Villeros, políticos y vecinos

Desde que en 1948 el Movimiento Peronista^[1] comenzó a competir en las elecciones municipales las autoridades del municipio de Uriarte fueron siempre peronistas. Sin embargo, entre 1955 y 1976 sus gestiones fueron varias veces interrumpidas, como en el resto del país, por sucesivos golpes militares^[2]. La última interrupción se extendería hasta diciembre de 1983. Por estas razones, los últimos años de la década del ‘80 se volvieron extremadamente significativos. No sólo porque, luego de muchas décadas, un gobierno constitucional llegaba al fin de su mandato, sino también porque en 1989, por primera vez en la historia política argentina, un presidente constitucional del Partido Unión Cívica Radical, le pasaba el mando a otro del Partido Peronista. Carlos Menem asumía, en esta oportunidad, luego de seis años de gobierno de Raúl Alfonsín, iniciados al término de la última dictadura militar (1976-1983). La continuidad institucional, también estaba ratificada por el control de las rebeliones militares “carapintadas” de 1987 y 1988, que había disipado por completo los temores a otro golpe de Estado. La continuidad del régimen democrático parecía garantizada y, entonces, por primera vez en muchas décadas, el horizonte para los políticos se ampliaba lenta pero indefinidamente.

Entre 1987 y 1991 Mauro Villegas se desempeñaba como diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por el Partido Peronista, y aspiraba firmemente a ocupar el cargo de intendente municipal de Uriarte. Como solía hacer, cuando se trataba de tomar decisiones políticas, citó a Esteban y a Jorge en su casa particular. Ellos eran dos de los siete dirigentes villeros^[3] incorporados a la función pública municipal en 1984, cuando Eduardo Duhalde asumiera el cargo de intendente municipal por el Partido Peronista. Esteban y Jorge eran de El Faro, uno de los barrios con mayor número de lotes de tierra tomados^[4]. Desde aquel entonces, su misión había sido la de convocar a los villeros de todo el municipio a las movilizaciones que semanalmente hacían a la ciudad de La Plata, para presionar a los diputados en la sanción de las Leyes de Expropiación de Tierras urbanas de Uriarte. Villegas, o Mauro, como se referían a él los más allegados, los hizo pasar a su casa, les ofreció un mate, y les dijo lo siguiente: “De ahora en adelante se acabaron las movilizaciones a La Plata. Estamos entrando en una nueva época sin espacio para esta clase de actividades políticas. Tenemos que hacer las cosas de otra manera…”. Esteban y Jorge, sintieron que les “cortaban las piernas”. Las movilizaciones eran la sustancia de su trabajo político, y encarnaban la esperanza de miles de compañeros villeros a los que, por más de cinco años, les habían dicho que la expropiación de tierras sería la solución al problema de las villas. Las palabras de Villegas marcaban el inicio de una época de gran incertidumbre tanto para los dirigentes como para sus bases, los villeros. Paradójicamente, esto no ocurriría bajo un régimen dictatorial, sino bajo una presidencia peronista, que les debía llevar cierta seguridad, tranquilidad y certidumbre.

La decisión del diputado Villegas era parte de un proceso político que involucraba a villeros, vecinos y funcionarios municipales. El fin de las movilizaciones a La Plata representaba sobre todo la culminación de un período signado por el principal proyecto político del peronismo uriartense entre 1983 y 1990: el Proyecto de Tierras. Considerando que las actividades nombradas bajo la categoría de proyecto político constituyen el núcleo de los procesos políticos, me propongo mostrar en este capítulo cómo aquella decisión suponía una ruptura de las evaluaciones morales que venían sosteniendo el Proyecto de Tierras y, por consiguiente, una incertidumbre práctica. Es que, a través de este estandarte del gobierno municipal, los políticos peronistas se habían situado en una de las relaciones más ríspidas de la vida urbana argentina, la existente entre villeros y vecinos^[5]. Las características y consecuencias morales de aquella toma de posición y su ruptura derivarían en el proyecto político que posteriormente, entre 1991 y 1999, dominaría la escena uriartense; y, sobre el cual, me extenderé en los capítulos posteriores.

Vecinos y villeros en Uriarte

Uriarte es uno de los veinticuatro municipios que integran el Gran Buenos Aires, o Conurbano, como se denomina al conjunto de municipios que rodean la ciudad capital de Buenos Aires, y que forman con ella el área metropolitana de Buenos Aires. Hacia el 2001 contaba con 590.677 habitantes^[6] y una superficie de 89 km2. El centro político, cultural y comercial de Uriarte creció a ambos lados del ferrocarril que la comunica con la ciudad capital, situada a dieciocho kilómetros al norte. Fue fundada en 1864 por un grupo de vecinos encabezados por Tomás Grigera, separándose del municipio de Barracas al Sur, hoy Avellaneda. En ese tiempo la fisonomía de Uriarte era más rural que urbana, conformado por un conjunto de chacras y un pequeño casco urbano.

Su urbanización, como las de otras ciudades del Gran Buenos Aires, se produjo por la llegada de dos corrientes migratorias: los extranjeros provenientes principalmente de Italia y España entre 1900 y 1930; y los migrantes internos entre 1930 y 1980. La primera tuvo un alto impacto en la definición de las áreas centrales, mientras la segunda definió el poblamiento de la periferia (Torres 1993:11). Las migraciones internas constituyeron entre 1935 y 1980 hasta el 80% del crecimiento poblacional de toda el área metropolitana. Desde 1940 su crecimiento se produce sólo por el del Gran Buenos Aires. La población de la ciudad de Buenos Aires dejó de crecer (Lattes y Lattes 1992:178-179,183). El proceso de industrialización sustitutivo de importaciones y de políticas tendientes a la redistribución del ingreso (Torres 1993:46) atrajo población hacia ciudades como Uriarte, por las facilidades en el acceso a la tierra urbana, que limitaba el alto valor inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires.

