Disputas por el espacio público en Buenos Aires

Sofía Belcic

Introducción

Llegué al barrio por la tarde y comencé mi recorrido por las avenidas principales. No había ninguna persona vendiendo en la calle y no era algo que en verdad me sorprendiera, así venía siendo hacía varios años. Abandoné las avenidas y caminé por las calles laterales, el panorama allí se tornó diferente. Gran cantidad de vendedores exponían sus mercaderías sobre mantas plásticas extendidas sobre las veredas, uno al lado del otro. Ropa, zapatillas, ojotas, relojes, gorras, juguetes e incluso perfumes, es decir, una amplia variedad de mercadería, mucha de ella notoriamente pesada, además de costosa. Era evidente que nadie estaba preparado para “salir corriendo”. La posibilidad de que se desencadenara un operativo policial parecía no estar vigente.
En una de las esquinas, encontré a un hombre sentado sobre un banco, detrás de su manta de gorros. Creí reconocerlo, aunque el barbijo que llevaba puesto hizo que demorara unos segundos más en asegurarme que fuera él. Se trataba de Ibrahim, a quien conocí siete años atrás en esa misma calle donde solía vender y a quien visité en muchas ocasiones hasta que decidió irse a vivir a “provincia”, justo cuando se recrudecían los conflictos cotidianos con la policía y los inspectores, que provocarían que nadie más se instalara a vender de una manera más o menos “fija” en un mismo lugar. Conversaciones distendidas entre vendedores mientras esperaban “clientes”, comerciantes mayoristas que pasaban por los “puestos” a ofrecerles mercaderías, personas que les ofrecían comida para el almuerzo, niños y niñas acompañando a sus madres o padres mientras vendían, fueron parte de las escenas cotidianas que presencié mientras acompañé a Ibrahim en ese día en pandemia y que me rememoraban, por su similitud, aquellos tiempos en los que lo había conocido (notas de campo, diciembre de 2020).

Estas observaciones surgieron durante el regreso al trabajo de campo presencial, es decir, en la primera visita que se hizo a un barrio de la Ciudad de Buenos Aires con histórica concentración de venta callejera, luego de que la pandemia por COVID-19 se extendiera en este país. El escenario encontrado en aquel espacio urbano daba cuenta de un comercio callejero establecido, al menos en determinadas calles del barrio, que en principio contrastaba con lo que venía sucediendo hacía ya algunos años. Las personas que se dedican a la actividad de venta callejera venían disputando su presencia en el espacio público en un estado de persecución permanente, atravesadas por violencias cotidianas –de distinto tipo y con variados niveles de intensidad represiva– ejercidas por los agentes que controlan su actividad en las calles de la ciudad.

Las modalidades de intervención represivas y persecutorias (violentas o abusivas) forman parte del repertorio de prácticas policiales que suelen recaer sobre quienes se dedican a la venta callejera. Sin embargo, como han señalado otras investigaciones (Pires, 2010; Pita, 2012; Pita y Pacecca, 2017), existen, además, otras formas de relacionarse entre agentes de control y personas dedicadas a la actividad que consisten en el establecimiento de negociaciones, intercambios, favores y acuerdos, no exentas, sino más bien construidas con base en distintas arbitrariedades y violencias.

Abordar analíticamente esas dinámicas de relacionamiento requiere alejarse de miradas dicotómicas entre lo legal y lo ilegal, para así comprender el modo en que ciertas actividades y prácticas operan entre fronteras inciertas y porosas entre lo formal e informal, lo legal e ilegal, y también lo (i)lícito (Telles, 2015; Telles y Hirata, 2007). Adoptar esta mirada permite dar cuenta de la puesta en juego de una serie de regulaciones en las que los procedimientos formales y legales son solo una parte (Pita y Pacecca, 2017, p. 47). En esta línea, resulta revelador el concepto de “mercadorias políticas” de Misse (2007, 2017), en cuanto remite a la existencia de un mercado político basado en intercambios, donde la policía (y otros agentes públicos) se apropia de la autoridad estatal que le confiere su rol para establecer y forjar diversas transacciones en pos de su propio beneficio. De esta manera, señala Telles (2015), ciertos mercados “informales e ilícitos” se articulan con otro,

um mercado político, também ilegal, que passa por dentro dos aparatos legais/oficiais e nos quais são transacionadas as mercadorias políticas (acordos, suborno, compra de proteção, corrupção) das quais dependem o funcionamento desses mercados e que são constitutivos de seus modos de regulação (p. 58).

