La vida en pandemia en los sectores populares. Registros de una investigación

María Victoria Pita^[1]

Uno. Introducción

I. De lo que ya sabíamos y de lo que buscamos conocer

El 5 de mayo de 2023 la Organización Mundial de la Salud acogió la recomendación del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005 | RSI) de declarar el fin de la emergencia debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Esta declaración indica que el COVID-19, aunque aún sigue siendo una prioridad de salud pública global, ya no implica una emergencia de importancia internacional (ESPII) y, por tanto, aunque el riesgo continúa, los países pasarán del modo de emergencia al manejo y control de la COVID-19 como otras enfermedades infecciosas.

No obstante, esta reciente comunicación formal y global, a simple vista, fue posible advertir que el modo pandemia y la concomitante gestión de la emergencia, al menos en el país, ya había acabado de hecho mucho antes. Las formas de circulación, las interdicciones de ciertas actividades, e incluso las prácticas de cuidado; sino laxas, estaban casi olvidadas. Sin embargo, esto no ocurrió de un modo uniforme; documentos de distinto tipo han dado cuenta de ello. Los modos de gestión de la pandemia fueron desiguales. Tan desiguales como lo son la estructura social y los trabajos y los días de los diferentes sectores sociales. Tan desiguales como lo son los modos de vida de los sectores populares y las tramas de relaciones sociales que dan forma a los espacios urbanos de las metrópolis y las zonas suburbanas, así como a los espacios y zonas rurales y semirrurales. De alguna manera, podría decirse que la pandemia ha tenido diferentes temporalidades y modalidades de gestión.^[2] Y esto podemos afirmarlo no sólo a partir de lo advertido en nuestro campo empírico de investigación, sino también por lo referido por otros colegas de este proyecto (Garriga Zucal, 2023), así como por otras investigaciones locales y regionales.

Es decir, la pandemia se distribuyó de manera desigual debido a las desigualdades (pre)existentes que suponen, también, una distribución desigual de la presencia estatal y unas formas de presencia estatal diferentes que, en cierto modo, necesariamente dieron lugar a unas gestiones públicas diferenciales^[3] de y en la situación de emergencia sanitaria. La referencia a la presencia estatal y el señalamiento acerca de que es posible advertir diferentes formas de tal presencia es un punto relevante. Porque es esa distinción la que nos permite destacar que la misma no siempre implica a una misma cara del estado –al decir de Guillermo O’Donnell (2008). Como podrá verse aquí, las formas de presencia estatal en sus diversas caras, es decir tanto en su faz democrática y solidaria orientada a la gestión del bienestar común, a la recepción de demandas y a la inclusión; como en su faz represiva, orientada a la vigilancia, control y sanción –entre otras– nos ha permitido destacar la mayor o menor intensidad de la estatalidad (Mendes de Miranda y Pita, 2021) en diferentes espacios y ante diverso tipo de actores sociales así como el signo de tal presencia estatal; y esto, a su vez, nos ha posibilitado advertir qué ocurre ante tales presencias o ausencias. Es decir, qué hacen las comunidades, los diferentes colectivos o grupos sociales ante las diversas formas de presencia y ausencia estatal que pueden portar diferentes signos e intensidad.

Este texto busca dar cuenta de la experiencia de investigación que, en el marco de un proyecto confederado de universidades y grupos de investigación de humanidades y ciencias sociales de institutos, universidades y organizaciones sociales de diferentes regiones del país, se propuso dar cuenta de los desempeños, “interacciones y relaciones entre las fuerzas de seguridad, las policías y las poblaciones en condición de vulnerabilidad en el contexto de las medidas sanitarias que se han tomado para prevenir el COVID-19”.

En el proyecto, el nodo del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires conformó un colectivo de trabajo ad hoc integrado por investigadores de diferentes equipos. Algunos tenían ya por asunto central en sus proyectos la cuestión policial; otros no, aunque, de todas maneras, debido a que sus campos de investigación tienen por objeto conflictividades, identidades, organización y movilización política de los sectores populares, tal cuestión es un vector que, con menor o mayor centralidad, no dejaba de estar presente. Así, los modos de leer las intervenciones e interacciones con policías y fuerzas de seguridad, tanto como los asuntos que planteaban los actores principales de los respectivos campos de investigación, ofrecían una más que interesante diversidad. Esta situación, a su vez, nos posibilitó explorar otros puntos de encuentro en la investigación ya que los equipos, en sus trabajos previos, atendían a las diversas formas de vinculación entre agencias estatales, organizaciones y colectivos sociales.

Nos interesó especialmente registrar el modo en que se experimentó la pandemia, sus temporalidades en materia de aislamiento y distanciamiento obligatorios, los efectos específicos sobre las condiciones de vida de grupos de personas ya bastante expuestos a la vulneración de derechos y a una existencia de ciudadanía de baja intensidad (O’Donnell^[4]) en las múltiples dimensiones en las que el Estado se expresa. Y por eso, nos interesó también analizar de qué manera las diversas oficinas, instituciones y burocracias estatales –en sus diferentes niveles de gestión– trababan relación, y de qué modo, con esas poblaciones y colectivos.

Así, nuestro interés estuvo orientado por la pregunta acerca de qué modos los sectores populares estaban atravesando este estado excepcional (no necesariamente de excepción, pero sí a todas luces extraordinario strictu sensu), teniendo como premisa sustantiva la diversidad a la hora de hablar de sectores populares: habitantes de diversos barrios humildes y villas de emergencia en el AMBA y en la ciudad de Rosario, así como algunos grupos sociales en particular tales como trabajadoras sexuales cis y trans, vendedores callejeros, comunidades indígenas urbanas, todos residentes en la zona del AMBA; y también, comunidades indígenas rurales, lo que nos acercó al norte de la Patagonia. Es decir, buscamos dar cuenta de los problemas, dificultades y conflictos que trajo la pandemia y los diferentes modos de gestión pública y social frente a ello en comunidades, colectivos y zonas notablemente distintas y con las que los equipos aunados en esta experiencia de investigación veníamos trabajando desde hacía años.

Conocer a los actores, sus cotidianidades, sus habilidades/capacidades políticas, así como las tramas de relaciones en las que están inscritos, su poder social local y sus limitaciones en otras situaciones nos permitiría acompañar sus experiencias vitales, sus problemas y las formas en que enfrentaron estas circunstancias particulares. ¿Qué vulnerabilidades/precariedades se maximizaron y qué otras se tornaron más visibles? ¿Qué conflictividades y violencias emergieron o intensificaron? Y, también y fundamentalmente toda vez que este asunto era central en el proyecto general, ¿qué tipo de interacciones se estaban dando con las policías y fuerzas de seguridad? Esta resulta una cuestión central ya que gran parte de las gestiones ligadas a la pandemia ya para la provisión de servicios y bienes, ya para el control y vigilancia del cumplimiento de las medidas de aislamiento estuvieron a su cargo, implicando, incluso, un mayor despliegue territorial.

Detenernos específicamente en el registro y análisis de sus interacciones y relaciones con las policías y fuerzas de seguridad implicaba, para cada equipo de investigación, atender especialmente a la forma en que la referencia a estas aparecía, y a los relatos y las experiencias que traían las personas, colectivos y organizaciones con las que cada equipo trabajaba. En cada uno de los colectivos, grupos y lugares, la cotidianidad y las formas de vinculación con las policías y fuerzas de seguridad tenía una centralidad diferente y no siempre el mismo signo y/o intensidad. Aunque mayormente, las interacciones y experiencias habituales estaban signadas por los destratos y la violencia o bien, por sus ausencias en situaciones en las que eran requeridas para ofrecer seguridad o auxilio. ¿Se evidenciaban ahora, en esta excepcionalidad, nuevas formas de interacción en algún modo no previstas o no imaginadas? ¿Qué signo portaba la presencia policial intensificada? ¿En qué medida esa continua presencia ofrecía otros carices o venía a cubrir presencias largamente reclamadas?

