Territorios y prácticas de resistencia
(Córdoba, Argentina)

Núcleo de Antropología de la violencia, muerte y política (IDACOR-CONICET)^[1]

Introducción

Norbert Elias invita a pensar a las sociedades según los niveles de violencias socialmente aceptados. Tal idea abre una multiplicidad de sendas interpretativas. Uno de los caminos analíticos posibles para desandar es aquel que lleva a reconstruir procesualmente los “umbrales de sensibilidad a la violencia” (Elias, 1986: 159). Es decir, lo que cada actor, grupo o sociedad tolera en un espacio y tiempo determinado. Estos umbrales, según Elias, dependen menos de las capacidades psicológicas de los individuos y más de los lazos interdependientes que ligan a las personas en múltiples direcciones. Que haya “más” o “menos” violencia, lo que se reprime, permite y acepta, cómo se naturaliza o cuándo se reacciona, todo eso depende, entre otras cosas, de cómo las personas se organizan bajo condiciones que no eligen.

Se podría afirmar que la pandemia por Covid-19 irrumpió en la vida social y produjo innumerables experiencias de violencias psicológicas, físicas, simbólicas, entre otras. Las medidas de DISPO y ASPO dispuestas por los gobiernos provinciales y nacional fueron experimentadas por algunos sectores sociales como una violencia, control y dominación por parte del Estado, por otros fue interpretado como la única opción para cuidarnos, garantizar la vida, generar responsabilidad colectiva. Como bien se ha señalado en informes elaborados desde Universidades Nacionales durante la pandemia se profundizaron ciertas condiciones y sensaciones de incertidumbre, desesperación y sufrimiento entre vastos sectores sociales. Al ya largo y sostenido crecimiento de la pobreza se adicionó la espiral inflacionaria y la contracción de la actividad económica, sobre todo para los trabajadores informales^[2]. Al deterioro histórico de la salud pública hubo que agregarle la saturación de un sistema desbordado. La violencia institucional, el gatillo fácil y el verdugueo a los jóvenes de barrios populares mostraron más continuidades que diferencias significativas. La experiencia pandémica y sus condiciones tampoco fue fácil para el personal de las fuerzas de seguridad que se vieron sobrecargados de trabajo y carentes de reconocimiento social.

La pandemia agudizó así las profundas desigualdades preexistentes. Ante este escenario, y retomando lo dicho con Elias, es que nos preguntamos ¿Cómo estas personas pudieron sostener sus cotidianeidades? ¿Qué papel jugaron las formas de organizarse entre nosotros? Más allá de que no se produzcan procesos lineales, cabe preguntarse ¿por qué frente a esa creciente violencia estructural no hubo una equivalente revuelta popular para resistirla? ¿Qué es aquello que lleva a estos grupos sociales a continuar apostando por salidas que se apoyan en los modos organizativos políticos, a través de comedores, de ollas populares o de redes sociales de ayuda mutua?

En el presente artículo nos proponemos describir y analizar cuáles son esas estrategias colectivas/grupales que en distintos territorios y sectores populares vulnerados de la ciudad de Córdoba se desarrollan a modo de resistencias cotidianas que, a fuerza de creatividad social (Graeber, 2005) y de saberes anclados en experiencias sedimentadas del pasado, se ponen en juego para sobrellevar las situaciones de crisis socioeconómicas más dramáticas.

Fonseca (2005) plantea que existe cierta tendencia en antropología a negar el análisis de clase y la situación de dominación de los sectores populares, o bien de idealizarlos pensándolos como agentes de resistencia. En este sentido, observa ciertos peligros en relación a ambas posturas. La primera tiene el problema de esencializar a las personas y no concebirlas como partes de un sistema social más amplio con el cual interaccionan cotidianamente. La segunda, resulta riesgosa porque toma a las personas desde una postura de resistencia reificada suponiendo que los sectores populares tienen que cambiar su condición de dominados. Esta concepción puede volverse analíticamente sesgada, ya que supone que los sujetos serían los únicos responsables de sus propios destinos independientemente de las condiciones materiales y simbólicas que los determinan. Para Fonseca (2005) ambas posturas obnubilan la posibilidad de etnografiar a las personas atendiendo a sus propias realidades. Como señalan numerosos autores, las personas estamos atravesadas por situaciones diversas en las que se juegan ambiguamente posiciones dominadas en las relaciones de poder de las que formamos parte, así como formas de resistencia y de creatividad social (Balbi, 2015; Abélès, y Badaró, 2015; Ortner, 2016; Fonseca, 2005). Es decir que nuestra tarea consistirá en todo caso en evitar simplificar las formas de resistencias (Ortner, 2016) captando las propias maneras de resolver los conflictos que desarrollan las personas en los entramados cotidianos, aunque no necesariamente busquen subvertir el orden social establecido.

