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1 Agronegocios en tiempos de mercantilización global de la naturaleza

Delia Ramírez[1]

Introducción

En las últimas décadas, la agricultura argentina experimentó transformaciones: intensificación de los niveles de capitalización, expansión y consolidación de renovadas formas de organización laboral, cambios tecnológicos, aumento de las escalas económicas mínimas para permanecer en la producción y mayor articulación de la producción a las cadenas globales de abastecimiento de las grandes corporaciones (Gras y Hernández, 2009; 2013; 2016).

Este modelo ha tenido impactos ambientales sobre los/as actores/as de la agricultura familiar y las comunidades campesinas y originarias. Es sabido que actores/as movilizados/as han realizado denuncias sobre las consecuencias de la producción intensiva, remarcando los daños que causa ese modelo sobre los territorios y los cuerpos (Schmidt y Toledo López, 2018; Skill y Grinberg, 2013; Gárgano, 2022).

Desde las organizaciones empresariales del agronegocio, en principio se resistieron a esas críticas por considerarlas “ideológicas” (Hernández et al., 2023), pero, frente a limitantes socioecológicas y las tendencias de los organismos internacionales y del mercado global, han incorporado elementos ambientales: actualmente se expresan nuevas formas de valoración de la naturaleza que implican alianzas en las que participan distintos/as actores/as y dispositivos, en un proceso de mercantilización de la naturaleza que exige particular atención: ¿cuáles son los elementos que se presentan como continuidades respecto a las formas anteriores de expansión del capital y cuáles los emergentes?, ¿cuáles son las dimensiones clave en una agenda de investigación que aborde la relación agronegocios/ambiente?

En la búsqueda de respuestas, indagaremos en el pasaje histórico del modelo agroindustrial al de agronegocios en el siglo xx y la emergencia de los conceptos relacionados al ambiente en vinculación con los problemas agrarios en el siglo xxi. Este es el propósito de la primera parte del capítulo. En tanto, la segunda parte apunta a indagar teórica y analíticamente en la relación agricultura, territorio y ambiente a partir de enfoques críticos. El objetivo es una comprensión más acabada de las tendencias del ambientalismo empresarial, ya que actualmente las empresas de horizonte global –entre las que se encuentran las de agronegocios– participan de la creación de áreas de conservación y alrededor de ellas se piensan proyectos de captura o reducción de carbono para su venta en forma de bonos o créditos verdes.

Este capítulo se inscribe dentro de los estudios críticos de la globalización entendiendo que el cambio social, agrario y ambiental ha sido determinante en la transformación de los territorios, las instituciones, los/as actores/as y también los imaginarios sociales.

Primera parte: de la agroindustria al agronegocio

Clasificar las transiciones en la agricultura argentina a partir de determinadas etapas históricas es un ejercicio para poder comprender la especificidad de los conceptos que usamos. Entender las características históricas y la transición de la producción agrícola en el siglo xx contribuye a establecer una distinción entre los términos “agroindustria” y “agronegocios”, como modelos económicos y sociales distintos. Este es el objetivo del siguiente apartado.

Desarticulación agroindustrial y revolución verde

Hasta finales de siglo xx, el foco estaba puesto en el desarrollo. La naturaleza, en cambio, se encontraba subordinada a las necesidades de explotación en función de las nociones de progreso de la época. Tomando distancia del “atraso” de la agricultura del siglo anterior[2], se pasó a considerar a los establecimientos fabriles e industriales como la clave del desarrollo a partir de la consolidación de un conjunto de actividades de producción y transformación de los productos agrícolas, constituyendo el Complejo Agroindustrial (CAI) (Gras y Hernández, 2016). Este proceso recibió el impulso de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) (1930-1970), “cuando se fortalece el mercado interno en el marco de una mejora en la distribución de los ingresos y un aumento de los salarios reales…” (Giarracca y Teubal, 2017, p. 352).

En la década de 1970, desde Estados Unidos llegó la revolución verde: un proceso de cambios tecnológicos, la adopción de fertilizantes y otros insumos químicos de origen industrial, de variedades de cultivo de alto rendimiento y maquinarias con el mismo propósito. La revolución verde ha sido fundamental para definir las características de la agricultura global contemporánea, ya que condujo a una especialización productiva, a la simplificación de los agroecosistemas, a la dependencia a una matriz de energía fósil y a la incorporación a un sistema agroalimentario global (Picado Umaña, 2021).

El paquete tecnológico y la incorporación de semillas híbridas obtenidas del cruce de distintas variedades con un objetivo de alto rendimiento fueron acontecimientos determinantes (Gras y Hernández, 2016). El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resultó un agente aliado fundamental para la revolución verde. Las investigaciones se realizaron en paralelo a las del sector privado y tuvieron un rol destacado en la introducción de las nuevas variedades de alto rendimiento de trigo y de híbridos de maíz, así como de sorgo y girasol (Gárgano, 2022).