Los patrones de asentamiento, así como las actividades ligadas a la subsistencia y vida económica de los grupos sociales con los que trabajamos, ambos dominios signados por la precariedad y la informalidad, implicaron continuas interacciones con las policías y las fuerzas de seguridad: para desplazarse en el barrio, para salir o entrar en él; para desplazarse desde el barrio hacia otros lugares; para ejercer el oficio u ocupación. Ir a buscar la vianda al comedor; desplazarse hacia la comunidad vecina en zonas rurales o semi rurales o hacia centros urbanos para asuntos administrativos; salir a trabajar fuera del barrio en tareas –aunque más o menos precarias– esenciales; vender diferentes mercaderías en la calle u ofrecer servicios sexuales; usar espacios comunitarios como canchas o playones; ir y volver en moto, en auto o en colectivo; e incluso protestar por condiciones de trabajo en tanto trabajadores esenciales. Todas esas acciones y actividades, que habilitaban a controles y vigilancias para la circulación eran situaciones de interacción y conflicto. Como lo fueron también aquellas otras que resultaron de la demanda de presencia ante robos y hurtos en los barrios o aglomeraciones no permitidas (fiestas y bailes, partidos de fútbol y piki vóley).

En este texto expondremos las formas que asumió la gestión policial en estos lugares y con estos grupos sociales durante las diferentes temporalidades que tuvo la pandemia. Con la descripción, aunque estilizada, de tales interacciones orientadas al control, vigilancia e intervención buscamos mostrar la variedad de modalidades en las que se expresó tal gestión y cómo fue experimentada. Y a la vez, nos permitirá destacar las limitaciones y el signo de la estatalidad que habitualmente se presenta en estos espacios sociales y ante estas poblaciones y cómo, debido a ello, se experimentó la excepcional situación de pandemia.

II. De cómo lo hicimos

Nuestra investigación se desplegó en varios lugares del país y buscó registrar lo que ocurría en ese tiempo de pandemia en diferentes espacios y con distintos grupos sociales en sus interacciones con las policías y las fuerzas de seguridad. Así, se ocupó de dar cuenta de las experiencias de la pandemia entre los vecinos y referentes de la villa 21-24, una de las villas de emergencia más antiguas y más grandes de la Ciudad de Buenos Aires y con una importante densidad de organizaciones sociales, políticas y estatales; y también, de vecinos, referentes, trabajadores de comedores comunitarios y miembros de organizaciones de los barrios populares de Virrey del Pino, Isidro Casanova (La Matanza) y San Francisco Solano (Quilmes); del colectivo de vendedores callejeros del barrio de Balvanera (más conocido como Once en Ciudad de Buenos Aires) y la organización de tipo gremial a la que gran parte de ellos se incorporó VAIO; de la organización sindical de trabajadoras sexuales AMMAR, en particular del colectivo de trabajadoras con asiento en Constitución (Ciudad de Buenos Aires) y su experiencia de Casa Roja, sede de la organización ese barrio; de referentes barriales y docentes de escuelas secundarias de Ludueña, uno de los barrios más populosos de la Ciudad de Rosario^[5]; de los del Barrio Ameghino en la Ciudad de Mar del Plata; de los trabajadores municipales organizados de San Salvador de Jujuy y Perico (SEOM); y de barrios y poblaciones de pueblos indígenas en la Región Metropolitana del AMBA –asentados en barrios de los municipios de Almirante Brown, de San Pedro y de La Plata–; así como de las comunidades mapuches de las localidades de Villa La Angostura y de la Ciudad de San Carlos de Bariloche y zonas aledañas, lo que presentó escenarios tanto urbanos como semirrurales.

Sin embargo, nuestro trabajo de campo no implicó sólo a estos actores sociales, es decir a vecinos, referentes y trabajadores de organizaciones sociales y comunitarias, sino también a funcionarios y agentes de áreas estatales de diverso rango. Así, durante el tiempo de la investigación fuimos sosteniendo periódicos intercambios conversacionales con algunos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, del área de la Dirección de Participación Ciudadana y Abordaje Multiagencial que nos relataron las acciones, dificultades y logros de sus gestiones en barrios populares y villas de emergencia del AMBA; con otros de la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional y de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad, ambas dependientes del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, que nos iban relatando sus experiencias de intervención en materia de episodios de violencia institucional, o bien de procedimientos en virtud de detenciones por incumplimiento de medidas de ASPO, y registrando el accionar institucional y documentado de policías y fuerzas de seguridad en esa ciudad. También mantuvimos conversaciones y accedimos a información que nos proveyeron funcionarios de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Programa ATAJO, del Ministerio Público Fiscal de la Nación) y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) que nos relataban sobre los tipos de demandas más frecuentes en materia de asistencia para el acceso a derechos; de responsables del Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Nación; de funcionarios municipales, provinciales y nacionales de diferentes áreas implicados en garantizar acceso a derechos o proteger ante conflictividades específicas (Municipios de Almirante Brown, de La Matanza; del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de la Provincia de Buenos Aires y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas/INAI); de funcionarios del Poder Judicial del Departamento de Mar del Plata; de responsables de la coordinación del Programa de Fortalecimiento de Redes Comunitarias de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata; de funcionarios de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina y de integrantes de las Defensorías Territoriales en Derechos Humanos, ambos de la Ciudad de Mar del Plata; de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y de policías de la misma ciudad que intervenían ante diferente tipo de situaciones conflictivas con trabajadoras sexuales y con vendedores callejeros; y de policías de la Provincia de Santa Fe, así como con funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de Derechos Humanos de la misma provincia.

Y, junto con esto, iniciamos también tareas de relevamiento de registro e información oficial disponible sobre los desempeños de las distintas agencias del sistema penal, tanto nacionales como provinciales. Aunque nuestras gestiones tuvieron diferente grado de éxito^[6] pudimos obtener algunos datos que posibilitaron advertir algunos efectos inmediatos de las prácticas policiales orientadas al control y vigilancia de la población. Así, conocimos algunos datos sistematizados –más y menos completos– de actuaciones rutinarias en materia de faltas, de contravenciones y/o de delitos de tipo penal, y consultamos expedientes judiciales que describían desempeños y diferentes formas de intervención de policías y fuerzas de seguridad tales como la Policía de la Provincia de Buenos Aires; el Comando de Prevención Comunitaria de Mar del Plata; la Policía de la Provincia de Santa Fe, la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina en algunos casos puntuales.^[7]

La forma de hacer trabajo de campo, y a partir del mismo producir datos y también información, fue creativa, colaborativa y extremadamente ligada a la coyuntura. Es decir, a las condiciones de posibilidad que, como bien sabemos, están hechas de los constreñimientos y condiciones materiales, de las voluntades e intereses y de las ideas y recursos disponibles. Y se fueron alterando a lo largo del tiempo, toda vez que el comienzo de esta investigación se dio en el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y conforme el paso del tiempo tuvimos algunos momentos de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) lo que posibilitó el encuentro cara a cara en espacios abiertos.

