1.1. El problema de investigación

Esta investigación se enmarca en el campo de estudios sobre fuerzas de seguridad, en tanto cuerpo profesional del Estado, desde una perspectiva de género. El proceso de feminización de las organizaciones policiales que tiene lugar en la Argentina en los últimos quince años aproximadamente es un fenómeno complejo, heterogéneo y no resuelto que permite problematizar las relaciones de poder entre los géneros en el acceso a posiciones de jerárquicas. Esta tesis propone estudiar las trayectorias profesionales de las primeras mujeres que acceden a posiciones de conducción y de mando del cuerpo de oficiales de la Policía Federal Argentina desde el año 1977 – cuando se les habilita su ingreso – hasta el año 2019.

La estrategia metodológica seleccionada propone un doble foco de atención empírica en tanto combina el análisis de documentos oficiales y de las condiciones estructurales de desarrollo de carrera de las mujeres con el paradigma de los estudios biográficos, más específicamente el análisis de sus trayectorias profesionales. En primer término, el análisis de documentación oficial y plexos normativos permiten reconstruir en su devenir histórico los procesos cambiantes de regulación formal de las relaciones entre los géneros en el plano institucional, a la luz de la propia voz de las actrices que le dan sentido a través de su ejercicio rememorativo. En segundo término, se examinan la estructura de cargos, su composición jerárquica y el nivel de calificaciones alcanzadas según datos oficiales del cuerpo de oficiales de la PFA a través de la cual se recompone la distribución segmentada y el bloqueo progresivo de las mujeres en el acceso a posiciones de mando. En tercer término, se recupera la voz de las actrices que a través de entrevistas biográficas permiten reconstruir las trayectorias profesionales de un grupo de mujeres que disputan por primera vez en la historia de la institución el acceso y la permanencia a su cúpula jerárquica.

Se propone estudiar la perspectiva de las actrices, en una institución que combina ciertas propiedades organizacionales de especial relevancia, verticalismo, endogamia, opacidad y masculinización, para reflexionar sobre las posibilidades de transformación de las relaciones de desigualdad entre los géneros en el acceso a posiciones de conducción a nivel macro social. En este sentido, la reconstrucción de trayectorias permite elaborar tipologías teóricas dinámicas, interrelacionadas y no excluyentes que caracterizan distintas modalidades de acceso a posiciones directivas por parte de las mujeres en una organización que no se explica por sí misma, pese a su imagen inicial de homogeneidad, sino que es un espacio diverso, heterogéneo y cambiante a lo largo del tiempo que puede ser pensado desde la perspectiva de la sociología de las profesiones

1.2. Consideraciones respecto del referente empírico

La Policía Federal Argentina (PFA) es una de las cuatro Fuerzas Federales de Seguridad de la Nación, junto a la Gendarmería Nacional, organización militarizada que actúa en zonas fronterizas y demás lugares que se determinen al efecto, la Prefectura Nacional, policía de seguridad que opera en el litoral marítimo, fluvial, lacustre y otras vías navegables, puertos y lugares que se determinen al efecto y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, organización que se despliega en el ámbito jurisdiccional aeroportuario de más reciente creación. La PFA se crea en el año 1943 a partir del decreto 17.750/43 que promueve el reemplazo progresivo de la Policía de la Capital, en funciones desde 1880 aunque algunos de sus historiadores ubican sus inicios hace unos 400 años, en la etapa colonial temprana (Rodríguez, 1978; Rodríguez; Zappietro, 1999; Zappietro, 2005; 2010 citado de Da Silva Lorenz y Galvani, 2020). Desde el año 1943 hasta el reciente traspaso de parte de sus funciones asignadas, de una proporción de su personal y de buena parte de sus locaciones físicas (especialmente comisarías) al gobierno porteño, cumple tareas de policía auxiliar de justicia, en vínculo con la justicia federal, y de policía de seguridad en todo el territorio nacional. La Policía Federal Argentina se distingue de otras fuerzas policiales no solo por el alcance territorial de sus competencias sino por ofrecer mejores salarios y establecer criterios de selección más rigurosos que otras fuerzas (Galvani, 2016).

Su escala jerárquica se divide en dos cuerpos, similar a la estructura de las fuerzas armadas entre oficiales y suboficiales, como primera gran diferenciación organizacional, que forma a los primeros en funciones de conducción y los habilita a acceder a la cúpula directiva de la institución. Los primeros reciben una formación de tres años en la Escuela de Oficiales y Cadetes Miguel A. Pirker y los segundos se forman durante un año en la Escuela de Suboficiales y Agentes Comisario General O´Gorman. Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación para el año 2020 la planta total de la Policía Federal Argentina asciende a 32.549 personas: 5.641 en el cuerpo de oficiales, 21.916 en el de suboficiales, 4.815 auxiliares de seguridad y 177 llamados a prestar servicio1. Desde el ingreso a carrera el personal está organizado en tres escalafones que operan como espacio de especialización y pertenencia a lo largo de toda la carrera: seguridad, comunicaciones y bomberos (más un escalafón técnico). El más numeroso, responsable de las funciones de prevención y lucha directa contra el crimen tradicionalmente asociadas al quehacer policial y del cual suelen provenir los Jefes y Sub Jefes de la fuerza es el de seguridad. La organización de la carrera de oficiales en la institución tiene una impronta piramidal, con un criterio asentado en la antigüedad y en el orden de mérito para determinar los ascensos y una limitación según cupos que genera los llamados “cuellos de botella” y obliga a la mayoría de los integrantes a retirarse de la fuerza con jerarquías intermedias.

El modelo organizacional de las fuerzas de seguridad no ha incorporado políticas de achatamiento de pirámides de mando, sobre las que existe amplio acuerdo respecto de su utilidad para agilizar burocracias y enriquecer el contenido de las tareas en la gran mayoría las grandes organizaciones públicas o privadas. Este modelo se caracteriza por el verticalismo y por la ausencia de mecanismos formales de canalización de reclamos o disensos que en el caso argentino se expresa en la ausencia de actor sindical.

1 Según el Artículo 86 de la Ley 21.965 los efectivos llamados a prestar servicio son aquellos que estando en situación de retiro constituyen el complemento de los efectivos en actividad de la Institución y están destinados a reforzarlos cuando razones de seguridad así lo aconsejen.

Cuadro Nro. 1: Escala jerárquica de la Policía Federal Argentina. Año 2020

Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación.

