Agro y política
durante la reconstrucción democrática^[1]

Gabriel Carini^[2]

Introducción

En la actualidad se asiste a una creciente preocupación por parte de las y los investigadores de las ciencias sociales y humanidades por indagar diferentes dimensiones asociadas al fenómeno estatal. La revitalización de esta agenda privilegia, fundamentalmente, la constitución de las agencias estatales, sus lógicas, las trayectorias de quienes estuvieron a cargo, la circulación de saberes y las políticas que lograron estructurar. A pesar del vigor de estas investigaciones, se percibe que todavía persiste un doble déficit. Por un lado, las agencias estatales, las prácticas de sus agentes y las modalidades que asumió el funcionamiento de esos y otros espacios institucionales vinculados al sector agropecuario no han sido densamente examinadas para la historia reciente. Si bien el estudio de las políticas públicas sectoriales –en particular la recepción que generan sus efectos– reviste una dilatada tradición dentro del campo de estudios rurales, no se avanzó en explorar los procesos de mediación propiciados por los partidos políticos, en especial, el lugar del agro en los programas partidarios y las formas de construcción de políticas por medio de los canales legislativos. En ese sentido, no se registran análisis que aborden integralmente las dinámicas de los partidos políticos y que permitan precisar cómo es tematizada la cuestión agraria, qué formas de comprensión de lo rural proponen los programas de los partidos políticos y cuáles son las modalidades de vinculación entre estos y otros canales de mediación política como las corporaciones que, usualmente, se presentan como alternativos y excluyentes.

Sobre la base de esos interrogantes, nos interesa reconstruir las características que asumió la mediación política de los partidos políticos en relación con el agro durante el proceso de reconstrucción democrática. Nuestra mirada privilegiará, por un lado, las prácticas y discursos de la Unión Cívica Radical, el que finalmente se constituiría en el partido de gobierno, que es el que tiene la capacidad para definir ciertas reglas del campo político, aunque no descuidaremos las iniciativas de los partidos de oposición. Esa dinámica, por otro lado, se combinará con las demandas sectoriales y posicionamientos de las corporaciones agropecuarias a los fines de brindar una mirada dialógica del proceso de mediación política. Temporalmente, nuestro foco de análisis estará puesto en la coyuntura que se abre desde fines de febrero de 1983, con el llamado a elecciones presidenciales, hasta diciembre de ese año donde se comienzan a diseñar e implementar por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación la política para el sector agropecuario. Entendemos que este breve lapso nos permitirá señalar las diversas formas en que el agro fue pensado por los representantes de los partidos políticos y cómo estas miradas incidieron (o no) en la construcción y gestión de las políticas estatales.

El tema considerado en este capítulo recibió un tratamiento significativo, aunque dispar. Existen análisis del proceso que abordaremos que concitaron un interés casi simultáneo de sociólogos y antropólogos de la política. En ese conjunto de trabajos sobresale el aporte de Palomino (1987) que inscribía su estudio de las entidades agropecuarias dentro de la problemática sobre la estabilidad institucional del régimen político que emergía en 1983 luego de un prolongado período de inestabilidad institucional. En esa línea, el trabajo de Nun y Lattuada (1991) propuso una explicación de la dificultad de construir una política agraria por parte del gobierno de Alfonsín. En ese marco, analizaron no solo factores estructurales sino también los límites de la acción estatal y los comportamientos de los actores empresariales del agro. También, Lattuada (1988) reconstruyó las principales aristas que asumió la política agropecuaria del período. Más recientemente, Beltrán (2006) procuró comprender cómo el gran empresariado legitimó la penetración de ideas neoliberales y, en ese sentido, qué límites estas justificaciones impusieron a la acción política. Es decir, a pesar de estos antecedentes, resta poner en diálogo los procesos de mediación política impulsados no solo por las corporaciones agropecuarias sino también por los partidos políticos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se organiza en tres apartados. En el primero, realizaremos una descripción de la situación estructural del agro en la coyuntura considerada y reconstruiremos las demandas y diagnósticos de las corporaciones agropecuarias. En el segundo, avanzaremos sobre las propuestas electorales de los partidos políticos que compitieron en las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983. En este punto, nos concentraremos en la elaborada por la Unión Cívica Radical. Por último, en el tercero, daremos cuenta de las primeras iniciativas del Gobierno radical y la recepción por parte de la dirigencia agropecuaria.

Un horizonte poco definido: diagnósticos y demandas sectoriales

La convocatoria a elecciones generó un clima expectante en la dirigencia rural que sumadas a las proyecciones para el año agrícola presentaban un panorama incierto que requería –en su perspectiva– de “claras” definiciones políticas. Los expertos de la Asociación Argentina de Economía Agraria preveían un incremento en el área sembrada con trigo para la campaña 1983/1984 aunque alertaban que los posibles beneficios de esta producción podían verse distorsionados por la competencia de los países centrales y su intervención en los mercados. Los granos forrajeros también presentaban proyecciones auspiciosas no así los granos gruesos que registraban cierta merma en su producción. Moderadas eran las perspectivas para las oleaginosas, en particular, para el girasol y la soja.^[3] De hecho, la producción de granos finos y gruesos de la campaña 1982/1983 alcanzaba un récord productivo al superar los 40 millones de toneladas. Esto implicaba un aumento de más del 19% respecto de la campaña anterior y sostenía la expansión agrícola que se registraba desde la mitad de la década de 1970. En este crecimiento insidia especialmente la producción de trigo que participaba con más de 15 millones de toneladas y que suponía un incremento del 37,2%. Con este desempeño, las estimaciones del valor de las exportaciones de granos, aceites y subproductos rondaban los 4.000 millones de dólares, aunque se daban en un contexto de deterioro de los precios internacionales.^[4]

La actividad ganadera parecía atravesar una crisis que poseía varias aristas. Sus exportaciones registraban una caída significativa comparado el año anterior que se estimaba en un 25% en cuanto a su volumen y un 30% en materia de ingresos. Una preocupación central era el desfasaje existente entre la evolución de los costos del ganado en pie que crecía en forma más rápida que el del tipo de cambio real y efectivo, lo que comprometía la “potencialidad exportadora”. Así, los sectores industrializadores, por un lado, planteaban la necesidad de que el Gobierno instrumente mecanismos de prefinanciación que permitan sostener y recuperar la presencia en los mercados internacionales (se habían reducido o perdido mercados importantes para la producción nacional como Israel, Irak, Irán y Egipto). Por otro lado, los representantes de la producción denunciaban un proceso sostenido de liquidación de stocks que rondaba una pérdida del 15% de cabezas de ganado comparado con mediados de la década de 1970. También las firmas asociadas a la comercialización sostenían dificultades dado el “alargamiento” de los plazos de pago y los riesgos derivados de esas operaciones.^[5] Igualmente, crítica era la situación de la producción lechera que se sumaba a los planteos sectoriales relativos a lo imperioso de mantener la política de concertación de precios entre productores e industriales e incentivar la producción invernal estableciendo un valor diferencial que compense los mayores costos de producción a ese periodo y tienda a la estabilización de la producción anual.^[6]