Las sucesivas oleadas de migrantes provenientes de las provincias, a las que se añadieron las de los países limítrofes fueron poblando y urbanizando, por sus propios medios, la periferia de Uriarte^[7]. En este período, el poblamiento de la periferia se fue extendiendo hacia el área de tierras anegadas por los arroyos de la cuenca del río Matanza, al norte de la ciudad, y contigua a la Capital Federal. Los migrantes que ocuparon la periferia eran tanto aquellos que atraídos por loteos baratos intentaban comprar, como aquellos que, incapaces de afrontar una cuota mensual, terminaron decidiendo la toma u ocupación de un lote. Con el paso de los años las dificultades para pagar las cuotas de la financiación, sumado a las estafas de algunos vendedores, dejaron a la mayoría de los vecinos de la periferia sin posibilidad de alcanzar la propiedad de su parcela. De este modo, la periferia de Uriarte, identificada por los vecinos como el Cuartel IX°, incluía un amplio espectro de situaciones irregulares en la tenencia de la tierra, que hacían de ésta un área homogénea, frente a la ausencia de tales problemas entre los vecinos del centro de la ciudad. Desde quienes habían pagado todas las cuotas, pero no habían tenido la posibilidad de escriturar, hasta quienes habían accedido al lote por fuera del mercado inmobiliario, todos vivían en la periferia. Así, la ciudad de Uriarte se caracterizaría menos por la diferenciación en áreas industriales, comerciales y de residencia, como sucedía con las ciudades de Lanús y de Avellaneda, que por barrios residenciales de distinta jerarquía y prestigio.

A comienzos de 1980 Uriarte contaba con población establecida en los barrios céntricos, y población que engrosaba las filas de los recién llegados –desplazados– en la periferia. Esta división, producida por un proceso social complejo, quedaba reflejada en los conceptos que usaban los pobladores para designarse entre sí. La permanencia –y su opuesto la transitoriedad– era el criterio que organizaba la oposición entre vecinos y villeros, el mismo que luego fuera usado por las políticas orientadas a resolver el problema de la tierra. Genéricamente, en los barrios del centro sus pobladores pertenecían al grupo de los vecinos, mientras en la periferia, donde regularmente arribaban nuevas olas de recién llegados del interior del país o de países limítrofes, los pobladores eran identificados o se identificaban a sí mismos como villeros.

Entre los vecinos, existía una pequeña elite local que representaba para los demás vecinos, incluidos los políticos, el estilo de vida más radicalmente opuesto al villero. Aquella cobraría renombre a partir del establecimiento de los ingleses a cargo de las estaciones del ferrocarril a fines del siglo xix, los barrios ubicados en las localidades de Hardland y Seafield, el Club Uriarte y los Colegios Barker, Saint Albans, Balmoral y Shakespeare, se convirtieron en el foco de la vida social de este grupo. El “estilo inglés”, inaugurado primero por los empleados de mayor jerarquía del Ferrocarril del Sud, perduró al ser consumido y apropiado por los uriartenses. Profesionales, comerciantes e industriales exitosos trabaron relación a través de esas instituciones. Mientras practicaban en el club deportes “ingleses” como el rugby, el tenis, el hockey o el golf^[8]; o llevaban y traían a sus hijos del conjunto de actividades que los colegios bilingües proponían; recreaban un estilo de vida más británico y cosmopolita, que nacional y criollo. Estas dos orientaciones respondían en algún sentido al proceso de hibridación, caracterizado por el pluralismo y la generalización, observado por Eduardo Archetti en el campo deportivo de comienzos del siglo XX en la Argentina (1999:28), indica la lucha por la distinción entre establecidos y desplazados^[9].

La distinción entre villeros y vecinos también organiza conflictivamente los encuentros en la ciudad. Cuando en situaciones cotidianas, viajes en transporte público de pasajeros, empleo en el servicio doméstico y en la construcción, traban relación villeros y vecinos, los primeros suelen ser evitados por los vecinos a menos que el contacto esté relativamente pautado, como sucede entre empleado y empleador en el trabajo. Cuando esto no sucede la sensación de contaminación de los vecinos y el deseo de los villeros de molestarlos es, con frecuencia, muy evidente.

“Cuando voy en el colectivo y por ahí estoy todo sucio porque vengo de laburar, veo a los copetudos de saco y corbata que andan corriéndose de al lado mío para no tocarme. Entonces yo me acerco más, y más, para ponerlos nerviosos. Sí, soy villero, pero no soy sucio, vengo de laburar.” (Alfredo de Villa La Rosa, Uriarte.)

Tal fricción ha resultado no sólo de la desigualdad económica, sino también del peso que la valorización de la permanencia en la ciudad impuso sobre la estigmatización de los villeros^[10]. Aun cuando algunos de ellos llevaran más tiempo que vecinos del centro residiendo en Cuartel IXº, lo que prevalecía era que las frecuentes olas de recién llegados que integraban esta población, sumada a la irregularidad de la ocupación de las parcelas, abonaban la transitoriedad del conjunto como instrumento de estigma­tización. Por ello, en Uriarte como en otras ciudades de la Argentina, los desplazados y establecidos se distinguen no sólo por la pobreza, o la nacionalidad, sino por el modo en que se usa la diferencia en el tiempo y las condiciones de residencia en la ciudad, para justificar el desplazamiento. También este mecanismo opera entre los mismos villeros, justificando procesos de diferenciación interna y desplazamiento relativo de los menos establecidos entre los desplazados. Cabe destacar que no existe tal diferenciación respecto de la población argentina frente a población boliviana o paraguaya, es decir que no están los segundos más desplazados que los primeros, por el contrario los dirigentes barriales muestran a veces preocupación por lo que denominan “su avance”: el hecho de que lleven sus hijos a escuelas de Capital Federal, que posean casas más altas y decoradas que las del resto, entre otros aspectos. Los torna peligrosos en la lucha contra el desplazamiento. Pero es la transitoriedad más que la nacionalidad lo que constituyó una de los principios relacionales de poder en ésta ciudad.

