Reconocimiento, persona y espacio público

“Rescatar esos miles de hombres y mujeres que constituían la militancia social” era según el intendente Villegas una misión primordial del Proyecto Uriarte. A uno de los ex militantes políticos ganados para este proyecto, le había señalado: “Mirá Julián, si todos los militantes peronistas se metieran en la sociedad de fomento de su barrio haríamos estragos”. El “rescate” de la militancia social promovió una serie casi ilimitada de reuniones en los Consejos de Organización de la Comunidad, tanto como jornadas y cursos de capacitación, tal como señalé en el capítulo anterior. Pero también generó formas solapadas y abiertas de rechazo. Reuniones ocultas y furtivas, por un lado, y una ceremonia en homenaje a un ex intendente asesinado por la última dictadura militar en 1976, fueron, del otro lado, ejemplo de escenarios contestatarios.

En razón de ello, me propongo analizar en este capítulo la tensión entre dos formas de valoración de la actuación en el campo político: la militancia social impuesta por el Proyecto Uriarte y la militancia política desplazada por aquél. Intentaré mostrar cómo en esta tensión se expresa para los políticos uriartenses el problema de la regulación del crecimiento político – sucesión-, al poner en juego el reconocimiento, un mecanismo que constituye el vínculo político por medio de la evaluación moral de las personas “capaces” de acceder a la política. Como mostraré, en la política uriartense el reconocimiento se presenta como la relación personal entre un investido con el poder de consagrar prestigio y autoridad, y los detentadores de dicha consagración.

Si bien el reconocimiento ha sido un concepto ampliamente esgrimido por la investigación antropológica y sociológica^[1], para entender sus particularidades e influencia en la vida política de Uriarte, es necesario atender especialmente a los siguientes factores: el sentido relativo del espacio público y privado de los encuentros en el campo político, y las posibilidades de expresión de valores masculinos y femeninos. De esta forma, mostraré las principales condiciones sociales mediante las cuales las variaciones que el reconocimiento asumió permitieron la institución y desplazamiento práctico de categorías de la división del trabajo político (Bourdieu 2001:99), como la de militante social y militante político, dirimiendo la profesionalización de los políticos y, así, las luchas por la sucesión política.

El reconocimiento como evaluación moral de la persona

Las perspectivas que en antropología política recuperan el concepto de reconocimiento social destacan el valor de la persona, más que de los sistemas u organizaciones, en la vida política. Tanto el honor (Pitt-Rivers 1965; Gilmore 1987; Peristiany y Pitt-Rivers 1992) como la reputación (Bailey 1971; Scott 1986) o el carisma (Schnepel 1987; Geertz 1994; Bourdieu 2001) son expresiones particulares de las denominadas luchas de reconocimiento social (Bourdieu 1990a). El reconocimiento de ciertas cualidades personales, fundadas en una serie de valores y condiciones sociales de expresión, instituye portavoces o líderes políticos, y lógicas de acumulación de prestigio así como de eufemización del poder (Bourdieu 1991:212). Aun cuando los juegos implícitos en el honor o la reputación, difieran de los del carisma en cuanto a la inscripción de los primeros en eventos cotidianos y, del segundo, en situaciones críticamente extraordinarias (Bourdieu 2001:191), el reconocimiento del líder y sus cualidades personales por sus seguidores es, en todos los casos, clave^[2]. Se trata de la posesión de ciertas cualidades intransferibles que invisten de autoridad a quienes atraviesan la evaluación moral de su persona por parte de quienes se convierten en seguidores (Parkin 1985:2).

Sin embargo, el énfasis en el punto de vista de los seguidores de un candidato, líder o dirigente, que las perspectivas sobre el reconocimiento acostumbran sostener, tiende a negar el carácter recíproco de estas evaluaciones morales. Como veremos la investidura del dirigente depende, no sólo del reconocimiento personal logrado entre sus seguidores por ejemplo en campañas callejeras (Scotto 2003:81), o entre sus pares -otros candidatos y dirigentes- al interior de las facciones (Heredia 2003:58); también depende del ejercicio del reconocimiento de él hacia los seguidores^[3]. Las evaluaciones morales de la persona de sus seguidores, que el líder realice, moldean las cualidades necesarias para acceder al crecimiento político, tanto como instituyen identidades políticas y sociales entre los seguidores. Entonces no sólo los lideres, dirigentes o candidatos son seleccionados por quienes son sus seguidores, también los seguidores se sienten seleccionados por los líderes. Quiero señalar, que sin esta dimensión de la reversibilidad del reconocimiento, se vuelve imposible comprender la dinámica que toma la sucesión política uriartense, y su capacidad para conferir, negar o subordinar identidades sociales y políticas.

Considerando que en sociedades abiertas (Barth 1994), como la nuestra, el reconocimiento no parece depender tanto de una comunidad constituida por una opinión pública basada en relaciones cara a cara, debemos precisar cuáles son las condiciones y la estructura práctica en las que opera^[4]. Justamente, me interesa destacar cómo la definición práctica de los límites entre espacios públicos y privados, y los valores de género esgrimidos por el reconocimiento en el marco de esos límites, constituyen dimensiones cruciales del reconocimiento político. Concretamente, los estándares de evaluación moral de la persona son actuados en el curso de eventos, cuya publicitación o privatización depende de su clasificación como eventos “institucionales” o “políticos”. Es la imposición de esta clasificación la que permitirá definir el valor de la actuación política, ya sea como evento público o en su defecto privado. Son éstos los escenarios donde se dirimen las incongruencias entre: la clase de persona que los subordinados en el vínculo político desean ser, la clase de persona que los investidos con el poder de reconocer, reconocen; y la clase de persona que los primeros creen que los segundos reconocen^[5].

Contrariamente a las visiones prescriptivas según las cuales el individuo-ciudadano inserto racionalmente en la política debería ser el protagonista por excelencia de la política moderna, encontramos que la persona y sus cualidades morales, protagonizan la vida política contemporánea (Ong 1999:54). No es sólo que la “persona” se diferencia del “ciudadano” al comprometer más que la performance pública e introducir también la vida privada (Texeira 1998). Se trata de considerar cuáles son las condiciones sociales y los efectos de los cambiantes límites entre lo público y lo privado^[6]; dado que la definición especifica que asuman ambas esferas forma parte constitutiva del reconocimiento como mecanismo de asignación, alteración –y rechazo– de identidades.

Este capítulo expone la confrontación entre los escenarios creados por el Proyecto y aquellos que implícita o explícitamente los desafían. Uno de estos escenarios es el de las reuniones intensificadas durante la implementación del Proyecto Uriarte, al que le dieron existencia práctica; el otro, es su ruptura, una ceremonia realizada en 1999 de homenaje a un intendente de Uriarte asesinado en 1976.

