Adrián Gustavo Zarrilli^[1] y María Clara Lagomarsino^[2]

Antropoceno y Capitaloceno como marco de análisis

Tal como se sostiene desde diversos sectores sociales y científicos, las crisis ambiental, económica y climática actuales nos sitúan muy cerca del colapso del planeta tal como lo conocemos, y se ha demostrado que nos encontramos en un sistema complejo, interconectado y con una frágil articulación. Reflexionar sobre los conceptos Antropoceno y Capitaloceno es útil, por un lado, para advertir que es necesario ajustar la relación entre la forma de vida humana imperante y la naturaleza, y, por otro lado, para precisar cómo denominar a esta etapa de la historia del planeta y determinar las debidas responsabilidades. ¿A quién culpar por la debacle, a la especie humana en su conjunto y sin distinción, o al modo de producción capitalista? ¿Antropoceno o Capitaloceno?

El concepto de Antropoceno se emplea hoy intensamente en libros y artículos científicos, y se usa con mayor frecuencia en los medios de comunicación. El concepto fue formulado en principio por el biólogo estadounidense Eugene F. Stoermer y fue popularizado a principios del siglo xxi por el holandés Paul Crutzen, premio nobel de Química, para designar la época en la que las actividades del hombre empezaron a provocar cambios biológicos y geofísicos a escala mundial (García Barros y Jiménez Martínez, 2020). Ambos científicos habían comprobado que estos cambios alteraron el relativo equilibrio en que se mantenía el sistema terrestre desde los comienzos del Holoceno, esto es, desde unos doce mil años atrás. Stoermer y Crutzen entendieron que el punto de inicio de la nueva época fue el año 1784, cuando el perfeccionamiento de la máquina de vapor por James Watt abrió paso a la Revolución Industrial y la utilización de energías fósiles (Issberner y Léna, 2018, p. 1).

Como resultado de este debate y de la conceptualización sobre la responsabilidad del género humano en su totalidad, surgió otro concepto, Capitaloceno, que pretende superarlo y sustituirlo. En este caso, se considera que la potencia destructiva no proviene de la actividad humana en abstracto, sino de su organización basada en el modo de producción capitalista. Este concepto constituye uno de los aportes más relevantes del pensamiento ambiental. Es un término crítico que no solo intenta revelar los principales causantes del deterioro ambiental a escala planetaria, sino que ha logrado también poner de manifiesto cómo los causantes de esta crisis pretenden evadir u ocultar su responsabilidad en la crisis global apoyando la creencia de que, en realidad, la culpa es del conjunto de la población humana.

Siguiendo las ideas de historiadores ambientales como Jason W. Moore (Moore, 2022), Carolyn Merchant (Merchant, 2020) y John Bellamy Foster (Foster, 2020), se percibe que la crisis climática desde el siglo xvi hasta la fecha tiene una correlación entre procesos determinantes en las fases de acumulación de capital y los momentos de intensa devastación ambiental. Explican entonces la crisis climática por episodios asociados a esos procesos de conformación del sistema capitalista y como consecuencia de una relación histórica de este modo de producción con la naturaleza; de esta manera, se debe replantear la interpretación de nuestro pasado como especie y se vislumbran algunas opciones para nuestro futuro.

Sabemos que el concepto de Antropoceno refiere a que el “género humano” ha sido el responsable de los cambios geoambientales. Lo que no explica (al menos en las definiciones más simplificadas) es a qué parte de la “humanidad” se refiere, o, mejor dicho, a qué grupo de esa humanidad y a qué actividades antrópicas les corresponde la responsabilidad ante el posible colapso. En la historia de nuestra especie, han coexistido variados tipos de sociedades, y es claro que la crisis ambiental está ligada a una en particular: la capitalista. Por eso, creemos que el concepto de Capitaloceno tiene una mayor exactitud para demarcar con precisión el Antropoceno y para impedir la manipulación en el uso del concepto.

El concepto de Capitaloceno alude a que, si bien fue con la Revolución Industrial con la que se inició la quema de combustibles fósiles y la generación de gases de efecto invernadero a la atmósfera, esta Revolución no se dio en el “vacío social”. El modelo de acumulación capitalista se caracteriza, entre muchas cosas, por generar grupos con mayor poder para instaurar los procesos productivos y de consumo, a través de diversos instrumentos materiales y culturales. La crisis ambiental del Capitaloceno no fue impulsada por todos, porque no todos han tenido el mismo poder social para influir sobre la estructura económica, su desarrollo y sus beneficios. La ruptura ecológica generada por el ser humano es el resultado de disputas políticas y económicas desiguales; dicho de otra forma, la compleja unión entre capitalismo y fosilismo no fue impensada y ha sido y es responsabilidad de pocos, al menos en la toma de decisiones y en la obtención de ganancias concentradas.

