La pandemia en Jujuy

Gabriela Alejandra Karasik

Presentación

Este artículo se basa en la investigación en el marco de un proyecto PISAC COVID sobre fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias en contextos de vulnerabilidad en diferentes regiones de la Argentina.^[1] Nuestro equipo se centró en la provincia de Jujuy, donde organizamos el relevamiento teniendo en cuenta un doble foco geográfico, en la zona de frontera articulada en torno al Paso Internacional La Quiaca-Villazón entre Argentina y Bolivia así como en algunas barriadas populares de la capital San Salvador de Jujuy.

El despliegue particular de las regulaciones articuladas por el ASPO y el DISPO (aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio respectivamente) así como el papel de las policías y fuerzas de seguridad tuvieron diferencias en los distintos distritos del país. En el caso de Jujuy cabe señalar que hasta la actualidad el gobierno provincial sigue bajo el mando de la misma fuerza política que asumió a fines de 2015, lo que representó un notorio retroceso en términos económicos, políticos, sociales y democráticos.

En el Informe final del Proyecto mencionado expusimos las principales características de las formas de intervención de las policías y fuerzas de seguridad y las relaciones e impactos en ciertos grupos sociales y ámbitos del territorio provincial durante la pandemia. En este capítulo nos propusimos considerar con más detenimiento las eventuales continuidades y rupturas en las intervenciones en el lapso marcado por las medidas de contención de la pandemia, considerándolas en relación a una situación disruptiva y extraordinaria pero que se inscribe a la vez en relaciones y procesos sociales preexistentes.

Algunos trazos sobre la provincia de Jujuy

La provincia de Jujuy se encuentra en el extremo noroeste de la Argentina, en contacto limítrofe con Bolivia y Chile mientras que hacia el interior del país está rodeada por otra provincia argentina, Salta. Esta posición afecta, entre otras cosas, la presencia y la distribución de las policías y fuerzas de seguridad en el territorio provincial. En la zona de La Quiaca y el área de frontera tiene centralidad la Gendarmería Nacional (GN) y en menor medida la Policía de Jujuy, aunque también está presente el Ejército Argentino y la Policía Federal. Todas tienen presencia en el resto de la provincia, aunque la fuerza con mayor ámbito de actuación territorial es la Policía provincial.

Dada la centralidad del control de la movilidad en las estrategias epidemiológicas uno de los locus empíricos del relevamiento fue el espacio de frontera internacional, más concretamente la parte argentina de la conurbación La Quiaca-Villazón y las áreas adyacentes. La zona articulada en torno al Paso internacional, que incluye los pasos alternativos (no regulares), es lo que en términos de Abínzano puede ser considerado como “el núcleo central del complejo sistema de interacciones de las praxis y no tanto sus límites precisos”. El paso fronterizo La Quiaca-Villazón en Jujuy es uno de los cuatro que conectan Argentina y Bolivia, en este caso por su segmento puneño. Aunque en función de este trabajo no trabajamos con el mismo detalle la zona de seguridad y de frontera, es importante señalar que ésta se extiende hasta unos 100 km del límite internacional. Así, la presencia de GN no sólo se da en torno a La Quiaca, sino que desde allí hacia el sur bajando por la Ruta 9 – Panamericana también hay puestos de control en Abra Pampa, Tres Cruces, Humahuaca y Purmamarca. La localización de ese último puesto (que como el anterior está a más de 100 km del límite con Bolivia) está en el cruce con la ruta 52 que pasando por Susques llega al Paso de Jama y conecta con Chile.^[2]

Dar cuenta de la materialidad e institucionalidad del dispositivo estatal de frontera no desconoce la complejidad de los procesos de frontera, en los que operan tramas multiescalares de relaciones sociales y fuerzas políticas, y que las poblaciones reconocen, cuestionan o manipulan. No obstante, a los fines de la investigación es preciso señalar este despliegue de GN que da cuenta tanto del sesgo militarizado de la presencia estatal en el norte de la provincia como del peso directo e indirecto de un conjunto de instituciones de estatalidad (en el sentido de Belli y Slavutsky, 2004) en la zona.^[3] La importancia de la circulación y la presencia de personas bolivianas en Jujuy y en la frontera otorgan un sesgo característico a estas instituciones y al conjunto de la sociedad local, dinamizando en el contexto de pandemia procesos de estigmatización y justificación de violencias selectivas (Yufra, 2021; Yufra y Karasik, 2021; Karasik y Yufra, 2019). El importante peso proporcional de la población boliviana en Jujuy es aún mayor en tres deptos.: Santa Catalina y Yavi (donde se encuentra La Quiaca) y El Carmen (donde se emplaza la producción tabacalera, demandante de trabajadores estacionales).^[4]

La Quiaca y Villazón se encuentran a una altura de alrededor de 3440-3450 metros s.n.m en la zona conocida como puna en la Argentina y altiplano en Bolivia, a 1800 km y 875 km de distancia de sus capitales nacionales respectivamente. La Quiaca está a 284 km. de la capital San Salvador y Villazón a 345 km de la capital Potosí, pero la relevancia de estos asentamientos poblacionales es bastante diferente, siendo Villazón la segunda ciudad del departamento de Potosí mientras que La Quiaca ocupa el sexto lugar en Jujuy en cantidad de población.^[5]

Cuadro 1. Los núcleos urbanos en la zona de frontera

Argentina			Bolivia
	2010	2022		2012	2020
Ciudad de La Quiaca	16.874 hab.		Ciudad de Villazón	35.337 hab.
Municipio de La Quiaca	17.425 hab.		Municipio de Villazón	44.906 hab.	50.004 hab.
Depto. Yavi	20.806 hab.	25.269 hab.	Pcia. Modesto Omiste	44.906 hab.	50.004 hab.
Pcia. Jujuy	673.307 hab.	797.091 hab.	Depto. Potosí	828.093 hab.	899.575 hab.