Considerando, entonces, el lugar clave que revisten los agentes de control en la forma en la que se constituye y se desenvuelve el comercio callejero, al momento de analizar la manera en la que se establece la actividad en el espacio urbano, se vuelve relevante indagar en las prácticas localizadas de aquellos agentes. Diversas investigaciones han profundizado en esta línea, preguntándose por las formas que asume el poder policial y sus modalidades de intervención sobre quienes se dedican a la venta callejera (Pita, 2012; Pita y Pacecca, 2017), por la incidencia que tienen las intervenciones de las agencias gubernamentales en la conformación de los “mercados informales” (Freire, 2012; Hirata, 2014), o por las distintas modalidades de administración, regulación y resolución de conflictos ligados al comercio callejero en el espacio público (Mello, 2011; Pires, 2010, 2011).

También cobran relevancia las experiencias de quienes se dedican a la venta callejera en relación con las prácticas de los agentes de control y las variadas formas de respuesta que despliegan ante aquellas. Asuntos todos ellos que configuran el modo en el que se establece el comercio callejero en el espacio urbano y que, por ende, deben ser analizados para su comprensión. En ese sentido, interesa atender a las evaluaciones que realizan quienes venden en la calle sobre las formas de tratamiento estatal que reciben, así como a los sentidos que atribuyen a su actividad,^[2] en cuanto aportan comprensión sobre las formas en las que responden ante las prácticas de intervención estatal.

Este artículo propone, entonces, analizar las formas específicas y concretas que asumen las relaciones entre agentes de control^[3] y las personas que se dedican a la venta callejera en el espacio urbano. Al enfocarse en las prácticas concretas y localizadas, se abordan dinámicas de relacionamiento que, como se verá, alternan entre la represión y la tolerancia, las negociaciones y los acuerdos. Estas dinámicas conllevan, en ciertas ocasiones, sumisión, pero también confrontación o resistencia por parte de quienes son objeto de las intervenciones policiales. Como se mostrará, estas relaciones suponen condiciones asimétricas de poder entre los actores y son constituidas y estructuradas con base en distintos tipos de violencias (cfr. Pita y Pacecca, 2017; Perelman, 2020).

Las indagaciones que se presentan en el artículo remiten a una temporalidad en particular, en cuanto se pregunta por aquello que sucedió en el contexto de la pandemia. En este sentido, se busca aportar a los estudios que han indagado sobre los efectos que tuvieron las decisiones gubernamentales asociadas a la pandemia, en distintos lugares de la región, para quienes se dedican a la venta en la calle (Vazquez Estrada y Tapia, 2021; Valverde Rodríguez, 2021; Perelman y Pires, 2022). Sin embargo, analizar lo relevado durante este contexto requiere necesariamente abordar una temporalidad más amplia, que permita dar cuenta de las transformaciones, continuidades y vigencias en las dinámicas de relacionamiento entre quienes se dedican a la venta callejera y los agentes de control en relación con escenarios anteriores. Para ello, se recuperan las indagaciones previas realizadas durante la investigación doctoral que da marco a este trabajo, así como los aportes de aquellas investigaciones que ya han pesquisado sobre estas dinámicas en la ciudad (Pita, 2012; Pita y Pacecca, 2017; Pires, 2010).

