Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad
y violencias en la pandemia

José Garriga Zucal

Un proyecto

Un interrogante recorre este libro: ¿qué aconteció con las violencias en la pandemia? Dos cuestiones queremos destacar sobre cómo abordamos esta pregunta. Primero, el recorte sobre las violencias. Las preguntas sobre las violencias en las pandemias se articulan en este libro sobre dos pilares: fuerzas de seguridad y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Esta articulación no es caprichosa. El 15 de marzo de 2020 se anunció en la Argentina el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y desde ese momento las fuerzas de seguridad asumieron un rol central. Al mismo tiempo, las medidas de aislamiento agravaron las condiciones de vulnerabilidad –déficit habitacional, trabajo informal o desempleo– de los sectores sociales desfavorecidos. En este escenario, la investigación articuló el estudio de las violencias en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad^[1] con el accionar de las fuerzas de seguridad. Lo que nos interesó, entonces, en general, fue analizar las violencias en nuestro país, iluminando diferencias y similitudes. En particular, nos preguntábamos si el contexto de la pandemia modificó las dinámicas violentas entre poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, si fueron legitimadas nuevas formas de violencia y si se produjeron cambios en el accionar de las fuerzas de seguridad. Además, estudiamos y comparamos cómo los medios de comunicación presentan los casos de violencia. De fondo, reflexionamos comparativamente si los criterios de legitimidad de las violencias se modificaron en y por la pandemia. En el marco de esta reflexión el libro aborda diferentes cuestiones que van desde el trabajo de las fuerzas de seguridad, los delitos, el uso del espacio público, etc.

La segunda de las cuestiones a resaltar es el carácter federal de este libro. El proyecto de investigación que nos convocó reunió diecisiete equipos de investigación a lo largo de todo el país y logró, así, tener una perspectiva comparada de lo que sucedía en diferentes provincias y ciudades. Los nueve trabajos^[2] que aquí presentamos dan cuenta del alcance federal del libro que es el resultado del proyecto PISAC COVID 19^[3].

La propuesta de abordar de manera articulada y comparada las violencias y el accionar de las fuerzas de seguridad con las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en distintas regiones del país requirió la asociación de equipos de investigación que conformaron una red, que permitió desplazar la investigación a 19 ciudades argentinas.

La investigación planteó una comparación en dos horizontes. El primero supuso un análisis que nos permitió analizar recurrencias en las lógicas violentas, en el desempeño de las fuerzas de seguridad y en la relación con las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad; el análisis comparativo iluminó las regularidades sin opacar las particularidades de cada caso. Por otro lado, planteamos una comparación que nos permitió reconocer continuidades y cambios con respecto a la sociedad prepandémica. Destacamos que el diseño metodológico permitió indagar en dimensiones comparables sin desatender las particularidades de cada uno de los contextos elegidos. En este libro decidimos mostrar las particularidades de ocho núcleos urbanos y presentar, en otro artículo, una mirada general de cómo se trataron las violencias en los medios de comunicación.

Debemos recordar que, según Piovani (2001), la comparación es una de las operaciones fundantes de la ciencia, pero ha sido con frecuencia reducida al cotejo formalista y cuantitativo de propiedades en vistas de la generalización. Sin embargo, la comparación puede servir también –en una clave más interpretativa– para la comprensión de los fenómenos estudiados. Esta comparación puede ser sincrónica, es decir, entre espacios, instituciones o prácticas, o diacrónica, considerando las transformaciones entre distintos momentos en el tiempo. El resultado de este libro permite una reflexión comparativa en ambas dimensiones.

