Poblaciones vulnerables, fuerzas policiales y disputas por el cerramiento del espacio público durante la pandemia en la ciudad de La Plata

Paz Cabral, Vanesa Lio y Martín Urtasun

Introducción

La pandemia desatada por el Covid-19 impuso un marco de excepcionalidad que afectó profundamente la vida del conjunto de la población, aunque con consecuencias especialmente graves para los sectores más vulnerables. Dado el carácter sumamente contagioso del nuevo virus y ante la amenaza de un colapso del sistema de salud, las autoridades estatales decidieron implementar medidas urgentes para frenar su propagación y aislar los focos de contagio. Mediante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), luego reducido a Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), se intentó alcanzar una fuerte disminución de la circulación de personas (y del virus) en el espacio público. Desde el 20 de marzo de 2020 el quedate en casa se convirtió en una pieza clave de la gestión estatal de la crisis sanitaria, con las fuerzas de seguridad como principales encargadas de las tareas de control necesarias para su efectivo cumplimiento.

En este capítulo presentamos los resultados de la investigación realizada por el equipo de La Plata del proyecto PISAC-Covid-19, integrado por miembros del Núcleo de Estudios de la Seguridad de Buenos Aires (IdIHCS-CONICET-UNLP) y del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (FaHCE-UNLP).^[1] Nos centramos en la pregunta por las continuidades y las transformaciones en el vínculo de la población, en particular de aquellos sectores más vulnerables, con el espacio público y con la policía en tanto institución a cargo de controlar el cumplimiento de las restricciones a la circulación. Abordamos dicho interrogante prestando especial atención a las especificidades de los territorios en los que se despliegan estos vínculos con las fuerzas. Para ello seleccionamos dos zonas del partido de La Plata: por un lado, el casco urbano de la ciudad, en particular algunas de las plazas céntricas (plaza Rocha, plaza San Martín) y la llamada zona roja ubicada en el barrio El Mondongo y, por otro lado, los barrios contiguos de Las Quintas y La Granja en la periferia del Gran La Plata. La selección de zonas con características, dinámicas y poblaciones distintas nos permitió analizar usos diferenciales del espacio público, desafíos específicos puestos en juego en el marco de las medidas de aislamiento y diversas formas de intervención policial. A partir de entrevistas realizadas a residentes, analizamos los modos en que fue vivenciado el imperativo de quedarse en casa, qué implicaciones tuvieron las regulaciones del espacio público y cómo se tradujeron en transformaciones en los modos de relacionarse con las autoridades que velaron por el cumplimiento de las nuevas medidas, principalmente las fuerzas policiales.

Más específicamente, nos preguntamos: ¿Cómo afectó la pandemia la vida en estos territorios? ¿Qué desafíos tuvieron que enfrentar estas poblaciones vulnerables ante el aislamiento y el cerramiento del espacio público? Si bien nos interesan los efectos de la crisis sanitaria, económica y política desatada por la pandemia por Covid-19, nos enfocamos en poblaciones y territorios que ya atravesaban procesos de acumulación de vulneraciones y violencias sedimentadas. La estigmatización mediática, judicial y policial contra trabajadoras sexuales, disidencias sexuales, personas en situación de calle o jóvenes de barrios populares está ampliamente documentada en nuestro país (Calzado y Maggio, 2009; Cozzi, Font y Mistura, 2014; Daich y Varela, 2014; Fernández, 2020; Karasik, 2019; Kessler, 2013; Kessler y Dimarco, 2013; Perelman et al, 2016; Rodríguez Alzueta, 2014) así como las prácticas de abuso, hostigamiento o abandono que la acompañan (Barrera, 2014; Bermúdez y Previtali, 2014; CELS, 2016; Garriga Zucal, 2010, 2021; Hathazy y Plaza Schaefer, 2020; Pita, 2017; Pita, Corbelle y Brescia, 2019; Perelman y Tufró, 2017; Tiscornia, 2008). Para estas poblaciones, entonces, la pandemia vino a complejizar un escenario ya conflictivo con respecto a sus modos de habitar los espacios públicos de la ciudad. ¿Qué cambios o continuidades se observan en el vínculo establecido en el territorio con las fuerzas policiales encargadas de controlar la circulación? ¿Qué características específicas adquiere este vínculo en el contexto de la pandemia?

Nos proponemos responder estas preguntas desde la perspectiva de las poblaciones vulnerables en ambos territorios. A tal fin, realizamos 29 entrevistas en profundidad, de las cuales 16 fueron en Las Quintas/La Granja (incluyendo residentes y referentes de un club de barrio, de la comunidad paraguaya y la Qom) y 13 en el casco urbano de la ciudad (abarcando trabajadoras sexuales y referentes de organizaciones trans/travestis, personas en situación de calle y sus organizaciones, residentes e integrantes de una asamblea vecinal). En todos los casos, la pandemia es el nombre con el que las personas entrevistadas resumen un complejo conjunto de experiencias que van más allá de los aspectos sanitarios y epidemiológicos como contagios y muertes. La pandemia se asocia fundamentalmente a los primeros meses en los que se sintieron con mayor fuerza los efectos de las medidas de aislamiento en el control sobre la circulación urbana, las transformaciones en el seno de la vida familiar, la pérdida del trabajo y otras fuentes de ingreso. Al mismo tiempo, estas connotaciones de acontecimiento disruptivo se articulan con temporalidades más largas en las que lo pandémico puede también significar continuidades o la intensificación de procesos preexistentes. De estas experiencias, optamos aquí por hacer foco en las transformaciones que la crisis sanitaria impuso a la trama, de por sí ya conflictiva, montada alrededor del control sobre el espacio público y el gobierno de la ciudad. Como se verá a continuación, las diferencias entre territorios y poblaciones marcan variaciones tanto en los dispositivos implementados para ejercer el gobierno, como en las tácticas y estrategias con las que se intenta resistir y disputar el uso de la ciudad.

Habitar territorios desiguales

Las distintas formas de experimentar la pandemia estuvieron marcadas por una clara dimensión espacial. Las medidas propuestas por el gobierno nacional establecieron un fuerte control sobre el espacio público, con el objetivo de reducir la circulación a lo estrictamente necesario para sostener las actividades consideradas esenciales. Al mismo tiempo, las nuevas regulaciones afectaron aquellos espacios considerados privados, como los hogares, que se transformaron rápidamente en escenario para las más diversas actividades recreativas, laborales y educativas. Aun cuando esta nueva distribución espacial de personas y actividades afectó profundamente a todos los sectores sociales, no lo hizo de forma homogénea, sino desigual y selectiva. Como ya planteaban algunos estudios realizados al calor de este acontecimiento total, la cuarentena implementada en nuestro país difícilmente pueda asimilarse a la utopía política foucaultiana de la ciudad de la peste. Más que fijar a cada quien en el espacio y eliminar toda circulación, lo que produjo fue un reconocimiento de ciertas interdependencias y la jerarquización de algunas movilidades por sobre otras (Pinedo y Segura, 2020). La producción y reproducción de la vida durante la pandemia supuso el entrelazamiento, más o menos conflictivo, de dinámicas espacio temporales distintas vinculadas a los contagios, las políticas epidemiológicas, las normativas de aislamiento y los cuidados comunitarios.