El conjunto de datos para el desarrollo del proyecto PISAC “Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias”^[3] se construyó a partir de entrevistas semiestructuradas y charlas informales realizadas a personas de distintos barrios, colectivos y organizaciones sociales y comisarías de la ciudad de Córdoba, desde abril a septiembre del 2021. La muestra para este capítulo fue conformada por referentes de organizaciones más o menos informales (Casas de Orgullo, UTEP – Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y miembros de comisiones barriales de habitantes de villas y barrios populares de la ciudad de Córdoba (Villa Libertador, Congreso, Marqués de Sobremonte anexo, Villa El Nailon, Alto Alberdi, San Pablo, Mosconi, San Vicente, Centro, Comunidad Renó, Villa Cornú, Villa La Tela, Hipólito Yrigoyen, Alberdi y Alta Córdoba), a quienes ya conocíamos en el marco de investigaciones anteriores. Asimismo, incorporar el trabajo de campo desarrollado con trabajadores sexuales del Mercado de Abasto y de las principales organizaciones sociales de Córdoba (AMMAR Córdoba; la RRTS – Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual), y con familiares de personas privadas de libertad y liberadas durante la pandemia, nos permitió comprender otras aristas de las tramas y experiencias de los sectores vulnerables, que muchas veces aplanamos al englobarlos bajo nominaciones y recortes homogeneizantes.

Entre nosotros. Alimentación, cuidado y solidaridad entre referentes de barrios populares

Durante el trabajo de campo pudimos relevar cómo las condiciones económicas mencionadas se agravaron para gran parte de los sectores populares ante las restricciones sanitarias, impidiendo que las personas trabajadoras de la economía popular o informal –carreros, cartoneros, jardineros, trabajadores sexuales, vendedores ambulantes, personas vinculadas a la construcción, al cuidado de adultos mayores etc.– pudieran continuar garantizando ingresos mínimos diarios.

Algunas políticas estatales facilitaron la organización de vecinos ante la fuerte crisis económica. Según nos explicaban Alejandra y Alicia, vecinas referentes de Comunidad Renó (asentamiento ubicado en la zona sur de la ciudad) la actividad laboral se paralizó sobre todo para quienes trabajan en obras en construcción (varones) y para las mujeres que se ocupan en casas de familias encargadas de la limpieza o del cuidado de adultos mayores. En el caso de Alejandra, su propio trabajo se había visto comprometido ya que durante algunos meses no trabajó cuidando adultos por el riesgo de exposición que significaba para estos últimos. Frente a esta inestabilidad laboral, junto a su primer hijo, comenzó a vender comida (minutas y comida rápida) desde su casa, un emprendimiento que aún conserva. Alicia mantuvo, aunque con algunas dificultades, su proveeduría. Durante los meses más álgidos de contagio, una de sus hijas comenzó a trabajar en el negocio porque había perdido su trabajo.

Ambas vecinas eran reconocidas en el barrio por su trayectoria en torno a la problemática de la tierra y su labor en la gestión de ayudas sociales y subsidios para el barrio. Estas tramitaciones se lograban a través de la Asociación civil que habían conformado post crisis 2001, y cuyo principal objetivo giraba en torno a la obtención de una Ley de Expropiación y posteriormente, la titulación de las tierras. Lograron, a partir de la red de relaciones que construyeron con los vecinos y con el Estado en estos años, la expropiación, pero no así la escrituración de los terrenos. Esta red de vecinos y vecinas fue muy importante durante los meses de pandemia. A través y con ella se sostuvieron varios proyectos comunitarios imprescindibles para las familias del sector que habían quedado sin trabajo, o sus ingresos se habían reducido. Uno de estos proyectos fueron los comedores que se abrieron en los domicilios de los vecinos, inclusive en las casas de Alicia y Alejandra a partir de donaciones de familias y del gobierno provincial:

Nosotros a partir de esta pandemia… y la gente se reorganiza o empezamos a… qué sé yo, las semillas, por ejemplo (…) El INTA que esta vez nos proveía semillas… Entre nosotros, digamos… familiarmente cada uno tenía su huerta chiquita en el fondo o, qué sé yo, en canastos, como sea. Y bueno, y el que no vende verduras vende chatarra y el que no vende chatarra sale con el carrito a limpiar cosas (…) El que no hace eso está trabajando en albañilería, acá tenemos muchos albañiles, herreros, electricistas (…) Gracias a Dios hemos podido salir. También hemos tenido mucha ayuda, digamos, pero más que nada las mamás que tienen hijos chicos, que el Estado les ha estado ayudando con esto de los niños. La Asignación Universal… donde les ayudan para los niños. De la escuela los bolsones que les empezaron a dar, porque ya no se daba la comida en las escuelas. Después que se puso este Plan Alimentar, que mientras los chicos o las mamás que tienen muchos chicos que les dan creo que $6000 en mercadería… Todo eso es como que ha ayudado. El Estado estuvo presente más que nada en las mamás que tienen hijos chicos, ¿no? Aunque no basta eso (Alicia, Comunidad Renó).

Estas desigualdades tuvieron un contrapeso en la expansión y afianzamiento de redes comunitarias. La mayoría de los entrevistados destacaron el papel fundamental que cumplieron diversas organizaciones, instituciones y espacios comunitarios de los barrios en las tareas de alimentación y cuidado de los lazos sociales. Vimos así cómo el barrio articuló determinadas prácticas cotidianas que los mismos actores venían realizando previo a la pandemia. Hablamos de comedores, merenderos, cooperativas, iglesias, organizaciones sociales, hogares para adultos mayores, entre otros. En este sentido, Marta, referente de La casita del Orgullo^[4] nos decía:

Es que la solidaridad no deja de estar. Es ese el hecho, no que La Casita diga ‘no, La Casita del Orgullo es para mujeres trans nomás’, no es así. Nosotros seguimos abordando las cosas con las chicas, con mujeres cis, con mujeres bisexuales…programa de adicción a drogas, programa de lo que sea, lo que sea, lo que esté y lo que quieran venir a golpearnos las puertas y necesiten nuestra colaboración, nuestra ayuda, nuestro apoyo, veremos qué podemos serle útil. Porque esa es la idea (Marta, Casita del Orgullo, Villa Cornú).