En 1980 se sancionó la ley de desgravación fiscal para las tierras de baja productividad, que apuntó a incrementar la producción. Esta ley estableció una mecánica de recuperación de terrenos para ser utilizados en la producción agropecuaria; se definían como “tierras de baja productividad” “las áridas, anegadizas, con problemas de salinidad y superficies boscosas” (Valls, 2000). Se aplicó hasta 1987, y los/as beneficiarios/as fueron principalmente grandes contribuyentes del impuesto a las ganancias, y no alcanzó prácticamente a pequeños productores. Como puede observarse, todavía en esta década el bosque nativo seguía siendo considerado improductivo y un “freno” para el desarrollo. El esquema agroindustrial terminó por desbaratarse en Argentina en la década de 1990, lo cual dio paso al escenario institucional propicio para el despliegue de las políticas neoliberales y la expansión hegemónica de los agronegocios.

Los agronegocios: narrativas y estrategias ambientales

Las reformas y los cambios institucionales de los 90 fueron fundamentales para la apertura hacia los mercados globales que produjo la reconversión productiva. Las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem introdujeron transformaciones estructurales en las dinámicas de funcionamiento del Estado. El nuevo marco favoreció el financiamiento de iniciativas y empresas de biotecnologías (Gras y Hernández, 2016; Chazarreta et al., 2015).

Las condiciones políticas que habilitaron esta transformación y los arreglos institucionales (Giarracca y Teubal, 2017) generaron los contextos para la inserción, expansión y hegemonía del modelo de agronegocios (Gras y Hernández, 2013; 2021). También conocido como agribusiness, se sustenta en cambios tecnológicos, nuevas formas de acumulación y una intensa concentración productiva. Se trata de una agricultura de gran escala, que no puede comprenderse por fuera del proceso de globalización capitalista y cuyo sistema está conformado por un conjunto de prácticas, relaciones y representaciones vinculadas a un modo “de hacer negocio” en la agricultura (Gras y Hernández, 2013; 2021).

Heredia, Palmeira y Pereira Leite (2010) entienden que, si bien las fronteras entre “agricultura moderna” y “agronegocio” no coinciden totalmente, tienen elementos comunes, y es por ello por lo que estas categorías son tomadas como sinónimos en no pocas oportunidades. La hipótesis de estos autores es que el agronegocio da cuenta de una suerte de radicalización de la faceta industrial, en detrimento de la agraria, y que ello implica una continuidad en el proceso histórico productivo. Para los autores brasileños, la característica principal del agronegocio es que extrapola rápidamente el crecimiento agrícola y la productividad. En términos comparativos, la etapa de expansión agroindustrial implicaría una mayor diversificación del patrón productivo porque los mercados internos cumplen un papel en la acumulación de capital. En cambio, el agronegocio impulsa la conformación de plataformas productivas con escasas articulaciones en las dinámicas locales (Gras, 2013).

La palabra “modelo” utilizada en la definición de Gras y Hernández (2021) resulta clave para esta distinción. Las autoras identifican cuatro pilares (tecnológico, financiero, productivo y organizacional) cuya dinámica en red “permite integrar cadenas de valor transectoriales y distribuir el riesgo productivo en diferentes regiones y actividades” (p. 57). Esos pilares o dimensiones aseguran el andamiaje que impulsa “un cambio en las lógicas de acumulación, así como en las identidades individuales y colectivas, con consecuencias directas en las dinámicas territoriales” (p. 58).

El pilar tecnológico intensifica el uso de la tecnología en la información, comunicación y producción (con la incorporación de las biotecnologías); el pilar financiero se rige por la economía al mercado financiero internacional y la valoración de los commodities; el pilar productivo promueve el acaparamiento de tierras a partir del uso de la gran escala como unidad productiva; y el pilar organizacional incide en las lógicas empresariales y la reconfiguración de las prácticas sociales, políticas e institucionales que habilitan a la gestación de nuevas identidades profesionales (Gras y Hernández, 2009, 2013).

No todas las dimensiones precisan cumplirse, ni deben tener exactamente la misma jerarquía para hablar de agronegocios; las condiciones locales de los territorios imprimen características en función de los actores y los cultivos en juego, tal como lo muestran los casos de los territorios extrapampeanos[3]. Uno de los aspectos más importantes de este modelo ha sido el rol asumido por los/as expertos/as y los conocimientos científico-tecnológicos (Gárgano, 2020) no solo en función del aumento exponencial de la mercancía, sino también en relación con transformaciones en los perfiles profesionales (Gras y Hernández, 2016) y en la penetración en las lógicas del Estado, sus instituciones y las políticas públicas (Poth, 2022).

En la última década, la pérdida de nutrientes y materia orgánica en los suelos, la multiplicación de malezas (resistentes al glifosato), entre otras problemáticas materiales, obligaron a los/as empresarios/as del agronegocio a reconocer las limitantes ecológicas a partir de la afectación de su rentabilidad. Las agriculturas empresariales se volcaron a delinear una sustentabilidad que permitiera continuar con la acumulación de capital y al mismo tiempo legitimar a sus actores/as y procesos (Gras y Cáceres, 2020; Hernández et al., 2023). Una de las principales propuestas del sector ha sido la técnica de siembra directa (SD) o labranza cero. Se considera que el origen de este método está en la agricultura conservacionista, que “consiste en la utilización de los rastrojos del cultivo anterior como base de materia orgánica para el cultivo siguiente. En ellos se colocan las semillas sin mayor remoción del suelo” (Sosa Varroti, 2021, p. 957); pero, al eliminar la remoción mecánica de las malezas, aumentan las medidas de control de plagas (Hernández, 2021).