Las políticas públicas en materia de seguridad y los sucesivos intentos de reforma de las instituciones policiales crecen y se institucionalizan en el país a partir de la irrupción del llamado problema de la inseguridad en las agendas pública y de gobierno “cuando el tan proclamado aumento de los delitos acabó con la inercia política en materia policial, problema heredado de la escasa atención que se le prestó a la policía en los debates sobre la transición a la democracia” (Galeano y Barreneche, 2008: 73). Si bien los historiadores sobre el mundo policial suelen reclamar que debe ampliarse la mirada temporal sobre las transformaciones y reformas atravesadas por la institución (Barreneche y Galeano, 2010) es a partir de la década de 1990, luego del crecimiento de grupos de investigación comprometidos con la defensa de los derechos humanos e interesados en el papel jugado por estas organizaciones en la última dictadura militar, comienzan a construir un campo de estudios sobre fuerzas de seguridad como a operarse un conjunto de intervenciones de política pública orientadas a replantear el rol de las policías en las democracias latinoamericanas.

El pasaje de la centralidad de la noción de la seguridad basada en el paradigma de la seguridad nacional a la seguridad ciudadana que se opera luego de los primeros años del retorno democrático en nuestro país es materia de análisis y debates (Rangugni, 2009; Gorgal, 2003; Frederic, 2008; Hathazy, 2014 y 2022) pero se ha alcanzado cierto consenso respecto de su irrupción en el contexto del proceso de consolidación del neoliberalismo como racionalidad política, el desmantelamiento del Estado protector, el retroceso de los derechos sociales y la redefinición de las fronteras entre las organizaciones públicas y privadas responsables de la seguridad (Dallorso y Seghezzo, 2016; Daroqui, Kamismky y Pegoraro, 2003, Lorenc Valcarce, 2011). Distintos especialistas comienzan a llamar la atención sobre la consolidación de un discurso hegemónico que establece relaciones de asociación entre las nociones de inseguridad, delito y pobreza en un contexto de creciente aceptación de la violencia policial, del encarcelamiento y del endurecimiento de las penas.

Los ejes de intervención institucional tuvieron por objeto la democratización interna de las policías, la re organización de su personal, la revisión de programas de formación y de criterios de reclutamiento muchas veces vinculados a un esfuerzo por lograr la imagen pública de organizaciones modernas y respetuosas de las garantías del Estado de derecho. La Ley de Seguridad Interior aprobada en 1991 por medio de la cual se establecen las bases orgánicas, jurídicas y funcionales de las fuerzas de seguridad federales es parte de la formalización de este proceso de desmilitarización de las policías.

A inicios del siglo XXI, en la primera etapa de la administración de Néstor Kirchner^[1], se recupera un diagnóstico según el cual se considera a las policías en un doble vínculo: como actor interviniente en la génesis del problema de la inseguridad, corrupción y connivencia con prácticas delictivas, ejercicio ilegal de la violencia, abuso de poder especialmente contra grupos vulnerables, verticalismo, militarización, centralización, autonomía y desgobierno político, pero también como agente indispensable en una política de seguridad que apunte a resolver el problema. Se adopta un discurso progresista en materia securitaria que en una primera etapa se visibiliza en una serie de acciones tendientes a aumentar el control político de las fuerzas de seguridad y a despolicializar las protestas sociales, pero que cíclicamente adopta giros de tono conservador y punitivista frente a casos resonantes como el de Axel Blumberg3 o en la antesala de contiendas electorales. En este sentido, distintos especialistas cuestionan el carácter pendular y contradictorio de la política de seguridad de la gestión kirchnerista a lo largo de la primera década de 2000 (Rangugni, 2010; Saín, 2011; Sozzo, 2016; Ayos y Fiuza Casais, 2017).

Las transformaciones más recientes de la institución se relacionan con dos acontecimientos que impulsaron reformas de distinto tenor: la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación y el traspaso de parte del personal de la Policía Federal Argentina a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El primer hecho se enmarca en la incorporación del problema de la seguridad en la agenda de políticas públicas y del arribo a cierto consenso respecto de la necesidad de instrumentar mecanismos de gobierno político de las instituciones policiales que confluyen en la progresiva institucionalización de un organismo competente en el ámbito del poder ejecutivo. El detonante de dicho proceso se encuadra históricamente en la severa represión infringida por la Policía Federal y la policía dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un conjunto de familias que habían ocupado un predio en el Parque Indoamericano del barrio porteño de Villa Soldati en diciembre del año 2010. La crisis institucional que evidenció, una vez más, las dificultades en el manejo político de la fuerza propició que a comienzos del año 2011 se creara el actual Ministerio de Seguridad a cargo de las cuatro fuerzas federales de la Nación bajo la gestión de Nilda Garré, primera Ministra de Seguridad, que ya se había desempeñado en el mismo cargo en el Ministerio de Defensa. La gestión Garré se caracterizó por un discurso marcadamente reformista y por la implementación de una serie de cambios que tuvieron entre sus objetivos generales democratizar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y aumentar el control de las instituciones políticas sobre las mismas. La participación de investigadores del campo de las ciencias sociales y de especialistas pertenecientes a organismos de defensa de los derechos humanos en la primera etapa de gestión ministerial impulsa, no solo una mirada disruptiva respecto de las políticas de seguridad de enfoque securitario, sino también un conjunto de investigaciones y debates que se publican en los años subsiguientes. El espíritu crítico de la primera gestión ministerial adopta un tono más conservador con posteriores cambios de autoridades.

En el contexto de la administración presidencial de Mauricio Macri^[2] y luego de varios años de reclamos por parte de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires por disponer de una fuerza de seguridad propia luego de su autonomización, el 1º de enero de 2017 se produjo el traspaso a la policía de esa jurisdicción. Fueron transferidos unos 21.000 efectivos que representaban cerca de la mitad del personal de la fuerza junto a la reasignación de los recursos materiales para sostener dicha transferencia (Da Silva Lorenz y Galvani, 2020), la pérdida de funciones en materias no federales y el traspaso de 54 comisarías en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de todos los cuarteles de bomberos, excepto el 1º (Convenio 1/16 Resolución Nº 298/LCBA/15). El desarrollo de la transferencia implicó conflictos y descontentos diversos5 y una reconfiguración de funciones de la Policía Federal que quedó abocada especialmente a la investigación de delitos federales, como narcotráfico, lavado de activos, delitos ambientales y trata de personas y que al momento de redactar esta tesis es un proceso inacabado.