Las reuniones y el militante social

El Proyecto Uriarte multiplicó las reuniones durante sus ocho años de duración, consagrándolas como ámbito privilegiado de sociabilidad política. La eficacia de este proceso dependería de un rasgo del Proyecto: su capacidad real de librarse de su carácter discursivo prescribiendo un contexto (Bourdieu 1998:117), y clasificando las reuniones como el espacio público óptimo para la nueva sociabilidad política^[7].

Por regla, las reuniones de los 53 Consejos de Organización de la Comunidad se realizaban en los barrios respectivos. Sus integrantes eran vecinos, representantes de cada una de las instituciones que participaban del Consejo, tales como: juntas vecinales, sociedades de fomento barrial, clubes sociales y deportivos, y centros de jubilados. Anualmente, sus miembros elegían la comisión directiva del Consejo integrada por un presidente, secretarios y vocales. Por lo general, las reuniones del Consejo se hacían una vez por semana, pero la comisión directiva se reunía entre dos y tres veces por semana. Al mismo tiempo, como señalé, se llevaban a cabo reuniones en el Palacio Municipal entre funcionarios y coordinadores municipales de los Consejos. Entre las reuniones realizadas en los Consejos y en el Palacio Municipal, sumaban un centenar de reuniones semanales, que involucraban aproximadamente unas ochocientas personas. Era una característica de estas reuniones el hecho de que eran públicas, no sólo porque podía participar quien quisiera, sino porque eran abiertas, ya que el Proyecto garantizaba el acceso a la información de lo que “allí estaba sucediendo”.

Dos representantes de cada institución vecinal o barrial^[8], con sede en la jurisdicción del Consejo, participaban de las reuniones en las cuales los funcionarios políticos del Proyecto promovían la militancia social. Pero esta actividad a cargo de la Secretaría de Promoción de la Comunidad, excluía la presencia de autoridades municipales en el proceso. Todo sucedía de modo tal, que ninguna autoridad externa al Consejo estaba presente. Precisamente, el coordinador, un agente municipal asalariado, encarnaba la presencia de la autoridad municipal en las reuniones, pero como su negación. Desde una posición políticamente neutra y despolitizada, se encargaba de arbitrar el proceso de promoción de la militancia social. El término “coordinar” excluía, como mencioné, cualquier connotación de poder. No había coerción, ni autoridad, ni delegación, ni tampoco representación, sino justamente la negación de todos estos atributos. El coordinador era un mediador que debía dejar que los valores de los vecinos emergieran sin imponer criterios – o “bajar línea”-, como suele decirse en la Argentina, pues era central al espíritu del Proyecto que los “valores de la comunidad de vecinos brotaran sin imposiciones ni interferencias”.

Las autoridades del Proyecto consideraban al coordinador una pieza crucial, que podía garantizar la ausencia de las autoridades en tanto actores políticos, o su presencia neutralizante y despolitizadora. Así, el coordinador era entrenado para garantizar reuniones abiertas donde todos participaran en un plano horizontal, simétrico e igualitario. Estas condiciones parecían asegurar, desde el punto de vista de los funcionarios del Proyecto, el reconocimiento de los militantes sociales por sus vecinos, en el curso de las reuniones. “Coordinar” implicaba la suspensión de los “intereses políticos”, de toda pretensión de descollar políticamente. Estas pretensiones eran sistemáticamente descalificadas por las autoridades del Proyecto, pues eran evaluadas como intereses personales por ascender en la jerarquía política municipal.

El Proyecto iba produciendo así, un control creciente sobre la emergencia de modos de destacarse de los militantes, que pretendieran romper con la horizontalidad entre vecinos y habilitaran el reconocimiento ascendente, promoviendo una relación más horizontal con los políticos. ¿Acaso estos modos de destacarse eran posibles?

Cuando Villegas y su equipo lanzaron el Proyecto muchos militantes políticos tenían expectativas de ocupar el cargo de coordinador, pues suponía ser reconocidos por su trayectoria política. Casi todos los coordinadores habían sido militantes políticos de la periferia con una larga trayectoria de militancia en las villas. De hecho, en privado, algunos admitían que lo seguían siendo. Sin embargo, de la veintena de coordinadores sólo cinco obtuvieron un cargo oficializado de coordinador, con un salario acorde con el mérito que el cargo suponía. Los demás resultaron transferidos al denominado “cuerpo de coordinadores”, desde su lugar de trabajo en alguna dependencia municipal y con sus antiguos cargos de agentes municipales, ninguno era funcionario con jerarquía. Luego serían compensados en su intensa y prolongada dedicación con horas extras, viáticos y otras formas de bonificación. Una mitad rondaba los cincuenta años de edad, la otra, eran jóvenes de entre 25 y 40 años.

Alicia fue directora durante seis años del cuerpo formado por 20 coordinadores. Quien la precedió también era una mujer aunque, a diferencia de ella, sí era militante política. Alicia era de profesión psicopedagoga y llegó al cargo con algo más de 30 años, de la mano de su tío, el intendente, y de su esposo, el secretario de Promoción. Así justificaba ella el rango que tenía. Creía que el principal problema del Proyecto era no haber podido elegir a los coordinadores. La mayoría eran, para ella, “viejos militantes políticos llenos de mañas y vicios”. Su limitación para seleccionarlos explicaba: la dificultad de los coordinadores para consustanciarse con el Proyecto, y, la que enfrentaba, para hacerles comprender la forma de promover la militancia social. Según Alicia el “cuerpo de coordinadores” era un “rejunte” y no un verdadero “cuerpo de elite” con uniformidad de méritos, capacidades y habilidades para la promoción de organizaciones comunitarias.

Después de algunos años de existencia del Proyecto Uriarte, Alicia llegaría a la conclusión de que, para ser coordinador, era preciso tener “vocación de servicio”, y que la peor de las cualidades era la “intencionalidad política”. Un natural interés por el prójimo, un profundo desinterés personal y una gran voluntad de hacer cosas por los demás eran el antídoto contra el interés egoísta. La oposición entre egoísmo y altruismo eran centrales en la concepción de Alicia sobre la actividad de promoción que llevaban adelante. La personalidad que más se acercaba al “perfil del coordinador” era, según ella, la de “las trabajadoras sociales”, profesionales universitarias orientadas a la asistencia social organizada. Pensaba en mujeres comprometidas con la “asistencia a la comunidad”, pero ninguno de los miembros lo era. Sólo dos mujeres tenían título universitario: una era licenciada en ciencias de la educación y la otra era psicopedagoga, mientras otros tres eran estudiantes universitarios. A las dos primeras, Alicia las consideraba demasiado técnicas, y a los otros tres, más jóvenes, sí los ponderaba por su “vocación de servicio y entrega”.