En 1996, con el ingreso de las semillas genéticamente modificadas (GM) resistentes al glifosato, la SD favoreció al ahorro en las tareas de laboreo, asesoramiento y otros gastos fijos, que se pudieron reducir significativamente. Este sistema dispone incluso de una entidad representativa, que es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la cual ha establecido fuertes lazos de colaboración con multinacionales de agroinsumos y también con extensionistas del INTA (Hernández, 2021). AAPRESID también desarrolló la certificación de buenas prácticas agrícolas, proponiendo soluciones tecnológicas para diferentes ambientes y sistemas de producción, y actualmente su programa más significativo es la Agricultura Siempre Verde (ASV)[4], que promociona cultivos de cobertura (Hernández et al., 2023).

Ahora bien, al tiempo que las semillas GM refuerzan su resistencia al glifosato, también lo han hecho determinadas “malezas”, generando problemas para la producción de commodities. Las distintas especies y biotipos de malezas resistentes son cuidadosamente estudiados y técnicamente documentados y registrados por la AAPRESID, como parte del conocimiento científico-técnico imprescindible para el sector. La explotación intensa de la tierra, los fertilizantes inorgánicos, los herbicidas, los insecticidas y los fungicidas para controlar las condiciones ecológicas y reducir los costos de producción terminaron por atentar contra los rendimientos y la calidad de la producción (Zorzoli, 2021). Frente a esa realidad, la respuesta empresarial ha sido una reconversión de estrategias orientadas a internalizar lo que se presenta como contradicción en las estrategias de acumulación. Volveremos sobre este punto más adelante.

Los regímenes agroalimentarios, seguridad y soberanía alimentaria

Las tecnologías de precisión son promocionadas por los/as empresarios/as del agronegocio como el mejor sistema para asegurar la eficiencia y la productividad y dar respuesta “al cambio climático y la seguridad alimentaria”[5]. La relación producción/alimentación ha estado presente en todo el proceso de modernización de la agricultura desde los tiempos de la revolución verde.

A través de los estudios de los regímenes agroalimentarios, se ha analizado el papel de la agricultura y la alimentación en las distintas fases históricas y geopolíticas. Este concepto permite dar cuenta de la importancia de la economía de los alimentos para la acumulación de capital y la incidencia o participación de los Estados en la constitución de esos regímenes. La formulación surgió de H. Friedmann en 1987, de una investigación sobre los ordenamientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial (McMichael, 2015). McMichael define al proyecto de régimen alimentario como un análisis de académicos/as y activistas de la geografía política sobre el sistema global alimentario; una iniciativa metodológica para explicar las relaciones entre el ordenamiento del mundo y el comercio agroalimentario. Esta reestructuración agroalimentaria “desencadenó fuerzas de integración, estandarizando procesos en el espacio o reconfigurando relaciones espaciales de elementos diferenciados de un proceso global compartido” (p. 15).

El autor ofrece una perspectiva histórica-comparativa respecto a las relaciones políticas y ecológicas del capitalismo, a partir de identificar tres regímenes agroalimentarios en los que se generan condiciones particulares para abaratar el precio de los alimentos en relación con las condiciones de producción, circulación y consumo. Cada uno de estos períodos ha replanteado políticas de desarrollo y del campo, de las tecnologías agrícolas y de alimentos. El concepto de régimen agroalimentario es producto de un desplazamiento de la importancia de la regulación nacional frente al ascenso de la globalización.

La clasificación propuesta por McMichael es la siguiente:

  • Régimen 1 (1870-1930): centrado en el Reino Unido, la importación de productos coloniales hacia Europa –granos y ganado de sus colonias– se destinó a aprovisionar las clases industriales emergentes.
  • Régimen 2 (1950-1970): Estados Unidos se constituyó como imperio en el perímetro de la Guerra Fría. Los excedentes de alimentos se basaban en programas agrícolas cuyo precio se sostenía mediante subsidios desde el Estado. Esto derivó en un reordenamiento colonial que subalternizó a los países del llamado “tercer mundo”. Adoptando la tecnología de la revolución verde, se expandieron las relaciones de mercado en el área rural.
  • Régimen 3 (1980-2000): McMichael llama a este régimen “corporativo”, que profundiza el proceso descripto anteriormente incorporando nuevas regiones en las cadenas de proteína animal, consolidando las cadenas diferenciadas de provisión de supermercados, y clasificando los alimentos según calidad y tipo de dieta. En el contexto de liberación de la OMC, se desplazó a los campesinos “ineficientes”, y, con ellos, a enormes poblaciones de zonas marginales.

