII; Escuela de Antropología – FHUMYAR – UNR; pp. 1-17.

HATHAZY, P. (2014) “De la ‘seguridad ciudadana’ a la ‘seguridad pública’ en democracia: Juristas, políticos y policías en la construcción de las políticas de seguridad en Córdoba”. Cuestiones de Sociología, n°10.

PITA, M. V. (2019) “Hostigamiento policial o de las formas de la violencia en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Relato de una investigación.” Revista Desacatos N° 60 pp. 78-93.

SOZZO, M. (2005) Policía, violencia, democracia. Ensayos sociológicos. Universidad Nacional del Litoral.

TORTI, S. (2015) Intervención Policial en territorios urbano-fragmentados: una lectura institucional. Disponible en: https://bit.ly/3FdsrVN

TORTI, S. (2021) “La ¿inevitable? intensificación del Estado Penal” en San Juan. XIV Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2021.

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