Las reformas de los noventa en la Argentina

A comienzos del siglo xxi, hablar de los noventa se volvió una referencia común para los analistas de la Argentina (Novaro 1999:13), y un modo de organizar significativamente los acontecimientos que se sucedieron entre 1989 y el 2001^[1]. Los noventa se abren en este país con la percepción generalizada de una crisis y un acelerado proceso de transformaciones. Caracterizaron el período, la crisis hiperinfla­cionaria de 1989 y un amplio programa de reformas de orientación neoliberal, llevadas adelante por el presidente Menem para enfrentarla (Martuccelli y Svampa 1997; Palermo y Novaro 1996; McGuire 1997). Frente a la amenaza de continuidad de la crisis, como una sanción que padecían todos los argentinos, la retórica de Menem desplegó una evaluación que justificaría moralmente reformas abruptas de: la economía, la política, el Partido Peronista y la sociedad^[2]. Sin reformas neoliberales, como las que él aplicaría, no habría salvación posible, el mal no se detendría, seguiría implacablemente acechando a la Argentina. Si bien hubo manifestaciones de resistencia a sus reformas, el desacuerdo fue prácticamente incapaz de convertirse, durante el período, en una fuerza de oposición político-electoral. La aquiescencia y la ausencia de alternativas políticas, se convirtieron entonces, en una de las principales preocupaciones de los analistas (McGuire 1997; Palermo y Novaro 1996; Levistky 2001). Una vez que el Plan de Convertibilidad – el plan de estabilización monetaria- detuvo los efectos del mal –la inflación y la devaluación de la moneda–, aquella justificación moral encarnó en la realidad arraigando conceptos propios del neoliberalismo, tales como: el “achicamiento del Estado”; o la idea de que el bien común es el resultado de la competencia en la búsqueda del interés privado, más que una definición pública e histórica patrimonio del Estado. A partir de entonces los reacomodamientos del campo político fueron tan acuciantes como esquivos a su comprensión, ¿de qué manera quedaría sitiada la política en la Argentina?, ¿cuáles serían los hitos de su resignificación?, son algunas de las preguntas claves para comprender el campo político durante el período.

Ofreceré en este capítulo un panorama de las reformas y transformaciones ocurridas durante los noventa en la Argentina, porque han sido escenario de la compleja intersección entre política y moralidad en la ciudad de Uriarte. Los eventos que describiré en los próximos capítulos suceden entre personas que tratan de darle sentido a “la política”, en un escenario de rápidas transformaciones y renovación de las justificaciones de esas transformaciones. Con el propósito de dar cuenta de los principales condicionantes de aquella búsqueda de sentido y orientación, describiré principalmente las transformaciones del campo político.

Las reformas inducidas por el gobierno del presidente peronista Carlos Menem (1989-1999) alcanzaron significativamente al intendente, los concejales, funcionarios, dirigentes políticos, militantes, villeros y vecinos de Uriarte en tres órdenes: el institucional, el partidario y el personal. En el orden institucional porque el municipio es un nivel subordinado de gobierno, en el partidario porque ambos gobiernos pertenecían al Partido Peronista. Pero sería en el orden de las relaciones personales donde las transformaciones producidas desde el orden nacional se hacían localmente ineludibles. Eduardo Duhalde, principal político peronista de Uriarte, formaría parte, como vicepresidente de Menem entre 1989 y 1991, del programa de reformas políticas y económicas más profundo de las últimas décadas. Posteriormente le daría su apoyo como gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta que se inició la competencia por la sucesión presidencial entre ambos de cara a las elecciones de 1999^[3]. Duhalde sería finalmente el sucesor oficial por el peronismo aunque acabó derrotado por la coalición opositora en octubre del ‘99.

Dramatización de la crisis y reformas neoliberales

Como la mayoría de los comerciantes de las ciudades del Gran Buenos Aires y del interior del país, Moira, la propietaria de un comercio de lencería de Uriarte, había concurrido ese día a trabajar a su negocio. La información de la radio y los rumores que circulaban en el centro comercial de la ciudad la obligaron a tomar la decisión de cerrar el local. Buscó algunos materiales y pidió a un amigo que la ayudara a tapar la vidriera. Dispuesto a ayudarla, su amigo, un joven estudiante universitario bastante ajeno a los miedos de Moira, intentó tranquilizarla relativizando los rumores, mientras ella demostraba su temor repitiendo: “los villeros vienen por la Avenida Roca, hace una hora pasaron por Lanús… ya saquearon allá y vienen para el centro de Uriarte”. Los acontecimientos de mayo de 1989 contribuían a la verosimilitud del relato: los saqueos que se habían producido por esas horas en Buenos Aires y algunas ciudades del interior del país, su difusión permanente por los medios masivos de comunicación, la incertidumbre generalizada de los aumentos incesantes de los precios y del dólar, y la desesperación de los comerciantes completamente indefensos. Aunque no se produjeron saqueos en la ciudad de Uriarte, su verosimilitud quebraría aquí, como en otras ciudades^[4], los límites sociales y espaciales entre los villeros y las clases medias, de la ciudad. Los villeros, habitualmente relegados al espacio de la villa, se convirtieron en reales y potenciales: invasores y saqueadores, de comercios y supermercados. Esta transposición espacial de los sectores sociales completamente extraordinaria potenció la perplejidad, la incertidumbre y el miedo de la población frente a la dificultad de sostener las prácticas cotidianas.

En medio de este clima adverso, el presidente Alfonsín culminaba estrepitosamente su gobierno. Había asumido en 1983 el liderazgo de la transición democrática lidiando en diversos frentes y con grados de éxito muy dispares con los problemas relativos a la “reinstauración de la democracia” en la Argentina. Estos problemas se referían principalmente a: la cuestión militar y el terrorismo de Estado, la crisis de la deuda externa, la cultura política autoritaria y la inflación (Tedesco 1999). Entre ellos este último acabó siendo el problema más difícil de enfrentar. Una sucesión de planes económicos destinados a la estabilización monetaria como el Plan Austral (1987) y el Plan Primavera (1988), habían fracasado (Haggard y Kaufman 1995:196). Finalmente la crisis hiperinflacionaria, interpretada también como golpe económico o de mercado (Sidicaro 2001:77), los saqueos con 14 muertos y 80 heridos^[5], obligaron al Presidente Alfonsín a entregar anticipadamente el mando el 8 de julio de 1989, cinco meses antes de la fecha constitucionalmente prevista.

Los argentinos, acostumbrados por décadas a un índice inflacionario que rondaba el 20%, se vieron superados en su capacidad de anticipación y generación de estrategias para hacer frente a índices que llegaron a 78,5% en mayo, 114,5% en junio y 196% en julio de 1989. Sobre todo durante este año, el valor del dólar crecía velozmente y, con él, ascendían diariamente los precios al consumidor. Este hecho y el consiguiente deterioro de los salarios quebraron la certidumbre de la población de ingresos bajos y medios, quienes destinaban el mayor porcentaje de sus salarios a la adquisición de alimentos.

Pero a pesar del desarreglo institucional que produjo la crisis, prevaleció la idea de una salida políticamente ordenada: el sistema democrático había dado una respuesta institucional sin paréntesis alguno, garantizando la continuidad del régimen. Las elecciones nacionales efectuadas el 14 de mayo de 1989 en plena escalada hiperinflacionaria habían dado como fórmula triunfadora al Partido Peronista integrada por Carlos Menem, gobernador de la provincia de La Rioja y Eduardo Duhalde, primero intendente de Uriarte (1983-1985) y luego diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (1985-1989).

