Milton Sabio^[1]

La Sociología es una ciencia que incomoda porque, como toda ciencia devela cosas ocultas, y que, en este caso, se trata de cosas que ciertos individuos o ciertos grupos sociales prefieren esconder o esconderse porque ellas perturban sus convicciones o sus intereses.

   

Bourdieu, 1997

Introducción

En este capítulo, nos ocuparemos de reflexionar acerca de la viabilidad del modelo agroecológico como superador del modelo agroindustrial contemporáneo. Adoptamos un enfoque holístico que incorpora información científica y la construcción colaborativa del conocimiento para arrojar luz sobre el tema central. La necesidad de desarrollar e implementar estrategias de bajo impacto que protejan la vida humana y el entorno es un desafío para la comunidad científica y los productores agropecuarios. La mayoría de las controversias públicas sobre el tema surgen debido a que una parte de la sociedad percibe mayores riesgos que aquellos que los expertos han determinado en el actual modelo agrícola (Vaccarezza, 2015). Para entender los reclamos y el conflicto, resulta indispensable adentrarnos en la etimología de las palabras y la genealogía de algunos conceptos, lo que nos ayudará a comprender cómo llegamos hasta aquí.

El concepto de buenas prácticas agrícolas se ha destacado en la producción de alimentos con el objetivo de cuidar y asegurar lo que consumimos y los daños ambientales que puedan ocurrir (Sarandón et al., 2015). Si reflexionamos acerca de su aplicación en nuestros alimentos y de por qué son necesarias para producir alimentos, el primer interrogante es: ¿quién podría producir un alimento utilizando “malas prácticas”? Inmediatamente, por contraposición, nos preguntamos entonces: ¿en algún momento existieron “malas prácticas”? ¿El campo no es entonces el ideal natural que vemos en el packaging de los productos que consumimos a diario?

A partir de estas preguntas, podemos ir a otro aspecto de la vida diaria para concebir las buenas prácticas de los conductores que respetan las normas del tránsito y las malas prácticas de los conductores que no las respetan.

Planteemos ahora un breve ejercicio intelectual, ¿qué pasaría si por un día nadie respetara las buenas prácticas al volante? ¿Y si ese plazo lo extendiéramos a un año? No es difícil imaginar lo difícil que sería poder cruzar una calle. Ahora, ¿por qué no nos planteamos estos interrogantes sobre la producción de alimentos? Quizás porque, a la mayor parte de las personas que viven en ciudades de todo el mundo, el campo y sus problemáticas les han quedado muy lejos y hemos delegado esos quehaceres de producir alimentos a unos pocos.

Entonces sí cobra sentido reflexionar acerca de cuán habitual, factible o necesario es considerar buenas prácticas al producir alimentos para consumir o piensos para alimentar al ganado bajo el enfoque de la agricultura industrial.

¿En qué lugar los productos fitosanitarios son una necesidad ineludible?

Es inevitable, en este punto, recordar a Vandana Shiva (1991) y su pregunta: ¿cuándo se nos ocurrió a los humanos producir alimentos con venenos? En su obra se pregunta quién se alimenta realmente del mundo. Cuya respuesta algunos autores se han preocupado en investigar, como señalan en el libro El Atlas del Agronegocio (Moldenhauer y Hirtz, 2018, p. 22):

Las megafusiones ocurridas recientemente en el sector de las semillas y de la agroquímica –Bayer/Monsanto, Brevant, Dow/DuPont, Syngenta/ChemChina– son una llamada de alerta al concentrar el 60 % del mercado. Los políticos y políticas, así como las autoridades que controlan la transparencia de la competencia deben analizar las consecuencias socialmente relevantes que tendrán estas fusiones en mercados que, de por sí, ya están altamente concentrados.

De alguna manera, el Dr. Enrique Leff –quien fuera el coordinador del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente–, en su libro Racionalidad Ambiental. La reapropiación social de la naturaleza, nos permite comprender los fundamentos de la crisis:

La crisis ambiental irrumpe en el momento en el que la racionalidad de la modernidad se traduce en una razón anti natura. No es una crisis funcional u operativa de la racionalidad económica imperante, sino de sus fundamentos y de las formas de conocimiento del mundo. La racionalidad ambiental emerge así del cuestionamiento de la sobre-economización del mundo, del desbordamiento de la racionalidad cosificadora de la modernidad, de los excesos del pensamiento objetivo y utilitarista. […]. Es el desquiciamiento del mundo al que conduce la cosificación del ser y la sobre-explotación de la naturaleza […]. La crisis ambiental generada por la hegemonía totalizadora del mundo globalizado –por la voluntad homogeneizante de la unidad de la ciencia y la unificación forzada del mercado– no es ajena al enigmático lugar del yo ante el otro. […]. El conocimiento ha desestructurado a los ecosistemas, degradado al ambiente, desnaturalizado a la naturaleza […]. La construcción de la sustentabilidad es el diseño de nuevos modos de vida, cambiando el sentido de los signos que han fijado los significados de las cosas (Leff, 2004, pp. 9-10).

La mayoría de los ecosistemas han sido dominados por el hombre, y ninguno de ellos está libre de su influencia, siendo el uso de tierras para la agricultura y los servicios la principal alteración producida sobre su estructura y funcionamiento (Stuart Chapin III et al., 1997; Tilman et al., 2002; Vitousek et al., 1997; Zhang et al., 2007). “En los últimos 50 años, los humanos hemos modificado los ecosistemas en forma más marcada que en cualquier otro período de la historia” (PNUMA, 2005, p. 5).