En particular los políticos uriartenses han operado comprendiendo entre los desplazados, a todos los villeros de la ciudad, sin excepción. Sobre esta valoración política han debido tomar posición las políticas dirigidas a la población villera en el área metropolitana de Buenos Aires. Considerando, con Norbert Elias que, cuanto mayor es la “transitoriedad” de los desplazados, mayor es la diferencia de poder con los establecidos y menor el conflicto entre ambos (1998b:90), los políticos han jugado, sin lugar a dudas, un papel crucial para ampliar o limitar el dominio de los vecinos establecidos.

Los villeros como causa política

Estamos en condiciones de afirmar que la historia de las políticas de tierras es casi tan larga como la existencia de las villas. Sus variaciones se pueden agrupar en torno del aumento o disminución del desplazamiento de los villeros. Pero esas variaciones tuvieron una modalidad dominante: la política de erradicación o de expulsión de los villeros de la ciudad. Esta hegemonizó las prácticas de los políticos en la ciudad de Buenos Aires, hacia la población villera. Sin lugar a dudas, esta política acentuó la transitoriedad de los desplazados. Incluso la designación oficial de los barrios de los villeros como “villas de emergencia”, durante los gobiernos no peronistas, daba cuenta que se los consideraba como población en tránsito más que como vecinos. Aun en el terreno de las explicaciones de la sociología argentina encabezadas por Gino Germani, las villas también eran consideradas un fenómeno transitorio producido por la reciente llegada de migrantes cuya “marginalidad”, sin embargo, dificultaba la integración a la vida urbana (1973:103). Justamente, señalaba Germani, esta fase de transitoriedad era también un obstáculo para su integración a la vida política moderna, y había contribuido a dar origen a un movimiento político, el peronista, de características premodernas y populistas (1973:91). La respuesta a esta concepción del problema desde el campo de la antropología social llegaría de la mano de Ester Hermitte (1983), quien desafiaría esa orientación funcional-evolucionista de Germani, según la cual la población villera desaparecería con el advenimiento del progreso. A cambio propondría una visión de la inclusión efectiva de los villeros particular y subordinada, en fin una clase de “articulación social” (Hermitte, et al. 1983:157,158) antes que de marginación^[11].

La persistencia del problema de las villas llevó a los funcionarios políticos a tomar medidas en la ciudad de Buenos Aires. Así se fueron sucediendo acciones del gobierno para eliminar las villas de la Capital, medidas que contribuyeron en la mayoría de los casos a sostener o profundizar la transitoriedad de sus pobladores. Durante ciertos gobiernos, tanto militares como civiles, la eliminación significaba la relocalización en viviendas transitorias, generalmente muy pequeñas y sin aislamiento térmico, ejemplo de esto fueron los denominados “medio caño” del gobierno del general Onganía. El razonamiento era que la incomodidad de este tipo de viviendas los llevaría a buscar un lugar mejor donde vivir, cosa que por lo general no sucedería. Durante el último gobierno militar no habría relocalización, sino una política denominada Programa de Erradicación de Villas de la ciudad de Buenos Aires (Hermitte y Boivin 1985:119). Entre 1976 y 1982, la topadora se convirtió en el símbolo de un procedimiento mediante el cual el gobierno arrasaba con las viviendas de los villeros para, en el mejor de los casos, “tirarlos” en el Gran Buenos Aires. Por ello, tanto las villas y su población seguirían creciendo en toda el área metropolitana. Uriarte fue una de las ciudades elegidas por los camiones del Ejército enviados por el intendente de Buenos Aires brigadier Osvaldo Cacciatore, para arrojar por la fuerza a los villeros.

Cuando Duhalde asumió la intendencia del municipio de Uriarte en 1983, designó a Ernesto Santillán como responsable del Proyecto de Tierras. Este abogado de treinta años creó un equipo de abogados, arquitectos y dirigentes villeros. Además, convocó a un historiador y a un sociólogo para que estudiaran el tema de las villas, y difundieran en publicaciones de distribución gratuita la importancia histórica, social y política del problema de tierras en el Gran Buenos Aires. Mientras los profesionales del equipo tenían asignado el trabajo de regularización dominial y urbana, los dirigentes villeros estaban encargados de organizar y movilizar a su gente para que contribuyeran a las propuestas de los funcionarios políticos. De esta forma, el rango de la dependencia municipal fue creciendo rápidamente en los primeros años del gobierno de Duhalde hasta alcanzar la categoría de Subsecretaría de Tierras y Viviendas.

Si por un lado, los funcionarios querían darle continuidad a la política de tierras llevada adelante por la gestión democrática anterior al golpe militar de 1976, por el otro buscaban diferenciarse radicalmente del Programa de Erradicación de Villas del gobierno militar. El Proyecto de Tierras municipal tenía por objeto terminar con la orientación de las políticas públicas, implementadas desde la aparición de las primeras villas en la década del ’40 (Torres 1993:21) pues, exceptuando los gobiernos peronistas, la erradicación había sido la respuesta estatal dominante al problema (Ratier 1973:99).

Para los funcionarios de Duhalde, el problema de Tierras afectaba a casi toda la población de Cuartel IXº. Parados en el centro de la ciudad, la periferia era señalada siempre atrás del Camino Perón^[12], donde la tierra era altamente propensa a las inundaciones provocadas por el crecimiento del río Matanza. Desde los villeros propiamente dichos, estos ocupantes ilegales de parcelas de tierra, hasta quienes habían conseguido pagar todas las cuotas de su lote y no podían escriturar, pasando por los estafados en su buena fe, daban buena cuenta de la extensión del problema de tierras.

