Aportes bibliográficos para evaluar el poder de agencia del movimiento obrero argentino en la creación del fuero del trabajo

Facundo Iturburu^[1]

La creación de la justicia laboral en Argentina fue precedida por intensos debates jurídicos y políticos que desde inicios del siglo XX pusieron en evidencia la necesidad de instituir un fuero específico que regule los conflictos entre el capital y el trabajo. En buena medida, la bibliografía específica pone énfasis en recuperar los aportes de académicos y profesionales que eran activos intérpretes de un flujo de información proveniente de Europa, donde avanzaba el constitucionalismo social. Sin negar el peso de estos actores en la instalación de un clima de ideas propenso a la judicialización de los conflictos laborales, creemos que es relevante reflexionar sobre la participación del movimiento obrero en estos procesos, en tanto actor colectivo que buscó en cada coyuntura defender sus intereses de clase y políticos. Ese es el núcleo de este trabajo, sosteniendo la idea de que los sectores subalternos de una incipiente sociedad industrial incidieron desde sus perspectivas en la consolidación de un Estado social que necesitaba integrarlos para evitar el fortalecimiento de prácticas, culturas e ideologías con objetivos maximalistas de transformación social.

Desde fines del siglo XIX hasta su inauguración en clave federal durante el peronismo, se ensayaron modelos para institucionalizar el manejo de las disidencias entre obreros y patrones. Pese a no ser un derrotero lineal, con excepción de la intransigencia antiestatal del anarquismo, las distintas corrientes político-ideológicas vislumbraban los beneficios que podrían tener con la negociación aunque eran inicialmente reacios a avalar los primeros ensayos de codificación laboral, producto del contexto represivo en que los sectores de poder proponían legislar e integrar a las masas obreras. La lucha y organización sindical era percibida por empresarios y sus aliados políticos, por lo tanto se intentará en reiteradas oportunidades sancionar leyes que reglamenten la negociación obrero-patronal y, en ocasiones, su judicialización. También los dirigentes socialistas esbozarán su propio modelo de una justicia clasista, poniendo en evidencia que avanzados los años veinte la negociación había adquirido relevancia entre las estrategias de los representantes de los trabajadores.

La primera mitad del siglo XX fue testigo de la paulatina puesta en cuestión de la noción liberal de laissez faire. Ello sería clave en la creación de consensos en torno a la necesidad de intervención estatal en diferentes aspectos de la vida pública, entre ellos el mundo del trabajo. No obstante, en el caso de la justicia laboral, aunque su creación pareciera una cuestión inminente, requirió del impulso político de Juan D. Perón para convertirla en normativa y práctica. Sin embargo, la iniciativa del emergente líder político debió lidiar con la oposición de sectores patronales, políticos y judiciales, que lograron licuar su proyecto nacionalizador obligando a la sanción de leyes de justicia laboral en cada provincia. En ello se centra la segunda parte de nuestro trabajo, analizando estudios de caso provinciales durante el gobierno peronista, donde un nuevo lenguaje de derechos formó parte de discusiones legislativas en las que se combinaron pujas partidarias con el deseo de concretar el anhelo de los tribunales del trabajo. Por ejemplo, en experiencias como la tucumana o la mendocina encontramos que la participación de los trabajadores, mayormente peronistas, en estos debates se vieron cruzados por rencillas por consolidar posiciones de poder en el seno del movimiento y de un Estado cada vez más fuerte. Ya casi nadie negaba la necesidad de crear un fuero laboral sino que se disputaban posibles modelos a aplicar en cada jurisdicción y se transferían al debate de cada ley tensiones internas de los partidos y el mundo gremial que excedían al contenido normativo que se intentaba votar.

Su puesta en funcionamiento fue un claro avance en la defensa de los obreros, quienes con su lucha y organización conquistaron lo que consideraban un nuevo derecho. Pese a que también puede interpretarse como una forma de encauzar la conflictividad laboral, la justicia del trabajo comenzó a reconocerse como un ámbito que tendía a favorecer a la parte más débil del vínculo contractual. Si los asalariados fueron sujetos activos en todo el camino previo, como intentamos mostrar, y dejando marcas que cada nuevo proyecto recuperaba, lo mismo harían en los estrados. Ello se observa, sobre todo, en la puesta en tensión de una normativa que individualizaba los reclamos a partir de la lógica de organización colectiva impulsada por los sindicatos. Los códigos de procedimientos y las características generales de los nuevos tribunales siguieron siendo discutidos por los representantes gremiales, dándole características específicas a cada experiencia provincial.

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