De cara a las elecciones de fines de octubre de 1983, las demandas de la dirigencia agraria se intensificaban. La tradicional muestra ganadera organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) volvía a constituirse en caja de resonancia de la coyuntura de la producción y de la industria ganadera pero también de las incógnitas que se abrían para el futuro gobierno constitucional. Su presidente, Horacio Gutiérrez, enunciaba lo que para la entidad que representaba constituían las causas de la crisis entre las que contaba el gasto público, el endeudamiento interno y externo, la presión tributaria, los controles cambiarios, la política arancelaria discrecional, la manipulación gubernamental de redescuentos, efectivos mínimos y tasas de interés. Concluía su alocución diciendo:

La nación aguarda la nueva etapa que abrirá con el gobierno elegido por la ciudadanía. Creemos interpretar el sentir de los productores rurales, al decir que el agro espera que sus aspiraciones sean comprendidas y que se instrumente, entonces, la política agropecuaria positiva para el crecimiento, que permita la solución de nuestros actuales y graves problemas nacionales. Todo esto debe ser tenido en cuenta por los futuros gobernantes.^[7]

A partir de las manifestaciones anteriores, las distintas entidades rurales plantearon sus diagnósticos sobre la coyuntura. En diferentes comunicados las entidades de base de las Confederaciones Rurales Argentina (CRA) planteaban un panorama igualmente sombrío para el próximo Gobierno democrático. Carlos Briganti, presidente de las Confederaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) comentaba:

Las situaciones extremas y los hechos dramáticos de la vida diaria ponen de manifiesto las graves consecuencias de una política económica que, sin piedad, destruyó el aparato productivo, sembrando desocupación, miseria y enfermedad en vastos sectores de la comunidad argentina. […] los índices económicos que, cotidianamente, se barajan, son por demás elocuentes y explicativos de lo que nos está ocurriendo y de lo que, presumiblemente, nos ha de ocurrir en el futuro, si no revertimos, frontalmente, la actual situación económica. En definitiva, el camino hacia un país chico y empobrecido, parece ser el destino final de la Argentina.^[8]

En tanto que el presidente de las Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Héctor Orbea, en una editorial planteaba que “el país se encuentra en alerta rojo” y comentaba su preocupación ante las “ideas que sobre política agropecuaria intentará aplicar el próximo gobierno populista”.^[9] El vicepresidente de CRA, Santiago Rabasedas, más abiertamente comentaba que las:

[…] distorsiones de la política habrán de estallar durante los primeros meses del próximo gobierno, cayendo sobre sus espaldas el peso político y desestabilizándolo, haciendo propicio el surgimiento de un clima de intranquilidad que desatará otra vez una lucha de sectores […] no deben ser los argentinos los causantes del fracaso del nuevo gobierno, para no ser responsables de un futuro gobierno de facto.^[10]

Estas intervenciones constituían declaraciones que tenían por objetivo procurar negociaciones en torno a la definición de una agenda para el sector. De forma más incisiva, un documento titulado “Es el fin de la noche y no el despunte de la aurora”, elaborado por la dirigencia de la Federación Agraria Argentina (FAA), censuraba el agravamiento de las circunstancias por parte de “grupos quebrantistas y desestabilizadores, que ante la prometida institucionalización se empeñan en acentuar la incertidumbre y la confusión”. El documento continuaba enumerando una serie de condicionantes para la acción política del gobierno entrante. Entre esos factores se contaban: el desmesurado crecimiento de la deuda externa, las sobretasas y comisiones que implicaba y, especialmente, la dependencia a los acreedores internacionales; la monetización de la economía, la especulación, la desocupación y el desmantelamiento productivo. Cerraba el comunicando, haciendo referencia al “achicamiento del salario real, la violenta represión para hacer silenciar las denuncias de negociados, violación de derechos humanos y las frustraciones que se engendran hacia estallidos sociales aprovechables por los ultras”.^[11]

También las entidades cooperativas reunidas en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) compartían los diagnósticos señalando la inexistencia de un sistema de precios que afectaba a los trabajadores generando “impotencia” dado que su descontrol no permitía conocer valores ciertos y los artículos de uso diario recibían aumentos permanentes. Esto planteaba, para la dirigencia cooperativista, la necesidad de realizar modificaciones de fondo al régimen financiero. El cuadro descripto ponía de manifiesto que;

Continúa infructuoso el debate de la Nación ante las experiencias ocurridas por la aplicación de distintas políticas económicas, cuyos resultados […] se diagramaron a partir, casi siempre, de un modelo de corte monetarista que finalmente ha sido rechazado hasta por sus propios mentores. […] en algunos momentos del desarrollo nacional, las emergencias jugaron un papel determinante en los objetivos, pero también lo hicieron las equivocadas estrategias para obtener la mejor respuesta de la ciudadanía a los fines buscados, entre las que no debe dejar de incluirse la ruptura de los períodos en los que actuaban los gobiernos constitucionales.^[12]

Estos cuadros de situación enfatizaban en el deterioro general de la económica y en los consecuentes desafíos que esta dimensión imponía para el futuro gobierno democrático.^[13] Constituían, a la vez, una plataforma para generar negociaciones al interior de la red de representación de intereses agrarios sobre la orientación que debería tener la política pública orientada al sector. En ese sentido, emergían una serie de demandas comunes a todas las entidades. Entre estas se encontraban en el campo crediticio y financiero, que los bancos oficiales pongan en vigencia una nueva línea de créditos de evolución para mantener y/o reorganizar la actividad de la empresa agropecuaria, al 50% de tasa regulada a tres años de plazo con un año de gracia. Se solicita una prórroga de dos años en los vencimientos de los créditos en el mismo período, con tasas de interés a la mitad de las reguladas. En materia impositiva las demandas se vinculaban a la eliminación de instrumentos como las retenciones a la exportación y la eliminación del IVA agropecuario.^[14] En ese marco, un aspecto que sobresalía –en particular para las entidades que reunían a grandes y medianos productores– era la posible implementación de la renta normal potencial. En un comunicado, CARBAP sentaba posición al respecto:

El problema, desde el momento que supone un cambio estructural del actual sistema impositivo hace imperioso un debate esclarecedor y mesurado sobre este tema, antes de tomar decisiones tajantes y apresuradas de difícil retorno. Una modificación de esta naturaleza sería contradictoria con la disposición constitucional de la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, atentaría contra la propiedad privada de la tierra, constituiría una superposición impositiva con las jurisdicciones provinciales y municipales, podría determinar circunstancias discriminatorias entre diversos sectores productivos y castigará a productores de menores ingresos.^[15]

La cuestión impositiva, en general, y este instrumento, en particular, constituían un tema recurrente en las definiciones sobre la política agropecuaria que generaba rispideces en las relaciones entre la dirigencia rural y entre esta y los diversos gobiernos. Así, la institucionalización de un nuevo régimen democrático reavivaba la posibilidad de discutir el lazo fiscal. Es decir, frente a la incertidumbre política y ante una eventual reconfiguración del sistema tributario hacia una mayor progresividad se tensaba el campo político y se habilitaba la estructuración de estrategias de mayor performatividad política por parte de las corporaciones agrarias. Aunque previsible este escenario era todavía incierto.

Los planos del horizonte político: partidos, candidatos y programas

El tránsito al domingo 30 de octubre de 1983 volcó a los partidos políticos nuevamente a la búsqueda de las adhesiones de los casi dieciocho millones de argentinos y argentinas habilitados para votar. Desde meses atrás los candidatos y candidatas a presidente y vicepresidente de los trece partidos que participarían de la contienda electoral tomaron diversas definiciones sobre – en el caso de resultar victoriosos – sus futuros programas de gobierno.^[16] Así, los líderes de los partidos políticos, especialmente de los mayoritarios, fueron definiendo sus estrategias políticas para el sector agropecuario. No obstante, faltando todavía tres meses para la contienda electoral lo que predomina era la indefinición dado que se debía transitar por las elecciones internas para definir quiénes finalmente competirían durante el último domingo de octubre. En consonancia con los diagnósticos a los que previamente aludimos, comenzaban a observarse algunos lineamientos generales de las orientaciones políticas sobre salarios, mercado cambiario, tasas de interés, política antiinflacionaria, pacto social y reactivación industrial. Si bien estos temas no involucraban directamente a los sectores agropecuarios sí tenían una incidencia fundamental en las estrategias de reproducción económica de las empresas agropecuarias y permitían dilucidar el lugar que el agro podría ocupar en esos programas de gobierno.

En ese sentido, en entrevistas realizadas a los precandidatos del Partido Justicialista (PJ), Ítalo Luder y Antonio Cafiero, a los de la Unión Cívica Radical (UCR), Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa, y al del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Rogelio Frigerio, aparecían estas definiciones. La cuestión de precios y salarios, como era previsible, estaba en el meollo de las propuestas de los líderes políticos. En este punto, existía coincidencia en relación con lo imperioso de recomponer los ingresos de las y los ciudadanos. También advertían sobre la necesidad de apelar como medida paliativa y transitoria al control de precios. Existían coincidencias entre todos los precandidatos consultados en cuanto a la necesidad de bajar y regular la tasa de interés. No así en política cambiaria –un punto de vital interés para los productores agropecuarios– donde se postulaban una gama de soluciones. Luder planteaba implementar tipos de cambio múltiples, moderadamente altos y estables, con un valor de paridad que, una vez establecido en febrero de 1984 sería corregido en función de los costos internos. En el esquema de Alfonsín el tipo de cambio debía ser alto. Frigerio proclamaba su adhesión a un mercado cambiario único de flotación libre-sucia, dando de esa manera al Banco Central la posibilidad de contrarrestar las tendencias especulativas. Antonio Cafiero previa la presencia de dos tipos de cambio: uno para la industria y uno para el agro. Por último, De la Rúa se comprometía a promover las actividades que aumenten las exportaciones –dando a la agroindustria atención especial– y las que sustituyan importaciones a esos fines el productor agrario debía recibir un cambio realista y un poco elevado.^[17]

La posición en materia fiscal de las dos fuerzas mayoritarias quedó plasmada en los apuntes de la comisión económica multipartidaria. Como mencionamos previamente, la institucionalización del régimen democrático constituía una posibilidad para discutir el lazo fiscal. En ese sentido, ambos partidos proyectaban combatir la evasión, dirigiendo la acción estatal “hacia aquellas expresiones de riqueza sin justificación fiscal” y reflotar una “economía subterránea” estimada en unos 15.000 millones de dólares que salieron de Argentina y que se encontraban diseminados por el mundo. Para ello, los asesores económicos de ambos espacios políticos proponían –bajo diferentes formatos– la reedición de un impuesto a las rentas. Entre las acciones previstas se encontraba desgravar paulatinamente los consumos no suntuarios gravando de inmediato los suntuarios y las “exteriorizaciones conspicuas de riqueza”, así como los ingresos personales y societarios en progresión, desgravando las reinversiones de acuerdo con un programa a concertarse con las empresas líderes, acompañado de un programa de estímulo para las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se proponía tributos sobre beneficios que han permitido ganancias de tipo especulativo o por desajustes producidos por el desequilibrio monetario.^[18]

Hacia los primeros días de septiembre de 1983, las candidaturas y programas se encontraban definidos. Aunque existía una variada oferta electoral, se preveía una competencia entre las dos fuerzas mayoritarias. Más allá de esto, un recorrido por las plataformas políticas de los partidos permite observar algunas orientaciones generales sobre qué lugar ocuparía el sector agropecuario en las políticas de gobierno. De izquierda a derecha, primaba un corte industrialista en las propuestas de los partidos políticos. Casi sin fisuras, los partidos políticos ponían en el centro de sus futuros esfuerzos el desarrollo industrial. Con diferentes soluciones y fórmulas, los enunciados iban desde la “Planificación para el desarrollo armonioso en base a un perfil industrial que orientado por el Estado que promueva la industria de base” propuesta por la Alianza Democrática Socialista; “Reindustrialización con modernidad” del Partido Demócrata Cristiano o “La reindustrialización y transformación industrial tendrán un papel esencial” del Partido Justicialista hasta “Transferir a la actividad privada las fábricas militares no afectadas al armamento” del Partido Comunista; “La política económica argentina debe ser industrial y no agropexportadora” del Frente de Izquierda Popular o la “Nacionalización de la industria básica” propuesta por el Movimiento al Socialismo.^[19] Esto implicaba para los sectores agrarios ver materializado en las propuestas políticas una de las demandas que históricamente sostuvieron y que se vinculaba a la denuncia de latente “discriminación” frente a otros sectores de la actividad económica (Martínez Nogueira, 1988).

