Activismos, violencias de Estado y burocracias.
Conflictos y derechos en litigio

María Victoria Pita

El equipo, el programa y este libro

Este libro reúne textos de algunas de las investigadoras e investigadores del Programa de Antropología Política y Jurídica que, hace tiempo ya, exploran etnográficamente una serie de asuntos en torno a las burocracias del sistema de administración de justicia, las violencias de Estado y los activismos y las militancias en el campo de los derechos humanos. Asuntos que son objeto de indagación de los equipos de trabajo del programa y que nos han reunido también en torno al proyecto que llevamos adelante en el marco del Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos^[1]; un proyecto que ha fortalecido nuestros lazos con investigadoras e investigadores del Brasil. De modo que los textos que aquí se presentan, publicados en revistas científicas o expuestos en congresos, recuperan parte de las líneas de investigación, de los debates y de las lecturas que nos han ocupado en los últimos años^[2]. En este sentido, el libro es apenas una parte de nuestra historia de trabajo. Y es claro que, en su parcialidad, no alcanza a dar cuenta de la totalidad de investigaciones y asuntos que se tratan en el programa, toda vez que hoy somos un grupo con más de cuarenta y cinco integrantes, en distintos momentos de sus carreras^[3]. Sin embargo, creo que el libro consigue, a través de esta compilación que puede ser vista como un mosaico de nuestras preocupaciones centrales, poner en evidencia otros asuntos.

Por una parte, y mirando la propia historia del programa a lo largo de estos ya treinta y dos años, mediante estos textos se deja advertir la unidad en la diversidad. Quiero decir que estos trabajos muestran, a través de distintos referentes empíricos y desde diferentes encuadres, fértiles y complementarias maneras de pensar los problemas en torno a esos asuntos y a sus complejas articulaciones. Y de ese modo contribuyen a una mirada más compleja. Una mirada que, en sus propuestas de análisis, echa mano a diferentes escalas y focaliza en distintos protagonistas y roles, ofreciendo así una mayor densidad descriptiva sin perder de vista los problemas de fondo. Y son esas maneras de pensar un(os) problema(s) ligado(s) al Estado, sus violencias y sus burocracias las que ofrecen la entrada para comprender formas de hacer, procedimientos y prácticas, tanto como lenguajes hechos de una serie de tradiciones, historias, linajes, redes de relaciones, normas y valoraciones morales que encarnan en instituciones y cristalizan en categorizaciones con efectos concretos.

Lo cierto es que en estos textos puede verse de qué formas y de resultas de qué redes de relaciones sociales, institucionales y de poder se traman las diferentes manifestaciones de unas violencias de Estado que –de maneras más o menos complejas– hunden sus raíces en una tradición inquisitorial y tutelar. Y también, a través de ellos, es posible identificar y conocer como activistas, expertos y militantes, grupos que son “población objeto” de la gestión del sistema de administración de justicia o del control y gobierno policial, colectivos de víctimas más o menos organizadas, agentes estatales del sistema de administración de justicia, todas estas personas, desde sus diferenciales posiciones de sujeto^[4] portando experiencias distintas y desde diversos roles sociales, nos han llevado a pensar y repensar para tratar de comprender las diversas formas de hacer en materia de violencias de Estado y administración institucional de conflictos.

Por otra parte, en estos textos es posible leer un sólido tejido de referencias hecho de la sedimentación de lecturas, debates y diálogos que, por cierto, es propio del oficio y que dialoga también con otras disciplinas como la historia, la ciencia política, el derecho y la sociología. Pero también, en casi todos estos textos, es posible advertir la marca de la distintiva influencia de colegas brasileñas y brasileños que va más allá de la referencia bibliográfica. Y eso es así porque tenemos con ellas y ellos una ya larga historia de encuentros, de diálogos y de una asociación para el pensar que podríamos llamar, siguiendo a Luís Roberto Cardoso de Oliveira, “parceria dialógica”. Con ellas y ellos nos unen veinticinco años de intercambios, aprendizajes, experiencias compartidas, alianzas y también investigaciones conjuntas que nos han posibilitado pensar en común tanto a través de las semejanzas como de las diferencias. Y muchas veces por medio del ejercicio de la contrastación^[5].