Fuentes: I.N.D.E.C. de Argentina Censo Nacional 2010, Censo Nacional 2022, resultados preliminares e I.N.E. de Bolivia Censo Nacional 2012 y proyecciones.^[6]

Además de La Quiaca, en el departamento Yavi los principales poblados están constituidos como Comisiones Municipales, con una población apenas mayor a 1000 personas en el caso de Pumahuasi y Yavi y bastante menos en Cangrejillos, El Cóndor y Varrios (entre 464 y 349 habitantes). En Modesto Omiste el único municipio es Villlazón, organizado en distritos urbanos y rurales que entre los últimos incluyen los cantones de Berque, Casira, Chagua, Chipihuaico, Mojo, Moraya, Sagnaste, Salitre, Sococha entre otros (Gobierno de Villazón, 2017).

En las pautas de distribución poblacional en el espacio provincial se observa la secular pérdida de población de las tierras altas de la Puna y la Quebrada de Humahuaca a favor de los departamentos vinculados con la agroindustria (en la zona de yungas o El Ramal) y cada vez más en los departamentos del sur jujeño.^[7] En 2022 la provincia de Jujuy tenía 797.955 habitantes, de los que casi el 64% residía en los deptos. del sur, el 26% en El Ramal y cerca del 13% en la Puna y la Quebrada (7 y 6% respectivamente).^[8]

Mapa 1. Peso proporcional de la población de Jujuy por departamentos

Fuente: Censo 2010. Mapas. Indec.gob.ar

Desde el último tercio del siglo XX el proceso de reconfiguración neoliberal dio un nuevo giro a los movimientos de población internos e internacionales, que hacia la década de 1990 resultaron en la creciente concentración en el Gran San Salvador (San Salvador de Jujuy y Palpalá). El crecimiento de la ciudad de San Salvador se ha focalizado en la zona sur de la capital, expresado emblemáticamente en el crecimiento de Alto Comedero, y en áreas que bordean la ciudad más allá del Río Xibi o Chico y el río Grande, como es el caso de la zona de Campo Verde. En muchas de esas barriadas se ha asentado gran parte de la población desplazada del interior provincial o de la misma capital, incluyendo población boliviana. Este tipo de barriadas en la ciudad de Jujuy constituyen espacios segregados social, espacial y simbólicamente y que con frecuencia se conforman como territorios sociales y morales de control policial (Pita y Pacceca, 2017:47). En general se trata de localizaciones urbanas con poblaciones empobrecidas, insertas en diversas actividades de la economía popular y/o con ingresos insuficientes y precarios, con un mayor peso de migrantes del interior provincial y de Bolivia y de diferente antigüedad. Los rasgos reales o atribuidos sobre la condición social, el lugar de origen y el proceso de construcción de su hábitat parecen asociarse con la estigmatización de peligrosidad de los vecinos y los espacios. Estos espacios urbanos empobrecidos conforman otra de las focalizaciones de nuestro relevamiento de las intervenciones de policías y fuerzas de seguridad en pandemia.

Una de las localizaciones seleccionadas, el barrio Campo Verde, se encuentra al este del Río Grande de la ciudad, entre los barrios Chijra y Alto la Viña. Su conexión con el casco céntrico de la ciudad es el puente San Martín, que une las dos márgenes del mencionado río. Si bien el barrio no se encuentra geográficamente distante del centro urbano, las formas de asentamiento, la conformación poblacional barrial y la escasa presencia de transporte público se asocian con limitaciones en la conectividad. En cuanto a las características poblacionales, se han ido asentado familias provenientes del interior de la provincia y también población extranjera. Según la información de la DIPEC (2010), el sector en el que se encuentra ubicado el barrio tiene un 5,7% de población extranjera, mayor al porcentaje provincial. Aunque el barrio presenta heterogeneidades, una parte importante de su población realiza trabajos asalariados precarios, changas como complemento a los ingresos o como principal actividad y otros trabajos en el sector de la economía popular, así como en el de servicios socio-comunitarios (merenderos, capacitaciones). El índice de necesidades básicas insatisfechas (13,9%) supera también a la media provincial (12,4). La segunda localización es el barrio Alto Comedero, donde hemos trabajado en algunos sectores. El barrio se encuentra en la zona sureste de la ciudad, es uno de los barrios más densamente poblados de San Salvador de Jujuy y, tal como señalan Bergesio y Golovanevsky, patentiza la fragmentación de los territorios urbanos y sus correspondientes desigualdades. El crecimiento barrial va acompañado de la presencia reducida del Estado y la emergencia de numerosas organizaciones sociales, “expresión de un nuevo modelo de ciudad que concentra en sus márgenes menos visibles a la población pobre o empobrecida” (Bergesio y Golovanevsky, 2009:30). Se observan características de degradación ambiental, con la presencia de micro basurales debido a la ausencia o escasez de servicios de recolección de residuos. En su amplio territorio presenta heterogeneidades sociales, que incluyen una amplia gama de posiciones y grupos sociales entre los que se destacan amplios sectores de la economía popular (servicios personales y socio-comunitarios, comercio popular). El índice de necesidades básicas insatisfechas, también supera a la media provincial, siendo de 13,3% (DIPEC, 2010).

Tratos y maltrato: trabajadores y trabajadoras esenciales de Jujuy en tiempos de pandemia

El contexto de la pandemia puso en evidencia el avance de cambios que desde sus inicios el gobierno jujeño había venido realizando en la orientación estratégica de los servicios estatales en Jujuy. Paralelamente se fueron verificando cambios regresivos en las relaciones laborales, con una notoria desmejora de los salarios y las condiciones de trabajo de los agentes estatales. En el marco de las particulares estrategias de regulación, dominación y control social para el conjunto de la sociedad, en estos ámbitos también se verificaron estilos de gestión y sociabilidad de sesgo paternalista y autoritario, experimentado por los trabajadores frecuentemente como maltrato^[9].