Los espacios vividos por las oficiales de la Policía Federal Argentina a lo largo del tiempo admiten una cartografía propia en el terreno institucional. Si bien la historización del proceso de incorporación e integración segmentada de las mujeres al cuerpo de oficiales de la organización es tratada en capítulos subsiguientes, a los efectos de introducir una caracterización inicial puede señalarse que ellas forman parte de las fuerzas de seguridad, como sub oficiales especialmente, desde etapas fundacionales producto de un proceso de incorporación lento y sostenido, aunque heterogéneo y resuelto en diferentes momentos en cada fuerza. Muchas veces, dentro de una misma institución, el proceso de ingreso fue desigual entre los cuerpos de oficiales y suboficiales, compartiendo en todos los casos una representación numérica significativamente menor a la de sus pares varones (Calandrón, 2014). La incorporación de las mujeres a la oficialidad se resuelve en el año 1977 en un escalafón separado al resto del cuerpo, en condiciones de una minoría subalterna, en el contexto de la última dictadura militar. Los roles socio históricamente asignados les delimitan funciones administrativas, de cuidado, asistencia y control de niños, mujeres y ancianos, como sucede en casi todas las policías del mundo. Recién en el año 2001 pueden asimilarse a los escalafones comunes y cursar ascensos con la misma antigüedad que el resto de los oficiales varones. Por otra parte, la creación del Ministerio de Seguridad es un acontecimiento importante en materia de políticas igualadoras con perspectiva de género. Es recién a partir de este momento en que las primeras mujeres que ingresan al cuerpo de oficiales en la década del setenta acceden a los rangos más altos de la jerarquía policial.

Entre las políticas de administración del personal que se implementaron, algunos fueron de carácter democratizador y muchas otras fueron especialmente compensatorias desde la perspectiva de género. A partir del informe y de las recomendaciones realizadas por el “Grupo de Trabajo para el Estudio de las Condiciones de Acceso, Permanencia y Progreso de Mujeres y Varones en el ámbito de las Fuerzas Policiales y de Seguridad” en febrero de 2011 (Resolución 58/11), en julio del mismo año la gestión Garré emitió una Resolución en la cual se modificaron aspectos del ordenamiento estatutario que regulaba el ejercicio de los derechos humanos, sociales y laborales. En primer lugar, la administración del personal y las reglamentaciones de carrera interna establecían que quien quisiera ingresar a la escuela de cadetes en la PFA debía ser soltero/a sin hijos o viudo/a sin hijos, normativa que se eliminó. Una de las normas más criticadas por su carácter abusivo establecía que “para contraer matrimonio el personal superior formulara la solicitud en nota por vía jerárquica a la Superintendencia de Personal, Instrucción y Derechos Humanos…” y que “el Jefe de la dependencia que revistara el peticionante acompañará en todos los casos los datos de identidad de la persona con la que éste desea contraer enlace, sus padres y hermanos y otros miembros de su grupo familiar con los que pueda convivir” (conf. Art 260 Decreto N° 1866/83) requisito que fue eliminado.

En cuanto a medidas estrictamente orientadas a los derechos de las mujeres, se estableció para las cuatro fuerzas federales, duplicar el horario de lactancia a dos horas diarias, exceptuar a las mujeres embarazadas del servicio de armas, de jornadas superiores a las seis horas y del trabajo nocturno. En cuanto al reclutamiento y formación del personal se autorizó el ingreso a la carrera de las mujeres embarazadas o en período de lactancia (pudiendo rendir sólo los exámenes intelectuales) y se prohibió toda acción que impidiera el ingreso o permanencia de personas con hijos o en estado de pregnancia a los institutos de formación, reclutamiento y en los cursos de ascenso.

Estas reformas fueron acompañadas por otras iniciativas de gestión interna, una de las primeras fue la creación de Centros Integrales de Género en el ámbito de las direcciones de personal y de recursos humanos destinados a la orientación, asesoramiento y denuncia de acoso sexual o violencia laboral. Otra de las resoluciones relevantes que se adoptan en ese momento fue la instrucción a las fuerzas de seguridad a respetar las identidades de género de personas travestis, transexuales y transgénero respetando el nombre y la identidad elegido por él/ella^[3]. El mismo derecho asiste a toda persona ajena a las fuerzas, incluyendo las que son objeto de detenciones. Esta decisión se inscribe como respuesta política a una serie de muertes y represiones en los que particularmente estuvo involucrada la PFA, y que buscó mitigar la corrupción, el autoritarismo, la autonomía policial —entre otras cuestiones— que atravesaban a sus estructuras y no estuvo exento de resistencias, dificultades y contradicciones (Sozzo, 2014).

En el proceso de incorporación de mujeres a la organización policial conviven gestos ornamentales de apertura y modernización, impulsos democratizadores de alcance parcial y procesos de reforma integral con perspectiva de género que no logran transformar la posición subalterna que ocupan las mujeres en la cúpula policial. Pese a que la dotación total de miembros del cuerpo de oficiales se reduce un 8,2% entre los años 2012 y 2019 la participación de las mujeres en ese universo aumenta un 27,5% para el mismo período. Este proceso de feminización institucional invisibiliza una redistribución segmentada que enfrenta un bloqueo progresivo a partir del rango de Comisario/a en el cual las mujeres no superan una representación del 7,5% para el año 2019. Las medidas institucionales con perspectiva de género implementadas en las últimas dos décadas, el aumento del nivel de las calificaciones universitarias de las mujeres y cierta redistribución positiva en la base organizacional opacan la persistencia del fenómeno de segregación vertical. Buena parte de los estudios sobre las fuerzas policiales con perspectiva de género abordan los diversos mecanismos de obstaculización formal e informal que enfrentan las mujeres en su vida laboral, pero en este caso, el objetivo general de la investigación es comprender las trayectorias profesionales de aquellas pocas oficiales que sí logran acceder a las jerarquías más altas de la estructura institucional.

1.3. Estrategia metodológica

La investigación se propone dar cuenta de la interrelación de tres formas de manifestación de lo social: la subjetividad de los actores encuadrada en sus trayectorias de carrera y abordada a través de entrevistas biográficas, que se desarrollan e interactúan con un marco organizacional, dinámico en tanto forma parte de un tiempo y un espacio social. Siguiendo a Meccia (2013) se reconoce la existencia de un «yo», representante del nivel microsocial y abordado en el análisis biográfico del primer grupo de mujeres que alcanzan posiciones jerárquicas en la organización policial, que se mueve afectando y siendo afectado por múltiples vinculaciones interpersonales, grupales e institucionales. El nivel del análisis mesosocial, abordado en las dimensiones normativas y organizacionales de la PFA se enmarca en un tiempo y un espacio que trasciende al grupo como a la institución, es decir, un momento sociohistórico determinado, el nivel de análisis macrosocial.

