Protestas y huelgas de crianceros en Neuquén (2010-2015)

María Inés Rodríguez^[1]

Introducción

En la provincia de Neuquén los crianceros constituyen un sujeto usual en el paisaje del norte y centro neuquino. Se caracterizan por la cría de ganado menor (caprino/ovino) y, eventualmente, de ganado vacuno. Esta actividad se organiza a través de la trashumancia que no solo es una modalidad de organización del trabajo, sino que también constituye un estilo de vida (Bendini, 2010). A menudo complementan esta actividad con la elaboración de artesanías, recolección o trabajo extra-predial para garantizar la reproducción del grupo doméstico (Comerci, 2018). Las formas de tenencia de la tierra para el desarrollo de esa actividad productiva son precarias y se dan bajo la ocupación con o sin permiso, lo que hace que se enfrenten con el permanente avance de la frontera productiva traccionada por la ganadería empresarial, la producción petrolífera y las actividades turísticas. Los sistemas de comercialización en los que participan suelen generar abusos de mercado con la venta atomizada del ganado en pie y sin capacidad de negociación.

En función de esas características, generalmente, se los suele ubicar en el universo de la agricultura familiar, aunque se los puede definir como campesinos, dado que tienen dificultades para acumular excedentes, un acceso limitado a los recursos naturales y una lógica particular en la construcción del espacio, propia de la territorialidad campesina.^[2] Sus unidades productivas se encuentran internamente vinculadas por lazos de parentesco, en las que predomina la fuerza de trabajo familiar y donde se evidencian dificultades estructurales para la acumulación de excedentes. Así, la familia como eje central de la reproducción social nos permite observar que los crianceros organizan los procesos de producción y trabajo, regulan el acceso a los recursos y a la propiedad a través de los mecanismos de herencia y transmisión del patrimonio (Hocsman, 2003; Cowan Ros y Schneider, 2008).

Como es sabido, en las últimas décadas, con el avance del neoliberalismo y el modelo de los agronegocios, el espacio rural fue profundamente atravesado por cambios tecnológicos, productivos y sociales. Las nuevas formas de organización del trabajo, caracterizadas por su flexibilidad y las estrategias a partir de las cuales el capital financiero se apropió de los recursos naturales, pusieron en tensión tanto formas –devenidas– en “tradicionales” de trabajo como el vínculo con los factores productivos, particularmente, la tierra. El progresivo avance de las actividades hidrocarburíferas y la creciente intensificación de la producción ganadera, ligada a explotaciones empresariales, modificó el perfil productivo de la región. De esa forma, se acentuó el cercamiento de campos y, con ello, los cambios en el diseño y manejo de la producción ganadera. Este proceso tensionó las relaciones sociales de producción tornándolas cada vez más conflictivas. En este escenario, los crianceros se vieron obligados a recurrir a diversas estrategias y formas de resistencia frente al avance del agronegocio (Comerci, 2018). Esto no solo reconfiguró de raíz las lógicas productivas, sino que alteró además las identidades de los sujetos agrarios.

En ese marco, los crianceros, en tanto trabajadores y agentes del espacio rural, se encuentran afectados por estas transformaciones que los ubican en una permanente situación de vulnerabilidad. Así, en ese contexto, las estrategias y formas de resistencia se profundizaron y visibilizaron la situación crítica de estos sujetos agrarios. Sobre esa base, en este capítulo nos interesa indagar en las acciones colectivas de protestas de los crianceros acontecidas en las ciudades de Zapala y de Neuquén, principales nodos comerciales y administrativos que constituyen el centro de logística internacional y de la Patagonia norte, dada su cercanía con el Paso Internacional Pino Hachado y por la creación de la “Zona Franca Zapala”. Este nodo comercial del centro neuquino se relaciona con el noroeste en donde la producción ganadera trashumante caprina y ovina, que refleja un vínculo estrecho entre el entorno y las prácticas culturales, se suma hacia el sur de la región la ganadería bovina. A su vez, es en esta zona donde tienen asiento territorial las principales asociaciones de crianceros y, por ende, se caracteriza por la mayor cantidad de población criancera según la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente del Gobierno de la Provincia de Neuquén. En términos temporales, nos concentraremos en el período de hegemonía de los agronegocios que, entendemos, se opera en el lapso que va entre los años 1999 y 2018. Como lo sugiere la comparación de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988, 2002 y 2018, se trata de un lapso en el que se consolidan tendencias como la agriculturización, la liquidación de explotaciones agropecuarias, el aumento promedio de las escalas de producción y cierta polarización de la estructura agraria (Barsky y Gelman, 2009; Azcuy Ameghino y Fernández, 2019).