Por cierto, las redes de relaciones de las que somos parte, en virtud de nuestros trabajos de investigación de tipo etnográfico, que se caracterizan por la continuidad y duración de las investigaciones por largos períodos de tiempo, por la generación de lazos de confianza, por el conocimiento de las lógicas políticas y organizacionales de los diferentes grupos y colectivos, nos posibilitaron experimentar estas formas de interacción y comunicación, algunas de las cuales tampoco era la primera vez que las poníamos en práctica. Eso nos permitió echar mano a diferentes estrategias, técnicas y métodos. Conversábamos por teléfono o nos mandábamos audios con comentarios y novedades sobre el estado de situación y el día a día con habitantes de los diferentes barrios, algunos de ellos referentes comunitarios o de organizaciones sociales y políticas; con docentes y maestras de esos barrios; y con algunos funcionarios públicos conocidos que trabajaban en oficinas con asiento en esos lugares o que gestionaban asuntos que esas poblaciones requerían. Conseguimos también hacer reuniones de más de dos interlocutores para conversar por teléfono o por zoom; y con algunas personas cuando nos fue posible nos encontramos en los locales de las organizaciones –en grupos pequeños y con ventanas y puertas abiertas de par en par– o en plazas, parques y en las calles de los barrios. Gran parte de las conversaciones con funcionarios –la mayor parte de ellas a través de plataformas de comunicación virtual– estuvieron precedidas y continuadas por intercambios de correos electrónicos y envíos de enlaces a bases de datos, aunque con algunos pocos que aún estaban en territorio las conversaciones, y también las entrevistas pautadas de manera más formal, se dieron en los espacios abiertos y ventilados de sus lugares de trabajo.

En todas esas situaciones conversamos, hicimos entrevistas semi estructuradas y abiertas, y produjimos registros crónicas, e incluso evaluamos de manera conjunta con nuestros interlocutores el curso de los acontecimientos. También hicimos relevamientos colaborativos con organizaciones lo que permitió producir información no sólo sobre modos de relacionamiento con la agencia policial, sino además datos cuantitativos sobre condiciones habitacionales, laborales, familiares, sobre situaciones de salud –incluyendo, claro, salud mental–; información que, permitió a las organizaciones una mejor caracterización de la población y de los tipos de dificultades que estaban enfrentando, y facilitó la gestión de acceso a subsidios y políticas públicas de auxilio como el ingreso familiar de emergencia (IFE). Una de las experiencias de ese tipo fue el diseño de un relevamiento sobre estado de situación, conflictividades y necesidades de manera conjunta con Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), organización que nuclea mayoritariamente a quienes tienen por lugar de trabajo el barrio de Balvanera, en la Ciudad de Buenos Aires y que está ligada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).^[8] También se encaró un trabajo colaborativo para el relevamiento de información con la organización de trabajadoras sexuales AMMAR y en particular con Casa Roja con asiento en el barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires.^[9] Además, hicimos visitas a las sedes de algunas organizaciones y ámbitos de gestión comunal como juntas vecinales, merenderos, comedores y escuelas reconvertidas en unidades de Operativo DetectAR.

Dos^[10]

I. Cómo empezó

El día uno nadie respetó nada, tenían esa actitud de ‘qué me importa’. Todos en la calle, los pibitos andando en bici, jugando a la pelota. Pero a la noche siguiente hubo un cambio total. Ahora no veo a nadie en la calle, no hay un alma. No sé bien qué pasó que comenzaron a acatar. Puede ser por Prefectura. La Prefectura empezó a pasar con un megáfono avisando y la gente le tiene miedo a la Prefectura. No sé si es miedo a la policía o qué. También sé que está habiendo muchas peleas en el Facebook entre los vecinos, se acusan. Sé que hubo varias denuncias por gente que no cumplía. L: referente barrial.

La pandemia, y sobre todo la disposición del ASPO el 19 de marzo de 2020, no fue igual en todas partes. Es decir, independientemente de su alcance extendido sobre todo el territorio nacional, no implicó lo mismo, no tuvo el mismo efecto, no alteró las vidas y las rutinas de la misma forma. Ciertamente para todas las personas fue una suspensión de la normalidad acostumbrada. La vida cotidiana, las costumbres, los trabajos y los días comenzaron a verse completamente alterados. Y en algunos casos, directamente interdictos. Pero tal normalidad, así como la alteración de la vida y sus rutinas, para las poblaciones con las que trabajamos implicó además el agravamiento de un estado de situación precario en materia de acceso a derechos y de condiciones de vida. Por un lado, se agudizaron problemáticas (pre)existentes en materia de ingresos, acceso a la comida, el trabajo y la vivienda. Por otro lado, aumentaron conflictividades de distinto tipo e intensidad, que no se manifestaron de igual modo en todos los barrios ni para todas poblaciones estudiadas.

Los conflictos habitacionales en el caso de la población trans en el barrio de Constitución dieron lugar a episodios de violencia y amenazas de desalojo por falta de pago en muchos hoteles; a los que se sumaron conflictos con vecinos que se manifestaron en forma de quejas por “venta de estupefacientes”, denuncias a hoteles luego allanados por la policía, y en otros casos como agresión directa: algunas trabajadoras sexuales cuentan que un vecino las corría con un palo y que una organización, Buenos vecinos, con presencia en las Comunas 1 y 3, celebraba los operativos policiales y sus integrantes las agredían. Por su parte, los vendedores callejeros del barrio de Balvanera (Once) mencionaron agresiones físicas y daños a su mercadería, por parte de comerciantes y vecinos, cuando intentaron volver al trabajo. En tanto que, en algunos barrios se mencionó una intensificación de los conflictos en el ámbito doméstico (aumento de casos de violencia de género y familiar), así como entre grupos de jóvenes y entre jóvenes y vecinos adultos, en estos dos últimos con acusaciones cruzadas, violencia verbal y muchas veces física, llegando al uso de armas de fuego y ocasionando muertes. ^[11] También supimos que en los barrios se sucedieron asaltos a remises, Uber, motos o robos de cables realizados por los propios jóvenes residentes (Solano-PBA y Villa 21-24-CABA); asaltos y quitas de mercadería (Abasto-Gran La Plata); y robo de autos y asaltos en calle (La Matanza-PBA).

En este contexto, donde las condiciones de vida se tornaban sumamente complicadas y emergían nuevas problemáticas derivadas de las medidas de ASPO y DISPO decretadas por el gobierno nacional, el cierre de las oficinas de las agencias estatales con presencia territorial no sólo generó gran incertidumbre frente al estado de emergencia, también implicó que para estas comunidades, barrios y poblaciones la presencia del estado se redujera en muchos casos a las interacciones con policías y fuerzas de seguridad que tuvieron una presencia más intensiva y a las que se le asignó una mayor cantidad de tareas. Una buena síntesis es la que hicieron dos referentes barriales, militantes de una agrupación política con fuerte asiento territorial en la villa 21-24 e integrantes de la junta vecinal:

sin pandemia, el abuso de las policías y las fuerzas de seguridad era cotidiano, pero en la pandemia, con la autoridad del decreto, fue peor todavía. Al principio, lo que se vio fue que se dio mucho poder a las fuerzas de seguridad, podían mandarte a tu casa con violencia, tenían el poder de ponerte una patada en el orto y mandarte a tu casa. Le dieron mucho poder a las fuerzas de seguridad y esa autoridad se dio desde el Estado, en el decreto. Y se aprovecharon más con los pibes, digamos que esa fue la excusa. Porque las fuerzas de seguridad no participaron en ninguna tarea de acompañamiento a los comedores o entregas de alimentos; hicieron lo de siempre, supuestamente “prevención”. Sobre todo el primer mes de aislamiento, después fue aflojando. Se ve que desde el Estado hubo una bajada de línea para empezar a aislar al nivel de los barrios porque se dieron cuenta de que era imposible controlar la circulación.

Es decir, lo que empezaba a verse no resultaba completamente desconocido, pero estaba más intensificado y extendido, y además había aducidas razones de fuerza mayor para su imposición.