Esta vez, el drama principal de la sociedad argentina no sería el retorno a la violencia política y el autoritarismo de los gobiernos de facto, como había sucedido durante el gobierno del presidente Alfonsín, sino la amenaza constante de un retorno a la imprevisibilidad de la pérdida acelerada del valor del dinero. La incapacidad de administrar ingresos que se degradaban sustancialmente minuto a minuto había convertido la situación en una de gran dramatismo, de quiebre en la percepción de las certezas temporales y espaciales (Aboy Carlés 2001:165).

Que los acontecimientos vividos durante el año 1989 se instalaran en la vida política argentina como un fenómeno dramáticamente extraordinario es inseparable de los esfuerzos retóricos del presidente Menem por dramatizar la crisis,

“Porque cada uno de los argentinos conoce perfectamente hasta dónde ha llegado esta crisis, que todo lo derrota y que todo lo destruye. Porque toda la ciudadanía sabe que no miento, si afirmo que estamos viviendo una crisis dolorosa y larga. La peor. La más profunda. La más terminal. La más terrible de todas las crisis de las cuales tengamos memoria. Por eso no les vengo a hablar de tiempos perdidos. Los vengo a convocar para el nacimiento de un nuevo tiempo. De una nueva oportunidad. Tal vez la última… El país más hermoso es el que todavía no construimos; el más glorioso es el que todavía no amaneció… Es la hora de eliminar lo caduco y dar la bienvenida a lo que nace” (discurso de asunción del presidente Menem, el 8 de julio de 1989).

Durante sus años de gobierno agitaría regularmente el fantasma de la hiperinflación, de la crisis y del “estallido social”, para reafirmar como única salvación nacional sus reformas neoliberales (Aboy Carlés 2001:197; Palermo 1999:200). Estaba claro que la democracia había dado una respuesta institucional satisfactoria, permitiendo el traspaso del mando de diciembre a julio de 1989, pero no había conseguido devolver la certidumbre y previsibilidad de los acontecimientos a la población. El restablecimiento del orden económico y, fundamentalmente, de la separación espacial de la población potencialmente saqueadora y saqueada, fueron un mérito de Menem. La democracia por sí sola no había podido evitar la crisis y el caos económico, era Menem quien podría alcanzar el camino de la salvación, mientras identificaba como origen de la crisis la política intervencionista del Estado (Palermo y Novaro 1996:115-116; Lo Vuolo y Barbeito 1992:13). Su evaluación moral provocaría un reacomodamiento de los límites sociales y políticos, la salvación para los argentinos.

La política del Estado quedó progresivamente desprestigiada en los años noventa. Bajo el imperio del liderazgo personalista de Menem (McGuire 1997:231), se imponía una fe ciega en el poder y la racionalidad del mercado; una convicción arraigada por el miedo, la desesperación y la desesperanza. La retórica del gobierno del presidente Menem, sostenida por una evaluación moral que dramatizaba la experiencia de los acontecimientos, enarbolaría las banderas de un Estado mínimo, no interven­cionista y una economía de mercado, como la única forma de acabar con la crisis. Ubicado en la política nacional como el vencedor de la crisis hiperinflacionaria (Aboy Carlés 2001:166; Palermo y Novaro 1996:235; McGuire 1997: 216; Torre 1999: 43), a Menem le fue posible justificar el viraje que tuvo su gobierno, durante los noventa, respecto de los ejes de la campaña electoral de 1989 y de las bases programáticas tradicionales del Partido Peronista, según las cuales la intervención social y económica del Estado eran un componente esencial de la política económica.

En suma, si bien la crisis era económica y social, con hiperinflación y estallidos sociales producidos por la pulverización de los ingresos, “la política” acabó ocupando el centro de la escena. Como veremos en las próximas secciones esta vez el problema no era la “falta de política”, como durante la transición democrática desde el último gobierno de facto (1976-1983), cuando la actividad política fue prohibida, sino un “exceso de política” en la vida económica (Sidicaro 2001:67; Cavarozzi 2002:81). Las reformas neoliberales de Menem atacarían el corazón de las políticas de intervención del Estado consolidadas en su mayoría durante el primer gobierno de Perón en 1945 (McGuire 1997:216; Martuccelli y Svampa 1997:41; Levitsky 2001:27). Así el “giro” de Menem (Palermo y Novaro 1996:214; Levitsky 1997:28; Sidicaro 2001:56) desafió: las concepciones que habían dominado el pensamiento político y económico argentino del último medio siglo, las clasificaciones sociales y políticas existentes hasta entonces y, fundamentalmente, las prácticas que sustentaban esas concepciones.

Peronismo, menemismo y democratización

El menemismo se conformó durante los noventa como una versión del peronismo capaz de revertir la debacle interna producida por la derrota electoral de 1983, en un escenario democrático. Más allá de las discusiones y evaluaciones académicas sobre el carácter democrático del gobierno de Menem (O’Donnell 1991; McGuire 1997; Palermo y Novaro 1996), cabe destacar su trayectoria y posición al respecto. Menem había acompañado el proceso de “democratización del peronismo” iniciado en 1985, liderado por el dirigente de la provincia de Buenos Aires Antonio Cafiero, convertido luego en gobernador provincial entre 1987 y 1991. La Renovación Peronista, como se denominaba a esta facción, se había propuesto convertir al Movimiento Peronista en un partido democrático (Palermo y Novaro 1996:196; Aboy Carlés 2001:283; McGuire 1997: 21). Este propósito no sería compartido por todos los peronistas. Los Ortodoxos, declarados detractores de la Renovación, junto a grupos de izquierda peronista como Montoneros, conformarían una oposición fundada en el temor a la pérdida de identidad peronista, por la semejanza de la Renovación con la facción alfonsinista del Partido Radical.

En las elecciones peronistas internas para la elección del candidato presidencial de 1989, Menem le ganaría al líder de la Renovación, contando como aliados a los opositores de esta facción. Su versión de la “democratización” del peronismo consistía en “terminar con las viejas antinomias” que hacían que todo no-miembro del peronismo fuera considerado un “antiperonista”. Así durante sus primeros años de gobierno sus discursos, tanto como sus alianzas políticas con los antiguos antiperonistas, estaban orientados a la “reconciliación” es decir a la disolución de esas antinomias que le impedían afirmar un gobierno de “unidad nacional”. Uno de los recursos utilizados por Menem fue el de resignificar la historia argentina juntando personajes que representaban referentes de genealogías completamente opuestas^[6], incluso del enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas:

“Yo quiero ser el presidente de la Argentina de Rosas y de Sarmiento, de Mitre y de Facundo, de Ángel Vicente Peñaloza y Juan Bautista Alberdi, de Pellegrini y de Irigoyen, de Perón y Balbín. Yo quiero ser el presidente de un reencuentro, en lugar de transformarme en líder de una nueva división entre hermanos. De ahí que haya asumido la firme convicción de convocar a hombres del más variado pensamiento nacional, para integrar mi gobierno. Porque creemos que la Nación se afirma sobre una identidad común. Y porque estamos convencidos de que ha llegado el momento de construir sobre nuestras coincidencias, en lugar de destruir sobre nuestras discrepancias” (discurso del presidente Menem, 8 de julio de 1989).

Otro de los recursos fue su rechazo al tradicional enfrentamiento entre la denominada oligarquía argentina, ligada a la producción agrícola-ganadera, orientada al mercado externo y de tradición “antiperonista”, y los trabajadores e industriales urbanos, atraídos por la política peronista de crecimiento orientada al mercado interno:

“Señalé que debíamos abandonar para siempre la perversa antinomia campo versus ciudad, para integrar a estos segmentos productivos en un proceso fecundo y clave… nosotros no sostenemos aquella doctrina que indica que la patria termina en la persiana de una fábrica industrial” (discurso del presidente Menem en la ceremonia del 135 aniversario de la Bolsa de Cereales, 24 de octubre de 1989).