En el caso de la Salud, se verificaron cambios orientados hacia la profundización de la mercantilización y el deterioro de su orientación universalista, de lo que el Plan Estratégico de Salud de 2018 y la implementación de un Seguro de Salud para Extranjeros constituyen antecedentes significativos^[10]. Los problemas en la provisión de materiales y también en cuanto al respeto a los protocolos de bioseguridad ayudan a explicar la alta mortalidad del personal de salud, que en julio de 2020 concentraba el 25% de las víctimas fatales en Jujuy, aunque cabe aclarar que este grupo fue el primero en ser vacunado. Las limitaciones del sistema de salud pública llevaron a alertar sobre el riesgo de colapso, tanto por parte de personal de algunos hospitales como de vecinos de las localidades. En este contexto trascendieron denuncias y amenazas del gobierno al personal para evitar este tipo de declaraciones,^[11] mientras que a través de los medios y algunos voceros institucionales se verificaba la molestia gubernamental en casos de exposición pública de las carencias del sistema, especialmente notables en los hospitales del interior.^[12] En paradójico reconocimiento de esta situación, en agosto de 2020 el gobierno provincial recomendó a la población la medicación para ser autoadministrada frente a una infección de COVID-19.^[13] En septiembre de 2020 llegó a decretar la disponibilidad de todo el personal de salud alertando sobre su potestad para afectar guardias y cambios de lugares de trabajo, decretando importantes multas “más accesorias de arresto e inhabilitación” a quienes faltaran al trabajo (Bernasconi, Romero y Golovanevsky, 2021:221),^[14] aunque luego debió dar marcha atrás por las protestas.

La relación con el personal de educación tuvo un sesgo de maltrato semejante, tanto en lo salarial como en la imposición arbitraria de condiciones de trabajo que representaron situaciones innecesarias de riesgo de contagio. El personal docente y de servicios generales debió realizar tareas durante el 2020 en los momentos más críticos de la pandemia, y para el 17 de febrero de 2021 ya estaban comenzando las clases presenciales. Se realizaron cartelazos y acciones de protesta contra la imposición laboral antes de estar vacunados y luego para exigir la pronta vacunación, y se multiplicaron las denuncias de que no se brindaban los insumos necesarios para los protocolos y que faltaba personal para poder sostener los cuidados. Jujuy ha sido la provincia con mayor número de docentes fallecidos en la pandemia, estimación que resalta aún más al compararlo con el de provincias con mayor población. En la primera semana de junio de 2021 CABA, Jujuy y Tucumán eran los distritos con mayor tasa de docentes fallecidos por Covid 19, en relación clara con la falta de vacunación y la exigencia de presencialidad laboral.^[15]

En tono semejante, el personal de la Policía de la provincia parece no haberse sentido cuidado por la institución. Más allá de los discursos de las autoridades policiales, algunos agentes manifestaron que no les habían dado los elementos adecuados y suficientes. Según contaba el efectivo de una comisaría, al comienzo les daban “un barbijo y una máscara de acrílico por mes, poca lavandina y poco de todo”. Nos comentaron que en el caso de tener síntomas les iniciaban un sumario para ver cómo se habían contagiado y que, de enfermarse, la institución no los acompañaba, llegando en algunos casos a sancionar a los agentes contagiados. La madre de un detenido nos contó de un entredicho en la comisaría porque ella no tenía barbijo:

Le digo ‘no tenés trapo con lavandina, no tenés el alcohol, nadie me tomó la temperatura’, me quejo y ahí empiezan a hablar ‘Doña, hasta el barbijo nos tenemos que comprar, y el alcohol’ […] Y el canita me dijo “sabe qué pasa señora, que si uno exige mucho acá, que se quiere cuidar, los de más arriba nos dicen que acá somos cagones, que le tienen miedo al virus”.^[16]

Saliendo del ámbito del trabajo estatal, hubo muchos contagios y fallecimientos en empresas autorizadas a desarrollar sus actividades bajo la calificación de esenciales. Se trata de empresas de los sectores más poderosos y con mayor capacidad de lobby de la economía provincial, como Ledesma, la minera Exar, Molino Pampa Blanca, Estancia Río Colorado, así como Ingenio La Esperanza, Mina El Aguilar. Las habilitaciones para el trabajo en actividades declaradas esenciales no dejaban de exigir que se garantizara a los trabajadores condiciones de higiene y seguridad, pero es evidente que no se cumplían. El caso de Ledesma es paradigmático, por haber mantenido el ritmo de producción, por las condiciones de traslado a sus obreros y por la pronta obtención de la conciliación obligatoria del Ministerio de trabajo de Jujuy ante una huelga del Sindicato del Ingenio Ledesma, SOEIL. A fines de julio de 2020, la organización ANDHES hizo una denuncia en la ONU contra Exar y Ledesma por los contagios masivos de coronavirus en más de 250 trabajadores por la falta de aplicación de protocolos de salud. En la denuncia señalaban también el impacto de los contagios en las comunidades de origen de los trabajadores y trabajadoras. La mayoría de los trabajadores de Exar provienen de las comunidades aborígenes vecinas y se produjeron muchos contagios en Catua, Pastos Chicos, Olaroz Chico y Puesto Sey.^[17] En el caso de Ledesma, se desbordaron los contagios en el depto. de ese nombre y Libertador Gral. San Martín, que en la primera oleada fue la ciudad con mayor índice de contagios de la provincia.