Inicialmente el importante despliegue de policías y fuerzas de seguridad orientado al control poblacional habilitó intervenciones en las que las prácticas arbitrarias y el hostigamiento fueron el formato habitual. Esto ocurría tanto en momentos de verificación de documentación y permisos para salir y entrar del barrio, como a la hora de viajar en transporte público. De hecho, varias personas indicaron un aumento de puestos policiales especialmente a las salidas de barrios y localidades, en avenidas y estaciones de trenes como así también mayor presencia de móviles policiales. Desplazarse en medios propios, autos o motos, sobre todo a lo largo de distintas avenidas que atraviesan el Gran Buenos Aires, también se tornaba un riesgo. El control en estos casos se centraba en los medios de movilidad lo que derivaba en negociaciones para evitar que quedaran secuestrados ya que son medios para desplazarse hasta los lugares trabajo o incluso la propia herramienta de trabajo. Lo que se negociaba eran sumas de dinero: “A la gente la vuelven loca con eso”, sintetizó una persona entrevistada. Estos controles en virtud de la norma por violación al decreto del ASPO dieron lugar también a la identificación de personas con pedido de captura.

Para algunas poblaciones, esto es, jóvenes, trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes, blancos habituales de prácticas abusivas y violentas por parte de las policías y fuerzas de seguridad (Pita y Pacecca, 2017; Cozzi, 2019; Pita, Corbelle y Cozzi, 2022 y Belcic, 2022), la situación fue especialmente acuciante. Los jóvenes, sobre todo varones, de barrios del AMBA y de la ciudad Rosario sin sus trabajos ocasionales, sin escuelas, sin espacios de deporte, sin poder salir del barrio –es decir, sin mayores ámbitos de sociabilidad y con su circulación limitada–, con mucho tiempo libre y tratando de estar en el afuera, en los espacios públicos y abiertos del barrio porque las condiciones habitacionales volvían la convivencia familiar muy difícil, sufrieron continuas intervenciones policiales, cargadas de destratos y hostigamientos varios. También hay registro de destratos, demoras, requisas, detenciones, hostigamiento, labrado de actas contravencionales por servicios sexuales,^[12] falta de respeto de la identidad de género, detenciones en comisarías, violencia física y labrado de actas por violación al art. 205 del Código Penal de la Nación^[13] en relación a las trabajadoras sexuales en el barrio de Constitución. Esto se vio incrementado en el caso de mujeres trans. Referentes de la Casa Roja comentaron que durante los primeros tiempos del ASPO, la policía las detenía cuando salían de sus viviendas a pasear a sus mascotas, a hacer mandados o incluso cuando iban a la sede de la organización. También comentaron que esas intervenciones policiales se fundaban en la discriminación por ser trans y eran alentadas por los vecinos. Esto también ocurrió en Mar del Plata donde se registró una intensificación de la violencia y persecución a la población trans especialmente en la zona roja de la ciudad. Es decir, en los primeros momentos de la cuarentena, para la vigilancia y el control poblacional se echó mano a normativa existente (Detenciones por averiguación de identidad, Contravenciones, Flagrancia) tanto como a otra implementada para la ocasión. Así, es posible advertir una importante cantidad de actuaciones por infracción a los artículos 205 (violación medidas de epidemia) y 239 (resistencia a la autoridad) del Código Penal de la Nación.

Por otra parte, en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad actuaron en los desalojos de ocupaciones de tierras (Rafael Castillo, Ciudad Evita y González Catán, partido de la Matanza), donde se registraron prácticas de distinta intensidad represiva: amedrentamiento, hostigamiento, armado de causas y detenciones arbitrarias de vecinos, militantes y periodistas. Aunque también los vecinos de estas localidades advirtieron del armado de causas hacia jóvenes de la región y la existencia de casos de gatillo fácil, como el caso de Lucas Verón, quien fue ultimado a balazos por policías bonaerenses en julio de 2020 en González Catán.^[14]

II. Cómo siguió

El primer mes hubo un repliegue ante el “susto” por la pandemia. La gente se quedó en sus casas, se cumplió bastante el aislamiento. Después empeoró mucho la situación económica, ya no se hizo posible sostener ese nivel de cuidado y se percibió un relajamiento. En el barrio, los comedores y los merenderos aumentaron en un 200%. Yo creo que gracias a Dios están las organizaciones sociales y por eso no hubo un estallido social. A: referente barrial, militante político e integrante de la Junta Vecinal.

Como decíamos, para los grupos y espacios sociales con y en los que hicimos trabajo de campo, la pandemia se tradujo en la modificación –y en general en el agravamiento– de las condiciones de vida. Y todas estas situaciones requirieron de diversas formas de presencia estatal. Al inicio de la pandemia, las estrategias institucionales puestas en juego para garantizar el cumplimento de las medidas del ASPO, y para posibilitar el cumplimiento de las tareas esenciales vinculadas al suministro de alimentos y medicamentos, al sector salud, a trabajadores del cuidado y a altos cargos de gobierno, transporte y seguridad, implicaron que la presencia estatal mayoritaria fuera la de las policías y fuerzas de seguridad (Faur y Pita, 2021).

Ello se revelaba razonable toda vez que esas agencias estatales cuentan con una amplia expansión territorial, con delegación del poder y autoridad del Estado y con la legitimidad para el uso potencial y efectivo de la fuerza. Y, a su vez, fue esa posición y esa prerrogativa la que habilitó a aquellos usos discrecionales y también arbitrarios, más o menos violentos y en ocasiones ilegales, que ya se describieron páginas atrás.

Luego de unos meses de aislamiento, la restricción en la circulación y la suspensión de actividades provocaron un fuerte incremento en la falta de trabajo, acumulación de deudas por alquiler y, para muchas personas y familias, se tornó imposible poder garantizar la alimentación y la salud. El impacto directo de la pandemia en la vida económica ligado a las dificultades para el desplazamiento, a la caída o directamente la cancelación de la actividad en algunos sectores y la consecuente interrupción de los trabajos, tuvo efectos directos en otros ámbitos de la vida. Así, supimos de la intensificación de eventos de conflicto intrafamiliar, y nos han relatado el incremento de episodios de violencia de género y dinámicas de violencias domésticas y familiares y el agravamiento de padecimientos de salud mental. También, pudimos saber del malestar de jóvenes sin empleo y sin espacios de escolarización o de encuentro que posibilitaran la sociabilidad entre pares. Y de la situación de las infancias, sin ámbitos preescolares, escolares o de cualquier otro tipo que permitieran su vida social extrafamiliar; y de personas de la tercera edad sin posibilidades de asistencia, contención y atención de su salud.

Consecuentemente, en la medida en que se tornó económicamente inviable permanecer en los hogares se fueron relajando las medidas de aislamiento, al mismo tiempo que emergieron toda una serie de estrategias individuales, colectivas y asociativas abocadas a aquello que denominamos la gestión de la vida, destacándose especialmente el rol protagónico que asumieron las organizaciones sociales territoriales. Ya bajo un formato de aislamiento comunitario de hecho, es decir con controles de entradas y salidas en los puntos neurálgicos de algunos barrios populares y villas; ya con una presencia y control policial ostensivo en otras zonas urbanas, podía advertirse la intensidad del trajín para garantizar el acceso a bienes y servicios básicos.

