Una aproximación desde el uso de la tierra entre 1810 y 1950

Ronny J. Viales-Hurtado y Pedro S. Urquijo-Torres

Introducción^[1]

En el presente capítulo, efectuamos un análisis descriptivo de los cambios históricos y ambientales en la superárea geográfica de Mesoamérica, en un periodo comprendido entre la primera década del siglo xix, cuando se presenta una reconfiguración territorial a partir de los movimientos independentistas de los países de Centroamérica y México –con una fuerte orientación liberal y grandes contradicciones, así como un sesgo desindustrializante^[2] impuesto por la división internacional del trabajo en la transición hacia el capitalismo agrario–, y hasta mediar la centuria pasada, momento transicional del manejo de la tierra y los recursos hacia modelos agroindustriales de la posguerra. Proponemos una articulación entre el enfoque analítico de los cambios de usos de suelos y de cubiertas en escalas locales y regionales y la historia transnacionalista,^[3] con el fin de comprender procesos geográficos, históricos, ecológicos y económicos más allá de los contextos de los diferentes Estados nación al interior de la Mesoamérica contemporánea.

Para este cometido, cimentamos nuestra propuesta en el eje explicativo de los usos y cambios de la tierra, entendidos como los arreglos y las modificaciones que distintas sociedades realizan sobre un determinado tipo de cubierta, sea física o biológica.^[4] El análisis histórico de los cambios en los usos de la tierra permite comprender el impacto resultante de la conversión de los suelos y las cubiertas vegetales para diferentes tipos de usos humanos: agricultura, ganadería, extractivismo, poblamiento, entre otros. Ello implica el reconocimiento del deterioro ambiental derivado de los cambios radicales en los paisajes como una fuerza impulsora de reducciones de biodiversidad, ciclos hídricos y biogeoquímicos de la geografía.^[5] Es importante señalar que, al analizar los procesos de cambio, deben considerarse las condiciones de tenencia de la tierra, es decir, las formas implícitas o explícitas que certifican o justifican una apropiación territorial en el paisaje.^[6] Explicada en el esquema regional mesoamericano –sin considerar las particularidades jurídicas o normativas de cada nación–, la tenencia de la tierra responde a tres regímenes: propiedad privada, propiedad colectiva (comunal, ejidal o cooperativa) y propiedad nacional.

El cambio de uso de la tierra es un tema clave en la historia de América Latina, debido a los complejos procesos que se han presentado en los últimos quinientos años, consecuencia del desarrollo agropecuario, las actividades extractivas, las actividades forestales y, más recientemente, el acelerado desarrollo urbano y la explotación de combustibles fósiles, entre otros factores. En el subcontinente, la distribución de la propiedad de la tierra indica un aparente equilibrio, pues 33 % de los suelos en la región continental están en propiedad colectiva entre grupos indígenas y campesinos, 33 % son propiedad de los Estados nacionales, y 34 % son de particulares. No obstante, el ejercicio del poder y las relaciones asimétricas, más allá de las normas o legislaciones con respecto al uso de los suelos, generan conflictos territoriales y ambientales. La globalización y las políticas económicas del capitalismo producen demandas de recursos agrícolas y naturales que aceleran la transformación y el agotamiento acelerado de los paisajes. La agricultura contemporánea, caracterizada por los monocultivos expansivos, provoca el abandono de las parcelas y la erosión intensiva de los suelos. Además, conlleva pérdidas de biodiversidad en diferentes escalas, pérdida de resiliencia natural y el aumento de la vulnerabilidad de las sociedades.^[7] Bajo esta tesitura, se propone un recorrido panorámico por la historia de los cambios de usos y la propiedad de la tierra en la porción media de América Latina, conocida como Mesoamérica. Es importante considerar que, debido a la tendencia de los estudios publicados sobre esta temática, en algunos aspectos habrá una mayor información sobre ciertos casos de la región, lo que implica que este trabajo también funciona como una motivación para generar más estudios regionales sobre las problemáticas que se estudian.

Vale la pena explicar, a grandes rasgos, las características de la superárea mesoamericana, inicialmente propuesta y conceptualizada a mediados del siglo pasado para los estudios etnohistóricos y arqueológicos prehispánicos. Mesoamérica, tal como la definió Paul Kirchhoff en el año 1943, abarcaba, al momento del arribo de los europeos en el siglo xvi, de los 25° a los 10° latitud norte, aproximadamente, y de mar a mar en la mayor parte de su extensión.^[8] El límite norte septentrional era una frontera natural formada por los cauces de los ríos Sinaloa, Lerma y Pánuco, y, en la parte meridional, era una franja que iba del río Motagua hasta el golfo de Nicoya, pasando por el lago de Nicaragua. El criterio de delimitación de la superárea respondía a la aparente unidad cultural que mostraban las sociedades agrícolas que ahí se manifestaron históricamente, en distintos grados de complejidad, entre los años 2500 a. C. y 1520. A pesar de las diferencias temporales y geográficas, estas sociedades compartían tres elementos entrelazados:

1. un patrón de subsistencia basado principalmente en las técnicas de cultivo del maíz;
2. una tradición compartida formada por sociedades agrícolas en la extensa área geográfica; y
3. una historia sujeta a vaivenes temporales que fueron consolidando la tradición mesoamericana a lo largo de los siglos.^[9]

Si bien la definición de Mesoamérica alude a las sociedades agrícolas previas a la irrupción europea, en cuanto superárea cultural de análisis, permite reconocer procesos históricos, geográficos y ambientales más allá de los límites establecidos.^[10] La domesticación agrícola mediante los diferentes usos del suelo y cambios de cubiertas, las transformaciones paisajísticas por medio de los particulares conocimientos y tecnologías de tradición mesoamericana, así como la adaptación o incorporación creativa de nuevos elementos a dicha tradición –como la ganadería en pequeña escala o la adopción de nuevas espacies vegetales–, permiten comprender la pertinencia del enfoque regionalista mesoamericano desde distintos ámbitos y disciplinas. Ejemplo de ello son, entre otros, el reconocimiento etnohistórico de elementos de la tradición mesoamericana en áreas del noroeste de México y el suroeste de los Estados Unidos (McGuire, 1980), o las regionalizaciones económicas o ecológicas contemporáneas a través del Proyecto Mesoamérica o del Corredor Biológico Mesoamericano.^[11]

Con base en lo anterior, se construye la noción de Mesoamérica contemporánea, incluyendo todo el territorio de la actual Costa Rica, para explicar regionalmente nuestro análisis mediante un enfoque socioespacial que visualice procesos más allá de las naciones que la conforman, por lo que también se incluirán referencias al caso de Panamá. En cuanto a la temporalidad, presentamos una periodización basada en las fases de la globalización desde la perspectiva de la historia económica, para analizar luego la transición a las independencias y la conformación de los Estados nacionales, con una orientación liberal y en relación con la transición al capitalismo agrario-dependiente en la primera globalización, como determinantes contextuales del Antropoceno.^[12] En este sentido, proponemos cuatro cortes definidos a partir de los procesos histórico-ambientales que los caracterizan:

1. El legado colonial, como antecedente contextual,
2. 1810-1870, en el marco del liberalismo decimonónico,
3. 1870-1930, con la construcción del nacionalismo agrario y el intervencionismo estadounidense por medio de las empresas agrarias transnacionales, y
4. 1930-1950, con la transición hacia los modelos agroindustriales del desarrollismo económico y la intervención tecnológica y científica en el campo latinoamericano.

Es importante subrayar que, si bien nos enfocamos en procesos que se explican en una visión de área, esta comprensión resultaría parcial sin ampliar el panorama al contexto planetario y las contradicciones del capitalismo, por lo que realizamos un análisis descriptivo transescalar, de lo regional a lo global y viceversa.