Para ello, pondremos en diálogo los aportes teóricos de la Historia social del trabajo con las herramientas propias de la teoría de la acción colectiva, dado que nos permitirá abordar la problemática de los procesos de trabajo de los crianceros. Además, nos facilitará reconocer sus demandas, a través de qué formatos las trasladan al espacio público, qué solidaridades se construyen y quiénes las resisten. De este modo, nos situamos por fuera de la idea de protesta asociada exclusivamente a la actividad obrera y a su formato de huelga. Tomaremos la propuesta de Van der Linden (2019) para pensar la categoría de trabajadores. La misma difiere de los supuestos convencionales y permite considerar una heterogeneidad de posiciones existentes al interior del mundo del trabajo rural. En ese sentido, partiremos de entender las acciones colectivas de protesta como un acontecimiento histórico que presenta un carácter ineludible: “es esperado como un efecto necesario, como un resultado de un cierto desencadenamiento de causas o de condiciones previas” (Bertrand, 2011, p. 143). De esa forma, las protestas constituyen una vía de acceso privilegiada para analizar cómo se alteró (o no) su práctica de la trashumancia, cómo se desarrollaron las pautas de adaptación al nuevo modelo, qué conflictos emergieron en relación con el acceso a la tierra y quiénes son los actores que forman parte de los mismos y, por último, cómo mediaron el Estado provincial y el Movimiento Popular Neuquino en ese proceso de lucha.

El presente capítulo se encuentra estructurado en tres apartados. En el primero, ofrecemos algunas precisiones metodológicas para el abordaje de las protestas desplegadas por crianceros neuquinos en el contexto de hegemonía de los agronegocios. En el segundo, presentamos algunas características socio-económicas vinculadas tanto con la estructura económica de la provincia de Neuquén como con la reproducción de las familias crianceras. Por último, en el tercero analizamos las protestas de crianceros desarrolladas entre 2010 y 2015; nos interesa identificar las redes conflictuales que le dieron origen, las demandas y la construcción de diversas solidaridades en torno a la acción de los crianceros.

Claves metodológicas para el estudio de las protestas

En este trabajo partimos de repensar a los crianceros desde su heterogeneidad y complejidad, procurando observar otras esferas de trabajo que forman parte del proceso productivo. Esto implica considerar no solo las características que enunciamos más arriba, sino también las formas institucionales del modo de regulación (Neffa, 1998), fundamentalmente, del Estado provincial. En ese sentido, consideramos que las protestas de los crianceros se inscriben en redes conflictuales locales y nacionales que trascienden las organizaciones de productores que aparecen en la convocatoria de la protesta. Esta operación implica prestar atención a la existencia previa (visible o no) de situaciones conflictivas que presiden la acción colectiva que deviene en protesta social. Dichos conflictos pueden ser definidos como el resultado de la diversidad de valoraciones que tienen dos o más agentes sobre un bien público que evalúan como importante, ya sea por la cualidad del bien en relación con la reproducción material de los agentes, su peso simbólico o de otros mecanismos de constitución de la realidad social. De forma paralela, es necesario atender a los campos de negociación que se habilitan con la estructuración de las redes conflictuales. Con esto hacemos alusión a las instancias vinculadas al complejo relacional y orientadas a solucionar o dar salida a la protesta. Su configuración responde a los mecanismos de atracción y rechazo, por lo que su delimitación implica estrategias de persuasión y procesos de conversación. Estos factores marcan y redefinen la protesta o el consenso (Scribano, 2003).

En función de lo anterior, las manifestaciones sociales y públicas llevadas a cabo por los trabajadores rurales serán enmarcadas como acciones colectivas contenciosas. Las mismas se entienden como actos reflexivos y deliberados que se inscriben en el espacio público en calidad de acciones políticas a partir de su capacidad para movilizar a la opinión pública y ejercer presión sobre las decisiones políticas. Es importante reconocer que, a su vez, dichas acciones se presentan discontinuas, constituyendo una dinámica caracterizada por períodos de movilización y desmovilización (Tilly, 2000). Las estrategias desarrolladas por los sujetos rurales, en tanto, serán categorizadas como repertorios de contienda. Estos repertorios se constituyen como la totalidad de los medios que dispone un grupo para plantear exigencias de distinto tipo a otros individuos o grupos (Tarrow, 1997, p. 65). Asimismo, a los fines de reconocer las especificidades de las demandas y estrategias de resistencia entabladas por los crianceros, consideramos a esas acciones como “formas de lucha, poder y coerción en las cuales un grupo de trabajadores actuando colectivamente deja de trabajar para exigir reivindicaciones económicas, sociales y/o políticas que interesan a los trabajadores directamente implicados o no” (Van der Linden, 2019, p. 175).