Economía política de la movilidad

La naturaleza de la pandemia y las estrategias epidemiológicas pusieron en cuestión las movilidades y las clausuras territoriales, de fuerte impacto por ser Jujuy escenario de múltiples movilidades, migraciones internas, transfronterizas e internacionales (Karasik, 2021; Yufra, 2021; Yufra y Karasik, 2021). Un elemento clave de la estrategia epidemiológica ha sido el control del ingreso de personas desde fuera de la provincia, fueran extranjeros o argentinos, e inclusive residentes de Jujuy que estaban ocasionalmente fuera y no pudieron regresar a tiempo. Esto tuvo impactos también en términos de la circulación de bienes, tanto en relación al abastecimiento de productos alimenticios y otros como por la circulación de la producción local hacia el resto del país. Debe destacarse también la posición de Jujuy en la estructura del comercio internacional por vía terrestre (corredor bioceánico) que sale por el Paso La Quiaca-Villazón hacia otros países sudamericanos y por Jama hacia los puertos del Pacífico.

La contundencia de los controles de la circulación impactó en todos los desplazamientos de la vida cotidiana y en las diversas esferas de la vida (salud, educación, cuidados, trabajo, abastecimiento, sociabilidad, etc.), con impactos específicos y a la vez social y territorialmente selectivos. Desplazarse de la casa al trabajo puede incluir una diversidad de desplazamientos, realizados a su vez sobre condiciones diferenciales, incluyendo a quienes usan la permanencia en la calle como recurso. Quienes fueron más afectados han sido los sectores más precarizados: vendedores ambulantes, trabajadoras en hogares particulares, trabajadores de la construcción, gente que busca alguna changa, personas que trabajan en la prostitución, artesanos urbanos. Justamente las modalidades de control policial sobre los grupos sociales que se ganan la vida en la calle hicieron doblemente difícil su situación. Si bien las movilidades productivas campesinas no fueron afectadas cuando no debían atravesar núcleos urbanizados, las poblaciones del campo y los pequeños pueblos padecieron también restricciones a la circulación que afectaron las prácticas vinculadas con la reproducción de la vida. De hecho éstas pusieron en evidencia las fuertes relaciones económicas y sociales entre unidades administrativamente separadas o entre barrios de una misma ciudad, de modo que la inflexibilidad de los controles –sobre todo en los primeros meses– fue una fuente de conflictos con las policías y a veces entre los mismos vecinos.^[18] Estas clausuras fueron más complicadas cuando las conexiones implicaban atravesar límites provinciales y mucho más nacionales, como el caso de La Quiaca y Villazón, que desde este punto de vista puede considerarse como una unidad socioterritorial de reproducción.

El temprano cierre del tránsito interprovincial fue problemático para todos los que debían retornar a Jujuy, lo que expuso la importancia de los desplazamientos de dos grandes grupos: los trabajadores que se emplean temporariamente fuera de la provincia (en la minería y sobre todo en la agricultura) y los estudiantes universitarios en otras provincias, especialmente en Córdoba.^[19] Aunque los contingentes son de diferente composición social, se trata de movilidades emergentes de la situación de desigualdad social y regional. Aunque Jujuy es una de las provincias con más trabajadores en el sector estacional de la agricultura, el gobierno no previó mecanismos de coordinación e ingreso seguro para el sector ni tampoco lo hicieron las provincias cuyas economías reciben esta suerte de subsidio que los trabajadores estacionales le hacen al mercado, asumiendo los costos de traslado y trabajando en actividades sub-remuneradas (Trpin, Moreno y Ataide, 2020).^[20]. Al carecer de permisos de circulación los micros no salían hacia Jujuy y muchos debieron permanecer por varios días en las Terminales de las provincias donde habían estado trabajando, sin ningún dispositivo de contención. En otros casos quedaban detenidos en las rutas o en el único puesto de ingreso, en Pampa Blanca. Esta situación explosiva recién se fue encaminando por el trabajo de algunas activistas y campañas en las redes y en general por la presión social, hasta que finalmente el gobierno provincial dispuso su alojamiento y atención en hoteles en diversas localidades, aunque hubo muchos reclamos por falta de comida. Algunos viajaron en remises compartidos desde Neuquén o Mendoza, teniendo gastos que prácticamente les hicieron perder lo obtenido en la campaña. Fue problemática también la situación de los estudiantes universitarios fuera de la provincia. Padecieron situaciones muy complejas quienes no tenían recursos para articular el retorno a Jujuy con sus propios medios y para costearse los 14 días de cuarentena en un hotel y el test PCR.

La situación de los llamados varados internacionales fue compleja como en todas partes, aunque deben señalarse algunas particularidades provinciales. Uno de los primeros casos fue el de un ómnibus con extranjeros que el gobierno de la provincia mandó desde La Quiaca a la Ciudad de Buenos Aires sin contar con permiso de circulación nacional. Las personas extranjeras de diferentes nacionalidades (venezolana, colombiana, brasileña, peruana y boliviana) que se encontraban en La Quiaca fueron expulsadas abiertamente, tal como difundieron medios locales y nacionales.^[21] Más allá de las versiones oficiales, nuestra información da cuenta de que fueron engañados y rodeados por la Policía para subir al ómnibus. Por esta frontera suelen pasar migrantes de Venezuela hacia diversos destinos en el país; al estar cerrado el Paso entraban a la Argentina por pasos no legales implicando serios problemas para solicitar refugio, por ejemplo.