La alimentación está muy lejos de ser un campo neutral. El sector empresario recurre al concepto de seguridad alimentaria de FAO (1996), que refiere al acceso “físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”.

Las organizaciones campesinas, militantes y activistas han desarrollado una propuesta política para afrontar los problemas de alimentación en relación con la autonomía de los pueblos: la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, sin intervención de terceros, reconociendo el papel esencial que los campesinos cumplen en la producción agrícola y en la alimentación[6]. Ese derecho incluye una serie de requisitos: priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población; el acceso de los/as campesinos/as a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito; la lucha contra los OGM (organismos genéticamente modificados), el libre acceso a las semillas; y la participación de los pueblos en la definición de política agraria, entre otras cuestiones (Vía Campesina, 2003).

En esta misma dirección, la agroecología se ha constituido como el terreno en el cual las organizaciones campesinas y de agricultura familiar han logrado cristalizar la disputa por el modelo agroalimentario en América Latina. La agroecología se presenta “como una respuesta al cada vez más evidente colapso del modelo de producción de alimentos industrial moderno” (Sarandón y Flores, 2021, p. 63); surgió como enfoque crítico y propuesta técnica. Se trata de una demanda política del campesinado en sus resistencias globales.

Con el correr de las décadas, la cuestión ambiental se ha ido manifestando en los problemas agrarios vinculados a la expansión y la hegemonía del modelo de agronegocios. Los/as actores/as movilizados/as que reclaman un ambiente sano, un territorio libre de agrotóxicos, pero también aquellos/as que han denunciado el despojo como resultado del acaparamiento de tierras (desmontes, desempleo, migraciones, etc.) y que han presentado propuestas políticas (soberanía alimentaria y producción agroecológica), han sido centrales para instalar estas demandas en las agendas políticas y científicas.

Por su parte, los/as empresarios/as del agronegocio también incorporan narrativas y estrategias “verdes” en sus lógicas de producción y comercialización, que no desplazan otros argumentos clásicos de legitimación –como “alimentar al mundo”–, sino que se pliegan y se refuerzan mutuamente en el proceso de acumulación de capital contemporáneo. Tal como señalan Burchardt, Gárgano y Christel (2023, p. 10): “… viejos y nuevos mecanismos de apropiación de lo común avanzan sobre el control de tierras, minerales, energías, semillas, pero también lo hacen sobre saberes, genes, relaciones sociales, y formas de vida”.

En síntesis, el aumento del área dedicada a cultivos intensivos ha sido exponencial desde finales del siglo xx, sustituyendo actividades productivas y avanzando sobre bosques nativos y humedales. El agronegocio supone una lógica potente en términos de la subordinación de la agricultura al capital agroindustrial. El capital financiero cobra jerarquía, y las empresas transnacionales impactan sobre las configuraciones productivas y las relaciones sociales, pero el territorio local –con sus características y trayectorias específicas– influye en los procesos y en las estrategias de los/as actores/as sociales.

A continuación, indagaremos en algunas herramientas teóricas y analíticas que han abordado la compleja relación entre agronegocios, territorio y ambiente. Acumulación por desposesión, extractivismo, acaparamiento de tierras y mercantilización de la naturaleza son conceptos que analizan los procesos de penetración del capital global en los territorios y en las estructuras agrarias en los últimos veinte años.

Segunda parte: desposesión y territorio

El concepto de acumulación por desposesión del geógrafo David Harvey (2005) analiza cómo, frente a caídas en la tasa de ganancia, el capital busca incorporar espacios anteriormente no sometidos –o no totalmente– a la lógica del capital. La noción tiene por objetivo explicar el mantenimiento y funcionamiento de un sistema capitalista que se ve enfrentado a recurrentes crisis de acumulación, las cuales se resolverían mediante la profundización del despojo sobre determinados sectores.

Harvey recupera el concepto marxista de acumulación primitiva u originaria: un proceso de separación violenta y radical que está en la base del sistema capitalista; “el movimiento histórico que da por resultado el divorcio entre el trabajo y sus condiciones, los medios de producción, tal es el significado de la acumulación primitiva” (Marx, 2013, p. 220). La acumulación primitiva implicó también la expropiación del suelo de la población rural. En el paso de la agricultura precapitalista a las relaciones capitalistas industriales, los/as campesinos/as desposeídos/as de sus medios de subsistencia son empujados/as hasta los centros urbanos.

La sobreacumulación supone un excedente de trabajo y de capital que se expresa en la sobreabundancia de mercancías en el mercado que no pueden venderse sin pérdidas, como capacidad productiva inutilizada, o excedentes de capital que carece de oportunidades de inversión productiva y rentable. Para conseguir la reasignación de los excedentes de capital y de trabajo hacia las inversiones, se requiere de la mediación de instituciones financieras capaces de generar crédito.

Harvey postula que, en las crisis capitalistas, sucede una reestructuración de las condiciones de acumulación del capital a través de mecanismos de ajuste espacio-temporales que involucran la organización de divisiones territoriales y de trabajo, la apertura de nuevos y más baratos complejos de recursos, la creación de espacios dinámicos de acumulación de capital, la intensificación de la competencia, y la puesta en juego de arreglos institucionales propios del capitalismo (reglas contractuales, propiedad privada).