Así, para Alicia, el clivaje principal era el que diferenciaba a “viejos” y “jóvenes”. Esta clasificación no dependía tanto de la edad, como del estilo de “hacer política”. Para ella no había dificultad mayor que cambiar el comportamiento de los “viejos militantes”, que no entendían el Proyecto, y buscaban “hacer política como militantes políticos en los Consejos de Organización”. La dificultad estaba en alterar ese hábito ya encarnado, caracterizado por la búsqueda de reconocimiento político, a través del reconocimiento de seguidores. La prohibición de oficiar como coordinadores en su propio barrio –mencionada en el capítulo anterior– era uno de los antídotos contra la búsqueda de reconocimiento, aunque no era suficiente.

Dos veces por semana Alicia se reunía con los coordinadores y dos o tres veces por año se realizaban las Jornadas de Capacitación. Las reuniones con Alicia en el Palacio Municipal duraban más de dos horas. Allí, organizados en comisiones de trabajo, los coordinadores informaban los resultados de sus reuniones a los funcionarios municipales. Jamás confrontaban con Alicia, fundamentalmente contaban lo que habían hecho o escuchaban sus sugerencias. Cuando algún coordinador tenía algún problema en su Consejo, como habitualmente sucedía, lo conversaba con Alicia en reuniones personales y no en las plenarias. Esos problemas estaban relacionados para Alicia con “internas políticas”, con ciertos vecinos que querían “usar los Consejos para hacer política”.

La queja principal, entre los coordinadores, era la ausencia de Fernando Olmos, el secretario de Promoción de la Comunidad, en las reuniones en el Palacio Municipal y en las de los Consejos en los barrios. De hecho, la única vez que lo vi a Fernando Olmos en una reunión fue espiando por la puerta para avisarle a Alicia –su esposa–, que la esperaba para irse juntos. En esa oportunidad, sus palabras fueron mínimas: “están trabajando muy bien, vamos a ver…”, luego cerró la puerta, y se fue. Dicha queja, a veces transformada en exigencia, obedecía a la influencia que tenía Fernando Olmos en el escenario político local. Él era “el operador político” del intendente Villegas, él negociaba para el jefe político local. Contrariamente, quien coordinaba a los coordinadores, Alicia, no tenía ni militancia, ni trayectoria política; su investidura era más burocrática. Alicia no estaba investida, ni por Fernando ni por Villegas, con el poder de reconocer políticamente a los coordinadores, aunque ella fuese mediadora entre los coordinadores y Fernando Olmos, e incluso, con Villegas, por lo tanto, las reuniones no eran sitio para destacarse políticamente. En efecto, que Alicia fuera una mujer sin militancia política devaluaba las pretensiones de los coordinadores de ser reconocidos políticamente, y los ubicaba en el terreno del reconocimiento social. No obstante, este último reconocimiento parecía no suscitar demasiada devoción; las reuniones carecían de fervor y entusiasmo.

Las Jornadas, en tanto, estaban destinadas a los coordinadores y a los militantes sociales –las autoridades de los Consejos–, y tenían el propósito de “transmitir las herramientas para desbloquear la comunicación” entre los integrantes. El “bloqueo” era atendido de dos modos: con Jornadas orientadas a mejorar la comunicación grupal; y con Jornadas orientadas a mejorar los vínculos del grupo, a través de la dinámica de la “psicología de grupos”. Las autoridades del Proyecto organizaban estas Jornadas pues creían, siguiendo la Teoría de la comunicación de Jürgen Habermas en la que se habían inspirado, que la organización de la comunidad dependía de un reconocimiento horizontal basado en “una comunidad de comunicación”. Es decir, que toda retención o distorsión a la circulación de la información impedía la organización de la comunidad como tal y, consecuentemente, evidenciaba la presencia de un interés político o personal. Por lo tanto, podía convertir un determinado escenario en una interna o conflicto político entre bandos.

Estas Jornadas estaban organizadas y supervisadas por licenciados en ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de Uriarte, dos de los cuales integraron el Proyecto casi en toda su duración. Las Jornadas en las que se consideraban los problemas derivados del trabajo grupal eran dictadas por psicólogos sociales graduados en la Escuela de Psicología Social^[9] de Uriarte. Allí, trabajaban “la distribución de roles” que impedía la formación de “vínculos horizontales y solidarios”.

Con el paso del tiempo, las autoridades del Proyecto espaciaron estas Jornadas hasta finalmente ampliar e institucionalizar la capacitación en una Escuela de Promotores Comunitarios. Al principio, esta escuela funcionaba esporádicamente en el barrio Rivera. El profesor era Mario, funcionario del Proyecto y profesor de la Universidad Nacional de Uriarte. A comienzos de 1998, consiguieron que el Honorable Concejo Deliberante sancionara la ordenanza que convertiría la escuela en una institución oficial. El título de Promotor Comunitario se obtenía con la realización de un programa de cursos de dos años. La Escuela de Promotores Comunitarios era el lugar imaginado para cambiar los modos de comportarse, las maneras, el decoro de los militantes que pertenecerían al cuerpo de elite^[10].

Las autoridades esperaban que concurrieran a esta escuela todos los coordinadores, pero no tenían forma de obligarlos, porque no había como pagarles el tiempo de capacitación. No obstante, quienes efectivamente asistían, eran especialmente reconocidos. Tal era el caso de Estela, una vieja militante de Uriarte de 59 años, oriunda de la provincia de Tucumán, quien lamentaba enormemente el rechazo sufrido en la escuela y en el barrio por su “cara de india”. El reconocimiento de Alicia le había permitido formar parte del círculo íntimo de las autoridades del Proyecto y contar con mayores responsabilidades frente a los demás coordinadores. Estela se había transformado a sí misma en esos años, incluyendo su forma de vestir, lo que la distinguía de los coordinadores que no terminaban de renunciar a la militancia política. Posiblemente había atendido a uno de los comentarios obligados del círculo íntimo del Proyecto, sobre el modo de vestir de algunos coordinadores. Ciertas prendas, como calzas atigradas muy ajustadas, remeras brillantes, ciertas combinaciones de colores, etc., eran objeto de comentarios irónicos. A los hombres, en tanto, les criticaban en privado el cabello largo, los aritos, los tatuajes y la ropa demasiado informal. Así, la pertenencia incluía adaptarse al vestuario, luego de haber demostrado carecer de aspiraciones políticas. Para Estela su reconocimiento estaba asociado a su relación con las autoridades del Proyecto, para lo cual debió mantener un claro desinterés en destacarse políticamente.

También Carlos había sido reconocido por Alicia. Había conseguido crear dos Consejos de Organización en muy poco tiempo. Era estudiante de ciencias de la comunicación y tenía cerca de 25 años al iniciarse el Proyecto. Cuando Alicia se enfermó, Carlos se convirtió en su reemplazante. Ya había sido suficientemente reconocido como para participar de las reuniones más íntimas de los integrantes de Promoción. Tiempo después, acabó reemplazándola definitivamente. La ejemplaridad de este acto impactó en el resto, provocando bastante descontento entre “los viejos”.