El 23 de junio de 2020 se decretó el cierre de los pasos fronterizos. El cierre del Paso internacional a la circulación de personas y bienes tuvo grandes implicancias a ambos lados del límite; hay relaciones sociales y económicas a lo largo de toda la frontera y son intensas y cotidianas las de la zona adyacente a la conurbación La Quiaca-Villazón donde confluye una compleja dinámica de relaciones multiescalares. El cierre del Paso tuvo impacto económico por la importancia de la participación de la población local en diversas actividades comerciales e intercambios transfronterizos.^[22] No solamente afectó a quienes trabajaban en los oficios de frontera de que habla Andrea López (paseros, estibadores) y a diversos trabajadores que prestan servicios a la población fronteriza o en tránsito, sino que impactó en las economías domésticas y las formas de reproducción material de los hogares que, en importante medida, recurren según la conveniencia a compras y consumos a ambos lados del límite. Aunque nunca se interrumpió del todo el cruce de personas y mercaderías entre Bolivia y Argentina durante la pandemia se volvió más complicado y más riesgoso, utilizando solamente los pasos alternativos al oficial.^[23] Tanto policías como gendarmes señalaron que el tráfico transfronterizo aumentó en magnitud y en nuevas formas, que el crecimiento del tráfico fue exponencial, se multiplicaron los pasos ilegales, que ellos iban “a controlar uno y ya abrían otro”. Salvo al inicio de la pandemia el intercambio comercial transfronterizo no parece haber disminuido e inclusive en algunos nichos parece haberse expandido. Junto a los usuales paseros, han aumentado los residentes de La Quiaca que se ocupan de pasar mercadería para su consumo doméstico, para sus comercios y/o para participar de circuitos de comercialización más amplios. Durante la pandemia tuvo un crecimiento notable el contrabando de bebidas alcohólicas de Argentina a Bolivia^[24] y se expandió el contrabando de hojas de coca a diversas escalas, incluyendo la incorporación de muchos micro vendedores independientes a un negocio millonario en el que también hay actores mucho más poderosos. Hay que tener en cuenta que las provincias de Jujuy y Salta representan para Bolivia el mercado más importante de hoja de coca legal, orientado a la extendida práctica popular del coqueo en la región.^[25]

Junto a las actividades económicas en sentido estricto hay que considerar que el área de La Quiaca y zonas adyacentes constituye un espacio de circulación migratoria desde/hacia ambos países pero también el ámbito de una trama densa de relaciones sociales y económicas hacia ambos lados de la frontera. Aunque no abarca a la totalidad de los pobladores, hay formas de habitar la frontera que implican anclajes a ambos lados del límite y por lo tanto circulación. Sería el caso de algunas personas –sean argentinas o bolivianas– que trabajan en La Quiaca y viven en Villazón y allí tienen su familia, de niños y niñas que cruzan la frontera para ir a la escuela del lado argentino como quien pasa una calle,^[26] de hombres y mujeres que van al hospital del lado argentino y de paso visitan parientes, de jóvenes de La Quiaca que pasan a encontrarse con sus amigos del otro lado o que van a Villazón a estudiar en la Universidad por mencionar algunas situaciones. Esta trama es aún más densa entre la población rural. Por esas razones tuvo un gran impacto la prohibición de ingreso de extranjeros y el explícito señalamiento de que quienes residen en Villazón no podrían tomar clases en La Quiaca.

Autoridades argentinas y bolivianas en la reapertura del Puente Internacional. Imagen: Carlos Rivero https://bit.ly/48OrccS.

A pesar de la densidad y extensión de antecedentes bolivianos e indígenas en la sociedad y de la continuidad de ingresos y conexiones desde Bolivia, tiene gran extensión el uso insultante de términos marcados étnicamente como boliviano, indio o colla, con una nada sutil marca de clase, en el marco de formas extendidas de descalificación social de los sujetos populares (Karasik, 2013). Como se ha identificado en diversos lugares estos procesos contrastan con la celebración meramente estética de prácticas y discursos de diversidad cultural.

En el contexto de la pandemia se activaron procesos de estigmatización y justificación de violencias selectivas, que en la frontera se expresaron en discursos que abiertamente culpabilizaban a los bolivianos de favorecer los contagios. No siendo un proceso nuevo en la frontera, el jefe comunal de La Quiaca alertó en mayo de 2020 contra la infodemia, porque “esa desinformación, muchas veces deliberada, alimenta sentimientos xenófobos, exacerba estigmatizaciones y sensaciones de pánico entre otros efectos en la sociedad”^[27]. Los primeros casos de COVID en Jujuy tuvieron lugar en junio de 2020 luego de que dos integrantes de la comitiva del gobernador en una visita a La Quiaca y otras localidades de frontera contrajeron covid-19 y desataron una cadena de contagios entre los uniformados y sus contactos estrechos. Durante dos semanas Morales negó que los contagios vinieran de su comitiva, y –sin temor al ridículo– le echó la culpa a “una tal Cholita”, generando cadenas de memes y videos burlones; cuando finalmente reconoció que los responsables eran policías del operativo, los sancionó y debió renunciar el jefe de la policía de la provincia^[28].

Patrones estructurales y coyunturales de policiamiento

Desde los primeros momentos en Jujuy la policía y las fuerzas de seguridad asumieron un papel central en el control de las medidas del cumplimiento de la cuarentena, observándose mucha presencia de la Policía provincial en las diversas localidades, con más importancia de Gendarmería Nacional y Policía Federal en la zona fronteriza. En el trabajo de campo todos los actores (vecinos, miembros de las policías y fuerzas de seguridad) coincidían en señalar como novedades en las prácticas de policiamiento el funcionamiento de nuevos puestos de control, las prácticas de bioseguridad y aislamiento, el control de días y horarios de circulación según número de DNI y de realización de reuniones. También nosotros podíamos identificar esas variaciones, así como eventos de violencia en el contexto del ASPO y el DISPO, pero nos preguntábamos si lo que se nos aparecía como coyuntural era tal, si bastaba pensar las prácticas como de control de la pandemia.