Si bien la red y sostén que venían brindando estas organizaciones se tornaba fundamental en el sostenimiento de quienes viven de la economía informal, la posibilidad de trabajo de las mismas también se veía afectada por las condiciones normativas y sanitarias que impuso la pandemia. Así lo relataba Marta:

Nuestro trabajo se redujo un 50% (…) Claro, la ayuda que tuvimos nosotras fue del Potenciar, una de las cosas que nos fortaleció a nosotras. Y después estuvo el IFE, que también nos dio una mano, que eso fue muy importante para nosotras. Que fueron, como que apaleó la situación un poco ¿no? para nuestros menesteres (Marta, La Casita del Orgullo, Villa Cornú).

La gestión de estos subsidios y ayudas del Estado implicaban un trabajo cotidiano, meticuloso por parte de referentes sociales, organizaciones barriales y políticas. Llevar el registro, presentar papeles, insistir, recordar, todas acciones que se logran gracias a una trama de relaciones de muchos años y de trabajos previos, sin la cual no hubiera sido posible la gestión de dichas ayudas ante la emergencia. En este sentido, nos apoyamos en los trabajos de Manzano (2013) y Quirós (2006) para pensar que esa relación entre organizaciones territoriales y Estado implica atender a posicionamientos y relaciones de puja y tensión que son muchas más difusas que claramente delimitadas. Es decir, más que prácticas de reclamo y exigencia hacia un Estado exterior que baja ayudas y subsidios, hay relaciones y saberes del gestionar que se construyen a lo largo de muchos años de experiencia y trabajo político en los territorios, tanto con como ante el Estado.

Por otra parte, la paupérrima situación económica se yuxtapone con otras vulnerabilidades preexistentes. Aquí la perspectiva de género es fundamental ya que hubo una sobrecarga de las actividades encabezadas por mujeres. Esas mismas mujeres que en sus barrios coordinaban ollas populares, comedores o merenderos, tuvieron que lidiar con las situaciones escolares de sus hijos, atravesadas por una virtualidad precaria o inexistente. Lorena y Marcos, que viven entre la villa y el Marqués y trabajan de cartonear y de changas en el rubro de la construcción, lo expresaban de la siguiente manera: “casi siempre estaban acá y mucho las clases virtuales no se podían hacer por el tema de que… acá al ser zona roja no hay internet, se hacía complicado poder hacer las tareas” (Lorena y Marcos, Villa El Nailon).

En este sentido, podemos decir que hablamos de un aumento de las asimetrías de género y un aumento de la desigualdad en el acceso a la educación por parte de niños y adolescentes de estos hogares en relación a sus pares etarios de estratos sociales más acomodados. Retomamos a Rodríguez Enríquez (2015) para pensar cómo la feminización de las prácticas de cuidado que venían reproduciéndose en lógicas sedimentadas durante años en la estructura social, se agudizaron durante la pandemia ante la convivencia inevitable de tiempo completo en los hogares. El cierre de las escuelas y de otros espacios recreativos, las condiciones de hacinamiento en algunos hogares, la pervivencia de las desigualdades y violencias machistas, llevaron a niveles complejos de malestar y sufrimiento, con matices y desigualdades según las posiciones ocupadas en las relaciones.

Dos de las vecinas que entrevistamos (Alejandra y Alicia) señalaron la convivencia del Covid-19 con otros virus ya conocidos, como el propagado por la chikungunya, dengue y sika. Frente a la pregunta sobre la pandemia, los cambios y las vivencias en torno a ella, Alicia respondió:

Bueno… Sí, la pandemia nos paralizó a todos por igual, ¿no? Tanto al rico como al pobre. Hace dos años, digamos… ya vamos por el segundo año, donde el primer año nos quisieron encerrar adentro pero ya veníamos nosotros luchándola, peleándola con el tema del dengue. En el 2020 fue terrible… 2019, diríamos, y un poco del 20 fue donde el dengue hizo estragos en este barrio… Donde caminábamos cuadra por cuadra tratando de que se saque todo lo que es residual de las casas, todo lo que hacía como nido para los bichos… para esos bichos, que después se convertían en el Aedes aegypti… Mire hasta me aprendí el nombre del mosquito [risas] (Alicia, Comunidad Renó).

Así, destacan que las campañas de concientización y cuidados en torno al Covid-19 se asentaron sobre dinámicas y estructuras preexistentes a la pandemia. El trabajo social y político que ellas y otros vecinos desarrollaban como asociación civil en la búsqueda de mejorar el barrio favoreció tanto la difusión como las posibilidades de atención de los vecinos enfermos. Ya venían con una organización cuadra por cuadra y esto fue fundamental para distribuir medicamentos, mercadería, alimentos y elementos de limpieza a las familias. Por otro lado, estas redes solidarias entre vecinos hicieron posible la contención y el acompañamiento de las familias con algún enfermo.