En este sentido, al preguntarnos por el vínculo entre poblaciones vulnerables y el espacio público no debemos perder de vista que partimos de las realidades socioespaciales heterogéneas de una ciudad fracturada, atravesada por fronteras físicas y simbólicas, con movilidades y circuitos que operan en distintas velocidades. La pandemia vino a reforzar fronteras previamente establecidas en nuestros imaginarios urbanos, divisiones entre adentro y afuera, público y privado, centro y periferia (Segura y Pinedo, 2022). Para el caso de la ciudad de La Plata, dichos imaginarios están fuertemente marcados por una división entre la centralidad del llamado casco histórico y la segregación de las barriadas populares. Desde sus orígenes míticos como ciudad planificada, hija del urbanismo higienista, las manzanas céntricas que conforman el cuadrado han sido representadas como un espacio ordenado, relativamente homogéneo y seguro, rodeado por una avenida que circunvala la ciudad y separa lo rural de lo urbano. Aunque la avenida continúa brindando sustrato morfológico a la representación de la ciudad como un cuadrado, hace mucho que la realidad del desarrollo urbano platense no responde a esta figuración. La ciudad se ha extendido sobre su cordón frutihortícola en un crecimiento desregulado y heterogéneo, conformando diversas periferias con amplias barriadas populares, pero también nuevos centros y barrios de altos ingresos. Sin embargo, La Plata propiamente dicha sigue asociada con el cuadrado, centro del poder político, del intercambio económico, la inversión pública y la movilidad urbana, mientras que las periferias se constituyen, por lo general, como espacios de exclusión, en los que a la precariedad del hábitat se le suma una particular cartografía del miedo que identifica estos barrios como espacios peligrosos y amenazantes (Segura, 2006).

Las dos zonas de la ciudad seleccionadas para el desarrollo de este estudio, ubicadas en ambos extremos de la dicotomía centro-periferia, representan bajo la idea unificadora de espacio público territorialidades con características muy distintas. Por un lado, abordamos el centro de la ciudad, en particular algunas de las plazas más céntricas (plaza Rocha, plaza San Martín) y el barrio El Mondongo, donde se encuentra la zona roja, caracterizada por ser el escenario en el que se concentra buena parte de la oferta y la demanda callejera de trabajo sexual. Se trata de espacios marcados por una gran movilidad urbana, por la concentración demográfica y un alto nivel de infraestructura e inversión pública y privada, así como también por las permanentes tensiones entre los distintos actores que los habitan y se disputan el gobierno del espacio público. Entre esta multiplicidad resalta un conflicto de larga data en el que intervienen diversos actores: residentes y comerciantes, organizados en asambleas vecinales con las que reclaman mayor seguridad y control en el barrio; trabajadoras sexuales, en particular mujeres trans y travestis, que intentan desarrollar sus actividades en las calles; y las fuerzas policiales y autoridades municipales que intervienen en el control del espacio público. Aun cuando no hayan logrado el objetivo de relocalizar la zona roja, las demandas vecinales tienen un impacto directo en la legitimación de la persecución policial, la vigilancia municipal mediante cámaras y corredores seguros (Passarelli, 2019), estableciendo un entramado que puede ser comprendido como un circuito punitivo (Lascano y Vélez, 2020). Por su parte, las personas en situación de calle se ven inmersas también en un constante rebusque, es decir, despliegan prácticas informales con las que acceden a recursos e ingresos, en las que traban disputas con ciertos grupos de vecinos, comerciantes y, sobre todo, con las fuerzas policiales y otras autoridades estatales, como los agentes de Convivencia y Control Urbano del municipio (Talamonti, 2012; Fantini y Mamonde, 2018).

Los barrios de Las Quintas y La Granja son, en cambio, un ejemplo del desarrollo urbano precario, no planificado y desigual con el que la ciudad se expandió más allá de los límites simbólicos del cuadrado fundacional. Ubicados en la Delegación San Carlos, al sudoeste del centro, estas barriadas populares están asentadas en los terrenos inundables que constituyen los márgenes del arroyo El Gato. Esta proximidad al arroyo ha sido una fuente recurrente de penurias, tanto por el peligro que representan sus desbordes como por las dificultades para el ejercicio efectivo del derecho al hábitat, dados los intentos de relocalización por parte del estado provincial y los conflictos suscitados en torno a ellos (Balerdi, 2017). Son territorios marcados por condiciones de vida sumamente precarias entre las que resaltan, entre otras, la vulneración del derecho a la vivienda, al trabajo digno, al acceso a la salud y a la educación. La seguridad también se encuentra entre los reclamos de larga data de los vecinos. Son barrios que la policía no suele transitar, y si lo hace es “para molestar”, afirman vecinos que también denuncian la falta de respuesta cuando surgen problemas. Al mismo tiempo, son territorios marcados por una fuerte impronta comunitaria que permite cierta gestión interna de las violencias. Comedores, iglesias, clubes barriales y organizaciones sociales, junto con otros lazos comunitarios e identitarios, conforman una trama que, aunque no está exenta de conflictos, permite a veces encontrar respuestas colectivas allí donde otras formas de resolución, vinculadas a instituciones y recursos estatales, parecen no tener la presencia suficiente.

Como veremos a continuación, el espacio público tiene usos y sentidos muy distintos en estos dos territorios, y para los distintos actores en los que se enfoca este estudio. La calle cumple un lugar diferencial en la producción y la reproducción de la vida de estas poblaciones, y su cerramiento y regulación durante el ASPO supuso desafíos específicos, así como la disponibilidad de ciertas herramientas organizativas con las que enfrentarlos.

Perder la calle

La crisis sanitaria desencadenó inmediatamente otra crisis que fue económica, política y social. Con las restricciones a la circulación implementadas durante los primeros meses de la pandemia, las calles y plazas del centro quedaron vacías. Esto significó para muchos la pérdida de espacios de consumo y recreación, pero también la destrucción de puestos laborales y expresiones de las economías informales. Al igual que otras actividades que tienen a la calle como escenario principal, el trabajo sexual en la zona roja se vio momentáneamente imposibilitado. Amenazadas tanto por el riesgo de contagio como por un renovado control policial sobre el espacio público, las trabajadoras sexuales experimentaron el quedate en casa como una súbita pérdida de su principal fuente de ingresos. Nuestras entrevistadas relatan que la mayoría intentó en un principio acatar las nuevas prohibiciones a la circulación:

Muy pocas chicas salían en ese momento, y las pocas chicas que salieron fueron las que terminaron contagiadas […] La mayoría de nosotras hicimos un acuerdo para probar, porque pensamos que iban a ser unos meses […] hicimos todo para que no nos persigan y no nos sigan molestando. (Mónica, entrevista personal, 28/7/2021)

La incertidumbre inicial sobre la duración de las restricciones, el desconocimiento de la gravedad del virus y las dudas sobre qué tan estrictos serían los controles policiales marcaron a fuego los primeros meses de la pandemia en la zona roja. Los contagios, pero también las multas, allanamientos y otras formas de persecución policial, hicieron del espacio público un ámbito amenazante. Para muchas trabajadoras sexuales trans y travestis incluso las salidas permitidas, como la compra de alimentos en un negocio del barrio, se vieron dificultadas por el hostigamiento policial. Como se quejaba indignada Lisa, a quien levantaron mientras hacía la fila para comprar su desayuno y dejaron demorada cuatro horas en la vereda de la comisaría, los policías “te ven trans, te levantan y te quieren llevar simplemente a dar una declaración que no sirve para nada” (entrevista personal, 23/9/2021). Quienes salían lo hacían entonces solas, a escondidas y con miedo, aprovechando los bordes de las casas o los autos para ocultarse de miradas indeseables. Aun evadiendo el control policial, la actividad se vio muy afectada por la incertidumbre y el miedo que generaba una enfermedad desconocida.