Rodrigo, hijo de una vieja y conocida militante política de Ministro Rivadavia, una de las zonas periféricas más extensas de Uriarte, había ingresado a las filas de los coordinadores de Promoción, mientras terminaba sus estudios secundarios. No se consideraba a sí mismo un militante, pues para él militantes eran los de antes, ahora sentía que “todo se había tergiversado”, los militantes no tenían interés por las necesidades de la gente. Rodrigo era de tez muy oscura, cabello largo rizado y ojos verdes. Tenía cicatrices en el rostro, llevaba pulsera, collar y anillo grueso de plata, y una campera de cuero con tachuelas. En Promoción le tenían confianza pero esperaban que en algún momento se cortara el cabello y vistiera como Carlos: con pantalón de traje y camisa clara, y se librara de ese aspecto “heavy metal”. En poco tiempo Rodrigo abandonó su antiguo ropaje, y se volvió codirector de los coordinadores, junto a Carlos, después que los funcionarios de Promoción advirtieran en su cuerpo la desaparición de signos de diferenciación y rebeldía.

Las reuniones, las Jornadas de Capacitación y la Escuela de Promotores Comunitarios no dejaban de indicarles a las personas que la experiencia como militantes políticos no sólo era inútil, sino perniciosa. El reconocimiento entre los coordinadores estaba sustentado en valores que sustituían la experiencia militante. El valor principal era la aceptación de las directivas del Proyecto, pero también, la evitación de conflictos políticos producidos por las pretensiones y luchas desatadas para ser reconocidos. Según este razonamiento los “jóvenes” eran más valorados porque se los consideraba menos viciados, mientras los demás miembros del “cuerpo de coordinadores” eran relegados al desconocimiento político. No obstante, frente al resto de los militantes locales, los coordinadores seguían creyéndose especiales. Si bien la presencia de Alicia desacreditaba el valor político de su actividad, creían que su designación como coordinadores era efectivamente un premio a su trayectoria.

Habiendo hecho tal descripción y tomando cierta distancia analítica podemos decir que los coordinadores sí eran un cuerpo especial. Eran un cuerpo ejemplar creado para mostrar a los demás militantes que el sentido de la militancia no era el sentido político. Entonces, aunque rechazaran la aplicación práctica de los conocimientos impartidos durante las Jornadas de Capacitación, aunque creyeran que el valor de su propia experiencia era inalienable y no desechable, como decía Alicia, y aunque les molestara que los más jóvenes fueran recompensados por su desinterés político, eran un cuerpo especial.

En suma, el escenario de las reuniones en los Consejos barriales coartó las posibilidades de relación personal con los investidos. El coordinador debía comportarse negando sus intereses políticos, abandonando con ello su experiencia como militante político, para promover un reconocimiento horizontal entre vecinos en tanto militantes sin intereses políticos. Ciertamente, los intereses políticos, evaluados como intereses personales, egoístas y opuestos al interés social de la comunidad, exigían una relación personal con un investido ubicado entre “los de arriba”, dirigentes y funcionarios, capaz de permitir el crecimiento político.

La conversión de los militantes políticos

Con Menem como presidente, el peronismo había vuelto a gobernar la Argentina en julio de 1989. Duhalde, el político local con mayor trascendencia nacional, había dejado la vicepresidencia en 1991 y desde su cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires alimentaba las esperanzas de crecimiento político de los militantes locales. A comienzos de los años ’90, ya resonaba la candidatura de Duhalde a la presidencia de la nación y, era sabido que el intendente Villegas era un aliado incondicional de este último. Uriarte podía ser imaginada como un refugio apacible para los peronistas, teniendo en cuenta las posibilidades electorales de Duhalde y el rechazo que las políticas de Menem suscitaron entre muchos partidarios del peronismo. Sin embargo, la decisión del intendente Villegas de gobernar mediante el Proyecto Uriarte sacudió dicha posibilidad, provocando reacciones que iban desde el éxodo, la resistencia pasiva, al desafío público.

Para los que decidieron “irse”, el Proyecto Uriarte traicionaba compromisos con valores fundamentales de la acción política peronista. De algún modo, aquel parecía ratificar la orientación neoliberal del presidente Menem hacia la “modernización del Estado”. Para los que decidieron “quedarse”, el Proyecto Uriarte era visto como un ámbito de resistencia hasta el retorno, en un futuro cercano, de la mano de “Duhalde Presidente”. En el Movimiento Peronista “la resistencia” daba cuenta de una época de diecisiete años de duración, posterior exilio de Perón luego de la “Revolución Libertadora”, el golpe militar contra su segunda presidencia de 1955. Durante ese lapso el peronismo fue proscrito, pero los militantes peronistas supieron darle continuidad al movimiento^[11].

Quienes optaron por el camino del cambio, propiciado por las autoridades, y cerraron las unidades básicas^[12] para abrir instituciones vecinales, no lo hicieron para cambiar la forma de “hacer política”, sino para preservarse a sí mismos. Estaban seguros que en las instituciones podrían hacer lo mismo que antes, aunque bajo otro nombre. También hubo quienes creyeron que el Proyecto Uriarte traicionaba valores fundamentales de la acción política y, sin embargo, no se fueron. Prefirieron, en cambio, mantener su sueldo municipal, manteniendo un “perfil bajo”, esto es bajando las pretensiones al reconocimiento político, en fin, restringiendo la exposición pública frente a las autoridades.

Otros se quedaron por convicción, porque vieron en el Proyecto Uriarte y la militancia social que propiciaba, los valores de los ’70. Pedro, un ex guerrillero peronista convertido en coordinador, justificaba su adhesión, destacando la reivindicación del Proyecto de ideales del ’70 tales como: el compromiso e identificación con la gente; y lo espiritual y humanitario de la sensibilidad social, opuesto al cálculo frío de lo material. Participar activamente del Proyecto Uriarte significaba, en este caso, realizar los ideales de los ‘70 pero por vías pacíficas.

Tal disparidad de elecciones provocadas por un mismo proyecto político, no sólo da cuenta de la ambigüedad del Proyecto Uriarte, sino que permite apreciar cómo las diversas justificaciones convergen en una misma pretensión: no alterar una cierta “esencia” de la persona inscripta en la actuación política. La política como campo de actividad y de sentido garantizaba alguna noción de persona que era imprescindible preservar, lo cual daba cuenta tanto del compromiso personal como del compromiso de lo político con la dimensión personal. La defensa encarnizada de una “esencia” de la persona no significa que no hubiera lugar a ambigüedades, negociaciones o conflicto entre valores de la persona, sino que las pretensiones sostenidas enfatizaban la asociación entre persona y política. En cualquier caso, las evaluaciones morales de la persona, ya sean bajo la forma de justificaciones o explicaciones de las adhesiones al Proyecto, asignaban algún valor a la persona y definían su participación en política.