La utilización del concepto Capitaloceno en lugar de Antropoceno se trata no solo de un asunto de precisión, sino también de justicia histórica. El problema no es lo que los seres humanos le hemos hecho al planeta, sino lo que un sistema económico (el capitalismo) y sus principales beneficiarios (las grandes corporaciones y las sociedades más desarrolladas) le están haciendo. En efecto, la humanidad entera es partícipe del problema, pero “no de la misma manera porque no todos hemos recibido históricamente los mismos beneficios y actualmente no todos los humanos consumen la misma cantidad de recursos” (Moore, 2022: 210).

Por lo tanto, la materia de habitantes de la tierra, pobres y marginados, no son los responsables del desastre global al que nos enfrenamos, y tampoco corresponde que sean los que lleven adelante los sacrificios para contribuir a solucionar una crisis que no generaron. Pero quizás sean esos pobres de la tierra (entre otros) los que cada vez más y mejor organizados en movimientos sociales eviten que los grupos dominantes impongan salidas a la crisis en su propio beneficio. Son ellos quienes hoy, por ejemplo, están enfrentando a las corporaciones contaminantes, son ellos quienes fuerzan a los Gobiernos a generar al menos moderadas políticas favorables a una mejor relación entre los seres humanos y el ambiente, y son ellos quienes finalmente impulsan una sociedad más justa social y ambientalmente.

Para Latinoamérica, el debate sobre el Antropoceno no toma la misma forma ni el mismo modo que en los países centrales. Esto se explica fundamentalmente por el hecho de que el concepto de Antropoceno tiene su eje en los problemas integrales que requieren respuestas globales a expensas de los estudios y las historias regionales de desposesión territorial y ambiental. De hecho, la perspectiva del Antropoceno suele tener una perspectiva limitada en las relaciones de poder y el carácter específico de las desigualdades sociales y las transformaciones ambientales que se dan en el contexto latinoamericano. Asimismo, la noción de Antropoceno tiene como límite el desconocimiento de otras perspectivas culturales y conocimientos no hegemónicos. En nuestro subcontinente, es necesario considerar el análisis de los procesos de extraccionismo desde el período de la conquista y colonización hasta el siglo xxi, los cuales han agravado las desigualdades socioambientales (Ulloa, 2019). Tales procesos responden a una dinámica económica particular, a saber, la lógica del capitalismo, la cual ha generado transformaciones globales y locales. La tesis del Capitaloceno señala que, para entender la crisis planetaria hoy en día, necesitamos mirar al capitalismo como una ecología-mundo de poder, producción y reproducción (Moore, 2022).

El Capitaloceno enmarca entonces una era dominada por el capital, sin abstraerse de las relaciones históricas de capital, clase e imperio. El Antropoceno prioriza, por otro lado, las consecuencias medioambientales. Bajo el Capitaloceno, se priorizan las relaciones productor/producto. El capitalismo ha organizado relaciones estables entre los seres humanos y el resto de la naturaleza en búsqueda de un proceso de acumulación incesante. La naturaleza que esa “humanidad” explota y agota, y que para algunos desencadena una venganza en forma de “desastres ecológicos”, está en realidad inscripta en la lógica de la circulación y acumulación de capital. El capital es un conjunto de relaciones ecosistémicas que se inserta de forma profundamente beligerante en el conjunto ecosistémico del planeta Tierra. Como explica Jason W. Moore, el capital no solo debe acumular e impulsar la producción de mercancías, sino que, además, debe buscar y encontrar incesantemente formas de extraer “recursos naturales baratos”, una corriente creciente de alimentos, trabajo, energía y materias primas que, en su conjunto, configuran la unidad de explotación del capitalismo.

La gran aceleración como expresión de la crisis ambiental

A principios del siglo xxi, Will Steffen, Paul Crutzen y John McNeill acuñaron el término “gran aceleración” para designar los dramáticos cambios socioambientales posteriores a 1950. El nombre desde ya es un claro homenaje a La Gran Transformación, el trascendental libro de Karl Polanyi sobre los trastornos sociales, económicos y políticos que acompañaron el surgimiento de la sociedad de mercado en Inglaterra. En 2007, en un artículo llamado “El Antropoceno: ¿están los humanos ahora abrumando a las grandes fuerzas de la naturaleza?”, Steffen, Crutzen y McNeill volvieron a publicar los gráficos que ilustraban perfectamente la gran aceleración, y sugirieron que se debería ver la segunda mitad del siglo xx como la etapa dos del Antropoceno (Angus, 2020).