Este nuevo modelo agrícola, que incluye aspectos sociales y ambientales, fue objeto de cuestionamiento debido a la revolución tecnológica, que comenzó en los años 80, pero se intensificó en la última década del siglo xx y la primera década del siglo xxi. La disminución de la presencia estatal en las zonas rurales condujo a un crecimiento dinámico de la agricultura industrial. Además de la modernización y el desarrollo económico del agro, el modelo tuvo un impacto negativo en el capital social y ambiental, así como en la equidad del desarrollo humano.

La construcción del campo social ambiental no se llevó a cabo de manera separada. Los informes Meadows (1972) y Brundtland (1987) se convirtieron en referencias imprescindibles. Sin embargo, también comparten el escenario con escritores latinoamericanos, como el mexicano Enrique Leff, quien ha caracterizado la crisis ambiental en las últimas décadas con mayor precisión cuando conecta el problema ambiental con la crisis actual y afirma que la crítica a la racionalidad moderna y sus ideas sobre la economía y la cultura se ha convertido en un conflicto que va más allá de la pérdida de bienes y servicios ecológicos, lo que significa una pérdida de la existencia no solo en términos materiales, sino también en el sentido de la vida.

Intelectuales latinoamericanos se inscriben en esta línea de pensamiento, al menos reformista o crítica de los modelos dominantes: Joan Martínez-Alier (2004), Lovelock (2011), Beck (2007), Galafassi y Zarrilli (2002), entre otros. Uno de los ángulos críticos del discurso latinoamericano se centra precisamente en la crítica de los desequilibrios mundiales en la definición de regímenes de sustentabilidad. Así, existen ciertas similitudes con discursos críticos globales como el de la ecología social, la economía azul, la ecología política, el decrecimiento, la convivialidad, entre muchos otros (Beling et al., 2018). Finalmente, varios intelectuales latinoamericanos influyentes, que participan de los debates sobre la sustentabilidad socioambiental, se inscriben en una tradición crítica y emancipadora poniendo la atención sobre la necesidad de descolonizar el conocimiento para poder pensar en una transición justa y ética hacia la sustentabilidad socioambiental.

Por su parte, el biólogo mexicano Víctor Toledo utiliza la denominación “ambientalismo” como sinónimo de las organizaciones sociales y políticas que surgieron en la década de 1970, llamando la atención sobre sus límites, a saber: su arraigo casi exclusivo entre los que podrían llamarse “sectores privilegiados de la sociedad moderna”, y el carácter superestructural de las motivaciones que dan lugar a la protesta, que movilizan a los individuos. Ambos fenómenos quedan expresados por el hecho de que la mayor parte de quienes han hecho suya la lucha por la defensa de la naturaleza es precisamente aquellos que más lejos quedan –en el sentido material y espacial– de ella (Toledo, 1993). También señala Toledo que la intención de los ecologistas de mantenerse sin ideología política, especialmente del marxismo, esconde el miedo de que su ámbito de preocupaciones sea invalidado en términos prácticos-concretos. Él cree que el ambientalismo debe admitir que la explotación de los trabajadores y la destrucción de la naturaleza son dos facetas de un mismo proceso. Bajo esta perspectiva, las luchas por la naturaleza son, en última instancia, luchas por acabar con los procesos de producción que no solo destruyen los ecosistemas, sino que también explotan al hombre. Por lo tanto, es necesario convertir el ambientalismo en una verdadera ecología política.

Las buenas prácticas. Una genealogía

La primera mención de “buenas prácticas” de la que tenemos registro se remonta a principios del siglo xx en los Estados Unidos (Mosquera Sierra, 2005). Una batalla desencadenada por la novela del periodista Sinclair (1906) conocida en español con el título La Jungla, pero cuyo título original en inglés se traduciría como Los envenenadores de Chicago en alusión a los frigoríficos de la ciudad. Otros que llevan adelante la batalla por mayor control a la industria alimentaria, pero en especial a la de medicamentos, es el químico Harvey Washington Wiley (1844-1930), cuando se logró la aprobación de la Ley de Pureza de Alimentos y Medicamentos y la creación de la FDA (1906).

Wiley comenzó su famosa investigación conocida como los “escuadrones de veneno” (Wiley, 1909), en los que empleaba voluntarios humanos para probar cómo varios aditivos alimentarios afectaban la salud. Con los datos recopilados, promovió la ley federal de alimentos. La Ley de Alimentos y Medicamentos Puros de 1906, que se puso en práctica al año siguiente, fue el resultado del trabajo de Wiley. Los alimentos y su adulteración fue publicado por Wiley en 1907. En su introducción decía:

Lamentablemente, el público ha recibido con mayor o menor credibilidad muchas declaraciones engañosas sobre la composición de los alimentos, su valor nutritivo y su relación con la salud y la digestión. Constantemente se hacen afirmaciones de excelencia superior, totalmente infundadas, sobre ciertos productos alimenticios con el fin de llamar la atención del público más directamente sobre su valor y, lamentablemente, a veces, para engañar al público con respecto a su verdadero valor^[2] (Wiley, 1907, p. 2).

El libro proporcionó extensa información sobre una variedad de tipos de alimentos, desde pescado hasta leche y productos para bebés, y propone sencillos métodos para detectar aditivos alimentarios cuestionables como colorantes artificiales y sacarina. Wiley encabezó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) durante las presidencias de Theodore Roosevelt y William Howard Taft. En 1911, Wiley presentó una demanda contra el fabricante de bebidas Coca-Cola porque creía que la cafeína podría “formar hábitos”. Quería que la empresa identificara el contenido de su bebida y advirtiera a los consumidores que contenía cafeína. Aunque perdió su caso, contribuyó a la mejora de las prácticas de etiquetado y comercialización.

A lo largo de los años, continuó desafiando a las compañías de alimentos y drogas a producir productos mejores y más seguros, y asumió su responsabilidad de hacer cumplir la Ley de Alimentos y Drogas Puras. En el proceso, fue objeto de denuncias judiciales por parte de funcionarios del gobierno y líderes de la industria. En 1912, renunció a su cargo.