Decíamos que uno de los objetivos finales del libro es pensar las violencias y se torna necesario aquí un módico aporte a la reflexión teórico-conceptual en torno a las violencias, sus usos y legitimaciones. Riches (1988) sostiene que lo que se define como violencia es la disputa por los sentidos entre la tríada: víctima, ejecutor y testigos. Lo que se define como violencia es, entonces, una disputa por la significación, valoración y ponderación de prácticas y representaciones (Isla y Míguez 2003; Garriga y Noel 2010). Los debates por los sentidos de la acción desnudan el carácter local-contextual de toda definición. Por ello, las definiciones de la violencia y lo violento no pueden ser comprendidos de forma estática, sino como un fenómeno elaborado históricamente por una pluralidad de actores y grupos sociales (Garriga Zucal 2016). Por ello, algunas acciones de las fuerzas de seguridad no son definidas como violentas ya que son legítimas según interacciones sociales determinadas. En esta línea, otros trabajos han indagado sobre los procesos sociales que intervienen en las definiciones y disputas respecto de lo que socialmente se consideran intervenciones de las fuerzas de seguridad como violentas e ilegítimas (Tiscornia 1998, Misse, 2007). Es a partir de esta perspectiva que proponemos en este libro analizar prácticas y representaciones de las violencias para los miembros de las fuerzas de seguridad y las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, para comprender comparativamente las transformaciones pandémicas en nuestra sociedad.^[4]

Con estas metas construimos, los diecisiete nodos, un diseño metodológico^[5] que articuló la realización de entrevistas y la observación participante con el relevamiento de datos estadísticos sobre las violencias y las formas de intervención de las fuerzas de seguridad. En la medida que las restricciones de la pandemia nos permitieron entrevistamos a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, referentes barriales, miembros de fuerzas de seguridad y funcionarios públicos. Además, realizamos un relevamiento de casos de violencia institucional en medios de comunicación de alcance nacional y local.

¿Qué pasó en la pandemia?

Tenemos como objetivo en este libro reflexionar sobre las particularidades de la relación violencias, vulnerabilidades y fuerzas de seguridad a través de los resultados de la investigación de diferentes equipos de trabajo. Sin embargo, más allá, de bucear en lo particular de cada una de las ciudades analizadas, deseo en esta introducción dar cuenta de algunas recurrencias encontradas en nuestra investigación. Recurrencias que aparecen en el libro y nos sirve para pensar comparativamente el fenómeno de las violencias sobre las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y el trabajo policial.

Continuidad: hostigamiento/ausencia

El trabajo de las fuerzas de seguridad difiere entre ciudades y situaciones de intervención a resolver; cambian, también, la cantidad de personal, las funciones que cumplen y la relación que establecen con la ciudadanía. Sin embargo, encontramos una recurrencia espacial y temporal. La pandemia no significó una modificación sustantiva de los patrones de policiamiento y violencia social. En general, los resultados de las investigaciones manifestaron una continuidad en las formas relacionales de las fuerzas de seguridad con las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Continuidad que se expresa en la dicotomía, que caracterizamos como hostigamiento/ausencia. Esta matriz construye la acción policial como oscilante entre dos extremos: la ausencia total (por ejemplo, la falta de patrullaje interno en muchos barrios populares, el no acudir cuando son llamados, etc.) o la presencia violenta (demoras en las calles, abusos, verdugueo, humillaciones). En síntesis, durante la pandemia continuaron las violencias hacia ciertos grupos poblacionales comúnmente hostigados. En algunos casos, estas lógicas se vieron reforzadas a partir de nuevos controles que legitimaron y extendieron las intervenciones habituales. Sin que cambiaran las formas de hostigamiento, hubo un motivo adicional para ejercer estas violencias en función de las restricciones de circulación que implicaron las distintas etapas del ASPO, sobre esto volveremos.

Perelman y Tufró (2017) señalan cuatro manifestaciones de la violencia institucional que nos permiten pensar la ausencia policial: a) tercerización o delegación de la violencia, b) participación estatal por denegación de acceso a un servicio, c) participación indirecta-activa y necesaria de agentes del Estado y d) responsabilidad por ausencia estatal y/o exclusión social. La primera hace referencia a la delegación de los agentes del Estado en particulares un ejercicio concreto de la violencia; esta primera manifestación está orientada a reflexionar sobre el encargo informal en relaciones de poder asimétricas para que terceros usen la violencia para regular conflictos, como ilustración cabe pensar las estrategias del servicio penitenciario en otorgar poder a algunos presidiarios para el gobierno de la población. La segunda hace hincapié en las omisiones estatales e ilumina la negación de acceso a servicios estatales; en este caso se incluye otros funcionarios estatales e intenta iluminar las violencias ejercidas al privar de derechos, un ejemplo de lo que ingresa en estas categorías tiene que ver con las violencias obstétricas o ginecológicas. La tercera forma de las violencias institucionales hace referencia al accionar de los agentes estatales que no sólo delegan, sino que también protegen a los que cometen delitos; en este punto se ilumina la relación de complicidad de las fuerzas de seguridad con las redes ilegales, no hay asimetría como en la primera sino convivencias y sociedades. La última de las cuatro manifestaciones aborda la inacción estatal y se enfoca en las condiciones estructurales que permiten el surgimiento de formas violentas; no hace hincapié en los agentes del estado que impiden el acceso a derechos sino en las ausencias estatales. Las últimas dos manifestaciones de la violencia institucional se vinculan con la representación de ausencia policial que surge de varias de las investigaciones.