Durante los últimos 50 años, los seres humanos han cambiado los ecosistemas del mundo de manera más rápida y extensa que en cualquier otro período comparable de la historia de la humanidad. La Tierra se encuentra en su sexto gran evento de extinción, con tasas de pérdida de especies que aumentan rápidamente para los ecosistemas terrestres y marinos. Las concentraciones atmosféricas de varios gases de efecto invernadero importantes han aumentado sustancialmente y la Tierra se está calentando rápidamente. Ahora se convierte más nitrógeno de la atmósfera en formas reactivas mediante la producción de fertilizantes y la combustión de combustibles fósiles que por todos los procesos naturales en los ecosistemas terrestres juntos. Desde entonces, muchos científicos del Sistema Tierra han llegado a ver la Gran Aceleración no como una segunda etapa sino como el comienzo real del Antropoceno (Steffen et al., 2007).

En 1987 se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), encargado de evaluar las repercusiones de ese fenómeno en el clima. A partir de estos estudios, Rockström y Steffen, sumados a los investigadores del Centro de Resiliencia de Estocolmo, elaboraron a inicios de la segunda década del siglo xxi una lista con nueve límites planetarios que sería sumamente peligroso traspasar, cosa que ya se ha producido en el caso de cuatro de ellos, a saber: el clima, la alteración de la cobertura vegetal, la erosión de la biodiversidad o la desaparición de especies animales (sexta extinción de la vida en la Tierra), y la alteración de los flujos biogeoquímicos, en los que los ciclos del fósforo y el nitrógeno desempeñan un papel esencial. Asimismo, informaron cómo se habían acelerado desde la Segunda Guerra Mundial todos los indicadores disponibles sobre consumo de recursos naturales, hablando incluso de un periodo de extrema aceleración a partir del decenio de 1970.

Desde la mitad del siglo xx, el ritmo acelerado del uso de la energía, las emisiones de gases de tipo invernadero y el crecimiento de la población han llevado al planeta a un experimento sin control.

El periodo de 1945 al presente representa el lapso más anómalo de toda la historia. Tres cuartas partes del dióxido de carbono que se ha inyectado a la atmósfera se ha acumulado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y el número de humanos en el planeta se ha triplicado (de 2.3 mil millones a 7.2 mil millones entre 1945 y 2015) (Toledo, 2022).

En estas siete décadas, ocurrió una explosión en el uso del petróleo y los otros combustibles fósiles, además de otros factores, como consecuencia de innovaciones tecnológicas, como la producción de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, la aparición de los contenedores para el transporte de mercancías y la proliferación de los plásticos. Todo lo anterior se aceleró de manera súbita a partir de 1950 en una sincronicidad sorpresiva: la población humana, los habitantes de las ciudades, el número de automóviles, los teléfonos celulares, el producto interno bruto mundial, el uso de la energía, los gases de efecto invernadero, el uso del agua, las presas, la deforestación, entre otros (Steffen et al., 2015).

Pero esta aceleración global que ha tenido lugar en el mundo de las cosas también se expresa en la dimensión concreta del mundo de los seres y tiene además un origen. Obedece al principio del deseo insaciable de la ganancia, es decir, es consecuencia directa de las necesidades del capitalismo.

Límites visibles: cambio climático e impactos planetarios

A su vez, como corolario de la gran aceleración, emergieron los primeros indicadores que evidenciaron la magnitud del impacto que suponía la actividad humana sobre la Tierra, constituyendo así las primeras señales de alarma que llevaron a indagar en el avance de la transformación socioambiental y sus potenciales consecuencias. La posibilidad de disponer de energía de manera abundante y económica permitió el desarrollo de la vida moderna, lo cual dio lugar a un fuerte incremento de la huella ecológica de causas antrópicas. A medida que se ampliaba la producción y el consumo de materiales y energía alrededor del globo, también se agudizaban los eventos mencionados (agotamientos de bienes naturales, emisión de gases a la atmósfera y el aumento de la población humana global). En suma, estos factores fueron los desencadenantes hacia una mayor conciencia sobre los límites biológicos del planeta y la insostenibilidad de las dinámicas de desarrollo afines al sistema económico que la humanidad mantenía hasta entonces.