Retomando ahora la escena que dio inicio a este escrito, ¿qué había detrás de esas formas de realizar la actividad de venta en la calle observables en plena pandemia? Si quienes se dedicaban a la actividad ya no estaban preparados para “salir corriendo” ante posibles intervenciones policiales, ¿de qué manera se habían modificado las dinámicas de relacionamiento entre vendedores, policías e inspectores en ese espacio urbano evidentemente reconfigurado? Estas fueron algunas de las preguntas que orientaron la pesquisa y que ordenan este escrito.

Aspectos metodológicos

Para responder esas preguntas, no solo es necesario considerar el trabajo de campo realizado con personas dedicadas a la venta callejera durante la pandemia, sino también recuperar aquel llevado a cabo desde hace varios años. Sin este último, no solo el análisis perdería profundidad, sino que el trabajo de campo en sí no podría haberse realizado durante el periodo de pandemia o, por lo menos, no de la manera en la que se hizo. La necesidad de incorporar nuevas herramientas de indagación que requirió la interrupción de la presencialidad por el COVID-19 se vio facilitada justamente por aquel trabajo previo, es decir, por las relaciones de confianza construidas a lo largo de años de trabajo compartido junto a personas que se dedican a la actividad. Así, el trabajo de campo en pandemia se sostuvo en audios y llamadas telefónicas, y también en instancias presenciales de observaciones, entrevistas y conversaciones, en los momentos de disminución de la propagación de la enfermedad y de apertura a la circulación.

Este escrito recupera, entonces, experiencias y relatos de personas que realizan la actividad de venta en las calles de un barrio de la ciudad. Parte de los relatos corresponde a personas que integran organizaciones que nuclean a quienes se dedican a la venta callejera. Otros corresponden a vendedores y vendedoras que, si bien pueden o no tener algún grado de participación en organizaciones, estructuran más bien sus relaciones con otras personas dedicadas a la actividad de acuerdo con su país de origen. Quienes venden en las calles de la ciudad provienen tanto de Argentina como de otros países, como Perú, Senegal, Bolivia, Paraguay, Ecuador, entre otros. De ahí que el país de origen sea en alguna medida estructurante de las relaciones entre las personas que realizan la actividad. Es decir, estas sostienen vínculos de cooperación, colaboración y organización entre quienes ejercen la actividad en un mismo barrio, pero que, además, provienen de un mismo país.

“Aguantar” hasta regresar a la calle

El 19 de marzo de 2020, se decretó el ASPO^[4] y así comenzó la cuarentena. Los comercios cerraron, las personas se confinaron en sus domicilios, y, salvo determinadas excepciones, la circulación en el espacio público pasó a considerarse prohibida. Quienes se dedicaban a la venta callejera debieron interrumpir su actividad, lo cual conllevó inmediatas y drásticas consecuencias en su vida cotidiana.

Sin posibilidad de generar ingresos mediante el trabajo en la calle, la cuarentena se tradujo desde un comienzo en “aguantar”, eso sí, desplegando todas las acciones posibles para minimizar los gastos económicos y, sobre todo, extendiendo activamente las prácticas de cooperación y colaboración entre amistades, familiares, “vecinos”, “paisanos” y “compañeros” nucleados en organizaciones de vendedores. Hubo también quienes accedieron a subsidios estatales creados especialmente para paliar las consecuencias económicas que traería la cuarentena.^[5]

Si bien las ayudas en dinero y mercadería contribuían a mejorar la situación, no alcanzaban a compensar la interrupción del trabajo. Todo dinero disponible solventaba la necesidad más básica, el alimento, mientras las deudas por alquileres e impuestos se acumulaban. La situación fue tornándose cada vez más “insostenible”, al punto de que, en cuanto comenzaron las primeras aperturas de la circulación en la ciudad –y con ellas la presencia en aumento de transeúntes (potenciales “clientes”)–, quienes se dedicaban a la actividad retornaron a la calle para “volver a trabajar”.