El legado colonial

La irrupción europea y el establecimiento del régimen colonial trajeron como consecuencia cambios ambientales y geográficos abruptos, detonantes de nuevas realidades ecológicas y territoriales.^[13] En un principio, en el siglo xvi, las guerras de sometimiento y conquista entre los diversos señoríos indígenas y las huestes europeas, estrechamente relacionadas con las epidemias que arribaron con los españoles y para las cuales no existían defensas biológicas posibles, mermaron significativamente a las sociedades originarias. La introducción de la ganadería, sistema inédito en el continente americano, y la instauración de la minería como principal actividad económica y estructuradora de territorios, provocaron en un lapso corto cambios sustantivos en las cubiertas vegetales, en los usos del suelo y en los derechos a la tierra. El crecimiento acelerado de la actividad pecuaria inició poco después de 1519 y se desplegó vertiginosamente durante los trescientos años de Colonia.^[14] La ganadería y la minería –estrechamente interrelacionadas– delinearon nuevas fisonomías a los paisajes mesoamericanos e impusieron nuevas condiciones socioculturales y económicas a las diferentes sociedades. Prácticamente toda la organización territorial giraba en torno a los nodos mineros y a la ganadería en sus diferentes formas.

La expansión de la actividad ganadera se nutrió de tierras productivas abandonadas debido a la catástrofe demográfica, por lo que estas fueron reconvertidas en pastizales, aunque también se dio la deforestación por el carácter extensivo de la actividad.^[15] De ahí que la ganaderización también derivó en la especialización productiva en las regiones cálidas y secas de América Central: en la provincia de Panamá y Veragua, las tierras bajas del Pacífico de Nicaragua, San Salvador y Guatemala y los valles interiores de Honduras. Además de utilizarse para el consumo alimenticio (carne salada, seca, lácteos y derivados), la ganadería permitió la elaboración del sebo (para velas y para la protección de los cascos de las embarcaciones) o el cuero (para el calzado, la vestimenta, los muebles). Los bueyes se utilizaban como animales de tiro para la carga. También había un aprovechamiento del desperdicio en la ganadería –por ejemplo, para el comercio de abono–, en Costa Rica y Guatemala.^[16] Respecto a los usos del suelo para los cultivos, si bien en la colonia temprana no se presentó una ampliación significativa de la frontera agrícola prehispánica, sí se detonó una especialización productiva regional centrada en regiones económicas. Así se crearon núcleos urbanos y poblacionales cercanos a las plantaciones, aunque también existieron propietarios absentistas, que dejaban la producción a cargo de trabajadores agrícolas y que visitaban esas regiones incipientes no de manera regular, debido a la mala red de vías de comunicación existente.

El sistema de la agricultura de roza y quema utilizado por las diferentes sociedades indígenas, como régimen socioecológico orgánico dependiente de la energía solar y de la temporada de lluvias, se practicó a lo largo y ancho de la región mesoamericana.^[17] La preparación del suelo implicaba su “limpieza” total o parcial por medio de la corta y la quema; luego se daba el cultivo temporal de la base alimentaria, sobre todo de maíz, y finalmente se abandonaba el área cultivada luego de la cosecha (barbecho), donde se diferenciaba el periodo productivo (cosecha, distribución del producto) del periodo no productivo (preparación del terreno, siembra, periodo de crecimiento de los cultivos) con demandas de mano de obra diferenciadas.^[18] El sistema agroecológico de “milpa” combinó la siembra de maíz, frijoles y cucurbitáceas, además de más de 90 plantas que incluían los tubérculos.^[19] La práctica de la quema permitía la fertilización del suelo de los paisajes del bosque tropical, con nutrientes concentrados en la biomasa, por medio del fósforo y del potasio, durante la estación seca, para evitar que fueran disueltos por las lluvias. La rotación podía variar entre veinte y cuarenta años; el barbecho permitía la recuperación de bosques secundarios que permitían la polinización y la caza, sin necesidad de insumos externos.^[20]

Respecto a la minería, en la colonia temprana y en Nueva España, la estructuración del territorio y el manejo de los paisajes se articuló a partir del eje ciudad de México-Zacatecas, que atravesaba una serie de cuencas de relieve relativamente plano, separadas por pequeñas serranías en el centro-norte del territorio novohispano. El camino, conocido como Tierra Adentro, permitió la conexión entre poblaciones mineras y ganaderas. Sobre todo, permitió que el mineral extraído de Zacatecas, en el Septentrión, llegara a la capital de la colonia, y de ahí continuara su transportación hacia el puerto de Veracruz, donde era embarcado y enviado a Europa. Las redes territoriales secundarias permitieron suministrar diversos productos y recursos naturales a los nodos poblacionales principales. Por ejemplo, el maíz llegaba de Cuitzeo, Maravatío, Acámbaro y Taximaroa, en la provincia de Michoacán, de los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo, procedía el pescado salado. De Chapala y La Barca procedían el bagre y el camarón, y de Chamela en la costa occidental se obtenía el robalo. Por medio de la costa del Pacífico, arribaba el cacao, procedente de Maracaibo, Caracas y Guatemala. El trigo, fundamental en la dieta de los europeos, provenía de distintas poblaciones de la región del Bajío, igual que los recursos forestales que se utilizaban en la actividad minera. El abasto ganadero, tanto de carácter mayor –reses, caballos y mulas–, como menor –ovejas, cabras, cerdos–, así como los derivados lácteos, llegaba a las arterias territoriales del camino Tierra Adentro procedentes de San Luis Potosí.^[21]

En síntesis, la producción ganadera y agrícola de las propiedades hacendarias coloniales estaban destinadas, en buena medida, al mantenimiento y la consolidación de las ciudades y villas, y al abastecimiento de los centros mineros. Las congregaciones, reducciones o repúblicas indígenas aportaban la mano de obra en el trabajo estacional en los latifundios y las minas, y proporcionaban una agricultura basada en manejos y técnicas de tradición prehispánica, combinadas con aquellas aprendidas de los europeos. Sin embargo, a mediados del siglo xviii, las haciendas se enfrentaban a la insuficiencia de adeudos y mejores caminos, los altos costos de fletes y alcabalas, así como a la prohibición de la Corona española para exportar excedentes agrícolas, aunque esa prohibición fue superada, en distintos niveles, por medio de núcleos de comercio interregionales. A este último problema, se le agregaba el hecho de que, al interior de los territorios coloniales, existían fuertes competidores en los pueblos de indios, cuya producción se destinaba sobre todo al autoconsumo de la comunidad, a bajos precios y con buenas cosechas. Para contrarrestar esta situación, muchos terratenientes construyeron grandes trojes para el almacenamiento de granos, que les permitieron aguardar las temporadas de bajas cosechas y entonces fijar ellos los niveles de precios.^[22]

En el siglo xviii, con el arribo de la familia de los Borbones a la casa reinante en España –particularmente durante el reinado de Carlos III–, se instauró una nueva política que buscaba el fortalecimiento de la administración colonial. Desde una perspectiva territorial, las Reformas Borbónicas trajeron consigo una reorganización jurisdiccional en las colonias hispanoamericanas, con el fin de canalizar los beneficios económicos de las distintas regiones, de manera más directa hacia la Corona y con menor intervención de las instituciones coloniales. Las reformas fomentaron así intercambios directos con la península ibérica, transformando el sistema impositivo para aumentar los ingresos fiscales y, complementariamente, para intensificar la defensa militar con la finalidad de contener las actividades comerciales y militares de los ingleses en las costas centroamericanas, que se realizaban por medio del “comercio ilícito”.^[23]

En la Nueva España, el territorio se estructuró a partir de las intendencias, que funcionaron, a partir de entonces, como regiones económicas y políticas cuya autoridad principal –el intendente– era nombrado directamente por el monarca, sin intervención del virrey. De esta manera, el territorio novohispano se reconfiguró en doce intendencias (México, Puebla, Veracruz, Antequera, Mérida, Guanajuato, Michoacán, Guadalajara, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Arizpe) y cuatro gobernaturas (Nueva California, Vieja California, Nuevo México y Tlaxcala).