El geógrafo marxista entiende que las crisis del capitalismo contemporáneo son de sobreacumulación. Esos excedentes, a diferencia de etapas anteriores, están ligados a la dinámica de financiarización de la economía capitalista; es por eso por lo que los ajustes espacio-temporales están centrados en la desposesión, ya que los capitales buscan espacios de acumulación donde puedan realizar ganancias extraordinarias en tiempos relativamente breves. La política debe intervenir para cambiar las condiciones de producción, apropiación y distribución de la riqueza de modo que permitan garantizar el funcionamiento del sistema.

La potencia de esta propuesta teórica radica en las posibilidades de interpretar las nuevas formas de privatización de bienes como el conocimiento o las semillas, a partir de mecanismos como los derechos de propiedad intelectual para la apropiación corporativa. La especulación financiera es una herramienta mediante la cual se perpetra la acumulación por desposesión; presenta diferentes formas (endeudamiento, manipulación de créditos, crisis de liquidez, quiebras, etc.) y mecanismos novedosos como la promoción de la propiedad intelectual o el patentamiento de bienes culturales y naturales en manos de corporaciones (Harvey, 2005).

Extractivismos

La crítica al modelo extractivista, extractivismo, neoextractivismo, extractivismo agrario (Giarracca y Teubal, 2013; Gudynas, 2009, 2010; Svampa, 2019) conecta un proceso de expansión capitalista basado en el uso intensivo de los recursos naturales con un modelo de desarrollo. La crítica se ubica en el carácter extractivo de determinadas actividades, sin procesos de creación de valor, y en la responsabilidad de los Estados en la promoción de políticas y leyes flexibles para la creación de condiciones para la expansión del extractivismo (Wagner, 2021). Svampa (2013) incluye el agronegocio y la producción de biocombustibles en el nuevo extractivismo en América Latina. El orden económico, político e ideológico se sostiene en la década de 2000 por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias. Con el Consenso de los Commodities, Svampa sintetiza la emergencia de un modelo de acumulación basado en la explotación intensiva de los bienes naturales.

Para el equipo de Giarracca y Teubal, la acumulación por desposesión se presenta como constitutiva del modelo extractivista porque “fomenta la concentración de la tierra y la conformación de un nuevo latifundismo relacionado con el capital financiero y agroindustrial que va en paralelo a una centralización del capital en los diversos eslabones del sistema extractivo” (Giarracca y Teubal, 2013, p. 65). Según los autores, la reprimarización de la economía argentina apunta a “la producción de materias primas que se constituyen en productos básicos de exportación (commodities) aunque también aquellos provistos por el sector agropecuario en el modo de producción del ‘agronegocio’ o agroindustria para el mercado interno” (2013: pp. 11-12).

McKay et al. (2023) señalan que “la noción de extractivismo agrario se ha introducido bajo el paraguas del extractivismo para referirse de manera general a la producción intensiva de monocultivos a gran escala para la exportación”. No obstante, los autores advierten que este tipo de producción agrícola “puede adoptar diversas formas con relación al uso y control de la tierra, las relaciones laborales, la distribución del excedente y las relaciones sociales de producción, reproducción, circulación y consumo en general” (p. 138).

Siguiendo este argumento, los autores señalan que algunas plantaciones pueden requerir gran cantidad de fuerza de trabajo o ser de propiedad cooperativa reinvirtiendo el excedente en la economía doméstica, creando encadenamientos productivos, generando sinergias intersectoriales y produciendo bienes y agregando valor para el mercado interno. Por lo tanto, es posible “que no toda la producción agrícola altamente intensiva en capital se rija bajo una lógica y forma de producción extractivista de carácter depredador. Por eso es fundamental analizar y especificar el carácter y la intensidad extractivista del modelo de producción” (p. 139). Es interesante notar los matices que introduce esta lectura, ya que mucha de la producción académica sobre el extractivismo confiere a este proceso un carácter expoliador total y descarnado.

Acaparamiento de tierras

Las investigaciones sobre acaparamiento de tierras indagan en los diversos mecanismos de acceso y control de los recursos (compra, arriendo, entre otros), que reorganizan los patrones preexistentes, vinculados a trayectorias y situaciones socioterritoriales que imprimen especificidades no solo a América Latina, sino también a procesos acontecidos en Asia o África. En ellas se observa que el acaparamiento de tierras comporta un proceso de avance territorial del capital del que emergen nuevas relaciones de propiedad, patrones de inversión, y formas de división y explotación del trabajo y de distribución del ingreso (Borras y Franco, 2012; White et al., 2012). También se ha prestado atención a la relación de la explotación a gran escala y su relación con el trabajo, es decir, la formación de excedentes de población (Li, 2009), la transformación de los regímenes laborales (White et al., 2012), la calidad de empleo generado por los agronegocios, etc.