Entonces, la “democratización del peronismo”, tal como la entendería Menem, significaba la disolución de la intolerancia producida por las “viejas antinomias políticas”, que como veremos conduciría a una suerte de homogeneización política. La compatibilidad del peronismo con un programa económico neoliberal y con sus fundamentos programáticos, se hizo gracias a la confluencia de dichos sectores. Según señalan Palermo y Novaro el costo de la desactivación del antagonismo populista peronista pueblo-oligarquía fue de “una fuerte despo­litización” frente a la pérdida de legitimidad de la revolución peronista (1996:390-391). Desde esta visión Menem habría podido completar este proceso de desactivación populista del peronismo, sustituyendo la identidad por alteridad, por una identidad por escenificación superficial y entorno al líder (Palermo y Novaro 1996:393). En cambio McGuire (1997), al intentar determinar los avances del peronismo de Menem en el proceso de institucionalización democrática, no presta ninguna atención a la disolución de los antagonismos, sino al funcionamiento de los mecanismos que legitiman el derecho del adversario de competir por el poder. Su argumento principal es que durante el menemismo el peronismo retrocedió en el proceso de convertirse de movimiento en partido democrático, al anular la competencia de adversarios (McGuire 1997: 217). El debate sobre el fenómeno pivotea en los factores que inhibieron la democratización del peronismo y, según se desprende de estas interpretaciones, obedeció menos al componente populista –desdibujado en los noventa- que al rechazo al derecho a la competencia política de los opositores. Según se advierte, a ello se agrega el hecho que no habiendo enemigos, ni adversarios, ni opositores, como sucediera en el período, se produjera un trastrocamiento de la comunidad política, rasgo clave de los noventa.

Sorprendentemente, al tiempo que anulaba la oposición política durante este período, Menem imponía reformas que desterraban la política de intervención social del Estado consagradas por el peronismo de los años cuarenta en la Argentina. La política de intervención social del Estado en su etapa populista había crecido al abrigo de las primeras presidencias del general Perón (Lo Vuolo y Barbeito 1992:59 n19). Estaba basada en la centralidad del Estado, como agente de regulación de la actividad económica en el proceso de industrialización por substitución de importaciones y como agente empresario: “El Estado era el centro de las transferencias intersectoriales y del sostenimiento de la demanda con su gasto, asumiendo además la producción directa de insumos estratégicos, de algunos bienes de capital y la construcción de infraestructura básica” (Lo Vuolo y Barbeito 1992:60). Durante su primer gobierno, Perón nacionalizó los ferrocarriles hasta entonces en manos de capitales ingleses, y promovió la estatización de empresas de producción de insumos básicos como el acero. El peronismo estaba fuertemente identificado en la imaginación política con la regulación estatal de la economía, con políticas de redistribución del ingreso y de asignación de derechos laborales que dieron gran poder al sindicalismo dentro del Movimiento Peronista^[7].

Hasta la campaña electoral que lo llevaría a la presidencia, Menem sostuvo su adhesión a las bases programáticas del peronismo bajó el lema “síganme no los voy a defraudar”. Sus promesas de “revolución productiva” y “salariazo”, evocaban la política “intervencionista” del Estado, la reindustrialización del país como en los tiempos de Perón, y el aumento de los ingresos de los trabajadores. Pero al asumir la presidencia el contenido concreto de la política económica de sus próximos diez años de gobierno causó gran estupor, desconcierto e incluso indignación. Si bien, en forma discontinua, intermitente e inorgánica, sus palabras y sus actos fueron leídos como una “traición” al pueblo y al peronismo, esta interpretación no consiguió dividir al peronismo, ni producir organización alguna en su contra, más que la de la prensa (Martuccelli y Svampa 1997:48). El presidente Menem lograría la confianza de Bunge y Born, uno de los grupos económicos más poderosos de la Argentina. Esta empresa, una de las más importantes de la Argentina era un símbolo del antiperonismo luego que Montoneros, una facción guerrillera del peronismo, secuestrara en los ’70 a Jorge y Juan Born, dos de sus dueños. El grupo Bunge y Born le proveería a Menem de sus dos primeros ministros de Economía, hasta el arribo a su gobierno del autor del Plan de Convertibilidad, el economista Domingo Cavallo. También conseguiría la alianza de reconocidos partidarios del liberalismo económico y de la apertura de la economía al mercado externo, como Álvaro Alsogaray.

Para decepcionados con el menemismo e interesados en la desaparición del populismo, el “giro” se convirtió en un presagio de la pronta desaparición del peronismo. Sin embargo los sucesivos triunfos electorales de 1991, 1993 y la reelección presidencial de Menem en 1995, llevaron a un examen más profundo, sobre todo entre los analistas políticos, de las bases de su continuidad. Varios interrogantes capturaron la atención, desde la pregunta por la contribución del gobierno menemista a la democratización en la Argentina (O’Donnell 1991; McGuire 1997) o cómo consiguió Menem sostener su legitimidad habiendo horadado, con sus medidas económicas liberales, las bases sociales e ideológicas que le dieran sustento al peronismo (Palermo y Novaro 1996:131; Aboy Carlés 2001:308); pasando por cómo la organización barrial había contribuido a la “adaptación del peronismo al giro a la derecha” del gobierno de Menem (Levistky 2001:39; Auyero 2001:202); e incluso cuáles eran las bases de la coexistencia entre lealtad electoral y erosión de la “estructura del sentir” del peronismo (Martuccelli y Svampa 1997:13). Algunos de estos trabajos se concentrarían en enfatizar las continuidades entre peronismo y menemismo (McGuire 1997; Levitsky 2001), y otros enfatizarían las discontinuidades en el sentido de iluminar la desaparición de la identidad peronista (Martuccelli y Svampa 1997; Palermo y Novaro 1996).

En cualquier caso, poca atención se ha prestado a la reconfiguración de los clivajes sociales y políticos producidos por la operación simbólica menemista, excepto en términos negativos como: “crisis de identidades sociales”, “vaciamiento ideológico”, “desafección política” (Martuccelli y Svampa 1997:18, 44, 48). Es este vacío en la investigación sobre la cuestión que me interesa ocupar, cambiando el foco hacia las transfiguraciones de la comunidad de referencia y pertenencia política que habilitaran las evaluaciones morales impuestas por el menemismo.

Fue realmente sugestivo que el esfuerzo por subrayar las diferencias del menemismo con el peronismo podía encontrar a quienes estaban, hasta entonces, política e ideológicamente distanciados, y provocar, tanto el apoyo como el rechazo a Menem. Quiero decir que el mismo razonamiento podía llevar a un peronista a oponerse a Menem, acentuando las diferencias que lo separaban del peronismo del ’45, hasta decidir abandonar las filas del peronismo; en tanto podía llevar a un antiperonista partidario del liberalismo y del mercado a usar esas diferencias para apoyar a Menem. De este modo, la figura de Menem, sus discursos y gestos, conseguirían licuar las viejas antinomias sociales y políticas producidas en torno del peronismo, conciliando lo hasta ese entonces irreconciliable. Liberales y populistas se reencontrarían en el menemismo. Al paso que Menem rompía, con sus discursos y sus prácticas, la asociación entre peronismo y populismo (Aboy Carlés 2001:261) convirtiendo al peronismo en un movimiento liberal, expulsaba a sus márgenes la antigua aspiración a una sociedad con menores distancias sociales (Aboy Carlés 2001:305).