Persecución y represión cotidiana

Quienes se dedicaban a la venta callejera regresaron ofreciendo sus mercaderías “de mano”, lo cual no les resultaba una innovación, ya que era la técnica más extendida hasta antes de que comenzara la cuarentena, por su efectividad para sortear las intervenciones policiales. Es que las mismas prácticas que policías e inspectores venían desplegando hasta entonces continuarían vigentes durante los meses inmediatamente posteriores al “regreso” de la venta callejera.

Las personas realizaban su actividad en las calles sin poder “quedarse quietos”, es decir, debían trasladarse continuamente para evitar las permanentes intervenciones cotidianas que realizaban los agentes de la Policía de la Ciudad^[6] junto a los inspectores de la ciudad.^[7] Hacía años que primaba un escenario de persecución permanente y de intensa represión hacia la actividad,^[8] que había escalado en sus niveles de violencia durante los años subsiguientes a los desalojos masivos de la venta callejera sucedidos durante los años 2016, 2017 y 2018, en distintos puntos de la ciudad.^[9]

Tras los desalojos, la modalidad de realizar la actividad en las calles de la ciudad se vio totalmente modificada. Vendedores y vendedoras que, desde hacía años –incluso décadas– realizaban su actividad de manera “fija” en un mismo lugar tuvieron que abandonar sus “puestos”. Una parte muy reducida accedió a predios creados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que, más tarde o más temprano, tuvieran que regresar a las calles por las dificultades que les representaba permanecer en aquellos espacios cerrados (Belcic, 2020). Hubo también quienes, luego de los desalojos, abandonaron totalmente la actividad. Pero la gran mayoría de las personas dedicadas a la actividad continuaron en las calles, aunque tuvieron que modificar sus estrategias de venta. Ya no fue posible vender lo que vendían ni de la manera en que lo habían hecho hasta entonces. Tuvieron que conseguir mercaderías más livianas, abandonar sus “mantas” o “caballetes” para reemplazarlos por dispositivos que les permitieran “levantar” a gran velocidad los productos (bolsas de consorcio, cajas de cartón, heladeras de telgopor).

Estar en movimiento por las calles era fundamental para evitar, en el mejor de los casos, que su mercadería fuera incautada (generalmente sin labrarles un acta de lo incautado) y, probablemente, que las llevaran detenidas. Durante estos procedimientos, era frecuente que atravesaran situaciones de violencia física (como forcejeos, golpes, uso de gas pimienta), además de recibir insultos (muchas veces de índole racista), amenazas y maltrato verbal. En aquel contexto de persecución y de violencias cotidianas, los vendedores y las vendedoras disputaban su uso del espacio público.^[10]

Del conflicto al “acuerdo”

Pero, si los conflictos continuaron cuando las personas regresaron a la calle para realizar su actividad, ¿cómo devino un escenario como el descripto al inicio de este escrito? El establecimiento de la venta observable en determinadas calles del barrio daba cuenta de un espacio urbano evidentemente reconfigurado en plena pandemia. Lejos de ser interpretado como resultado de una desregulación o ausencia estatal, debía estar necesariamente vinculado con modificaciones en las prácticas policiales y en las dinámicas locales de interacción entre las personas que realizaban la actividad y los agentes de control. Fue en ese sentido que se buscó reconstruir las interacciones entre vendedores, agentes policiales e inspectores, a partir del momento en que aquellos regresaron a la calle.

Si las intervenciones policiales persecutorias seguían produciéndose constantemente, las personas que vendían en la calle (como contraparte) desplegaban las mismas estrategias de respuesta que solían accionar hasta antes de que interrumpieran momentáneamente su actividad. Se trataba de un in crescendo de acciones colectivas que incluían manifestaciones espontáneas en las comisarías, cortes de calle, denuncias en redes sociales, entre otras, que forman parte del repertorio de prácticas de resistencia que quienes realizan la actividad de venta callejera suelen desplegar cuando suceden las intervenciones policiales.