Las primeras contribuciones y advertencias frente a esta nueva situación global emergieron durante la segunda mitad del siglo xx. En 1962, Rachel Carson publicó La Primavera Silenciosa, escrito mediante el cual denunciaba los impactos originados por el uso masivo de pesticidas sintéticos sobre el ambiente y la salud humana. Este evento tuvo tal repercusión, que años después se prohibió el uso del pesticida DDT en los Estados Unidos. De modo consecutivo, hacia 1972, el Club de Roma publicó el informe Los Límites del Crecimiento, basado en proyecciones plasmadas en diez escenarios futuros para la humanidad donde se considera la interacción entre las variables de incremento poblacional y los cambios ecológicos producto de acciones humanas. El reporte remarca la limitación planetaria para sostener un crecimiento económico indefinido, advirtiendo que, si las tendencias de crecimiento –y por tanto de industrialización, contaminación, producción de alimentos y extracción de recursos– continúan de igual manera, la capacidad de carga del sistema llegaría a su límite durante el transcurso de un siglo. En razón de ello, advierte que lo más probable es que devenga en una caída abrupta e incontrolable de la población y la capacidad industrial, lo que alcanzaría el colapso del sistema civilizatorio moderno en su capacidad de satisfacer las demandas sociales actuales. En definitiva, el informe resalta la incapacidad de mantener un “desarrollo” basado en el crecimiento económico continuo y demandante del uso y la extracción de materias primas de forma ilimitada.

Hasta la fecha, continúan vigentes estas proyecciones y se reconfirma su veracidad puesto que, de seguir con las trayectorias actuales, el planeta se encuentra encaminado a un incremento de la temperatura global por encima de los 2 ºC. Desde la Revolución Industrial, las emisiones de gases de efecto invernadero se incrementaron, con lo que alcanzaron niveles de concentración récord en la atmósfera e influyeron de esta manera en los regímenes climáticos. El IPCC advierte la alta concentración de dióxido de carbono atmosférico como consecuencia de las actividades humanas que han influido en el aumento de la temperatura mundial en 1 ºC en relación con los niveles preindustriales. La explotación de combustibles fósiles, los cambios del uso de suelo y la deforestación son factores elementales que dieron lugar a este escenario (IPCC, 2015). Dentro de este marco, de acuerdo a la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) (2019, p. 28), el desmonte, la producción de cultivos y la fertilización de los suelos contribuyen en un 25 % a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global.

La emergencia del cambio climático constituye una de las consecuencias “macro” dentro del conjunto de efectos socioambientales originados por sobrepasar los límites naturales del planeta. Lo alarmante de este fenómeno en desarrollo es que, en consecuencia, los ecosistemas comienzan a comportarse impredeciblemente, desencadenando escenarios naturales inciertos con mayor protagonismo de fenómenos como sequías, inundaciones, olas de calor e incendios forestales, entre otros. Esto se refuerza con la acelerada pérdida de biodiversidad durante el último siglo, la cual registra una tasa de extinción muy superior a otros periodos geológicos. Según el Informe Planeta Vivo 2020, en los cuarenta y seis años entre 1970 y 2016, las poblaciones de especies de animales vertebrados del mundo se redujeron en un 68 %, y en América Latina, un 94 %. El estudio destaca la responsabilidad del actual modelo agroalimentario y remarca la urgencia de transformarlo en uno sostenible que produzca alimentos sanos y que conserve la biodiversidad. Esto supone cambiar los patrones de producción y consumo y detener los cambios de uso de suelo (WWF, 2020). En la misma línea, recientes avances científicos resaltan que, debido a las acciones humanas, al menos el 75 % de los ecosistemas terrestres y un 66 % de los marinos ya se encuentran “gravemente amenazados”, y quedan menos del 13 % de los sistemas de humedales (IPBES, 2019).

No solo la realidad geofísica global señala la profundidad del daño que está atravesando el planeta, sino que los avances científicos también demuestran la magnitud de la transformación ambiental que ya tiene la capacidad de desencadenar cambios imprevisibles e irreversibles en el sistema terrestre. Son varios los factores que aluden a una crisis ecológica sin precedentes y de origen antrópico, señalando así que la crisis es también sociocultural. En consecuencia, este escenario termina por cuestionar el paradigma de desarrollo dominante impulsado por la lógica mercantilista del capitalismo, cuyas ideas de progreso y desarrollo demandan mayor presión sobre la naturaleza, a la vez que la expansión de las fronteras productivas.

De allí que, dentro de este marco económico-productivo, los agronegocios se encuentren fuertemente vinculados a la problemática socioambiental. A partir de la década de 1990, las políticas favorables a este sector se refuerzan conforme se reprimarizan las economías especialmente en los países de América Latina. Este modelo se sostiene bajo una práctica regida desde la lógica de crecimiento económico y acumulación neoliberal capitalista que comprende la continua ampliación de la frontera cultivable. Esta lógica implica un nivel de demanda y consumo crecientes de materias primas que termina por agravar la crisis ambiental. Es en esta profunda depredación de la naturaleza en la que se reconfiguran los territorios, manifestándose localmente los límites planetarios en los que, a su vez, y como reflejo de esos cambios, se incrementa la conflictividad social.