No solo es que no te dejan salir, sino que si salís tampoco tenés la misma demanda de clientes, porque los clientes también se cuidaban y tenían miedo. Al principio nadie sabía nada: cómo se iban a dar las cosas, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, hasta dónde era flexible o hasta dónde no. (Denisse, entrevista personal, 23/9/2021)

Perdida momentáneamente la calle, algunas comenzaron a explorar nuevas modalidades laborales. Al igual que buena parte del mercado laboral, el trabajo sexual también experimentó una migración parcial hacia un soporte digital, y en ese marco algunas de las trabajadoras sexuales entrevistadas se convirtieron en productoras y vendedoras de contenidos audiovisuales. La otra fuente de ingresos que mencionan las entrevistadas son las políticas de asistencia social, particularmente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), implementado por el Estado nacional como una forma de compensación temporal para las millones de personas cuyos ingresos se desplomaron. Las trabajadoras sexuales refieren también otro tipo de políticas focalizadas, sostenidas o gestionadas por las áreas de género y diversidades de los distintos niveles gubernamentales, como el acceso a ciertos medicamentos, la distribución de alimentos o la inclusión en planes como el Potenciar Trabajo.

Sin embargo, estas posibilidades no estuvieron disponibles para todos por igual. Sin los dispositivos digitales necesarios, la conectividad o siquiera un espacio en el domicilio para poder trabajar, muchas no pudieron hacer efectiva la migración hacia formas de trabajo virtual o domiciliario. Al mismo tiempo, para recibir un IFE o anotarse en el plan Potenciar Trabajo requerían de documentos y cierta capacidad de gestión frente a las autoridades estatales. Según relataron en las entrevistas, fueron las trabajadoras sexuales migrantes las que se vieron más desprotegidas. La falta de documentos en regla, pero también el hecho de vivir en pensiones o muy lejos del casco urbano, volvían muy difícil encontrar alternativas al trabajo callejero. Por estas razones, según Denisse y Lisa, las compañeras migrantes “fueron las víctimas principales de toda la persecución policial que en el contexto de pandemia se acrecentó y se profundizó mucho más” (Entrevista personal, 23/9/2021). Eventualmente la mayoría terminó retomando la actividad en la zona roja, exponiéndose al virus y a la policía.

Estuvimos unos dos, tres meses. Hasta que no aguantamos más porque ya los bolsillos no nos daban… nos estábamos re cagando de hambre. Entonces tuvimos que volver a salir. Es la típica. O sea, nosotras no tenemos un trabajo estable, o un trabajo en blanco como tanta gente divina, espléndida, tiene ¿entendés? Entonces nuestro único trabajo es: o terminamos en una esquina o terminamos en una esquina. (Mónica, entrevista personal, 28/7/2021)

Estas situaciones de extrema necesidad hicieron también de la pandemia un momento de activación de redes solidarias y de organización colectiva. Nuestras entrevistadas valoran en este sentido las movilizaciones impulsadas con organizaciones como Putas Feministas y la sede local de AMMAR, el sindicato de trabajadoras sexuales. También resaltan el impulso que adquirieron articulaciones con organizaciones de izquierda, feministas y de disidencias sexuales, como Venganza Afectiva, y el lanzamiento de una agrupación propia llamada Furia Travesti. Si bien en algunos relatos se le reconoce un lugar de ayuda al Estado, varias señalan que esto dependió más de la buena voluntad de los trabajadores estatales que de una responsabilidad institucional. Pero, además, la pandemia es leída por ellas como una suerte de extensión a nuevos sectores de la población del abandono, el olvido y el rechazo estatal que las trabajadoras sexuales y las personas travestis-trans reconocen como estructural y cotidiano.

Ahora es como que se está notando un poco más porque a todo el mundo le está pasando exactamente lo mismo: están siendo olvidados, rechazados, metidos atrás por algo que está pasando mundial, que pasa más allá de lo que es sexual o de género. (Mónica entrevista personal, 28/7/2021).

¿Quedarse en casa?

Las restricciones al acceso y circulación en el espacio público también afectaron profundamente a las personas en situación de calle que habitan la ciudad. Para ellas las calles y plazas del centro no son sólo el escenario de las oportunidades laborales e interacciones con las que obtienen los recursos necesarios para subsistir, sino también el lugar donde viven. Aun cuando el quedate en casa implicaba un pedido solidario de cuidado para toda la población, las condiciones materiales para el cumplimiento de dicha indicación fueron sumamente dispares, al punto de que ciertas personas no disponían de espacio privado alguno al que pudieran llamar su casa.

Al mismo tiempo, el espacio público en el que siguieron habitando sufrió transformaciones radicales que afectaron significativamente sus fuentes de ingresos. Las restricciones a la circulación imposibilitaron actividades como el lavado de autos, la función de cuidacoches, la venta ambulante o los puestos en las ferias.

La ayuda recibida por transeúntes, comercios o instituciones también se redujo abruptamente. Como cuenta una militante de Callejeros Nocturnos, organización que trabaja con personas en situación de calle, “al estar todo cerrado era un momento en que por ahí más nos iban a necesitar porque los restaurantes y donde siempre van a pedir, por ahí no iban a estar abiertos” (Malena, entrevista personal, 29/7/2021). Al igual que las trabajadoras sexuales, las personas en situación de calle también “perdieron la calle” pero no por estar encerrados, sino por el efecto de un espacio público vacío y solitario, que se tradujo en una profunda disminución de sus posibilidades de aprovisionamiento y fuentes de ingreso. A su vez, vivir en la calle implica estar siempre expuesto a las miradas y juicios del resto de los habitantes de la ciudad, muchos de los cuales cuentan con mayores grados de legitimidad y poder para imponer su visión sobre las conductas y personas que deberían, o no, aceptarse en el espacio público. Esto se expresa en el relato de las personas entrevistadas como una necesidad constante de negociar la condición de vecinos aceptados, o al menos tolerados, por comerciantes, residentes del barrio y autoridades estatales. Según nos relatan, el miedo al contagio intervino en un primer momento en las interacciones callejeras, dificultando la cercanía de la cual dependen para obtener recursos, pero también para establecer una relación de conocimiento y respeto mutuo. Sin estos lazos, relata Pablo, se exponen a ser víctimas de distintas formas de violencia o a que los denuncien constantemente “por boludeces” (entrevista personal, 2/8/2021). Por otro lado, este miedo a la cercanía es entendido como una muestra más de la estigmatización que sufren las personas que, como él y su compañero, trabajan y duermen en la calle. Según su interpretación del gesto de cruzarse de vereda con el que algunos transeúntes evitan su presencia, lo que expresa son ideas como “son chorros, me van a robar, viven alcoholizados, viven drogados” (entrevista personal, 2/8/2021).