Al principio nos enteramos por boca, por comentarios y después la misma persona en el grupo, porque tenemos un grupo del barrio con la mayoría de vecinos. Uno por familia por lógico, ya somos cuatrocientas en la actualidad. Ella hizo el comentario que sí, que lamentablemente se había contagiado, que no lo quería decir porque tenía mucho miedo a la represalia, porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente y sin embargo fue totalmente distinto porque la gente la ayudó muchísimo, la banco, estuvo muy atenta y tuvo mucha ayuda del barrio. (Alejandra, Comunidad Renó)

Vemos así cómo las redes sociales como WhatsApp, a las cuales se recurrió de manera mucho más frecuente durante las medidas de aislamiento, se constituían en espacios de interacción que funcionaban como fuertes mecanismos de control social y juicio moral sobre el hacer de otros, y al mismo tiempo podían operar como espacio para solicitar ayuda y percibir apoyo y acompañamiento comunitario.

Finalmente, y en torno a las fuerzas de seguridad, los vecinos relataron varias situaciones en donde se producían enfrentamientos con armas o peleas entre bandas en el barrio, y los agentes policiales optaban por alejarse y no intervenir. En este sentido, las entrevistas dan cuenta, por un lado, de una sensación de abandono y/o de no cuidado por parte de la policía, y por el otro, de la pandemia actuando como marco de legitimación para prácticas de hostigamiento ya instaladas en la costumbre policial. En el primer caso, ese abandono se tradujo en situaciones de vulnerabilidad concretas como la falta de asistencia para el ingreso de ambulancias, por lo que nuevamente se activaron las redes vecinales de cuidado. En el segundo caso, los entrevistados hacían referencia a un incremento del accionar represivo de la policía durante la primera etapa de ASPO, pero en términos de continuidades con lo ya conocido, como el verdugeo: “se aprovecharon para…, como siempre verduguear…, fue una excusa más para-para verduguear…, porque no podés dejar a una persona sin un abrazo, sin un beso de alguien” (Ramón, Villa El Nailon, 2021).

Éramos nosotras mismas redistribuyendo nuestra pobreza entre nosotras. Trabajadores sexuales en pandemia

Si hubo un sector que lidió con los efectos de la pauperización de sus condiciones de vida y con la tramitación de diversas situaciones de conflicto con agencias estatales y fuerzas de seguridad, fueron los trabajadores sexuales a partir de la proliferación de redes de cuidado, especialmente aquellas gestionadas y corporizadas en organizaciones sociales. Como en otros casos, la crisis económica y las limitaciones para circular redundaron en una disminución de la demanda y por ende de las tarifas, contrayendo abruptamente sus ingresos. En esa dirección, quienes más sufrieron estas condiciones fueron aquellas personas que ofrecen servicios sexuales puertas afuera (calle, rutas, etc.), por lo que tuvieron que disponerse a recibir clientes en la casa o abrir perfiles en plataformas de internet. En nuestras conversaciones, aparecía el reclamo de la falta de acciones concretas por parte de las agencias estatales para el sector. Elu,  estudiante de la universidad, dice:

Hemos tenido compañeras que han sido desalojadas aun cuando había decretos que supuestamente prohibían los desalojos, compañeras desalojadas con sus hijes, compañeras que no tenían para comer, el Estado no bajándonos bolsones de comida. Éramos nosotras mismas redistribuyendo nuestra pobreza entre nosotras… (Elu, mujer cis, estudiante de la universidad).

Las organizaciones que los nuclean fueron centrales para gestionar planes, reunir alimentos y medicación a través de donaciones que acumulaban en sus instalaciones y que luego distribuían personalmente. Además de actividades de formación contra el Covid-19, se replicaron y extendieron redes de afecto y contención telefónicas, así como a través de redes sociales, dirigidas principalmente a compañeros que se encontraban atravesando consumos problemáticos. Como dice nuestra entrevistada, la falta de acceso a la previsión social y a la vivienda fueron dos de las demandas que se agudizaron durante la pandemia y más aún para mujeres cis de más de entre 50 años, personas trans y travestis. Dificultades que fueron generando significativos endeudamientos en sus trayectorias.

Aquellas formas más organizadas de ayuda no tienen que opacar otras maneras de cuidado que suelen nombrar como los tejes cotidianos, y que implican vínculos que les permite compartir desde una vivienda para trabajar o convivir, intercambios de información respecto de clientes, policías, zonas y precios, hasta la conformación de familias no consanguíneas con compañeros muchas veces empujados por la imposibilidad de pagar alquileres, acceder a viviendas propias o por los constantes desalojos alimentados por prejuicios sociales.

En relación a las actividades que se organizaron para palear la pandemia, los referentes de AMMAR nos contaban:

Hicimos una campaña de donación de plata. A las compañeras se les compró medicamentos. Tratamos de conseguir para las compañeras que eran diabéticas y no estaban pudiendo salir, tratar de manguear la medicación. Y hacer el acompañamiento por teléfono, porque muchas compañeras vivían solas, para que la compañera encerrada no estuviera deprimida y no llamara al delivery del transa, muchas compañeras en esa época dejaron de consumir. El teléfono nuestro de adicciones estaba al rojo vivo para poder hablar, para que nos riamos de cosas que nos acordábamos, esas cosas que vos ves que les sirven a las compañeras. O mandábamos videos charlando, hicimos grupos para ver a las compañeras (Miriam, 65 años, referente de AMMAR Córdoba).