Si bien, técnicamente hablando, no todos eran villeros, la definición de los funcionarios políticos se correspondía con la definición social de la villa sostenida por los vecinos de la ciudad. El paisaje urbano que comenzaba una vez que cualquiera cruzaba el Camino Perón era tan contrastante con el que uno dejaba atrás, que no hacían falta grandes disquisiciones para encontrarse en medio de una villa: viviendas de material sin terminar y sin pintar, otras construidas con chapas de zinc o de cartón; barro desparramado por veredas y calles; calles de tierra o de pavimento desmejoradas e inundadas; en fin, el panorama no hacía más que degradarse conforme uno se alejaba del centro.

Durante la década del ’80, la extensión y densidad de las villas siguió creciendo considerablemente en el Cuartel IXº tanto por efecto de las ininterrumpidas migraciones internas, como por desplazamientos internos propiciados por la contracción del aparato represivo durante la democracia. El asentamiento de incesantes olas de recién llegados continuó toda la década hasta agotar la tierra vacante de Cuartel IXº^[13]. En el contexto de este aumento de la población desplazada, los funcionarios de Tierras de Uriarte trataron de manejar y controlar los asentamientos de manera de garantizar la regularidad de lotes, manzanas y calles, y también su adquisición por los ocupantes. Los parámetros de regularidad eran los de “la ciudad” argentina: una trama urbana formada por manzanas cuadradas de 100 m por 100 m, y lotes cuyo tamaño promedio rondaba los 300 m2.

A través del Proyecto de Tierras los políticos locales produjeron un protocolo de contactos y procedimientos mediante el cual, como señalaban Duhalde y Villegas en sus discursos, podrían dignificar a los villeros. Este fin era una causa política, pues llevarle dignidad a los villeros era la manera de salvarlos de la miseria y la marginación a la que habían sido históricamente sometidos. Era una deuda moral que la sociedad tenía con ellos, y el conjunto de actividades del Proyecto de Tierras encarnaba ese ideal. Los funcionarios de mayor jerarquía trabajaban incansablemente y transmitían a los demás su compromiso con la causa y su sacrificio, sin el cual no era posible alcanzarla. De este modo, las actividades de Tierras, las que implicaban un rango de encuentros cotidianos entre funcionarios, y sobre todo entre funcionarios y villeros, se convirtieron en prácticas cuya validez se consagraba en el hecho de encarnar la dignificación villera. Para eso, el funcionario Ernesto Santillán y su equipo tenían un contacto diario con los villeros, caracterizado, precisamente, por un trato preferencial frente a la indiferencia o rechazo que habitualmente recibían.

El Proyecto de Tierras y el desarraigo

“Asentar la familia es erradicar la miseria”; con esta frase los funcionarios de Tierras encabezaban publicaciones, proyectos de ley, ordenanzas y otros escritos del proyecto. En ella expresaban la convicción que hacía de la política una actividad con sentido, orientada por la creencia en que era posible alcanzar ese ideal. Con ella también desafiaban las prácticas y discursos de las políticas precedentes, pues asentar y arraigar eran categorías metafóricas que depositaban la causa de la miseria en la relocalización y erradicación, compulsivas. La erradicación sistemática de los villeros de la ciudad había contribuido a incrementar su miseria. Una población cada vez más numerosa había sido desplazada, sin poder echar raíces en Buenos Aires.

De ese modo, los políticos de Tierras se oponían desde un rincón del Gran Buenos Aires al peso de la transitoriedad en el tratamiento y destino de los villeros en el área metropolitana de Buenos Aires. En el Cuartel IX° de Uriarte, menos del 20% de los pobladores eran propietarios de la tierra en la que vivían. La variedad de situaciones de tenencia de tierra irregular había potenciado el desarraigo de estos migrantes en la ciudad. La falta de estabilidad y permanencia en la tierra urbana era para ellos la explicación principal de su marginación, pues el desarraigo no motivaba a los villeros a esforzarse en mejorar y cambiar sus condiciones de vida. La única posibilidad de revertir esta situación era ayudarlos a obtener el título de propiedad, un primer mojón en el camino de su asentamiento.

Los funcionarios de Tierras reconocían, del mismo modo que las teorías de la marginalidad de los años ‘50 que como población migrante de las provincias a la metrópolis de Buenos Aires, había un desarraigo originario y natural producido por las dificultades para “adaptarse” a la vida urbana. Era de suponer que sus valores culturales se habían diferenciado aún más después de los gobiernos de facto de los ‘60 y ‘70, cuando fueran expulsados por la fuerza hacia otros sitios. Claramente, para los funcionarios de Tierras, el Estado no peronista había tenido una responsabilidad directa en la intensificación del problema del desarraigo y la marginación de las villas.

Entre 1983 y 1990 los procedimientos para arraigar a los villeros en Uriarte tuvieron una dimensión técnica y otra política, estrechamente emparentadas. La primera comprendía las distintas modalidades de compra de la tierra por el Estado provincial o municipal: expropiación y adquisición. La dimensión política consistía en la promoción de la organización y movilización de los villeros. Con este objeto habían sido incorporados los siete militantes políticos villeros al Proyecto de Tierras. En verdad, para los funcionarios y militantes una sólida organización de los villeros permitiría sostener el compromiso de los villeros con el Proyecto, y conseguiría la implementación del plan. Sin duda que el Proyecto de Tierras estaba inspirado en las bases programáticas de la Desal (Center for Latin American and Social Development) el cual promovía la integración de los marginales mediante la participación, ya que el desarrollo económico se había comprobado insuficiente; “un cambio sin revolución” era el principio axiomático de esta corriente (Perlman 1976:122).