Sin embargo, esas justificaciones no necesariamente mantuvieron inalterable la “esencia” en cuestión, más bien fueron activos instrumentos de alteración del “hacer política”, pues intentaron conciliar lo que se pretende ser con la performance que los investidos están dispuestos a reconocer. Así, aun pretendiendo sostener cualidades esenciales las justificaciones transforman imperceptiblemente a la persona^[13]. En efecto, el proceso pone en evidencia la dependencia del campo político de las construcciones morales sobre la persona.

Por eso el director de Adoctrinamiento del Consejo Local del Partido Peronista se lamentaba que la militancia política junto con su escenario tradicional, las unidades básicas peronistas, hubieran desaparecido de Uriarte. Para él, un dirigente de casi 70 años –el único del peronismo uriartense formado en la Escuela de Adoctrinamiento Peronista que había tenido al mismísimo general Perón como maestro– el Proyecto Uriarte había provocado esa desaparición: “La política no puede pasar por las instituciones –decía– debe hacerlo por las unidades básicas. En las instituciones no se hace política; está prohibido por ordenanza”. Contrariamente, en las unidades básicas, esas organizaciones distribuidas en los barrios cada cuatro o cinco manzanas, donde se realizaba tanto el trabajo de campaña electoral como el de distribución de ropa, alimentos, medicamentos, etc., el trabajo social y el trabajo político iban de la mano; se realizaban en el mismo sitio y bajo la misma identidad: la del militante político.

De hecho, la ordenanza de creación de los Consejos restringía la participación de los militantes políticos a dos por barrio designados por el Consejo de cada partido político. Para participar en ellos los militantes tuvieron que crear instituciones, pues en la práctica el Consejo del Partido Peronista no hizo designaciones. Si bien Uriarte fue el único municipio del Gran Buenos Aires gobernado por el Partido Peronista, del cual desaparecieron las unidades básicas^[14], esta desaparición no coincidió con la conversión y desaparición de la militancia política; es sólo que ésta, como veremos, se volvió menos pública.

Género y espacios de la conversión

La conversión de los militantes políticos en militantes sociales no fue un proceso acabado, ni uniforme. Tuvo marchas y contramarchas, fue resistido y contestado, pero también reproducido. La lógica de este proceso estuvo marcada por la manera en que los agentes flexibilizaban los límites entre lo público y lo privado impuestos por el Proyecto Uriarte. La presión para mover este límite puso de relieve las capacidades diferenciales de los valores de género para expresarse, y ser públicamente reconocidos por las autoridades políticas. Lo femenino estuvo asociado a un reconocimiento social público que permitía a las mujeres valorar su presencia desde su actuación en lo social. Esta valoración estaba concentrada en el Plan Vida^[15], una política social alimentaria dedicada a darles leche y huevos a las madres con hijos menores de seis años. La distribución estaba a cargo de las “trabajadoras sociales”, más conocidas como manzaneras, “vecinas” que repartían diariamente el alimento entre otras vecinas del barrio. Por definición eran mujeres que trabajaban voluntariamente sin retribución salarial alguna, su retribución principal era el prestigio social, por oposición al político (Masson 2004).

Pero el Proyecto Uriarte era, en cambio, un proyecto para que hombres y mujeres desarrollaran sus habilidades institucionales. La virtud personal residía, en este caso, en la capacidad para manejar los procedimientos preestablecidos y mantener el funcionamiento del Consejo “priorizando y canalizando las necesidades de los vecinos”. Los hombres, en este sentido, contaban con la posibilidad de conducir el Consejo de Organización, pero esto no les permitiría obtener el reconocimiento político, de políticos como Villegas. Cualquier actitud vehemente de un militante hacia las autoridades era controlada, anulada o rechazada en nombre del valor de la institucionalidad y de los procedimientos disciplinados. Las demostraciones de fuerza, de potencia, etc., eminentemente masculinas, eran rechazadas por las autoridades del Proyecto a favor de un comportamiento institucional. Como ya señalé, el reconocimiento social era el mecanismo disponible de evaluación personal de los militantes sociales. Sin embargo, el ámbito por excelencia de evaluación constituido por las reuniones del Consejo estaba relativamente privatizado ante la escasa presencia de vecinos y la ausencia de las autoridades municipales.

El reconocimiento político –a la militancia política– parecía, en cambio, depender de ámbitos más públicos. Ella exigía una cuota de demostración pública de capacidades y posibilidades de desafiar al investido, habitualmente reprimida. Las reuniones eran, desde este punto de vista, espacios privatizados donde la emergencia del desafío no tenía asidero, pues no había investido que pudiera reconocer virtudes políticas. Cuando las reuniones eran abiertas, puesto que un jefe político estaba presente, entonces el desafío al poder tenía cierto sentido, por más que la retórica de las autoridades del Proyecto Uriarte performara la idea de que las habilidades políticas no serían ya reconocidas. Así, cada tanto, hombres y mujeres manipulaban la frontera de la privatización y desafiaban las formas del reconocimiento establecidas.

Feminidad y militancia política

En la reunión del Consejo de Villa La Rosa^[16] el Presidente escuchaba cómo, por horas, discutían la expulsión de Lola del Consejo de Organización del barrio. Ella ocupaba el cargo de secretaria en su calidad de miembro de la institución “Rincón de Luz”, un comedor infantil del barrio que funcionaba en su casa. Como era amiga del presidente, él había resuelto no meterse; no podía salir a defenderla estando presente la coordinadora del Consejo. La discusión fue bastante acalorada: tres miembros del Consejo, de los veinte presentes, pedían furiosos su expulsión; mientras el vicepresidente y el tesorero trataban de impedir que la decisión se tomara sin que Lola, la acusada, estuviera presente. Finalmente, condicionaron su expulsión a una suerte de descargo público de la acusada.

A pesar de las diferencias, había acuerdo sobre la gravedad de su comportamiento:

“Lola usó el Consejo para su beneficio… ¿Cómo va a poner el cartel de Morales concejal?, ¡Tendría que haber sacado el cartel, ella sabía!.. El panadero que le llevó las facturas para el Día del Niño estaba indignado, y tiene razón. No podemos permitir que la política entre en el Consejo. Además ese Morales es de Rivera, nada tiene que ver con nosotros”.