La larga historia de abusos, violencias y arbitrariedades policiales, puede que explique por qué las personas prefirieron sostener clientes fijos y reinventarse en redes antes que salir a la calle a trabajar, especialmente en las etapas de confinamiento obligatorio. Asimismo, la alternancia con otros trabajos también precarizados fue necesaria incluso para aquellas personas que accedían a becas o planes sociales. A las horas dedicadas mayormente a los clientes fijos, plataformas de internet y/o a las changas, se les sumaron entonces las tareas de cuidado de compañeros y de familiares a cargo. Estela de 45 años y militante de la Red de Reconocimiento por el Trabajo Sexual decía:

Yo me enfermé de Covid repartiendo comida, medicamentos, pero no me podía quedar quieta. Necesitaba ayudar a mis compañeras porque sé lo que es pasar necesidades. Algunas tenían hijos que cuidar, no podían salir y no tenían cómo juntar un mango. Así que estaba todo el día corriendo de un lado para el otro.

Por su parte, una mujer trans de 37 años que integró AMMAR, comentaba:

…Desde que empezó la pandemia, que fue muy difícil, durante la pandemia, no podía ejercer el trabajo sexual de ninguna manera y no sabía cómo iba a seguir. Y bueno, me brindaron, una beca del municipio. Entonces, trabajo de eso y recibo el Potenciar Trabajo.

En relación a las tensiones con agencias del Estado podemos decir que se profundizaron a mediados de 2020 desde que la opción del trabajo sexual fue dada de baja en el formulario del Registro de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), organizado por el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional y que les oficializaría por medio de una credencial.

Aun así, y a pesar de que las personas que se consideran trabajadores sexuales no sean reconocidas oficialmente como tales, las organizaciones consiguieron articularse entre sí para acceder a planes y trabajar, en un proceso de incorporación –repleto de tensiones y disputas– del trabajo sexual dentro de la economía popular. Ya en los últimos meses de 2019, algunas organizaciones como AMMAR venían planificando la formación de promotoras políticas, reclamando el acceso a derechos a partir de su reconocimiento político e identitario. Otra organización referente es la que está conformada por trabajadores sexuales y activos pro-sexo de 20 ciudades de todo el país y a cuyas integrantes de Córdoba hemos entrevistado. En ese caso, vienen también desarrollando una Escuela de Formación Política para promotores territoriales, en coordinación con la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ONUSIDA, entre otras.

Es decir que las agencias estatales en sus distintos niveles vienen generando actividades articuladas con estas organizaciones, aunque lo hacen en relación a su militancia o a su carácter de promotoras sociales –principalmente vinculadas a la salud–, y no en tanto trabajadores sexuales. O bien, como en el caso mencionado por nuestras entrevistadas en el que el Cuerpo de Servidores urbanos comunitarios, dependiente de la municipalidad de Córdoba, que comenzó a incluir a personas trans pertenecientes a distintos colectivos desde julio de 2020. Asimismo, los vínculos que se fueron creando entre organizaciones sociales expertas en trabajo sexual con espacios de la economía popular, vienen contribuyendo a que los trabajadores sexuales puedan incorporarse a planes como el Potenciar Trabajo en términos de roles como promotores y/o cuidadores. De hecho, las contraprestaciones correspondientes a los programas sociales suelen desarrollarse en torno a los propios proyectos socio-comunitarios implementados en y por las organizaciones mencionadas.

Si con vida los dejamos, con vida los queremos nuevamente en la calle. Sobre cárceles, rumores y memorias

María, mi nieta, está en la cárcel de mujeres, la chica se contagió de Covid y en vez de llevarla a un lugar seguro, la han llevado a un calabozo. Allí estaba cuando me avisaron de la cárcel y pensé que iba a estar mejor cuidada. Después de una semana fue enviada al pabellón y debía cumplir la cuarentena. Nunca supimos si fue positiva o negativa. Es muy triste la situación, extrañamos a nuestros seres queridos y tenemos ganas de verlos. Está todo mal, cuando llevamos los paquetes a veces no les llegan. Yo pensé que estábamos más solitas, pero viendo todas estas adhesiones, son muchos los que nos apoyan. Desde hace siete meses que no vemos a nuestros seres queridos, es mucha la incertidumbre. Se esconden las cosas que suceden en la cárcel. Hemos sacado chicos muertos. Si con vida los dejamos, con vida los queremos nuevamente en la calle. Ellos ya están pagando sus condenas. Uno siente la necesidad de desahogarse de muchas cosas porque yo vengo de una dictadura, vengo de un gatillo fácil y de un servicio penitenciario que maltrata tanto. Una represión que no terminó nunca de los años 70. Esa represión está desde entonces ¿Qué podemos esperar?

Las palabras que inauguran el apartado son de Teresa. Corresponden a una conferencia de prensa dada en octubre del 2020 en el Museo de Antropología (FFyH-UNC). Siete meses antes, en marzo, frente al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el gobierno nacional, las visitas de familiares en prisiones cordobesas fueron prohibidas. En algunas provincias, como Buenos Aires o Mendoza, se permitió la utilización de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos para posibilitar la continuidad de los vínculos familiares, pero en nuestra provincia nada de esto sucedió, el poder judicial no lo permitió (resolución n°292/04/2020 Cámara en lo Criminal y Correccional). Tal como describimos en el informe de PISAC las cárceles cordobesas se tornaron menos porosas, los muros se recrudecieron y con esto se empeoraron las condiciones materiales de las vidas de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, esto no impidió que a través de los agentes penitenciarios el Covid-19 ingresara. Esta nueva situación hizo que categorías analíticas como vasos comunicantes, porosidades o archipiélagos (Godoi, 2015; Padovani, 2018; y Mallart, 2021) que forman parte de algún tipo de consenso académico para pensar las cárceles contemporáneas de nuestra región, no eran suficientes o tan precisas, obligándonos a repensar las consecuencias de la pandemia. Es decir, el recrudecimiento de las fronteras y la restricción de la circulación de personas entrando y saliendo de prisión nos desafiaron analítica y teóricamente a pensar el sistema carcelario de otra manera.