Las crecientes dificultades y el agravamiento de las condiciones de vida necesitaban de otras intervenciones estatales. Para la gestión de alimentos, para el acceso a material de limpieza y sanitario, para la asistencia en general; y luego, para la gestión de la vacunación, sobre todo para el caso de familias a cargo de una jefa de hogar con varios niños o de ancianos viviendo solos. Para estas tareas fueron los integrantes de los comedores, las juntas vecinales, las promotoras de salud de las distintas organizaciones y los comités de emergencia^[15] integrados por iglesias, fundaciones y organizaciones sociales, culturales y políticas y también vecinos comunes, quienes se organizaron para conseguir bolsones de alimentos, distribuir viandas y gestionar más ollas populares –con alimentos no siempre provistos en su cantidad necesaria por el Estado–; distribuir elementos de limpieza y aseo personal y medicinas. La Junta Vecinal de la villa 21-24, por ejemplo, fue la que tuvo a su cargo el operativo de la política pública El barrio cuida al barrio^[16], que consistía en puestos (gazebos) en los ingresos del barrio donde se distribuían barbijos, alcohol en gel, material impreso de concientización respecto a cuidados.

Los comedores y merenderos crecieron exponencialmente y en todos los casos fueron sostenidos por trabajadores comunitarios, quienes además gestionaron las demandas ante distintas agencias estatales para garantizar el acceso de la población a subsidios, programas y planes sociales (por ejemplo, integración a la campaña de documentación RENAPER). Ello se tradujo, en una sobrecarga de trabajo especialmente para las mujeres. En algunos casos, los hijos mayores de mujeres a cargo de comedores ligados a alguna organización, por ejemplo, en la Villa 21-24 La Poderosa, comenzaron a colaborar con tareas de apoyo escolar a los más pequeños. Ello así, porque debido a diferentes razones la escolarización se vio fuertemente afectada. En algunos barrios las escuelas no pudieron sostener una vinculación por medios remotos/digitales y se limitaron a encuentros cada quince días en los que entregaban a las familias y a los chicos una serie de cuadernillos de actividades y tareas junto con bolsones de alimentos^[17].

En Almirante Brown (PBA), se generaron instancias de organización etnopolítica local para gestionar ayudas en el municipio y la provincia. También se implementaron comedores, copas de leche, grupos de WhatsApp y demás iniciativas que buscaban acompañar y resolver localmente diversos problemas tales como la falta de remedios, vacunas, insumos, etc. Mientras que, en San Francisco Solano (Quilmes, PBA) y Virrey del Pino (La Matanza, PBA) se vitalizaron los circuitos comunitarios de provisión de alimentos que funcionan con mayor o menor intensidad desde la crisis de la hiperinflación de 1989. Los recursos que circularon allí provenían centralmente de la órbita estatal y, en menor medida, de otro tipo de entidades, como fundaciones ligadas a la Iglesia Católica. El saber-hacer de referentes barriales, cuyas trayectorias se remontan a comienzos de la década de 1980, resultó central en este contexto de emergencia, así como también el rol asumido por la red de medios comunitarios que, en el caso de la Villa Puerta de Hierro (Isidro Casanova, La Matanza), tuvo un papel relevante en la circulación de información y la regulación de los vínculos vecinales durante la pandemia (desde formas de prevención de contagios hasta datos sobre centros de testeo o información sobre la situación hospitalaria zonal). En el caso del barrio Ludueña de la ciudad de Rosario se destaca el rol de las organizaciones en la provisión de alimentos y la gestión de trámites para acceder a programas de asistencia frente al repliegue de las instituciones estatales en el barrio (centro de salud, escuelas, áreas de desarrollo social), el cierre de lugares de atención o la reconfiguración de su funcionamiento. Las dificultades de articulación con áreas estatales, especialmente de desarrollo social, aparecieron vinculadas no sólo al repliegue de esas instituciones debido a la pandemia, sino también al cambio de gestión provincial y municipal que produjo el cese o reconfiguración de programas y equipos.

Por otra parte, en el caso de los vendedores del barrio de Balvanera se destaca el activo rol de la organización gremial (VAIO) en la asistencia y provisión de ayudas, fundamentalmente, asistiendo a las familias de las personas enfermas por COVID y de aquellas aisladas en hoteles, solventando velorios, proveyendo de alimentos durante el aislamiento y más adelante, a través de un comedor, y gestionando subsidios estatales y ayudas económicas. Esto conllevó una sobrecarga de tareas asumidas por los referentes, quienes evalúan un engrosamiento durante la pandemia del número de vendedores en la organización y también de vendedores en el barrio. Los referentes señalan las trabas que encuentran en general cuando recurren a distintos organismos estatales (ya sea para realizar trámites o denuncias), producto de los cierres o virtualización de las oficinas (el CAJ de Once y los consulados), pero también de lo que entienden es una falta de compromiso e involucramiento de los agentes estatales con las problemáticas que les aquejan.

De manera similar, Casa Roja en el barrio de Constitución se convirtió en un centro desde donde facilitar el acceso a las prestaciones sociales del gobierno nacional y local. Se organizaron operativos, junto con la Dirección Nacional de Migraciones, para regularizar la situación migratoria y acceder por ejemplo al ingreso familiar de emergencia (IFE), Ciudadanía Porteña, Ticket Social, Plan Potenciar Trabajo y la tarjeta alimentaria. También se organizó el reparto de bolsones y viandas, a través de mercadería obtenida por donaciones particulares o por planes de ayuda alimentaria. Incluso, en ocasiones, pudimos observar cómo algunas burocracias estatales derivaban personas a la Casa Roja para la realización de trámites, tales como el subsidio habitacional.

Con la flexibilización del aislamiento, las prácticas policiales de control poblacional también se relajaron. En esta segunda etapa, las fuerzas de seguridad combinaron dos formas de intervención igualmente problemáticas desde el punto de vista de nuestros interlocutores: la inacción, omitiendo intervenir en situaciones ante las que eran requeridos (robos, bailes, partidos de fútbol y otros encuentros masivos en momentos de cuarentena estricta) y delegando en los vecinos la responsabilidad de construir acuerdos mínimos que garantizaran la convivencia barrial lo que generó un aumento en la conflictividad social; y la intervención violenta, donde antes que la gestión de los conflictos pareciera haber primado el ejercicio autoritario del poder y la demostración de fuerza. Así, por ejemplo, tal como relatan vecinos de la villa 21-24, mientras que, ante el pedido de auxilio por un enfrentamiento armado a plena luz del día, las fuerzas de seguridad descartaban cualquier tipo de intervención; en cambio, en los controles vehiculares en las arterias de circulación del barrio se mostraban sumamente activos y prepotentes.

En este sentido, la pandemia exhibió, para estos vecinos, que la decisión de no intervenir en determinados conflictos (algunos de ellos sumamente graves y riesgosos para la población) tenía menos que ver con una falta de recursos materiales y humanos disponibles y más con una ausencia explícita de voluntad: “ni prevención hacen, se quedan en las garitas. La Prefectura escucha dos tiros y se esconden en la garita, cuando hay enfrentamientos no salen”, nos dijeron al caracterizar las formas de intervención de la Prefectura Naval Argentina, “no acuden ante ningún afano, nada”. Y en el caso de la Policía de la Ciudad, “se pasan la pelota: no es mi jurisdicción, te dicen. Y ahí está el tema: si se meten intervienen mal, con violencia institucional. Y si no ni se meten, ni cuando deberían intervenir”. La omisión fue interpretada como una forma más de desprecio y maltrato por parte de las policías y fuerzas de seguridad, que combinada con lo que es visto como trato agresivo y abusivo de las otras intervenciones acabaron por cristalizar los sentidos negativos tradicionalmente asociados a las policías en este barrio.