En ese sentido, este libro, que se publica ya transcurridos veintiún años después de la aparición del primero^[6] del equipo, consigue evidenciar la vigencia de un programa de investigación que sostiene una serie de preocupaciones nodales que, abriéndolas, las ha complejizado y profundizado. Y a la vez, deja ver las alianzas y los intercambios de los que se nutre. El equipo, hoy programa, se ha expandido. Parte de su historia, del tiempo histórico y de la coyuntura en que surge se relata en el texto que abre esta compilación (Florencia Corbelle y Soledad Gesteira).

Ampliando un poco más lo que allí se recupera, puede decirse que nuestra preocupación fundante se centró en las formas que asume la violencia de Estado –razón por la cual la referimos en plural–, buscando identificar tanto continuidades, como discontinuidades y novedades respecto de las que tuvieron lugar durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983. Esa preocupación e interés en analizar lo que en su momento llamamos el poder punitivo del Estado o el problema de la violencia institucional punitiva y que traía consigo también la pregunta por las condiciones político-culturales que lo tornaban posible nos llevó a definir algunos problemas más específicos en nuestras investigaciones. Así, buscamos registrar y analizar los procedimientos, las prácticas, los usos y las costumbres, tanto como buscamos pensar sobre y a través de las tradiciones y los “linajes” de las burocracias y agencias penales. Esto, entendimos, tornaba posible comprender en su densidad y en sus formas encarnadas la tradición inquisitorial y las formas de manifestación del poder tutelar, así como el derecho y los usos del derecho. Es decir, procuramos conocer las formas de pensar y hacer en/de los mundos de las policías, los tribunales y las demás burocracias del sistema de administración de justicia para comprender el ejercicio de las violencias de Estado y la penalidad. Y, junto con ello, buscamos comprender las formas de pensar y de actuar de los muy diferentes colectivos, grupos sociales y organizaciones que –de muy diversos modos– denuncian y objetan esas violencias y reclaman justicia.

Desde nuestra perspectiva, esto no supuso limitarnos exclusivamente al análisis de las acciones e intervenciones institucionales de sus agentes, es decir, a los procedimientos y procesos formales, a las tramas burocráticas propias –administrativas y judiciales– que constituyen y organizan a instituciones, corporaciones y agencias. Sino que también incorporamos al campo de indagación las acciones e intervenciones políticas ligadas a ellas, lo que, además de implicar a otras burocracias, ponía en juego los lenguajes y las lógicas de la política y de la acción política. Y ello ha supuesto atender tanto al análisis de políticas públicas específicas, como a la acción colectiva y a las formas de hacer de militancias, activismos y movimientos sociales en torno a ese campo de asuntos.

Y así, como en un juego de mamushkas, orientamos nuestras investigaciones en diferentes momentos, al quehacer, las políticas y los lenguajes tanto de las diversas agencias y poderes estatales judiciales, ejecutivos y legislativos, como de las organizaciones sociales y políticas y de los organismos de derechos humanos y diferentes colectivos. Todo esto, apenas listado aquí como una sucesión encadenada de asuntos, problemas y objetos de investigación, actores sociales, instituciones, burocracias y lenguajes, hace de algún modo –y de manera bastante genérica– a los campos de indagación e investigación empírica en los que hemos venido trabajando^[7].

En todos estos años, desde nuestra perspectiva disciplinaria, y llevando adelante investigaciones etnográficas, hemos buscado integrar los campos de las antropologías política y jurídica, poniendo el énfasis en la y^[8]. Es decir, revisamos la tradición clásica de la antropología política para pensar la violencia y el poder punitivo del Estado, a las formas del disciplinamiento y de la normalización, y a las de los desempeños de la burocracia penal y de la gestión y el tratamiento de algunos grupos en particular, para luego sumergirnos a comprender el campo judicial y jurídico, orientándonos a pensar cómo funciona el derecho como sistema de normas, como lenguaje y como productor de una forma de verdad. Abordamos al derecho y al trabajo de los (y en los) tribunales como unos campos y dominios específicos donde la acción política se cifraba en otra clave, la del saber jurídico. Y a la vez fuimos profundizando, ya que advertimos su relevancia en el análisis de otros ámbitos y dispositivos burocráticos y administrativos más o menos ligados a esas burocracias penales tales como las oficinas y agencias productoras de datos, información y estadísticas sobre desempeños del sistema de administración de justicia, las áreas ligadas a las personas categorizadas como “menores” y las burocracias propias de la gestión y el gobierno de esos “tutelados”, y los fueros considerados de menor jerarquía, como el contravencional y de faltas, donde el poder policial tiene una forma diferencial de predominio, entre otros. De este modo, fuimos enlazando una serie de problemas y abriendo nuevas preguntas con el interés de ampliar la mirada para luego precisar unos encuadres y unas perspectivas propias para dar cuenta de las formas de la violencia y del poder punitivo del Estado, de los conflictos allí tramitados y de su gestión y administración, tanto como de los diversos modos sociales de tratarlos. Y nos hemos ocupado de indagar sobre estas cuestiones centrándonos en asuntos del presente y del pasado reciente.