Sobre esa base, las protestas de crianceros ocurridas entre los años 2010 y 2015 se estudiarán a partir del aporte metodológico de Gordillo et. al. (2012), que nos permitirá deslindar las instancias de luchas colectivas, sus formatos y actores. En función de esto, retomaremos la información del periódico de mayor circulación de la provincia, según el Instituto Verificador de Circulación (IVC), el diario Río Negro. Cabe advertir que, a pesar de que el empleo de la prensa simplifica la complejidad de la información en relación con la que circula para otros públicos (especializados) y a otras escalas de la política, constituye el canal por el cual la acción contenciosa se manifiesta. A su vez, es un canal habitual de mediatización de la ruralidad, es decir, un soporte privilegiado para explorar discursos y representaciones (Carniglia, 2004). El procesamiento de la información contenida en la prensa se realizará atendiendo a las siguientes variables: fecha del diario, fuente, ubicación, fecha de la protesta, lugar de la protesta, titular, tipo de protesta, formato, tipo de acción y organizadores (Gordillo et. al., 2012). La identificación de esos elementos facilitará el análisis de las acciones colectivas realizadas por los crianceros y se complementarán con la caracterización de cuatro dimensiones lógicas: el inicio de la huelga, el sostenimiento de la huelga y la finalización y desenlace de la huelga (Van der Linden, 2019).

En definitiva, consideramos a las protestas sociales estructuradas por los crianceros como una forma de acción colectiva de carácter contencioso e intencional que adquiere visibilidad pública y se orienta al sostenimiento de demandas, centralmente frente al Estado. Este punto de partida posibilitará atender a las tensiones y conflictos que expresa dicho actor, como así también analizar cómo opera el Estado provincial, particularmente el Movimiento Popular Neuquino, y cómo recepciona esas demandas. Así, intentamos responder a las preguntas: quiénes, por qué, cuándo, dónde, cómo y para qué protestan nos permitirá elaborar marcos interpretativos no solo para captar los cambios en los tipos de conflictos, los actores, las demandas y los formatos de las protestas, sino también para poder considerar cuál es el modelo productivo que propone el gobierno provincial, como esta forma de comprensión de lo rural se cristaliza en conflictos y qué soluciones se proponen teniendo en cuenta la centralidad que ocupa el trabajo de los crianceros en el centro y norte de la provincia de Neuquén, la trashumancia y ciertas prácticas que persisten o se reestructuran como forma de resistencia a las transformaciones del espacio rural.

Características y dinámica socioeconómica de los crianceros neuquinos

La ganadería trashumante del centro y norte de la provincia de Neuquén se afirma por fuerza de su inercia histórica, adecuándose a las nuevas realidades, habilitando otras respuestas y afirmaciones para sostenerse como una actividad productiva sobresaliente dentro en la estructura agraria de la Patagonia norte (Guagliardo, 2015). El Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia desde 1962, ha intentado regular el trabajo de los crianceros, apelando a diversos instrumentos normativos como la Ley nacional 27718 de reparación histórica de la agricultura familiar y la ley provincial 3016 de trashumancia. No obstante, esas regulaciones parciales o segmentadas no respetan el carácter estructural de la actividad productiva y distorsionan las respuestas en términos de políticas públicas. En esa clave, el presente apartado tiene por objetivo presentar una breve descripción de la dinámica y la estructura socioeconómica de la provincia de Neuquén como punto de partida para comprender las protestas realizadas durante el período de hegemonía de los agronegocios.