La estrategia metodológica seleccionada propone un doble foco de atención empírica en tanto combina el análisis de documentos oficiales y de las condiciones estructurales de desarrollo de carrera de las mujeres con el paradigma de los estudios biográficos, más específicamente el análisis de sus trayectorias profesionales. Si bien es cierto que toda interacción social tiende a exceder la letra escrita de la ley, las regulaciones formales ofrecen marcos que habilitan, niegan o incluso determinan las prácticas de los actores. En tanto el plano formal y normativo constituye una de las formas de expresión del estado de las relaciones de poder entre los géneros el primer objetivo específico de la investigación consiste en la elaboración de etapas e identificación de acontecimientos institucionales a través de la reconstrucción histórica de la evolución del proceso normativo en materia de género desde que se habilita la incorporación de las mujeres al cuerpo de oficiales de la Policía Federal Argentina en el año 1977 hasta los últimos cambios operados en el año 2019. Dicha historización es analizada a la luz de las voces de las mujeres que protagonizan y que le dan sentido, desde sus comienzos, al lento e inacabado proceso de igualación de las condiciones de inserción y ejercicio de su profesionalidad.

La historización de la regulación normativa de las relaciones entre los géneros se reconstruye a partir de un cuerpo de información constituido por bibliografía especializada, plexos normativos, documentos e informes de trabajo internos, revistas institucionales, entrevistas biográficas y entrevistas a informantes clave que orientan la búsqueda de material. En esa tarea son de vital trascendencia no sólo los testimonios de las oficiales objeto de la investigación, sino también de oficiales que se desempeñan en el Museo de la Policía Federal Argentina y en la biblioteca del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina quienes colaboran con la búsqueda de las “órdenes del día” donde se formalizan las medidas y decisiones de carácter interno de la fuerza.

Los cambios normativos a través de los cuales se regulan los derechos de las mujeres desde el año 1977 son identificados como acontecimientos institucionales que abren etapas en su progresiva inserción e integración formal al cuerpo de oficiales de la Policía Federal Argentina y que permiten comenzar a explorar los procesos de adaptación, negociación y disputa de posiciones jerárquicas en sus trayectorias profesionales. Estos puntos de inflexión son sucesos que habilitan un cambio en el sentido de las trayectorias y que tienen un impacto en las probabilidades de los destinos futuros de los actores (Gotlib y Wheaton, 1997). Se toman en consideración la formación, los requisitos de reclutamiento y la organización del personal como ámbitos regulatorios que permiten identificar cuatro etapas de progresiva igualación:

1) habitar desde los márgenes: la etapa de apertura de carrera (1977- 1983); 2) el texto en otro contexto: Inicio de aceptación de principios constitucionales mínimos de respeto a la igualdad entre hombres y mujeres (desde el retorno democrático hasta el año 2002); 3) la integración parcialmente igualadora a un escalafón común (2003 – 2010), y 4) el proceso de pleno reconocimiento a la igualdad de géneros con resultados parcialmente redistributivos (Desde la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación hasta el año 2019).

El examen documental y de entrevistas se combina con una estrategia cuantitativa de construcción y análisis de datos estructurales sobre la composición del cuerpo de oficiales de las PFA que en el año 2019 alcanza un total de 4.275 casos. La población es caracterizada por tipo de cargos, rango y acceso a funciones de dirección según género desde el año 2010, momento de creación del Ministerio de Seguridad de la Nación y a partir del cual se accede a información oficial, hasta el año 2019. Esto permite desarrollar el segundo objetivo específico de la investigación que consiste en comprender la estructura de oportunidades objetivas que a lo largo del tiempo condicionan las disposiciones y capacidades subjetivas de las entrevistadas y que se expresan en la identificación de segmentaciones y de procesos de segregación vertical u horizontal en la carrera de oficiales a partir de las cuales las mujeres enfrentan bloqueos progresivos a puestos jerárquicos, particularmente a partir del rango de Comisario. Si bien los datos son acotados en términos temporales, abarcan la etapa en que se producen los primeros ascensos de mujeres a la cúpula jerárquicas.

En base a datos obtenidos de la Secretaría Académica del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina se analiza el total de graduados de carreras de pre grado, grado y post grado según género desde el momento de creación de la institución en el año 1977 hasta el año 2018 lo cual permite enmarcar el proceso de profesionalización de las mujeres policías. Las estadísticas educativas de las universidades e institutos terciarios pertenecientes a las fuerzas de seguridad son otra fuente de información primaria que permite elaborar una caracterización aproximada del máximo nivel de educación alcanzado por la población general. Si bien esta fuente de información no es exhaustiva, ya que los oficiales de las fuerzas pueden cursar estudios en otras instituciones, existen un conjunto de estímulos que favorecen su selección. Entre ellos, puede mencionarse la posibilidad de articulación de títulos de grado con la formación impartida en las escuelas de oficiales, el tipo de carreras y contenidos vinculados con las áreas de incumbencia profesional, el otorgamiento de becas y los mecanismos de pertenencia a un colectivo de docentes y compañeros de cursada.

La caracterización y análisis del cuerpo de oficiales según rangos y nivel de calificación delimita el objeto de estudio y también permite observar en el plano organizacional que el aumento del número de mujeres oficiales en la Policía Federal es un proceso no resuelto, heterogéneo y segmentado que enriquece la comprensión de las trayectorias profesionales femeninas en el acceso a posiciones de poder.

Durante el trabajo de campo, no fue posible acceder a datos oficiales de las fuerzas federales previos a la creación de esta cartera ministerial. La opacidad policial es un fenómeno estudiado internacionalmente (Van Maanen, 1982; Lundman y Fox, 1978). En nuestro país

Máximo Sozzo (2005), Marcelo Saín (2008) y Paul Hathazy (2010) han analizado el tema bajo diferentes matices teóricos y desde distintas pertenencias institucionales si bien todos reconocen la refracción institucional como una constante. Hathazy propone que estas resistencias sean positivamente integradas al trabajo de producción empírica de modo consciente y utilizarlas como reveladoras de dimensiones más concretas y específicas (2010: 146).