Los diecinueve participantes de la reunión estaban de acuerdo en que, tratándose de una actividad del Consejo, “la política” debía quedar excluida y que la sola exhibición del cartel en la casa de Lola, la secretaria, “metía la política en el Consejo”, lo contaminaba. Pero además, Morales no era de Villa La Rosa, lo cual tornaba más impropio el comportamiento de Lola. Ella “hacía política” desde su casa, por eso había colgado el cartel que decía “Morales concejal, Agrupación Peronista ‘Chacho Peñaloza’”, y, al mismo tiempo, era miembro del Consejo del barrio. El Consejo había organizado el festejo del Día del Niño para todos los chicos del barrio, para lo cual el panadero debía dejar mil facturas^[17] en la casa de Lola, que luego ella llevaría al salón donde se realizaría el festejo. Cuando éste vio el cartel, dejó las facturas, pero inmediatamente llamó al vicepresidente del Consejo para advertirle que era la última vez que las donaba. Era indiscutiblemente inmoral que Lola no hubiera sabido separar las dos cosas.

Así, cualquier demostración voluntaria o involuntaria de distinción política era rápidamente sancionada siguiendo los procedimientos institucionales del Proyecto Uriarte. Las reuniones eran el escenario donde se ponía en juego el reconocimiento, que no debía ser político. Si Lola “quería hacer política”, podía hacerlo, incluso en un ámbito tan doméstico y privado como su casa, siempre y cuando no metiera al Consejo, el espacio público más defendido. Cuando Lola cruzó el límite de la privatización de la política, pretendiendo su propio reconocimiento político a través del espacio público del Consejo, su comportamiento quedó rápida y furiosamente desacreditado. En el Consejo, era el trabajo institucional de la militancia social el que había adquirido oficialmente valor. Lola tenía un comedor donde daba de comer a un grupo de veinte chicos con el apoyo de Morales, un jefe político barrial, pero el trabajo social no estaba para ella escindido de su trabajo político. No era de las mujeres que buscaban en el trabajo social el refugio para un comportamiento que se recordaba como político, pues para ella ambos estaban indisolublemente ligados. Lola no buscaba, como se esperaba, evitar dar señales de su ambición de reconocimiento político, prefería la militancia política. Sin embargo, el escenario en el cual se encontraba estaba plagado de obstáculos para ello.

Ligeramente distinta era la actitud de Marisa, quien en conversación privada se consideraba a sí misma una militante política. Era de Rivera, el barrio contiguo a Villa La Rosa. Había sido contratada por 300$ por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, a cargo de Dora Girón, la esposa del intendente Villegas. Andaba siempre de aquí para allá; durante el día, entre la Municipalidad y el Consejo Provincial de Familia y Desarrollo Humano, y por la noche y los fines de semana, en los barrios. Su vida estaba tomada por esas actividades porque, como ella decía, “amaba lo que hacía”. No necesitaba trabajar, su hijo y su marido tenían buenos trabajos.

La conocí en una de esas reuniones de los barrios, un jueves por la noche. La había invitado Patricia, una concejal de Villa Antigua, otro barrio de la periferia. Quería que las mujeres que militaban con ella aprendieran de Marisa. Durante la reunión a la que había concurrido, eludiendo a sus jefes municipales y por el respeto que le inspiraba Patricia, se dedicó a exhibir no sólo su conocimiento sobre los intersticios del sistema de ayuda social, sino la manera de usarlos. Para Marisa ser militante política era justamente hacer uso del sistema en función de las necesidades de la gente, y no según reglas abstractas e impersonales. Ella expresaba así esa diferencia:

“Yo le digo a la gente que mienta, si tiene obra social, porque chicas, si tiene obra social no puede recibir ningún tipo de ayuda. Entonces no queda otra que mentir… Lamentablemente, algunos militantes se han municipalizado, no tienen sensibilidad por los problemas de la gente. Como Ester (funcionaria de Acción Social). No sé, de qué le sirve tanto estudio si no puede entender que, por más obra social que alguien tenga, si gana 150 pesos y tiene que comprar un remedio por 40 pesos, no puede”.

Marisa sabía cómo sortear los requisitos puestos por los insensibles, que alguna vez habían sido militantes políticos. Marisa se había incorporado al Consejo de su barrio: “Abrí una institución, como muchos compañeros, junté los socios… a mí no me van a ganar –le dijo en la reunión a Patricia”. La clandestinidad de su militancia política, también compartida por la concejal Patricia, se reflejaba en la bronca que le provocaba la actitud de la esposa del gobernador hacia los militantes: “Chiche no quiere reconocer a los militantes, no quiere el trabajo político, y yo digo: ¡si ella está ahí por su marido que es un militante!’”.

En el año 1997, y contra la voluntad de muchos militantes, Duhalde había puesto a su esposa, Chiche Duhalde, como primera candidata de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, compitiendo con otra mujer que encabezaba la lista de la oposición. Para ello fundó, junto a su esposa, el evitismo^[18] una corriente que unía a las mujeres de las dos líneas internas del peronismo provincial: la Lipebo y la Liga Federal. Militantes como Peretti se habían quejado de la idea de separar a la mujer peronista del hombre peronista “Eva –decía–, no era nada sin Perón”. Sin embargo, el “arrastre” de las manzaneras y las beneficiarias del Plan Vida le hizo creer al gobernador que podrían ganarle a Graciela Fernández Meijide, la candidata opositora. Duhalde, resuelto a ponerla como mediadora del reconocimiento de todas las mujeres, decidió convertir también a Chiche en mediadora del reconocimiento de los hombres. Pero finalmente, en las elecciones legislativas de octubre de aquel año, Chiche fue derrotada.

El enojo de Marisa con Chiche indicaba que su desconocimiento e indiferencia al trabajo político daba sentido práctico a esta mediación. En otras palabras, el reconocimiento de Chiche implicaba la disolución de una valoración políticamente determinada, sobre a quiénes y por qué, darles; es decir una sensible a las personas, a una historia y a un destino común; y su sustitución por reglas abstractas.

Las mujeres podían conservar su militancia política en un círculo privado, rayando incluso la clandestinidad, mientras públicamente obtenían reconocimiento social. Oficialmente en Uriarte, el reconocimiento de lo femenino alentaba el trabajo social, y el de lo masculino la militancia institucional en el ámbito de las reuniones. Ambas formas del reconocimiento estaban principalmente fundadas en el seguimiento de procedimientos establecidos por el Plan Vida, en el primer caso, y en la actividad de los Consejos de Organización de la Comunidad, en el segundo.

Masculinidad y militancia política

Cada tanto algún hombre desafiaba el reconocimiento institucional, desprivatizando el trabajo político para obtener un reconocimiento en estos términos. Curiosamente estas demostraciones eran reacciones vehementes, impetuosas, y hasta temidas, por su proximidad con la violencia. Quizás eran un modo de conectar masculinidad y política, una asociación profundamente debilitada entre los vecinos de la periferia. El avance del reconocimiento social instaló una barrera para los aspirantes a un lugar en la jerarquía política, que les impediría moverse hacia arriba, crecer políticamente. Es que su actuación institucional, en el ámbito del Consejo de Organización del barrio, desterraba la distinción política.