Por otra parte, en lo que respecta a la población de vendedores callejeros de Once, cuando en agosto de 2020 algunos comenzaron a salir a vender a la calle, sufrieron incautaciones de mercadería a manos de policías de civil e inspectores de la AGC (Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). Además, los agentes policiales aplicaban contravenciones, detenciones por atentado y resistencia a la autoridad, y por Ley de Marcas. No obstante, para el mes de septiembre del mismo año se registró su disminución y una consecuente estabilización del comercio callejero en ciertas calles del barrio. A la vez, se da cuenta del inicio de negociaciones y acuerdos entre policías de calle, inspectores y vendedores del barrio, acerca de horarios y lugares en los que las autoridades les permitían realizar su actividad (Belcic, 2022). En estas negociaciones y acuerdos, se destacó el papel de VAIO. Sin embargo, pese a destacar la buena relación que estaban teniendo con los llamados policías de calle, manifiestan desconfianza e incertidumbre sobre la posibilidad de permanencia en el tiempo de los acuerdos. Esta organización además con respaldo del MTE participó de mesas de diálogo con vecinos del barrio, comerciantes y autoridades estatales. Asimismo, abogados de ese movimiento intervinieron en defensa de los vendedores ante situaciones con la policía, como parte del repertorio de recursos y acciones colectivas que suelen desplegar los vendedores cuando suceden las intervenciones policiales: manifestaciones espontáneas en las comisarías, cortes de calle, denuncias en redes sociales, entre otras.

Un rol similar cumplió la Casa Roja en Constitución, que, como nos comentó G., no sólo “comenzó a ser reconocida como institución” por la policía, sino que además el propio proceso de organización política impulsó una serie de aprendizajes que transformaron parcialmente esa relación: desde adquirir una mayor información en torno a los derechos y a los modos a través de los cuales es conveniente interactuar con la policía, hasta aprender nuevas prácticas de protesta callejera inmediata frente a una detención (avisarse inmediatamente, estar presentes, ir a la comisaría, llamar a los abogados). Otra herramienta que se generalizó entre las trabajadoras sexuales es la filmación a través de los teléfonos celulares de cualquier interacción con los agentes policiales, como una estrategia de defensa y amplificación del conflicto, ya que su circulación por redes sociales y WhatsApp les permite alertar a la organización y comprometer, eventualmente, a otros actores en su defensa. En síntesis, si bien la conflictividad fue constante a lo largo de la pandemia, la experiencia organizativa de AMMAR/Casa Roja, trazó ciertos límites a la arbitrariedad policial y generó entre las trabajadoras sexuales la percepción de que tenían una institución en la cual referenciarse y resguardarse. La renegociación de los límites del accionar policial fue permanente y el trazado de estos límites ciertamente dependiente del intenso trabajo político realizado por la organización que activó una red de relaciones frente a cada conflicto (abogados, legisladores, funcionarios en distintas áreas en la ciudad, aliados).

Por su parte, las intervenciones estatales no policiales, en general –salvo excepciones de algunas agencias o de la acción ante situaciones muy puntuales– presentaron debilidades y desempeños deficientes. Esa debilidad de la gestión pública no policial para con los sectores populares pudo mitigarse sobre todo debido al rol desempeñado por las organizaciones sociales.

Uno de los principales problemas para la gestión estatal se debió al retiro y sostenida ausencia de muchas de las agencias de su locación territorial y de su pasaje a la gestión virtual; gestión que resultaba vital para el acceso a trámites y para la producción de documentación y registro fundamental para el acceso a políticas públicas. La virtualización de la gestión acarreó muchas dificultades debido a diferentes razones. Por una parte, es claro, las dificultades ligadas a la conectividad: las limitaciones en el acceso a internet y a la velocidad necesaria. Pero también, a las exigencias de un cierto nivel de comprensión y competencias en el uso de tecnologías y lenguajes digitales; a la necesidad de contar con equipos celulares o computadoras con sistemas operativos y con capacidad para operar con ellos (equipos relativamente nuevos y actualizados); y, a su vez, al dominio de competencias y saberes en materia de lenguaje burocrático necesario para completar determinada documentación. Así, el cierre de las oficinas territoriales perjudicó notablemente el acceso de la población a gestiones relevantes como la tramitación del DNI, de certificados de discapacidad, de trámites migratorios y de planes sociales. También para la orientación para el acceso a patrocinio jurídico en casos de desalojos o deudas, y en gestiones para acceder al subsidio habitacional, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, para personas en situación de calle. También la gestión para el acceso a programas (por ejemplo, el Plan Empleo Joven) para jóvenes sin trabajo. Asimismo, trámites por asuntos de familia, muchos de ellos por demanda de alimentos. Y luego, se requería de la asistencia para la gestión de trámites clave ligados a políticas públicas para afrontar la pandemia tales como el IFE, la AUH, pensiones, etc.

Los docentes, por otro lado, desplegaron distintas estrategias para mantener el contacto con los estudiantes a pesar de las dificultades en materia de conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos, como dijimos, incluso produciendo material de tipo manuales con tareas que imprimían por su cuenta y entregaban en mano a los estudiantes.

Algunas agencias estatales, sobre todo en los primeros momentos de la cuarentena, fueron demandadas para gestionar auxilio en materia de emergencia habitacional y empleo (se destaca la agencia ATAJO del Ministerio Público Fiscal y unos pocos Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires). Todo eso tuvo un marcado impacto en las poblaciones objeto de las políticas de auxilio y asistencia y, de algún modo, reveló limitaciones y obstáculos para el acceso a derechos. En tal escenario, como se viene relatando, fueron mayormente las organizaciones sociales quienes gestionaron las demandas y completaron las solicitudes ante distintas agencias estatales para garantizar el acceso de la población a subsidios, programas y planes sociales.

Para lo extraordinario, en cambio, registramos algunas intervenciones estatales muy puntuales. Por ejemplo, el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) intervino ante un conflicto en la comunidad guaraní iwi imby de La Plata. En este caso intervinieron distintas fuerzas de seguridad en el proceso de desalojo de terrenos que les habían sido otorgados y que no pudieron ser retenidos, obligando a la comunidad a ser localizada en otro territorio. La intervención del CPAI fue imprescindible para acompañar a la comunidad en la resolución del conflicto. O bien, la intervención del gobierno local de Quilmes, durante el mes de junio de 2020, cuando se produjeron dos acontecimientos que marcaron su acción posterior: la ocupación de tierras en el barrio Los Eucaliptus, que fuera desalojada por fuerzas de seguridad, y la expansión de casos de Covid 19 en Villa Azul que determinó un cordón sanitario para impedir la entrada y salida de habitantes del lugar. Estos dos acontecimientos inauguraron un protagonismo pronunciado de la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda que implementó diferentes medidas con el objetivo de regular conflictos habitacionales, entre otras cuestiones, el aumento del hacinamiento que ocasionó la pandemia (creación del Consejo Local de Hábitat).

Autoridades y trabajadores estatales destacan que al principio del ASPO, con la suspensión de la presencialidad y los canales tradicionales institucionalizados, reorganizaron sus tareas, rutinas, formas de funcionamiento y modos de articulación y comunicación con otras áreas estatales. El relato de los propios funcionarios, y nuestros registros de sus intervenciones y actividades, pone de relieve ya las gestiones personales de algunos funcionarios y trabajadores a título personal, ya la referencia de los mismos a una gestión que caracterizan como artesanal y con lo que, desde nuestra perspectiva, refieren eufemísticamente a maneras informales de intervención, ligadas a trayectorias previas, compromisos y contactos personales y trabajo a demanda, sin mayor planificación.