Ahora analicemos el hostigamiento. Pita (2019) propone la categoría de hostigamiento para definir las prácticas que construyen relaciones entre efectivos de las fuerzas de seguridad y los habitantes de los barrios pobres (en particular varones jóvenes). Estas prácticas “se caracterizan por el maltrato físico y verbal, la humillación, la hostilidad, el amedrentamiento, formas de la violencia física y moral” (2019: 81), y se inscriben en un amplio arco que incluye discrecionalidad, arbitrariedad, hasta la ilegalidad flagrante. Una categoría nativa que podría dar cuenta de estas acciones es la de verdugueo. Se trata de un término coloquial que hace referencia al maltrato. Categoría laxa que incluye desde burlas hasta castigos físicos. El verdugueo es una forma de violencia, de baja intensidad, que los policías usan en sus interacciones con jóvenes, principalmente de los sectores populares. Rodríguez Alzueta (2014) considera que los procesos de estigmatización que recaen sobre los jóvenes de clases populares posibilitan formas violentas de las fuerzas de seguridad. La estigmatización construye políticas de seguridad que definen otredades –jóvenes varones y pobres– que finaliza legitimando prácticas violentas. Dicho orden social, denominado por Rodríguez Alzueta como vecinocracia, fortalece las formas de control social y la exclusión de los sospechosos. El verdugueo es un engranaje de formas de humillación que refuerzan jerarquías.

Es preciso notar que el verdugueo no es universalmente desaprobado. De hecho, se observa, y no sólo entre las fuerzas de seguridad, una legitimidad de algunas de las prácticas de hostigamiento. Entonces, en este contexto, de forma compleja e indirecta algunas formas de la violencia policial se legitiman.

Las dos formas de violencia policial que aquí analizamos –ausencia y hostigamiento– son de larga data. Son formas que tiene el Estado, a través de las fuerzas de seguridad, de intervenir entre las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, entendemos que, con el aislamiento como medida preventiva de la pandemia, ambas formas se agudizaron. Se agudizaron porque las otras formas de intervención estatal en estos espacios (múltiples y fragmentarias) quedaron casi suspendidas. Con la escolaridad suspendida, los centros de participación popular cerrados, los clubes paralizados, la policía quedó casi como la única cara visible del Estado en los barrios segregados. Sostenemos que sobre todo en el primer periodo, se vivió una intensificación del trabajo de las fuerzas de seguridad y una retracción de otras instituciones del Estado. Así el trabajo de las fuerzas de seguridad no sólo fue más visible, sino que en muchos lados fue la única representación del Estado.

Herramientas de control

Los decretos que establecían el aislamiento de la población habilitaban a las fuerzas de seguridad a utilizar el artículo 205 y 239 del código penal nacional para sancionar a los que no cumpliesen con las normas estipuladas. La figura prevista en el artículo 205 del código penal imponía sanciones a quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia” (Art. 205, Código Penal). El art. 205 se transformó, entonces, en una potente herramienta para el control selectivo de la población que realizan las fuerzas de seguridad.