Desarrollo sostenible: origen y discusiones sobre un concepto ambiguo

En una primera instancia, las principales discusiones en torno al concepto de desarrollo se han enmarcado casi exclusivamente en el ámbito económico y social. Durante el siglo xx, la formulación de este giraba principalmente en torno a la extracción y apropiación de los bienes naturales para la industria y en pos de un crecimiento económico en línea con el paradigma de vida occidental de los países ricos del norte global. Al tiempo emergieron voces críticas respecto a la convivencia entre el crecimiento infinito y la explotación ilimitada de la naturaleza, y se implantaron las primeras conversaciones sobre los límites del capitalismo como sistema económico productivo global y su incompatibilidad con los ciclos de la naturaleza en un planeta finito. En este marco, la publicación del informe Los límites del crecimiento (1972) constituye un momento clave que consolida el cuestionamiento sobre esta idea de “crecimiento indefinido”, configurándose un punto de disputa especialmente entre los países del norte y del sur. Por consiguiente, se promueve una posición desde América Latina que plantea la contradicción de una comunidad global cuyas formas de vida sean similares (o busquen serlo) a las desplegadas en los países desarrollados. Esto fue advertido por el economista Celso Furtado (1975), quien denota las primeras alertas desde los pueblos del sur frente al problema que arraiga el concepto de desarrollo establecido. Fue entonces cuando fue necesario agregar al concepto de desarrollo aspectos socioculturales y ambientales incluso más amplios que la mera preservación de los bienes naturales.

A partir de la toma de conciencia de los Estados nación respecto a los problemas ambientales asociados a las tendencias globales de crecimiento poblacional, producción, industrialización y extracción de materias (expresados en Los límites del crecimiento), comenzó a disputarse la idea de crecimiento indefinido como eje central del desarrollo. Durante la década de 1970, estos cuestionamientos, que asociaban los términos “desarrollo” y “ambiente”, dieron origen al concepto de desarrollo sostenible buscando integrar las dimensiones económica, social y ambiental e incorporaron la necesidad de conservar y proteger el ambiente al esquema de preservación de los bienes naturales.

Estas discusiones convergieron en el año 1972 durante el desarrollo de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo. Allí se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y se definió por primera vez el concepto de desarrollo teniendo en consideración los impactos del crecimiento económico y las actividades humanas sobre el ambiente. Este fue adoptado continuando con la idea de desarrollo acuñada desde el imperativo del crecimiento económico sin límites, pero sumando la necesaria reducción del impacto ambiental de origen antrópico.

En el año 1987, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) perteneciente a la ONU presentó el informe Nuestro Futuro Común, conocido también como Informe Brundtland, en el cual incorporó la definición más conocida y utilizada hasta hoy sobre el desarrollo sostenible, definiéndolo como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Los alcances del concepto se sostienen sobre tres ejes principales que deben mantenerse de forma equilibrada: eje económico, eje social y eje de protección ambiental. Estos tres factores se reconocen como interdependientes, al tiempo que se considera como conector fundamental la conservación de los bienes naturales de modo de asegurar que se sostenga en el tiempo y responda a las necesidades intergeneracionales.

De acuerdo a esta definición, la sustentabilidad ambiental queda supeditada al campo económico y social ajustándose a la interpretación del término de desarrollo que integra el crecimiento económico. Es decir que, si bien esta definición reconoce la limitación biológica del planeta, se perpetúa la noción de desarrollo con eje en la economía. De allí que emergieron posturas que cuestionan la definición y remarcan nuevamente la incompatibilidad del crecimiento económico con la protección ambiental. Desde entonces el término se encuentra en discusión, permitiendo profundizar en los elementos centrales y tanto los puntos en común como los de no conciliación.

Durante las últimas décadas, la amplia emergencia de conflictos socioambientales dio lugar a que el análisis y la disputa del significado y la materialización del desarrollo –y desarrollo sustentable– en los territorios se practiquen con mayor frecuencia. En efecto, también se abrió camino a la inserción de la cuestión ambiental dentro de los discursos sociales y políticos.

En definitiva, la incorporación de la dimensión ambiental a la idea de desarrollo profundiza la tensión entre el campo ambiental y el económico. Conciliar la conservación de los ecosistemas con el crecimiento económico bajo las condiciones impuestas por el modelo capitalista conforma uno de los grandes ejes en el debate sociopolítico económico contemporáneo. La visión hegemónica refuerza la idea de que, entre las soluciones a los problemas ambientales, se encuentra la innovación a través del desarrollo tecnológico. Lo cuestionable es que, en la práctica, este continúa moviéndose dentro de un sistema donde la aceleración del consumo (motor de la economía capitalista) y su consecuencia directa (el aumento de la velocidad de destrucción de los bienes naturales) son insostenibles a la vez que constituyen el factor determinante en lo referente al impacto socioambiental.