La producción de lana, como todas las actividades productivas, se encuentra sujeta a importantes fluctuaciones. Hacia fines del siglo XX, el valor bruto de la producción para el mercado disminuyó de 75% a 50% en consonancia con la caída del precio internacional de la lana y la paridad cambiaria que imponía una ecuación desfavorable para la exportación. Esto significó una situación crítica para los crianceros que se tradujo en el empeoramiento de sus condiciones de vida y, consecuentemente, en procesos de descomposición social (Bendini y Stembreiger, 2010). Durante el cambio de siglo, estas tendencias se revirtieron alcanzando los valores históricos, principalmente por el incremento del precio internacional de la lana y del pelo. Estos factores fueron ayudados por la devaluación del peso argentino y por los alcances de los programas sectoriales y las políticas diferenciadas implementadas por el Estado nacional.^[3] Estas políticas generaron condiciones para el mejoramiento de las pautas de comercialización, por medio de la asistencia técnica y de la transformación de la organización social del trabajo de las familias de crianceros. Asimismo, este contexto estimuló la profundización de las estrategias asociativas que se plasmaron en la creación de diversas organizaciones, muchas de las cuales articulan el aspecto socio-productivo con reconocimiento de lo étnico. Entre esos espacios se destacan: la Mesa Campesina, la Federación Indígena, la Asociación de Crianceros Unidos, las Asociaciones Indígenas no Federadas, las Cooperativas federadas y no federadas y el Consejo Agrario Indígena.^[4] En los perfiles institucionales de estas organizaciones se puede observar el predominio del componente gremial, es decir, constituyen organizaciones centradas en la defensa de los intereses de un determinado colectivo o base social y, secundariamente, orientada a mejorar las condiciones de reproducción de esos sectores (Carini, 2019).

En ese marco de fluctuaciones de la producción lanera, se perciben algunas tendencias generales de otros espacios productivos como el proceso de liquidación de las explotaciones agropecuarias. La comparación de los Censos Nacionales Agropecuarios del 2002 y 2018 registra una pérdida de un 35,83% de explotaciones agropecuarias, en términos absolutos se pasó de un total de 5.568 unidades productivas a 3.573, y el estrato más afectado fue el de las unidades menores a 500 hectáreas. Es en este estrato donde, usualmente, se ubica a los sectores ligados a la agricultura familiar (INDEC, 2002-2018). En esa estructura, predomina como tipo jurídico de productor la persona física, aunque vio reducida su presencia histórica, pasando de controlar 4.851 unidades productivas, en 2002, a 3.250, en 2018, lo que implicó una reducción porcentual en el período intercensal del 33,01%. A pesar de que estos procesos –por las características que enunciamos más arriba– no afectaron directamente a los colectivos de crianceros, si son indicativos de una creciente presión sobre la tierra, puesto que dan lugar a concentración económica. Es decir, muestran cómo en las últimas décadas existió una puesta en valor de nuevas tierras y una revalorización de las existentes para diferentes usos, especialmente para la producción agropecuaria, los hidrocarburos y el turismo.

Las formas de organización del trabajo rural también mutaron sustancialmente en el marco de los agronegocios. Así, a los fines de poder identificar a los crianceros en esos procesos, es necesario observar la dinámica poblacional de la provincia de Neuquén. La población rural de la provincia evidencia una sostenida caída: en el año 2001 descendió la población con respecto al año 1991, de 13, 54% a 11, 42% y, para el año 2010, esa tendencia se ubicó en un 8,39%. En el caso de los crianceros, como plantea Comerci (2018) y como acontece con otros sujetos agrarios, la expulsión del ámbito rural se motiva en acceder a ciertos bienes y servicios como educación formal y salud pública. Además, en el caso de los crianceros, ese factor se acentúa dado que usualmente complementan ingresos con trabajo extra-predial, especialmente en las actividades petroleras y en la participación de mercados de artesanías.

De esa forma, la movilidad estacional asociada a la trashumancia se suma a aquellas de carácter diario, esporádico y definitivo relacionadas con la búsqueda de recursos, trabajo y servicios. Por ejemplo, en los últimos diez años, se han identificado una movilidad de tipo semanal asociada con “la doble residencia” de los crianceros en el campo y en el pueblo. En este último, a veces se ubican mayor tiempo las mujeres, encargándose del cuidado de los niños y las niñas (Bendini y Stembreiger, 2010). La multiocupación y la movilidad espacial son parte de las prácticas adaptativas de estos productores y productoras. En el caso de los crianceros, predominan las familias monoactivas agropecuarias, aunque la pluriactividad crece en forma paulatina en el medio rural, se alejan de sus comunidades los actores más jóvenes durante la temporada de verano para fortalecer la estrategia de reproducción familiar. Sin embargo, en la mayoría de los casos se desarrolla sin abandonar el campo y con una nueva división sexual y espacial del trabajo en el marco de las familias (Navedo, 2008). Si bien los porcentajes anteriores reafirman la tendencia histórica de despoblamiento rural, la cantidad de trabajadores rurales –comparando los Censos Nacionales Agropecuarios de 2002 y 2018– se incrementó. Dentro de los trabajadores permanentes, sigue teniendo mayor incidencia el “encargado, mayordomo o capataz”, aunque ha descendido un 6,9%, pasando en el 2002 de 232 personas a 216 en el 2018; pero se observa un predominio del trabajo directo de los propios productores.