Se recuperan sus reflexiones para señalar un indicador de la poca visibilidad que se le otorga a la distribución según género en los datos producidos por la Policía Federal ya que no se registra el sexo de su personal como variable, en ninguna de las tablas donde sí se registra: escalafón, grado, DNI, apellido, nombre, cargo, destino o título obtenido al menos hasta el año 2018. De hecho, en tablas comparativas de informes regionales, Argentina es uno de los pocos países sobre los que no se relevan datos del personal en las fuerzas de seguridad según sexo.^[4]

1.4. Consideraciones respecto de la aproximación biográfica para el análisis de trayectorias

Para analizar las experiencias profesionales de las primeras mujeres que alcanzaron posiciones de poder y mando en la institución policial se aplica el método biográfico. El acceso al campo se produce inicialmente a partir de la matriz de datos del personal superior del cuerpo de oficiales de la Policía Federal Argentina a los que se tuvo acceso a través de la propia inserción en el Ministerio de Seguridad de la Nación y en el cual se siguió el criterio de muestreo teórico intencional aplicando el criterio de máxima jerarquía alcanzada, recuperando los aportes del enfoque conocido como teoría fundada en los datos (Becker, 1998; Glaser y Strauss, 1967; Kelle, 2005). El contacto con cada una de las entrevistadas se gestionó a través de conocidos en el ámbito ministerial y se estableció un encuadre pautado y negociado en sus espacios cotidianos de interacción laboral para cada una de las 27 entrevistas biográficas realizadas a mujeres oficiales que alcanzan el rango de Comisarias o más, en su mayoría en actividad y con más de 25 años de antigüedad en la fuerza. Fueron entrevistadas las únicas dos mujeres que alcanzaron el rango de Comisario General hasta el año 2018 -una retirada-, cinco -de las siete- mujeres que alcanzaron el rango de Comisario Mayor, cinco -de las siete- que accedieron a Comisario Inspector y quince Comisarias pertenecientes al escalafón Seguridad. Todas las oficiales que alcanzaron las tres jerarquías máximas de la carrera policial pertenecen a las primeras cohortes de egresadas, son las únicas que habiendo ingresado a la organización como una minoría subalterna lograron acceder a las posiciones más disputadas en la institución y al momento de ser entrevistadas estaban próximas al momento de retiro. Pese a que las entrevistadas se conocen entre sí desde hace más de 25 años, no fue posible aplicar la estrategia de bola de nieve ya que ninguna brindó los datos de contacto de sus compañeras. Podían recomendar hablar con alguna de ellas, indicar quiénes resultaban casos interesantes para la investigación, pero todas advertían que dado el requisito de pedido de autorización formal a la fuerza que debe cursar toda persona de manera previa a brindar una entrevista, no estaban autorizadas a brindar datos personales.

El sujeto policial, como otros actores imbuidos por un fuerte espíritu de cuerpo, es refractario a la mirada externa. Existen diversas investigaciones biográficas y etnográficas sobre elites en cuerpos del Estado que dan cuenta de este carácter refractario, sin mencionar la multiplicidad de estudios sobre el campo policial que se recuperan en otras secciones de esta tesis. Pueden destacarse los estudios sobre senadores nacionales, jueces federales, diplomáticos y militares que destacan similares categorizaciones teórico epistemológicas en el acceso y estudio de cuerpos profesionales sobre los que aún hay un campo vacante de conocimientos en perspectiva comparativa (Donatello y Lorenc Valcarce, 2020 y 2017; Lorenc Valcarce y Solanas, 2020; Acuña, 2014; Balbi y Boivin, 2008; Bohoslavsky y Soprano, 2010; Plotkin y Zimmerman, 2012a, 2012b; Barreneche y Oyhandy, 2012)

La pertenencia a cúpulas jerárquicas y el manejo cotidiano de información confidencial potencia la desconfianza hacia toda situación interrogativa. La estrategia de encuadre de la situación de entrevista enfatizó mi rol como tesista doctoral de la Universidad de Buenos Aires interesada en temas de género y en los logros profesionales alcanzados por este grupo de “pioneras”. Procuré sostener una actitud cordial y desestructurada a partir de la combinación de cierta inocencia propia de la imagen del estudiante universitario y del compromiso con el ideal feminista. En la medida en que se multiplican las entrevistas, se identifican regularidades que se van codificando, de manera más estructurada o abierta en función de las categorías teóricas y los objetivos de esta investigación. En algunos casos, el proceso interpretativo dinámico entre conceptos teóricos sensibilizadores iniciales y el material obtenido en los primeros encuentros da lugar a la revisión de esos objetivos (Blumer, 1982).

El uso de la entrevista permite poner énfasis en la recuperación del sujeto y en la reconstrucción de redes de relaciones entre los actores difícilmente accesibles a través de otras fuentes (Dexter, 1970; Richards, 1996; Harvey, 2011). Desde los trabajos fundantes de la Escuela de Chicago (El campesino polaco en Europa y en América de Thomas y Znaniecki de 1918 es uno de sus referentes ineludibles) se destaca la utilidad de esta técnica para elaborar de manera retrospectiva la biografía del actor pensada desde diferentes trayectos (familiar, residencial, educativo, entre otras) en los que se articulan aspectos objetivos y subjetivos que tienen diversa importancia según el ciclo vital que esté atravesando la persona (Pujadas Muñoz, 1992; Helardot, 2006). Se recuperan los relatos de vida de estas mujeres, como texto posible en un contexto, que habilita la reflexión sobre lo social a partir de sus historias personales. En este sentido se recuperan los aportes de Franco Ferrarotti (2007) que prioriza la perspectiva del actor y reconstruye el modo en que se va abriendo paso en el mundo, definiendo las situaciones con las que se topa y movilizando sus recursos para arreglárselas en ellas (Thomas y Znaniecki, 1920; Blumer, 1982 citado de Donatello y Lorenc Valcarce, 2016). Desde la perspectiva interaccionista simbólica y constructivista, se intenta dar cuenta de las definiciones que ofrecen las personas sobre su situación en tanto elemento formativo de la acción social (Thomas & Thomas: 1928).

En este caso, la trayectoria laboral es el eje organizador de otros itinerarios posibles explorado a través de los discursos que producen las pocas mujeres que alcanzan posiciones jerárquicas en una institución históricamente masculinizada sobre aspectos de sus vidas, de su formación y de sus relaciones desde una perspectiva diacrónica, que busca las “marcas de género” (Arfuch, 2013) en su relato. Las trayectorias pueden ser pensadas como el resultado de acciones y prácticas que las personas desarrollan en situaciones específicas a través del tiempo y que sintetizan tanto la estructura de oportunidades existentes como el aprovechamiento que los sujetos pueden hacer de las mismas, a partir de la puesta en juego de sus capacidades profesionales, sociales y subjetivas (Novick y Benencia, 2001).

Incorporando los tres niveles de articulación de lo social, Panaia (2007) propone que una trayectoria también puede definirse como el recorrido en los distintos puestos de trabajo y actividades profesionales que desarrollan los individuos, derivadas de la formación recibida y de la combinación de factores micro, meso y macrosociales como los antecedentes familiares, las relaciones personales, el género, el momento social del egreso del sistema educativo, el primer empleo, lo institucional, la profesión y las condiciones del mercado de trabajo que permiten explicar su movilidad social, económica y laboral. (Panaia, 2007). De esta manera, la construcción de la identidad profesional puede sufrir reconfiguraciones que se producen a lo largo de la trayectoria laboral y que dependen tanto de factores objetivos como de la relación subjetiva con el trabajo y con los participantes de la actividad de trabajo (Dubar, 2001).