Si bien mediante esas acciones las personas que vendían en la calle traccionaban la posibilidad de lograr algún tipo de habilitación de su actividad, otras instancias contribuyeron a que esta (aunque sea de carácter informal) se efectivizara. Reuniones con autoridades estatales y mesas de diálogo de las que participaron referentes de vendedores habrían instado a que las autoridades estatales tomaran finalmente una decisión: delimitar calles y horarios específicos en los que garantizarían la ausencia de venta callejera; fuera de ellas la actividad no sería perseguida.

Estas decisiones generaron las condiciones para el “acuerdo” que se establecería entonces en las interacciones cotidianas entre vendedores, policías e inspectores en las calles. Mientras que los agentes no persiguieran a quienes realizaran la actividad en determinadas calles del barrio, estos se limitarían a trabajar en ellas y “ni tocarían” las que estaban por fuera de esas delimitaciones. Los horarios también eran un término importante del “acuerdo”, habiendo momentos “permitidos” para establecerse en cada lugar.

Una vez instalado el “acuerdo”, sus parámetros fueron renegociándose en el transcurso del tiempo. Así, ante el reiterado pedido de las personas dedicadas a la venta callejera y en la medida en que los agentes lo fueron disponiendo, nuevas calles se fueron “habilitando”. Con la progresiva “liberación” de las calles, también comenzaron los “arreglos”, que implicaban, para quienes vendían en las calles, la obligación –extorsión mediante– de darles dinero a los agentes policiales. Los horarios “permitidos” también fueron variando, sobre todo en función de las cambiantes restricciones y habilitaciones de horarios de circulación que disponía el Gobierno de la Ciudad como medidas para controlar la propagación del COVID-19.

Más allá de las variaciones, el “acuerdo” se sostenía en el tiempo, lo cual era tomado con asombro por parte de las personas que realizaban la actividad de venta en las calles. Desde la época de los desalojos masivos, pocas habían sido las oportunidades en las que pudieran dialogar con policías e inspectores y, menos aún, en las que lograran un “acuerdo” más o menos establecido. En algún caso, podían producirse puntuales y circunstanciales negociaciones interpersonales entre un vendedor y un “policía de calle”,^[11] en las que, con suerte, aquel lograra conseguir que el agente le permitiera retirarse sin incautarle su mercadería o detenerlo (Belcic, 2020). Pero lo que estas negociaciones no habilitaban era que el vendedor continuara realizando su actividad. Por eso, el establecimiento de un “acuerdo” a gran escala, relativamente estable,^[12] y la posibilidad extendida de establecer negociaciones entre vendedores y agentes de control resultaban “novedosos” para las personas dedicadas a la actividad.

Pero, si “acuerdos” y “arreglos” posibilitaron el establecimiento de la venta en el espacio público, evidente para quien desplegara una mirada atenta sobre la forma en la que se desenvolvía la actividad en la calle, al mismo tiempo determinadas intervenciones policiales no cesaron. Sin embargo, a diferencia de aquellas intervenciones masivas, intensamente represivas y cotidianas, estas consistían en intervenciones puntuales, con poca participación de efectivos policiales y contadas personas como objeto de la intervención. Provenían, por un lado, de las mismas características de los “acuerdos”, ya que estos implicaban ciertos parámetros dentro de los cuales cada parte debía ajustar sus acciones. Las personas que realizaban la actividad tenían claro que, si no cumplían con sus “obligaciones”, había consecuencias. ¿Qué pasaba si no se ceñían a los horarios y lugares establecidos? “Lo mismo de siempre”, esto es, que no podrían vender, que se les incautaría la mercadería, que quizás se las llevarían detenidas y, probablemente, que atravesarían situaciones de violencias. Pero, por otro lado, las intervenciones se producían por el accionar de agentes policiales que directamente se encontraban por fuera de los “acuerdos” establecidos. Si con los “policías de calle” quienes realizaban la actividad de venta callejera podían “negociar”, con quienes no podían hacerlo era con “la brigada”,^[13] quienes continuaban realizando intervenciones violentas y abusivas porque no se ceñían a lo acordado.