Y ello sin dejar de atender a que, en nuestro país, la cuestión violencia y poder punitivo del Estado no puede dejar de incorporar al análisis la cuestión derechos humanos en sus diversas dimensiones. Esto es, tanto en cuanto lenguaje y dispositivos del derecho internacional de los derechos humanos –con las figuras jurídicas y posibilidades de litigio trasnacional que ellos implican–, como en cuanto lenguaje político local, disponible para la formulación de demandas de justicia y de movilización social y para la acción política. Y el análisis de la cuestión derechos humanos así entendida nos llevó a considerar al movimiento local en su carácter de actor colectivo, ya en el campo de la movilización y la protesta, ya en el del activismo legal o jurídico local, regional e internacional. Y también implicó conceptualizar a los derechos humanos en su dimensión de campo –à la Bourdieu– y lenguaje específico, lo que abrió la indagación sobre los derechos humanos en su configuración local, esto es, como valor político y moral que interviene de manera decisiva en la arena pública y en el debate político.

Y este es un asunto nodal en nuestras investigaciones. Lo es no solo porque advertimos su peso específico en nuestro campo de indagación, sino también porque nosotras mismas somos parte de ese amplio y diverso campo del activismo de los derechos humanos, y, desde nuestra especificidad, buscamos, a través de la producción de conocimiento, ofrecer elementos para la comprensión de procesos sociales, dilemas y asuntos complejos (atravesados por la historia y la coyuntura) en ese campo y coproducir junto a otros actores sociales argumentos eficaces y consistentes para el debate público.

Así, desde la disciplina y en cuanto parte de ese amplio y diverso campo del activismo de los derechos humanos, hemos ido generando una perspectiva propia para la investigación y la intervención pública sobre las formas específicas de la violencia estatal y sus ligazones complejas con los mundos de las burocracias penales, el derecho y la política. Esa praxis, desde nuestra posición específica, nos ha permitido, a la vez, indagar sobre los procesos de producción de una agenda local de derechos humanos, e intervenir en y desde ella. Quiero decir que nuestras investigaciones sobre las violencias de Estado y sobre los desempeños de las burocracias judiciales y administrativas –que más de una vez participan de la producción o legitimación de esas violencias estatales–, sobre las diferentes modalidades de administración institucional de conflictos y sobre el activismo de los derechos humanos no las realizamos en una relación de pura exterioridad y ajenidad. Por el contrario, nosotras mismas y nuestros modos de conocer –lo que también es decir modos de pensar y de intervenir– han contribuido a conformar campos de análisis y al fortalecimiento de ese complejo y diverso mundo social que llamamos activismo de los derechos humanos.

Refiero todos estos asuntos, y los enlaces de problemas, preguntas y objetos de indagación, buscando ofrecer aquí, a quienes se acerquen a este libro, aunque de manera algo esquemática y extremadamente comprimida, una síntesis del proceso que a lo largo de los años fue configurando una agenda de investigación que, desde la antropología política y jurídica, indaga sobre violencias estatales, burocracias, derechos humanos y activismos y militancias en ese campo.