Aun cuando existan continuidades con experiencias previas, al igual que relatan las trabajadoras sexuales, enfrentar la calle durante la pandemia implicó una gran cuota de incertidumbre y miedo. Integrantes de Callejeros Nocturnos recuerdan sus primeras recorridas como especialmente desoladoras: aunque “no lo verbalizaban (…) se notaba mucho que había cambiado algo en la calle” (Malena, entrevista personal, 29/7/2021). Esta situación se fue desarmando al ritmo de la reactivación de la ciudad, cuando el movimiento urbano fue abriendo nuevamente oportunidades de rebusque y sustento económico. Algunos entrevistados relatan también haber intentado migrar sus actividades callejeras a las redes sociales, como en el caso de los puestos de feria y la venta ambulante. Sin embargo, durante los primeros meses de pandemia fueron las organizaciones sociales las que cumplieron un rol fundamental de ayuda y apoyo. Distintas agrupaciones estuvieron sumamente activas, particularmente en el reparto de comidas calientes, frazadas y artículos de primera necesidad, aun cuando la pandemia las forzó a modificar las recorridas para hacerlas más cortas y reducir el momento de conversación para prevenir un posible contagio.

El rol desempeñado por el Estado, en cambio, aparece mucho más deslucido. Si bien las personas en situación de calle entrevistadas reconocen la importancia del IFE, también señalan la falta de otro tipo de políticas que acompañen su situación. Al inicio de la pandemia el municipio decidió cerrar el ingreso de nuevos alojados al parador municipal para personas en situación de calle: “El parador en principio cerró, cerró las puertas. No quería abrirlo para nuevos alojados, que era terrible porque en ese momento era necesario. No tenían un plan digamos para estas cosas” (Malena, entrevista personal, 29/7/2021). Esta medida dejó a muchos sin un lugar donde pasar la primera etapa del ASPO^[2], expuestos al contagio, pero también a los roces con vecinos y autoridades estatales.

Vivir en los márgenes

Al igual que las poblaciones vulnerables relevadas en el centro de la ciudad, en los barrios de Las Quintas y La Granja los primeros meses de aislamiento se sufrieron con especial angustia por la abrupta interrupción de las fuentes de ingreso que sostenían a los hogares. Aunque la falta de trabajo formal, estable y bien remunerado es una problemática estructural en estos territorios, la pandemia tuvo el agravante de afectar a un amplio abanico de actividades de la economía popular e informal que fueron consideradas no esenciales y, por lo tanto, suspendidas. Trabajadores de la construcción, changarines, vendedores ambulantes, comerciantes informales, cuidadores de niños y adultos, trabajadoras de casas particulares, se quedaron de un día para el otro desempleados. Como muchas familias dependen de lo que ganan día a día para comprar comida, el aislamiento generó una gran fragilidad y desorganización de la vida cotidiana:

La gente estaba desesperada porque quería salir, quería ir a laburar, los pibes daban vuelta por el barrio, otros tenían pibes que se levantaban a las seis de la tarde. Dejate de joder, eso no es normal. Muchos abandonaron la escuela. Fue un lío, la verdad que sí. (Ana, entrevista personal, 1/5/2021)

Los residentes coinciden en afirmar que los primeros meses “fueron los peores”, a pesar de que en términos epidemiológicos y sanitarios la segunda ola de contagios (marzo-mayo 2021) duplicó los valores de la primera (julio-septiembre 2020). A la preocupación por la falta de trabajo se le sumó el miedo al virus y al contagio de una enfermedad todavía desconocida. Darío nos cuenta que esto generó una desconfianza mutua que afectó fuertemente su trabajo, llevándolo a dejar momentáneamente la construcción para manejar un remís: “Te tienen miedo. Tengo miedo yo de llevarle [el virus] a esas personas o ellos también me tienen miedo. Te preguntan cómo viniste, te cuestionan” (Darío, entrevista personal, 2/7/2021).

Al tiempo que se cerraba la calle y los vecinos se quedaban sin posibilidades de trabajo, el hogar se convirtió en un espacio de encuentro entre todos los miembros de la familia. Las actividades educativas y recreativas también se vieron suspendidas o virtualizadas, por lo que los niños ya no estuvieron fuera de casa durante el horario escolar. Los entrevistados cuentan, además, que muchos se trajeron “a la madre, a la suegra, al tío”, en una estrategia familiar de reagrupamiento para garantizar los cuidados, aun cuando esto significó condiciones de mayor hacinamiento (Ana, entrevista personal, 1/5/2021). Además, implicó la inauguración de nuevas tareas domésticas vinculadas a la limpieza y la higienización personal, la limitación de otras costumbres arraigadas como compartir los mates, y la reorganización de la circulación dentro y fuera de la casa, como respuesta al contagio. No es de extrañar que este marco se generaran conflictos y que, como relata Ana, constantemente “estallaban discusiones” (Entrevista personal, 1/5/2021).

Los cambios en las dinámicas hogareñas fueron acompañados por las transformaciones en el espacio público. Las calles del barrio estuvieron más vacías y los vecinos coinciden en señalar que en los primeros meses de la pandemia las medidas de restricción se respetaron bastante. Esto tuvo como efecto secundario un inmediato recrudecimiento de los sentimientos de inseguridad, especialmente al caminar por el barrio durante las horas nocturnas. Fuera de la zona más cercana a sus hogares, las calles de Las Quintas y La Granja se perciben como peligrosas y amenazantes. Los vecinos identifican una zona inmediata de un par de cuadras a la redonda en la que todos se conocen y se sienten segures, más allá de los posibles conflictos, porque “ya llegás y te conocen, no anda un auto que no sabés quién es, y si anda ya los mismos vecinos están mirando, quién es, a qué viene” (María, entrevista personal, 10/7/2021).

Si esta suerte de vigilancia comunitaria tenía ya sus limitaciones antes de la pandemia, porque de todas formas se daban broncas y peleas que llegaban a veces a convertirse en tiroteos, el vaciamiento de las calles vio reducida drásticamente su efectividad. “Yo mucho no salgo de noche tampoco, porque me da miedo, no zafa nadie acá. Capaz lo que sí cambió es que estaba todo más vacío, no salía nadie”, plantea Ana al respecto (Entrevista personal, 1/5/2021). Varios vecinos mencionan en las entrevistas el miedo a moverse fuera de sus casas luego de la puesta del sol, en especial cuando se trata de mujeres o niñas, y la búsqueda de estrategias de acompañamiento para que no circulen solas.