En definitiva, estos procesos muestran cómo el avance y cierre de las fronteras, tanto internacionales como productivas, ponen un límite a la movilidad del pastoreo del ganado y condicionan el desarrollo de las estrategias de reproducción social de los crianceros. Así, el incremento del avance en los espacios de borde por parte del capitalismo los ubica en una posición de vulnerabilidad a estos sujetos, en especial a quienes carecen de los títulos de propiedad de sus tierras y/o de permisos para ocuparlas (Comerci, 2018).

Crianceros y trashumancia en crisis. La canalización de las demandas por el gobierno provincial

Las acciones colectivas desarrolladas por los crianceros se circunscriben en diversos conflictos en donde su situación laboral se encuentra obstaculizada por múltiples factores: avance de alambrados, sequía y conflictos dentro del espacio comunitario.^[5] En las protestas observamos distintos agentes que también se adhieren a las actividades: comunidades mapuches, organizaciones rurales y campesinas de todo el centro neuquino. El criancero es el principal actor de la ganadería trashumante; no obstante, esta última también puede ser practicada por crianceros criollos o mapuches. Como plantea Guagliardo:

Criollos y mapuches sostienen esta práctica productiva como forma de vida y una cultura que preexiste a la formación de los estados nacionales y su vigencia y desarrollo actual, nos pone frente a un debate histórico sobre la propiedad de la tierra; la posibilidad de regular formas tradicionales de uso del suelo y la necesidad de construir políticas públicas integrales para el desarrollo de estos sistemas (Guagliardo, 2015, p. 9).

Es por ello que las protestas de los crianceros se fueron desarrollando, según el diario Rio Negro, repetidamente durante los años 2010 al 2015 como consecuencia de los conflictos en los que se encuentran.^[6] Como plantea Scribano (2003), es relevante distinguir los componentes de las condiciones de la acción colectiva, los conflictos que la originan, la emergencia y manifestación de los conflictos y los modos de reproducción de las aludidas condiciones. Es decir, dichas condiciones se van configurando en la medida en que el modelo de agronegocios trastoca de forma profunda el espacio rural y emerge el conflicto con los campesinos que practican la ganadería trashumante.

Durante en el mes de noviembre de 2011, en el marco de la erupción del volcán Puyehue (Chile), la protesta de los crianceros se llevó a cabo en el ingreso de la ciudad de Zapala sobre la ruta nacional 22 mediante el formato de una volanteada.^[7] Sus adherentes fueron las comunidades mapuches y organizaciones rurales y campesinas de todo el centro neuquino. Las demandas estaban en relación con las complicaciones climáticas luego de la erupción del volcán que amerito la enorme mortandad de animales, visibilizando una situación de “total abandono”, lo que motivó la exigencia de desembolsos de recursos para agua, transporte y forrajes. Dicha protesta duró 24 horas, mientras que un grupo de las comunidades mapuches continuaron dirigiéndose a la ciudad de Neuquén. En este caso, se observa una discontinuidad en relación con el sostenimiento de la misma, ya que algunos adherentes decidieron continuar con la protesta pero en la ciudad de Neuquén; esto se debe enmarcar en las diferencias que pueden haber entre los adherentes de la huelga.

Otra protesta fue realizada en diciembre de 2013. La misma fue organizada por la Asociación Civil de Crianceros^[8] y comenzó en la rotonda que conecta la ruta 22 al centro de Zapala y culminó en la Municipalidad de dicha ciudad. Esta movilización tenía como demandas las mejoras habitacionales, garantizar el agua potable y las denuncias a las comunidades mapuches por desatender las viviendas que fueron dadas por el gobierno. En este caso el diario Rio Negro no aclara sobre su duración y adherentes, pero en comparación con la huelga mencionada anteriormente, son casi las mismas demandas, sobre todo la más memorable que es la falta de agua.