Páginas atrás decía que nuestro interés se orientó a pensar estos asuntos a través de investigaciones centradas tanto en el presente –a veces, incluso, casi en tiempo real–, como en el pasado reciente. Y eso expresado a través de esta clave de indagación analítica que ha sido y es una de nuestras preocupaciones de fondo: la de comprender las condiciones sociales de posibilidad de las violencias de Estado. La preocupación por las condiciones de posibilidad de estas violencias ha sido para nosotras una pregunta situada, que enlaza asuntos de coyuntura, de agenda (y, cuando digo “agenda”, pienso en la incidencia y también en el trabajo de generación, esto es, de producción de agenda) con temas más abstractos que adquieren densidad y significado en procesos de larga duración –pero que también encarnan en el presente y son materia con la que lidiará el futuro– tales como Estado, burocracias y violencias. Y eso nos ha llevado a atender, simultáneamente, a diferentes dimensiones temporales a la hora de llevar adelante la tarea. Así, en cada campo específico, se (nos) tornó necesario identificar y analizar aquello que podríamos llamar “matrices históricas y locales” que intervienen a la hora de producir el poder y las violencias de Estado, la autoridad y la ley, y también a la de producir la política, fuera esta tanto la política de la confrontación y la resistencia cuanto la política de la estatalidad. A la vez, buscamos advertir la fuerza de esas matrices en los diversos procedimientos, rutinas, escenas y coyunturas políticas del presente, esto es, cuánto de esas formas históricas del derecho inquisitorial, del poder tutelar, del saber policial y la criminología positivista se imprime en lógicas, procedimientos y prácticas vigentes. Y, junto con ello, buscamos dar cuenta de la potencia productiva del presente; es decir, atender a la emergencia de lo nuevo y distinto, tanto en las formas que asumen esas violencias de Estado y esas burocracias y su manera de ejercer el poder y gobernar o gestionar a su población “objeto”, como en las modalidades de resistencia y denuncia frente a ellas.

Y es en este último punto en que la preocupación sobre las condiciones de posibilidad al colocar específicamente nuestro interés sobre las acciones y modalidades de intervención de activismos y militancias y del hacer de diferentes colectivos sociales ante las diversas violencias de Estado, tanto las resultantes de los desempeños de las policías, como las de las prácticas coercitivas de las burocracias administrativas y judiciales, implica necesariamente –desde nuestra perspectiva– incorporar la cuestión derechos humanos. Lo que ha significado incluir, por una parte, la reconstrucción o revisión y el posterior análisis de los actores sociales –de colectivos e individuos– y de los procesos que fueron creando al activismo de los derechos humanos, y, por otra parte, los escenarios políticos locales en los cuales se ha ido configurando la cuestión derechos humanos (y esos procesos y actores).

Esto ha supuesto –y algo adelantaba apenas unas líneas atrás– incluir y pensar la cuestión derechos humanos analítica y críticamente. Es decir, sin desconocer su origen y por tanto atendiendo a la posible consideración de su condición de “noción etnocéntrica con pretensiones hegemónicas”^[9] o de “localismo globalizado”^[10] –y menciono esto para no caer en ingenuidades que resulten de ignorar la historia de procesos sociales locales que se configuran como universales–; pero, a la vez, focalizando en su configuración en cuanto categoría local con potencia política. Quiero decir que la cuestión derechos humanos, tal como destacan Claudia Fonseca y Andrea Cardarello –y con frecuencia citamos–, “en su forma abstracta y descontextualizada poco significan”^[11]. Por eso, hemos procurado estudiar sus significados concretos y específicos ligados a los usos políticos locales^[12].

De este modo, aunque muchas veces de maneras diferentes y no solo debido a los problemas de investigación y objetos específicos y a los estilos de cada cual, sino también en razón de la situación y de la coyuntura específica, nuestras investigaciones se centraron en analizar los derechos humanos como un valor moral local con potencia política que es puesto en juego, legitimado y deslegitimado, disputado, resistido, ampliado o restringido, presentando variaciones y alcances más o menos estrechos. Un valor que, entendido en esa clave, permite evidenciar usos “creativos y pragmáticos”^[13] que intervienen a la hora de potenciar, de manera más o menos eficaz, las estrategias políticas, así como de validar su significado y alcance.