“Negociar” con la policía

La posibilidad de establecer negociaciones entre quienes realizan la actividad de venta en la calle y los agentes policiales, que derivasen en “acuerdos” e, incluso, “arreglos”, resultaba “novedosa” en contraste con las experiencias transitadas en tiempos recientes. Sin embargo, es posible ampliar la mirada sobre este tipo de relaciones hacia escenarios más alejados en el tiempo, puntualmente hacia el momento en el que la venta callejera en la ciudad estaba fundamentalmente controlada y administrada por la Policía Federal. Coincidiendo con lo señalado en otras investigaciones (Pita, 2012; Pita y Pacecca, 2017; Pires, 2010), en los inicios del trabajo de campo de esta pesquisa (hacia principios del año 2014), se relevaba que, por medio de distintas negociaciones con los agentes policiales, quienes vendían en las calles lograban “trabajar sin ser molestados”. Esas negociaciones podían exigir pedidos de dinero o de mercadería por parte de los policías, o bien consistían en establecer acuerdos de los más variados, como definir horarios y lugares en los que podía ejercerse la actividad.

Como se desarrolló en este escrito, en el contexto de la pandemia, las personas dedicadas a la venta callejera y los agentes policiales comenzaron a establecer nuevamente negociaciones, de una manera que no se había configurado desde la intervención de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, si bien estas formas de interacción resultan comparables con aquellas que sucedían tiempo atrás con los agentes de la Policía Federal, cobran relevancia aquí ciertas particularidades que caracterizaban a las recientes modalidades de negociación entre vendedores y agentes policiales. Esto porque la experiencia de persecución violenta y de intensa represión atravesada por las y los vendedores en los últimos años afectaba y otorgaba particulares sentidos a las “novedosas” relaciones de negociación que se constituyeron en plena pandemia.

Si bien quienes se dedican a la actividad remarcaban la “buena relación” que tenían con los agentes policiales, en cuanto podían negociar con ellos, señalaban, también, la “desconfianza” que les generaban: “Nos hemos ganado ese respeto que no había. A veces es peligroso en el juego, en el camino… es peligroso”, “Hoy estamos así, pero la policía mañana puede ser tu enemiga”. Esa “desconfianza” reforzaba, a su vez, la sensación de incertidumbre que tenían sobre la permanencia en el tiempo y la solidez de los “acuerdos”. Nadie sabía hasta cuándo podrían sostenerse las negociaciones establecidas.

Si la inestabilidad de los “acuerdos” es intrínseca a las relaciones entre policías y vendedores, justamente por la asimetría de poder que existe entre las partes, que hace que puedan romperse cuando los agentes así lo dispongan, los “arreglos” entre vendedores y agentes de la Policía Federal en el pasado parecían significar para quienes se dedicaban a la venta callejera cierta garantía de estabilidad de su actividad, ya que, aunque con variaciones en sus parámetros, se mantenían en el tiempo, incluso durante años. Sin embargo, la experiencia posterior de desalojos masivos e intensa represión mostraría que aun aquellos “acuerdos” establecidos hacía largo tiempo podían romperse. Así, lo vivido en los últimos años parece haber fijado un aprendizaje para las personas que se dedican a la actividad: “La policía mañana puede ser tu enemiga”. Nadie olvida, y todas cargan en sus cuerpos (y muchas de ellas también en sus antecedentes penales) aquella conflictividad altamente violenta, como un relato del pasado (reciente). Refiriéndose a vendedores ambulantes, Perelman (2020) señala: “Existe una memoria y una experiencia construida –al igual que en el caso de los cartoneros– a partir de una violencia física y moral contra los vendedores” (p. 51). También señala que “los efectos de la violencia son parte del circuito. Ellos son constitutivos de las relaciones y de las obligaciones morales que se entablan” (p. 52). Las personas que se dedican a la venta callejera saben que, para establecerse en el espacio público, las negociaciones con la policía son necesarias, pero la experiencia altamente persecutoria y violenta de los últimos años ha enfatizado la “desconfianza” y la incertidumbre que implican esas relaciones: “Con la policía siempre hay problemas”.