El vaciamiento del espacio público registrado en los primeros meses fue el resultado del acatamiento a las restricciones por parte de los vecinos, con las fuerzas policiales cumpliendo en estos barrios un rol marginal. Los controles policiales a la circulación se centraron en rutas y avenidas, impidiendo el acceso al centro de la ciudad, pero dejando prácticamente sin supervisión el movimiento dentro del propio barrio. La presencia policial, ya de por sí limitada en tiempos previos a la pandemia, no experimentó un cambio significativo: según los vecinos, los móviles hacían pasadas rápidas, sin controlar realmente quién estaba circulando. Darío nos explica que en esta situación los vecinos “al principio se guardaron un poco más, después había que salir a trabajar, no había escapatoria” (entrevista personal, 2/7/2021). Otras vecinas remarcan la importancia de ciertas formas de sociabilidad que se dan en los espacios públicos barriales, y que se recuperaron luego de los primeros meses de aislamiento: “Acá en el barrio, el mate en la vereda no se cortó”, nos dice Miriam (entrevista personal, 20/4/2021), a lo que María agrega que al principio “andaba menos gente, después ya la plaza y la canchita estaban llenas” (entrevista personal, 10/7/2021). Algunos jóvenes sumaron que no fue sólo la necesidad de salir de las casas lo que volvió a poblar el barrio, sino que también “se perdió el miedo a la pandemia” (Alejandro, entrevista personal, 8/7/2021).

Con todo, el cambio más importante en términos del vínculo con el espacio urbano fue la decisión de algunas familias de cerrar la calle interna del barrio. “Nosotros hicimos un portón allá afuera, para que nadie entre, para que nadie pase”, relata Darío (entrevista personal, 2/7/2021). Una estructura de chapas y un candado ofició entonces de nueva frontera entre un espacio público hostil, marcado por la circulación del virus, pero también por violencias, controles y amenazas, y un espacio privado que se amplió para incorporar a distintas familias en una especie de aislamiento comunitario. La delimitación de estas burbujas se construyó a partir de estructuras urbanas preexistentes, como las calles cortadas por la presencia del arroyo, pero también siguió los límites difusos de las comunidades que habitan el barrio: paraguayos por un lado, el barrio Qom por el otro. Junto con la reactivación de los comedores comunitarios y la búsqueda de recursos estatales para sostenerlos, estos cerramientos fueron la principal medida con la que se intentó enfrentar colectivamente el desafío que trajo el Covid-19.

Lamentablemente, este control comunitario del espacio público no alcanzó a frenar la ola de contagios, que finalmente golpeó duramente al barrio. Varios de nuestros entrevistados relatan de forma directa los dolores, la fiebre, la pérdida de fuerzas, la falta de olfato y las dificultades para respirar. Según elles, en septiembre del 2020 “cayeron todos” y las condiciones de precariedad que imposibilitaron un aislamiento efectivo hicieron difícil la recuperación, por lo que algunos cuadros graves tuvieron que ser hospitalizados y las familias tuvieron que lamentar varias muertes.

Policiamiento y gobernanza del espacio público

Así como la pandemia trajo importantes desafíos para quienes dependían de la calle y su circulación para el desarrollo de sus actividades e ingresos, los relatos de nuestros entrevistados dejan entrever que, en relación a las dificultades que tuvieron que enfrentar, las fuerzas policiales estuvieron lejos de ocupar un lugar neutral. En su nuevo rol de garantes del cumplimiento del ASPO, las policías sumaron nuevas herramientas, responsabilidades y legitimidades respecto del ejercicio del gobierno sobre el espacio público (Garriga, 2021; Sirimarco, 2021). Partiendo de una relación con las poblaciones estudiadas ya marcada previamente por el conflicto, el nuevo rol policial durante la pandemia dio pie a un recrudecimiento en formas preexistentes de persecución, hostigamiento y abuso de poder.

Partiendo de esta hipótesis, nos preguntamos por las transformaciones (o continuidades) en el vínculo entre poblaciones vulnerables y policías durante la pandemia. Al respecto, si bien las medidas de aislamiento social implementadas a raíz del Covid-19 modificaron diversos aspectos de la vida económica y social e impactaron fuertemente en las experiencias cotidianas de las poblaciones analizadas y en las dinámicas de los territorios que transitan, entendemos que el accionar policial durante este contexto debe ser más bien interpretado como efecto de la continuidad o profundización de dinámicas y modus operandi pre pandémicos.

A los fines de este análisis, decidimos agrupar en tres conjuntos las dinámicas propias del rol desempeñado por las fuerzas policiales en el gobierno de las poblaciones vulnerables y los espacios públicos que habitan y transitan: persecución y hostigamiento, tolerancia controlada y abandono. Como se verá, se trata de dinámicas que operan de distintas formas según los actores intervinientes y los sectores de la ciudad, siguiendo también un patrón situacional en el que no siempre se activan las mismas respuestas. Sin embargo, utilizar esta clasificación nos permite identificar el in crescendo en la intensidad del control con el que se pretende gobernar a ciertas poblaciones y actividades en la ciudad. Finalmente, ensayamos algunas reflexiones sobre las tácticas y estrategias de estas poblaciones vulnerables para disputar, frente a la regulación policial, el uso del espacio urbano.

Persecución y hostigamiento

Durante los meses que duró el ASPO la eliminación de las presencias en el espacio público fue la norma, mientras que la habilitación para circular fue una excepción. Las modalidades de actuación policial orientadas a negar el acceso al espacio público adoptaron, no obstante, formas muy distintas según las poblaciones afectadas. Bajo las categorías de persecución y hostigamiento agrupamos a aquellos modos de intervención que expresan una mayor intensidad en el control policial, con el objetivo de sacar a ciertas poblaciones de la calle y eliminar sus modos de habitar la ciudad.

Las trabajadoras sexuales del barrio El Mondongo –y más especialmente las mujeres trans y travestis– fueron un claro ejemplo de población foco de este tipo de intervenciones por parte de la policía. Aunque nuestras entrevistadas reconocen que el hostigamiento policial no es una novedad, afirman también que el contexto pandémico dio pie al surgimiento de nuevas modalidades de intervención. En primer lugar, las propias restricciones a la circulación sumaron nuevas justificaciones para prácticas policiales de larga data, como la detención arbitraria, las requisas ilegales y el traslado a las comisarías. Como nos contaba Lisa, durante la pandemia no se toleraba su presencia pública ni siquiera haciendo la fila para comprar en el comercio del barrio (entrevista personal, 23/9/2021). Por otra parte, formas más complejas de criminalización de mujeres trans y travestis, generalmente asociadas a las acusaciones por venta de estupefacientes (Lascano y Vélez, 2020), sufrieron también innovaciones en las metodologías de implementación. Las entrevistadas relatan la vigilancia fuera de sus casas como una de las principales novedades del período:

A algunas compañeras se les pusieron en la puerta de la casa, cosa de no dejarlas salir. O sea, restricciones hasta de ese tipo, tipo toque de queda de antes. Así es como retrocedemos un montón. Y después dicen que no están en contra de nosotras (…) yo no he visto que vayan a la casa de ninguna gente cis, o careta, o familia normal, para que no salgan. O sea, a cierta comunidad o parte de la sociedad sí, y a la otra gente no. ¿Entonces cómo es? ¿Dónde está la parte igualitaria? (Mónica, entrevista personal, 28/7/2021)

Desde las detenciones por infracciones al ASPO hasta el armado de causas y los allanamientos en los domicilios, se aprecia una intensificación y a la vez una sofisticación de los métodos de intervención policial. Los allanamientos justificados por supuestas infracciones a la ley de drogas permitieron un desplazamiento del escenario de la persecución, desde las calles hasta los propios domicilios, ya que ahora “las iban a buscar a sus casas por investigaciones previas” (Alejo, entrevista personal, 27/8/2021). Hubo, además, un recrudecimiento de la violencia policial, que reforzó los miedos de salir a la calle a trabajar. Como expresan en las entrevistas, sobre el marco de continuidad que representan las requisas policiales, la pandemia implicó nuevas amenazas y maltratos.