El perfil industrialista de las plataformas políticas se completaba con consideraciones sobre el sector agropecuario asignándole un lugar secundario (aunque no menor en algunos casos) en las estrategias de desarrollo económico. Estas consideraciones, fundamentalmente, retomaban iniciativas y debates pendientes en relación con la necesidad de cambiar la estructura agraria heredada. Desde la década de 1940, con distintas intensidades y significantes, la noción de reforma agraria articuló los esfuerzos estatales y explicó parte de la conflictividad rural. Estas políticas exhibieron variaciones institucionales, pero sobre la base de una lógica central: promover la productividad a través de la implementación de condiciones técnicas avanzadas con el fin fundamental de profundizar las relaciones de mercado. Ante este desafío la gran burguesía agraria pampeana enfrenta las diferentes instancias institucionales, sin resignar de ningún modo sus intereses corporativos y promueve acciones conjuntas que dejan de lado las pasadas divergencias, ejerciendo “resistencias” en las controversias por la tierra, la renta, los impuestos, en la búsqueda de las más favorables condiciones sociales de producción y reproducción (Lázzaro, 2021). Lejos de agotarse, en la coyuntura electoral de 1983, reemerge la idea de reforma agraria como hilo conductor de las propuestas de todo el arco político.

En ese panorama, se pueden identificar tres conjuntos de propuestas que resultan indicativas para comprender las características que podía llegar a asumir la mediación política tanto de los partidos en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales como los aspectos de negociación y conflicto con las corporaciones agropecuarias. Así, un primer grupo conformado por las propuestas del Frente de Izquierda Popular, el Movimiento al Socialismo y el Partido Obrero propugnaban por la nacionalización de la totalidad de las tierras o en las versiones más moderadas del latifundio improductivo o bien por un plan de reforma y recolonización agraria a partir de la expropiación de los latifundios. Un segundo grupo compuesto por propuestas de reforma por vía modernizadora e integrado por el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Intransigente y la Alianza Democrática Socialista que planteaban una suerte de racionalización en el uso de la tierra y el desarrollo de agroindustrias. Por último, un tercer grupo que de forma implícita o explícita abogaban por una reforma de la tierra por vía impositiva. Dentro de este grupo se encontraba el Partido Justicialista que sostenía “gravar más onerosamente a las tierras inexplotadas”, la Unión Cívica Radical que afirmaba en su plataforma que “la tierra es un bien de producción y no de renta” y el partido Demócrata Cristiano que proponía la creación del impuesto a la renta presunta de la tierra, para favorecer a los que la trabajan y desalentar la tenencia de campos improductivos.^[20]

La propuesta de este último partido había sido elaborada en colaboración con los equipos técnicos de la Fundación Argentina para la Promoción del Desarrollo Económico y Social (FAPES) y el Instituto Nacional de Capacitación y Acción Social (INCAS). Su propuesta se inspiraba en los principios ideológicos del socialcristianismo, en reacción “frente a la injusticia social, y como rechazo al individualismo liberal y al totalitarismo marxista”. Se proponía un “pacto de reconciliación económica para el desarrollo” destinado a lograr el aprovechamiento de la capacidad productiva, la reactivación de la economía nacional, el pleno empleo y la recuperación del nivel de vida.^[21] En ese marco, el Partido Demócrata Cristiano inscribía su propuesta de reforma agraria. Augusto Conte McDonell, candidato a primer diputado nacional por la línea Humanismo y Liberación, explicaba que impulsaría un mecanismo que permitiera la confección de un inventario de las tierras inexplotadas o mal explotadas para, de esa manera, exigir a sus propietarios una rápida respuesta productiva y que, en caso de no obtenerla, se impongan inmediatas expropiaciones. Destacaba, asimismo, la premura con que debe procederse para “dotar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de renovadas posibilidades en el trabajo de extensión para los pequeños productores”. En esta cuestión deberá seguirse atentamente el comportamiento de los grandes propietarios que concentran en sus manos un enorme poder económico y político. Conte afirmaba que:

se debe garantizar que ningún hombre de campo emigre del mismo en razón de no disponer de tierra explotable. Aquí está en juego un principio de elemental justicia, dado que es bien sabido el grave problema que representa la tendencia creciente al abandono del campo, uno de cuyos motivos, precisamente, es la indisponibilidad de tierra por parte de los pequeños productores. Es impostergable poner en marcha con la mayor urgencia un programa especial de asistencia económica y técnica para los pequeños productores, reparando insuficiencias inexplicables.^[22]

En un sentido similar, la plataforma electoral del Partido Justicialista planteaba que “la tierra es un bien de trabajo cuya explotación en función social definirá el régimen de tenencia y a ese efecto se gravará más onerosamente a las tierras voluntariamente inexplotadas”.^[23] En la elaboración de esta propuesta estuvo comprometida la mirada de la dirigencia de FAA, su presidente Humberto Volando había acercado una serie de propuestas denominada “Instrumentos fundamentales para el agro” para: “[…] lograr un desarrollo, en cinco años, del sector agropecuario, y para que se convierta en una locomotora de la recuperación nacional […] sin sacrificios para el mercado interno, permitir incrementos en la producción agropecuaria, en cifras muy importantes […] lo esencial es apuntar a comercializar con todos los mercados del mundo y apretar el acelerador de la producción”.^[24] Entre estas sugerencias se encontraba la histórica demanda de fijación de precios mínimos obligatorios y en origen a los fines de evitar las consecuencias de la intermediación. El dirigente federado consideraba que:

[…] ya no podemos seguir guiándonos por precios internacionales o en dársena de los cuales se prenden las sanguijuelas, las garrapatas, los ácaros y los pulgones de la intermediación, que los hacen llegar flacos y enfermizos a los que producen, pero hinchados y enfermantes (sic) a los que consumen”.^[25]

Esa solicitud se completaba con el reclamo de una política crediticia de apoyo y un “régimen impositivo racional y equitativo” y la puesta en manos del productor de paquetes tecnológicos útiles y prácticos.^[26]

En definitiva, predominaba, con matices, un corte agrarista (Balsa, 2006) en las propuestas electorales de los partidos políticos. Existía una denuncia por la presencia de las grandes extensiones de tierra en la estructura agraria y de la incidencia que estas tenían en la productividad, en particular, aquellas que se mantenían improductivas. Así, la mayoría del arco político asumía al latifundio como un límite para el desarrollo no solo sectorial. Este punto de partida no solo permitía la diferenciación entre tamaños de productores, la visibilización de distintas formas de tenencia de la tierra y, consecuentemente, de escalas productivas, sino que preanunciaba una agenda de debates que –al menos inicialmente– caracterizaría la dinámica de la conflictividad agraria. En consecuencia, este aspecto abrirá paso a una red conflictual sobre la que se vertebrará la negociación del gobierno con las corporaciones agropecuarias. A los fines de esclarecer estas cuestiones, en el siguiente apartado avanzaremos sobre la propuesta del partido de gobierno.