¿Antropoceno o Capitaloceno en Latinoamérica?

Los ecosistemas presentes en el subcontinente latinoamericano se ubican en una vasta y compleja biodiversidad, que van desde desiertos extremadamente secos hasta bosques tropicales muy húmedos, y desde humedales marino-costeros hasta altiplanos de cuatro mil metros de altura, y dan a la región una de sus principales características y su identidad socioambiental.

La región cuenta con casi dos mil millones de hectáreas. Hacia inicios del siglo xxi, Latinoamérica poseía un 25 % de las áreas boscosas del mundo, más del 90 % localizadas en Brasil y Perú, al tiempo que Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela se cuentan entre las naciones consideradas de “megadiversidad” biológica que albergan entre 60 % y 70 % de todas las formas de vida del planeta. Si a esto se añaden los limitados recursos hídricos del mundo, Latinoamérica recibe casi el 30 % de la precipitación mundial y posee una tercera parte de los recursos hídricos del planeta (Radio UChile, 2017). Es obvio que el amplio y exuberante territorio sigue siendo, para los parámetros del modelo capitalista, un magnífico reservorio de materias primas, como lo fue desde el mismo momento de la conquista, en absoluto menoscabo de la vida en todas sus formas.

En América Latina, los debates sobre crisis ambientales han sido escasos, pero se han incrementado en las últimas décadas; sin embargo, estas son vistas como efectos universales, sin enfatizar los procesos particulares que, en el caso del subcontinente, están relacionados clara y probadamente con desigualdades socioambientales generadas por procesos de explotación de los bienes naturales.

América Latina, desde la conquista europea, sufrió un brutal impacto demográfico, social, político, cultural y ambiental que se expresó en una drástica transformación del ordenamiento territorial de la región. El colapso socioambiental nos permite afirmar que Latinoamérica vivió, desde la conquista, un proceso de transformación antropocénica que aún perdura.

En el siglo xxi, la región ha experimentado un leve crecimiento de la institucionalidad ambiental que trasladó al interior de los Estados, generando un dilema entre las motivaciones acerca del crecimiento económico extractivista y la sostenibilidad del desarrollo humano. A su vez, este modelo ha generado la resistencia de pueblos originarios y campesinos a la usurpación, para muchos, y expropiación para no pocos de su patrimonio natural, y la lucha por sus derechos políticos se combinan en parte con la de sectores urbanos medios y pobres que también luchan por sus derechos ambientales en defensa de su calidad de vida.

Extractivismo y agronegocios en América Latina

En América Latina, los emprendimientos extractivistas^[3] adoptaron la categoría de neoextractivismos, fijando ideas de desarrollo asociadas a la generación de empleos y al progreso material y económico mediante la exportación de commodities. Bajo un esquema global de acumulación capitalista y subordinación colonial, los extractivismos se convirtieron en elementos centrales de las estrategias de desarrollo en América Latina y el origen de una profunda transformación ambiental terrestre.

En este sentido, los últimos cincuenta años marcaron una nueva forma de apropiación, acumulación y mercantilización de la naturaleza que presiona fuertemente sobre los territorios y las poblaciones rurales del sur global. A lo largo de la región latinoamericana, se acentuaron las megaexplotaciones mineras a cielo abierto, la extracción de hidrocarburos de manera convencional y no convencional (fracking), la sobreexplotación pesquera y los monocultivos para la exportación bajo el modelo de los agronegocios. Los bajos costos en los procesos de producción y en la mano de obra, como también la flexibilidad en el control y las regulaciones en el sur, facilitaron la instalación y la extensión de las actividades extractivas, reconfigurando los territorios bajo nuevas formas de dominación, actores intervinientes y modos de acumulación conforme las demandas del capitalismo contemporáneo.

Hacia la década del noventa, en América Latina comenzó a expandirse un modelo agrario caracterizado por el uso intensivo de biotecnologías en gran escala y sistematizado bajo estándares internacionales (manipulación genética de semillas, incorporación de agroquímicos). Este desarrollo acuñó el inicio de un período de alta innovación con maquinaria más eficiente y a su vez un proceso de concentración de tierras y capital.

La tecnificación permitió incrementar notablemente la extracción de bienes naturales en volumen, intensidad y escala, modificando el sostén y la regeneración de los ciclos naturales de los ecosistemas y su equilibrio dinámico. Esta lógica se plasmó en el agronegocio constituyéndose como uno de los principales componentes constitutivos de los extractivismos por la magnitud de su expansión espaciotemporal, la demanda material terrestre y su participación en el sistema agroalimentario global.