Tres. Conclusiones preliminares

I. El encuadre para leer lo que pasaba en tiempo real

En este proyecto, inicialmente nos propusimos centrarnos en la descripción de los tipos de intervención -durante la pandemia de COVID-19- de las policías y de las fuerzas de seguridad en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Buscamos dar cuenta de las diferentes formas de ejercicio de la violencia en sus desempeños, así como de los valores sociales y morales en torno a ellos y, concomitantemente, la legitimación o impugnación de los mismos. Esta propuesta, ciertamente, se recostaba en el conocimiento previo de estos espacios y actores sociales de los sectores populares con los que desde hace tiempo trabajamos y que conforman lo que podemos llamar nuestro campo de investigación. Ese conocimiento ya nos había posibilitado identificar, describir y analizar las prácticas rutinarias -y también extraordinarias- de las policías y fuerzas de seguridad, sus patrones de desempeño más o menos violentos, más o menos arbitrarios, y en ocasiones ilegales. Y ese campo de investigación necesariamente nos había llevado a atender a la imbricación del poder policial en la trama social local y comunitaria. Desde allí, hemos podido dar cuenta tanto de las formas en que el poder policial gobierna y administra espacios sociales y población, como de las formas en que la militancia social y política, así como el activismo de los derechos humanos, interviene frente a esos desempeños (Pita, 2017; 2020 y 2021). Y, en gran medida, fue ese encuadre el que orientó el trabajo de los distintos equipos ligados en este nodo del proyecto. Esta línea de investigación, así construida, se tornó un mirador privilegiado para identificar y registrar las formas locales en que se articularon de manera más o menos eficiente y eficaz, o bien no lo consiguieron y así colisionaron, las políticas públicas, las tradiciones y formas de hacer propias de policías y fuerzas de seguridad, y la expertise y formas de intervención de las organizaciones sociales y políticas con fuerte asiento territorial en tiempos de pandemia.

De este modo, en tiempo real, buscamos identificar y comprender las lógicas, las racionalidades que orientaron a unos y otros actores sociales y las diversas situaciones de interacción en el hacer, en el que las prácticas y saberes dieron forma a los trabajos y los días e hicieron así a la gestión de la vida, quiero decir a la microgestión de lo cotidiano en la que se activa todo ese corpus de experiencias personales, organizacionales, institucionales, generacionales y de época, y donde se traman -en gran escala- el presente y la historia local, así como los tempos de la política. Porque, en definitiva, son todos esos actores sociales, colectivos, agencias estatales, con su saber hacer y sus poderes diferenciales los que generan determinadas condiciones de posibilidad para la gestión de la vida. Fue allí, en todos esos espacios sociales en los que hicimos trabajo de campo, que pudimos ver de qué manera organizaciones comunitarias, sociales y políticas; policías y fuerzas de seguridad, y algunas áreas y agencias estatales de diferentes campos sectoriales (desarrollo social, seguridad social, trabajo, salud, educación, etc.) y de distinto alcance jurisdiccional (local, provincial y federal) hicieron al pulso de su vida cotidiana.

II. Y lo que pudimos leer

Lo que hemos podido ver a través de la pandemia, tomada en tanto situación extraordinaria para la observación de la vida cotidiana en los sectores populares, ha desbordado nuestros objetivos iniciales toda vez que hemos podido conocer no sólo las formas específicas de gestión policial -y sus derivas en la administración de justicia, en particular en el campo penal y contravencional y de faltas-, sino también las diferentes formas de gestión de la estatalidad por parte de otras agencias e instituciones no policiales, así como el definitorio y central rol de las diferentes organizaciones sociales y la acción colectiva comunitaria.

Advertir estos diferentes desempeños y roles nos ha posibilitado evidenciar la pre-existente distribución desigual de tal estatalidad que, en la pandemia, se vio maximizada. Esto es, habitualmente la gestión de la vida para los sectores populares se ve signada por el encuentro cotidiano con las caras menos amigables del Estado; con un Estado que propone un lenguaje bastante ajeno para tratar con él y que requiere competencias y recursos de los que no siempre se dispone. Frecuentemente, la posibilidad de la vinculación con agencias estatales para así poder acceder a recursos, asistencia y atención, requiere de la intermediación de organizaciones, de colectivos comunitarios -e incluso, en ocasiones, de actores particulares con una historia de relaciones, reconocimiento y presencia sostenida en el lugar- que facilita transitar ese mundo enmarañado (Birman, Fernandez y Pierobon; 2014) que precisa de saberes y acceso a agencias y a actores específicos para navegarlos. Y aún así, el encuentro es con esas caras hostiles del Estado que suelen desplegar destrato, en ocasiones unas asistencias insuficientes, o bien, que se manifiestan a través de la inacción institucional. Todas esas caras producen esos desempeños que operan como obstáculos para el acceso a derechos y que configuran la producción y reproducción de una ciudadanía de baja intensidad (O, Donnell; 1993) que no es sino efecto del lugar social desde el que se traza el encuentro con el Estado en sus diferentes dimensiones (O’Donnell, 2008).

Y en el tiempo de la pandemia, en la particular modalidad que adquirieron el aislamiento, las interdicciones, la vigilancia y el control -y junto con ellas el despliegue de diferentes intensidades de legalidad, discrecionalidad y arbitrariedad en las formas de manifestación de las violencias de Estado-, las limitaciones, la escasez, el laissez-faire y el retiro efectivo de algunas agencias estatales no policiales en los barrios, puso de manifiesto la tendencia del mundo de la macropolítica y los gobiernos no sólo a pensar los problemas y conflictividades de los sectores populares en clave policial, sino a intervenir orientados por esa lectura, evidenciado así qué formas de estatalidad se privilegian en el trato con los sectores populares.

Fueron pocas las agencias estatales, de diverso rango y alcance, que sostuvieron su presencia física y diaria en los barrios. Y, en paralelo, se constataba a diario el despliegue de las policías y fuerzas de seguridad que, con su asignación de funciones orientada al cumplimiento de las medidas de aislamiento, veían incrementados su autoridad y poder. Mientras tanto, la retórica de la comunicación pública del gobierno nacional buscaba anudar cuidado y control^[18] como política de estado, para explicar así el despliegue de las fuerzas de seguridad y las polícías provinciales y locales. Pero, como nada ocurre en el vacío, en las villas y barrios pobres, entre los sectores populares, ese despliegue generó condiciones de posibilidad y fue habilitación para dar continuidad -e incluso extender, tal como ya describimos páginas atrás- prácticas habituales que hacen a las formas en que el poder policial gobierna y administra a la población en esos lugares. Allí, las policías y fuerzas de seguridad antes que orientarse a cuidar, llevaron adelante una vigilancia y un control que profundizaba lo que ya habían sabido hacer hasta entonces en materia de arbitrariedades, abusos y violencias.

Sin embargo, la forma en que se fue gestionando y viviendo la pandemia en estos sectores, también dio lugar a la activación o, mejor dicho, a la maximización de la intervención, para la gestión de la vida, de ese sistema nervioso que está hecho de redes de relaciones entre colectivos y organizaciones sociales y políticas. Ya desde los inicios del trabajo de campo se puso en evidencia que quienes tomaron en sus manos y llevaron adelante el control, el cuidado y la asistencia de manera comunitaria fueron las y los referentes de organizaciones sociales y políticas locales que pusieron en juego su experiencia acumulada, su legitimidad, su imaginación, y también todas sus redes de relaciones políticas. Sus gestiones e intervenciones dieron lugar a eventuales acuerdos y demandas ante y para con distintas áreas de gobierno y con diversas agencias estatales; es decir, con los mundos de la política y de las burocracias de la administración pública – fuertemente ligados- con el objeto de conseguir que los recursos, como se dice, “bajen al territorio” y -gestionar políticas públicas de asistencia local frente a la emergencia. En los primeros momentos de gestión de la pandemia hubo no sólo incremento de montos otorgados y ampliación del alcance en programas pre-existentes, sino la generación de una importante cantidad de programas nuevos: de asistencia alimentaria, de transporte público, de provisión de gas envasado, de trabajo productivo comunitario, convenios con comedores, e incluso se fortaleció y extendió mediante campañas del Registro Nacional de las Personas la documentación de la población indocumentada -tramitación fundamental para poder tornarse beneficiarios de tales políticas y asistencia-.^[19] Las organizaciones sociales y políticas centraron su trato con esa cara del Estado con la que fue y es posible, al menos, generar condiciones para el acceso a medidas de auxilio. La continuidad de la pandemia y la gestión de la vida cotidiana en el marco de los sucesivos momentos de mayor o menor aislamiento o apertura pusieron de relieve la centralidad de la plural organización comunitaria. Organizaciones de diferente origen, político, social, religioso, educativo, y las pocas agencias estatales que sostuvieron sus oficinas en los barrios y villas -ya que algunas otras se reconvirtieron al teletrabajo y asistencia remota- desarrollaron formas de asistencia y gobierno de y para su propia comunidad. El estado nacional no ignoró eso. Por el contrario, se recostó sobre esta arquitectura social existente. Es decir, se impuso y se tornó evidente el valor del saber hacer de las organizaciones y de su capacidad de gestión; esto es, de su saber orientado al gobierno de la situación.