Aliados de los que producen: el programa de la UCR

Dirimida la interna radical entre los representantes de las líneas Afirmación Yrigoyenista, Línea Nacional y Renovación y Cambio. El representante de esta última, Raúl Alfonsín, se abocó a explicitar las orientaciones que proponía para su futuro gobierno y así interpelar no solo a la ciudadanía sino también a los sectores productivos. En el eje de su discursividad, se planteaban, indudablemente, los temas de implicados en la consolidación del régimen político así el resto de las cuestiones ocupan un lugar subordinado. Así, la estrategia de Alfonsín se orientaba inicialmente a la consolidación de la democracia. En su concepción, esto implicaba enfrentar un triple desafío para el radicalismo: primero, retomar el rumbo que lo hizo fuerte en su historia, el de la representación de los intereses populares. Segundo, enfrentarse al peronismo electoralmente y competir por la representación de los intereses de la mayoría. Tercero, esa competencia legítima por la representación popular no llevará al radicalismo a ser el representante de la derecha ni de los intereses antipopulares.

Se partía así de la plena conciencia del deterioro de la economía y la sociedad argentina de las últimas décadas signada por la violencia, la represión, el empobrecimiento del pueblo y la parálisis de la economía.

Es tan dramática la situación que creo que no hay ninguna demostración más elocuente que la que cada argentino vive todos los días en su desesperación por sobrevivir. La moneda no vale, la incertidumbre de lo que se va a poder comprar con los salarios miserables que se ganan mensualmente. La inflación destruye el sueldo obrero o el interés de producir del empresario.^[27]

Frente a esa “bifurcación de la historia”, pretendía iniciar algo nuevo donde la democracia se jugaba una carta definitiva, pero, para ello, antes se requería combatir la miseria, la desocupación y la inflación, reactivar la economía y definir una política para la obtención de los recursos que haga factible el logro de los objetivos del próximo gobierno democrático. En ese marco, para Alfonsín el Estado debía permanecer como productor de servicios en los “monopolios naturales” donde ninguna nación puede aplicar con sentido económico la noción de costo. En tal sentido el Estado fijaría las políticas sin que esto excluya la posible participación del esfuerzo privado que se quiera canalizar a través de aportes de capital. Fustigó los planes de desarrollo industrial llevados a cabo en el pasado reciente. En sus críticas alcanzó la actividad desplegada por el Banco Nacional de Desarrollo que otorgó apoyos a empresas inadecuadas y los restó a otras que pudieron resultar factibles y subrayó que la actitud del Gobierno tenderá a ser restrictiva en cuanto a la actividad económica del Estado.^[28]

En ese contexto, Alfonsín le asignaba al campo un rol central en tanto proveedor de divisas aunque anticipaba que habría de registrarse allí una verdadera revolución a partir de la aplicación de fertilizantes químicos que potenciara esa función. Agregaba que lucharía por la diversificación de los mercados de exportación y por la cancelación de los acuerdos internacionales que deprimen los precios de las exportaciones de los países en vías de desarrollo, de esa forma, cuestionaba el proteccionismo internacional que se practicaba y que desvirtuaba las “leyes naturales” del comercio. Puntualizaba que el gobierno radical desarrollaría y potenciaría los institutos nacionales de tecnología industrial y agropecuaria y adecuaría la infraestructura vinculada a la exportación como la del puerto de ultramar en Bahía Blanca para que permitiera la operación de barcos que compitan en costos en el tráfico internacional. Para el dirigente de la UCR:

Nuestro objetivo es claro: sobre la base de un sistema democrático debemos forjar un orden económico que dé respuestas a una sociedad en desarrollo. El radicalismo es aliado de todos lo que en este país producen: empresarios, trabajadores, científicos, todos los cuales tendrán un tratamiento especial. Poner nuevamente en marcha el país es una necesidad humana y política y para esta tarea deseo comprometer al empresariado nacional. Vamos a iniciar un período de reconstrucción.^[29]

Ese proceso requería de un sistema impositivo tendiente a favorecer la inversión productiva. Así, anticipó que habría disminuciones impositivas a la producción y a las personas, pero que se incrementaría tanto a los servicios y a las rentas como a aquellos individuos cuyos niveles de consumo indican niveles de contribución no correspondidos. En definitiva, planteaba que los “objetivos de todos aquellos que trabajan coinciden con los del gobierno radical” y que existía una decidida voluntad para superar el drama que nos deja el Proceso.^[30]

A medida que el tempo político se aproxima a una instancia definitiva, las distintas entidades representativas de los sectores agropecuarios continuaban planteando reparos con relación a las orientaciones programáticas de los partidos político, particularmente de los mayoritarios. Consideraban que el agro había sido “olvidado”

los productores agropecuarios llegan a los comicios sin poseer datos esenciales para prever qué significación tendrá su voto en el futuro de su explotación. Es que desde ninguna de las corrientes políticas mayoritarias no solo no dado a conocer el arsenal instrumental previsible para la política agropecuaria, sino que tampoco se han definido los grandes parámetros en materia rural. Y en algunos casos tales decisiones serán fundamentales, aun para los resultados coyunturales de esas explotaciones.^[31]

Esta preocupación radicaba especialmente, en la falta de definiciones sobre las “reglas” a partir de los cuales se iban a comercializar la inminente cosecha gruesa y buena parte de la cosecha fina. Es decir, sostenían la necesidad de conocer sobre el rol de la Junta Nacional de Granos y la fijación del precio sostén o si, por el contrario, regiría una libertad absoluta de la oferta y la demanda. Asimismo, generaba incertidumbre entre las asociaciones de productores diversas variables que afectaban la rentabilidad de la cosecha como la existencia de precios regulados o libres para distintos servicios conexos como los fletes o el nivel del tipo de cambio y el precio de los combustibles.^[32]

