Eugenia Rossi^[1]

La Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) representó uno de los primeros y más serios desafíos para el naciente Estado argentino, que por aquellos años había logrado la unificación nacional tras la batalla de Pavón y transitaba un proceso de centralización administrativa. En particular, este conflicto bélico representó un desafío porque implicaba coordinar acciones para organizar un cuerpo armado a escala nacional.

Dentro del conjunto de aquellas acciones vinculadas a la movilización armada, el caso entrerriano resulta relevante, ya que esta provincia y su líder federal, Justo José de Urquiza, habían sido protagonistas en las luchas políticas previas. Tanto el liderazgo de Urquiza como el alto grado de militarización entrerriana habían alimentado expectativas respecto del desempeño militar que podría tener esta provincia, y sobre la actuación que podría tener Urquiza en relación al gobierno nacional y a su aún importante rol de referente del federalismo.

El Poder Ejecutivo Nacional había ordenado, el 17 de abril de 1865, la leva y movilización de la Guardia Nacional de todas las provincias, requiriendo de Entre Ríos un aporte de 5 mil hombres. Pero fue recién hacia finales de enero de 1866 que la provincia pudo enviar su contingente, que finalmente constó de dos batallones de 400 plazas aproximadamente cada uno, junto con un escuadrón de artillería.^[2] ¿Qué cuestiones dificultaron cumplir con ese inicial requerimiento? Este trabajo se propuso revisar los dilemas, tensiones y problemas que implicaron para Entre Ríos la movilización para esta guerra, y su interacción con el nuevo marco institucional de índole nacional, durante el primer año de la contienda.

Para ello analizamos, por un lado, las ideas manifestadas en la prensa^[3] a partir del diario La Nación Argentina, de circulación nacional, y El Paraná y El Uruguay, del ámbito entrerriano. Por otro lado, se articuló lo hallado en la prensa con la dimensión material de la movilización y los problemas concretos expuestos en la correspondencia de los Fondos Benjamín Victorica y Justo José de Urquiza, del Archivo General de la Nación.

Respecto de La Nación Argentina, uno de los diarios de mayor difusión de la época, se distinguen una serie de tópicos esgrimidos como elementos legitimadores de la participación argentina en la guerra: la “unidad nacional”, la dicotomía “civilización/barbarie” y la cuestión de la “popularidad”.^[4] Se planteaba la contienda como una empresa de liberación y civilización ante la tiranía del presidente de Paraguay, el mariscal Francisco Solano López, enfatizando que la guerra demandaba dejar atrás las divisiones políticas internas ante el agresor externo. Asimismo, numerosos artículos referían a un entusiasmo popular revelado en el continuo ofrecimiento de voluntarios para el ejército y a diversas donaciones espontáneas.

La prensa entrerriana, por su parte, pasó de expresar una postura crítica inicial a moderar su discurso cuando la Argentina ingresó al conflicto y Urquiza acompañó la decisión de Mitre. Sin embargo, hacia finales de 1865, momento en el que comenzaba a percibirse que Urquiza no participaría personalmente en la guerra y ya se había logrado controlar la situación política de la provincia tras las deserciones de Basualdo y Toledo (que habían tenido lugar en julio y noviembre de ese año), nuevamente se retomó la postura crítica. Las objeciones de estas publicaciones se dirigieron hacia las políticas del presidente Mitre, a la alianza con el Imperio del Brasil (principalmente por tratarse de una monarquía en la que además continuaba existiendo la esclavitud), y a la prensa porteña.^[5]

Un escenario que matiza el “fervor popular” del que daba cuenta La Nación Argentina puede ser construido a partir del análisis de la correspondencia personal y oficial. En ella hallamos listas que detallan la remisión de presos para el ejército,17 como así también encontramos que gran cantidad de entrerrianos solicitaban ser eximidos del servicio de armas. En esta coyuntura en la que el antiguo orden provincial se estaba articulando con el nuevo orden institucional, se continuaba apelando a la tradición paternalista del caudillo local, dirigiéndose a su persona para obtener su favor. Por otra parte, las deserciones constituyeron un grave problema, tanto en casos de pequeños grupos de soldados, hasta casos masivos como los ya mencionados desbandes de Basualdo y Toledo.^[6]

Existieron, asimismo, problemas ligados a la logística y el transporte. Además de la demora de los vapores, se manifestaba la dificultad de encontrar hombres disponibles para conducir encomiendas de larga distancia,^[7] y en otros casos, dificultades para movilizar contingentes por no disponer de recursos necesarios para abastecerlos durante la marcha.^[8]

Fue clave también el rol de los jefes políticos departamentales. Estos funcionarios estaban encargados de convocar al servicio de armas y además debían mantener el orden y la seguridad de sus jurisdicciones, dos funciones cuyo cumplimiento, en algunos casos, representó un verdadero dilema.^[9] Por ejemplo, el jefe político de La Paz debió aplazar la remisión de sus Guardias Nacionales, ya que un informante lo había alertado de que un grupo de indígenas pretendía avanzar sobre su departamento, y no disponía de más hombres para la defensa en caso de concretarse tal amenaza.^[10]

En este trabajo hemos planteado, de manera preliminar, algunos de los problemas y dilemas vinculados a la movilización de los entrerrianos para la guerra contra Paraguay, manifestados en los contrastes entre el discurso público de la prensa de circulación nacional, las variaciones en la prensa entrerriana y las situaciones concretas expresadas en la correspondencia.

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