En este escenario algunas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como vendedores ambulantes, personas en situación de calle y trabajadoras sexuales, sufrieron durante la ASPO un incremento del hostigamiento policial en todo el país. Las trabajadoras sexuales entrevistadas enumeraron las experiencias cotidianas que durante los meses de ASPO aumentaron: pedido de documentos en vía pública, requisas, actas por servicios sexuales, actas por violación de cuarentena, detenciones en comisaría, violencia física. Estas formas de hostigamiento se maximizan en el caso de las mujeres trans quienes toleran más persecuciones y además sufren recurrentemente la falta de reconocimiento de la identidad de género por parte de las fuerzas de seguridad.

Lo mismo aconteció con algunas poblaciones de pueblos originarios. Por ejemplo, durante el contexto de pandemia se intensificó la conflictividad y la persecución en las comunidades mapuches. Es decir, las asimetrías y desigualdades históricas en el accionar de la policía se vieron profundizadas por la pandemia. Las diferencias entre la intervención o la no intervención policial fueron siempre definidas por miembros de la población mapuche como violentas.

Violencias de género

En varias de las investigaciones realizadas en el marco del proyecto PISAC COVID 19, surgió como dato que durante la pandemia aumentaron las manifestaciones de las violencias interpersonales, intrafamiliares y de género. Hay tres cuestiones que queremos remarcar para reflexionar sobre esta interpretación de nuestros informantes.

Primero, las percepciones de este incremento se justifican, desde el punto de vista de nuestros entrevistados (miembros de las fuerzas de seguridad y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad), por el salto exponencial de las condiciones de vulnerabilidad. Las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad son en su mayoría, trabajadores informales. Es justamente por esta característica en cuanto al trabajo que las medidas de aislamiento impidieron en un principio continuar sus tareas y dejaron así de percibir buena parte de sus ingresos, incrementando su vulnerabilidad. Con el devenir de la pandemia y la imposición de medidas de aislamiento, se produjo un notorio incremento de la pobreza. Además, las condiciones habitacionales –deficitarias y de hacinamiento– se hicieron más notorias para muchas de las familias en condiciones de vulnerabilidad que se vieron obligadas a compartir espacios reducidos durante las 24 horas del día. Suspendidas las jornadas laborales y escolares, las viviendas se atiborran de niños y adultos que en condiciones normales no compartían la precariedad durante tanto tiempo. Nos interesa remarcar que algunas teorías nativas –de los entrevistados– explican el incremento de las violencias en los datos objetivos de la vulnerabilidad de las poblaciones. Ahora bien, entendemos que estas explicaciones nativas deben ser complementadas con interpretaciones sociológicas que articulen las conexiones entre incremento de la vulnerabilidad y aumento de las violencias. Ello es necesario porque la vulnerabilidad descrita puede traducirse en conflictividad, pero ella, y en esto queremos ser claros, no se expresa de manera automática en violencia. Más bien, debemos leer el hecho de que esa conflictividad se transforme en hechos de violencia y que ello parezca evidente para los entrevistados como una prueba de que, en este contexto, la violencia es un recurso legítimo para resolver ciertas situaciones de conflicto. Pero además, debemos decir que se trata de un recurso que no es usado por todos ni en todas las situaciones. Sin embargo, nos interesa analizar que para nuestros entrevistados las condiciones de vulnerabilidad son, entonces, el argumento central que explica la causante de las violencias.

La segunda observación que se desprende del análisis de los relatos de los entrevistados es la pregnancia y potencialidad de la categoría violencia de género^[6]. El término superó sus facetas legales y pasó a formar parte del vocabulario colectivo. Cabe resaltar que la utilización del término va a acompañado entre nuestros interlocutores con una estimación sobre su incremento. Entonces, la violencia de género es narrada en términos de cifras, de estadísticas, de números que se incrementan. Aquí nos cabe mencionar que la violencia de género es un problema público (Pereyra 2017). La categoría violencia de género es el resultado de luchas colectivas de larga data, lleva años instalada en la agenda pública y resulta cada vez más ineludible su consideración en las distintas esferas de la vida social. Se convierte así en un problema público consolidado, una categoría de interpretación de la realidad. Los problemas públicos son grandes aglutinantes de eventos dispersos y desordenados de la vida práctica. Eso implica homogeneización de fenómeno complejo al simplificar matices. Sin embargo, tienen los problemas públicos la virtud de iluminar bajo un mismo nombre situaciones que en otras circunstancias permanecían en las sombras, inconexas, incomprensibles. Así como reducen complejidad, las categorías públicas tienen esa potencia de condensar significados y construir explicaciones de situaciones sumamente dolorosas e injustas.