Se estima que, entre el 2006 y 2011, gobiernos y empresas adquirieron más de 200 millones de hectáreas de tierras, conformando un nuevo mercado global de tierras. Buena parte de las tierras compradas están en África, en América Latina y también en Europa y Asia (Rusia, Ucrania, Laos y Vietnam) (Sassen, 2015, p. 95). La base de datos de Land Matrix[7] posiciona a la Argentina como uno de los países más buscados para inversiones en tierras, con 224 transacciones concluidas hasta 2020, que cubren el espectro de 3.723.069 ha.

Al igual que en otros países de América Latina y el Caribe, en Argentina, los inversores nacionales juegan un papel importante donde están involucrados en casi dos tercios (64,9 %) de todas las transacciones concluidas, seguidos por inversores extranjeros de Estados Unidos (11,3 %), Qatar (4,3 %), el Reino Unido (2,5 %), y Holanda (2,1 %), entre otros países (que suman entre ellos un 14,9 % de las transacciones) (Land Matrix, 2020)[8].

La noción de acaparamiento de tierras es potente al poner en el centro de la escena las relaciones de apropiación de un conjunto más amplio de bienes y los modos de construcción del espacio, es decir, las formas que encierran un conjunto selectivo de procesos y relaciones sociales que se materializan en un determinado momento histórico; es “un proceso dinámico que –además de la tierra, sus características y ubicación– integra recursos estratégicos de tipo financiero, tecnológico, gerencial, etc., que deben ser atendidos de modo situado” (Ramírez et al., 2021, p. 28).

En Sosa Varroti et al. (2023), se tienen en cuenta cinco dimensiones que contribuyen a considerar la complejidad de los procesos de acaparamiento:

  1. el control sobre la tierra (y otros recursos) no se limita a la adquisición formal de propiedad;
  2. el papel de los actores nacionales y extranjeros es fundamental en las dinámicas de acaparamiento de tierras;
  3. el acaparamiento de tierras no se expresa exclusivamente por la escala del área comerciada;
  4. el ciclo actual de acaparamiento de tierras es parte de la convergencia de múltiples crisis;
  5. las formas de acción política son complejas e involucran posicionamientos diversos.

Los mecanismos de acaparamiento de tierras se desarrollan de manera diferente según la diversidad de formaciones socioespaciales que encuentran en cada territorio.

En los últimos años, se ha comenzado a hablar también de acaparamiento verde o green grabbing, que implica la apropiación de tierras y recursos para supuestos fines ambientales. Una de las formas que asume el acaparamiento verde es a través de la proliferación de reservas privadas[9]. La agenda ecológica contemporánea motoriza las apropiaciones en relación con la conservación de la biodiversidad, el secuestro de carbono, los biocombustibles, los servicios ecosistémicos, el ecoturismo o el sistema de compensaciones por impacto (Fairhead et al., 2012).

Mercantilización de la naturaleza

Frente a lo que se conoce mundialmente como el cambio climático, los organismos internacionales generaron acuerdos sobre la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero, a partir de un diagnóstico que asume graves impactos sobre la humanidad. En este contexto, las empresas han hallado en el ambientalismo una oportunidad para la formación de nuevas estrategias de mercado. Sus argumentos suelen enmarcarse en términos de una conocida fórmula win-win (ganar-ganar) que presenta a las innovaciones como beneficiosas para todos (si es bueno para el medio ambiente, entonces es bueno para el capital) y tienden a ofrecer soluciones técnicas al colapso climático (Selwyn, 2021; Brand & Wissen, 2021). Este ambientalismo empresarial global-corporativo parte de la siguiente idea: los recursos pueden usarse sin cuestionar el modo de producción capitalista y las relaciones de fuerzas sociales; “el presunto concepto progresista de economía verde introduce una nueva fase de valorización de la naturaleza: supuestamente, si se asigna un precio a la naturaleza en toda su diversidad, se puede continuar con la economía actual” (Brand & Wissen, 2021, p. 183).

La perspectiva crítica a este proceso pone el acento sobre la afectación desigual que sufren determinados sectores (trabajadores/as precarizados/as, campesinos/as, comunidades indígenas, desocupados/as, afrodescendientes, etc.) al cambio climático, quienes están padeciendo con crudeza el calentamiento global (sequías, inundaciones, incendios, etc.) con serios problemas para acceder a la tierra, al agua, a la alimentación y a la energía, y que además tienen dificultades para lograr el acceso a los recursos del Estado. Los/as trabajadores/as y consumidores/as tienen un papel cada vez más reducido en los beneficios económicos. En el centro del debate, se colocan las relaciones de inclusión/exclusión en la acumulación de capital (Sassen, 2015).

Una dimensión crucial de los procesos de acumulación y desposesión que consolidan el capital es la forma en que los actores implicados están involucrados en la atribución del propio valor, en interacción con las instituciones internacionales y las políticas del Estado (Fairhead et al., 2012). El punto de inflexión es que se ofrece además una “economía de la reparación” en la forma de “mercancías discursivas” basadas en el optimismo (p. 242).