Al intentar unir aquello que había sido históricamente impensable y por eso imposible, Menem se convirtió en un gran disruptor, un productor de escándalos. Estos no comenzaron siendo escándalos por corrupción, los que como veremos en el capítulo VII se precipitaron a fines de 1996, sino escándalos producidos por gestos y prácticas que atentaban contra los principios de visión y división de la política en la Argentina. Por ejemplo, abrazar al almirante Rojas, aquel que había simbolizado al antiperonismo desde su derrocamiento en 1955, o elegir el 17 de octubre para la firma de la reglamentación del derecho de huelga que cercenaba “conquistas históricas” del peronismo (Palermo y Novaro 1996: 141).

Estos actos no eran pasajeros, sino reevaluaciones morales de las divisiones políticas que, al desafiar los límites entre los buenos y los malos, introducían una gran perplejidad. Pero el hecho de que al mismo tiempo que sucedía aquello, el menemismo renunciaba a una sociedad con menos desigualdades sociales, las consecuencias morales de este proceso no sólo se multiplicaban sino también se volvían paradójicas. La licuación de las “viejas antinomias”, un hecho moral en el sentido que negaba los enfrentamientos políticos, dejaba paso subrepticiamente a clivajes sociales y políticos que homogeneizaban a la sociedad argentina pero ocultando las desigualdades. Tal como veremos sucedería con la aplicación de la categoría de vecino.

Menem hizo plausibles estas transformaciones, apelando convincentemente a la dramatización de la crisis vivida y a la imperiosa necesidad de alejarse de ella. El camino trazado por su gobierno no tenía alternativas ni desvíos, era único y, ciertamente, los acontecimientos internacionales de finales de los ’80 también le sirvieron para reforzar la unidimen­sionalidad del pensamiento político: la caída del Muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y el proceso de globalización, contribuyeron a reafirmar la dirección del gobierno de Menem (McGuire 1997:216). El cambio radical del contexto mundial le exigía adaptar al peronismo a las nuevas circunstancias y con él, al campo político argentino. Perón hubiera hecho lo mismo, afirmaba Menem en tanto acusaba a sus detractores y críticos de dentro del peronismo de “haberse quedado en el 45”, en los orígenes del movimiento^[8]. En suma el peronismo de los noventa era el menemismo, no había otro sitio para un peronista. Los que abandonaron sus filas renunciarían a llamarse peronistas y los que se quedaron en los distintos ámbitos de la política confirmarían la fuerza retórica de sus palabras aunque buscaran en este complejo escenario, y como mostraré en los siguientes capítulos, encontrar algún sentido moral a “la política” y al “ser peronista”.

Los que se quedaron y los que se fueron

El presidente Menem abrió la economía al mercado externo, inició la privatización de las empresas públicas de: aeronavegación, ferrocarriles, telecomunicaciones, energía eléctrica, gas y petróleo; desreguló el mercado de trabajo; privatizó el sistema jubilatorio, en la dirección contraria a la que Perón sentó en sus primeros gobiernos, y sin discusión partidaria alguna (Sidicaro 2001:56; McGuire 1997:216; Palermo y Novaro 1997:221). Sólo un grupo de ocho jóvenes diputados del peronismo se atrevió a solicitar un diálogo más fluido entre las fuerzas peronistas, demandó primero el “derecho a disentir” (McGuire 1997:249) y luego rompió filas, no sin antes recibir la acusación de “traidores” por quienes eligieron quedarse en el peronismo. Encabezado por Carlos “Chacho” Álvarez, el denominado Grupo de los Ocho, se fue oficialmente del partido luego del indulto de Menem a los militares juzgados durante el gobierno de Alfonsín por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983). Primero se unirían al Frente Grande y luego, para enfrentar en las elecciones de 1995 a Menem y a un Partido Radical debilitado por la firma del denominado Pacto de Olivos, formarían el Frente País Solidario. Su oposición a la corrupción y al desempleo generado por las reformas neoliberales le permitió alcanzar entonces el segundo lugar. Este frente finalmente se uniría al radicalismo en 1998, con la fórmula De La Rúa-Chacho Álvarez, imponiéndose en las elecciones del ’99 al candidato del Partido Peronista^[9], ex vicepresidente de Menem y gobernador de la provincia más rica de la Argentina, el doctor Eduardo Duhalde.

Chacho Álvarez y sus seguidores ya no se reconocerían como peronistas. El desprecio que ganarían entre “los que se quedaron” tampoco tendría retorno. Después que decidieran aliarse al Partido Radical, el tradicional partido opositor al peronismo, su “traición” al peronismo sería imperdonable. Porque no eran traidores quienes al dejar el peronismo también dejaban la política, es decir quienes decidían retirarse definitivamente de la arena política, sino quienes decidían desafiar la política peronista de Menem desde otra fuerza partidaria. La fuerte sanción que pesaba sobre los traidores intentaba, de algún modo, evitar la fuga hacia las filas de Álvarez. Posiblemente durante estos años el número de disidentes de “la política” haya sido también significativo, pero poco se ha indagado sobre las condiciones, motivaciones y trayectorias de éstos.

Si el presidente de la transición Raúl Alfonsín había limitado la categoría de enemigo político^[10] sólo a los enemigos de la vida y de la democracia, sustituyéndola por la de adversario, Menem intentaría anular a adversarios y opositores, mediante la unidad de los contrarios, populistas y liberales. La operación simbólica de Alfonsín fue la condición de la de Menem. Dicho de otro modo si con Alfonsín, al interior del campo político no había lugar para enemigos sino sólo para adversarios, con Menem las (o)posiciones, aun las aparentemente más irreconciliables, como la de liberales y populistas, eran ahora negociables.

También quedarían anulados el disenso y la oposición dentro del gobierno, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Menem había sancionado gran parte de sus reformas sorteando al Congreso Nacional, y gracias a la “manipulación” de una Corte Suprema de Justicia con al menos un 40% de integrantes de comprobada simpatía con el presidente (McGuire 1997:257). El estilo de gobierno del presidente Menem corroboraba la ausencia de política fuera de su persona. Era el Poder Ejecutivo a través de la figura legal de los “decretos de necesidad y urgencia” (Ferreira Rubio y Goretti 1996; O’Donnell 1997: 302; McGuire 1997: 255; Martuccelli y Svampa 1997:47) el que decidía el destino de la nación^[11]. Ninguna otra fuerza política o social podría torcer el rumbo trazado por él. Insisto, no se trata de que su gobierno no tuviera opositores, éstos carecían de expresión institucional y capacidad de ofrecer un pensamiento alternativo. Muchas veces preocupaban más a la prensa y al propio Menem las diferencias internas al oficialismo que los supuestos opositores (Torre 1999:59).

El menemismo fue identificado como la expresión argentina del pensamiento único^[12], dominado por el pensamiento neoliberal como única alternativa de gobierno. Como ya señalamos, durante toda la década, no hubo una fuerza capaz de hacer convincente una alternativa política. El triunfo de la Alianza en 1999, la coalición formada por disidentes del peronismo, radicales junto a otros sectores progresistas, no se oponían al denominado “modelo” neoliberal, tan sólo a la versión corrupta y menemista del mismo, a un estilo de liderazgo (Torre 1999:62).

En los capítulos que siguen, no serán “los que se fueron” sino “los que se quedaron” en el peronismo los protagonistas de las diversas escenas. Quedarse en el peronismo fue una elección, una alternativa tanto a la “traición” como a la “renuncia política”. Como toda elección moral se debatió, más implícita que explícitamente, entre las pérdidas y las ganancias que una y otra opción conllevaba de acuerdo con la aspiración de convertirse en alguien en particular^[13]. Entonces los bienes y objetos ganados o perdidos también serían apreciados, no en sí mismos, sino por su capacidad de conducir hacia cierto ideal de lo bueno.