Desde esta (nuestra) perspectiva, las burocracias, agencias y corporaciones de las que nos ocupamos, así como sus redes de relaciones, es decir, los enlaces entre unas y otras, o entre unos y otros de sus funcionarios y agentes, los universos de valores, tradiciones y linajes, sus jerarquías, sus estilos y formas de hacer que las conforman y configuran más allá de su arquitectura institucional formal, así como los actores, grupos y colectivos sociales, sus prácticas específicas y sus lenguajes, se han tornado objeto de nuestro programa de investigación. Conocerlos, analizarlos, estudiarlos en su pasado, en su presente y en su devenir nos fue proveyendo de más elementos y casuística para comprender y analizar el diverso y complejo activismo de los derechos humanos. Un activismo con una anatomía y una gramática propias, si se me permite el uso de tales metáforas.

Hablar de la anatomía de este activismo implica hablar de su cuerpo. ¿Quiénes lo integran, quiénes son parte? Este activismo –en sentido amplio– al que referimos resulta de una densa trama de relaciones de afinidad y de colaboración construida entre diferentes actores sociales, algunos colectivos y organizados, así como de otros que individualmente y desde su ejercicio profesional también son parte. Este activismo es producto de la suma de compañeros, de colegas, de partenaires, así como de aliados; resulta del trabajo articulado y de las alianzas sostenidas con (y entre) numerosos actores sociales, gremiales, comunitarios, con funcionarios de diferentes poderes del Estado y niveles de gobierno, con investigadores académicos, expertos de diversas disciplinas y trabajadores de prensa. Es posible incluso advertir diferentes activismos: uno ligado a las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos donde conviven víctimas y familiares de víctimas, profesionales y expertos; otro que podría caracterizarse como activismo legal o jurídico^[14] (Delamata, 2014); algún otro que podría llamarse activismo estatal^{[15] [16]}; de hecho, diversas trayectorias personales testimonian derivas por esos espacios diferenciados. En nuestra tradición local, ese activismo múltiple y diverso, que dentro de sí alberga a varios, liga su saber hacer al de la militancia. Si el activismo funda su acción en unas experticias de alguna forma más profesionalizadas así como en la producción de incidencia y el cabildeo o lobby, la militancia puede caracterizarse como aquella forma de organización colectiva con base territorial más centrada en la acción política directa a la que se suman sus habilidades propias y específicas^[17] para las gestiones que puede impulsar, además de por las vías institucionales, por otras vías regidas por acuerdos, pedidos, presiones y negociaciones en clave de la dinámica política no institucional, sobre todo a través de la red de relaciones con referentes políticos y estructuras partidarias, sindicales y organizacionales o algunas figuras públicas de relevancia. Como sea, puede pensarse que ambas vertientes, con sus lógicas y prácticas características, más o menos ajustadas a diferentes tradiciones (toda vez que estas no existen en sus estados puros), son parte del lenguaje local de un(os) activismo(s) y una(s) militancia(s) sostenido(s) e incesante(s). Unos nutridos tanto por el activismo legal, la intervención de expertos e incluso el activismo estatal, como por actores y grupos centrados en el lobby y el activismo parlamentario; y también por los profesionales del derecho y del derecho internacional de los derechos humanos y el litigio estratégico; otros por la militancia política y social de base territorial y su tradición de organización y movilización para la acción colectiva, la demanda y la protesta. Y de todas esas ramas y tradiciones, está hecho ese cuerpo que llamamos activismo de los derechos humanos (en sentido amplio).

Por su parte, hablar de la gramática del activismo alude a las reglas de un hacer. Al igual que una lengua, el activismo sigue una serie de reglas que organizan su hacer y que hacen posibles sus formas de decir y actuar. La diversidad de actores sociales, colectivos e individuales, la experiencia acumulada y el saber hacer del activismo de los derechos humanos han dado lugar a acciones urgentes y certeras. La intervención de los organismos de derechos humanos, su saber experto en el campo del litigio estratégico, el enlace con las agencias e instituciones que son parte del derecho internacional de los derechos humanos y la movilización, la demanda de justicia y la protesta impulsada por las militancias han cambiado más de una vez el rumbo de los acontecimientos^{[18] [19] [20]}. Ese cuerpo y estas formas de saber hacer son nuestro campo de indagación. Un campo del que también somos parte de diferentes maneras.