En este contexto, desde el 2009 el Banco Mundial desempeña un papel fundamental a partir de la insistencia, una vez más, de la agricultura sostenible ahora mediante la introducción de tecnologías climáticamente inteligentes (CSA por sus siglas referidas a climate-smart agriculture), en un marco supuestamente apolítico que se enfoca estrechamente sobre “arreglos técnicos” en la producción (Taylor, 2017)[10].

El Banco Mundial desarrolla métodos de gobernanza para la transformación de los sistemas agroalimentarios y propone la incorporación de agricultores familiares y de pequeña escala en cadenas de valor globales para reducir la pobreza rural (McKay et al., 2023). La institución trabaja en perfiles nacionales para conocer las necesidades climáticas de cada país y sus posibilidades de inversión. La operación de despolitización del sistema alimentario mundial tiende a validar las agendas políticas existentes y minimizar las cuestiones relativas al poder, la desigualdad y los accesos (Taylor, 2017).

También en el 2009 Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó el programa “Commodities Verdes” con el objetivo de promover las asociaciones público-privadas y los compromisos voluntarios en la gobernanza de commodities agrícolas de alto valor (como la soja, el aceite de palma y la piña), como la mejor propuesta de conciliación entre la lucha contra el cambio climático y la intensificación agrícola (McKay et al., 2023). En los informes del IPCC (por sus siglas en inglés, Intergovernmental Panel on Climate Change), se ofrecen soluciones técnicas potencialmente útiles para el colapso climático: la sostenibilidad pasa por promover distintas técnicas (entre ellas la agroecología), la agricultura de la conservación, la diversificación de especies forestales, la gestión de pastizales, la tecnología de precisión, acompañado de potenciar la acción colectiva, la promoción de los derechos indígenas, el empoderamiento de las mujeres, favoreciendo al acceso de mercados de insumos, productos y servicios financieros; pero la importancia de la reforma agraria queda fuera de toda consideración (Selwyn, 2021, p. 8).

Nuevas controversias aparecen en consecuencia: mientras que algunas personas piensan que pagar a las comunidades por sus servicios de conservación o ecosistémicos es una posibilidad viable a partir del sistema de compensaciones planteado por el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), otras afirman que esa política no hará más que profundizar la subordinación y la subalternidad de los/as ya despojados/as (McBurney et al., 2022).

Las agendas “verdes” están vinculadas a la conservación de la biodiversidad, el secuestro o la captura de carbono, los servicios ecosistémicos, el ecoturismo o los sistemas de compensaciones por emisiones (Fairhead et al., 2012, p. 238). Todo esto es acompañado de una planificada acción comunicativa –que asume la forma de campañas de marketing y de responsabilidad social empresaria (RSE)– que destaca las bondades o contribuciones de las empresas en términos ambientales.

Los/as activistas y ambientalistas han llamado a este mecanismo greenwashing (“lavado verde”): una estrategia de las empresas de convertir sus prácticas en “amigables con el ambiente”, aunque en muchas ocasiones sus prácticas no resultan ni tan modernas, ni tan ecológicas como lo anuncian sus voceros/as. Sin embargo, hay quienes sostienen que se trata de algo más que un simple lavado o tintura, ya que se pone de relieve casos de empresas que recurren a “credenciales ecológicas” para justificar la apropiación de tierras con fines agrícolas para una “agricultura más eficiente”, la “seguridad alimentaria” o alivianar “la presión sobre los bosques” (Fairhead et al., 2012). Brand & Wissen sostienen que las nuevas formas de valorización de la naturaleza bajo el pretexto de la economía verde son interesantes porque parten del

epicentro de la crisis múltiple, sobre todo de la crisis económica y ecológica. Prometen transformar la relación de las fuerzas sociales, así como de los patrones predominantes de producción y consumo en el sentido de una “revolución pasiva”, de tal manera que las relaciones fundamentales de poder y dominio no se cuestionen (2021, p. 195).

El precio para el carbono es ahora la cuestión global. Este nuevo mercado pretende incluir a beneficiarios/as temporales, aparentemente sin considerar la titularidad de la tierra de la contraparte. Esta propuesta plantea interrogantes y desafía la agenda de investigación a partir de las emergentes formas de control del territorio material y simbólico.

El nuevo pacto verde (Selwyn, 2021) se debate entre un maquillaje para salvar el capitalismo o una transformación de las relaciones básicas del sistema alimentario agrocontemporáneo (de mercantilización y explotación del trabajo y de la naturaleza impulsada por la acumulación). En estas nuevas formas de valoración de la naturaleza, tienen lugar distintos fondos de pensiones y capital de riesgo, comerciantes de materias primas y consultores/as, empresas de ecoturismo, militares, activistas, consumidores/as ansiosos/as, entre otros (Fairhead et al., 2012). Aunque esta tendencia ambientalista abunda en contradicciones, no se detiene en su espiral ascendente.

Reflexiones finales

La estructura económica argentina descansa en su producción agroalimentaria. Esta es una realidad histórica, pero los problemas y cuidados ambientales no siempre se presentaron como tales en la agenda de los/as actores/as políticos/as y económicos/as vinculados/as al agro.