En Centroamérica, por su parte, la élite colonial guatemalteca reforzó su poder por medio del control sobre el financiamiento de los tres productos más importantes del istmo hacia finales del siglo xviii: la plata, el añil (índigo) y la ganadería, lo que les permitía controlar los precios. Además, se transmitían los problemas de la producción a los productores, mientras que el beneficio económico era controlado por las elites mercantiles que también controlaban el poder.^[24] Al final del periodo colonial, el añil fue el producto de mayor dinámica en términos de exportación que permitió la acumulación de capital para el despegue de la ganadería, debido a la demanda para el tinte natural en Europa. Este se producía en el Reino de Guatemala, que incluía el territorio de las actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, así como el actual estado mexicano de Chiapas, y la demanda se reforzó por la calidad del producto. Las exportaciones centroamericanas alcanzaron las 921.425 libras en la década final del siglo xviii.^[25] Para el caso del Pacífico Norte de la actual Costa Rica, se dio la coevolución entre las sabanas arboladas y el ganado criollo, entre 1750 y 1892.^[26] En toda la región, cazadores y pescadores también presionaban sobre los ecosistemas marítimos.^[27]

En Mesoamérica, durante el periodo colonial, la relación entre sociedad y naturaleza sufrió el impacto de los europeos sobre los hábitats, así como la transformación de los ecosistemas por parte de los españoles. Como resultado, la flora y la fauna europeas invadieron y transformaron la naturaleza autóctona por medio de la introducción de malas hierbas, animales domésticos y gérmenes, de la presión para la roturación de nuevas tierras, en función de las necesidades reproductivas y comerciales, y con la introducción de enfermedades para las cuales las poblaciones autóctonas no tenían defensas, por lo que causaron una catástrofe demográfica que, según estimaciones, pudo disminuir la población indígena hasta en un 75 % o 90 %.

Los procesos de antropización anteriores a la Conquista generaron presión sobre la naturaleza, pero los factores culturales mitigaron en alguna medida esta presión: la valoración del suelo, el bosque, el agua y su ciclo de vida se fundamentaba en la idea de que su conservación implicaba prolongar la vida de las poblaciones autóctonas; dicha visión se rompió con la llegada de los colonizadores, quienes concebían la naturaleza como un recurso prácticamente “ilimitado” en un contexto de una relación positiva entre población y recursos. Antes de la Conquista, ya existían procesos de erosión y de deforestación que implicaron el deterioro de los paisajes,^[28] pero no cabe duda de que el deterioro de la naturaleza se incrementó con la lógica de rapiña de la Conquista y el proceso de colonización.

En México, la actividad minera se desarrollaba a partir del ciclo energía-agua con una alta demanda de energía exosomática, lo que implicó la explotación de los bosques y la deforestación y la destrucción de ecosistemas para suplir la demanda de las fundiciones. El agotamiento de las fuentes de agua y de leña implicó el abandono de las minas. Ya desde 1546, el virrey de Nueva España llamaba la atención sobre el descenso en la oferta de combustible de origen vegetal en el valle de México.^[29]

Transición entre el periodo colonial, la independencia política y las transformaciones en los usos del suelo, 1810-1870

En el periodo 1810-1870, se dio un proceso orientado hacia la “simplificación radical” de los paisajes, de la construcción social de los agroecosistemas predominantes (cafetalero y bananero), del agroecosistema ganadero y del extractivismo en la transición al capitalismo agrario dependiente.^[30] Los cambios en el uso de la tierra se vincularon con el contexto del proceso de formación de los Estados nacionales en la región mesoamericana, pero este también significó cambios sustanciales en materia económica, es decir, de transición hacia el capitalismo agrario-dependiente, en los inicios de la primera globalización (1870-1930). Dichos cambios estaban marcados, inicialmente, por el legado colonial. La restructuración institucional y jurisdiccional implantada por las reformas borbónicas estuvo aparejada de una profunda reorganización económica.^[31]

En la subregión de Centroamérica, la principal beneficiaria de dichas transformaciones fue la élite colonial guatemalteca, que incrementó su poder e influencia gracias al control que ejerció sobre el financiamiento de las tres principales actividades económicas del istmo hacia finales del siglo xviii: la plata, el añil (índigo) y la ganadería. El producto que ejerció un mayor peso en la dinamización de la economía centroamericana fue el añil, cuyas ganancias se reinvirtieron en actividades altamente rentables en esa época, como la ganadería. El auge añilero se generó gracias a la elevada demanda en el mercado de tintes europeo en pleno auge industrial. El comercio del tinte se incrementó de manera vertiginosa en las décadas siguientes y no fue sino hasta 1799 cuando comenzó su descenso.^[32]

El incremento en la producción de añil como producto motor de la economía del Reino de Guatemala incentivó la especialización productiva inter e intrarregional. A grandes rasgos, diremos que, en el espacio económico mesoamericano de ese periodo, guiado por el predominio de la producción salvadoreña de añil, las provincias de Honduras, Nicaragua y Guatemala suministraban el ganado del que se obtenía carne para la alimentación de los trabajadores y el cuero para la elaboración de los “zurrones” para enfardar el polvo tintóreo. Algunas áreas guatemaltecas se especializaron en ropa de tierra, maíz y trigo, mientras que la provincia de Costa Rica observó un ciclo corto, pero relativamente dinámico, de producción de tabaco que se comercializó hacia Nicaragua y Panamá, al tiempo que en Honduras tuvo lugar una explotación intensiva de la minería de plata. Esta dinámica económica, que no tuvo precedentes, generó una concentración de los beneficios económicos en la élite comercial guatemalteca, que pronto derivó en tensiones con los productores de las provincias alentando el separatismo que se experimentaría durante el proceso de soberanía independentista.^[33] En otras palabras, los gobiernos de los países que nacieron con la independencia se concentraron en encontrar, por sí mismos, un producto que les diera un lugar en la economía planetaria.

Tras el decaimiento del comercio añilero y la consecuente desarticulación de los encadenamientos productivos asociados a la producción y comercialización del tinte, las nacientes repúblicas centroamericanas buscaron incesantemente insertarse de manera estable y constante en el mercado mundial en pleno proceso de articulación mediante estrategias variadas.^[34] Guatemala se concentró en la explotación de la grana, superando a México como el mayor exportador para el mercado británico a mediados de la centuria –aunque el ciclo decayó hacia 1890–. Honduras y Nicaragua, si bien continuaron enfocándose en los productos que habían observado su auge en el epílogo colonial como lo eran la ganadería y la minería –plata y oro, principalmente–, ampliaron su oferta exportadora con zarzaparrilla y las siempre demandadas maderas preciosas, así como de diferentes productos forestales, otrora carentes de valor mercantil, como el hule.^[35] Lo anterior supuso el aprovechamiento de las redes de comercialización de maderas y otros productos, pero también de las nuevas relaciones comerciales que suponían la inserción formal y “definitiva” de los países centroamericanos en el mercado mundial como exportadores por excelencia de materias primas y bienes finales de relativo escaso valor añadido a cambio de bienes industriales de alto valor.^[36] Nuevos hallazgos sobre los ciclos de exportación de tintes naturales, en el caso de Costa Rica, aportan evidencia sobre la continuidad del ciclo, en menor cantidad, después de la expansión de los tintes químicos artificiales, dada su utilización para teñir cierto tipo de textiles.^[37] Lo anterior trajo, además, la desarticulación y reorganización de las regiones, que provocó importantes desequilibrios ecológicos dadas la pérdida de biodiversidad y la consecuente vulnerabilidad de los paisajes. En el continente americano, las relaciones de las sociedades locales y sus naturalezas comenzaron a determinarse “desde afuera”.^[38]