En este caso, la construcción de la identidad policial es el resultado de un proceso de inmersión subjetiva y colectiva en una institución que no es inmutable ni homogénea, sino que sufre transformaciones a lo largo de un tiempo y un espacio, que es material y simbólico. La noción de trayectoria profesional resulta útil para reconstruir el devenir del ser mujer policía como un proceso de identificaciones heredadas y vividas. (Dubar, 2000). Sus recorridos de carrera son parte productiva del proceso histórico de estructuración de la profesionalidad, interpelada por unas relaciones entre los géneros que sufren transformaciones a lo largo de los años y que ellas restablecen en sus relatos. En este sentido la identidad profesional no es homogénea, no lo es la del sujeto policial, como tampoco lo es la de ningún otro trabajador. Dubar (2001) señala que todo acercamiento inductivo al concepto de identidad profesional entre trabajadores que comparten una misma situación de trabajo y una misma categoría profesional constatan heterogeneidades en sus relatos sobre el trabajo, en las actitudes con respecto a él, así como en las formas de reconstruir su pasado y anticipar su futuro. Esto significa que no todos tienen la misma relación subjetiva con el trabajo. En nuestro caso, interesa especialmente rastrear las marcas del género en la relación subjetiva que las actrices entablan con su situación de trabajo. Se recuperan los aportes del paradigma interaccionista y referentes en el uso de historias de vida y la revalorización del actor aprehendidos en un contexto institucional y social, como Thomas y Znaniecki (1958), Hughes (1937, 1950), Becker (1983) y Granovetter (1988) en el estudio de la noción de carrera como encadenamiento de posiciones y transiciones, introduciendo el componente dinámico y subjetivo en su elaboración.

El análisis y la caracterización de las trayectorias requiere de un método retrospectivo para la reconstrucción de los itinerarios laborales de los sujetos, debido a que gran parte del fenómeno a analizar ya ha sucedido al momento de realizar la investigación. En la entrevista, se da inicio a la conversación preguntando por las motivaciones que dispararon el interés en la carrera policial, interrogante que coloca a las entrevistadas en cierta inmersión retrospectiva de sus años de juventud y que estimula un fluir rememorativo atravesado, desde un comienzo, por una recurrente reflexividad sobre los cambios que atravesó la institución policial y la sociedad en general en materia de género desde su ingreso a la institución hasta la actualidad. Estas mujeres son parte de un proceso de feminización incipiente de las fuerzas de seguridad, algunas de ellas son figuras icónicas dentro de la PFA y parecen tener plena conciencia del rol que representan en la historia institucional.

En este sentido, el análisis de las argumentaciones que motivan la decisión del ingreso a la carrera junto a las experiencias rememoradas sobre la etapa de formación policial constituyen un objetivo específico de la investigación en tanto representan una fase ineludible para la comprensión del proceso de inmersión institucional y construcción de la identidad profesional. El ingreso a la carrera policial constituye el inicio de una trayectoria profesional en tanto existe linealidad entre los estudios cursados y la inserción laboral posterior; por otra parte, este es un cuerpo del Estado que puede caracterizarse como un mercado interno cerrado con movilidades contextuadas en la dinámica macro económica pero también en procesos organizacionales propios.

Resulta de particular interés en este punto la reconstrucción que hacen las entrevistadas con respecto a sus motivaciones iniciales de ingreso a carrera como parte de una secuencia esperada en su proyecto biográfico o como decisión imprevista por ellas hasta ese momento. La búsqueda estratégica de un empleo o el seguimiento de una vocación personal o familiar está directamente relacionada con el carácter contingente atribuido a su decisión de ingreso a carrera. Para buena parte de las entrevistadas, si bien provienen de familias donde existen miembros en las fuerzas de seguridad, el proyecto biográfico familiar no contemplaba su ingreso a la policía, especialmente por la figura materna.

El cuestionamiento inicial respecto de las motivaciones que propiciaron el ingreso a la carrera permite indagar dos pares conceptuales que definen de manera dicotómica la constitución de la identidad policial: como vocación de servicio o como vocación profesional por una parte, como un estado de cuerpo que los distingue de la civilidad, por otro. Buena parte de la literatura especializada destaca el carácter vocacional, servicial y sacrificial que la policía tiene de una función que los habilita al ejercicio de la fuerza física alejándolos de su identificación con dos universos: el de civiles y el de trabajadores (Monjardet, 2010; Sirimarco, 2009; Galvani, 2016; Bover: 2016; Suarez de Garay, 2006). Esta tesis recupera y se suma a un conjunto de estudios que, si bien reconocen un amplio repertorio de dispositivos y significantes expresivos de pretensión totalizadora, ponen en cuestión la uniformidad, homogeneidad y exoticidad de la identidad policial haciendo uso de la etnografía o de la entrevista biográfica para reconstruir la trama del quehacer policial a partir del sujeto (Bianciotto, 2014; Bover; 2016; Frederic, 2008; Garriga y Galvani, 2015). En particular, nos interesa comprender las formas en que las relaciones de género –cambiantes a lo largo del tiempo y del espacio institucional- interpelan la conformación de la trama de identidades que atraviesan al sujeto policial desde el momento de ingreso a carrera y su etapa formativa.

Para todas ellas, las regulaciones normativas que las habilitan a ingresar a la escuela de oficiales en el año 1977 y promover ascensos en el año 2001 y 2011 son acontecimientos que introducen nuevas posibilidades de carrera hasta ese momento impensadas. Este concepto permite incluir el elemento inesperado o contingente en la vida del sujeto que puede dar lugar a puntos de inflexión (Godard, 1998). Godard señala concretamente que determinados períodos históricos pueden propiciar momentos de ruptura que traen consigo cambios en la vida de los sujetos, constituyéndose así nudos o puntos de bifurcación que significan ciertas transformaciones en el destino y que tiene un impacto en las posibilidades de los destinos de la vida futura (Gotlib & Wheaton, 1997). Si bien las bifurcaciones no surgen necesariamente del relato, sino que son puestas en relieve por el investigador a propósito de su estudio (Godard, 1998), las regulaciones normativas que amplían el horizonte profesional para las mujeres surgen como hecho significativo del propio relato de las entrevistadas antes que la guía de pautas lo introduzca en la escena.