Yo trabajo con una chica, con una compañera que vende… estupefacientes. Y justo me vieron a mí hablando con ella y ella había vendido y la policía vino, me maltrató, pero mal, mal, mal… me revisaron toda, me sacaron las zapatillas, por poco no me desnudan en el medio de la calle. Y nada, no me encontraron nada, si yo no tenía nada… los vecinos pensaron que me iban a encontrar. No, no me encontraron nada. (Cintia, entrevista personal, 14/4/2021)

Otro cambio importante impuesto por el contexto excepcional fue la limitación de los ingresos a las comisarías. Como comenta Lisa, la tuvieron cuatro horas detenida en la puerta de una comisaría: “Tampoco te podían dejar entrar, te tenían en la puerta sentada (…) te verdugueaban, te descansaban” (entrevista personal, 23/9/2021). Este tipo de prácticas son tan habituales que las entrevistadas llegan a naturalizar, en su discurso, las formas que adquiere el control policial: “Para nosotras es normal la presencia policial cerca de nosotras”, comenta Denisse (entrevista personal, 27/8/2021). Los roces con los uniformados, los controles preventivos y los llamados de los vecinos se vuelven rutinas, son lo normal: “[Los policías] te frenan, te preguntan qué están haciendo. Esas pelotudeces. O [te dicen] ‘me llamaron por teléfono los vecinos’. Capaz que los vecinos nunca llamaron, pero para romper las pelotas… La típica. O sea, la básica, lo normal” (Mónica, entrevista personal, 28/7/2021).

El hostigamiento y la persecución, en tanto modalidades de intervención policial, se montan en el cruce entre espacios urbanos céntricos, valiosos y por lo tanto dignos de ser controlados, y ciertos consensos sociales entre actores que demandan que dicho control se haga efectivo, fenómeno que podemos captar con el concepto de circuito punitivo (Lascano y Vélez, 2020). En este sentido, la pandemia permitió un recrudecimiento de la animosidad de los vecinos del barrio que vienen reclamando el traslado de la zona roja, apoyados a su vez por la beligerancia de las autoridades municipales, operativos policiales fuertemente mediatizados y una constante estigmatización ejercida desde los medios de comunicación. Esta combinación de poblaciones estigmatizadas, espacios controlados y un complejo circuito punitivo se repite también en el otro conjunto de entrevistados que relatan ser víctimas del hostigamiento y la persecución policial. Si bien la situación no parece generalizada, algunas personas en situación de calle dan cuenta de los intentos sistemáticos de las fuerzas para impedir que habiten las plazas y esquinas del centro de la ciudad.

[Javier] seguía yendo a trabajar a la plaza, ya que es su único ingreso. Al respecto, comentó que agentes de la comisaría se acercaron a correrlo y que él les respondió que necesitaba trabajar sí o sí. Eso abrió una discusión que fue creciendo con insultos y maltratos de ambas partes, llegando al punto en que un policía lo agredió físicamente (dijo que “lo apretaron contra una reja”) a lo que él respondió con un golpe. Ahí fue que lo empezaron a golpear entre todes (no me dijo cuántos eran, pero sí insistió en que lo “cagaron a palos”) y se lo llevaron detenido. Estuvo preso dos meses. Cuando salió no volvió a laburar en esa zona por un tiempo, porque cuando lo veían lo amenazaban. (Miguel y Javier, nota de campo, 9/8/2021)

Tolerancia controlada

Un segundo escalón de acuerdo con la intensidad del control policial es lo que denominamos tolerancia controlada: intervenciones que intentan condicionar la presencia de ciertas poblaciones en el espacio público por medio de la vigilancia y la amenaza, más o menos solapada, del uso de la fuerza. Al igual que en la modalidad previa, un estigma social pesa sobre ciertas poblaciones vulnerables, derivado de lo que se ha definido como olfato social y que se traduce, también, en la selectividad policial (Rodríguez Alzueta, 2016). En este caso, las demandas de ciertos actores legítimos, como vecinos y comerciantes, resultan fundamentales para comprender la disputa por los usos adecuados del espacio público y el despliegue efectivo del control policial.

Al igual de la mayoría de las trabajadoras sexuales, otros habitantes del centro de la ciudad como cuidacoches, feriantes, vendedores ambulantes y personas que piden en la calle, también dependen fuertemente de su presencia en el espacio público para sobrevivir. Se trata de sujetos estigmatizados cuya presencia en el centro es meramente tolerada, en la medida en que no generen mayores conflictos o inquieten al resto de transeúntes. En el caso de las personas en situación de calle, los conflictos con la policía parecen afectar sobre todo a les más jóvenes. Según Malena, referente de Callejeros Nocturnos, la policía se ensaña en “molestarlos” especialmente cuando son jóvenes que andan en grupos, “son numerosos y no son calladitos” (entrevista personal, 29/7/2021). Se registra así otra continuidad en las modalidades de intervención policial: durante la pandemia la policía mantuvo su rutina de molestarlos, romperles cosas, golpearlos, robarles sus documentos.

Si la amenaza latente que implica estar bajo constante vigilancia puede ser descripta como una continuidad durante la pandemia, lo que sí se modificó fue la visibilidad de estas poblaciones y, por lo tanto, la intensidad del control. Con las calles del centro vacías y “los nuevos puestos de control […] había más presencia policial todo el tiempo”, recuerda Malena (entrevista personal, 29/7/2021). De todos modos, esto no se tradujo de manera directa y homogénea en una mayor persecución. De hecho, las personas en situación de calle de mayor edad resaltan en las entrevistas un vínculo relativamente amistoso con las fuerzas policiales. Pablo, por ejemplo, reconoce que “hay más presencia policial ahora que antes”, pero no parece molestarle (entrevista personal, 2/8/2021). Por el contrario, plantea que los conflictos suelen darse con otras formas de regulación del espacio, como las prohibiciones municipales a la venta ambulante y a las ferias en las plazas, personificada fundamentalmente por los agentes de Convivencia y Control Urbano. El predominio de modalidades de tolerancia controlada en la intervención policial parece admitir entonces ciertos niveles de ambigüedad por parte de las propias poblaciones vulnerables bajo control policial. Ya a mediados del 2021, cuando la fuerte reducción de los indicadores delictivos experimentada en los inicios de la pandemia se había revertido, algunos entrevistados expresaban incluso la sensación de desprotección durante las noches. Pablo destaca, en este sentido, la otra cara de la falta de presencia policial: “De hecho yo, a veces, cuando no está mi compañero siento un poco de miedo” (entrevista personal, 2/8/2021).