En México, las políticas liberales y económicas tuvieron consecuencias importantes en materia de tenencia de la tierra. A mediados del siglo xix, se consolidó una ideología política que ponderaba sociedades de individuos libres e iguales ante la ley. Ese liberalismo decimonónico ponderaba la figura de pequeños propietarios de tierras entre los que no podían existir distinciones de clase o etnia. Este posicionamiento fue adoptado por diferentes gobiernos y planteaba la culminación de las añejas instituciones coloniales; por ejemplo, en el caso de México, se cuestionó la legitimidad de la propiedad comunal indígena. En el caso de los pueblos de indios, se argumentaba que, si bien estas figuras territoriales habían mostrado posibilidades de autogobierno en escala local, el régimen colonial español los había sometido mediante un control excesivamente paternalista que inhibió sus capacidades.^[39] Por otro lado, los diferentes gobiernos promovieron los cultivos de productos bien cotizados en el mercado exterior, tales como café, cacao, viñas, olivo, lana, algodón, caña y, desde luego, maderas preciosas. También, en esas primeras décadas de vida independiente, algunos países aprobaron leyes para la repartición y colonización de terrenos baldíos entre ciudadanos o extranjeros interesados. La política abierta de establecimiento de colonias mostró su inconveniencia particularmente en el contexto del expansionismo norteamericano y del neocolonialismo europeo.^[40]

Por otro lado, en las tres últimas décadas del siglo xix, la minería mexicana mostró un auge inusitado, en el marco del aumento de la demanda internacional de metales para la industria –tales como el cobre, el plomo, el zinc y el antimonio–, la necesidad de combustibles fósiles –carbón y petróleo–, así como el oro como objeto de cambio. La política liberal del periodo suprimió muchas de las trabas fiscales de la primera mitad del siglo y promovió la inversión, exploración y explotación extranjera, sobre todo de capital estadounidense, pero también británico, alemán y francés. Ello significó, de forma paralela, el establecimiento de una extensa y compleja red ferroviaria en el territorio mexicano que permitió vincular a los principales enclaves mineros con los espacios agroproductivos, las principales ciudades y los puertos.^[41]

En el siglo xix, la aparición del café fue lo más novedoso en términos económicos en la Centroamérica posindependiente. Primero, Costa Rica experimentó los beneficios económicos del producto al colocarlo con éxito en el mercado internacional y al afianzar sus lazos comerciales con Gran Bretaña. Hacia la década de 1850, el café ya había creado una élite productora en el Valle Central de Costa Rica que consolidó la concentración de la economía del país en ese producto.^[42] Luego, en la década de 1870, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y, en menor medida, Honduras se unieron a la producción de café.^[43] Más adelante, hacia finales del siglo xix y principios del xx, el banano se vinculó con esa economía, los beneficios del despegue económico generado por esos productos agrícolas pronto fueron limitados.^[44]

Más limitado fue el desarrollo social producido por esa transformación económica. Por eso, lo más claro en la región desde la independencia fue la continuidad de la exclusión y la desigualdad social. En la región de Mesoamérica, como en casi toda Latinoamérica, el contexto de liberalismo económico llevó al surgimiento de conflictos distributivos, sobre todo en lo referente a la tenencia de la tierra y a los salarios agrícolas en los paisajes rurales. Si bien es cierto que las instituciones coloniales españolas obstaculizaron el comercio interno y que no se destinaron recursos de la Corona para la educación de las poblaciones locales, como sucedió en el caso de las colonias anglosajonas,^[45] la desigualdad social se acentuó después de los procesos de independencia, con la presión sobre las tierras de propiedad colectiva de los indígenas y la titulación desordenada de las tierras públicas.^[46]

Sobre esto último, el caso de México es ejemplificativo. A mediados del siglo xix, la tercera parte de las tierras cultivables eran propiedad de la Iglesia católica, la cual controlaba, además, a un número importante de campesinos mediante la figura de aparcería agrícola: un contrato por el cual la Iglesia prestaba sus predios rústicos a algunos campesinos para que los trabajaran, a cambio de otorgarles una parte de las cosechas. Además, a través de préstamos hipotecarios, el clero mostraba una fuerte influencia sobre los pequeños propietarios rurales. Entonces, el gobierno liberal aplicó las Leyes de Reforma –en particular la Ley de Desamortización de 1856 y la Ley sobre Nacionalización de los Bienes del Clero Secular y Regular de 1859–, que retiraron la capacidad legal a la Iglesia para adquirir bienes que no fueran para el objeto de la institución, e hicieron que pasaran a propiedad de particulares alrededor de 40.000 propiedades eclesiásticas.

Los liberales buscaron con esta política impulsar una burguesía fuerte e independiente; no obstante, las consecuencias fueron otras: se erigió una élite latifundista y excluyente.^[47] De esta forma, se consolidó un grupo importante de propietarios de latifundios. En esta etapa también se presentó un creciente intercambio comercial internacional, sostenido en la expansión de las tierras agrícolas y ganaderas, el desarrollo de infraestructura –particularmente ferroviaria y portuaria– y el crecimiento urbano en las principales ciudades. Es importante señalar que la expansión agrícola no necesariamente se debió al aumento de las pequeñas propiedades que pretendió el proyecto económico del liberalismo decimonónico, sí más en un procedimiento plagado de irregulares –cuando no fraudulentos– respecto a la enajenación, los deslindes o las colonizaciones de grandes porciones de tierras a manos de unos cuantos latifundistas.

La rapiña. Consolidación, crisis y reconfiguración del estilo de crecimiento liberal, 1870-1930

El “modelo agroexportador” o export led growth en América Latina, y en particular en América Central, se caracterizó por la dependencia del mercado internacional y por la concentración de capital y del crédito en manos de la denominada “oligarquía cafetalera” y de las compañías transnacionales y sus socios, principalmente la United Fruit Company (UFCo).^[48] Además, detonó la monoexportación, con una tendencia al monocultivo y al incremento en las importaciones y la dependencia fiscal de los impuestos indirectos a las importaciones y en poca cuantía a las exportaciones, de carácter regresivo, al menos hasta 1950.^[49] Este estilo de crecimiento transformó la naturaleza bajo un modelo de rapiña, que potenció la consolidación del régimen socioambiental agroindustrial.

La demanda creciente de productos tropicales se relacionó con la Revolución Industrial y con el aumento en las rentas reales en Europa y en Estados Unidos, con la consecuente división internacional del trabajo que forzó a la vinculación de Mesoamérica con el mercado mundial mediante un estilo de crecimiento guiado por las exportaciones, fundamentado en dos productos “estrella”: el café (entre 1850 y 1930) y el banano (entre 1880 y 1950).

El proceso de las reformas liberales de finales del siglo xix, basadas en una ideología liberal y en una visión de progreso legitimadora de la transformación de la naturaleza por parte de la sociedad, se orientó a la eliminación del marco institucional heredado del periodo colonial, para crear las condiciones que permitieron la implantación y el desarrollo de un mercado de la tierra, del trabajo y de otros factores productivos, así como de la preeminencia de la propiedad privada de la tierra.^[50] De esta manera, América Latina y sus recursos naturales bióticos y abióticos fueron incorporados de manera abrupta a la economía-mundo europea, por la vía de las necesidades y demandas de la monarquía española y más adelante por medio de la inserción definitiva de la región al mercado mundial.^[51]

En las últimas décadas del siglo xix, eran notorias las diferencias y disconformidades sociales, la insostenibilidad del régimen elitista y las crisis económicas derivadas, en buena medida, del acaparamiento y monopolio de la producción, de los recursos naturales y de los servicios ambientales. De forma temprana, en ese contexto de incertidumbre e inconformidad social, se fueron gestando los proyectos rurales y de tenencia de la tierra que se manifestaron en la primera década del siglo xx. En México, para principios del siglo xx, 50 firmas de compañías deslindadoras tenían en su dominio más de 45 millones de hectáreas, correspondientes a la cuarta parte de la superficie nacional. La inmensa mayoría de los terrenos puestos a la venta fueron adquiridos por hacendados y por compañías mineras y ferroviarias. Así, para la primera década del siglo xx, el 1 % de la población poseía 97 % del territorio mexicano.^[52]