El esclarecimiento de estos criterios –sobre los que, aunque con matices, existía un consenso en la dirigencia rural– eran condiciones necesarias para garantizar la productividad. En ese sentido, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Horacio Gutiérrez, advertía que, si el campo no aumenta su producción, “el gobierno no tiene la posibilidad de mantenerse mucho tiempo, porque la única posibilidad argentina es que se aumente la riqueza, que se aumente la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno; de lo contrario no habrá ninguna posibilidad de repartir nada”. En el otro extremo del espectro sectorial, el titular de FAA, Humberto Volando, también habló de la necesidad de un aumento sustancial de la productividad, aunque desde una óptica totalmente distinta. Dijo que dentro de las urgencias que acosarán a las próximas autoridades, deberán priorizarse dos objetivos que son válidos tanto para el agro como para los restantes sectores de la producción y el trabajo: uno es estimular la rápida producción de bienes y el otro es encarar una distribución más equitativa de ingresos. Ambos objetivos deberán asumirse simultáneamente y en forma coordinada.^[33]

Conocido el veredicto de las urnas, recrudecía la necesidad de definiciones políticas. La consagración de la Unión Cívica Radical como partido gobernante y la inminente implementación de sus contenidos programáticos no conforman a las entidades agropecuarias, especialmente a aquellas que, históricamente, se habían mostrado predispuestas a la defensa irrestricta de las fuerzas del mercado y de la iniciativa privada. Dentro de esa disconformidad, el rubro que concita la mayor atención en el campo era el relacionado con la estrategia impositiva. Hecho favorecido, además, por algunos debates que sobre el tema se habría producido en el equipo de colaboradores que se encuentra elaborando el futuro plan de trabajo. En primer lugar, los voceros de ese grupo de trabajo, en respuesta a objeciones externas y aun internas sostenían que la renta potencial de la tierra, no se trataba de un impuesto nuevo. Aclaraban que, en realidad, su pretensión era utilizar ese sistema como “base de imposición para el impuesto inmobiliario que vienen percibiendo los gobiernos provinciales. Y se añade que, actualmente, existen algunas jurisdicciones en las cuales la base imponible del impuesto a la tierra tiene como fundamento el cálculo del cual es la potencialidad productiva de los inmuebles”. Al interior del partido, lo que se discutía era el momento político para propiciar ese debate. En ese sentido, sostenía que para evitar una polémica –quizás demasiado conflictiva para la etapa inicial– se debería aplicar desde el 1° de enero de 1984 para lo cual debería obtener la aprobación parlamento en extraordinarias.

La otra cuestión, medular para el agricultor, era –como ya advertimos– la comercialización de dos cosechas en el lapso de los próximos seis meses de la asunción del gobierno. Entre otros aspectos, lo que aquí se ponía de manifiesto era el tratamiento que se daría a las exportaciones agropecuarias en materia de retenciones. También en este punto habrían existido, en un principio, posiciones disímiles al interior del partido de gobierno. Algunos habrían insinuado la posibilidad de elevar esas retenciones para destinar los eventuales mayores recursos a la financiación de un programa de reactivación industrial. Pero, en definitiva, habría predominado una tesitura diferente que partía de la idea de que para incentivar el comercio exterior era necesaria una disminución paulatina de las retenciones. Concretamente se habla que para la inminente cosecha fina (en trigo se obtendrían alrededor de 13 millones de toneladas) el gravamen sobre las exportaciones sería reducido al 20%; es decir, un 5% menos que la tasa actual. Y para marzo de 1984, época en la que comenzaría a comercializarse la próxima cosecha gruesa, los aforos a las colocaciones externas del agro se reducirían al 15%. Según los propulsores de este esquema, la menor recaudación unitaria que de esa forma obtendrían las arcas fiscales se vería compensada por el mayor caudal de productos que se venderá exteriormente por los cauces normales. Dicho de otra manera, sin las habituales maniobras de subfacturación que, por ejemplo, habría erosionado en una parte sustancial de los ingresos externos en el actual ejercicio. Otra de las definiciones que quedaban pendientes era la relativa al esquema con el cual se manejaría la evolución del tipo de cambio, el restante vértice en el que se apoyan los cálculos del productor para determinar –al menos presuntivamente– sus ingresos.^[34]

En ese escenario de incertidumbres y demandas asumió el equipo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería dependiente del Ministerio de Economía a cargo de Bernardo Grinspun. Lideraba el equipo Lucio Reca, ingeniero agrónomo, docente e investigador renombrado de la Universidad de Buenos Aires. Reca, iba a ser acompañado por doctor Alberto Ferrari Echeverry, especialista en comercialización de granos, quien se desempeñaría –con el rango de interventor– como titular de la Junta Nacional de Granos, En la Junta Nacional de Carnes, ese cargo lo asumiría Nicolás Lozano, persona que reuniría dos condiciones importantes: ser, simultáneamente, representante de la industria frigorífica y de la producción ganadera. Así, las Juntas continuarían sin gozar de la autonomía que les otorgaba la legislación vigente. Esto se vinculaba al compromiso del radicalismo con parte de la dirigencia rural de no enviar al Congreso –al menos en los primeros seis meses– proyectos de enmienda a las leyes de granos y carnes. De esa forma, la designación de los interventores obviaba la mediación de la instancia legislativa.

Cuatro eran los pilares a partir del cual el nuevo equipo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería definiría su política. El primero se vinculaba con la comercialización y planteaba un sistema mixto en el que a la libertad de comercio en el mercado interno se le sumaría la participación protagónica de las Juntas, especialmente en lo relacionado con las operaciones en mercado externo. En la perspectiva de los funcionarios, se insistía que “esto no significa obstaculizar la tarea del exportador privado, pero tampoco queremos Juntas que solo reciban declaraciones de exportación. Máxime que, según el futuro canciller, las exportaciones agropecuarias “forman parte de la política exterior argentina”. El segundo pilar se erigía a partir de la política impositiva, cuyo “pivote” principal sería la utilización del impuesto a la tierra como herramienta de redistribución de ingresos y de fomento a las inversiones. Este punto resultaba una potencial red conflictual para el gobierno de Alfonsín por lo cual los voceros de la Secretaría de Agricultura y Ganadería dejaban en claro que: “Es caer en un error extrapolar para este momento los contenidos de la plataforma sustentada en la gestión del doctor Illía. Las condiciones han cambiado, el país ha cambiado, el país ha cambiado y por lo tanto también nosotros hemos evolucionado”. La advertencia de los funcionarios estaba dirigida a aventar temores respecto a la implantación del impuesto a la renta normal potencial de la tierra. El tercer pilar se encontraba relacionado a la política crediticia se indicó que habrá préstamos con tasas estables y conocidas. Sostenían que el “costo del dinero dejaría de ser una ruleta, generalmente adversa a quien toma el crédito”. Como una constante, también en este punto se aclaraba que, en una primera etapa, la cartera de créditos no será muy cuantiosa y habrá se establecerían criterios selectivos para su otorgamiento, teniendo prioridad aquellos productores que destinasen la ayuda financiera recibida a la inversión tecnológica. Finalmente, en vinculación con esto último, el cuarto pilar era el que completaba la política de ingresos, donde se proponía un tipo de cambio nominal alto, ajustable periódicamente en función de los precios internos pero que implicaba gestionarlo a partir de “paridades diferenciales”. Esto implicaba, por ejemplo, que la destinada a los productos de las economías regionales será más alta que la que recibirán en la pampa húmeda.^[35]