Fue necesario esperar hasta 1938, cuando se promulgó el Acta sobre Alimentos, Drogas y Cosméticos, donde se introdujo el concepto de inocuidad. Pasarían más de 20 años hasta el 4 de julio de 1962, cuando se dieron a conocer los efectos secundarios de un medicamento, hecho que motivó la enmienda Kefauver-Harris y la creación de la primera guía de buenas prácticas de manufactura (BPM). Esta guía fue sometida a diversas modificaciones y revisiones hasta que se llegó a las regulaciones vigentes actualmente en Estados Unidos para buenas prácticas de manufactura de alimentos, que pueden encontrarse en el Título 21 del Código de Regulaciones Federales (CFR), Parte 110, “Buenas prácticas de manufactura en la fabricación, empaque y manejo de alimentos para consumo humano”.

Un año más tarde, en 1963, fueron creadas la FAO (Food and Agriculture Organization) y la OMS (World Health Organization), la cual por su parte crearía la Comisión del Codex Alimentarius con el propósito de desarrollar normas alimentarias, bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias, para que pudieran ser adoptadas estas recomendaciones por todos los países del mundo. Con los objetivos principales del programa de lograr la protección de la salud de los consumidores, asegurar prácticas equitativas en el comercio de alimentos y promocionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. El Codex Alimentarius, que en latín significa “código sobre alimentos”, consiste en una recopilación de normas alimentarias, códigos de prácticas y otras recomendaciones cuya aplicación busca asegurar que los productos alimentarios sean inocuos y aptos para el consumo.

En la Argentina, recién en 1971, se reglamentó la Ley N.º 18.284 promulgada en 1969, que creó el Código Alimentario Argentino e introdujo algunos cambios en las regulaciones de los alimentos. A pesar de estos intentos de regulación, que tienen poco más de 50 años, se han suscitado distintas crisis alimentarias. Solo tomando la última década –la contaminación microbiana de frutas y hortalizas frescas que aparecen en todos los países a diario–, la encefalopatía espongiforme bovina (la enfermedad de las “vacas locas”) y la influenza aviar, para citar algunas de las que tomaron popularidad en todo el mundo, así como la preocupación que generan los residuos de plaguicidas y los alimentos genéticamente modificados.

Consumidores y productores

Los consumidores se han sensibilizado con respecto a las condiciones en que se producen y comercializan los alimentos a pesar de los intentos del mercado en su afán de esconderlos para maximizar ganancias (Cáez Ramírez et al., 2007). Las nuevas tendencias en el consumo mundial de alimentos se orientan a la demanda de productos que cumplan, cada vez más, estrictas normas de sanidad, inocuidad y calidad (Durango, 2010). La producción primaria es, indudablemente, un punto medular, sobre todo si se tiene en cuenta que las mayores alertas alimentarias de los últimos años han surgido por contaminación de los productos en el campo.

En esta etapa inicial del proceso, se pueden reducir los peligros para la salud de los consumidores. Esto es especialmente importante cuando no sea posible reducir o alcanzar el nivel de aptitud de los alimentos para el consumo en etapas posteriores de la cadena o en el procesamiento. Pero hay muchos ejemplos de cómo el uso indebido de la tecnología puede causar daños irreparables.

En el caso del cultivo de maíz, que es muy común en nuestro país y ha sido el principal cultivo de exportación en comparación con la soja en los últimos dos años, se resalta Diatraea saccharalis, un lepidóptero (mariposa) que ataca los cultivos y que requiere una gran cantidad de insecticidas para su control. La biotecnología permitió el desarrollo de una proteína extraída de una bacteria Bacilus turigenisis, que dio como resultado la aparición de un híbrido de maíz conocido como maíz Bt. Esta tecnología permite realizar el cultivo reduciendo la utilización de insecticidas. Pero requiere ciertos cuidados porque el “gusano/isoca cogollero” –por su acción en el cogollo de la planta– u “oruga militar tardía” –ya que, si el alimento se hace escaso, las larvas se trasladan en filas como un “regimiento militar marchando”– al desplazarse hacia otros cultivos causa distintos daños.

Independientemente de que haya o no Diatraea saccharalis, un lepidóptero (mariposa) conocido como barrenador del tallo, ya que en su estado larval produce grandes daños al cultivo de maíz, los desarrolladores de la tecnología piden al productor la utilización de refugios en donde se siembren maíces susceptibles a estos insectos para que se puedan alimentar. El refugio se debe sembrar en bloque y debe corresponder al 10 % de la superficie del total sembrado. La distancia entre la última planta de maíz con la tecnología Bt y el refugio no debe ser mayor a 1.500 metros, para que el productor siga beneficiándose con el uso de la tecnología Bt y hacer eficiente la producción de maíz. Estas recomendaciones técnicas como tantas otras no entran en las buenas prácticas agrícolas (BPA), pero apelan a la conciencia de los agricultores en el cuidado de la biotecnología que los beneficia, porque elimina la utilización de agroquímicos de alto impacto ambiental como los insecticidas, pero, al no ser una práctica obligatoria y tener un mayor costo, ganan las fuerzas de mercado. Nadie utiliza los refugios, diciendo “Otro lo hará, en mi caso no puedo perder dinero”.

Por otro lado, la incorporación de tecnologías en OVGM (organismos vegetales genéticamente modificados) como el gen RR (Roundup Ready) incrementó el uso del herbicida glifosato (un herbicida de menor toxicidad para el ambiente que los que se utilizaban hasta el momento), logrando controlar las hierbas indeseables en los cultivos. El uso durante años consecutivos del glifosato, no siguiendo las recomendaciones técnicas como la rotación de herbicidas (muchas veces asociada al monocultivo) o la utilización de subdosis para obtener un mayor rédito económico, llevó a la aparición de malezas resistentes. Actualmente, existen más de 14 especies vegetales resistentes al herbicida glifosato, número que se va incrementando año tras año; por lo tanto, deben emplearse otros herbicidas de mayor peligrosidad para el control de las malezas resistentes.