Otra protesta a analizar es la que ocurrió en la Ruta provincial 7 en agosto de 2015.^[9] Dicha ruta conecta la ciudad de Neuquén con Río Negro, y la medida de fuerza tuvo como formato el corte de ruta, según el diario Río Negro por “los parceleros”, que se extendió por quince horas y la demanda fue la dotación de agua para sus animales.

Por último, la protesta ocurrida en octubre de 2015 fue la más extensa que se registró en el diario, puesto que tuvo una duración de diez días.^[10] Esta ocurrió en la ruta nacional N° 22 y consistió en una cabalgata que salió desde Zapala a la casa de gobierno en la ciudad de Neuquén. Fue un corte de ruta realizado por los mismos crianceros en el que demandaban la liberación de los callejones de arreo,^[11] ocupados por las comunidades mapuches, y la exigencia al gobierno provincial para que intervenga. También reclamaban la asistencia para acceder a forrajes y la construcción de viviendas rurales. En el caso de esta protesta, a diferencia de las otras, es interesante analizar su formato –la cabalgata– como modo de expresividad. Entendemos este aspecto como aquellas acciones en las que se concentran la pugna de los intereses y valorizaciones en juego que tienen la característica de reorientar la red conflictual (Scribano, 2003, p. 85). El productor trashumante se relaciona con los recursos en un marco y contexto específicos, partiendo de su forma de pensamiento hasta los distintos pasos y huellas recorridos, desde las decisiones respecto a la carga animal hasta el manejo de los recursos.

Las causas predominantes que se observan y que llevan a las acciones colectivas son, por un lado, la sequía y, por otro lado, las dificultades que hay entre comunidades para llegar a un acuerdo sobre los cajones de arreo. Respecto de la sequía, recuperando los aportes de Bendini, Tsakoumagkos y Nogues (2005, p. 31), los crianceros no reconocen la desertificación, es decir que no observan en el ambiente donde desarrollan su trabajo como desierto ni al proceso de degradación y erosión como de desertificación. Ellos observan un “problema”, pero algunos lo atribuyen a condiciones naturales como ciclos de sequía prolongados y, otros, al sobrepastoreo y/o pastoreo continuo. No obstante, la mirada que tienen los empresarios ganaderos sobre dicho problema se refiere explícitamente al proceso de desertificación, pero como un problema ajeno a ellos: “como un proceso asociado a los crianceros y originado en la concentración de población y de carga animal (sobrepastoreo y predominancia de ganado caprino en los rodeos de los campesinos pobres)”. Es interesante observar las distintas representaciones que hay sobre un mismo problema de acuerdo al actor que lo representa o “narra”, parafraseando a quienes citamos antes, los ganaderos perciben las prácticas de conservación del suelo como una instancia para mejorar el incremento de su capacidad productiva y una vía para el logro de una mayor eficiencia y rentabilidad de su explotación. En su análisis empresarial, lo que hacen es comparar sus resultados con parámetros correspondientes a otras zonas agropecuarias del país, especialmente a los de la pampa húmeda.

Por otro lado, para los crianceros estas prácticas son estrategias de existencia en torno a la reproducción social. Aquellos que cuentan con mayor capital se enfocan en técnicas que les permitan mantener y superar el umbral de capitalización, mientras que los menos capitalizados se encuentran presionados a adoptar técnicas de prevención y control de la desertificación para mantenerse dentro de la actividad como productores.

En dicho contexto de dificultades para sostener la actividad trashumante, y luego de las acciones colectivas llevadas a cabo durante los años 2010 a 2015, tuvieron una repercusión en el ámbito legal. Y acá nos detendremos a explicitar cómo canalizó el gobierno provincial las demandas de dichos actores, teniendo en cuenta el régimen normativo de los callejones de arreo. La ley provincial 3016, publicada en el boletín oficial de la provincia de Neuquén el 30 de septiembre del 2016, logró instituir por primera vez en la historia jurídica provincial un régimen sistemático de la actividad de trashumancia, sin limitarse a establecer un mapa de callejones de arreos y alojos (Fernández, 2019). Dicha ley tiene como objeto, conforme al artículo 1, “garantizar fundado en el interés público, el derecho de las familias trashumantes de la provincia del Neuquén a transitar con su ganado por las huellas de arreo, para trasladarse de las zonas de invernada a las de veranada y viceversa, en trashumancia, conservando el ambiente y respetando el patrimonio natural y cultural de la zona”. Su finalidad según el artículo 2 es: establecer los criterios de creación, delimitación, modificación, gestión y protección administrativa de las huellas de arreo; valorar la trashumancia como práctica productiva y cultural, en relación con el desarrollo productivo, turístico y social, y difundir sus fundamentos; fomentar mediante actividades de conservación, recuperación, rehabilitación y restauración, el manejo y uso sustentable de las huellas de arreo; definir el ejercicio de los usos compatibles y complementarios a las huellas de arreo, articulando derechos y obligaciones de los usufructuarios. Si recuperamos la última protesta analizada, que se desarrolló en 2015, el detonante de la misma fue la liberación de los callejones de arreo, lo que podemos observar en esta última ley (que sigue en vigencia) pretende garantizar no solo el uso instrumental de los callejones de arreo y alojos, sino a la vez la conservación del ambiente y la subsistencia de la actividad trashumante considerándola integrante del patrimonio natural y cultural de la zona.