La tercera observación tiene que ver con el rol de las organizaciones sociales, sindicatos y referentes políticos que trabajaron durante las medidas de aislamiento para lidiar con las violencias y la desigualdad. La pandemia agudizó la crisis y muchas familias debieron recurrir a comedores y espacios de distribución de alimentos y bienes de primera necesidad. Estas organizaciones no sólo combatieron el hambre, sino que también intervinieron para regular las violencias institucionales y las domésticas. En efecto, cuando el mensaje oficial se traslada de quedate en tu casa a quedate en tu barrio, se transparentaron las dificultades de cierto sector social para aislarse dentro de las casas a la vez que reconocía la existencia y el valor de relaciones comunitarias dentro de los barrios, estas mismas relaciones comunitarias reconocidas por el Estado han logrado mediar entre el extremo agravamiento de las medidas estructurales y las violencias.
Además, es necesario señalar que estos trabajos comunitarios son desarrollados principalmente por mujeres. Esta atribución a las mujeres de roles de cuidado se ve reforzada por conjuntos de políticas sociales iniciadas en la década del noventa, en las que se evidencia una ideología particular sobre la mujer y la familia, el rol de la mujer como cuidadora y el fomento del trabajo circunscripto al barrio. Consideramos importante remarcar la condición de género de la mayoría de los actores comunitarios, pues la configuración de relaciones sociales y las modalidades en las que varones y mujeres se posicionan frente a las violencias parece verse reforzada en este accionar en el que el trabajo denodado de un conjunto de mujeres previene acciones violentas que con mayor frecuencia ejercen los varones (vecinos y fuerzas de seguridad).

El trabajo de las fuerzas de seguridad

En las entrevistas a las fuerzas de seguridad el trabajo durante la pandemia está asociado, principalmente, al incremento de la jornada laboral y al miedo al contagio. La superpoblación de detenidos por no cumplir las medidas de la ASPO, las recargas horarias por nuevas tareas, los remplazos a compañeros enfermos ahondaron en una recarga de la jornada de trabajo y evidenciaron las problemáticas condiciones laborales en y de la institución.

Desde la perspectiva de los policías entrevistados, en cambio, la pandemia trajo aparejada una recarga laboral y un empeoramiento de sus condiciones laborales. Si bien la precarización del trabajo policial no es una novedad de la pandemia, el nuevo contexto agravó dichas condiciones. Ante la diversificación de tareas producto de las medidas sanitarias (como el control de la circulación, la sanitización de espacios, la asistencia en barrios vulnerables y la provisión de seguridad durante las entregas de alimentos y mercadería, entre otras) y la necesidad de contar con un número mayor de policías disponibles, las jornadas laborales se volvieron más extensas y demandantes. Si bien parte de esta demanda fue satisfecha, según funcionarios, a partir de la reorganización del despliegue policial y la reasignación de tareas, también implicó un aumento significativo de las horas diarias trabajadas por los policías.

A los cambios respecto de las tareas policiales, se sumó que los contagios y protocolos de aislamiento por contacto estrecho produjeron una disminución del personal disponible en algunas comisarías. De hecho, la mayoría de los entrevistados dijo haberse enfermado de Covid-19 y, algunos de ellos, recordaron a colegas cercanos fallecidos. En línea con esto, en las narrativas policiales sobre su propio trabajo el miedo al contagio apareció como un elemento a destacar. La dificultad para cuidarse en el marco de allanamientos y detenciones, la falta de protocolos de actuación específicos y la escasez de recursos de bioseguridad fueron algunas de las preocupaciones mencionadas por los policías.