Para los subalternos, el ambiente, la salud y la alimentación han significado demandas articuladoras que han amplificado las posibilidades de interpelación social y política. Esta preocupación se ha profundizado luego de la pandemia del COVID-19.

Por su parte, el ambientalismo empresarial global-corporativo parte de la idea de que los recursos pueden usarse sin cuestionar el modo de producción capitalista y las relaciones de fuerzas sociales.

Nuevas controversias aparecen, ya que, mientras que algunos/as piensan que pagar a las comunidades por sus servicios ecosistémicos es una gran idea, otros/as consideran que esa política profundizará el control sobre el territorio, la subordinación y la subalternidad de los/as ya despojados/as. La perspectiva crítica debate si estas tendencias responden al aggiornamento de prácticas de maquillaje verde o si son en verdad parte de procesos nodales de acumulación, acaparamiento y despojo.

Agradecimientos

Este texto materializa algunos de los debates que se producen en el seno del Programa de Estudios Rurales y Globalización (PERyG) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Mi reconocimiento y agradecimiento a ese equipo del que también soy parte. Asimismo se agradece especialmente a la Dra. Carla Gras por las lecturas que permitieron el progreso del manuscrito, a Ilana Reck, por sus devoluciones críticas, y a los/as colegas que participan de los demás capítulos por sus comentarios y observaciones, que contribuyeron al crecimiento y desarrollo del capítulo.

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  1. Doctora en Antropología Social (PPAS/UNaM), magíster en Ciencias Sociales (UNSAM/IDES), Lic. en Comunicación Social (UNaM). Investigadora Conicet con asiento en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y en el Programa de Estudios Rurales y Globalización (PERyG). Contacto: dramirez@unsam.edu.ar.
  2. Hasta la década de 1930, la figura del terrateniente pampeano definía los conceptos de crecimiento, desarrollo, modernización y progreso con base en la gran explotación agrícola. Esto cambiaría a partir de mediados del siglo con la integración vertical y la agricultura subordinada a la industria. Paulatinamente, la integración vertical fue excluyendo a la pequeña agricultura de sus etapas de producción primaria (Gras y Hernández, 2016).
  3. Por ejemplo, la forestación en Misiones, el arroz en el Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Formosa o el feedlot en Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe.
  4. “Agricultura Siempre Verde: beneficios y desafíos de mantener suelos vivos”: t.ly/rau0C.
  5. “Agricultura de precisión: una posible respuesta al cambio climático y a la seguridad alimentaria”: t.ly/qmhJH.
  6. Ver t.ly/yq886.
  7. “Land Matrix es una iniciativa global de ONGs e instituciones académicas que monitorean estas transacciones en diferentes etapas de negociación (anuncio o intención de compra, conclusión o fracaso del contrato, etc.) y las vuelcan en una base de datos de acceso abierto. Esta aproximación presenta algunas limitaciones: el inventario de las transacciones no es completo y se restringe a las operaciones legales, los tratos y alianzas entre inversores nacionales y extranjeros quedan fuera de consideración y el umbral de hectáreas no siempre resulta un parámetro adecuado para abordar comparativamente estos procesos” (Ramírez et al., 2021, p. 28). Para consultar la fuente de Land Matrix, ingresar a landmatrix.org.
  8. Informe Grandes Transacciones de Tierra en Argentina, Noviembre de 2020: t.ly/5UQWw.
  9. “Entre los impulsores, hay filántropos, emprendedores turísticos y empresarios que quieren hacer que sus producciones sean más amigables con el ambiente”, ver t.ly/3WZTC. Para que un predio se constituya en reserva, el dueño puede tramitarlo ante el estado provincial o certificar ante una ONG, como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre, Temaiken, Pro-Yungas, Azara o Hábitat y Desarrollo, entre otras. En la página de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, se observa que la mayoría de estas se ubican en NEA y NOA. Mapa de reservas privadas en Argentina: t.ly/2TbKk. Ejemplos: Villavicencio a la par de su conservacionismo realiza extracción de agua en Mendoza; ARAUCO, que dispone de áreas protegidas y reservas, pero también áreas destinadas a la plantación y reforestación de monocultivos forestales en Misiones.
  10. Según el sitio oficial del Banco Mundial, la CSA es “un enfoque integrado para la gestión de paisajes (tierras de cultivo, ganado, bosques y pesca) que aborda los desafíos interrelacionados de la seguridad alimentaria y el cambio climático”. Se basa en tres principios que son considerados por la institución como una “triple victoria”: a) mayor productividad, que se argumenta bajo el conocido argumento de la necesidad de alimentar a “los pobres del mundo”; b) mayor resiliencia, la cual implica reducir la vulnerabilidad respecto a inclemencias y mejorar la capacidad adaptativa frente a patrones climáticos erráticos; c) emisiones reducidas, esto es, bajar las emisiones por producción de alimentos, evitar la deforestación e identificar formas de absorber carbono. Agricultura Climáticamente Inteligente: t.ly/9v82Q, ingresado el 10/03/2023.


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