En términos del Antropoceno, en este periodo se construyó un régimen ambiental liberal, que implicó la combinación de un conservacionismo utilitario de los bosques ribereños para garantizar el abastecimiento hídrico de poblaciones y los “productos estrella” del capitalismo agrario dependiente, con una lógica opuesta con respecto a otras formas tradicionales, consuetudinarias, colectivas y notoriamente más sustentables de relación con el medio biofísico natural, que tendría diferencias entre los países de la región mesoamericana.^[53]

En el norte de México, los pueblos yaquis mostraron resistencia ante el despojo de las tierras comunales por parte del gobierno y las compañías deslindadoras, lo que derivó en una intervención militar y en la deportación masiva a la península de Yucatán, en el sureste, donde los yaquis trabajaron en un régimen de semiesclavitud en las haciendas henequeneras. Las graves condiciones en las que vivían los trabajadores de los latifundios yucatecos y la campaña de exterminio de los yaquis fueron reportadas por el periodista estadounidense John Kenneth Turner, en su libro México bárbaro.^[54] También en la península yucateca, el incremento de la producción de henequén redujo el número de tierras destinadas a trabajadores acasillados, por lo que la mayoría de ellos pasó a depender del latifundista propietario para la subsistencia cotidiana. La situación se complicó cuando el precio del henequén cayó en la primera década del siglo xx. Asimismo, ante los despojos de tierras, muchos campesinos en México emigraron a los Estados Unidos o se incorporaron al trabajo minero. No obstante, en el contexto de la recesión que padecieron diversas industrias norteamericanas, el gobierno estadounidense decretó el retorno de los trabajadores mexicanos en 1908. Al año siguiente, en 1909, la industria minera entró en crisis y muchos trabajadores fueron despedidos. En ese mismo momento, se perdieron las cosechas norteñas de maíz.^[55] En esta tesitura, se gestaron los proyectos agrarios sociales y de tenencia de la tierra mexicanos, que se establecieron constitucionalmente tras el periodo de la Revolución mexicana (1910-1920).

En 1911 México exportaba otra forma de energía primaria –el petróleo– e importaba el capital requerido para crear proyectos hidroeléctricos que proporcionaran una forma de energía secundaria –la electricidad– que se procuraba que cambiara la vida cotidiana de muchos mexicanos.

Vista desde la perspectiva energética, la Revolución mexicana (1910-1920) representó un periodo de cambio, toda vez que la base de energía primaria empleada pasó de ser biológica para depender de combustibles fósiles. Pero la transición fue variable, contestada y prolongada, dando lugar a fenómenos contradictorios. Actualmente los efectos de la transición son visibles a escalas locales y planetarias y toman muchas formas: contaminación, cambios climáticos, desechos plásticos, entre otras.^[56]

La organización territorial mexicana contemporánea, la restructuración de la propiedad colectiva y la regulación en los cambios de los usos de suelo en escala local fueron en buena medida consecuencia de los postulados ideológicos de la Revolución mexicana y de una reforma agraria sin precedentes derivada de esta. Los gobiernos posrevolucionarios otorgaron tierras a los campesinos mediante la figura del ejido, como una medida de reivindicación social necesaria, aun cuando no estuviera en los planes el fomento a la propiedad colectiva, pero que evitaba la extensión de la lucha armada. Las cifras históricas son indicativas al respecto: a principios del siglo xx, menos de dos mil familias eran propietarias del 87 % de la superficie territorial de la nación; para finales de la década de 1980, había más de cinco millones de ejidatarios. En la actualidad existen más de 29.400 núcleos agrarios –contabilizando ejidos y tierras comunales–, superando el centenar de millones de hectáreas, equivalentes al 50 % del territorio mexicano.^[57]

La Constitución mexicana, promulgada en 1917, planteaba una reforma agraria radical. Se declaraba, por un lado, el derecho de restitución de tierras de propiedad comunal o el repartimiento entre los pueblos; por otro lado, declaraba nulas las enajenaciones, las concesiones, las composiciones, las ventas de tierras y los deslindes realizados a partir de la Ley Lerdo de 1857.^[58] El decreto constitucional derivó en las dos figuras de tenencia colectiva mexicanas: primero, la restitución de tierras dio origen a la comunidad agraria, que en términos generales coincidió con la figura de los pueblos indígenas coloniales; segundo, la dotación de tierras a los antiguos peones de las haciendas y los arrendatarios originó el ejido.^[59]

Además de los grandes latifundistas, el reparto de tierras entre los antiguos peones o arrendatarios representaba una amenaza latente para otro tipo de personajes rurales. Se trataba de pequeños propietarios privados, pero económicamente empobrecidos, con fuertes lazos con el catolicismo institucional, asentados sobre todo en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Querétaro. Este tipo de propietario –conocido como “ranchero”– tenía fuertes razones para desconfiar de la reforma agraria: sus tierras, aunque de mala calidad, podían ser objeto de expropiación por parte del gobierno, el cual podría preferir quitarles sus terrenos a ellos en lugar de a las élites terratenientes –conformadas por miembros del antiguo régimen o de generales revolucionarios del nuevo gobierno–. La tensión fue todavía mayor, pues el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928) emprendió fuertes ataques contra la Iglesia católica –con un enraizado liderazgo moral entre las sociedades rancheras–, cerrando templos y suspendiendo los servicios. Ello provocó, en 1926, un nuevo levantamiento agrario conocido como Revolución Cristera.^[60]

En 1934, el general Lázaro Cárdenas del Río alcanzó la presidencia de México e implantó la reforma agraria manifiesta desde la Constitución de 1917. Para Cárdenas, el ejido era la estructura territorial más adecuada para satisfacer las necesidades de los poblados rurales, mediante el establecimiento de comunidades fuertes que procuraran una distribución equitativa de las riquezas de los suelos. Con esta postura, se constituyó en ese mismo año el Código Agrario, una radical normatividad a partir de la cual se erigió el concepto políticamente neutro de “núcleo de población” para referirse a los grupos sociales que recibieran tierras, ya sea por datación o por restitución.^[61] Asimismo, el Código distinguió por primera vez entre las tierras ejidales de uso común, como los bosques y pastos, y las parcelas para el trabajo agrícola individual de los miembros del ejido.^[62] Se estableció también que las parcelas no podían ser menores a cuatro hectáreas de riego y que las dimensiones de la pequeña propiedad privada, inafectable por la reforma agraria, eran de 150 hectáreas de riego y 300 de temporal, reductibles únicamente hasta en un tercio cuando así lo exigieran las necesidades de los pueblos. En síntesis, se expropiaron más de 20 millones de hectáreas de las élites latifundistas y se beneficiaron alrededor de 800 mil familias mediante el reparto de tierras. Un 40 % de las resoluciones presidenciales y el 30 % de los campesinos beneficiados entre los años de 1915 y 1966 se ubican en el sexenio cardenista (1934-1940).