Considerando que los avatares políticos nacionales en la Argentina envolvieron las vidas personales, empujando al exilio, al ostracismo, a la persecución, a la cárcel, a la tortura y a la muerte, a muchos de sus habitantes, la política fue haciéndose una forma de vida, o incluso, su vida. Este fenómeno estaba muy presente al término de la última dictadura militar afectando a la generación que había ingresado a la política en los años 70, y que en los 90 tenía entre 30 y 50 años. Así, muchos de los que se encontraron frente a esta elección eran miembros de esa generación de militantes políticos para los cuales el sentido de sus vidas dependía de su elección política, incluso cuando no se encontraba forzada por circunstancias políticas apremiantes como sucediera durante las dictaduras. Entonces “dejar la política”, como alternativa a la traición al peronismo, también era personalmente costoso, y quienes lo hicieron buscarían formas de mantener contacto con “la política”, a través del pensamiento, en el caso de los intelectuales, o con actividades “sociales” de diversa clase.

Por consiguiente, entre las condiciones que atravesaron “quienes se quedaron” destacaré primero el debilitamiento del poder sindical frente al peso creciente de la política mediática y barrial; y segundo, la relación entre las transformaciones del Estado y la desigualdad en el área metropolitana de Buenos Aires, donde transcurre el proceso político que aquí analizo.

Política sindical, política barrial y política mediática

El menemismo completó el proceso de debilitamiento del sindicalismo como base del movimiento peronista (Levitsky 2001:45; Martuccelli y Svampa 1997:44; McGuire 1997:216). La privatización de las empresas estatales, el avance de la desindustrialización, un conjunto de reformas a las leyes laborales, sumada a la propia habilidad de Menem para ejercer control sobre los líderes sindicales, fueron los principales instrumentos de este proceso de agudización de la debilidad sindical^[14]. Los indicadores del relegamiento del poder sindical durante los noventa son fundamentalmente: el escaso nivel de conflictividad y movilización, la división existente entre las organizaciones sindicales, y la reducción del porcentaje de legisladores y funcionarios ministeriales salidos de las filas del sindicalismo (Levitsky 2001:43-45).

Difícilmente el reformismo de los noventa hubiera sido posible sin el debilitamiento del poder sindical^[15]. El avance de las políticas neoliberales requería de una serie de medidas que anulaban derechos, ahora leídos como “privilegios”, de los trabajadores y sus dirigentes. Fundamentalmente las reformas laborales impusieron la denominada flexibilización laboral, una mayor libertad al empleador para la suspensión en la contratación, a costa de un aumento sustantivo de la incertidumbre del trabajador (Martuccelli y Svampa 1997:45).

Ese debilitamiento de la política sindical fue paralelo, según algunos autores, a la creciente importancia de: la política mediática, como “sustitución de la movilización de masas por la movilización de imágenes” (Novaro 1995:59); y a, la ya mencionada, politización de lo barrial o potenciación de “redes informales barriales” (Levitsky 2001; Auyero 2001)^[16]. En cuanto al desarrollo de la política mediática, se han destacado: la creciente valorización de los políticos de la “opinión pública” medida a través de encuestas de opinión política (Cheresky 1999:38), supuestamente capaces de establecer estadísticamente las preferencias del elector y con ello determinar la “imagen” de los candidatos; y la progresiva intervención de los medios como agentes “neutrales” capaces de hacer públicas a través de cámaras ocultas las evidencias de corrupción política (Cheresky 1999:56). Pero también ha sido altamente significativa la provocadora aparición mediática del presidente practicando deportes de riesgo y dando notorias demostraciones de ostentación, sumada a las transformaciones estéticas de su persona desde un perfil caudillesco hacia su conversión en una estrella del espectáculo. Más allá de los debates periodísticos sobre las formas que la investidura presidencial debiera o no guardar^[17] y la referencia a un estilo de relación superficial, espectacular y fugaz entre el líder y la ciudadanía (Palermo y Novaro 1996:230)^[18] poca atención se prestó a la performance de Menem en la imposición de un estilo de vida opulento.

Sin embargo, la creciente política mediática no habría anulado la política de las relaciones personales entre líderes y seguidores. Más aún una creciente valorización de la política barrial o de las “redes informales barriales” ha explicado, para algunos estudiosos, la capacidad de adaptación y subsistencia del peronismo al giro neoliberal de los ’90 (Levitsky 2001; Auyero 2001). Las razones por las cuales se produjo esta valoración no son las mismas para Javier Auyero y Steven Levitsky. Mientras para aquel, el “clientelismo” se expandió por la creciente pobreza y exclusión más que por la valoración de la actividad política y el debate ideológico –propio de épocas anteriores- (Auyero 2001), para Steven Levitsky esa “política emprendedora” fundada en el “intercambio material” habría surgido en reemplazo de los vínculos sindicales e ideológicos ente activistas y partido (2002:3).

Pese a las divergencias señaladas, los autores comparten la visión según la cual, en los noventa, se habría producido una pérdida de los lazos ideológicos e incluso del compromiso personal, en la actividad política. Como la política mediática, la política de las redes informales –ya sea clientelar o emprendedora–, es vista como una forma de captación de seguidores: superficial, no ideológica, visual, fugaz y poco comprometida, en fin de desvalorización de la política. Pero, como muestro, enormes esfuerzos fueron hechos durante este período, más que para desvalorizar para darle otros sentidos a la política. Las evaluaciones morales del comportamiento político no desaparecieron, quedaron confrontadas, desafiadas y re-elaboradoras en el curso del proceso político, cuestionando viejas divisiones del trabajo político y sentando nuevos rumbos a la profesionalización de los políticos. Sin ánimo de juzgar, ahondaremos a lo largo de este libro en la lógica que, de modo semejante a algunos cientistas sociales o a los políticos de entonces, los llevaba a buscar en la comunidad local el sentido moral de la política; una cuestión que ha permanecido soslayada. La revisión de los sentidos que colmaban la sociedad nacional entonces, ayudarán a dar respuesta a nuestras preguntas.

El mercado contra el Estado

El mercado asumió un papel fundamental durante los noventa, al tornarse la instancia debida de organización de la sociedad e incluso de la política (Cavarozzi 2002:89). Como señalamos, el modelo neoliberal se volvió en la Argentina uno sin alternativa. Cualquier resistencia, disidencia o manifestación de oposición a la centralidad del mercado era interpretada por el Gobierno como una “vuelta a un pasado de sufrimiento”. El eje de la incontestabilidad del mercado como centro de gravitación del orden estuvo fundado en la credibilidad de esa evaluación moral, por medio de la cual el mercado se convertía en la salvación a la crisis. Seguramente, de no haber sido por la eficacia de Menem en controlar la inflación, difícilmente esa evaluación moral hubiera hecho del mercado el eje de la vida social y política, pues impuso como causa de la crisis, al Estado.