Esto trajo la utilización de viejos herbicidas de alta toxicidad que habían sido dejados de utilizarse hacía varios años, como es el caso del metsulfuron, o directamente el empleo de “caldos” (mezcla de diferentes dosis y diferentes productos) en función de las malezas detectadas en el campo antes de la siembra. Las mezclas y los productos que utilizar quedan sujetos a los costos que implican las aplicaciones, y muchas veces no se respetan las buenas prácticas agrícolas.

Para ejemplificarlo podríamos imaginar entonces una ciudad moderna con su tránsito habitual vehicular, y que solo por un día se decida apagar las cámaras de control y se retire a la policía y a los inspectores de tránsito de las calles, apelando a la conciencia ciudadana y en especial a la de los automovilistas. ¿Cuántos de nosotros conductores de automóviles estaríamos dispuestos a respectar los semáforos y las señales de tránsito? Ahora, si decidimos extender el tiempo y hacer eso para siempre, ¿cómo sería el tránsito vehicular en esa ciudad después de un año? ¿Por qué, en la mayoría de las ciudades del planeta, no se apela a la conciencia de sus habitantes y se controla el tránsito con cámaras de velocidad, semáforos, señalización, etc.? No quedan muchas dudas al lector, el hombre es bueno, pero es mejor si se lo controla. Entonces, ¿por qué, en un tema tan sensible como la posibilidad de un daño al ambiente o a la salud de las personas, recurrimos a la conciencia del agricultor, que está tensionado por las fuerzas del mercado?

Tal vez Ruttan (1999), en su trabajo “La transición hacia la sostenibilidad agrícola”, haya sido quien visualiza con mayor acierto este camino, al señalar que,

en nuestro actual estado de conocimientos, el diseño institucional es análogo a manejar por una autopista de cuatro carriles mirando solamente el espejo retrovisor. Somos mejores para hacer correcciones durante el camino, cuando nos salimos de la autopista, que para usar la visión necesaria para navegar la transición hacia la sostenibilidad (Ruttan, 1999, p. 7).

El transcurrir de la historia en agricultura así lo avala.

Las buenas prácticas, plaguicidas y bioinsumos

Muchas personas que se oponen al uso de plaguicidas sostienen que se pueden eliminar las plagas sin su uso, lo cual ha sido comprobado que no es factible si deseamos mantener el nivel de producción actual (Aktar et al., 2009; Damalas y Eleftherohorinos, 2011; Jorgensen et al., 1999). Los consumidores están preocupados por si estos plaguicidas ponen en peligro sus propias vidas y las de sus hijos. Los plaguicidas orgánicos de síntesis, que se utilizan para controlar plagas animales, patógenos y malezas, son una de las tecnologías que se han adoptado más rápidamente en la agricultura (March et al., 2010). Si bien normalmente consideramos a los plaguicidas como una tecnología para el control de plagas en agricultura, su uso también se extiende al control de plagas que afectan de manera directa a los seres humanos en el hogar y al ganado, vectores de enfermedades en ambos casos, y plagas que afectan a actividades de recreación (céspedes, parques, jardines, monumentos, lugares públicos), e incluso a las construcciones.

Los sistemas agrícolas convencionales se basan principalmente en el uso de plaguicidas orgánicos de síntesis para controlar los agentes bióticos que afectan a la producción (Aktar et al., 2009; Cooper y Dobson, 2007). La posibilidad de prohibir el empleo de plaguicidas, propiedad de diversas organizaciones, ha sido cuestionada a nivel mundial. Planteando como hipótesis el no uso de plaguicidas en Estados Unidos, un equipo de investigadores de Texas University y Auburn University (Knutson et al., 1990), y en la UE investigadores de “The Royal Veterinary and Agricultural University” (Copenhagen) (Orum et al., 2002) de Dinamarca, estimaron las pérdidas de cosecha que significaría la prohibición total de la utilización de plaguicidas. Realizaron un amplio trabajo de consultoría cuyo tema central se refería al impacto sobre las cosechas, e incluso sobre los precios que significaría reducir el uso de agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes). Los autores llegaron a la conclusión de que su prohibición total tendría un impacto económico negativo significativo en la producción agrícola, lo que resultaría en un aumento significativo de los precios de los alimentos debido a la escasez, lo que requeriría un ajuste severo de los sistemas de producción. Sin embargo, según la mayoría de los expertos mencionados anteriormente, es posible disminuir significativamente el empleo de plaguicidas mediante la mejora de los sistemas de control y regulación de los cultivos, así como una mejor educación y servicio de extensión (March, 2014).

La producción mundial de alimentos ha superado la curva de crecimiento de la población gracias al uso de los plaguicidas y fertilizantes químicos. Las estrategias de control de plagas resultan de una combinación de métodos químicos y no químicos que conocemos como la agricultura industrial (Jiménez, 2009). Al día de hoy, no existe una tecnología única que nos salve de las plagas, ni para aquellos que confían exclusivamente en soluciones químicas o los que confían en las no químicas. Al intervenir en los ecosistemas para cultivar y producir alimentos, la intervención humana en sistemas naturales que son sumamente complejos los desequilibra. Esto ocasiona un desequilibrio tan fuerte, que es necesaria una intervención de igual magnitud que termina resultando antieconómica desde el punto de vista energético.