Las leyes de expropiación fueron el instrumento preferido por los políticos para dar solución al desarraigo. Contaban con un antecedente, al que algunos de ellos habían contribuido en el breve gobierno peronista municipal de 1973 a 1976: la Ley de Expropiación de Villa Bañados. Como en este caso, los proyectos de ley de expropiación presentados en los ‘80 permitían incluir una o más centenas de manzanas. Los barrios: Rivera, Facundo Quiroga, El Faro, El Progreso y Juan Manuel de Rosas fueron incluidos en proyectos de ley de expropiación de tierras con el objeto de, que una vez que las tierras fueran propiedad del Estado provincial, sus ocupantes se las compraran a un valor, que contemplaría la ausencia de infraestructura urbana preexistente, y el esfuerzo ya invertido por los pobladores para mejorar el barrio.

Para los funcionarios de Tierras, la mayoría de los pobladores de Cuartel IXº iba a encontrar solución a su problema a través de las leyes de expropiación, mientras una minoría lo haría a través de lo que los funcionarios de Tierras denominaban “compra directa” y “compra indirecta”, de los villeros a los propietarios. En el primer caso, los villeros compraban directamente al propietario con la participación de los funcionarios de Tierras en la negociación, y en el segundo el municipio compraba al propietario para luego vendérselo a los pobladores. Los dos barrios en los cuales se había optado por estas formas, llevaban horas, días y meses de reuniones entre villeros y funcionarios, funcionarios y propietarios, y funcionarios municipales y provinciales. Las exigencias prioritarias en estos casos eran de organización más que de movilización. Sin embargo a ellos también se los convocaba a la ciudad de La Plata en solidaridad con los villeros afectados por las leyes de expropiación. Los vecinos de las villas tenían, para los políticos, el derecho de opinar sobre cómo cambiar el barrio. Era correcto hacerlos partícipes del proceso, lo cual implicaba que aceptaran el desplazamiento de cercas e incluso de partes de viviendas de chapa o madera, en pos de la delimitación de los terrenos y las manzanas en la forma correcta. En ambos casos los dirigentes villeros eran quienes más asiduamente manejaban el contacto con los demás pobladores.

Las movilizaciones de los villeros fueron el recurso político de los funcionarios de Tierras para promulgar los proyectos de ley de expropiación. Durante cinco años, de la segunda mitad de los años ‘80, aproximadamente, todos los miércoles que hubiera sesión en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde se tramitaban las leyes, los dirigentes villeros se movilizaban a La Plata, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. De los siete dirigentes, dos eran los encargados de organizar las movilizaciones. Esteban y Jorge, dirigentes villeros de El Faro, organizaban incansables reuniones periódicas en todos los barrios y en el Palacio Municipal. Para armar las movilizaciones, debían: averiguar si efectivamente había sesión, llamar a los micros, buscar a la gente, y viajar unos 40 km hasta La Plata. En torno de esta actividad central se realizaban otras como: la convocatoria a los compañeros a la movilización, la organización de las salidas y las llegadas, el traslado a los barrios, y las reuniones con los pobladores designados como asesores del intendente en el tema de tierras. Por lo general desarrollaban estas actividades fuera del horario municipal, por la tarde o por la noche, durante la semana, o los fines de semana, cuando los pobladores disponían de tiempo libre.

Los micros iban a los barrios para recoger a los villeros y luego se concentraban en el Palacio Municipal de Uriarte, recogían a los funcionarios de Tierras y partían rumbo a La Plata. En total eran unas dos horas de viaje en ómnibus. Generalmente permanecían allí toda la tarde y luego regresaban a la noche. Una vez que llegaban a la Cámara de Diputados provincial, desembarcaban en la calle, y con bombos, redoblantes y pancartas, entre cantos y gritos solicitaban la inmediata sanción de las leyes de expropiación. Mientras en el interior de la Cámara los funcionarios negociaban el tratamiento de los proyectos de ley.

En menos de dos años Esteban y Jorge fueron recompensados con cargos jerárquicos dentro de la estructura municipal, por su trabajo político, pero esperaban que el avance de las leyes les diera mucho más. Ellos no eran los únicos que habían alcanzado el rango de funcionarios municipales, había dirigentes villeros que habían alcanzado a mediados de los ’80 el rango de directores por su trabajo en otros barrios. Sin embargo, Esteban y Jorge tenían la esperanza de que la concreción de las leyes de expropiación les permitiría un crecimiento político mayor que el de sus compañeros. Las movilizaciones a la Plata les permitían entrar en contacto con muchos villeros y sus líderes, y funcionarios tanto municipales como provinciales, tratando el problema desde la raíz, lo cual los diferenciaba de otros funcionarios villeros preocupados básicamente por su propio barrio. El crecimiento político de Esteban y Jorge era imposible de disociar de la causa villera.

Crisis del Proyecto de Tierras y el arraigo como causa nacional

Ahora pues, desde 1988 el Proyecto de Tierras comenzó a verse en serias dificultades para satisfacer las expectativas creadas. En las elecciones de ese año, el peronismo había desplazado al radicalismo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La gestión del gobernador peronista Antonio Cafiero no mejoró las negociaciones políticas. Para los funcionarios de Tierras no había “voluntad política” en el gobierno provincial para tomar las decisiones necesarias para sancionar los proyectos de expropiación en danza. Tampoco para cambiar algunas normativas que impedían subdividir grandes parcelas de terreno, bajo el argumento según el cual al ser inundable no podía urbanizarse. Generalmente los políticos explicaban esta, y otras dificultades, como el resultado de internas, es decir conflictos facciosos con otras agrupaciones peronistas en competencia por el poder.