En línea con lo que plantea Fernández (2019), se entiende por huellas de arreo o rutas de arreo la franja de terreno variable en función de la zona y las condiciones del terreno, que permite el libre tránsito de los animales que se trasladan de la veranada a la invernada y viceversa y comprenden los alojos, sesteos, aguadas y callejones.^[12] Lo que prevé la ley es que las mismas están destinadas, prioritariamente, al tránsito ganadero. No obstante, pueden tener otros usos compatibles o complementarios con la trashumancia. La legislación de esta ley es clave para comprender cómo el estado provincial canalizó las demandas y algunos de los conflictos que aquejan a la comunidad criancera puesto que, además, otra de las cuestiones relevantes a tener en cuenta como respuesta al conflicto es la conformación de la Comisión de las Huellas de Arreo (CHA). La ley incorpora el instituto de la red de huellas de arreo definiéndola como el conjunto de huellas de arreo existentes en la provincia ya relevadas por el Poder ejecutivo provincial o a relevarse en el futuro. Por consiguiente, lo interesante es que el gobierno provincial establece una concepción del ordenamiento territorial participativo puesto que la CHA está integrada por representantes de la Dirección Provincial de Tierras y la Subsecretaría de Producción, y por cuatro representantes genuinos de pequeños productores, que deben ser productores trashumantes avalados en espacios participativos de segundo grado con reconocimiento territorial. La comisión tiene como función: informar sobre los avances de la aplicación de la ley; conciliar los intereses de las familias trashumantes con la creación de huellas de arreo e infraestructura vinculadas con ellas; proponer a la autoridad de aplicación, programas, proyectos o normativas relacionadas con las familias trashumantes y las huellas de arreo; colaborar con la autoridad de aplicación en la elaboración y difusión de campañas de promoción de las actividades de trashumancia; asesorar a los distintos organismos vinculados con la seguridad vial, en materia de señalización y operativos e intervenir en las modificaciones de las huellas de arreo. La ley 3016 mantiene una pretensión sistemática en la regulación de la actividad de trashumancia, considerándola una actividad integrante del patrimonio natural y cultural y, por ende, arbitrando la consecución de distintos objetivos tendientes a garantizar su permanencia y desarrollo, siendo dos de dichos objetivos la configuración de una red de huellas de arreo generada con participación de los campesinos trashumantes, y el afianzamiento de la seguridad vial tanto de los trashumantes y sus animales como terceros.

Si retomamos las nociones de Van der Linden (2019), y consideramos que nuestro análisis se centra en los trabajadores rurales y sus protestas, podemos observar un resultado sustantivo luego de las protestas en cuanto a que el gobierno de la provincia respondió inmediatamente a las demandas con la ley 3016 y, de este modo, finalizó el ciclo de protesta. Además, observamos que el fin del conflicto no dependió exclusivamente de los trabajadores crianceros, sino que fue el resultado del equilibrio de recursos existentes entre ambas partes, crianceros (criollos y mapuches), comunidades mapuches, organizaciones campesinas y el gobierno provincial.

Conclusiones

El modelo de agronegocios ha modificado de forma sustancial el espacio rural. Como plantea Maristella Svampa (2012), desde la lógica de la acumulación el nuevo consenso de los commodities, conlleva a la profundización de una dinámica de disposición o despojo de tierras, recursos y territorios, al tiempo que genera nuevas formas de dependencia y dominación. No es casual que en la literatura crítica de América Latina considere que el resultado de estos procesos sea la consolidación de un estilo de desarrollo extractivista (Svampa y Sola Alvarez, 2010), el cual debe ser comprendido como aquel patrón de acumulación basado en la sobre explotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos” (Svampa, 2012, p. 2).