En la actualidad, existen varios tipos de agricultura en el mundo, podríamos mencionar por ejemplo la industrial, la orgánica, la agroecológica o la de subsistencia. Los plaguicidas de síntesis química no se utilizan en las últimas tres. Por otro lado, es complicado determinar la proporción de la población global que consume estas dos últimas. En cambio, sabemos que la producción orgánica abastece al 1 % de la producción mundial y específicamente en las producciones anuales el 0,5 % (FAO, 2002). En cambio, los agricultores familiares producen aproximadamente el 80 % del valor de los alimentos del mundo, pero, paradójicamente, a menudo son pobres y víctimas de la inseguridad alimentaria (FAO, 2018).

Si se menciona que Argentina es el segundo país con mayor superficie destinada a la producción orgánica, es importante destacar que más del 90 % de esa superficie se destina a la producción animal, principalmente en la Patagonia para la producción de ganado ovino (SENASA, 2013). La agricultura industrial y la orgánica están sujetas al mismo modelo de uso de biocidas y producción de monocultivos, con las mismas características de insustentabilidad. Ambos modelos aplican la lógica del mercado y no consideran al alimento como un bien social. Es una idea errónea pensar que nada cambiará. Sin embargo, la sustentabilidad ambiental requiere de nuestro trabajo y nos advierte que, a pesar de que el cambio climático no es un futuro lejano, es actual y que debemos adaptarnos también en la agricultura.

El principal uso de los plaguicidas es contribuir al control de plagas (insectos, ácaros, aves, roedores, nemátodos, hongos, bacterias y malezas) que afectan a los cultivos disminuyendo los rendimientos, por lo que frecuentemente se realizan trabajos para medir la importancia de las pérdidas y la eficiencia de las medidas de control. Aunque normalmente consideramos a los plaguicidas como una tecnología para el control de plagas en la agricultura, su uso también se extiende al control de plagas que afecta directamente a los humanos en el hogar y al ganado, que son vectores de enfermedades en ambos casos, y plagas que afectan a actividades de recreación públicas y privadas e incluso en la construcción de viviendas, hospitales, instalaciones industriales, y podría seguir enumerando un sinfín de situaciones y lugares.

La introducción de cultivos genéticamente modificados-GM (soja, maíz, algodón, canola, remolacha azucarera, alfalfa) ha tenido una rápida adopción en países industrializados y en desarrollo, como Argentina, al igual que la rápida adopción de plaguicidas de síntesis en la agricultura después de la Segunda Guerra Mundial. Como era de esperar, la adopción de cultivos Bt redujo el uso de insecticidas y controló las curvas de población de plagas, lo que mejoró los rendimientos del maíz. Dado que la mayor parte del caldo pulverizado no alcanza su objetivo durante los tratamientos con plaguicidas (Pimentel et al., 2007; Van der Werf, 1996), además del hombre, también son afectadas especies animales y vegetales, y se contaminan aguas superficiales y subterráneos, suelo y aire. En este sentido, la agricultura no solo causa la destrucción del hábitat natural, sino que también contribuye a la eutrofización, las emisiones de gases de efecto invernadero, la invasión biológica y la contaminación química (Tilman et al., 2001). Nunca un productor o técnico aplica un tratamiento plaguicida con la intención de causar daños al ambiente. Sin embargo, cuando entendemos este efecto negativo, podemos comenzar a eliminarlo o reducirlo.

Estos efectos se denominan “externos” o simplemente “externalidades”, lo que significa que son externos al objetivo del plaguicida. La idea se aplica a cualquier tecnología. Las sociedades modernas que utilizan mucha tecnología producen externalidades. Waterfield y Zilberman (2012) afirman que las externalidades que se producen como resultado del uso de plaguicidas para controlar las plagas dependerán de la estrategia de control que empleemos. A pesar de esto, según Sexton et al. (2007), es extremadamente difícil o prácticamente imposible determinar el costo social y ambiental que significan estas externalidades. Esto se debe a que los economistas no están de acuerdo sobre cómo deben calcularse los costos y los beneficios. Como ya mencionamos, los gastos que resultan de estas externalidades son externos al individuo encargado de tomar las decisiones (productor o técnico), y suelen ser asumidos por la sociedad (Pimentel, 2005). Los costos asociados a la utilización de plaguicidas pueden resultar en soluciones económicas y políticas inadecuadas. En otras palabras, la falta de conocimiento sobre cómo calcular los costos externos de los plaguicidas puede llevar a valores inapropiados de los costos y beneficios netos de las decisiones sobre su uso (Sexton et al., 2007).

Estimación de costos ambientales por uso de plaguicidas en EE. UU.

Externalidad	Descripción	USD x 106
Contaminación de agua	Aguas superficiales y subterráneas, monitoreo, remediación.	2.000
Derivas, residuos en alimentos, pérdidas de cosecha. Persistencia en suelo y árboles, fitotoxicidad. Seguros, evaluaciones oficiales.		1.391
Resistencias.	Tratamientos adicionales, pérdidas de cosecha.	1.500
Microflora y microfauna suelo.	Artrópodos, lombrices, hongos, bacterias y protozoos.	S/C
Enemigos naturales.	Algodón, nueces, papa, tomates, frutas.	520
Peces.	Ríos y lagos.	100
Animales domésticos y residuos en productos.	Bovinos, pollos, pavos, cerdos, ovejas. Carne, huevos, leche.	30
Contacto, envenenamiento, aves y mamíferos. Disminución de alimento, potencial. Reproductivos, alteración del hábitat.		2.160
Colonias, miel, cera, abejas, otros polinizadores de producción, pérdidas por no polinización, alquiler de abejas.		334
Regulaciones oficiales	Tareas de prevención y fiscalización.	470
TOTAL		8.505

Fuente: adaptado de Pimentel (2005).