La comprensión de las prácticas que posibilitan la transgresión a la prohibición del mando (Pruvost, 2008) en contextos restrictivos a lo largo de las trayectorias de ascenso profesional de las mujeres que acceden a posiciones jerárquicas es un objetivo amplio que requiere codificaciones sucesivas. Las subjetividades y experiencias de las entrevistadas son parte productiva de un proceso de negociación de relaciones de poder entre los géneros en contextos marcadamente desiguales y al que ingresan en condiciones de minoría. Pero, la experiencia de las mujeres en estas instituciones masculinizadas no es interpretada exclusivamente en términos de prácticas subordinantes o resistencias veladas. Los pares conceptuales que remiten sus prácticas a relaciones de dominación o subordinación no alcanzan a explicar las posibilidades contingentes, ambivalentes e innovadoras que pueden producirse en una matriz de relaciones de poder que les asigna históricamente una posición subalterna. La comprensión de la construcción del género como aquel constituido por normas de las cuales depende, también expresan la capacidad agencial que habilita relaciones críticas y transformadoras (Butler, 2004). Si el proceso de inmersión institucional y construcción de la identidad profesional en las fuerzas de seguridad anuda en la adquisición y revalidación permanente de las credenciales de pertenencia al cuerpo profesional una matriz de relaciones de poder ancladas en una masculinidad patriarcal opresiva, todas aquellas identidades de género sobre las cuales se pretende ejercer un dominio reservado pueden entablar una relación de distanciamiento no solo respecto de una concepción normativa del género sino también respecto de un “nosotros policial”. Es en esa distancia, siempre dinámica, difusa y contingente en la que se habilita la capacidad de agencia para inaugurar concepciones relativamente novedosas respecto de la posición ocupada en las relaciones de poder y sus posibilidades de transformación. Esa matriz que sutura una masculinidad restrictiva al ejercicio del poder está en la raíz del problema de la identidad policial pero también puede habilitar vías de cambio para todas aquellas subjetividades que al no sentirse reflejadas y contenidas en esa identidad hegemónica también se alejan del ideario institucional que propone establecer relaciones de sojuzgamiento con todo actor alterno.

Si bien en el caso de la carrera policial la linealidad es un rasgo predominante, el régimen de pases y ascensos habilita el tránsito entre un tipo de actividad a otra dentro de una misma especialidad escalafonaria, de esta manera las trayectorias laborales constituyen un proceso dinámico que puede sufrir alteraciones o bifurcaciones en distintos momentos del tiempo. Inicialmente la pertenencia a un determinado escalafón determina la orientación profesional y muchas de las funciones y tareas desempeñadas, no pueden modificarse, ni son objeto de elecciones personales. Este supuesto original se desdibuja desde las primeras entrevistas ya que dentro de una misma especialidad el tipo de funciones y tareas posibles es amplia, los cambios de destino implican procesos de reconfiguración profesional y de re calificación, los grupos de trabajo y las figuras jerárquicas próximas pueden reorientar etapas de la carrera y motorizar u obstaculizar posibilidades de ascenso.

La linealidad de las trayectorias policiales de las mujeres que acceden a posiciones jerárquicas debe ser matizada, las reorientaciones o desvíos son posibles si bien se circunscriben a un escalafón de origen. En este sentido, la linealidad y coherencia inicial que reconstruyen entrevistada y entrevistadora a través del relato biográfico tiene cierto carácter ilusorio ya que toda trayectoria individual está atravesada por discontinuidades (Bourdieu, 1989).

Buena parte de la literatura especializada sobre género en fuerzas armadas y de seguridad examina los obstáculos formales e informales en el proceso integración de las mujeres a estas organizaciones. En esta investigación se indagan estos dispositivos de resistencia que a través de regulaciones normativas limitan durante décadas las posibilidades de ascenso de carrera de las mujeres y que se materializan en la distribución de puestos en el cuerpo. Se exploran los mecanismos informales, a los que el investigador no accede especialmente en perspectiva histórica, a través de la producción discursiva que realizan las entrevistadas de sus trayectorias. Las dificultades y oposiciones enfrentadas, asimiladas o negociadas varían a lo largo del tiempo y las estrategias utilizadas también. En la medida en que las configuraciones observadas difieren, se retienen las variaciones y se buscan configuraciones diferenciadas de los casos. En tanto las configuraciones son coincidentes, se profundiza en la búsqueda conceptos significativos.

El desempeño de tareas de supervisión y conducción son caras a la identidad profesional de los cuerpos de oficiales, para las que están especialmente formados a diferencia de los sub oficiales. El grupo de mujeres objeto de esta investigación se inician en el ejercicio de estos roles en condiciones estructurales que las ubican en una posición subalterna frente a sus pares masculinos, ya que recién en el año 2001 se las habilita a un mismo régimen de ascensos en la jerarquía policial. En este punto nos interesa estudiar el ejercicio del mando en la construcción de la profesionalidad policial desde una posición de género que si bien está sujeta a mecanismos de subordinación no inhabilita prácticas que transgredan ese orden dado.

El análisis de las prácticas que posibilitan la transgresión a la prohibición del mando y la consecuente disputa de posiciones de poder permiten identificar tres vías que habilitan la construcción de trayectorias ascendentes y que en esta investigación son identificadas como la masculinización, la feminización estereotipada y la construcción del prestigio. Estas prácticas no constituyen una tipología conformada por categorías excluyentes, sino formas de hacer el género (Butler, 2004: 12) dinámicas, interrelacionadas y socio-históricamente situadas que se actualizan en distintas etapas de sus trayectorias de carrera y habilitan la disputa por posiciones de poder en una agencia estatal que se define por detentar el monopolio masculino del uso legítimo de la violencia. Incorporar el adjetivo masculino a la definición weberiana no supone asumir que las mujeres sean incapaces de ejercer la violencia, sino que propone llamar la atención sobre el poder policial entendido como la instauración de un determinado ejercicio de la masculinidad. Aquel que aparece fuertemente asociado al comercio del mando, la autoridad, la prepotencia y hasta la humillación del cuerpo de los otros. Es decir, aquel que comprende a la masculinidad patriarcal como el registro de la violencia y el poder. (Sirimarco, 2021).

La exploración de estas prácticas en trayectorias ascendentes permite identificar algunos caminos comunes y otros senderos de interés. En primer término, y en tanto el género puede ser entendido como un registro de carácter simbólico (Segato, 2003) y comprendido como una posición relativa través de la cual insertarse en una trama de relaciones sociales, las mujeres policías, en tanto sujetos institucionalmente socializados, pueden elegir posicionarse en el entramado jerárquico a partir de un discurso y una actitud que incorpora el imperativo de la masculinidad, en tanto éste encarna el accionar propio del ejercicio del poder policial (Sirimarco, 2021: 9). La adopción de rasgos propios de una masculinidad hegemónica puede constituir un recurso para disputar el acceso al mando, pero en este punto es relevante señalar que no toda función policial habilita de la misma manera las condiciones de su ejercicio. Las funciones que se ejercen en las comisarías y en la prevención y control del delito en las calles detentan el status de “verdaderos” destinos policiales, ya que si por una parte permiten poner en práctica y exhibir la potestad reservada del uso de la violencia, por otra parte facilitan la constitución de solidaridades profesionales y redes de respetabilidad en torno del riesgo percibido y el sacrificio ofrecido a la comunidad.