En el caso de La Quiaca, a los puntos de control usuales se sumó un puesto policial en el acceso sur a la ciudad y otros puntos estratégicos, además de puestos móviles. La Policía de Jujuy organizó el operativo de fronteras, que se proponía ampliar más allá de La Quiaca las formas de despliegue en diferentes puntos limítrofes^[29] La Policía de Jujuy y la Gendarmería Nacional aumentaron el personal en la zona de frontera, y los controles regulares en algunos puntos de la ruta 9 de La Quiaca a San Salvador se volvieron más exhaustivos, controlando rigurosamente los permisos de circulación y el número de documento. En las rutas que provienen del sur se fortalecieron los puestos de control; también en la ruta 34 que retoma la dirección norte hacia San Pedro y Ledesma y, luego de pasar por Salta, se dirige hacia la frontera boliviana por las tierras bajas. Se fortalecieron los controles en los ingresos a San Salvador desde el sur y en los puentes que comunican con el centro de la ciudad. Aunque más extendidos a toda la geografía urbana en el primer tiempo, estos controles fueron los más continuados y dan cuenta de segmentaciones socioterritoriales jerarquizadas del espacio urbano. El centro de la ciudad se encuentra entre el Río Grande y el Xibi Xibi, mientras que el acceso desde la mayoría de los barrios requiere cruzar los diversos puentes. Luego de la primera etapa, en que los controles y eventualmente las violencias se ejercían “democráticamente” sobre todos los sectores sociales y en distintos lugares, fue cobrando fuerza un sesgo de selectividad. En términos socioespaciales, los controles policiales operaron sobre algunas fronteras interiores de los espacios urbanos, que suponen sesgos de clase y étnicos y que se activan más frente a atributos como juventud, género y apariencia. Una vecina del barrio Sargento Cabral de Alto Comedero lo refería así:

No podías cruzar el puente al otro lado… en junio julio [de 2020], no se podía circular si no era tu número. […] Una ciudad sitiada. Salías de Alto Comedero y te paraban en la casilla de Turismo. Gente enferma, necesitaba pasar, si no era tu número, cosas así situaciones tan feas y que encima el policía como que fuera el… revanchismo, o sea darles a ellos… Para venir de la ciudad no te controlaban, pero para venir de acá para la ciudad sí. De la Terminal pasar al centro te controlaban. Como que los pobres eran peligrosos.

Algunas mujeres de barrios periféricos de La Quiaca también han denunciado que allí es donde hay más acción policial y que “cargan a los chicos” de manera violenta. Sobre las prácticas policiales nos han indicado que había más violencia física en esos barrios, en contraste con la presencia policial en el centro de la ciudad, donde “fueron más tranqui, más diplomáticos”. Entre otros episodios de controles y accionar violento en los barrios, mencionamos el que narró la madre de un joven de 21 años a quien en agosto de 2020 “lo levantaron en la calle y le dieron una paliza, tenía marcas de las botas de los canas. Ahora está en el sur”^[30].

En el caso de La Quiaca, dado que el Puente Internacional estuvo cerrado desde el 16 de marzo de 2020, la circulación de personas y bienes se hacía exclusivamente por los pasos alternativos, estando bajo la órbita de GN y la Policía de Jujuy. Esto amplió los controles a los distintos barrios, los más cercanos al río y en general los asociados al crecimiento de la ciudad en las últimas décadas, y todos señalan “excesivos controles” de Gendarmería y la Policía de Jujuy^[31]. El Paso se volvió a habilitar el 8 de octubre de 2021 sólo para para el Tránsito Vecinal Fronterizo^[32], quedando normalizado el 6 de abril de 2022.

En el marco del control del cumplimiento de las diversas medidas se dieron actuaciones arbitrarias, irregulares y muchas veces violentas desde el mismo inicio del ASPO el 20 de marzo de 2020, con la detención de ocho jóvenes que estaban reunidos en el Parque San Martín (el principal de San Salvador). Este evento y el de los corralitos de Palpalá, son frecuentemente mencionados cuando se conversa sobre la policía en la pandemia.^[33] Hemos recuperado muchos relatos de un accionar policial considerado arbitrario (de gente que hicieron bajar del colectivo aun contando con los permisos de circulación y la terminación “correcta” de DNI; de jóvenes que fueron a comprar algo y resultaron golpeados; de desconocimiento de los permisos por alguna razón, de requisas a mujeres por personal policial masculino, de multas por pasarse unos minutos del horario autorizado, detenciones por estar tomando cerveza en la calle, etc.^[34]) Se registraron operativos en los que intervenían efectivos sin identificación y vehículos sin patente, aunque esto no era totalmente novedoso. Insultos, verdugueo, golpes y detenciones arbitrarias han sido frecuentes. Y las increíbles multas: $1000 por no tener barbijo, más $1000 en la comisaría; y eventualmente la causa penal por los art. 202 y 206 y la contravención, de $40000 para arriba cuando esos juicios se reactivan.

Detenidos en corralitos en Palpalá – 27 de marzo de 2020. https://bit.ly/45pqU9k.

Hilos de continuidad en los patrones de policiamiento

En el contexto de pandemia resultó notoria la continuidad de patrones violentos en las intervenciones de las policías y fuerzas de seguridad de Jujuy. Muy pronto tuvimos que desistir de la idea inicial de distinguir las intervenciones asociadas con los controles del ASPO o DISPO o con otros procesos, por la continuidad del gobierno provincial y por la dinámica de las instituciones y la vida social durante la pandemia. Sería retórico preguntarnos si pegarle y detener a alguien que salió a comprar un sándwich sería una medida de control de la pandemia, o si podría considerarse así el golpear brutalmente a un joven que no tenía DNI y a su madre y llevarlos a la Central de Policía donde continuó la golpiza, o si acaso la represión en la Jornada contra el Hambre de fines de 2020, donde organizaciones sociales exigían apoyo alimentario podría verse como una medida relacionada con el ASPO y no de represión y criminalización de la protesta social.