A su vez, aquella experiencia conflictiva reconfiguró el lugar de la violencia en las negociaciones recientes entre vendedores y policías. Según observaba Pires (2010), el uso de la fuerza no era el elemento principal de persuasión que disponían los agentes de la Policía Federal para el establecimiento de “arreglos” con las personas que vendían en la calle. Antes bien, “a questão é, sobretudo, a aplicação da lei ou, alternativamente, a compra de sua não aplicação” (p. 344). Si bien las negociaciones se establecían “bajo amenaza de violencia física y/o moral, poniendo en juego como objeto de la negociación la aplicación de la ley” (Pita, 2012, p. 111), el uso de la fuerza no era allí la práctica más extendida. Sin embargo, en las recientes negociaciones entre vendedores y agentes de la Policía de la Ciudad, el uso de la fuerza aparecía como una posibilidad concreta y, consecuentemente, como el elemento central para el forjamiento de los “arreglos”. El haber atravesado aquellas experiencias de extrema persecución y de violencias cotidianas –que las personas recordaban como una “caza” por la saña de los agentes– otorgó nuevos sentidos a las negociaciones, dado que ya no solo (ni principalmente) se buscaba evitar la aplicación de la ley, sino también la posibilidad concreta de ser objeto de violencia física o moral. Incluso los términos sobre los cuales se negociaba la aplicación o no de la ley habían adquirido otras implicaciones. Si los “arreglos” con los agentes de la Policía Federal evitaban lo que generalmente era la aplicación de contravenciones^[14] –cuyo mayor costo era la pérdida de la mercadería–, en el trascurso de los años siguientes, las prácticas policiales fueron suponiendo, además de la posibilidad de resultar imputado por una contravención, ser detenido con base en esta, o bien por delitos penales.^[15]

Ahora bien, las relaciones que se establecen con los agentes policiales implican siempre una asimetría de poder cuando se trata de grupos sociales que históricamente han sido objeto específico de control y administración policial.^[16] En este sentido, refiriéndose a las “mercancías políticas”, Misse (2017) las define como el “conjunto de prácticas de intercambio que solo puede llevarse a cabo ancladas en una relación asimétrica de poder” (p. 39). Sin embargo, aun desde un lugar de subordinación, no todas las personas ocupan las mismas posiciones de poder. Las formas y los términos en los que se establecen los intercambios o las negociaciones se configuran y se ven condicionados por las diversas posiciones de poder que ocupan los sujetos implicados en la relación (Cozzi, 2019, p. 4).

Las negociaciones que anteriormente se establecían entre vendedores y agentes de la Policía Federal, si bien implicaban cuotas diferenciales de poder y suponían extorsiones o variadas formas de violencia moral o intimidaciones por parte de los agentes, sucedían bajo parámetros relativamente combinados entre las partes (Pita, 2012). Según Pires (2010), si los “arreglos” implicaban una desigualdad de poder, “essas desigualdades parecem ser compensadas minimamente com a representação de que as partes são moralmente iguais” (p. 379). Esta representación las autorizaba a participar del “arreglo”, “negociando vantagens, benefícios e obrigações de cada parte, proporcionalmente a quantidade de bens e poder, mas, a princípio, incluindo todos os interessados que são iguais em dignidade” (p. 379).

En las negociaciones establecidas entre vendedores y agentes policiales en el contexto de la pandemia, las posiciones de poder parecían haberse trastocado. Quienes se dedicaban a la venta callejera disponían de acotados márgenes de decisión para definir los términos de las negociaciones (qué calles, qué horarios, e incluso la incorporación de dinero en el intercambio). En ese sentido, un vendedor señalaba: “Hicimos lo que quisieron”, “Nos fuimos poniendo donde nos decían”. Esta profundización de las ya desiguales posiciones de poder entre vendedores, agentes policiales e inspectores también se encontraba asociada a la experiencia de conflictividad atravesada en los últimos años. Es decir, la constante persecución, las variadas formas de violencias, la ampliación de las figuras legales para la persecución de las y los vendedores privilegiaron aún más el lugar de poder de los agentes de control en la determinación de las condiciones de las negociaciones. Habiéndose extendido las posibilidades de lo que los agentes podían hacer, eran estos quienes establecían las condiciones para que se desarrollara la actividad de venta.