Los artículos y sus asuntos

Los trabajos aquí reunidos tratan sobre procesos, eventos y situaciones sociales en que se trazan de manera singular intervenciones e interacciones entre agentes y funcionarios de distintas burocracias del sistema de administración de justicia y otros actores sociales de los más diversos: activistas más o menos organizados, colectivos sociales, jóvenes en conflicto con la ley penal y otras tantas personas del común atrapadas en los laberintos de las burocracias. En estos textos se advierte la profundidad histórica de los problemas que se abordan a través de las tradiciones y prácticas de las instituciones –que dejan ver la fuerza de esas matrices que las han moldeado–, y también a través de las formas que asumen las intervenciones y acciones políticas de activistas que en el presente ponen en juego su experiencia acumulada. Así, la arbitrariedad de la organización del libro –tan arbitraria como un signo– puede considerarse validada por la propuesta de lectura que se ofrece. Una lectura en la que operan pasado y presente. Se trata del presente y también se trata del pasado, que remite a una historia reciente que se advierte operando en el presente. Ese pasado que aparece lo hace siendo revisado, juzgado, molido y procesado; sobre él intervienen el derecho, lenguajes expertos, memorias heredadas, experiencias y saberes acumulados que lo ponen en juego en este presente. Un presente en el que también se advierte la emergencia y la potencia de la novedad, de lo nuevo de este tiempo con sus dos caras: nuevas y creativas formas para hacer frente a las violencias; y nuevas formas de las violencias de Estado y de una emergente indolencia y crueldad en sus embates. Y ahí está siempre el hacer, que resulta de los trabajos y los días de gentes muy distintas que, desde muy diversos roles, intervienen en la gestión de dispositivos que procuran proteger o garantizar derechos, en juicios y otras formas de administración institucional de conflictos, en demandas de justicia, en reclamos y en movilizaciones.

Los tribunales y los documentos, abordando tanto el pasado dictatorial desde el presente, como se trabaja en los textos de María José Sarrabayrouse Oliveira, de Clara Barrio y de Valeria Barbuto, como el presente pensado a la luz de un nuevo formato para dirimir conflictos como los juicios por jurado popular, como lo hace María Josefina Martínez, son un mirador privilegiado para comprender las complejas articulaciones o colisiones entre las lógicas burocráticas, las tramas de relaciones entre sus funcionarios y entre estos y la sociedad civil, se presente esta a través de organizaciones y colectivos sociales, o como ciudadanos de a pie convocados para ser parte al momento de juzgar. Pero, además, los tribunales y los juicios, como bien puede verse en estos textos, son un espacio privilegiado para conocer de manera detallada las formas de trabajo de diferentes oficinas y funcionarios del sistema de justicia, así como las del activismo legal y las víctimas organizadas y las tradiciones y los linajes en que unos y otros se inscriben. Los juicios también se presentan como momentos en los que es posible capturar las especificidades de unas historias locales (Sarrabayrouse Oliveira), la relevancia de determinados espacios físicos para el juzgamiento (Barrio), las sensibilidades legales^[21] en juego, la emergencia y publicización de unas memorias silenciadas, ocluidas (Sarrabayrouse Oliveira), a la vez que provocan interrogantes respecto a la noción de “reparación” y los distintos significados del valor justicia: ¿acaso solo una condena supone reparación?, ¿puede haber reparación con penas leves o ausencia de condena?, ¿toda reparación es judicial o es posible imaginar, como destaca Sarrabayrouse levantando los debates del propio campo de pesquisa, “la ampliación del sentido reparatorio”? Claro que, cuando pensamos en esa nominación genérica “los tribunales”, debemos considerar no solo los momentos de escenificación performática y abiertamente pública, sino asimismo toda esa serie de procedimientos regidos por las normas, las reglas y el cálculo, y también resultantes de la imaginación puesta al servicio de pensar políticamente para poner en juego el saber jurídico en el campo judicial. Desde esa perspectiva, los documentos considerados “como campo de indagación en sí mismo”^[22] son material privilegiado a través del que es posible leer acciones, efectos de decisiones, despliegue de estrategias y, junto con ello, formas de producción de la verdad ceñidas, como bien demuestra Barbuto, tanto al conocimiento de los hechos, como a las urgencias del contexto y a las relaciones de poder. De hecho, es esta aproximación lo que permite a esta autora identificar una “genealogía de las formas de veridicción (el acto de decir la verdad)”.