Abandono

Si la persecución y el hostigamiento apuntan a la eliminación de las presencias, el abandono aparece en el extremo opuesto de intensidad, la otra cara de los conflictivos vínculos con las fuerzas policiales. En esta modalidad el rol desempeñado por las fuerzas de seguridad se define más por la omisión que por la acción. Sin embargo, como ya insinuaba Pablo al comentar sus miedos por las noches, los perjuicios para las poblaciones vulnerables de este abandono pueden ser tan graves como ser blanco del hostigamiento y la persecución.
En la zona roja este abandono policial se expresa en una respuesta discrecional ante los pedidos de intervención. Cuando las que requieren la presencia o demandan el cuidado son las trabajadoras sexuales, la policía no acude, no pasa, no está cuando ellas la necesitan. Las fuerzas de seguridad, proactivas para posicionarlas en el rol de potenciales victimarias, no acceden en cambio a otorgarles el lugar de víctimas, aún en situaciones extremas. En este sentido, las entrevistadas relatan el caso de Soraya, quien recibió dos disparos desde un vehículo durante la madrugada del 19 de junio de 2021 por parte de un conductor que se escapó y no fue identificado. Denisse cuenta que estaban ahí siete compañeras, cuando “los chabones pasan en un auto y pum pum pum pum tirando tiros, uno de esos tiros le pegó a Soraya, en el estómago” (entrevista personal, 23/9/2021). Soraya ya había sido víctima de otro ataque transodiante con armas de fuego, el año anterior, pero sus compañeras afirman que el disparo la alcanzó por azar: “Podría haber sido para cualquier otra de las que estábamos” (Lisa, entrevista personal, 23/9/2021). Mónica expresa la desesperación y el desamparo sufrido:

Ni la quisieron subir a la ambulancia, con eso te digo todo. O sea, tardó 25 minutos la ambulancia en llegar; está a unas seis cuadras el hospital de donde pasó el hecho. Son seis cuadras, seis cuadras, 25 minutos tardó la ambulancia, 30 minutos tardó la policía en llegar. Cuando llegaron, no la querían tocar, no la querían levantar, como si tuviera algo. No sé cómo explicarte. Tuvieron que llevarla las mismas compañeras al hospital en un taxi. (Mónica, entrevista personal, 28/7/2021)

El travesticidio, que adquirió repercusión mediática en los días siguientes, motivó movilizaciones de sus compañeras en reclamo de justicia y exigiendo seguridad para las trabajadoras sexuales de El Mondongo. Como expresa un artículo del Diario Hoy, “desde el Plenario de Trabajadoras La Plata aseveraron que ‘no es un caso aislado’ y que ‘se suma a los hechos de odio que se han agudizado notoriamente en la Zona Roja’”^[3]. Sin embargo, las entrevistadas siguen experimentando un completo abandono policial frente a estos sucesivos ataques. De acuerdo con sus relatos, la violencia transodiante se ejerce prácticamente sin intervención policial y bajo la indiferencia de las autoridades estatales. Según comenta preocupada Denisse, hay vecinos transfóbicos en el barrio: “Con la pandemia notamos que ese odio hacia nosotras se profundizó más” (Entrevista personal, 23/9/2021).

El abandono de las poblaciones vulnerables no se limita, sin embargo, a las zonas céntricas de la ciudad. Por el contrario, es la principal característica del vínculo con las fuerzas policiales que enuncian les habitantes de barrios periféricos como Las Quintas y La Granja. Según los entrevistados, el espacio público del barrio queda como un ámbito liberado del servicio público de seguridad, vigilancia y mediación que ofrece la policía.

La verdad acá nunca andan mucho, pero ahí [se refiere a los primeros meses de ASPO] habían empezado a aparecer en patrulleros, capaz con esa voz alta te decían que entres a la casa, que estaba prohibido circular. No mucho más. Lo que pasa acá, para mí, no le importa a nadie. (…) No sé si la policía hizo mucho… los que yo conozco, los de acá, nada. (…) Por momentos esto era tierra de nadie. (Ana, entrevista personal, 1/5/2021)

La idea de que “acá no existe la policía”, como lo enuncia Patricia, es una percepción generalizada entre los vecinos del lugar (entrevista personal, 18/6/2021). Según nos cuentan, muchas veces se producen tiroteos, peleas, robos o situaciones de violencia de género, y sin embargo la policía no acude a las llamadas, no toma las denuncias, o está directamente sospechada de ser parte del problema. En este sentido, Valentín señala el hostigamiento policial hacia ciertos grupos de jóvenes que habitan en el barrio:

Realmente no estaban haciendo nada, pero los verdugueaban, los dispersaban, pero no solamente en la pandemia… uno de esos chicos iba con mi hijo al colegio y la mamá siempre decía que los volvían locos, que el hijo ese y otro más chico que se juntaban ahí siempre renegaban con el comisario, para mí como que les quería hacer robar o algo así, o vender droga. (Valentín, entrevista personal, 19/6/2021)

En estos territorios el accionar policial combina la ausencia con una presencia abusiva. “Nosotros acá no tenemos la posibilidad de contar con la protección de la policía […] Te mira de arriba abajo y te lleva por prejuicios”, relata Darío (entrevista personal, 2/7/2021). Durante la pandemia la situación no se modificó sustancialmente: la policía circulaba por las calles perimetrales sin entrar en los barrios y sin ubicarse en puestos de control fijos. Ante situaciones de conflicto, lo habitual siguió siendo la demora o directamente la negativa a intervenir. “La policía poco, solo así, para joder digamos, porque después te roban todo y de pedo vienen. Cuidarte, digamos, no te cuidan”, explica Valentín (entrevista personal, 19/6/2021). Y agrega: “En los robos, nunca están, nunca llegan. Al final cuando tienen que estar, no están, porque están jodiendo en otra parte”.

En palabras de Ana, lo que todo esto muestra es que estos barrios no le importan a nadie, “ni a los propios policías que viven acá, ni a los políticos” (entrevista personal, 1/5/2021). María, otra vecina, agrega: “Es como que dejan que nosotros nos arreglemos. No me importa mucho la verdad, porque si vienen es para quilombo” (entrevista personal, 10/7/2021). Ante esta continuidad del abandono, los cambios durante la pandemia se identifican con acciones que los vecinos despliegan por propia voluntad. En este sentido, el bloqueo de las calles y el autoencierro que describimos previamente, así como la intervención de vecinos como mediadores ante conflictos familiares y situaciones de violencia de género, dan cuenta de algunas de estas estrategias de autocuidado y control social informal desplegado por los propios habitantes de las periferias de la ciudad.

A modo de conclusión: disputas, ardides y apropiaciones urbanas

Las estrategias ponen sus esperanzas en la resistencia que el establecimiento de un lugar ofrece al deterioro del tiempo; las tácticas ponen sus esperanzas en una hábil utilización del tiempo, en las ocasiones que presenta y también en las sacudidas que introduce en los cimientos de un poder (de Certeau, 2000: 45).

La pandemia desatada por el Covid-19 y las medidas de aislamiento social implementadas para frenar su propagación marcaron un marco de excepcionalidad, una situación inédita a nivel mundial, con consecuencias en múltiples ámbitos de la vida. Más allá de su carácter disruptivo, abordar este fenómeno como un proceso nos permitió explorar sus intensidades variables en términos espaciotemporales y pensar no sólo en rupturas, sino también en continuidades respecto de dinámicas y relaciones previas. Al adoptar el punto de vista de las poblaciones estudiadas pudimos, a su vez, profundizar en los usos y sentidos que otorgan al espacio público, sus vínculos con las policías y demás actores que disputan el gobierno de la ciudad. En línea con el análisis de Pinedo y Segura (2020), este enfoque nos aleja de toda interpretación de la pandemia como utopía política foucaultiana del tipo ciudad de la peste (encierro estricto, prohibición efectiva de la circulación, organización espacial rígida, vigilancia constante) y nos indica en cambio la necesidad de explorar las regulaciones espaciales reales, los modos en que son experimentadas, las negociaciones y disputas abiertas en torno a los usos del espacio.