Pero, al mismo tiempo que fue posible reconocer un lugar de mayor desigualdad de quienes se dedicaban a la venta callejera, no todo (o más bien poco) fue sumisión o aceptación. En la experiencia reciente de conflictividad, así como prevaleció la persecución y violencia policial como forma de tratamiento, también primaron las estrategias de resistencia y de organización por parte de las personas que vendían en la calle. La experiencia de “defender la calle” implicó permanecer en ella aún en los momentos más difíciles, resistir muchas veces con el cuerpo los embates policiales, realizar distintas acciones de protesta e, incluso, el surgimiento de nuevas organizaciones de vendedores. Al igual que aquellos relatos sobre las violencias vividas, las recientes prácticas de resistencia también estaban en la memoria de quienes realizaban la actividad. De ahí que apelaran a la organización como forma de disputar aquella desigualdad de poder, cuya expresión más extrema eran las formas de tratamiento violentas que continuaban recibiendo –aunque de manera modificada– por parte de los agentes. A partir de sus acciones de respuesta, las personas que se dedicaban a la venta callejera buscaban establecer límites a la violencia y al abuso policial de los cuales seguían siendo objeto pese (y en el marco de) los “acuerdos” y “arreglos”.

Reflexiones finales

Analizar las dinámicas de relacionamiento entre las personas dedicadas a la venta callejera, policías e inspectores en tiempos de pandemia permitió dar cuenta de toda una serie de “agenciamientos práticos da vida cotidiana” (Telles y Hirata, 2007) que configuran la forma en la que se regula el espacio urbano y las disputas que allí se desenvuelven. Como se mostró, las prácticas de los agentes de control tienen un lugar central en la constitución y estructuración de la actividad de venta en la calle. Así, el establecimiento del comercio callejero que se observaba en tiempos de pandemia, lejos de poder ser interpretado como una ausencia o desregulación estatal, se encontraba más bien vinculado a acuerdos y negociaciones informales, ocasionalmente devenidas en “arreglos” entre policías, inspectores y quienes venden en las calles.

El carácter que adquieren estas relaciones está moldeado, en parte, por las coyunturas políticas y por decisiones gubernamentales que definen, en cierta medida, el juego entre la tolerancia y la represión de la actividad en la ciudad. Pero también, y sobre todo, por aquello que se entreteje cotidianamente entre agentes de control y vendedores en el espacio urbano. En ese terreno entran las negociaciones y los acuerdos inestables, pues su informalidad (e ilegalidad) y las cuotas diferenciales de poder que revisten los actores involucrados los vuelven precarios. Además, son establecidos bajo amenaza de violencia física y/o moral, y en ellos es utilizada de manera extorsiva la posibilidad de aplicación de la ley. Como se mostró en el escrito, estos elementos que caracterizan a los intercambios van modificando su peso y su significado según las coyunturas y la acumulación de experiencias de los actores involucrados. También lo hacen las posiciones de poder de los actores dentro de estas relaciones, porque no solo es posible encontrar gradientes al interior de los espacios sociales, sino también modulaciones a lo largo del tiempo, vinculadas a las experiencias transitadas.

Ahora bien, comprender las continuidades y transformaciones en las relaciones entre vendedores y agentes de control, en el contexto de la pandemia, requirió atender a la temporalidad en dos escalas diferentes. Implicó, primero, no tomar la pandemia como un periodo homogéneo, sino cambiante y en transformación, y, segundo, abordar una temporalidad más amplia que diera cuenta de procesos que se han ido desenvolviendo desde antes y que afectaron y otorgaron particulares sentidos a las formas de disputar el espacio público configuradas en la pandemia.

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