En particular, a partir de 1990, bajo las lógicas económicas del capitalismo, el sector agroalimentario globalizado se despliega bajo procesos productivos con fuerte tendencia al monocultivo. Este esquema se expandió fuertemente a lo largo de la región latinoamericana destruyendo amplias extensiones de bosques nativos –y otros sistemas ecológicos– y las funciones ambientales asociadas, como a la vez causó el desplazamiento de economías regionales, modelos de producción tradicional y comunidades campesinas e indígenas de sus tierras. Un ejemplo concreto de esta tendencia es la disminución de los bosques en América Latina. Entre 1990 y 2020, la proporción de cobertura boscosa regional disminuyó sistemáticamente desde un 53 % hasta un 46 % del territorio. Si bien, a inicios de la década de los años noventa, el área boscosa de la región alcanzaba unos 1.070 millones de hectáreas, para 2010 se había reducido a 960 millones y al 2020 disminuyó a 932 millones. Por lo tanto, la pérdida total de superficie cubierta por bosques en toda la región entre 1990 y 2020 alcanzó la magnitud de 138 millones de hectáreas, equivalente a poco más de la superficie completa de Perú o a la mitad de la superficie de Argentina (CEPAL, 2021).

La agricultura constituye la mayor causa de los cambios de uso de suelo y la destrucción del hábitat (representando el 80 % de las transformaciones en el uso de la tierra a nivel global), mientras que a su vez estos representan la principal causa de pérdida de biodiversidad (Benton et al., 2021; WWF, 2020). Las mayores pérdidas se concentran en los bosques tropicales para la conversión a soja, aceite de palma y ganadería. Particularmente en América Latina, entre los años 1980 y 2000, se perdieron cuarenta y dos millones de hectáreas de bosques tropicales debido a la ganadería (Benton et al., 2021, p. 16). Entre 2000 y 2010, se señaló a la agricultura comercial de gran escala como el principal impulsor de la deforestación en la región latinoamericana, llegando a constituir más del 65 % de entre otras presiones antrópicas, a la vez que se le adjudicaba el 40 % de la pérdida boscosa en regiones tropicales y subtropicales (FAO, 2020:83; IPBES, 2019: 81). En este sentido, desde varias organizaciones e instituciones internacionales, se alienta urgentemente hacia un cambio en los patrones globalizados de producción de alimentos que incorporen prácticas sustentables donde se reduzca el uso de fertilizantes y pesticidas químicos y se resguarden los suelos y la biodiversidad.

En razón de todo aquello, se comprende que, entre los atributos propios del modelo de los agronegocios, se hallan la degradación socioambiental y la concentración económica y productiva, lo que da lugar a una reconfiguración social y ecosistémica mediante transformaciones profundas en los usos de la tierra. Esta transformación de los territorios rurales se expresó fuertemente en zonas como el Cerrado en Brasil, en América Central para la producción de caña de azúcar, aceite de palma y palta, y en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia para el cultivo de soja. La frontera sojera sostuvo un auge en América del Sur a inicios del siglo xxi aumentando la superficie cultivada en varios millones de hectáreas. En este contexto, se acentuaron las desigualdades preexistentes en las regiones productivas puesto que ya desde mediados del siglo xx se registraba una tendencia hacia la concentración de la tierra en pocos propietarios y el desplazamiento de poblaciones y producciones de menor escala. En razón de ello, entre los puntos más discutidos sobre la expansión de los agronegocios, se encuentran la propiedad y el uso de la tierra, pues se ajusta a un modelo capital-intensivo demandante de extensos territorios adquiridos por grandes empresas agrarias de gran capacidad financiera y tecnológica.

En tanto aumentan los conflictos sociales asociados a la acumulación del capital en estas actividades productivas, también se ponen de manifiesto los límites ecológicos del sistema económico capitalista, conforme se hace más evidente la incapacidad para sostener el modelo de producción y consumo que lo respalda. La fuerte transformación ambiental en América Latina se expresa en la problemática ecológica que se traduce transversalmente en los conflictos sociales de los territorios agroproductivos de gran escala e intensidad. El desarrollo de las externalidades socioambientales es advertido en cambios de las dinámicas naturales de los ecosistemas que terminan por afectar el bienestar de las especies humanas y no humanas en las áreas intervenidas. Entre ellas se destacan la contaminación del agua y los suelos, la pérdida de afluentes y merma de caudales, la pérdida de biodiversidad y fertilidad de los suelos, los cambios en la frecuencia de incendios, sequías e inundaciones, entre otros. Frente a este marco, emergen problemáticas locales que se traducen en el incremento de patologías sanitarias, cambios en el acceso al agua, la tierra y la alimentación, entre otros factores que afectan así la calidad de vida e incrementan la vulnerabilidad social en los territorios latinoamericanos. Estos impactos se enmarcan bajo procesos de injusticia ambiental que son reflejo de la crisis sistémica –y por ende civilizatoria– de escala planetaria.