La agroecología, un sistema socioecológico

Los sistemas socioecológicos, también conocidos como “agroecosistemas”, son complejos, no lineales y adaptativos. Los ecosistemas, las fronteras espaciales o funcionales que los rodean, y el contexto socioeconómico con sus variables rápidas y lentas son sus límites. Un sistema complejo está compuesto por varias partes que están conectadas entre sí, y las conexiones entre ellas producen datos adicionales que no pueden ser vistos por el observador (Cuéllar et al., 2017). Las interacciones entre elementos producen propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos aislados. Dichas características se conocen como “propiedades emergentes”.

En un sistema socioecológico complejo, existen variables ocultas que, al no ser conocidas, impiden analizar el sistema en su conjunto con precisión. De esta manera, un sistema complejo contiene una cantidad de información mayor que la que posee cada parte individualmente. Para describir un sistema complejo, es necesario comprender no solo cómo funcionan las partes, sino también cómo se conectan entre sí. Las escalas temporales utilizadas para monitorear los resultados de políticas agropecuarias que buscan mejorar la producción y evaluar sus efectos en los aspectos físicos, químicos y biológicos de un sistema socioecológico son de diversa magnitud, por lo que no se puede llegar a conclusiones a mediano y largo plazo sin un enfoque sistémico de las variables (García, 2011, p. 389). A mediano y largo plazo, los sistemas socioecológicos son de naturaleza no lineal y muchas veces impredecibles. Funcionan como una caja de resonancia que, una vez cruzado un umbral crítico, amplifican los efectos causados por la mano del hombre.

En los agroecosistemas (AES), se indican las variables de estado lentas y rápidas y los efectos de estas sobre los actores sociales. Fuera de los límites del AES (indicados con la línea punteada), se ubican controles externos o variables de control. La idea de interdependencia entre la sociedad y el ambiente y las evidencias de una crisis socioambiental han modificado paulatinamente los marcos de pensamientos modernos, desarticulando el imaginario de control racional del mundo natural y abriendo un espacio de discusiones centrado en las respuestas potenciales al problema vital de la sustentabilidad (Galafassi y Zarrilli, 2002).

Los resultados muestran que América Latina estuvo presente desde el principio de la constitución del campo discursivo de la sustentabilidad socioambiental a nivel mundial y ha consolidado una red de diálogo con una fuerte estructuración interna (Galafassi y Zarrilli, 2002). El campo latinoamericano se ha construido desde el comienzo con un tono crítico hacia los discursos dominantes más orientados al statu quo (Vanhulst & Günther, 2019, pp. 41-71). De hecho, la mayoría de los autores y documentos centrales, si no todos, se orientan hacia una perspectiva transformadora que considera que los problemas ambientales y sociales provienen de las estructuras de la sociedad actual y de las relaciones entre la humanidad y el ambiente. En un amplio estudio de la OMS (2012), se midieron los riesgos con mayor grado de incertidumbre, siendo la energía nuclear y los plaguicidas los más temidos, mientras que los riesgos relacionados con los antibióticos, la anestesia, el parto y la cirugía se perciben como más seguros. Esto a menudo conduce a una marcada diferencia en la percepción de riesgo entre la sociedad y los científicos (MacFarlane, 2002; Slovic, 1987).

Por lo tanto, relacionan ambas variables (ambientales y sociales) en sus análisis. Por supuesto, este campo latinoamericano no se construyó de manera aislada. Trabajos como los informes Brundtland y Meadows (1987) se impusieron como referencias centrales. Pero también comparten el centro con autores latinoamericanos, como el mexicano Enrique Leff, uno de los que ha descripto la crisis de las últimas décadas con mayor claridad en términos de crisis ambiental.

Sustentabilidad en primera persona

En el libro de la bióloga Rachel Carson Primavera Silenciosa (Silent Spring, 1962), se describe un futuro sin cantos de pájaros y con otras terribles consecuencias si la contaminación ambiental continúa degradando el ambiente. En una época en la que se utilizaba ampliamente el pesticida DDT, el cual provocó graves daños a la población del águila calva, un ave emblemática de los Estados Unidos, y a la salud pública en general. El libro en sí fue una revolución. Pronto, muchas voces se unieron y se comenzaron a formar asociaciones para defender los derechos a un ambiente sano y limpio. De esta manera, surgía el movimiento ambientalista contemporáneo en los años 60. Este movimiento tuvo un éxito tan rotundo que el Congreso de los Estados Unidos establece en el año 1970 la primera Agencia Gubernamental dedicada exclusivamente al cuidado del ambiente, la EPA (Environmental Protection Agency).

Cuando me establecí en Pergamino a principios del nuevo milenio, residí en un área rural en el centro de Argentina, en el corazón de la región sojera, y fue imposible para mí no recordar las lecturas del libro de Carson. La primavera era tranquila en medio de un mar de soja, cuando, temprano por las mañanas a la salida del sol, el silencio era ensordecedor y no había canto de los pájaros ni vuelo de mariposas y abejas. Me sorprendió mucho escuchar las historias de la desazón de los habitantes de una de las ciudades más ricas del país. La asociación civil Madres de Barrios Fumigados de Pergamino contaba historias de enfermedades producidas por la contaminación ambiental que deja huellas en los cuerpos causadas por los agroquímicos. Sus relatos estremecen el alma de cualquiera que esté dispuesto a escucharlas.

Rápidamente, me di cuenta de que estaba asistiendo en primera persona a ver los daños colaterales que produce la agricultura industrial. Era difícil no pensar si los dólares recibidos por cada grano de soja exportado pagan cada gramo de suelo, cada gota de agua y el sufrimiento de tantas personas afectadas por las externalidades de este sistema de producción injusto. Por todo esto es necesario que la producción agrícola en Argentina se base en las tres dimensiones de la sustentabilidad: la económica, la ambiental y la social.