Así, la percepción de un mayor riesgo fue recurrente en las representaciones del trabajo policial durante la pandemia, que resignifican las nociones de sacrificio y heroísmo policial (Garriga Zucal, 2016). “Trabajar mucho”, “no dar abasto” y “tener muchas cosas que cubrir” no constituyen rasgos ciertamente excepcionales para las fuerzas de seguridad. El trabajo policial es interpretado como riesgoso para los policías. Los homicidios, los delitos de matriz urbana y aquellos vinculados al microtráfico de drogas disponen a los policías a percibir su labor como un oficio que demanda sacrificios y requiere alta dedicación. Adicionalmente, el trabajo policial supone imponderables no necesariamente asociados al mundo del delito. ¿Qué queremos decir? Que aún en esta disposición policial a enfrentar las complejidades asociadas a su labor, la pandemia sobresale como un episodio que superó las expectativas habituales de policías para adaptarse a las exigencias de una profesión que perciben, de por sí, como muy exigente. En pocas palabras: los policías vieron desbordada su capacidad de trabajo. Esta sobredemanda fue interpretada desde la óptica policial en la lógica del sacrificio (Garriga Zucal, 2016).

Una perspectiva federal

La compilación, repetimos, ilumina los efectos pandémicos –respecto a las violencias, el trabajo de las fuerzas de seguridad y su relación con las poblaciones vulnerables– en diferentes rincones del país.

A modo de inicio en el primer capítulo presentamos el trabajo de Calzado, Cirulli y Fernández quienes analizan cómo los medios de comunicación visibilizaron las violencias policiales durante la pandemia. La pregunta por las continuidades y las rupturas ordena la reflexión que se dispara al abordar los criterios de noticiabilidad en la pandemia. Al dar cuenta de la modificación de los criterios de noticiabilidad durante los primeros meses de la pandemia, analizan cómo se visibilizaron con más recurrencia prácticas policiales de hostigamiento y violencia letal. Estas prácticas dirigidas principalmente a sectores en condiciones de vulnerabilidad no son una novedad, sin embargo, su mediatización fue mayor durante la primera etapa de confinamiento. Cuando disminuyeron las medidas de aislamiento volvió a reforzarse el tratamiento legitimador de las intervenciones policiales violentas por parte de los medios hegemónicos. Se advierte, también, las diferencias entre medios al momento de tratar estas violencias, la cercanía con las fuentes policiales y la legitimación de las intervenciones cambia ostensiblemente entre los medios hegemónicos y los contrainformativos.

Luego de esta mirada integral nuestro libro inicia la reflexión mostrando qué aconteció con las pandemias y las violencias en la zona centro de nuestro país. Dos trabajos sobre Córdoba y otro sobre Cuyo emprenden este recorrido.

En el trabajo denominado “Sectores populares en contextos de pandemia: territorios y prácticas de resistencia (Córdoba, Argentina)” se abordan las estrategias colectivas que distintos sectores vulnerados de la ciudad de Córdoba desarrollan a modo de resistencias. Alcanzar este objetivo demanda una conceptualización exhaustiva y rigurosa de la noción de resistencia que permita dar cuenta cabal de las prácticas de los sectores vulnerados, escapando de los romanticismos y las miradas estigmatizantes. La profundización de las vulnerabilidades como resultado de la pandemia expandió las redes comunitarias. Organizaciones, instituciones y referentes movilizaron sus repertorios de saberes y formas de hacer para contrarrestar los males pandémicos. Estas experiencias colectivas, que en el trabajo llaman resistencias, ilumina la agencia de los actores en condiciones de vulnerabilidad. Ineludible, aquí, pensar a las condiciones de vulnerabilidad como una violencia estructural que azota siempre a las mismas poblaciones, azuzada por la pandemia.

También en la provincia de Córdoba el trabajo “Pandemia, policiamiento y territorios desiguales en el interior cordobés. El caso de Villa María” aborda los efectos territoriales de la pandemia en cuanto a la gestión de conflictividades en clave local. A partir de un estudio de caso, se desglosan las conflictividades sucedidas durante la pandemia en la ciudad y los modos de intervención gubernamentales y policiales alertando sobre las desigualdades territoriales y dejando al descubierto el rol protagónico que tiene el gobierno local y la policía en la gestión de situaciones delictuales y no delictuales y la asistencia a poblaciones vulnerables. El aporte de este trabajo es el reconocimiento del rol protagónico de los gobiernos locales en el desarrollo de políticas de seguridad ciudadana en la actualidad.