Por otro lado, si bien la Constitución de 1917 estipulaba que la explotación de los recursos del subsuelo correspondía al Estado, siempre en beneficio de la nación, en la práctica la participación de las empresas extranjeras era lo habitual desde el siglo xix. Las compañías petroleras, principalmente de capital estadounidense y británico, extraían el recurso de distintos emplazamientos mexicanos en el territorio, principalmente en las costas del golfo de México. En el año 1938, ante las crecientes quejas y movimientos de los trabajadores, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria y el establecimiento de la empresa paraestatal PEMEX.^[63]

Hacia mediados del siglo xx, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano poscardenista optó por recurrir a dos acciones que repercutieron en el ámbito rural. En el marco bélico internacional, proclamó una política de “unidad nacional”, lo que implicaba aminorar los conflictos internos generados por las reformas cardenistas y el reparto agrario.^[64] Asimismo, se definieron las bases del desarrollo urbano-industrial, marcando a las regiones rurales como ámbitos primarios proveedores de materias primas y mano de obra para los sectores secundarios y terciarios. La vida rural se redujo entonces a la producción y organización social que se establecían en las ciudades. La agricultura dejaba de ser propiamente campesina para transitar hacia la agroindustria comercial. En materia legislativa, finalmente, se estableció un nuevo Código Agrario, en 1942, que otorgó mayores garantías a la pequeña propiedad, y se crearon títulos parcelarios para los ejidatarios.^[65] En este contexto, los procesos de deforestación se incrementaron. Su impacto ambiental se hizo evidente por la erosión de los suelos, por los cambios en la composición de la vegetación y, como consecuencia de ello, las modificaciones de las condiciones climáticas, y por la pérdida de especies de plantas y animales, así como la proliferación de algunas plagas. En términos de los recursos hídricos, se afectaron los mantos superficiales y las aguas subterráneas. También desaparecieron microorganismos.^[66]

En Centroamérica, el cafetal fue policultivista desde sus orígenes, y los sistemas de cultivo incorporaron la sombra regulada.^[67] Esto influyó en un uso de la tierra menos fragmentado, con la lógica de mosaico, con una mayor biodiversidad asociada.^[68] La expansión de la plantación cafetalera fue consolidando haciendas y procesos de colonización agrícola por parte de campesinos y pequeños productores, donde había frontera agrícola abierta y donde fueron confinándose las poblaciones indígenas, que también implicaron la producción para la reproducción social y para la subsistencia. Ahí se cultivaba maíz, arroz, frijoles, tubérculos, banano, plátano (Musa Balbisiana), chayote, ayote, caña de azúcar y frutas tropicales, y se practicaba la caza y la pesca,^[69] tradiciones milenarias en Mesoamérica, que también generaron presión sobre la naturaleza, pero en menor escala que la ejercida por los cultivos comerciales.

El café necesitó de un proceso de transformación para ser comercializado, ya fuera por vía seca o por vía húmeda.^[70] El método de beneficiado seco limitó la contaminación de las aguas, y la broza del café era esparcida y utilizada como abono natural. Después de la segunda mitad del siglo xix, la técnica de la siembra del café con sombra resultó algo positiva, al proteger contra la erosión y sedimentar muchas tierras que anteriormente se encontraban cubiertas de pastos o plantas herbáceas.^[71] El beneficiado húmedo produjo grandes cantidades de deshechos, principalmente broza y aguas mieles, que fueron lanzados a los ríos, por lo que desarrollaron procesos de contaminación. Las elevadas temperaturas y la abundancia de lluvias provocaban una actividad bacteriana intensa en los suelos y en los bosques tropicales, el café debía coexistir con una variedad de especies, y la construcción del agroecosistema cafetalero implicó transformaciones importantes como el incremento en la luminosidad, en la temperatura del suelo y de la atmósfera, el incremento en la intensidad de los vientos, la disminución de la humedad del suelo y del potencial para infiltrar, el aumento de la escorrentía, la disminución del PH del suelo, y procesos erosivos, ya detectados como preocupación en la década de 1930. Ante el empobrecimiento de los suelos, se emplearon abonos y otros insumos para restituir sus nutrientes. Se utilizó estiércol de vaca y otros abonos orgánicos, como el guano, los huesos, los polvos de pescado, las tortas de aceite, la cal, las carnes molidas y las cenizas de la leña, práctica extendida desde la historia antigua de América. También se utilizaron “abonos verdes”, sobre todo a partir de la utilización de leguminosas, pero luego se emplearon insumos químicos.^[72]

El proceso de modernización cafetalera tuvo lugar entre 1880 y 1920. En el caso de Costa Rica, implicó la generalización de la sombra regulada, la incorporación al suelo de cáscara de café y otros residuos orgánicos, así como la importación de guano, nitratos y otros fertilizantes para compensar la pérdida de nutrientes de los agotados suelos cafetaleros.^[73] Existió una preocupación estatal por sistematizar los datos climáticos y especialmente los referentes a las lluvias, actitud que era consecuente con la relativa dependencia de la agricultura de exportación costarricense a las condiciones edafoclimáticas, dadas sus escasas importaciones de insumos energéticos externos con miras a elevar los rendimientos productivos, y a los impactos de los fenómenos del Niño y la Niña, así como a la evolución temporal de las precipitaciones.^[74]

La cosecha de café se practica generalmente en época seca, con ríos transportando poca agua, por lo que se forman pozos combinados con las mieles no tratadas, que producen malos olores, bacterias, hongos, nemátodos, insectos; se afecta la vida acuática. La broza del café se lanzaba a los ríos y entraba en estado de putrefacción, a pesar de algunos intentos por minimizar este impacto, por medio de la utilización de la pulpa como abono y como combustible en los beneficios de café.^[75]

El agua se utilizaba para el lavado del café y como fuerza motriz de la maquinaria del beneficio, de ahí que se consideraba un bien preciado y relativamente escaso, por lo que se debían gestionar permisos con el poder local para su utilización. Este uso competía con el uso del agua para el consumo humano. La escasez de agua se asociaba con la deforestación, especialmente en las orillas de los ríos, por lo que surgió un tipo de legislación para frenar y para reforestar, se establecieron multas y hasta existieron guardabosques, pero las dimensiones del problema fueron en aumento, por lo que también se tomaron medidas para no afectar la salud pública.^[76] La conflictividad social que se ha logrado registrar se vincula con el efecto acumulativo de la contaminación de los ríos por los desechos de la actividad cafetalera.^[77]

En el caso de las plantaciones bananeras, en términos del Antropoceno, hay que considerar que la evolución de la relación entre sociedad y naturaleza implicó la transición de un sistema de bajos insumos a uno intensivo en mano de obra y capital donde interactuaron personas, plantas y patógenos.^[78] En este proceso, bajo los preceptos del liberalismo económico de finales del siglo xix y de su visión de modernización y de transformación de la naturaleza, las plantaciones bananeras desviaron ríos, destruyeron humedales, inundaron terrenos para combatir las enfermedades del banano y degradaron los suelos.^[79] A partir del último tercio del siglo xix, el cultivo del banano en Centroamérica condujo a una transformación paulatina en el paisaje. Los bosques abrieron paso a las extensas plantaciones de la fruta tropical, y esto generó erosión genética al sembrar una única variedad de banano, situación que luego potenció el contagio de enfermedades, que implicaron alteraciones en la naturaleza. El éxito del banano no solo radicó en la disponibilidad de tierras fértiles, sino también en las interconexiones que se pudieran establecer en las fincas bananeras y entre ellas. Para la UFCo., la escogencia de sus terrenos no solamente dependió de la fertilidad, sino también de otros elementos, entre estos la apertura de caminos y el eventual riesgo de daños por inundaciones o huracanes. En la construcción de caminos, principalmente de ramales del ferrocarril, la UFCo. se aprovechó de un servicio ambiental: la madera.

El paisaje bananero inicial fue un tanto caótico. Los bosques yacían en el suelo y solo las limpias constantes, por parte de los trabajadores bananeros, y el tiempo, que se encargaba de podrir los troncos, hicieron posible la conformación de un nuevo paisaje: el de plantación. El empleo de la tierra fue predominantemente agrícola, pero también hubo otros usos, como el forestal, pues ni la empresa ni los productores privados arrasaron con todo el bosque de la región, el uso para fines constructivos, como caminos, puentes, muelles, puertos, edificios administrativos, casas para trabajadores y peones, o el uso de la tierra para convertirla en potreros, pues, durante el primer ciclo bananero, la fuerza animal se utilizó constantemente para cargar la fruta, por lo que debían dedicarse espacios para estos animales de carga.