Este modelo extractivista no solo tiene en cuenta las actividades típicamente consideradas como tal (minería e hidrocarburos), sino también los agronegocios o la producción de biocombustibles, los cuales plantean una lógica extractivista mediante la consolidación de un modelo tendencialmente monoproductor que desestructura y reorienta los territorios, impacta de forma negativa a la biodiversidad y profundiza el proceso de acaparamiento de tierras.

Es por ello que los conflictos crecieron de manera escalonada y, como sostiene Mançano Fernandes (2008) desde una perspectiva crítica, se pueden explicar a partir de los procesos de desarrollo, que involucran diferentes escalas geográficas y dimensiones de la vida. En nuestro caso puntual, las relaciones de poder presentes en la zona rural en donde convergen familias crianceras y comunidades mapuches, sumado a los conflictos que emergen como consecuencia del modelo agribusiness, deja en evidencia la poca legislación por parte del Estado provincial. Y si bien en estos últimos años se han promulgado leyes, como por ejemplo la ley provincial de trashumancia de Neuquén (3016), aun así, la situación de los crianceros y sus familias es muy crítica. Según advertimos, entre los detonantes en la puesta en escena durante las acciones colectivas se encuentra la sequía; dicha problemática sigue sin resolverse en el marco de una crisis socio-ambiental y la continuidad de una matriz dominada por los combustibles fósiles, la violación de derechos colectivos de pueblos originarios y el rol preponderante que se da al capital trasnacional y el destino de los beneficios económicos.

Se evidencia la permanente intención de los crianceros en sostener la práctica trashumante, como se observa en las estrategias aplicadas referidas a la participación en espacios organizativos como los que mencionamos antes (CHA). Si bien algunas se diferencian en su origen y formas de construcción del poder, las vinculaciones políticas institucionales y la orientación de todos los reclamos expresan prácticas de organización tendientes a la consolidación de identidades socio políticas reivindicativas (Bendini y Stembreiger, 2010, p. 70).

En términos de tenencia, se ha mantenido hasta esta década, la convivencia de la propiedad privada de las mejores tierras con la ocupación de lotes fiscales por crianceros. Este proceso parecería comenzar a cerrarse y es el indicador más elocuente de una etapa de expansión capitalista en áreas marginales. La apropiación de la tierra –incluyendo el agua y las fuentes de biodiversidad– resulta necesaria para los patrones de acumulación del capital en la revalorización del espacio. De esta forma, la histórica sobrevivencia de estos campesinos a la colonización y apropiación inicial, y al reordenamiento y proceso de ciudadanización posterior, se torna más vulnerable en ambas áreas (Bendini y Stembreiger, 2010, p. 72).

Los estudios sobre crianceros/as muestran que la forma en que se expande el capital en el área rural, las crisis periódicas de las actividades productivas (por el clima o el mercado), y las transformaciones en las necesidades básicas de servicios e infraestructura social, ameritan dinámicas territoriales que van más allá de transformaciones productivas e institucionales. Esto genera desde revitalización de pueblos hasta formas adaptativas productivas y laborales y de resistencia a la expulsión. Para los crianceros mapuches el territorio es el espacio en el que se desarrolla la cultura Mapuche, el cual comprende un todo (well mapu) e incluye los recursos naturales, la superficie y el subsuelo de la tierra, pero también las relaciones sociales. Como plantea Navedo (2008, p. 37), “la trashumancia es en sí misma un elemento de identidad cultural y representa un hecho central en sus vidas y particularmente en el ciclo productivo, otorgando al sistema características únicas”. Estas características son las que ameritan resistencias a las transformaciones o la implementación de “estrategias” por parte de dichos actores, como también se observan modificaciones en las ocupaciones y en las dinámicas ocupacionales familiares, como por ejemplo la pluriactividad y desplazamientos espaciales en los hogares campesinos.

Por último, pero no menos importante, aplicar la perspectiva de género en los estudios agrarios son fundamentales para problematizar el rol de las mujeres crianceras, sus labores y, a su vez, las formas de apropiaciones del territorio y su participación en los conflictos. Identificar imágenes, acciones y prácticas de las mujeres rurales, nos permitirá a futuro mostrar el conjunto de relaciones que construyen la trama social y, con ello, los territorios.

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