A través de diferentes investigaciones la indagación sobre la gestión de la vida de las infancias y los procesos judiciales que las implican y afectan a ellas, tanto como a los adolescentes y a sus familias, se han puesto de manifiesto una serie de asuntos más que relevantes toda vez que permiten advertir prácticas y tramas sociales que atraviesan y exceden los mundos de las burocracias del sistema de administración de justicia. Así, el trabajo de campo informado y orientado por investigaciones previas que dieron cuenta de matrices históricas operando en la gestión de las infancias, así como de perdurabilidades de clasificaciones y prácticas^[23], posibilitó la indagación sobre una trama local en la que entran en juego élites locales y un mundo de jerarquías sociales validadas y orientadas por determinadas –y dominantes– economías morales e interaccionales (Carla Villalta y Soledad Gesteira). Pero no solo eso, sino que la misma investigación por una parte devela el lugar central que el propio activismo de los derechos humanos, y en particular el rol y la labor del organismo Abuelas de Plaza de Mayo, ha tenido a la hora de problematizar y cuestionar antiguas prácticas de sustracción y apropiación de niños. Y, por otra, pone en evidencia los efectos y las derivas de tal labor que redundó en lo que Villalta y Gesteira llaman “grillas de inteligibilidad y repertorios” qua legado del activismo de derechos humanos para con las infancias y sus derechos. Mas también las prácticas sociales sobre las infancias y juventudes y su ligazón con las burocracias en materia de derechos y gestión de sus vidas, tornadas problema de investigación y objetos de indagación, dejan ver la trama de relaciones y el abanico de posiciones ético-políticas y de valoraciones morales que entran en el juego a la hora de tomar decisiones, de intervenir y también, por qué no, de producir documentos sobre todo ese hacer.

Sin embargo, hay más de una entrada analítica posible a ese campo específico. Así, el trabajo de Julieta Grinberg lo hace desde una perspectiva que, historizando, explora cómo ese campo de las infancias se ha convertido en tal debido tanto a las experiencias y los saberes propios de expertos y activistas en cierto modo “extranjeros” al campo de las instituciones de protección de la infancia. A su vez, el artículo de Carla Villalta y Florencia Graziano focaliza en las prácticas cotidianas y los modos de gestión a través de los que se encarnan, y así ponen en acto nuevas políticas y directrices específicas en torno a la interdisciplinariedad en la gestión del delito, mandatos y modelos tenidos por novedosos o llamados “alternativos” para jóvenes en el campo penal juvenil, tal como analiza Federico Medina en su trabajo. En gran medida, en estos trabajos se busca analizar los modos locales y complejos en que se traducen e implementan nuevas normas. Modos en los que no dejan de estar presentes las viejas, tradicionales y acostumbradas prácticas y procedimientos, y sobre las cuales, o a veces, frente a las cuales, se impulsan, interpretan/traducen o reelaboran de maneras más o menos creativas procesos de reformas.

Ya habiendo atravesado ese tramo del libro, se puede advertir algo de la enorme diversidad de activismos y militancias y de las tareas y los roles diferenciales que estos conllevan. En gran parte de los artículos, pueden verse los desempeños del activismo de los derechos humanos desde sus primeros tiempos, sus articulaciones internacionales (Barbuto) y su inclusión en redes transnacionales, así como el rol de algunos abogados entregados a una causa y su devenir expertos como un parte del proceso de institucionalización de ella (Grinberg); cuestión que a la vez permite profundizar en la lectura del activismo qua carrera. Profesionales, referentes, funcionarios y operadores del sistema de administración de justicia con perfiles más o menos técnicos se tornan figuras relevantes en campos específicos porque han conseguido replicar experiencias o implementar políticas y reformas, o formar a otras personas de muy diversas maneras. Junto con ello, también puede identificarse el hacer del activismo más específico centrado en el litigio en materia de delitos de lesa humanidad, o en el campo de las infancias, ambos tributando al activismo legal; y el de la militancia social de base territorial cuyas alianzas con profesionales del derecho y cierto activismo judicial se tornan eficaces y eficientes a la hora de ofrecer legibilidad a lo ilegible, o más aún, a lo ininteligible (Medina, Villalta y Gesteira).