En un primer momento, la planta de banano casi no tuvo que competir con otras especies por los nutrientes del suelo, pero luego una serie de elementos químicos fueron indispensables para el crecimiento de la fruta, los cuales son suministrados por el aire, por el agua o por el suelo. El nitrógeno (N), el fósforo (P), el potasio (K), el calcio (Ca), el magnesio (Mg) y el azufre (Z) son los elementos químicos que la planta requiere en mayor proporción; a estos se los llama “elementos mayores” o “macronutrientes”. El zinc (Zn), el cobre (Cu), el boro (Br), el hierro (Fe) el manganeso (Mn) y el molibdeno (Mb) son utilizados en menor proporción y se conocen como elementos menores o micronutrientes. Durante los primeros años, la fuerza de los suelos caribeños fue incuestionable. Después de 1910 se comenzó a observar una baja en la exportación de racimos, que estuvo vinculada con un descenso en la producción, que respondió a terrenos agotados y a los efectos del “mal de Panamá”. Desde entonces, se señaló con cierta insistencia la necesidad de usar abonos en las plantaciones.

El uso de abonos no fue generalizado en la región, a pesar de que los reportes oficiales de la empresa frutera indican que se destinaba cierta cantidad de recursos a su compra. El terrasan, fungicida e insecticida, tenía la facultad de destruir animales pequeños como insectos y larvas, pero también algunos de mayor tamaño, como las taltuzas. Durante el primer ciclo bananero, el hongo Fusarium oxysporium var. cubense fue el que más daño ocasionó a la industria, pues es el responsable de la enfermedad del “mal de Panamá”.^[80] Se investigó las causas, con presencia de personas científicas procedentes de los Estados Unidos, lo que refuerza el carácter transnacionalista del cultivo, pero también se dio paso a nuevos paisajes: de las plantaciones enfermas, de las plantaciones abandonadas, de nuevas plantaciones y, en algunos casos, ante el abandono, el de la regeneración de bosques.^[81]

En la subregión de Centroamérica, en este periodo se dio la transición energética. Antes de la Primera Guerra Mundial, excepto en Nicaragua, el carbón constituyó la principal fuente energética fósil importada. Cuando estalló la guerra, hubo diferentes respuestas nacionales. En Costa Rica, El Salvador y Guatemala bajaron las importaciones de carbón, pero no Honduras y Nicaragua. Durante la guerra, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y El Salvador incrementaron las importaciones de petróleo y, a finales de la década de 1920, toda la subregión era gran importadora de petróleo. La transición energética, medida a partir de las importaciones de petróleo como porcentaje de las energías totales, fue más radical en Costa Rica, donde pasaron de 10 % al 90 %, y solamente Nicaragua siguió dependiendo un 30 % del carbón.^[82]

La rapiña reconfigurada. Transición hacia modelos agroindustriales del desarrollismo económico y la intervención tecnológica y científica, 1930-1950

En la subregión de Centroamérica, la tasa anual de crecimiento de la población superó el 2 % entre 1930 y 1950, aunque en El Salvador llegó al 3 %. La población de la subregional era de 5.920.000 habitantes en 1930 y de 9.160.000 en 1950.^[83] A pesar de los procesos de expansión y consolidación de cultivos comerciales, el desarrollo de actividades ganaderas, de la expansión urbana y del desarrollo industrial incipiente y de los servicios, en este periodo todavía existía un área forestal considerable, aunque el ritmo de deforestación se aceleró, y se llegó a estimar que las dos terceras partes del área perdida desde el período colonial fueron devastadas después de 1950.^[84] Pero en este periodo la tala de bosques primarios y secundarios siguió creciendo, y la agroindustrialización necesitó de un amplio repertorio de químicos, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, plaguicidas, nematicidas, insecticidas, cuyo empleo aumentó la presencia de plagas resistentes a los agroquímicos, y estos, además, presentaban residuos en la fruta que eran consumidos por los seres humanos y contaminaban los ríos y los mantos acuíferos.

Otra enfermedad que vino a infectar a las plantaciones bananeras desde la década de 1930 fue la “Sigatoka”, producida por el hongo Mycosphaerella musicola. Esta plaga se controló mediante técnicas de fumigación. Desde 1935 se utilizaron las mezclas de caldo bordolés (que es una mezcla de sulfato de cobre y cal en agua) para rociar las hojas; y desde mediados de la década de 1950, se fumigó desde el aire con una fórmula que tenía como base el petróleo. Por ejemplo, en Limón (Costa Rica), la UFCo. combatió poco la “Sigatoka”, pues la enfermedad apareció en el momento en que se trasladaba al Pacífico central y el sur del país, y tuvo que luchar contra ella casi desde el comienzo de los sembradíos.^[85]

Las actividades de la Compañía no se limitaron al cultivo y la comercialización de banano,^[86] se explotó en menor escala el cultivo y la exportación de cocos, cítricos (naranjas, grapefruits [Citrus paradisi]), limones, piña, madera de balsa, café, caucho y sobre todo cacao, tuvieron como mercados principales a los Estados Unidos, pero también a Panamá, Colombia e Inglaterra, y estos ciclos, además de estar sujetos al mercado, lo estuvieron a las plagas y enfermedades.^[87] Esta situación era una evidencia de que los big business no se generaron solamente desde las industrias,^[88] sino también desde las empresas transnacionales de primera generación como en el caso de la UFCo., de carácter agroempresarial, desde finales del siglo xix.

La mayoría de los estudios sobre las crisis de plaguicidas en Mesoamérica remontan sus orígenes a la Segunda Guerra Mundial y a la introducción del DDT, las demandas del boom algodonero de la década de 1950, la difusión de las tecnologías agrícolas de la denominada “revolución verde” y los programas de desarrollo regional inspirados en la guerra. Estos fenómenos generaron procesos de contaminación agroquímica, por ejemplo, debido a la fumigación con DDT. Ya desde principios de la década de 1940, los investigadores de Fusarium siguieron experimentando con fungicidas químicos, incluido el formaldehído como bactericida.^[89]

Después de 1938, la UFCo. utilizó plaguicidas químicos biocidas (plaguicidas y fungicidas), que hoy se denominan como “de uso no agrícola” por sus efectos adversos sobre la salud de las personas, de los animales, del medio ambiente. Se realizó la fumigación manual de las plantaciones de banano para controlar la enfermedad de la Sigatoka, entre 1938 y 1962.

Después de que el polvo químico de los aviones resultó infructuoso, finalmente decidieron rociarlo disuelto con cal en agua, en una sopa azul verdosa conocida como “caldo bordolés”, utilizado como fungicida. Para entregar las enormes cantidades necesarias –250 galones por acre, de veinte a treinta veces al año–, la UFCo. creó una infraestructura de fungicidas de gran magnitud. Los fumigadores fueron apodados “pericos”, debido a que su ropa de trabajo terminaba teñida de color azul verdoso luego de la jornada laboral y luego padecieron pneumoconiosis (afectaciones del pulmón por inhalación) y degeneración hepática, además de alteraciones gastrointestinales y en los ojos.^[90]

Un nuevo ciclo agroexportador se inició a mediados del siglo xx, cuando la UFCo. sembró palma aceitera para reutilizar los terrenos contaminados con sulfato de cobre durante el cultivo bananero.^[91] Después de 1950, el uso extendido del Nemagón (DBCP), que se había desarrollado en la década de 1940, nematicida con posibilidad de provocar cáncer y esterilidad en humanos, causó un fuerte impacto negativo en las personas trabajadoras en las plantaciones bananeras de la subregión de América Central y, en un periodo posterior, llevó a movimientos sociales y a juicios contra las compañías bananeras en países como Costa Rica y Nicaragua.

En 1950 se ha calculado que tres cuartas partes de la subregión de Centroamérica estaban cubiertas de bosque, pero se estima que las dos terceras partes del área de bosque perdida desde el periodo colonial fueron deforestadas después de 1950.^[92] Ese proceso se aceleró con la transformación en el uso de la tierra hacia pastizales, por un nuevo ciclo de explotación ganadera fomentado por la denominada “conexión hamburguesa”.^[93] La deforestación se duplicó y también el número de cabezas de ganado vacuno, para satisfacer la demanda de comida rápida, sobre todo en el mercado de los Estados Unidos, pero el proceso también fue estimulado por las políticas de colonización agrícola en los diferentes países, por la construcción de infraestructura, por la producción de alimentos y por la consolidación de grandes haciendas.^[94] También por las tendencias anteriores de explotación de madera, las prácticas de roza, tumba y quema para desarrollar cultivos permanentes y anuales y por nuevos ciclos exportadores de algodón y caña de azúcar en las décadas de 1950 y 1960. Esto incidió en el incremento de emisiones de metano, por lo que también coadyuvó en alguna medida al calentamiento global.