Así fue como el poder distorsionador del Estado sobre la economía y la sociedad dominó la retórica del gobierno argentino en los noventa (Sidicaro 2001; Lo Vuolo y Barbeito 1992). Algunos rasgos de esta convicción pueden apreciarse en el diagnóstico de la crisis hiperinflacionaria entre los economistas que posteriormente colaboraron en el gobierno de Menem. Como señalaría Fernández, uno de los funcionarios del Ministerio de Economía durante su gobierno: “The problem of high inflation is usually the problem of an oversized public sector and fiscal disarray. Any program that does not immediately attack these two problems will almost surely fail” (1990:30-31). Las políticas de ingresos –o populistas– como las implementadas hasta el gobierno de Alfonsín eran errores de los cuales los gobernantes debían aprender (Rodríguez 1999:4). Había quedado demostrado su fracaso en mejorar las condiciones de vida de la población de bajos ingresos, a la que supuestamente privilegiaban (Fernández 1990:1). Según esta interpretación, hegemónica durante los noventa, la política de ingresos o política redistributiva del Estado había originado la crisis que desembocó en la hiperinflación de 1989. La intervención del Estado había llevado al empobrecimiento, incluso de aquellos sectores de menores ingresos, a quienes se suponía privilegiaba (Fernández 1990; Rodríguez 1999).

Contrariamente, algunos economistas, alejados de los centros de pensamiento económico hegemónicos de los que el gobierno de Menem había extraído sus “técnicos” como la Universidad del CEMA o la Fundación Mediterránea, señalarían que no eran las políticas de intervención social del Estado, sino la crisis de estas políticas las que habían originado la crisis hiperinflacionaria, de la cual ésta no era más que un síntoma (Lo Vuolo y Barbeito 1992; Lo Vuolo 2001 en Sidicaro 2001). No obstante, este pensamiento no tendría, durante los noventa, ninguna importancia política, y sería condenado por anticuado^[19].

Sin la eficacia del Plan de Convertibilidad establecido en 1991, mediante el cual el ministro de Economía de Menem, Domingo Cavallo, lograría detener la devaluación del peso –al hacerlo convertible uno a uno con el dólar–, la valorización de los “técnicos” frente a los “políticos” difícilmente hubiera sido plausible. Como señalarían posteriormente algunos críticos al denominado “modelo neoliberal” del menemismo:

“Detrás de sus aspectos técnicos simples y de su falta de teorías sofisticadas, la convertibilidad era un problema eminentemente político en el que se resumía la renuncia estatal en el plano de la regulación de la moneda y que, como ocurre con toda relación de fuerzas, inevitablemente implicó ceder potestades a otros sectores” (Sidicaro 2001:65).

Sin embargo, los partidarios de la economía de mercado podían demostrar las ventajas comparativas que la denominada “desregulación” de la economía por el Estado a través del denominado “efecto derrame” (Rodríguez 1999:7) tenía para los sectores de menos ingresos. De hecho, el Plan de Convertibilidad llevaría a los argentinos a gozar de una gran certidumbre económica gracias a la estabilidad de los precios, de la moneda y el acceso al crédito. Este período de bonanza encontró su límite en 1996, por el denominado “efecto Tequila”, con la suba creciente de los índices de desempleo y una progresiva recesión económica. Para entonces, Menem ya había conseguido su reelección en 1995, luego de reformar la Constitución Nacional, y gobernó hasta terminar su mandato en 1999. Pero, curiosamente, los efectos recesivos sobre la economía del Plan de Convertibilidad (Basualdo 2000) no fueron tenidos en cuenta por el siguiente presidente Fernando de la Rúa, quien lo sostendría durante su corto gobierno. Cualquier devaluación, todavía en 1999, enfrentaba una fuerte resistencia, ya no sólo porque retrotraía a la población a la crisis del ’89, sino porque muchos argentinos habían contraído deudas en dólares.

Frente a las propuestas “técnicas” formuladas por especialistas en ciencias económicas, que acreditaban formación y reconocimiento de los herederos de la Escuela de Chicago (Rosenzvaig 1997:61) y sostenían el plan económico de Menem, los “políticos” perdían valor. Si bien es cierto que esta desvalorización de los “políticos” de cara a los “técnicos”, poseyó un “valor político” oculto al legitimar las acciones de gobierno (Palermo 1998:37), también es cierto que erosionaba la legitimidad de los “políticos” en tanto tales.

Por otra parte, la pérdida de la capacidad de regulación del Estado instalada por el menemismo en la Argentina fue paralela a la extrema concentración de poder en la persona de Menem. No es casual que la política, por estos años, fuera progresivamente identificada con “la política de Menem”, una política destinada a eliminar paradójicamente el peso de “la política” en los asuntos económicos, garantizada por un grupo de técnicos encargados de velar por la racionalidad del mercado. Esta forma de la despolitización, como repliegue de la política, penetró de manera diversa los distintos ámbitos del campo político. Concentrada fundamentalmente en Menem, o en la fuerza del mercado como sitio de la competencia de los intereses individuales y síntesis del bien común. En cualquier sitio la “política” de los políticos y del Estado amenazaba con vaciarse, esfumarse o desintegrarse y, paralelamente, la moralidad de la política dejaba verse como problema. Este movimiento hacia la despolitización será justamente tomado como un punto de inflexión en la comprensión de los estándares morales que constituyeron la práctica política. ¿Qué era “la política” en Uriarte? ¿Dónde y cómo podría seguir ejerciéndose dados los factores señalados? En fin, cómo moralizarla y valorarla fueron las respuestas que buscaron “los que se quedaron” en política. El conflicto moral era cómo permanecer en el peronismo, sin ceñirse a esos factores que la desmoralizaban.

La reforma del Estado: racionalizar, ajustar, achicar, descentralizar

Las cámaras mostraban una oficina pública, un mostrador alto detrás del cual se encontraban dos empleadas públicas, y a la izquierda una barrera con un letrero que decía “prohibido pasar”. Las dos mujeres vestían guardapolvos celestes, sus cabellos estaban teñidos de rubio y muy desordenados. En una de ellas resaltaba un moño rojo sobre su cabeza, en la otra, aún más desaliñada, llamaba la atención ver cómo caminaba con su bombacha por las rodillas. De modales groseros y hoscos, charlaban de asuntos domésticos, de programas de televisión, mientras compartían una pizza apoyada sobre el mismo mostrador donde recibían a los ciudadanos. Un conocido personaje público solicitaba ingresar al despacho del presidente Menem, para una entrevista previamente concertada. Las empleadas le preguntaban su nombre, el personaje sonreía suponiendo que al decirlo las mujeres expresarían admiración por él; pero nada de eso ocurría. Las empleadas le pedían que esperase, mientras, lo buscaban en una lista. Pero no lo encontraban, entonces el personaje comenzaba a dar cuenta de quién era, de su importancia y reconocimiento público.

El resto del sketch consistía en el descubrimiento por las empleadas públicas del personaje, no sin antes bombardearlo con preguntas íntimas y absolutamente indiscretas. Finalmente una de las empleadas públicas le permitía el paso. Levantaba la barrera para que ingresara al despacho del presidente y, luego, volvía la mirada al público y gritaba enardecida “atrás, atrás, atraaaaaás…”. El éxito del sketch televisivo, demostrado por su persistencia durante los noventa y sobrevivencia a una serie de otras muy sagaces representaciones del cómico argentino Antonio Gasalla, no podría explicarse sino por su capacidad para dar cuenta de una visión compartida sobre los males del Estado: la arbitrariedad, la ineficiencia, la falta de idoneidad, la irresponsabilidad, la discrecionalidad y la ineficacia; pero también sobre los valores predominantes.

La transformación de ese “Estado populista” en uno liberal no podía garantizarse sin un conjunto de políticas destinadas a “racionalizar”, “ajustar” y “achicar” el Estado. Su modernización estaba basada en la reducción del “gasto público” a través del mejoramiento de la eficiencia. Los sectores gobernantes consiguieron imponer la idea de que un “exceso” de Estado era la causa de la crisis, contra cualquier demostración según la cual había sido la debilidad y crisis del Estado intervencionista, producida a mediados de los ’70, lo que la había provocado (García Delgado 1996; Lo Vuolo y Barbeito 1992).