El discurso de Alfonsín durante el acto de asunción presidencial reforzaba las directrices asumidas por estos cuatro pilares. En su diagnóstico, partía de considerar la situación crítica de los productores agropecuarios argentinos, “agobiados en los últimos tiempos por una presión tributaria y financiera sin precedentes y carentes de la orientación de una genuina política para el sector”. No obstante, advertía que los productores habían respondido con sostenidos esfuerzos de modernización y expansión de sus explotaciones, sobre todo en la agricultura, donde se han reflejaban importantes y crecientes rendimientos, con grandes cosechas “que, lamentablemente, no siempre se han podido comercializar en el grado de beneficio para el país, que hubiera sido deseable”. A los aspectos relativos a la incorporación de tecnología y, por ende, a la modernización del proceso productivo le asignaba un lugar central sobre el que se articulaban el resto de las iniciativas estatales. En ese sentido, Alfonsín sostenía que:

La estructura de producción actual y el grado de avance tecnológico e industrial alcanzado hacen que la industria y la producción agropecuaria se encuentren muy lejos de aquel esquema simple de exportación de productos primarios. Hoy se hace preciso prestar atención a un complejo conjunto de factores que hacen a la tecnología de la producción, de la industria, tanto aquella abastecedora de máquinas y herramientas como la procesadora de los alimentos, que cuenta con un vasto espectro en el país lejos aún de haberse explotado en todo su potencial.^[36]

En este aspecto, era de gran importancia la necesidad de consolidar los organismos educacionales y tecnológicos con el fin de contar con profesionales del mejor nivel.

La índole del sistema de producción agropecuaria – que podría calificarse como de un grado intermedio en lo que hace a la intensidad de uso del capital – juntamente con la experiencia argentina en este campo, nos permitirá realizar aportes tecnológicos y de entrenamiento de personal a otros países en desarrollo, particularmente aquello de centro y Sudamérica entre otros, al mismo tiempo que enriquecernos con su misma experiencia.^[37]

En ese sentido, sostenía que una política agropecuaria consistente y constante debía basarse en la capacitación del hombre de campo, la conservación de los recursos naturales y la incorporación de tecnología adecuada a nuestro territorio. A partir de estos lineamientos, consideraba que:

la política agropecuaria de nuestro gobierno se propondrá, mediante los instrumentos legales adecuados, aumentar la producción y productividad y lograr la justa retribución del esfuerzo de empresarios y trabajadores rurales. Asegurar la rentabilidad del campo será un objetivo permanente. Se propiciará la ley de autarquía del INTA. Se estimulará la incorporación de tecnología y se asegurará el acceso a fertilizantes y otros insumos. El crédito volverá a ser una herramienta de desarrollo agropecuario, y la banca oficial operará en este sentido con toda la amplitud que permita la situación económica.^[38]

También en el sector ganadero –que como advertimos que encontraba sumido en una profunda crisis– su diagnóstico se anclaba en premisas similares: la presencia de ciertas condiciones previas que posibilitaban un aumento de la productividad y garantizaban una activa participación en el mercado externo abasteciendo adecuadamente el consumo interno. Así, nuevamente, los aspectos financieros, tecnológicos y de infraestructura adquirían centralidad.

El excelente nivel genético alcanzado por nuestros rodeos nos impulsa a revertir la situación existente en materia de importación de reproductores y semen para pasar a ser exportadores en este rubro, capitalizando así el esfuerzo constante de los productores. Con la excelente base genética existente hasta ahora en el ingenio de estos y de los profesionales del área para abrir mercado y materializar las exportaciones. El gobierno adoptará las medidas técnicas que estén a su alcance para apoyar las acciones en ese sentido. Se prestará particular atención a la atenuación del ciclo ganadero caracterizado por la alternancia de períodos de bajas existencias y altos precios con los de elevadas existencias y precios bajos. Para ello se procurará estimular el mantenimiento de un aprovisionamiento adecuado de aves y cerdos, que contribuirá al suministro de una dieta más variada, alentando a los productores de estas especies.^[39]

En materia de producción de leche y de su industrialización existe un vasto camino a recorrer para asegurar el incremento del consumo y la exportación de productos lácteos, mediante planes de desarrollo que combinen los factores tecnológicos y financieros de estímulo de la producción y de la industria.^[40] Esto se articulaba con una nueva política impositiva, donde proponía la simplificación del sistema tributario, procurando que sea equitativo y progresivo y otorgándole una función primordial al impuesto sobre la tierra. Además, se adecuarían las funciones de la Junta Nacional de Granos para que su acción signifique un verdadero apoyo a la producción y al país, interviniendo activamente en la comercialización interna y externa de las cosechas.^[41]

Estas intervenciones discursivas de Alfonsín y de sus funcionarios, lejos de conformar a la dirigencia rural generaba polémica y multiplicaba los signos de alerta en las asociaciones de medianos y grandes productores. Rápidamente, los titulares de la Sociedad Rural Argentina y de las Confederaciones Rurales Argentinas se declararon opositores a los instrumentos que se proponían como ejes de la política impositiva mecanismo impositivo. Además, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, inmediatamente, se pronunció en contra de un proyecto que preveía la devolución de la autarquía al INTA sobre la base de reimplantar un impuesto al 2% sobre las exportaciones agropecuarias para sufragar sus gastos de mantenimiento. Los motivos de ese rechazo no cuestionaban la devolución de la autarquía al organismo, sino el cauce elegido para obtener los fondos para solventar su actividad. La dirigencia rural confederada entendía que con ese mecanismo el mantenimiento del INTA estaría únicamente a cargo del sector rural, sosteniendo en cambio que a juicio de esa entidad tal sostén debía provenir de los recursos de rentas generales.^[42] Esta consideración no partía del desconocimiento del rol del INTA sino que se legitimaba en la representación que la entidad había construido históricamente sobre el Estado y la necesidad de reducción de lo que se consideraba como gasto público, especialmente aquello que signifique desembolsos del Tesoro General de la Nación.