El presente capítulo puso entonces al espacio urbano en el centro de la pregunta por el vínculo entre poblaciones vulnerables y fuerzas policiales. Se prestó especial atención a su carácter heterogéneo y el modo en que esto afectó a las espacialidades que trajo la pandemia, desde el reforzamiento de construcciones fronterizas como la división entre el cuadrado fundacional y sus periferias, hasta el efecto desigual de la regulación de la circulación en la viabilidad y legitimidad de los modos de habitar la ciudad. En este sentido, en tanto proceso que se monta sobre una heterogeneidad y desigualdad preexistente, la pandemia produjo efectos situados que combinan dinámicas previas con lógicas emergentes.

Si bien en todos los casos la etapa estuvo marcada por las penurias económicas, el miedo y la angustia frente a una situación incierta, la experiencia de cada población entrevistada adoptó formas específicas. Así, para las trabajadoras sexuales, y en particular para las travestis y trans, la pandemia significó perder la calle y replegarse a sus domicilios, en un balance complejo entre los riesgos de salir y la urgencia de trabajar. Para las personas en situación de calle, en cambio, quedarse en casa no fue una opción, por lo que tuvieron que renegociar los vínculos cotidianos con vecinos y demás transeúntes. Finalmente, en los barrios periféricos la pandemia reforzó la marginalidad y precariedad de la vida, forzando a los vecinos a buscar alternativas comunitarias al abandono estatal.

En lo que respecta específicamente al vínculo con las fuerzas policiales, optamos por conceptualizar su rol distinguiendo analíticamente en tres modalidades que muestran un in crescendo en la intensidad de la intervención policial: abandono, tolerancia controlada y persecución/hostigamiento. Esto nos permitió analizar cómo la gobernanza del espacio público adopta formas variables según la valoración de las zonas a regular, las poblaciones objeto de control y los intereses o actores a proteger. La distinción entre centro y periferias se muestra aquí nuevamente como una clave de lectura fundamental: mientras algunas zonas emergen como ámbitos prioritarios del control, otras quedan relegadas, por fuera de las pretensiones efectivas de regular y gobernar los usos del espacio público. La presencia policial redoblada en las calles y plazas del centro trajo, a su vez, un recrudecimiento de prácticas de larga data de hostigamiento y persecución, entre cuyas víctimas están las trabajadoras sexuales y los jóvenes en situación de calle. Las fuerzas policiales reprodujeron durante la pandemia una selectividad que se construye más allá del ámbito policial, incluyendo otros actores que forman parte de circuitos punitivos, como pueden ser asambleas vecinales, agentes municipales y medios de comunicación. En el otro extremo del espectro, espacios marginales física y socialmente, como los asentamientos en las márgenes del arroyo El Gato, continúan siendo escenarios de una ausencia policial que no se modifica a pesar de las nuevas regulaciones implementadas, dejando a sus residentes la tarea de gestionar, por su propia cuenta, la circulación, las problemáticas y los conflictos que pudieran ocurrir.

Frente a los desafíos que trajo la pandemia y las formas asociadas de intervención policial, los entrevistados relataron cómo se las ingeniaron para desplegar diversas iniciativas que implicaron organizarse políticamente, apelar a la comunidad, tender redes solidarias y de cuidado. Si partimos del ASPO como un intento estatal de control sobre la movilidad urbana, podemos pensar estas acciones como intentos de resistencia y disputa por los usos del espacio público. Al igual que en el accionar policial, aquí también se aprecian los efectos de una ciudad social y espacialmente desigual, en la que los modos de habitar se ordenan jerárquicamente en función de su legitimidad. Esta desigualdad de recursos a mano, así como el variable interés de las autoridades en controlar partes de la ciudad, configura un terreno fértil para un análisis de tácticas y estrategias, tal como las entendía De Certeau (2000).

En este sentido, las acciones de las trabajadoras sexuales pueden ubicarse claramente del lado de las tácticas. Ante el hostigamiento policial, ellas activan sus redes, contactan a conocidas, materializan una grupalidad que, entienden, las hace más fuertes. Durante la pandemia, salir a la calle para trabajar requirió del despliegue de trucos conocidos, pero más necesarios en el marco de una mayor persecución: salir de noche, estar siempre acompañadas, esconderse ante la presencia de la policía, registrar en video los procedimientos policiales. El manejo del tiempo y el disimulo se vuelven centrales: como decía Denisse, durante el día esas cuadras son el barrio El Mondongo, pero de noche se convierten en la zona roja (entrevista personal, 23/9/2021). Por otro lado, la urgencia contribuyó a procesos de organización más duraderos que hasta entonces no habían sido exitosos. También las personas en situación de calle muestran una disposición táctica frente a los desafíos de la pandemia. Coinciden en señalar la importancia de las organizaciones y la solidaridad vecinal en el contexto de recrudecimiento de la vulnerabilidad que trajo la emergencia sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19, junto a sus formas habituales de rebusque. En ambos casos la disputa por las formas de habitar el espacio céntrico se basa en la búsqueda de oportunidades, juegan con los regímenes de visibilidad, los márgenes de tolerancia y las complicidades de otros actores con los que comparten el espacio.

En los barrios periféricos analizados, por el contrario, algunas de las acciones de resistencia podrían ser consideradas, en cierta medida, como estratégicas. Al cerrar la calle e implementar un control de ingresos comunitario, los vecinos avanzaron sobre un espacio relativamente abandonado a su suerte por parte de las autoridades, en particular las fuerzas policiales. Se dispusieron así a ejercer por cuenta propia una estrategia de autogobierno que se basa en la identificación del barrio como espacio propio, con cierta unidad e identidad, capaz de separarse del resto de la trama urbana. Se trata de intentos por administrar las relaciones con lo exterior, así como del despliegue de formas de gestión de los conflictos y problemáticas internas. Aunque se trate de una estrategia débil, con recursos sumamente modestos, alcanza para otorgar cierto sentido de previsibilidad a la comunidad que se cierra sobre sí misma y busca así resolver algunos de los aspectos más acuciantes que emergen durante la pandemia.

La pandemia puso nuevamente en discusión el rol de las fuerzas de seguridad, que asumieron tareas y funciones específicas asociadas al control del cumplimiento de las medidas implementadas por los gobiernos para frenar la propagación del virus. A partir de esta investigación, observamos cómo esto se expresó en el control de la circulación, una prerrogativa que las fuerzas de seguridad ejercieron desde sus habilidades y capacidades represivas. Este capítulo invita, en este sentido, a continuar reflexionando sobre el rol de las fuerzas de seguridad y sus modalidades de intervención en el contexto de la pandemia. Al mismo tiempo, nos muestra cómo la selectividad y la arbitrariedad policial pueden articularse con un espacio urbano desigual, contribuyendo a la reproducción de violencias estructurales hacia poblaciones vulnerables que, sin embargo, encuentran formas de adaptación y resistencia.

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