Las convicciones de los políticos orientadas a conseguir el arraigo de la familia comenzaron sobre el final de los ’80 a colisionar con las consecuencias de las acciones que esa búsqueda provocaba. Primero porque el arraigo era cada vez más difícil de alcanzar, segundo porque las previsiones fundadas en el problema de las internas parecían estar lejos de ser suficientes. Ambos factores enfrentaban a los políticos con la difícil y esquiva responsabilidad de asumir las consecuencias de sustentar esas convicciones. Al mismo tiempo, las posibilidades de crecimiento político, ya no sólo de los dirigentes villeros, sino también de los funcionarios, comenzaba a verse seriamente amenazada.

Lo cierto era que a medida que la posibilidad de arraigar a los villeros se acercaba, aumentaba el conflicto con los políticos provinciales. Su renuencia a aprobar las leyes o evitar su reglamentación estaba directamente ligada a: las dificultades del Estado provincial para financiar la expropiación; la tensión con los vecinos del centro, pues éstos se quejaban de que el dinero del municipio fuera hacia quienes no pagaban los impuestos, los villeros de Cuartel IXº; el hecho que muchos vecinos propietarios de la tierra en cuestión serían expropiados; y el avance incesante de un discurso neoliberal de ajuste del gasto fiscal. El proyecto político tendía fundamentalmente a reducir la diferencial de poder entre vecinos y villeros: acercando estos últimos a la vecindad y promoviendo su crecimiento político. Pero esto generaba el rechazo de algunos funcionarios peronistas pues ampliaba la competencia política a los villeros, en un escenario que los volvía más despreciables y prescindibles, como comunidad histórica de referencia.

En suma, cuando los políticos chocaron con la valoración –propia y ajena- de las consecuencias que implicaban sus principios y convicciones sobre el arraigo, el Proyecto de Tierras entró en crisis. Sin embargo, los funcionarios de Tierras, encabezados por Villegas, evitarían con sus evaluaciones morales admitir el fracaso definitivo de esta causa política. Las prácticas posteriores, que estás últimas significaban, reflejarían un esfuerzo desesperado por sostener su validez.

Duhalde había dejado la intendencia de Uriarte en 1985 al ser electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta 1989 cuando se convirtió en vicepresidente de la nación. Villegas, primero como intendente interino en reemplazo de Duhalde y luego como diputado nacional (1987-1991), siguió conduciendo el Proyecto de Tierras, mientras el municipio era gobernado por el intendente Avila. Como líder de la agrupación peronista local Patria y Lealtad, y mano derecha de Duhalde, Villegas condujo esta política, incluso desde su cargo de legislador nacional. Villegas nunca dejó de conversarla con Duhalde, quien tenía la última palabra cuando se trataba de definir algún cambio de rumbo, o el reconocimiento de cualquier militante por medio de su ascenso en la jerarquía municipal.

Pero, en 1989 Villegas comunicó la decisión de relevar al subsecretario de Tierras, Santillán, para reemplazarlo por Roberto Vélez, un abogado de treinta años sumamente ambicioso y exitoso. Mientras Duhalde, Villegas y Santillán, se jugarían la última carta para sostener el Proyecto de Tierras convirtiéndolo en un problema nacional localizado en el área metropolitana. Consideraban que si el arraigo pasaba a convertirse en una causa nacional, tendrían posibilidad de gobernar el problema pues podrían manejar las internas provinciales que impedían el avance del proyecto. Las consecuencias de la implementación de expropiaciones urbanas a escala nacional no fueron tomadas en cuenta por este grupo de dirigentes políticos. Su percepción del escenario les indicaba que esto era posible.

De manera que en la campaña política de la fórmula presidencial Menem-Duhalde, a Santillán le fue encomendado formar los “equipos de trabajo del presidente Menem” para el diseño de su política de tierras y vivienda. De la mano de Duhalde, el entonces candidato a vicepresidente, trasladarían el modelo municipal al gobierno nacional.

En el camino, sólo consiguieron dar el nombre Programa Arraigo a la política nacional de tierra y vivienda dirigida a los sectores más “postergados” de la población urbana (Lezcano 1997:3). No pudieron alcanzar la esperanza de asumir la dirección política una vez en el gobierno. Cuando Carlos Saúl Menem asumió la presidencia y Eduardo Duhalde la vicepresidencia, el Plan Arraigo fue confiado a Miguel Ángel Lico y a Claudia Bello, miembros de un grupo de militantes con “intensa actividad política en las villas aun antes de 1983” (Lezcano 1997: 13) y más próximos a Menem. El programa se aprobó en mayo de 1990 con una retórica semejante al Proyecto de Tierras uriartense, pero sustancialmente distinto en su contenido.

El Programa Arraigo sólo afectaba las tierras fiscales del Estado nacional. El propósito era transferir las tierras ocupadas por villas, o relocalizar a sus pobladores en las tierras fiscales vacantes. Esto evitaría los conflictos con los propietarios, haciendo de esta una política aparentemente más viable, que la sostenida por los políticos uriartenses. Para éstos la diferencia era crucial, por lo cual sus pretensiones de expandir la política de Tierras se vieron frustradas. Con esta política, como marco general, no podrían abordar la mayoría de las situaciones de la población villera de Uriarte, pues les hubiera exigido, contrariamente al arraigo, el traslado de contingentes de villeros. Las tierras fiscales para ese destino no eran suficientes, y ellos se habían pasado varios años promoviendo el arraigo de villeros sabiendo que, en su mayoría, eran ocupantes de parcelas de propiedad privada. Con lo cual la mayoría de éstos verían frustrada su esperanza, y en poco tiempo una lucha interminable y casi perdida contra los desalojos sería la única tarea a la que se verían compelidos como gobernantes.