Por cierto, tales haberes y saberes no son novedad. Sin embargo, lo notable en esta situación extrema y excepcional, han sido la eficiencia y la eficacia de la articulación entre organizaciones sociales, comunitarias, gremiales/sindicales y políticas para gestionar la vida. Hay allí, una acumulación de experiencia à la Thompson^[20] que es imprescindible considerar. Porque lo notable, en todo caso, ha sido el modo en que han leído la situación y en virtud de la cual pusieron en juego sus formas de intervención. Y también, el modo en que las diferentes agencias estatales lo leyeron y supieron -o no- qué hacer con eso.

En este sentido, el rol de las organizaciones en la gestión de la vida, en la microgestión de lo cotidiano, sostenida en su saber hacer y en una trama sociocomunitaria, fue lo que posibilitó no sólo esto tan evidente que se relata, es decir, no sólo su lugar y rol como articuladores necesarios para enlace con agencias estatales. Las organizaciones -y su tejido a modo sistema nervioso- funcionaron también, en ocasiones, como reemplazo de las agencias estatales ante sus ausencias o presencia deficiente. Así lo hicieron cuando operaron como freno de o ante la conflictividad social, es decir como una especie de stopper, calmando las aguas, interviniendo ante presencias requeridas y demorada llegada de auxilios estatales. Y fueron defensores de derechos e integridad(es) cuando debieron intervenir para trazar o marcar, y poner en evidencia, públicamente los límites al Estado especialmente en materia de violencias.

La desigual distribución de las violencias y de la (i)legalidad; las experiencias de injusticia y los destratos institucionales; es decir, esas formas concretas de la desigual experiencia estatalidad y la cotidianidad de trato con las más hostiles caras del Estado no ha impedido la acción colectiva y no ha frenado la demanda de derechos. Hay un saber adquirido sobre cómo tratar con ello. Y si algo central podemos destacar, entre tanto relevado y pensable de lo que esta investigación ha puesto en evidencia, es que lo contingente es experiencia y, también, es registro. Lo que entonces podemos hacer (que es lo que sabemos) es investigar, documentar y narrar para que la acción política sea registro histórico de una experiencia social y materia del hacer del presente. Esperamos que el registro de esta investigación permita advertir el lugar central de las organizaciones sociales y políticas con fuerte arraigo territorial a la hora de gobernar y gestionar población en espacios donde habitualmente su gobierno ha estado en manos del poder policial. Es decir, tal vez nos resulte posible detenernos a pensar en la potencia y el poder social de una alianza entre y de organizaciones (sociales, políticas, comunitarias) con el Estado. Una alianza que contribuya a la expansión de la estatalidad por la vía de la mitigación de la distribución desigual de derechos y que pueda ir más allá de aquella formulación habitual que reza “si no hubo estallido, eso se debe a las organizaciones sociales”. Porque la intensa vida asociativa y comunitaria no debe limitarse a reemplazar la insuficiente u hostil presencia estatal, lo que de este modo sólo acaba recargando sobre la propia ciudadanía el deber de dar respuesta a los problemas.

En este sentido cabe volver a (re)leer a O’Donnell (2008) cuando argumenta y así sostiene que tenemos el derecho irrenunciable al Estado^[21] pero, subraya, a un Estado que además de estar, promueva y asegure la equidad en el acceso a derechos, es decir, no a cualquier Estado, sino a un Estado democrático.

Bibliografía

Belcic, S. (2022). “La venta callejera en tiempos de pandemia. Disputas por el espacio público en Buenos Aires”. En: Revista Bitácora Urbano Territorial, Vol. 32(II), 159-170. https://bit.ly/3tvxDkA

Belcic, S. (2022). Informe de Relevamiento 2021-Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO). Buenos Aires (mimeo). El informe puede consultarse en: https://bit.ly/46JrpvO

Birman, P; Fernandes, A. y Pierobon, C. (2014), “Um emaranhado de casos: tráfico de drogas, Estado e precariedade em moradias populares”. Revista Mana, 20 (3), 431-460.

Cozzi, E. (2019) “«Arreglar» y «trabajar»: vínculos entre jóvenes y policías en Rosario, Argentina”. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, vol. 17, n. 2, pp. 1-19. DOI:10.11600/1692715x.17219.

Garriga Zucal, J. (comp.) (2023). Violencias, vulnerabilidades y fuerzas de seguridad. TeseoPress, Buenos Aires. URL: https://bit.ly/45o5adJ.
Faur, E. y Pita, M. V. (2021). “Lógica policial o ética del cuidado. Las múltiples caras del Estado”, pp. 258-271. En: Gutiérrez Cham, G.; Herrera Lima, S. y Kemner, J. (Coords.), Pandemia y crisis: El covid-19 en América Latina. Guadalajara, México, Universidad de Guadalajara y Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS),

Kessler, G. [et.al.] 2020. Relevamiento del impacto social de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN. – Comisión Ciencias Sociales Unidad COVID-19, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Buenos Aires,

Mendes De Miranda, A. P. y Pita, M. V. (2021). “Stateness/Estatalidade: Reconceptualizing Bureaucratic-Technical State Effects that Perform as Repertoires for Agency and as Radical Regimes of Abjection”. En: Amar, P. (Ed.) Rio as a Method. Duke University Press, California.

O’Donnell, G. (1997). Democracia delegativa. Paidós, Buenos Aires.

O’Donnell, G. (2001). “Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política”. En: Revista Española de Ciencia Política, núm. 11, pp. 11-3.

O’Donnell, G. (2008). “Algunas reflexiones sobre la democracia y sus múltiples caras”. En: Revista CLAD, Reforma y Democracia, n. 42.

Pita, M. V. (2021). “Olhares Cruzados Sobre a Crise”. VIII Seminário Internacional do INCT-InEAC. Rio de Janeiro, Brasil (modalidad virtual), del 7 al 18 de junio.

Pita, M. V. y Pacecca, M. I. (ed.) (2017). Territorios de control policial. Gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos Aires. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. https://bit.ly/3LUqYah.

Pita, M. V. [et al.] (2020) “Relevamiento del impacto social de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN” – Comisión Ciencias Sociales Unidad Covid-19. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Buenos Aires.

Pita, M. V., Corbelle, F. y Cozzi, E. (2022). Repertorios: perspectivas y debates en clave de Derechos Humanos. 2: Violencia institucional. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pita, M. V. y Faur, E. (2021). “Lógica policial o ética del cuidado”. En: Revista Anfibia. https://bit.ly/3rLWyjC.

Thompson, E. P. (1995). Costumbres en común. Barcelona, Crítica | Grijalbo Mondadori.

Varela, C. [et al.] (2021). Estudio diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID-19: acceso a la vivienda y violencia institucional en el barrio de Constitución. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Libro digital).

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