Esas reuniones no tenían margen para eso, excepto que un investido con la capacidad de reconocer políticamente se hiciera presente. A comienzos de 1997, el intendente Villegas organizó la segunda serie de reuniones denominadas el “Gabinete Social en los Barrios”. Esta vez el Gabinete no sólo saldría a escuchar a la gente, también anunciaría el lanzamiento de un Plan de Infraestructura Barrial que, por primera vez, contaría con la confluencia de toda la militancia social del municipio: las trabajadoras vecinales o manzaneras, y los trabajadores vecinales de los Consejos.

Con estas reuniones Villegas recorrió todos los Consejos de Organización de los barrios de la periferia de la ciudad. Todas ellas se llevaron a cabo en lugares cerrados, los más grandes de cada barrio. En una de estas reuniones ocurrió un hecho que puso de manifiesto la fuerza que la denominación y estructuración de un evento como reunión impone sobre la noción de la actuación política. El intendente iba a escuchar las necesidades de la comunidad de Villa La Rosa, las que iban a ser relatadas por las trabajadoras vecinales, aunque los organizadores habían sido las autoridades del Consejo del barrio.

Al entrar al galpón donde se realizaría la reunión, hacía dos horas que unos trescientos militantes sociales entre manzaneras y trabajadores vecinales lo esperaban sin sobresalto ni quejas. Pero, apenas la comitiva atravesó el pasillo central que dividía al público en dos partes, un grupo de veinte jóvenes sorpresivamente se pararon en sus bancos, y sacudiendo los brazos en alto cantaron enérgicamente la Marcha Peronista. Los jóvenes eran seguidores del presidente del Consejo de Villa La Rosa, quien ingresaba junto con el intendente para sentarse a su izquierda en la extensa mesa colocada al frente del público integrado por los militantes sociales. El hecho produjo gran desconcierto, generó un clima tenso y confuso, donde lo político partidario se mezclaba con el carácter social, institucional y oficial del evento. La expresión amenazaba con echar por tierra las pretensiones del no-reconocimiento político.

El intendente Villegas, con la calma que lo caracterizaba, siguió caminando hacia la extensa mesa que formaba el estrado, se sentó a la izquierda del presidente del Consejo del barrio, y dio comienzo así a su discurso:

“Esta reunión, acá en Villa La Rosa, ha logrado una concurrencia que supera todas las reuniones que venimos desarrollando, todos los días… Les pido encarecidamente a los presentes que sea una reunión de trabajo, de diálogo. Que me escuchen, y que yo pueda escucharlos…”.

De este modo intentó trazar los contornos que distinguían una “reunión de trabajo”, de un “acto político”, de una “asamblea”, u otro tipo de evento político. Un encuentro donde el juego del reconocimiento político está en primer plano debía, para Villegas, ser diferenciado de otro en el que permanezca cancelado.

Villegas, su gabinete en pleno, algunos concejales y las denominadas oficialmente “autoridades” del Consejo estuvieron sentados atrás de la mesa. Sólo hablaron el intendente y el vecino que presidía el Consejo. Luego, por el término de dos horas, escucharon a cada trabajador vecinal señalarle al intendente las necesidades. En la reunión, la actividad del público trascendía las expresiones de aprobación o reprobación de discursos propios de los actos políticos, pues en estas reuniones se esperaba que los presentes expresen sus opiniones, comentarios, reclamos, etc. Como señala John Comerford, las reuniones de las organizaciones campesinas en Brasil comprenden concepciones posibles de agruparse en dos polos, las concepciones más igualitarias y las más jerárquicas (1999:73). Las primeras tienen relación con el sentido de unión, participación, y la delegación o representación; mientras que las segundas están asociadas a las posiciones de distinción, de autoridad de un grupo sobre el otro (Comerford 1999:73). El autor aclara, sin embargo, que su análisis no le permite afirmar el predominio claro de ninguno de esos polos de la concepción (Comerford 1999:74).

Comparativamente, las reuniones del caso aquí analizado también condensan un estándar de relación horizontal, y otro más vertical y asimétrico. El primero se corresponde con la importancia atribuida a la convocatoria abierta, la disposición a la participación, la no-intervención en las decisiones; mientras que la segunda se refiere a los procesos de distinción que en ellas tienen lugar. La horizontalidad, igualdad y neutralidad estaban moralmente aprobadas, mientras la verticalidad, asimetría y autoridad eran reprobadas; rechazo que inhibía la habilitación al reconocimiento político y el consecuente crecimiento político.

Uno y otro estándar coexistían, a veces predominaba el diálogo entre los participantes, otras el discurso unilateral de quienes presidían la reunión, pero ninguno desaparecía del todo. La verticalidad o jerarquía parece más bien inherente al proceso porque la distinción y el lenguaje del reconocimiento políticos hacen del campo político un campo de valor. Pero la habilidad para eufemizar las relaciones asimétricas y establecer a posteriori una justificación plausible sobre el carácter “democrático” del encuentro, resultó ser un factor clave en la apertura o clausura del crecimiento político. La tendencia de los agentes a desvalorizar la política, al evaluarla cada vez más frecuentemente como un instrumento del interés personal, ha resultado durante el período analizado, en la limitación de los eventos aptos para el crecimiento político de ciertas aspirantes.

El rescate de la militancia política peronista

El homenaje, según sus organizadores, estaba destinado a “rescatar la militancia política”. Sugestivamente, el rescate revelaría una superposición entre centro y periferia, desplazados y establecidos, militancia social y militancia política, que la ausencia del jefe político local –el intendente–, los concejales en mandato y los secretarios municipales, desacreditaría. A pesar de estas ausencias, minimizadas por los organizadores, el homenaje demostró estar inscripto en un diálogo con los parámetros establecidos por el Proyecto Uriarte durante los ’90.

Ese domingo de mayo de 1999 estaba presente Esteban Hernández, a quien Villegas le había prohibido movilizar villeros al Congreso Provincial diez años antes (véase capítulo II). Apoyado sobre una columna de iluminación, ubicada al costado de las vías, miraba cómo los organizadores acomodaban los últimos detalles del homenaje a don Pedro Pablo Turner. La ceremonia se llevaba a cabo en un nuevo parador del ferrocarril que atravesaba el Cuartel IX°. Como en este caso las vías eran un límite entre barrios, el centro de la ceremonia comprometía a la periferia, antes que a un barrio en particular. Los organizadores no querían darle al parador el nombre de un barrio, sino convertirlo en una estación con el nombre del intendente Turner, en reconocimiento de su trayectoria como militante político.