De modo tal, este repliegue que visualizamos forma parte de prácticas que se recrudecieron, profundizando los efectos del encierro hacia dentro y fuera de los muros. Pero hay algo más, con la falta de información oficial sobre el ingreso del virus en la prisión, la cantidad de contagios, hospitalización y muertes, como así también el estado de salud y paradero de quiénes transitaban la enfermedad, hizo que las noticias que llegaban a los familiares fueran confusas, contradictorias y prácticamente inverificables, tal como podemos observar en el testimonio de Teresa que abre este apartado. Esto se debió a la situación atípica de pandemia en la que vivíamos, claro, pero la ausencia de comunicación con las personas privadas de la libertad al prohibir el uso de teléfono celular, como así también las restricciones de intervenciones universitarias y los ingresos de visitas familiares generaron otro territorio. Y es justamente en ese territorio donde queremos detenernos. Haremos foco en la fuerza productiva del rumor como punto de partida para describir y analizar las estrategias de resistencias por parte de familiares, tales como movilizaciones callejeras y una conferencia de prensa compartida con actores universitarios y organizaciones políticas.

Fue en septiembre de 2020 cuando medios de prensa dieron a conocer los primeros casos positivos de Covid-19 al interior de la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) en Córdoba y en el Establecimiento Penitenciario N°6 de la ciudad de Río Cuarto. En ese momento nuestras interlocutoras (mujeres y en especial madres), manifestaban la escasa información que les llegaba a través de los pocos llamados que recibían de sus familiares mediante los teléfonos públicos de los establecimientos penitenciarios. Nosotros, Agustín y Nahuel, formamos parte del grupo de WhatsApp conformado por familiares, organizaciones sociales y activistas del movimiento anticarcerlario. Allí, uno de los primeros rumores sobre los contagios fue que había pabellones enteros aislados, en los que no ingresaban el Servicio Penitenciario ni el área de salud. Adriana, una de nuestras interlocutoras que fue entrevistada en el marco del proyecto PISAC Covid-19, nos explicó lo siguiente:

Los centros de aislamiento fueron los calabozos de castigo o los espacios que tenían para recibir las visitas privadas. Sin embargo, cuando había varios contagiados en el mismo pabellón, directamente lo cerraban y no ingresaba nadie, ni siquiera el Servicio Penitenciario. En la cárcel de Río Cuarto taparon con un nylon las rejas del pabellón, y dejaron todos juntos a quienes habían dado positivo y quienes no tenían Covid-19.

Adriana y Teresa comparten una trayectoria en común: una militancia en el movimiento anticarcelario atravesada por una memoria social setentista. Adriana estuvo desaparecida en 1974 y luego fue llevada a la cárcel de mujeres del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba. Si bien ella no tiene lazos de parentesco con personas detenidas, se define como una militante anticarcelaria desde el retorno de la democracia. Teresa, en cambio, participó en Montoneros y fue una perseguida política durante la última dictadura militar. Su nieto fue asesinado por la policía en el 2014 y una de sus nietas está detenida en el Establecimiento Penitenciario n° 3 para mujeres de Bouwer. Continuidades y discontinuidades en las fuerzas de seguridad que ellas se encargan una y otra vez de subrayar.

La nieta de Teresa fue una de las contagiadas por Covid-19. Teresa no tuvo nunca un diagnóstico sobre el estado de salud ni tampoco información del lugar de internación:

Yo no recuerdo exactamente el día, pero me llamó una compañera de María y me dijo que la habían sacado muy mal del pabellón. Un rato después se comunicó el Servicio Penitenciario y me explicaron que María tenía Covid, pero que estaba bien y controlada. Sin embargo, después me llamó otra compañera de María y me dijo que no estaba bien, no la estaban controlando. La habían encerrado en un calabozo, no había carpa sanitaria como decían. Después la volvieron a llevar al pabellón, pero ella me contó que no le hicieron ningún hisopado, nunca supimos si realmente tuvo Covid o no (Teresa, Movimiento Anticarcelario Córdoba).

Siguiendo a Veena Das (2008), nos parece necesario comprender la fenomenología de estos rumores: la existencia de un pánico creciente frente a la crisis desatada por la pandemia del Covid-19; la escasez de la información sobre el impacto de la enfermedad tanto al interior como extramuros; la ruptura de la comunicación familiar, la incertidumbre del lugar de los enfermos junto a la construcción de relatos incompletos o contradictorios. En esa inscripción territorial, el rumor, animado por una memoria social setentista, dota a las palabras de una fuerza perlocucionaria, convirtiéndose en papel fundamental para la movilización de familiares y activistas anticarcelarios.