El artículo de Calderón Archina, Garcés y Escolar nos lleva a la región de Cuyo para visibilizar las rutinas policiales en Mendoza y San Juan. Nuevamente la pregunta por lo “extraordinario” del trabajo policial en la pandemia organiza el artículo: ¿Qué hay de continuidad? ¿Qué hay de nuevo en las prácticas policiales? Se abordan las violencias, las formas de hostigamiento y la selectividad policial para pensar un plan de acción que se radicalizó en la pandemia pero que tiene sus raíces asentadas desde hace mucho tiempo. La radicalización justificada en lo extraordinario habilita una reflexión, ineludible, sobre las herramientas discrecionales que el Estado habilita a las fuerzas de seguridad.

La deriva nos lleva a Cipolleti y Bariloche, allí Muzzopappa y Fernández Marrón exhiben el rol central de las policías como respuesta estatal ante la pandemia. La policía como decimos coloquialmente “es el primer mostrador del Estado” y, como venimos analizando, lamentablemente, respecto a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad muchas veces es el único. La paradoja que desnudan las autoras es que la intervención estatal se procuraba en la lógica del cuidado y la presencia pero las policías intervinieron según sus formas de hacer consuetudinarias: la violencia y la ausencia.

Renoldi, Bertotto y Bogarín estudian cómo fue experimentado el trabajo por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. En Misiones y Corrientes, al igual que lo que veíamos anteriormente, las fuerzas de seguridad tomaron un rol protagónico en la gestión de los cuidados hacia la ciudadanía. Aquí se devela cómo ese trabajo fue interpretado, por los miembros de las fuerzas de seguridad, como parte de un sacrificio mesiánico, al mismo tiempo que sentían que institucionalmente eran abandonados a su suerte. Sin embargo, la percepción general de las fuerzas de seguridad es que pudieron cumplir con sus objetivos durante la pandemia, articulando cuidado y tareas preventivas/represivas.

En el artículo de Lorenc Valcarce se analiza lo acontecido durante la pandemia en Mar del Plata. Mixturando datos cualitativos con datos cuantitativos el autor propone estudiar qué pasó en la pandemia respecto a las violencias, los delitos y el trabajo policial. Exhibe cómo durante los primeros tres meses de la pandemia, con la circulación fuertemente restringida, bajaron los delitos en Mar del Plata. Los patrones de delitos y violencias se fueron ajustando a los niveles y modalidades preexistentes cuando la actividad social fue recobrando su normalidad. El autor plantea, dando cuenta de la distribución del delito, que estas dinámicas no se dieron de la misma forma en los barrios periféricos; desnuda, así, la desigual distribución de las violencias y el diferencial accionar de las fuerzas de seguridad.

En el trabajo denominado “Entre casa y caza. Condiciones de trabajo policial y patrones de policiamiento durante la pandemia en el sur del conurbano bonaerense” producido por el equipo de investigación liderado por Gabriela Seghezzo y Gabriela Rodríguez nos vamos a Florencio Varela y Berazategui. El gobierno policial y la pandemia es el eje articulador de un capítulo, organizado a partir del análisis de dos dimensiones diferentes: por un lado, cómo se dio el gobierno de sí de la policía en un escenario donde las fuerzas de seguridad atravesaban miedo al contagio, sobrecarga de trabajo y deterioro de los salarios; por el otro, cómo se desarrolló el gobierno policial de los sectores populares, qué herramientas utilizó en estos períodos y qué hay de nuevo en esas herramientas. Con este fin, las y los autores realizan una revisión de la noción de gobierno que articulan con los datos emergentes del trabajo de campo.

Por último, el artículo de Cabral, Lio y Urtasun analiza cómo en la ciudad de La Plata el accionar de las fuerzas de seguridad vigorizaron construcciones fronterizas, como la división entre el cuadrado fundacional y sus periferias, generando una desigual la regulación de la circulación por la ciudad. Las dinámicas del trabajo policial se sustentaron en desigualdades preexistentes, en consolidadas formas de habitar la ciudad; en este caso las autoras señalan que la pandemia produjo efectos situados que combinan dinámicas previas con lógicas emergentes.

Bibliografía

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