No obstante, en tanto peronistas, los funcionarios municipales debían contribuir a sostener la esperanza de los desarraigados frente al regreso del peronismo al gobierno nacional, pues esa esperanza les había permitido a ellos ocupar sus puestos y augurar una carrera, frente a la continuidad democrática e institucional, hacia un ascenso político indefinido. Desde luego, en estas circunstancias también su propia carrera política estaba siendo minada, ya que la posibilidad de alcanzar la función pública nacional de la mano de Duhalde se había interrumpido. En consecuencia, las convicciones sobre la bondad de esa causa temblaron. El sacrificio por los villeros dejó de poseer fundamento puesto que los políticos de Tierras comenzaron a valorar los costos políticos de sustentarla. Por consiguiente, fue la valoración de las consecuencias negativas que la causa del arraigo imponía sobre sus carreras políticas, así como la dificultad del proyecto para transformar efectivamente las condiciones de vida de los villeros, por lo cual tambaleo. Las evaluaciones morales que fundaban el Proyecto de Tierras iniciaron entonces un progresivo viraje.

El ocaso del arraigo como convicción

Llegamos entonces al comienzo de este capítulo: Mauro Villegas debía convencer a los dirigentes villeros ya incorporados a la jerarquía política, y reconocidos con cargos oficiales, que las movilizaciones a La Plata eran cosa del pasado. Para Esteban y Jorge esto era inaceptable, pues las expectativas de miles de personas, su propio poder pero fundamentalmente el proyecto que los había reconocido y situado en el campo político comenzaban a desvanecerse.

Al principio los dirigentes se negaron a aceptar la orden de Villegas. Durante los primeros dos meses trataron de movilizar por su cuenta, pero fueron perdiendo apoyo. Ya no dispondrían de ómnibus para el traslado y el costo del boleto de tren no podía ser afrontado por los movilizados. Esteban y Jorge optaron entonces por distanciarse del Proyecto, y dejaron de concurrir a la Subsecretaría de Tierras. Jorge trasladó su familia a la provincia de Entre Ríos, de donde era oriunda su mujer. El Faro ya no era el lugar que él quería para ver crecer a sus hijos. Al cabo de unos meses, Esteban arregló su situación con Villegas, pero la falta de orientación del Proyecto no le permitiría ya trabajar como militante. Al poco tiempo se le inició un sumario administrativo por incumplimiento de deberes como funcionario público. Lo habían denunciado por cobrar coimas para la tramitación del registro de conductor expedido por la municipalidad.

Desde 1990 las movilizaciones dejaron de ser los mecanismos de construcción de la política uriartense. En su lugar, un tipo de encuentro dominó la actividad cotidiana de lo que quedó del Proyecto de Tierras: las reuniones. A mediados de 1990 la Subsecretaría de Tierras y Viviendas organizó un congreso en el Palacio Municipal, al que fueron invitados: todos los pobladores villeros, los funcionarios de tierras de los municipios del Gran Buenos Aires, ministros, secretarios y legisladores provinciales. Villegas aprovechó la ocasión para advertir públicamente a los villeros y a sus líderes que el tiempo de las políticas de arraigo estaba llegando a su fin. Ya no sería posible la sanción de nuevas leyes de expropiación, de ahí en adelante Tierras se encargaría de encontrar la manera de implementar las leyes ya sancionadas, pues el gobierno provincial no tendría fondos para llevarlas a cabo. Mientras tanto, señalaba Villegas, deberían buscar entre todos, incluidos los villeros, nuevas formas de resolver el problema de la tierra.

Mientras, Santillán emprendía su retirada de la política a fines de 1989, migrando a la Patagonia argentina, a un sitio donde la belleza natural de las montañas y bosques, eran asociadas por él y algunos de sus colaboradores con una suerte de paraíso terrenal alejado de las presiones de la ciudad, Roberto Vélez desde su cargo de subsecretario de Tierras interrumpía la permeabilidad de los funcionarios municipales a los villeros (ver Introducción). En varias oportunidades posteriores Duhalde intentó atraer a Santillán a la función pública, pero no resistió la política en los nuevos términos. A fines de los años ’90 se sabía que seguía recluido en una casa a orillas de un lago del Sur argentino, que había abandonado la política y también la profesión de abogado, y que una misteriosa enfermedad, que casi lo mata, lo había dejado muy debilitado y avejentado, con tan sólo 40 años.

Por el contrario, Vélez no tenía entre sus convicciones e ideales el compromiso con el problema de Tierras que había caracterizado a su antecesor. Estaba ahí, decían, para hacer su propia carrera política, y aferrarse demasiado a viejas convicciones se lo impediría. El dinero, la búsqueda de distinción y de distancia con los villeros sería su forma de manejar el Proyecto de Tierras. En este esquema los villeros fueron quedando afuera del Palacio Municipal y de la política. La oficina se transformó: “otra gente” empezó a frecuentarla. Señores de elegante saco y corbata, y mujeres muy elegantemente vestidas contrastaban con la ropa gris de quienes habitualmente transitaban por Tierras. Mientras los villeros y sus dirigentes dejaron de ingresar a las oficinas, los funcionarios se retiraban de las habituales y frecuentes reuniones que solían hacerse en las villas. Ya no bajarían a los barrios de Cuartel IX° como lo habían hecho durante los años ’80.

La vida política y social comenzaba a pasar por el centro de Uriarte. Como vicepresidente de la nación, Duhalde había llevado numerosos colaboradores al gobierno nacional y se preparaba para conquistar primero la provincia de Buenos Aires (1991-1999), lo cual finalmente conseguiría, y luego la presidencia de la nación (1999), elección en la que fue derrotado. Esta ampliación del horizonte para los políticos uriartenses abrevaría en la opción de constituirse en una clase política con un nuevo estilo de vida. Los barrios ingleses de Uriarte, Hardfield y Seafield fueron elegidos como lugar de residencia de muchos de sus colaboradores, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Eduardo Mercuri, y de la Cámara de Diputados nacional, Alberto Pierri. Las escuelas bilingües inglesas alojarían a los hijos de estos políticos en la década posterior.