Cabe comenzar con el dato contundente de la letalidad de las intervenciones durante la pandemia, en las que fallecieron nada menos que cuatro personas. El 8 de junio de 2020 Ariel Valerian, un mecánico de Monterrico, fue detenido en un control en el acceso sur de la capital, brutalmente golpeado y torturado, muriendo luego de un mes en terapia intensiva.^[35] El 16 de julio de 2020 murieron dos internos del Penal de Gorriti, Marcelo Montenegro y Dardo Vicente Yapura, durante la represión de los agentes penitenciarios durante las protestas en reclamo de mejores condiciones de detención y acceso a los beneficios estipulados en razón de la pandemia.^[36] Y el 28 de octubre de 2020 una camioneta de G.N. atropelló y mató a Elizaida Condori, una mujer de Villazón, en el paraje Ojo de Agua en La Quiaca, y posteriormente policías dispararon contra personas que se encontraban del lado boliviano de la frontera.^[37] Así, salvo la Policía Federal y el Ejército, todos los organismos que componen las policías y fuerzas de seguridad cargan con hechos de violencia letal durante la pandemia.

En los que dependen del gobierno provincial es más notable la continuidad del giro violento que se inició desde el primer gobierno de Gerardo Morales. En investigaciones anteriores y en el trabajo de campo vinculado con este proyecto hemos podido identificar el alcance de ese giro, que en el contexto de pandemia habilitó que las disposiciones específicas operaran como justificación de intervenciones y violencias diversas e inclusive como creadoras de situaciones violentas (Karasik, 2019). El código contravencional ha sido la herramienta clave que ha marcado desde entonces las formas de intervenir, regular y administrar diversos tipos de conducta, los usos del espacio público, la protesta social y en general el policiamiento de los sectores populares.

Los edictos policiales y las contravenciones, tal como reseñan Pita y Pacceca (2017:28 y ss.) a partir de la Ciudad de Buenos Aires, refieren a las facultades de intervención de las policías sobre conductas que se suponen más o menos atentatorias de la convivencia ciudadana sin constituir delito. En el primer caso, hechos o actos que importan, “una alteración del orden público, de la moral, de las buenas costumbres, o un atentado a la seguridad pública, de las personas o de los bienes y las infracciones a los edictos de policía” mientras que en el segundo se refieren en mayor medida a los usos del espacio público y la libertad de circulación, señalando que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires las policías y demás fuerzas de seguridad funcionan como agentes subordinados al poder judicial. En cuanto a las faltas, atañen a una serie de conductas referidas a tránsito, venta de alimentos y habilitaciones varias, pero suponen un proceso administrativo y no judicial, si bien los funcionarios pueden tramitarlas en uno u otro ámbito implicando un proceso judicial o administrativo con diferentes garantías procesales.

En el Código Contravencional de Jujuy convergen orientaciones y regulaciones provenientes del mundo de los edictos policiales, las contravenciones y las faltas, aunque su aplicación excede el tipo de conductas sancionadas por aquellos, incluyendo el control de la protesta social. Cabe señalar que en Jujuy la Justicia Contravencional en realidad no es parte del sistema de justicia, sino que depende del poder ejecutivo provincial, igual que el Departamento Contravencional de la Policía provincial (Manestar, 2021a). Aunque las reglamentaciones contravencionales no pueden reemplazar ni tienen preeminencia sobre los derechos constitucionales, su funcionamiento ha estado garantizado por la conformación espuria de un Superior Tribunal de Justicia que es aliado directo del gobierno por intereses, acuerdos y a veces parentesco. Esta trama ha permitido un funcionamiento intrincado y muchas veces combinado con la Justicia Penal. Un cabal ejemplo de lo afirmado ha sido la detención de Milagro Sala en enero de 2016: a días de asumir en diciembre de 2015 el gobernador Morales utilizó el flamante Código Contravencional para sacar de la escena pública a las organizaciones sociales, en particular a la emblemática Tupac Amaru y a su principal dirigente, adicionando irregularmente distintas causas penales (CELS, 2017). En un campo más afín al mundo de las faltas y contravenciones, el hostigamiento a los trabajadores de la economía popular en Jujuy, en particular a los vendedores callejeros y ferias informales en la capital provincial, ha sido una constante desde 2016, llegando a picos de violencia en 2017 y 2018, donde el accionar policial –orientado a dar cumplimiento a la ordenanza municipal y a las normativas concurrentes del Código Contravencional– se caracterizó por prácticas sumamente arbitrarias y con recurrente apelación a la violencia física.^[38]

Hemos registrado por lo menos trece eventos de golpizas brutales y detenciones de personas justificadas por el control del ASPO, una de ellas a una mujer con un hijo chico en brazos, con fuertes palizas, patadas en la cabeza, resultando en fracturas, moretones, heridas cortantes; ahorcamientos, secuestros (i.e. detenciones no informadas) e incomunicaciones; detenciones y abuso sexual a mujeres trans; todo acompañado generalmente por malos tratos verbales, insultos y amenazas. En el mismo período se dieron numerosos hechos represivos de acciones colectivas con niveles inusitados de violencia y violación de los estándares de derechos humanos establecidos. Entre ellos mencionamos la intervención policial frente a la resistencia al despojo de la cancha de fútbol del barrio Campo Verde en varias jornadas en marzo de 2020, donde el gobierno quería hacer una escuela: más de 400 efectivos de la Policía de Jujuy (incluyendo la Montada, el Cuerpo especial de Operaciones Policiales-CEOP y la Infantería) intervinieron en el desalojo usando balas de goma, gases y latigazos; hubo golpes a los vecinos, incluyendo niños y mujeres, algunas de las cuales fueron manoseadas, en el marco de un desproporcionado operativo policial que incluyó cinco detenciones y el bloqueo de las comunicaciones de celular.