Frente a la inminente configuración de una red conflictual, se habilitaron diversos canales –más o menos formales– de mediación política. Así, a los pocos días de operada la asunción presidencial, Raúl Alfonsín recibió en su despacho a Guillermo Alchourón, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, y Raúl Rolando Romero Feris, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas. Los temas de la agenda abordados en la reunión eran los relativos a las carnes, la producción láctea y las economías regionales. En lo concerniente al primer tema, los dirigentes rural volvieron a manifestar los condicionamientos históricos que ofrecía el mercado internacional y los permanentes estudios que sobre la cuestión se realizaban en la denominada Mesa de Ganados y Carnes.^[43] Como conclusión se planteaba la necesidad de lograr una estrategia integral para la colocación de productos argentinos en las plazas del exterior; se recordaba que en los últimos años no había existido un accionar conjunto y agresivo sino que, por el contrario, se había operado en forma dispersa y a veces hasta contradictoria entre dependencias, igualmente, gubernamentales. En respuesta de esa inquietud, Alfonsín se habría comprometido a estudiar la forma de compatibilizar las tareas dirigidas a lograr la apertura de mercados externos, mencionado como alternativa casi forzosa la integración de un cuerpo coordinador que sintetice los esfuerzos de las tres áreas de gobierno interesadas en la promoción del comercio exterior de productos agropecuarios: las secretarias de Agricultura y Ganadería, de Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En relación con la producción láctea, Alfonsín se habría mostrado al tanto de la crítica situación sectorial, exteriorizada en el hecho de encontrarse los niveles productivos en el límite de los requerimientos mínimos de un consumo interno deprimido. Previa a esta reunión, el titular de la SRA había mantenido otra entrevista con el ministro de Economía, Bernardo Grinspun, para conocer en mayor profundidad algunos aspectos de su programa de acción.

Algunos sectores del partido de gobierno entendían que estos diálogos con los sectores empresarios inauguraban una etapa de concertación, anunciada en su momento por el titular del Palacio de Hacienda. Aunque para quienes representaron a las entidades agropecuarias, particularmente, a la Sociedad Rural Argentina se trataba de un “diálogo con aquiescencia”. Es decir, un esquema donde no existían pautas rígidas a las cuales adherir, sino que se habilitaba un esquema de negociación donde el gobierno debía fijar sus objetivos finales y, de esa forma, abrir la posibilidad de pactar “a libro abierto” la modalidad en que el sector privado puede colaborar (o no) en la obtención de esas metas. La evolución de los meses posteriores mostraría cómo, rápidamente, se pasaría de esta aprobación a una confrontación que caracterizaría parte de la dinámica por el resto de lo que duraría el gobierno de Alfonsín.

A modo de conclusión

El lapso entre el llamado a elecciones presidenciales y el ascenso del nuevo gobierno democrático generó un clima de expectación en los actores socio-económicos. Para las entidades agrarias se abría una coyuntura que las colocaba en una suerte de tensión. Por un lado, debían encontrar los mecanismos para trasladar y hacer efectivas sus demandas frente a un gobierno que contaba –al menos inicialmente– con una creciente legitimidad. Es decir, el desafío consistía en cómo lograr concesiones que antes se obtenían por medio de un acceso directo a las arenas estatales, dado que durante la dictadura militar estos actores poseían un vínculo privilegiado con el Estado al estar obturados otros procesos de mediación política. Por otro lado, debían enfrentarse a una profunda crisis caracterizada por la imposibilidad de superar algunos problemas estructurales en actividades como la ganadería y la producción lechera, a los que se le sumaban los condicionantes macro-financieros y la inestabilidad de la economía argentina. Esta coyuntura le otorgaba centralidad a la acción de aquellas entidades rurales cuyas bases sociales estaban vinculadas a la producción ganadera, como era el caso de la Sociedad Rural Argentina y las Confederaciones Rurales Argentinas. Esto implicaba el recrudecimiento de discursos liberal-conservadores anclados fuertemente en la crítica a la acción estatal. Es decir, todo diagnóstico de la situación agraria iba a ser tamizado por este tipo de consideraciones que confluían en la sobredimensión del aparato estatal y su necesario achicamiento.

Lejos de disipar esas interpretaciones previas de la crisis económica y sectorial, la competencia electoral por el sillón de Rivadavia aventaba “temores” del pasado. Lo que primaba en las plataformas de los partidos políticos eran propuestas industrializadoras que relegaban al agro al papel –no menor– de proveedor de divisas. Más allá de esta situación que reafirmaba una de las representaciones históricas de las entidades rurales sobre la “discriminación” frente a otros sectores de la vida económica, el aspecto más conflictivo radicaba en las propuestas de impuestos basados en la renta potencial de la tierra. De esa forma, pervivía en las propuestas de los partidos debates que en décadas anteriores habían prefigurado la conflictividad entre los gobiernos y las entidades rurales. Esto preanuncia la estructuración de negociaciones y posibles conflictos en torno lo impositivo. Aquí también resultaban operativas las representaciones que históricamente habían construido las entidades sobre este punto.

El resultado de las elecciones presidenciales reafirmó los recelos de las entidades agropecuarias. A pesar de que discursivamente el electo presidente Raúl Alfonsín sostenía la necesidad de incrementar la producción agropecuaria a partir de la modernización de sus estructuras, resultaba preocupante –en la perspectiva de la dirigencia rural– el renovado lugar que a partir de diciembre de 1983 ocuparía el Estado. Así, en la propuesta alfonsinista el Estado era el único actor que capaz de impulsar la modernización agrícola mediante la formación del INTA que sería robustecido con financiamiento de los productores, las Juntas Nacionales de Granos y Carnes no solo regularían e intervendrían en el mercado, sino que se convertirían en agentes de promoción para la búsqueda de nuevos mercados externos. También el Estado recuperaría la capacidad de intervenir en la puja distributiva entre empresarios y trabajadores rurales y, además, sería el encargado de fijar una nueva política impositiva sustentadas en nociones de progresividad. El ritmo de la política y la economía truncaría estos postulados.

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