La Ley de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, fueron los instrumentos legales mediante los cuales el gobierno de Menem estuvo habilitado para: iniciar las privatizaciones, permitir los despidos a las empresas privatizadas y promover el “ajuste” del personal de dependencias del Estado nacional. La privatización de las empresas públicas fue un componente emblemático del proceso de reforma del Estado en la dirección de la desregulación, pues implicaba la “desnacionalización” de empresas y servicios de hondo sentido nacional como: los ferrocarriles que justificaban la existencia de pequeños pueblos en el territorio argentino, la línea área de bandera Aerolíneas Argentinas, Somisa la siderurgia más grande del país, el servicio de correo y teléfonos, entre otros. El papel del Estado empresario era incompatible con la versión neoliberal de éste, pero también lo era su intervención en servicios públicos fundamentales para la población como: energía eléctrica, gas, teléfono, agua, red tranviaria y subterránea, servicio de correo, sistema de jubilaciones, aeropuertos, rutas y autopistas de mayor circulación. La “ineficiencia” del Estado en la provisión de estos servicios era endémica, en ausencia de una lógica mercantil inscripta en él. Un servicio público sólo podía realizarse efectiva y eficientemente si existía un interés privado orientado al lucro, valor que, por definición, estaba ausente de la administración estatal. Aquí las personas desarrollan sus intereses privados dentro de una estructura que como no alienta la “competitividad”, la “productividad”, ni la “rentabilidad” no propende hacia el interés colectivo. Esta filosofía utilitarista, inspirada en Bernard de Mandeville y su Fábula de las abejas de acuerdo a la cual la búsqueda individual de la felicidad llevaría al bien común (Dumont 1999:102) era la evaluación moral que rondaría los distintos ámbitos políticos, compitiendo con otras evaluaciones y orientando las prácticas y la división del trabajo político, como veremos en los capítulos siguientes.

Al mismo tiempo que Menem libraba al Estado de aquellas funciones, también lo libraba de lo que era apreciado como un “exceso” de empleados públicos. Los retiros voluntarios fueron el mecanismo para alentar a muchos empleados a abandonar las filas del Estado nacional mediante el cobro de sumas un poco menores a las que les correspondería por indemnización. Más de cien mil personas se acogieron al retiro voluntario entre 1991 y 1994 (Lloyd-Sherlock 1997:33), pues los índices de desocupación eran bajos y, todo parecía indicar, un futuro económico promisorio. Las medidas no fueron sin embargo suficientes y, durante toda la década, se convirtió en una obsesión de la prensa y de algunas organizaciones no gubernamentales desterrar a los “ñoquis”^[20] del gobierno, esos empleados que sólo aparecían los días de cobro de sueldo. En este caso la ineficiencia se emparentaba con el problema del financiamiento estatal de la política, pues en muchos casos eran empleados del Congreso o de los concejos deliberantes, que “trabajaban para” legisladores.

La descentralización fue otro de los mecanismos utilizados para reducir la burocracia estatal. La transferencia de funciones y servicios de la nación a las provincias, en educación y salud, se convirtió en los ’90 en una de las estrategias para volver más “eficiente” al Estado (García Delgado 1996:4). El “gasto social” también debía realizarse “descentralizadamente”. Sin embargo, dicha transferencia quedaba por lo general limitada a la ejecución de los programas sociales y no a la administración financiera. Existía un amplio acuerdo entre funcionarios y especialistas en el tema, acerca de que los municipios eran los niveles menos aggionardos en el proceso de “modernización” del Estado. Una estructura tradicional capturada por el “clientelismo”, con personal poco capacitado, impedía la entrada de los municipios a este proceso. Se creía que la sustitución del criterio de universalidad por el de focalización^[21] en la asignación de beneficios sociales, provistos por dichas políticas, era un instrumento efectivo a la hora de neutralizar los hábitos no modernos.

Por otro lado, la descentralización era percibida como un medio para fortalecer el papel de los estados municipales en el desarrollo local (Arocena 1997; Di Pietro Paolo 2001). De algún modo esta corriente de ideas, destinadas a darle prioridad a los estados municipales, era deudora de la globalización misma pues era de suponer que la pérdida de poder de los estados nacionales se produciría a favor de la inserción de ciertas ciudades y regiones en los procesos económicos globales (García Delgado 1997). La posibilidad de los estados locales de insertarse en los procesos globales contemporáneos estaba de cierto modo sujeta a procesos necesarios de “modernización”, de transformación de sus estructuras tradicionales burocráticas o clientelares (Tecco 1997: 115) en estructuras de “gestión” fuertemente nutridas por el mundo del management empresarial (García Delgado 1997:27-33).

También la proliferación de posgrados, encuentros académicos y publicaciones, sobre los temas de: “administración pública”, “gerencia social”, “desarrollo local”, “políticas públicas”, etc., ha sido parte de este proceso. Universidades públicas y privadas, muchas veces en acuerdo con organismos públicos se dedicaron a la formación de especialistas, al desarrollo y difusión de “modelos de gestión”^[22] compatibles con una reforma neoliberal del Estado. En cualquier caso, el lugar reservado a los asuntos estatales debía ser el de la “administración eficiente”; y, cuanto menos interviniera “la política” en su funcionamiento, mayores serían las probabilidades de éxito de la empresa.

La política del Estado mínimo: desindustrialización, desempleo y desigualdad

El paisaje metropolitano fue convirtiéndose en un sugerente indicador de la distribución de los beneficios de las reformas neoliberales. Como señalamos, gracias a la estabilidad monetaria, el crédito interno permitió una fuerte expansión del consumo. Entre 1991 y 1995 casi todos los sectores sociales, incluso los de menores ingresos, tuvieron acceso al consumo (Munck 1997:10). La salvación menemista, frente a la crisis, fue creíble hasta 1994, aproximadamente, debido a la experiencia del consumo ampliado y una mejora relativa de los ingresos (Golbert y Tenti Fanfani 1994:96). Sin embargo, el imperio del mercado y la “retirada” concomitante del Estado profundizaron la desigualdad^[23] (Lloyd-Sherlock 1997:45), imprimiendo sus huellas en el agudo contraste entre el sur y el norte del Gran Buenos Aires. Al crecimiento del empleo no genuino (Monza 1993:113), al aumento del desempleo y el subempleo, incluso en el período 1991-1995 de crecimiento del PBI (McGuire 1991:22), se añade, en la segunda mitad de la década del ‘90, un récord de desempleo del 18%, sostenido por la recesión en niveles altísimos (Altimir y Beccaria 2000a:389). Entonces, la creciente desigualdad social se hizo insoslayables (Altimir y Beccaria 2000b:452; Altimir y Beccaria 2001:602).

Las reformas neoliberales no harían más que expandir espectacularmente la preexistente concentración de la población de mayores ingresos en el norte de la metrópolis. Durante los noventa, en el área norte se concentró una gran inversión inmobiliaria, industrial y de infraestructura (Pirez 2000). A los countries propiciados en los ‘80^[24], se sumaron los denominados barrios cerrados y los countries náuticos a la vera del río. La proliferación de esta clase de urbanización cerrada, sólo accesible para sectores de altos ingresos (Svampa 2001), fue acompañada de la inversión privada en servicios que contribuyeron a que muchos de los residentes en la Capital Federal tomaran estos barrios como vivienda permanente y no sólo para los fines de semana, como había sucedido en la década anterior. Esta nueva forma de segregación espacial y polarización social ofrecía una separación “segura” entre las clases, una que garantizaría que el crecimiento poblacional de las villas no interferiría en la vida cotidiana de la vieja y nueva elite de Buenos Aires (Guano 2002:185). La privatización de la denominada Ruta Panamericana, que comunicaba la ciudad capital con los municipios del norte de la metrópolis, costeros del Río de la Plata y el Delta del Paraná, fue decisivo para el desarrollo de este proceso.