Frente a la crisis que se produjo con los contagios, familiares, madres y activistas realizaron movilizaciones frente al Tribunal Superior de Justicia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba que tiene bajo su cargo el Servicio Penitenciario. Asimismo, y de forma conjunta con diversos actores universitarios (facultades, cátedras, equipos de investigación, de extensión), organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas enviamos un reclamo formal hacia las instituciones estatales que gestionan las prisiones de Córdoba. En ella solicitamos información acerca de los mecanismos implementados para reducir o controlar el hacinamiento, la cantidad de contagios y el número de muertos por establecimientos. En lo concreto queríamos, al menos, un parte médico semanal. La incerteza y pregunta latente por el estado de salud de personas privadas de libertad y su paradero se tornaba tan acuciante como insoportable. Para mayor visibilidad pública, se realizó una conferencia de prensa en el Museo de Antropologías (FFyH-UNC), en la que participaron familiares, autoridades y actores que adhirieron al reclamo.

No es momento para problematizar la politización de ambas instancias (movilizaciones y conferencia de prensa) pero sí se torna necesario decir que no idealizamos estas resistencias, o si se quiere, expresamos que no es nuestra intención higienizar (Ortner, 2016) políticamente estos modos de accionar. La fragmentación interna entre sectores universitarios, familiares y movimientos de derechos humanos nos muestran un escenario altamente conflictivo, con intereses muchas veces contrapuestos y hasta formas irreconciliables de vincularse con ciertos actores (gobierno provincial, Servicio Penitenciario y operadores judiciales). También, muchas formas pensadas como resistencias fuera de los muros son rápidamente desarticuladas en el interior por miedo a represalias o por diferencias entre personas privadas de libertad. En ambos sentidos, las contradicciones del encierro deben enseñarnos, como nos indicó un interlocutor, que la cárcel lima todo lo que se acerque.

Dicho esto, nos interesa rescatar que, en esta situación de pandemia, con políticas claras como las mencionadas de no permitir la comunicación entre presos y familiares, se activaron repertorios de protestas aprendidos durante la última dictadura militar articulados alrededor de familiares, particularmente mujeres, abuelas y madres. Teresa durante la conferencia de prensa supo advertirnos:

Están durmiendo hasta cinco chicos por celda. Ellos están desesperados, uno en la calle puede buscar ayuda, sale y va un hospital, pero ahí dentro pedís remedios y sólo les dan paracetamol. Están desprotegidos de todo. Estamos sacando en bolsa negra, entre 8 y 9 pibes por semana.

Tal como advierte Engla Merry (2016), el Estado contabiliza lo que le interesa exhibir. Desde ese punto, Teresa nos señala un camino aprehendido y nos muestra formas de cuestionar ciertos saberes. Las madres además de buscar, caminar y peregrinar por instituciones estatales nos han enseñado a disputar la cantidad de muertes, cómo se clasifican y la forma de contabilizarlas. Entendemos que la construcción de números genera resistencias y producir cifras debe ser entendido como una disputa moral por las vidas que importan.

Consideraciones finales

Como ya lo han demostrado largamente las ciencias sociales, sabemos que las poblaciones más vulneradas garantizan su subsistencia gracias a las redes de ayuda mutua en torno a lazos de parentesco, de vecindad y del trabajo en organizaciones sociales, sostenidos territorialmente (Gutiérrez, 2004; Lomnitz, 1976; Manzano, 2020, entre otros). Como vimos a partir de las entrevistas en los sectores populares el territorio se vivió presencialmente cuadra por cuadra y las redes sociales operaron tanto para estrechar ayudas como también para controlar. Pareciera que quienes habitan en barrios populares enfrentan cada nueva crisis con un acervo de herramientas basadas en la activación de ayudas e intercambios materiales, socioafectivos, de gestión de subsidios, etc. Y a su vez cada una de estas experiencias construye nuevas herramientas, reactualiza antiguos canales de gestión, fortaleciendo de alguna manera al grupo ante nuevos acontecimientos disruptivos. Procesos que también van acompañados de vivencias de sufrimiento y vulneración ante las dificultades afrontadas. Consideramos aquí especialmente las experiencias de las mujeres que, si bien encontraron dignificación y posibilidades de supervivencia, se vieron significativamente sobrecargadas en las tareas de cuidado y gestión de múltiples espacios en simultáneo.

El trabajo de campo con grupos específicos dentro de las llamadas comunidades vulnerables, nos permitió acceder a otras especificidades y condiciones como las de trabajadores sexuales y familiares de presos. Respecto a las vivencias de los trabajadores sexuales y personas encarceladas, la territorialidad se produjo de otras maneras. En el caso de trabajadores sexuales, debido a las mudanzas empujadas por constantes desalojos, a la falta de acceso a viviendas propias y a los prejuicios sociales, las principales redes de ayuda mutua no se estructuraron en relación a la vecindad y a la proximidad territorial, sino en términos de los tejes con compañeros, parientes no consanguíneos y a partir de las actividades desarrolladas por organizaciones sociales.

Por su parte, como vimos, durante la pandemia se le prohibió a familiares el ingreso a las cárceles e incluso, y a diferencia de otras provincias, tampoco el sistema judicial habilitó el uso de teléfonos celulares, por lo que las fronteras entre el adentro y el afuera se tornaron menos porosas dificultando la supervivencia, así como las vinculaciones con las tramas familiares que sostienen a los presos desde el afuera de la cárcel. Los rumores, estructurados sobre saberes anclados en experiencias anteriores y más recientes, fueron movilizados por mujeres, familiares y actores universitarios para poner en duda, preguntar, denunciar, demandar información sobre los contagiados y muertes, sobre el destino de los encarcelados, etc.