Al mismo tiempo que Duhalde se mudaba de su casa pequeña, a unas pocas cuadras, a uno de los edificios más caros de Uriarte. En su entorno creció un área residencial ya no de casas -ahora demolidas-, sino de pisos, semipisos y departamentos de categoría en propiedad horizontal. En su nuevo hogar realizaba las reuniones con los políticos que lo seguían, tanto del ámbito nacional, como provincial y local. En ellas bajaba línea, orientando la acción política y lo que esperaba de sus seguidores. La consolidación del grupo como “clase política” y la adopción progresiva del modo de vida de las elites vecinales locales comenzaría a contrastar con el proyecto político que en gran medida les había permitido a muchos de ellos llegar a su posición actual. Los políticos peronistas uriartenses, que en ningún caso salían de las elites locales, comenzaban a emularlas. Los políticos que durante los años ‘80 habían optado por los desplazados, intentando achicar la brecha que los separaba de los vecinos, comenzaban a cambiar su propio modo de vida y adoptar los valores del núcleo simbólico del “establishment” local, a veces no sin cierta moderación. Mientras, los dirigentes villeros ya no podrían aspirar a participar de carrera política alguna, se les cercenaron junto al Proyecto de Tierras.

Convicciones, resultados y “clase política”

El proceso hasta ahora analizado nos deja ver que la progresiva valoración de los resultados de las acciones sostenidas por la causa del arraigo, desafió las convicciones que fundaban la causa. Es decir, cuando este sector de la “clase política” peronista reconsideró las consecuencias resultantes del sostenimiento de la causa del arraigo villero, sus convicciones quedaron desafiadas. Según señala Wolfgang Schluchter siguiendo a Weber, las evaluaciones morales exigen la presencia de un valor de convicción pues una acción orientada únicamente por resultados no es moral (Schluchter 1996:61). Ahora, el hecho de que la valoración de los resultados sea un componente más de la acción no significa que las convicciones desaparezcan por completo. Para comprender este movimiento de la balanza del peso de las convicciones al de los resultados, es necesario considerar cuáles son los resultados valorados, a quiénes y cómo los afectan.

En el período analizado, la causa política que orientó al grupo de funcionarios de Tierras, comandados primero directamente por Duhalde y luego por Villegas, fue progresivamente minada por la valoración de las consecuencias de sustentarla. Estos funcionarios junto con dirigentes villeros incorporados a la función pública se habían constituido en una “clase política”, mientras se comprometían con la convicción en el valor histórico y político del arraigo de los villeros. Entre los políticos, villeros o vecinos, existía una dependencia entre su existencia como políticos y la salvación de los villeros. Conforme se daban muestras del compromiso con esta causa, sacrificándose por ella trabajando duramente hasta altas horas de la noche en reuniones preparativas de grandes movilizaciones o de diseño del barrio, en lugares muchas veces peligrosos, los sábados o los domingos, la dignificación villera era indisoluble del crecimiento político; tanto que hasta los villeros podían crecer políticamente y volverse políticos con cargos en la función pública. El trato preferencial a los villeros producía bienestar entre los políticos. Este vínculo entre políticos y villeros inspiraba la permeabilidad de los valores de la sociedad hacia los desplazados, lo que disminuía la posibilidad de que los villeros se alejaran de las actitudes, creencias y valores de los vecinos y se transformaran en una suerte de underclass (Maxwell 1993:240)^[14]. Al mismo tiempo, se achicaba la brecha entre establecidos y desplazados.

Sin embargo, las consecuencias no previstas del Proyecto de Tierras se fueron precipitando y acumulando. El peso de la convicción en las evaluaciones morales que estructuraban sus prácticas cedió al de la valoración de los resultados. El protocolo de contactos y actividades de funcionarios y villeros, como las movilizaciones no sólo no garantizaban el arraigo, se volvían en contra de la conformación de la “clase política”. La primera reacción de las autoridades frente a la emergencia de los resultados adversos de la política de tierras fue la de tratar de elevar la escala de implementación del Proyecto del nivel provincial al nacional. Pero, desde luego, la cuestión clave era que el arraigo daba cuenta del tipo de comunidad de referencia que imaginaban y a la que aspiraban, la que suponía la reducción de la diferencial de poder entre villeros y vecinos. Esta reducción aumentó finalmente los conflictos entre las partes, involucrando a los políticos uriartenses en ellos.

Desde el momento que la consolidación democrática y la proyección nacional de la carrera de algunos políticos uriartenses introdujeron la oportunidad de convertirlos en una “clase política” al margen de la comunidad histórica de referencia desplazada –instalada por el menemismo- , el avance de los villeros y los conflictos resultantes se volvieron una amenaza. Una nueva división del trabajo político estaba en juego, sobre todo cuando el gobierno nacional de Menem daba claras señales de una opción a favor del establishment nacional, al tiempo que socavaba el sentido tradicional de la comunidad de referencia política peronista, de la cual los villeros habían formado parte sustantiva. En este proceso, los políticos iniciarían un camino de búsqueda de nuevas convicciones sobre el orden deseado, otro estándar de evaluación moral por medio del cual villeros y políticos ostentarían diferencias sustanciales en sus estilos de vida, al tiempo que aquellos quedaban lentamente esfumados como categoría política.

El capítulo siguiente nos permitirá entender cómo un nuevo proyecto político, frente al sofocamiento de los villeros como comunidad política de referencia y las implicancias que, para la regulación del crecimiento político, trajo aparejada, procesa los dilemas morales que resultan del ocaso de la causa villera. Todo parecía indicar que no era posible redefinir la división del trabajo político sin la transformación de la comunidad de referencia, y, por consiguiente, de las convicciones que le daban sentido; tarea a la cual se abocarían las autoridades municipales.

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