En septiembre de 2020 la policía intervino violentamente y disparando balas de goma en varias acciones: un intento de toma de tierras en las 150 Hectáreas y en la protesta de choferes de colectivo en el Barrio Bicentenario en Alto Comedero; la masiva marcha en Palpalá por el femicidio de la joven Iara Rueda y la complicidad de la Brigada.^[39]

En octubre de 2020 setenta efectivos de la Infantería participaron del desalojo del territorio de la Comunidad Indígena Tusca Pacha de Los Alisos, usando también fuerza desmedida y balas de goma contra las familias, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes así como contra las numerosas personas que acompañaban para evitar que el procedimiento fuera violento.^[40] El 15 de diciembre de 2020 un grupo de organizaciones nucleadas en la UTEP^[41] realizaron una Jornada Provincial en reclamo de asistencia estatal y la pronta entrega de los meses atrasados para los comedores infantiles. Se les hicieron actas contravencionales, y en marzo de 2021 se sancionó a referentes y a organizaciones sociales y sindicales con meses de trabajo comunitario y pago de multas. Sin ser una enumeración exhaustiva, este registro da cuenta de un accionar policial sobre la protesta social que continuó sin mayores modificaciones durante la pandemia, que continuó apelando al Código Contravencional, así como a prácticas policiales irregulares.

La Policía Montada persiguiendo a dos niñas – Barrio Campo Verde – 17/03/2021. https://bit.ly/46JjQ8m

“El trato de la policía cambió cuando asume Morales”, sintetiza una dirigente.

La policía del 2015 para atrás no tenía ese trato. Del 2015 para adelante, con el código contravencional, la destrucción [del barrio] de la Tupac, como que ellos […] el revanchismo. […] a principios de mayo que tomaron el edificio de atrás del CEMIR […] [trasladaron ahí] todo lo que era Antecedentes de la Central y Judiciales [de la Policía] […] Todo eso ahora funciona en la Tupac. Hay mucha policía en el barrio, ahora, es más. […] Cuando me detuvieron me llevaron ahí, y ahí me entero, es simbólico.

Aunque el análisis de las prácticas de policiamiento debería encararse en un plazo temporalmente más amplio, no hay dudas de que el sesgo autoritario del actual gobierno ha marcado desde sus inicios a fines de 2015 un giro en las prácticas de las fuerzas bajo su control (Policía y Servicio Penitenciario). Nuestros resultados son coherentes con lo que sugieren los datos de la Encuesta Nacional de Victimización de 2017 (INDEC, 2018), según los cuales la Policía de Jujuy es una de las que recibe peores consideraciones por parte de los habitantes de su provincia.^[42] Gran parte de la población manifestó haber sufrido y presenciado maltrato verbal y físico por parte de las fuerzas policiales y un importante porcentaje se ha sentido discriminado por la Policía. En cuanto a la confianza en las fuerzas, son muy bajos los niveles de confianza de la población tanto hacia la Policía como a la Gendarmería Nacional.^[43]

Es significativa la aparición del término revancha en más de una oportunidad en el trabajo de campo, tanto en relación al accionar policial como a lo que Yufra planteó como “la desmesura del aparato comunicacional gubernativo en relación con las medidas implementadas para la contención de la pandemia”, en el que el mismo gobernador asumió un papel central. En el proceso se fueron retomando viejas y creando nuevas figuras alteritarias en la lucha “contra el bicho”: la cholita, el camionero, los estudiantes, los golondrinas. Se llegó a amenazar con marcar con fajas las casas de quienes retornaban a la provincia (Yufra, 2021)^[44]. Aunque puede resultar graciosa la figura de “la Cholita” que Morales expuso en junio de 2020, no lo son los insultos de “usurpadores bolivianos” e “ignorantes” que vertió una diputada radical de La Quiaca contra los miembros de la comunidad aborigen La Quiaca Vieja, y que generaron una denuncia ante el INADI^[45]. En marzo de 2020 y sin relación con las medidas de contención de la pandemia, la hostilidad discursiva del gobernador luego del primer día de represión en Campo Verde se expresó en ataques e insultos descontrolados contra los vecinos, a los que amenazó a los gritos porque según él querían “zapatillas sí, escuela no”^[46].

En su análisis sobre la violencia institucional, Manestar recupera la perspectiva de Guemureman, Otamendi, Zajac, Sander y Bianchi para considerar las formas punitiva y no punitiva de violencia estatal, tanto en lo material como en lo simbólico. La violencia estatal punitiva sería “aquella ejercida en carácter de castigo, retribución o sanción por parte de agentes públicos autorizados y habilita responsabilizar al Estado tanto en su faz punitiva como en su rol de garante de los derechos humanos” (Manestar, 2021b). Más allá del debate de si es posible pensar en la disolución del componente punitivo de las violencias estatales, podemos afirmar que por lo menos en este caso la dimensión punitiva de la violencia asume una importancia clave junto con la represión irregular.

Entendemos que todas las violencias e irregularidades presentes en las formas de intervención policial durante la pandemia conforman un mismo cuadro, que incluye tanto los eventos relacionados con el control del ASPO y DISPO como los que presentan un claro perfil de control de la protesta social. El relevamiento y análisis de las formas de intervención de policías y fuerzas de seguridad en Jujuy indican que las medidas y regulaciones específicas fueron encaradas desde una lógica de gobierno y policiamiento que excede la coyuntura de la pandemia.

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