Las diversas formas en que se expresa el poder policial, formas hechas de un amplio repertorio de prácticas y dinámicas que oscilan entre la baja y la alta intensidad represiva^[24], que van del gobierno de población –que a su vez puede ser más o menos negociado– a las prácticas extraordinarias, que se desplazan en las fronteras porosas entre la legalidad y la ilegalidad, son parte nodal del poder punitivo del Estado^[25]. Y los modos en que estas formas se despliegan ofrecen material muy valioso para identificar sus manifestaciones locales. El poder policial con su propia autonomía, su autorizada discrecionalidad y su efectiva arbitrariedad^[26] reposa tanto en un antiguo derecho de policía^[27], como en la tradición vernácula de ligazón con jueces y fiscales^[28]. Una tradición que coloca a las policías y fuerzas de seguridad en una posición que puede oscilar entre la subordinación obediente y la delegación de funciones –sin por ello abandonar del todo tal subordinación–. Los textos que en este libro se detienen en el análisis de prácticas y dinámicas policiales lo hacen explorando etnográficamente diferentes escenarios y grupos. Así, se describen y analizan los procedimientos policiales que tienen por objeto a quienes cultivan o producen derivados de cannabis, tal como lo hace Florencia Corbelle; las dinámicas de relacionamiento con vendedores callejeros que presentan un amplio espectro que va desde la persecución y violencia directa hasta diferentes formas de negociación y arreglos, escasamente libres y voluntarios, pero eventualmente con menor dosis de violencia física, como analiza Sofía Belcic; y el despliegue de la masiva represión a la movilización y la protesta social, tal como analizo en mi texto.

Sin embargo, la descripción y el análisis de este tipo de prácticas ejercidas sobre estos diferentes grupos de personas, organizadas o no, ponen en evidencia formas de ejercer la violencia, tanto física como moral, el amedrentamiento, y la humillación con el objeto de conseguir ya sea el dominio, ya el temor y el cese de conductas o el repliegue, o bien una acusación, todo lo cual se presenta en estos textos junto a otras prácticas y saberes. Así puede advertirse que tal repertorio de violencias y arbitrariedades habitualmente forma parte de un aceitado dispositivo^[29] para la persecución y acusación penal. Pero también puede verse que, la mayor parte de las veces, esto es posible en virtud de la articulación con –o de la habilitación de– otros actores institucionales y políticos, sea el ministerio público fiscal (Corbelle), agentes de control ligados al Poder Ejecutivo local (Belcic), o el Poder Judicial y funcionarios políticos de las áreas ligadas a la seguridad pública (Pita).

Como sea, en estos textos queda claro que tales violencias no ocurren ante personas y grupos inermes. En estos textos se describe el hacer de agrupaciones, colectivos y organizaciones de distinto tipo –comunitarias, sindicales, culturales, periodísticas, artísticas, políticas, etc.–. Un abigarrado tejido social que hace a esa anatomía de los activismos y las militancias que mencionamos páginas atrás y que despliega esa mentada gramática. Un cuerpo, un saber hacer y muchos lenguajes, no solo el del derecho. También el del arte político, que, por la vía de la performance –una que enlaza la tradición de las políticas estéticas y visuales del movimiento de derechos humanos en Argentina con el movimiento contra la violencia policial e institucional– en demanda de justicia ante un caso de violencia policial, pone de manifiesto la potencia política de la dramaturgia y la teatralización para producir una denuncia, generar una demanda de justicia, restituir humanidad a la víctima y proponer otro tipo de verdad y reparación, tal como lo analizan Eugenia Cozzi y Marilé di Filippo.

Se espera que este libro contribuya a acrecentar ese corpus de conocimiento tanto sobre las diversas prácticas y dinámicas institucionales en que reposan las violencias de Estado, y las tramas de relaciones sociales e institucionales que las legitiman y las tornan posibles, como sobre la diversidad de activismos y militancias en derechos humanos en el país que, con sus experiencias y saberes, de maneras creativas y con imaginación política, no cesan en su búsqueda de hacer de este un mundo más justo.

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