En el año 1992, se celebró en Río de Janeiro el Earth Summit donde se consolidó la acción de las Naciones Unidas en relación con los conceptos relacionados con el ambiente y el desarrollo sustentable. En dicha conferencia, se acordaron 27 principios relacionados con la sustentabilidad que se materializaron en un programa mundial conocido como Agenda 21. Luego de estas acciones concretas, comenzó a estallar una conciencia global. Desde el Informe Brundtland hasta la fecha, ha aumentado y se ha sistematizado el conocimiento sobre los sistemas socioecológicos desde las ciencias naturales y desde las ciencias sociales, pero también a partir de enfoques multidisciplinares o transdisciplinares (PNUMA, 2017). De este modo, conocemos mejor el sistema Tierra, y, en los últimos años, ante las evidencias de una crisis socioambiental, los debates sobre cambios ambientales globales han pasado de un enfoque biofísico a una perspectiva sobre los procesos socioculturales que interactúan con el ambiente (CICS/UNESCO, 2015).

El diagnóstico de una crisis socioambiental, así como sus causas, se ha ampliado y ha sido respaldado por instituciones públicas y academias nacionales e internacionales (Brundtland, 1987). Por lo tanto, es evidente que se ha convertido en un tema importante tanto en los ámbitos públicos como privados, y esto ha fortalecido un espacio de discusión y conversación sobre la sustentabilidad socioecológica. En las últimas tres décadas, el concepto de desarrollo sostenible ha sido el centro del debate sobre la necesidad de la sustentabilidad. No obstante, esta idea ha sido objeto de controversia debido a que ha sido utilizada para expresar una variedad de perspectivas sobre el debate socioambiental, desde las más tradicionales hasta las más radicales (Dryzek, 1997; Hopwood, Mellor y O’Brien, 2005).

Sin embargo, a pesar de la toma de conciencia sobre la crisis ambiental, la mayoría de las tendencias negativas en los sistemas ecológicos se profundizan, se aceleran y, a veces, se refuerzan mutuamente. Los impactos de estos cambios son reales y afectan a individuos y comunidades (humanas y no humanas) en el mundo; y las proyecciones de escenarios Business as usual (en castellano “negocios como siempre”) anuncian un colapso en un futuro próximo (Beck, 2015; Oreskes y Conway, 2014). En este contexto, la ciencia y los actores del campo se han dirigido a la comunidad mundial para diseñar colectivamente una transición hacia la sustentabilidad socioecológica. Se ha cuestionado el papel tradicional del científico desinteresado, neutro e imparcial, y se ha llamado a la transformación de la ciencia para construir juntos una ciencia transformativa (Schneidewind, Singer-Brodowski y Augenstein, 2016).

Diagrama de la sustentabilidad

 

Fuente: Informe Brundtland (1987).

Para Bourdieu,

el mundo de la ciencia […] está constituido por relaciones de fuerzas, fenómenos de concentración del capital y del poder, o incluso de monopolio, de relaciones sociales de dominación implicando un control de los medios de producción y de reproducción (Bourdieu, 1999, pp. 27-28).

Esta propuesta implica que no se pueden distinguir determinaciones científicas y sociales de la producción científica, dado que el campo científico es un campo de lucha simultáneamente científica y política. Como lo muestra Fernando Estenssoro (2014) sobre la crisis ambiental como fenómeno político, a pesar de algunas experiencias y propuestas comunes entre América Latina y el norte global, los discursos científicos no son neutros y responden a visiones del mundo y valores compartidos por las comunidades académicas cuyos miembros participan en la construcción y circulación del saber.

Los discursos latinoamericanos sobre sustentabilidad socioecológica están directamente vinculados a la experiencia de la colonización y a la situación actual de la región en la semiperiferia de la economía mundo capitalista, con una actividad económica fuertemente centrada en los recursos primarios y el extractivismo, dependiente de los centros de poder global. Recordemos que la agricultura en el actual modelo es reconocida como industrial o extractivista, por el empobrecimiento que están sufriendo los suelos, en especial los de la pampa húmeda, como resultado de la cantidad de nutrientes que se extraen en cada cosecha y son exportados como granos. Así, las experiencias de expropiación de tierras, de su explotación por terceros, la exposición brutal a las fuerzas del mercado mundial sin medios para contrarrestar las externalidades socioeconómicas y ambientales negativas, la exposición a múltiples poluciones sin restricciones legales vinculantes, la urbanización desregulada, entre otros fenómenos, han generado unos marcos culturales específicos para la interpretación de cuestiones socioambientales. En consecuencia, en América Latina algunos discursos sobre la sustentabilidad reflejan los debates sobre multiculturalismo, justicia social y luchas por el reconocimiento, que consideran las relaciones de dominación establecidas por el capitalismo y la sociedad industrial (Adams, 2001; Estenssoro, 2014).

Reflexiones finales

En Argentina, el modelo de agricultura industrial predominante resultó en conflictos socioambientales que provocaron la pérdida de la confianza en la razón técnico-instrumental fundada en la ciencia. La falta de capacidad de los Estados para abordar estos problemas sociales es uno de los motivos principales del conflicto y sus efectos. Esta situación fomenta la búsqueda y el surgimiento de nuevas formas de producción más respetuosas con el ambiente. No hay actualmente un sistema productivo que pueda sustituirlo en cuanto a la producción de commodities, que cubre casi todas las hectáreas de producción agrícola destinadas al mercado internacional, en cuanto tanto a su capacidad operativa, como a los volúmenes producidos. Vivimos un momento de transición hacia un nuevo paradigma productivo que deberá tener en cuenta los aspectos humano, social, cultural, ambiental y ético. Las futuras generaciones tendrán que enfrentar los peligros que conlleva el rápido cambio tecnológico, más asociado a las faltas de controles que las características de dichas tecnologías.