Entre nosotros marca también sentidos diferentes. En el caso de referentes barriales, enmarca el trabajo realizado cuadra por cuadra entre vecinos como saberes previos a la pandemia que se sostuvieron y fortalecieron en relación con y desde las ayudas del Estado, especialmente el Estado nacional. Éramos nosotras mismas redistribuyendo nuestra pobreza, en términos de los propios trabajadores sexuales, sintetiza de alguna manera la agudización de las tensiones con algunas agencias del Estado, las demandas por las faltas de reconocimiento del trabajo sexual como parte de la economía popular y las estrategias y vericuetos implementados para acceder, a pesar de todo, a programas sociales. Mientras que en torno al conflicto con las cárceles fueron los rumores los que se tomaron y movilizaron como repertorios de protesta por mujeres familiares para afrontar y confrontar las incertidumbres y silencios generados por las autoridades penitenciarias.

Entre los diferentes casos analizados, los distintos contextos etnografiados y las diversas personas escuchadas, sobresale un elemento común: la pandemia intensificó desigualdades preexistentes en vastos segmentos de nuestra sociedad. No obstante, esas asimetrías encontraron un contrapeso en la expansión y afianzamiento de redes comunitarias. Destacamos el papel fundamental que tuvieron diversas organizaciones, instituciones, espacios comunitarios y referentes para administrar urgencias propias de un tiempo marcado por la crisis, la incertidumbre y la vulneración. Y lo hicieron recuperando esos haceres y saberes históricamente acumulados. Una creatividad social forjada al calor de experiencias tan colectivas como cotidianas. A eso llamamos resistencia(s). Porque, como dijimos en otro trabajo también vinculado a la pandemia, “ni en tiempos de máximas restricciones y limitaciones las personas dejan de ensayar formas de vidas” (Bermúdez, Blázquez, Cabrera y Koopmann, 2021).

Bibliografía

ABÉLÈS, Marc; BADARÓ, Máximo. Los encantos del poder. Desafíos de la antropología política. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2015.

BALBI, Fernando. “Creatividad social y procesos de producción social: hacia una perspectiva etnográfica” En: Publicar año XIII N° XVIII junio 2015, pp. 9-29.

BERMÚDEZ, N. BLÁZQUEZ, N. CABRERA, N. Y KOOPMANN, A. (2021) “Palabras introductorias”. ¿Uno hace lo que puede no? Visualidades en tiempos de pandemia. Buenos Aires, Consejo Nacional Investigaciones Científicas Técnicas, 2021. Disponible en: https://bit.ly/3YBPmkr

DAS, Veena, ORTEGA, F. Sujetos del dolor, agentes de dignidad. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales (CES), 2008.

FONSECA, Claudia. “La clase social y su recusación etnográfica”. En: Etnografías contemporáneas, n° 1, abril de 2005, pp. 117-138.

GUTIÉRREZ, A. Pobre, como siempre. Córdoba, Ferreyra Editor, 2004.

GRAEBER, D. (2005). “Fetishism as social creativity”. Anthropological Theory, 5(4), 407-438. 10.1177/1463499605059230.

LOMNITZ, L. Cómo sobreviven los marginados. Ciudad de México, Siglo XXI Editores, 1976.

MALLART, Fábio. Findas Linhas: Circulações e Confinamentos pelos Subterrâneos de São Paulo. Nouvelle édition [en ligne]. Lisboa, Etnográfica Press, 2021. Disponible sur Internet: http://bit.ly/3ZBzVdl

MANZANO, Virginia (2013). “Tramitar y movilizar: etnografía de modalidades de acción política en el Gran Buenos Aires (Argentina)”. En: Papeles de Trabajo, Nº 25, Julio 2013, pp. 60-91.

FERNÁNDEZ ALVAREZ, M., NATALUCCI, A., DI GIOVAMBATTISTA, A., FERNÁNDEZ MOUJÁN, L.,

MATE, E. Y SARROCHE, S. La economía popular en números. Bases metodológicas para una propuesta de medición. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Citra, 2021.

GODOI, Rafael (2015). “Vasos comunicantes, fluxos penitenciários: entre dentro e fora das prisões de São Paulo”. Vivência: Revista de Antropologia, Capa > v. 1, n. 46, p. 131-142.

MERRY, E. The Seductions of Quantificaction. Measuring Human Rights. Gender Violence, and Sex Trafficking. Chicago and London, University of Chicago Press, 2016.

ORTNER, Sherry. “La resistencia y el problema del rechazo etnográfico”. En: Antropología y teoría social. Cultura, poder y agencia. Buenos Aires: UNSAM, 2016.

PADOVANI, N. Sobre casos e casamentos: afetos e amores através de penitenciárias femininas em São Paulo e Barcelona. São Carlos: EdUFScar, 2018.

QUIRÓS, J. Cruzando la Sarmiento. Una Etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires. Buenos Aires, Ed. Antropofagia, 2006.

RODRÍGUEZ ENRIQUEZ, C. (2015) “Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad”. Nueva Sociedad. No 256, marzo-abril de 2015, ISSN: 0251-3552.

---