Uno de las más claras señales de las transformaciones neoliberales y la desigualdad en el acceso a los beneficios, a favor de la zona norte, ha sido el complejo de inversiones integrado por el Tren de la Costa y el Parque de la Costa. El ramal Delta-Mitre construido por la empresa británica y abandonado en 1961, se convirtió en 1990 en el foco de una inversión en sintonía con el clima político y económico neoliberal, es decir financiado y manejado por una corporación privada sin intervención del Estado (Guano 2002:199). Pero además albergó los símbolos y el discurso dominante de esa transformación, al encapsular en su interior y en la atmósfera que recorría, las señales de la pertenencia a la sociedad neoliberal. Un ambiente limpio y seguro, la evocación de parques de entretenimiento extranjeros y la modernidad de alta tecnología, hacía de un viaje en el Tren de la Costa según Emanuela Guano (2002:201) un seductor espectáculo de un estilo de vida elitista. Pero también potenciaba la ilusión de los sectores medios, principales consumidores del viaje, del acceso a ese estilo de vida.

La expansión industrial de la zona norte no debe interpretarse como un proceso de reversión de la tendencia desindustrializadora de décadas pasadas. El desarrollo de la industria automotriz, impulsado por el aumento de la disponibilidad de crédito interno y un régimen especial (Lloyd-Sherlock 1997:33; Bisang y Gómez 2000:388), junto a agro-alimentos, química fina y derivados del petróleo, fueron los principales protagonistas de esta expansión (Ramos y Martínez 2000:203). En tanto, el cinturón industrial sur: Avellaneda, Lanús, Quilmes y Uriarte, sede del desarrollo correspondiente al período de sustitución de importaciones y crecimiento hacia dentro, continuaría el proceso de convertirse en un área fantasma. Miles y miles de galpones y construcciones de gran tamaño engrosarían las filas de los inmuebles abandonados. Sólo unos pocos, mejor localizados, se convirtieron en shoppings, hipermercados o centros educativos; expresión de un crecimiento de la economía argentina concentrado en: servicios financieros, comerciales y de comunicación; pero no industrial (Basualdo 2000:142).

Como gobernador (1991-1999) de la provincia de Buenos Aires, jurisdicción política donde se encuentran las zonas mencionadas, Duhalde compensaría los efectos selectivos del mercado. Gracias a su propia negociación como vicepresidente de la nación, Duhalde administró el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Con recursos de la coparticipación federal de impuestos, reclamaría para Buenos Aires –la provincia que proporcionalmente menos percibía–, una compensación. El conurbano bonaerense era el territorio al cual millones de migrantes de las provincias fueron atraídos con la expansión industrial orientada al mercado interno entre la década del ‘40 y la del ’70. Poco se sabe de la distribución efectiva de los 700 millones de pesos (dólares) anuales del Fondo, aunque en la zona estudiada, el sur del Gran Buenos Aires, se tradujo en: luminarias, desagües y equipamiento comunitario; pavimentación de avenidas, accesos secundarios y los denominados accesos a barrios, escuelas y unidades sanitarias, mediante lo cual justificarían la inversión en infraestructura en los barrios más segregados y en las villas. También el Plan Vida, más conocido como el plan de las manzaneras, de mujeres voluntarias de los barrios más pobres elegidas por la comunidad para localizar y distribuir leche entre las madres embarazadas o con hijos de menos de seis años; y el Plan Barrios Bonaerense, un subsidio para hombres y mujeres desocupados que trabajarían 20 horas semanales en la mejora del barrio, tenían por objeto compensar los efectos negativos del mercado. El Estado asistía en nombre de la “necesidad” y no de la “decisión política”, para lo cual los técnicos con instrumentos modernos como la focalización detectaban a los más necesitados.

Nuevamente, la cuestión no era la inexistencia del Estado, sino cómo su existencia se ajustaba a justificaciones que transmitían otros principios de visión y clasificación del mundo, y del lugar de la política en él.

La política y su umbral

Los analistas de la década, empeñados en comprender el fenómeno sociopolítico de los noventa, han tocado con mayor o menor profundidad y desde perspectivas distintas la cuestión de las transformaciones de “la política”. Entre ellas han enfatizado diversas causas y condiciones como: el progresivo debilitamiento del poder político provocado por la centralidad del mercado frente al Estado (García Delgado 1996; Cavarozzi 2002); la fuerza de la economía global sobre la Argentina (Sidicaro 2001); el peso de la crisis como justificación sobre el debilitamiento de la función pública de las palabras (Palermo y Novaro 1996:116); la disolución de las diferencias políticas e ideológicas y la homogeneización provocada por la apelación de los discursos de Menem a “hermanos y hermanas de mi patria” (Aboy Carlés 2001:293); así como una “política” supuestamente dominada por la “necesidad” y la “escasez” (Auyero 2001), y por el sentido “mercantil” (Levitsky 2001); o la transformación en la estructura del sentir del peronismo donde la política se fundía con los sentimientos (Martuccelli y Svampa 1997). Así, al preguntarse por el saldo del proceso neoliberal sobre “la política”, los científicos sociales denunciaron, generalmente con pesimismo, el estrecho margen que, en contraste con el pasado, le había reservado el menemismo a ella.

Sin embargo, para “los que se quedaron” en el peronismo y en ámbitos como el del municipio de Uriarte, “la política” –tal como quedara sitiada en los noventa en el contexto nacional–, suscitó dilemas e interrogantes cuyas respuestas definirían el umbral de la política, para cada ámbito y escala en particular. Como señalé, la continuidad de las prácticas estaba afectada en varios frentes, entre los cuales, la transfiguración de la comunidad de referencia del peronismo sería crucial para comprender el proceso. La homogeneización perpetrada por el menemismo libraba, por un lado, al peronismo de las tradicionales oposiciones políticas y de los conflictos concomitantes pero, por el otro, profundizaba la renuncia implícita a hacer política por el “pueblo”, los desplazados de la nación –una comunidad histórica de referencia. Este estado de cosas tornaba a la política un problema moral, pues para definir cómo hacer política era necesario al mismo tiempo saber para quiénes hacer política y, fundamentalmente saber quiénes podrían hacer política y competir por el crecimiento político en todos los niveles de la jerarquía.

La conjunción de estas cuestiones quedó, como veremos, expuesta en esos años, en tanto la versión menemista del neoliberalismo ocasionó a la política uriartense un desafío que ayudará a comprender las aristas del proceso aquí analizado. En forma preliminar, podemos decir que la retracción de la política o despolitización producida por el menemismo no sólo significó la concentración de “la política” en la persona de Menem, sino principalmente una indefinida, ambigua e incierta comunidad de referencia política.

Tal como veremos en el próximo capítulo, la contracción y posterior ocaso de la causa villera definió el umbral de la política en Uriarte. Quedarse o irse de la política estuvo así condicionado por evaluaciones morales que se debatían en torno de esa comunidad de referencia política que se desdibujaba más y más. Finalmente el umbral –ahora que la politización de la sociedad, que alguna vez caracterizara la Argentina (Neiburg 1998:14), parecía extinguirse–, quedó sujeto al modo como los políticos imaginaran una comunidad histórica de referencia sin villeros.

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