Es necesario descolonizar el Estado, el poder y las formas de conocimiento. La descolonización está en el proceso de elaboración de políticas que incluye discusiones críticas sobre las circunstancias y rutas en las que se implementa el modelo de desarrollo. Se debe revalorizar el conflicto en todos los ámbitos como forma de mantener el debate, y el Estado debe ser el instrumento de administración de los recursos de la sociedad, y no un propietario de estos.

Sin embargo, la discusión no debe limitarse únicamente a las consecuencias ambientales. Para superar las objeciones del poder hacia los cambios de paradigmas, se requiere tensar el modelo actual de acumulación y sus herramientas neocoloniales de control, y lograr que la sociedad participe en la discusión de sentidos alternativos que fomenten el cambio hacia un modelo sustentable. El sistema de producción agrícola actual, que se basa en la tecnología de insumos, está desequilibrado social, ambiental y económicamente. Para poder iniciar un cambio, debemos deconstruir la narración predominante, lo que implica evitar confundir el mercado con la necesidad de proveer alimentos al mundo.

La revitalización de las fuerzas productivas que están en armonía con la naturaleza para garantizar la viabilidad de los proyectos agrícolas y mantener un equilibrio energético favorable resulta clave en una nueva etapa. Se debe reformular el modelo productivo actual. Resulta ineludible un compromiso fuerte del Estado para establecer, instrumentar y controlar políticas económicas, sociales y ambientales que den prioridad al bienestar de la sociedad. Es forzoso tener en cuenta la función social de la tierra y asegurar una política productiva sostenible que detenga los procesos de concentración de la tierra y el capital que se han acelerado en los últimos años, tal como se evidencia en los datos de los últimos cuatro Censos Nacionales Agropecuarios. El gobierno deberá actuar rápidamente para asegurar la preservación del ambiente y la buena salud de las personas.

Una redefinición del concepto de ciudadanía basada en la equidad social, la igualdad de oportunidades, la protección de los ecosistemas y la profundización democrática es parte del potencial ético-político fundamental del marco de un modelo productivo sustentable. Según esta perspectiva, se deberán comprometer a redefinir los objetivos éticos de la política, por lo que su formulación es un aporte significativo a los desafíos que enfrentamos actualmente en el contexto de la globalización y la producción alimentaria en Argentina.

Es importante tener en cuenta que la sociedad civil y el sector productivo deben establecer una agenda conjunta con el Estado basada en el concepto de bien común y de democracia, aportando una visión y una cultura que permitan avanzar hacia sociedades sostenibles. En Argentina, la colaboración entre diversos movimientos ecologistas, feministas y de derechos humanos ha permitido establecer nuevas áreas de debate, reducir los efectos de la globalización y frenar las que van en contra de los objetivos de sustentabilidad socioambiental. Para lograr el progreso sostenible, es forzoso establecer una definición moral de la ciudadanía. Esto es una opción por la equidad social, la sustentabilidad ambiental y el fortalecimiento de la democracia.

Al incorporar sus aspectos sociales, ambientales y políticos, el paradigma de la sustentabilidad demuestra claramente la necesidad de una transición de agendas sociales y ambientales a una agenda sistemática e integrada. Además, es un marco que fomenta una mayor articulación entre propuestas sectoriales a nivel local, regional, nacional o supranacional. Esto puede ayudar a pasar de agendas temáticas aisladas a una común. Asimismo, fortalece la postura de los ciudadanos hacia el bien común como un factor de sustentabilidad y gobernabilidad, y al mismo tiempo enriquece y fundamenta una visión crítica de la lógica neoliberal que es predominante en las opciones de desarrollo actuales. La importancia política del marco de sustentabilidad se sostiene principalmente en sus bases éticas basadas en el bien común y su capacidad para ser articulado por diversos movimientos sociales. Desde el punto de vista propuesto, esto fortalece los derechos de propiedad actuales de los campos, además de valorar la tierra como bien común y la importancia de asegurar su permanencia como un bien de alto valor estratégico para el país.

La perspectiva de muchos movimientos ambientales es más amplia y se enfoca en el comportamiento responsable con el ambiente y la naturaleza, buscando una relación de reciprocidad y cooperación entre las personas y los otros sistemas vivos que componen la naturaleza. Actualmente, se está debatiendo el paradigma de la producción agrícola debido a su perspectiva economicista, tecnocrática y mecanicista. Para ello, es imprescindible incluir la discusión sobre cómo concebir el futuro, enfatizando el concepto de sustentabilidad en contraposición a la construcción patriarcal, antropocentrista y materialista.

Finalmente, es importante destacar que en la actualidad no solo hay muchas definiciones diferentes del término “sustentabilidad”, sino que también existe una distinción política clara entre cómo se define en las ONG ambientalistas y en los estamentos gubernamentales o empresariales. El mercado se limita a mantener el crecimiento económico en términos de producción exponencial, lo que claramente va en contra de los límites físicos del suelo y el ambiente. La perspectiva ambiental también busca una sociedad más equitativa, justa, democrática y respetuosa de los límites del planeta. Los nuevos sistemas políticos que se están generando a inicios del siglo xxi se basan sin duda en la diversidad de perspectivas que aportan los paradigmas y marcos conceptuales de los diversos movimientos socioambientales, lo que garantiza la riqueza, estabilidad y sustentabilidad democrática.

Mi experiencia en el trabajo de territorio no ha socavado mi fe en la decencia y la capacidad de cambio de las personas, sino que la ha fortalecido. Es sorprendente que, en los últimos años, haya habido un aumento en el número de organizaciones no gubernamentales que se dedican a la protección del ambiente en todo el país y en especial en la región pampeana siempre con una alta participación femenina. Creo firmemente que habrá momentos de transformación en el campo en donde las mujeres, que hasta ahora no han estado involucradas en la toma de decisiones, desempeñarán un papel crucial en la transformación hacia un nuevo campo en la Argentina.

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