En segundo término, la elección de áreas de inserción relacionadas con roles tradicionales de género, como la conducción de institutos de formación, de áreas destinadas al bienestar policial en centros de salud (Hospital Churruca Visca) o el desarrollo de comisarías de la mujer puede constituir un sendero de crecimiento profesional más dinámico que otras áreas comúnmente asignadas a los varones como la lucha contra el narcotráfico o la investigación de conductas indebidas por parte del personal policial, denominada “asuntos internos”. Estos senderos profesionales, no necesariamente son excluyentes, sino que pueden sucederse en el tiempo y constituir distintas etapas de crecimiento y progresiva consolidación de poder que posteriormente facilitan el acceso a funciones masculinizadas. Por su parte, el acceso a funciones que permiten la jerarquización y movilidad de estas mujeres puede ser analizado como una etapa de transición (Boado, 1996) en la que se observan los efectos de la permeabilidad de la estructura ocupacional hacia el escalafón superior de la oficialidad.

En la reconstrucción siempre selectiva de situaciones y sucesos, algunos relatos otorgan una significación especial a procesos históricos macro sociales relacionados con la incorporación en la agenda pública de la problemática de género y de su tratamiento en las políticas de seguridad de la Nación. La creación de espacios institucionales dedicados especialmente al tratamiento de las violencias por motivo de género y la lucha contra los delitos de trata de personas constituyeron una oportunidad de ascenso y visibilización profesional de algunas de las entrevistadas. La inserción en áreas feminizadas de la institución policial, tal como sucede en tantos ámbitos del mercado de trabajo, puede constituirse en un sendero de ascenso profesional.

En tercer término, en distintos momentos de la entrevista las mujeres ponen en valor el proceso de construcción de sus propios espacios de prestigio y reconocimiento del entorno a través de prácticas que desde un posicionamiento de género consciente y reflexivo, siempre sujeto a tensiones y contradicciones, permite identificar el agrupamiento, la capacitación y la adaptabilidad a los cambios de función como recursos eficientes para gestionar el mando. La capacidad de conducción y mando en el que estas mujeres se van formando les permiten crear espacios de prestigio y reconocimiento aun cuando permanezcan en áreas menos prestigiadas en el imaginario policial pero que permiten identificar un proceso de transgresión negociada (Pruvost, 2009). El acceso de las mujeres a posiciones de mando no solo se comprende por un proceso de feminización incipiente sino también por el proceso de profesionalización que tiene un desarrollo paralelo en el mismo período histórico. La creciente demanda y valoración de calificaciones formales para acceder a posiciones ejecutivas es parte de un proceso de profesionalización del cuerpo de oficiales al que estas mujeres responden tempranamente como parte de sus estrategias de constitución de espacios de respeto, sin desconocer que los mecanismos informales forjados en las relaciones interpersonales requieren de la conformación de redes de confianza y reconocimiento en las cuales se insertan inicialmente desde una posición marginal, especialmente por su mayoritaria exclusión de áreas operativas.

La sociología de las profesiones ofrece un conjunto de conceptos sensibilizadores para explorar las disputas de ciertos grupos por integrarse y obtener reconocimiento en determinada actividad (Abbot, 1988; Freidson, 1994; Sarfatti Larson, 1990). La identificación de criterios de asignación de prestigio profesional en relación con la asignación de funciones de dirección y conducción en las trayectorias profesionales de las mujeres que alcanzaron posiciones jerárquicas surge como objetivo de investigación a partir de las primeras entrevistas orientativas en las que se reconoce que el desempeño en tareas de conducción puede ser ejercido antes de la formalización de los ascensos correspondientes. El foco de interés es explorar cómo la autoridad y el prestigio de estas mujeres es reclamado y legitimado en la organización, en tanto constituye una oportunidad para reflexionar sobre las disputas de poder entre los géneros en condiciones de acceso desigual al mismo.

Por último, estas trayectorias son relacionadas con sus experiencias de organización de la división sexual del trabajo doméstico y de cuidado. En cuanto a los perfiles de sociabilidad, se recupera la biografía familiar en la conformación de las trayectorias profesionales. Especialmente en lo relativo a relaciones de parentesco, se examina la procedencia de familias que cuentan con integrantes de fuerzas de seguridad según grados de proximidad (padre, madre o vínculos de segundo orden), la conformación de parejas integrantes de estas organizaciones, el tipo de inserción laboral de las mismas (especialmente en lo relativo a jerarquías alcanzadas en el caso de pertenecer a las instituciones policiales). Asimismo, se releva la presencia de hijos/as en relación a su nivel de instrucción y su inserción laboral, si correspondiese.

La reconstrucción de roles y funciones en la división sexual del trabajo doméstico y de las tareas de cuidado con las que cargan estas mujeres son incorporadas al análisis de limitantes posibles. Se indaga especialmente sobre la presencia de figuras que en el seno doméstico comparten estas responsabilidades, asisten de manera informal o requieren de la contratación de trabajo remunerado. Existe un clima de ideas favorables al reconocimiento de los principios de igualdad entre los sexos y de integración a distintas formas de diversidad en general, pero el avance en las formas de reconocimiento se ve constreñido por un conjunto de construcciones socio-históricas y mecanismos institucionales que obstaculizan la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado. La reproducción social de estos patrones discrimina la entrada y permanencia de las mujeres en un amplio rango de ocupaciones, dificulta el acceso a empleos de calidad y condiciona sus ingresos. La actividad policial se caracteriza por sus extensas jornadas de trabajo en horarios difíciles de conciliar con las tareas de cuidado.

A lo largo el proceso de investigación las tareas de desgrabación y transcripción son acompañadas de descripciones situacionales y de notas de campo que se producen con posterioridad a la entrevista, particularmente en lo referido a comentarios que las entrevistadas sugieren no grabar en el marco de los acuerdos informales establecidos (Blanchet, 1989). La guía de pautas orienta inicialmente el proceso de codificación, se descomponen temas de interés y en algunos casos da lugar a posteriores recomposiciones en nuevas unidades interpretativas a partir de los testimonios de entrevista que dan lugar a temas no previstos. El procesamiento de la información no recurre al uso de programas informáticos de análisis cualitativo, los testimonios son agrupados según códigos y sub códigos en bancos de citas en procesadores de texto y planillas de cálculo. Finalmente, en el Anexo 1 de esta tesis se presenta la guía de pautas prevista inicialmente para la realización de entrevistas biográficas.