América Latina llegó así a la contemporaneidad con una compleja herencia histórica. La exclusión social y económica y sus consecuencias siguen siendo norma corriente, como la apropiación oligopólica de los recursos naturales y la depredación ambiental al servicio de un modelo capitalista excluyente. En este contexto hay desde ya elementos positivos. Uno de ellos es que la propia heterogeneidad, como condición concreta de existencia y reproducción de la sociedad, posibilita articulaciones plurales y un riquísimo intercambio de experiencias socioambientales alternativas a la lógica del mercado, así como de lazos sociales cooperativos y solidarios.

Mirando nuestra realidad hoy, vemos que los proyectos neoliberales han reverdecido, planteándonos un enorme desafío. Este modelo propone soluciones a los problemas ambientales que se basan, como se dijo antes, en profundizar la hegemonía del mercado y la responsabilidad individual en los problemas ambientales. Más allá de analizar y deconstruir estas tendencias, así como sus consecuencias, la historia ambiental debe plantear alternativas válidas para alcanzar una sociedad ecológicamente más sostenible y socialmente más justa, que escape de la dinámica permanente de crisis económica y ecológica.

Reflexiones finales

Desde nuestro país y desde América Latina, las consecuencias de la crisis socioecológica se conectan directamente con la crítica al neoextractivismo y la visión perspectiva expresa de la mercantilización de la naturaleza y de los factores de producción, a través de la estructuración a gran escala de modelos de desarrollo insustentables: desde el agronegocio y sus modelos alimentarios, la megaminería y la expansión de las energías extremas hasta las megarrepresas, la sobrepesca y el acaparamiento de tierras.

En verdad, lo que tenemos ante esta crisis planetaria es el choque entre lo que Aristóteles llamaba “crematística”, el arte de hacer dinero, y “oikonomía”, el arte de vivir, definida por Karl Polanyi como “probablemente […] la más profética indicación que se haya dado en las ciencias sociales; todavía en la actualidad sigue siendo sin duda el mejor análisis sobre el tema”. Es, finalmente, el choque entre el modelo de agricultura industrial y de las economías especulativas centradas en el dinero que están obsesionadas con el arte de hacer dinero y las economías agrarias centradas en el suelo y la tierra.

A su vez, es importante reconocer que tradicionalmente el lugar del ambiente ha sido el no saber, lo no pensado, lo que significa al ambiente como un constructo gnoseológico y epistemológico que refiere la externalidad, lo que está fuera de los sistemas y de los campos de conocimiento. Es, como fue señalado con anterioridad, un concepto rearticulador de lo no pensado. Las ciencias sociales, entendidas desde esta perspectiva, tienen entonces como uno de sus propósitos facilitar la reapropiación social de la naturaleza, no en términos de la explotación de la que puede ser objeto, sino de la valoración de su potencial ecológico productivo. Cuestión ya considerada por los saberes tradicionales, precisamente cuando hablaban del principio de autogestión de las sociedades agrarias y de la productividad primaria de los ecosistemas naturales.

Si el reto para la civilización actual es afrontar las consecuencias del Antropoceno, la lógica de la disputa socioambiental aparece como una contestación al modelo imperante desde el que se buscan salidas al abismo, soluciones a la autodestrucción. En efecto, las disputas socioambientales nos muestran la continuidad de las lógicas de la colonialidad, pero nos indican las sendas desde las que conformar una nueva epistemología con la que aplicar soluciones desde nuevos patrones de equidad comunitaria. Romper la lógica de la destrucción de la Madre Tierra, regenerar los ciclos de vida, asegurar la sustentabilidad sociocomunitaria implica repensar los patrones de extracción, producción, consumo y excreción, redefinir los flujos energéticos metabólicos. Pero, para ello, nuestra práctica académica tiene que destruir las barreras académicas, convertir a los científicos en sujetos colaborativos y participantes de las disputas, participantes en los procesos de cambio social, activando investigaciones más participativas, generando nuevas prácticas académicas de colaboración social.

Se elija la opción que se elija para superar la crisis socioecológica global, representada por el Capitaloceno, constituye con seguridad una esperanza que habrá de imponerse a numerosos obstáculos, algunos temibles, para verse cumplida. Es el momento de comenzar la reconciliación entre el género humano y los demás seres vivos del planeta.

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