En Mesoamérica, la denominada “Revolución Verde” se vinculó con el desarrollo de la investigación agrícola. En México, hubo un impulso desde 1941 y luego en 1943 con la participación de la Fundación Rockefeller y el gobierno, se ensayó con la experimentación de semillas de alto rendimiento por medio de la Oficina de Estudios Especiales, que funcionó hasta 1961.^[95] Su objetivo era transformar la agricultura mexicana por medio de innovaciones que abarcaban un amplio conjunto de cultivos. En Centroamérica, desde 1942 se realizó investigación agrícola de este tipo y, a partir de 1950, impactó sobre la explotación cafetalera con la introducción de nuevas variedades y el uso de fertilizantes químicos y otros insumos de origen industrial que provocaron un incremento en la importación de energía en los agroecosistemas cafetaleros.^[96] El proceso fue gradual y el cambio químico antecedió al cambio varietal, donde la caficultura respondió a los incentivos del mercado internacional.^[97] Si se analizan indicadores biofísicos de (in)sustentabilidad, esta “revolución” generó y reforzó transformaciones socioambientales que, desde el Antropoceno, estuvieron vinculadas con la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos bióticos y abióticos y la degradación de los paisajes.^[98]

A modo de conclusión: respuestas sociales desde Mesoamérica frente a las crisis ambientales en el Antropoceno, 1810-1950

En Mesoamérica, desde el periodo colonial, las autoridades estaban encargadas de velar por la salud pública, tanto de la población como del ganado. Hubo influencia de ideas conservacionistas y de normativa ambiental temprana con antecedentes en la Ordenanza Francesa de los Bosques de 1669 y en la Orden de Regencia de España sobre las competencias de las municipalidades de 1813, orientadas a la prohibición de la voltea o la destrucción de las montañas por su impacto sobre la escasez de agua, que dejaban claro el conocimiento sobre el papel de los bosques en la provisión de humedad, la fertilidad de la tierra y los beneficios para la salud pública. Se protegían las nacientes de agua, se establecían áreas de reserva forestal a las orillas de los ríos, o de construcción y reparación de infraestructura para el transporte de agua, medidas que no fueron siempre efectivas, por la presión de la privatización y de la expansión de la población y de los cultivos. Esta situación provocaba conflictos entre comunidades por el acceso a fuentes de agua, dado que esta escaseaba en la época seca y era excesiva en la época lluviosa. Otras medidas importantes apuntaban hacia la repoblación (reforestación) y conservación de los bosques y también hacia la protección de fuentes y manantiales cercanos a las minas.^[99]

En 1833 se ubicaron los primeros esfuerzos legales, en el caso de Costa Rica, por limitar el desmonte acelerado, y, de alguna manera, introducir controles y regulaciones que ponían de manifiesto el interés del Estado por “proteger” elementos específicos del entorno natural, eliminar o mitigar problemas de salud pública y, a la vez, obtener beneficios económicos, aspectos que, con sus variaciones contextuales, van a estar presentes a lo largo del siglo xix, y aún en la primera mitad del siglo xx.^[100]

Desde la cuarta década del siglo xix, se empezó a consolidar un “conservacionismo utilitario”,^[101] marcado tanto por los conocimientos científicos de la época, como por la economía de rapiña, es decir, por el conjunto de relaciones explotación-conservación de la naturaleza y de los servicios ambientales. Por ejemplo, en Costa Rica, en 1849, se decretó el Reglamento de Policía, que estipuló, mediante los artículos 197 y 198, que a la policía le corresponderían las faltas de higiene vinculadas con el beneficiado del café. Los funcionarios públicos debían vigilar que en las haciendas no se hicieran depósitos de las cáscaras del café ni de las aguas en que este se lavara.^[102] En Guatemala, algunas Órdenes de la Jefatura Política de Quetzaltenango hacia las autoridades municipales, orientadas a la intervención para la siembra de árboles para limitar el desmonte, aparecieron en Coatepeque en 1885.^[103]

Desde abajo también se generaron reclamos y conflictos. En el caso de Costa Rica, se dieron disputas principalmente por dos servicios ambientales, el bosque y el agua, aunque no siempre con contenido conservacionista. Por ejemplo, en 1915, en Siquirres, algunos vecinos se quejaron porque la UFCo. se quedaba con la mejor madera de la región y con ello ganaba “pingües utilidades”, mientras que ellos tenían problemas para acceder incluso a la leña. El bosque como recurso natural suministra varios servicios, aunque, en el primer ciclo bananero, fueron dos los que se consideraron importantes: la madera y la leña. Algunos años después, unos vecinos de Turrialba se quejaron de la corta de árboles de laurel por parte de la compañía, lo que podría a futuro afectar el suministro de agua de la comunidad.^[104] En el caso de México, la escasez relativa de agua y el acceso a los bosques generaron movilizaciones sociales de mayor dimensión, que condicionaron a las autoridades locales y nacionales.^[105] Esto deja en claro lo que las instituciones formales e informales cuentan en los regímenes de protección del medio ambiente: las percepciones, la ética, las leyes, los valores y la cultura.

El mayor impacto ambiental generado por la agricultura de exportación está relacionado con su carácter extensivo y la consecuente simplificación de los ecosistemas que acompañaban a los procesos de reordenamiento del medio biofísico requeridos para su introducción y expansión, así como la contaminación sistemática de ríos y quebradas en detrimento del consumo hídrico de diversas poblaciones cuyos habitantes interpusieron numerosas demandas, por lo que se generaron conflictos socioambientales de diversa índole, debido a la conversión de bosques en plantaciones.^[106] En Costa Rica, esta misma concepción utilitaria de los recursos estaría presente en la legislación posterior a 1948, y, de manera más específica, en el decreto de formación del Consejo Forestal de Costa Rica de 1949, e inclusive en la ley orgánica del Instituto Costarricense de Turismo de 1955, a pesar de que en esta última aparecen algunos de los conceptos que definen a los parques nacionales como un medio necesario para la protección del ambiente.^[107] En este país, esta lógica cambiaría desde mediados de la década de 1960, con la institucionalización de leyes fomentadas por el Estado y por otras organizaciones que entraron en conflicto con la dinámica productivista anterior, con una transición hacia la construcción de un “nacionalismo conservacionista” y un régimen de protección ambiental.^[108] Además, hubo conflictividad socioambiental vinculada con la protección de los bosques, la contaminación ambiental y la propiedad de la tierra.^[109]

La construcción histórica y ambiental del Antropoceno en Mesoamérica, desde la perspectiva de los usos y cambios de la tierra entre 1810 y 1950, está en relación directa con la transformación de los paisajes en plantaciones y en actividades vinculadas con la minería extractiva con la consecuente pérdida de biodiversidad.^[110] Esta pérdida se relaciona con el cambio climático debido a que buena parte de los mecanismos que regulan el ciclo del carbono se ven comprometidos.^[111] Se dio un proceso orientado hacia la “simplificación radical”^[112] de los ecosistemas y la construcción social de los agroecosistemas predominantes (cafetalero y bananero), del agroecosistema ganadero y del extractivismo, aunque el impacto de la agriculturización-ganaderización y el extractivismo sería diferenciado,^[113] y condicionaría las crisis ambientales tanto como las respuestas institucionales y socioculturales en los contextos cambiantes del periodo 1810-1950, aunque algunas procederían del legado colonial, ante las contradicciones del capitalismo dependiente.

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