Juana Fortezzini^[1]

La municipalización de la educación primaria en General Pueyrredón se emprendió en el período 1963-1966 por iniciativa del Partido Socialista Democrático. El intendente Jorge Raúl Lombardo, con el apoyo del senador provincial Teodoro Bronzini, diseñaron una política pública que enfrentó oposiciones gremiales, por un lado, y articuló apoyos en territorio, en el marco de una formulación política que permitiera, en el territorio jurídico, habilitar la creación de escuelas desde la órbita municipal. Por otro lado, al momento de materializar los nuevos espacios escolares, el municipio convocó a un estudio arquitectónico, Borthagaray-Gastellu-Marré, para el diseño de un prototipo de escuela, discontinuado a partir del golpe de Estado de Juan Carlos Onganía en 1966.

En primer lugar, atendemos a los mecanismos institucionales que posibilitaron la municipalización, donde se integran discusiones locales (entre ellas, las manifestaciones del Círculo de Educadores Marplatenses, la participación de Sociedades de Fomento o las posturas del arco político opositor en torno al financiamiento de las escuelas), y discusiones en la órbita provincial (el mecanismo jurídico que habilitó al municipio a crear escuelas). En este sentido, como sostienen Silvana Ferreyra y Federico Martocci^[2] nos proponemos observar los modos en que se articulan los principios y discursos del partido en una política concreta. El segundo de los ejes mencionados atiende a la materialización del edificio-escuela, entendiendo a la arquitectura pública como una de las estrategias posibles para observar las decisiones que toman los Estados al momento de representarse a sí mismos. En esta línea, partimos de las formulaciones de Luis Müller^[3], respecto del modo de diálogo entre sectores disciplinares de la arquitectura y funcionarios políticos en términos de escenarios de intereses compartidos: más allá de las consideraciones ideológicas de uno y otro respecto de la obra construida, los contextos políticos, y las trayectorias particulares de cada uno, coadyuvan para generar encuentros entre determinadas corrientes arquitectónicas y el Estado. Se trata de explorar los diálogos entre saberes técnicos y saberes políticos^[4], donde los primeros se institucionalizan al interior del Estado como consecuencia de la acción estatal en su articulación con la sociedad.

El Decreto-Ley 11.840, de equiparación de las retribuciones docentes en escuelas oficiales y no oficiales, estableció que toda persona jurídica de existencia necesaria podía crear escuelas. El intendente Lombardo presentó una petición para extender, a partir de esta figura, la capacidad de crear escuelas a los municipios de la Provincia. Con tal modificación, el municipio desplegó una estrategia política que, con el apoyo expreso de las Sociedades de Fomento que reclamaban escuelas para sus barrios (ya manifiesto en la campaña electoral de 1963) encontró apoyos y oposiciones. El Círculo de Educadores Marplatenses acusó al municipio de intentar competir contra la matrícula provincial con motivaciones políticas, contrarios además al sistema de concurso público que imperaba tanto en el sistema de selección de docentes como de funcionarios administrativos para la municipalidad desde la Ordenanza 2000. Por otro lado, el Socialismo Democrático intentó, para el caso de la Escuela N°3, financiar la construcción mediante un empréstito solicitado al Banco Provincia, rechazado por el Consejo Deliberante. El conflicto se resolvió mediante una comisión popular presidida por el intendente, que reunió fondos y consiguió finalmente la construcción de la escuela.

La Escuela N°3 Alfredo Martínez Baya fue la primera construida con el prototipo de los arquitectos Juan Manuel Borthagaray, Mario Gastellu y Carlos Marré, quienes habían construido en Buenos Aires la escuela Della Penna; este antecedente hizo que Horacio Baliero, quien se encontraba construyendo el Cementerio municipal, recomendara a los arquitectos. Las particularidades de esta construcción ponen de manifiesto el interés de los arquitectos por incluir premisas pedagógicas en el diseño, y permite trazar líneas con las formulaciones que la UNESCO y la CONESCAL estaban impulsando en el terreno internacional, donde se recomienda la sistematización de la construcción de escuelas. A modo de conclusión, nuestro objetivo es observar el diseño de esta política pública anclados en los funcionarios que la produjeron desde distintos ámbitos, en aras de pensar la acción estatal como parte de una constelación de ideas y trayectorias heterogéneas.

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