Esteban no era vecino de ese barrio pero su historia como militante político estaba relacionada con ese lugar y con el sentido del homenaje. Desde aquella decisión de Villegas de interrumpir las movilizaciones, el rescate de la militancia política también cobraba sentido para él. Pero su desconfianza lo llevaba a tomar distancia del centro de la ceremonia: “Vine a ver de qué se trata –me dijo–, a ver quiénes son los caretas y quiénes los sinceros”. Entonces comenzó a señalarme cómo encarnaban los asistentes su clasificación. Por un lado, estaban los oportunistas, insensibles al homenaje, descomprometidos con los valores que éste implicaba, y preocupados por el dinero y el lucro. Prototipo de los caretas –desvergonzados– eran algunos militantes incorporados a la función pública local. Por el otro, estaban sus maestros, los que le “enseñaron a militar en tiempos de la dictadura… épocas bravas, muy duras, en las que las palabras traidor y lealtad eran muy fuertes, no como ahora”. Eran épocas en las que la vida dependía de la lealtad, pues la delación entre compañeros conllevaba la condena a morir en manos de la dictadura militar. Entre “sus maestros” ubicaba a los organizadores del homenaje, quienes no habían transado, no habían renunciado a la auténtica militancia política, a cambio de un cargo.

Durante ocho meses, Luis y Ricardo habían realizado reuniones para ajustar todos los detalles de la ceremonia: el consentimiento de la viuda de Turner y sus hijos, el apoyo de los concejales que lo acompañaron los meses que duró su mandato como intendente, la autorización de la Empresa Trenes Metropolitanos a la denominación de Pedro Pablo Turner al parador ubicado sobre el límite entre Villa La Rosa y el barrio Chacho Peñaloza. Pero también solicitaron apoyo a las autoridades municipales, las mismas que, como decía Ricardo, habían responsabilizado a la militancia política por la derrota electoral de 1983, cuando el Partido Radical ganó la presidencia de la nación. El equipo de sonido y el locutor oficial para el homenaje fueron puestos por las autoridades municipales. Fernando Olmos, el secretario de Promoción de la Comunidad, apoyó la iniciativa prestándole a Luis la oficina de Promoción, el teléfono, algunas fotocopias y un lugar de referencia. Un mes antes de realizada la ceremonia, se podían ver pequeños carteles debajo de los escritorios de la oficina, en la cartelera de la Secretaría en el segundo piso y en la del Palacio Municipal en la planta baja. A pesar del apoyo recibido, Luis y Ricardo sostendrían que el Proyecto Uriarte había propiciado su extinción como militantes políticos.

“…con el Proyecto –sostenía Luis y ratificaba Ricardo–, de entrada ellos quisieron desplazar a los militantes políticos, prohibiendo su participación en los Consejos, salvo con la expresa designación del Consejo del Partido, y de no más que uno por Consejo. El problema –para Luis– es que la militancia social no existe sin concepto político… No se puede convertir todo en ‘trabajo social’, en fomentismo. La idea de fundar una militancia social fomentista es lógica en otro contexto, en épocas en las que no estaba permitido militar abiertamente. Nosotros también hicimos política desde una sociedad de fomento u otra institución, porque la política estaba prohibida. Pero ahora, cómo es, ahora que sí se puede hacer política, las autoridades hacen lo que hacíamos en la dictadura. Entonces los que ahora se creen políticos, los que nosotros llamamos ‘políticos light’, los políticos nuevos de los ’90 piensan que vienen de un huevo, que antes de ellos no había nadie, que no hay historia, ni nada. Y, nosotros, lo que decimos es que sí hay una historia, que ellos son parte de un proceso, igual que nosotros. Los nuevos militantes lo desconocen… Como la Tranco (concejala por Rivera); ésa no es militante, estuvo en el lugar justo en el momento apropiado. Y, nosotros, con esto del homenaje, estamos fuera de control, porque a nosotros no nos pagan. Rivera se supone que está controlado por Morales y Tranco. Y claro, resulta que a nosotros, que no nos pagan… Ahora andan diciendo que tenemos una lista de corruptos, que vamos a difundir. Es que nos tienen miedo porque estamos fuera de control, y no vamos a canjear el homenaje por un cargo político.”

Ricardo llevaba treinta años viviendo en Rivera, era uno de los tantos pobladores que habían participado de la lucha por la sanción de la primer Ley de Expropiación de Tierras, a mediados de la década del ‘70. En eso continuaba trabajando. Tenía 53 años y era el único empleado de la Casa de Tierras de Rivera, el sitio donde los vecinos consultaban la situación legal de su parcela. Casi todos estaban afectados por una ley que, aunque era vista como “la única salvación”, nunca había sido reglamentada y estaba, por lo tanto, a punto de caducar.

Luis vivía en Villa La Rosa desde 1983 y, como otros militantes, había permanecido oculto durante la última dictadura, alternando entre distintos hogares de amigos y conocidos, hasta que al fin se asentó ahí. Se identificaba como un militante político de larga trayectoria. Había comenzado como sindicalista metalúrgico en los ‘70 hasta que fue perseguido por la dictadura. Él sentía que le debía la vida a otros compañeros que, por no delatarlo, le dieron tiempo para escapar, y que ya no estaban; en fin, a los que no lo habían traicionado. Claro que ahora la vida no estaba en juego.

Los invitados al homenaje, militantes políticos compañeros de los ’70, iban llegando al lugar fundiéndose en prolongados y sentidos abrazos, algunos entre lágrimas. Parecía que hacía largo tiempo que no se veían pues, en varios casos, permanecían por varios segundos mirándose hasta que conseguían reconocerse. En total unas cien personas participaron de la ceremonia en la que se descubrió una placa que decía:

“Intendente Pedro Pablo Turner compañero peronista muerto por la dictadura 1976– 16 de mayo –1999. Fuego que nace del alma y enciende el corazón. Sueño del pueblo humilde desde la historia proclama patria grande y libre, y sueña liberación. Comisión de homenaje”.

Alrededor del pequeño monolito donde estaba la placa, había cuatro cañas tacuara que sostenían la bandera argentina y la de la provincia de Buenos Aires. El uso de cañas tacuara recordaba las que habitualmente utilizaban las organizaciones revolucionarias peronistas y no peronistas, para llevar sus insignias en los años ’70. Incluso una de estas organizaciones surgidas en los ’60, de pronunciada orientación nacionalista, se había denominado de esa forma.

Pero esta recreación parcial de la simbología de las organizaciones guerrilleras en la Argentina se hizo en un escenario completamente distinto al de aquellos años, el cual exigió a los organizadores tomar ciertas precauciones con la placa de mármol. Tuvieron que colocarla dos horas antes de comenzado el acto y sacarla cuando los participantes ya se habían retirado. Unos días antes de la ceremonia se habían robado la original, por eso decidieron poner la definitiva luego de que se terminará el enrejado que cubriría todo el monolito. Como señalaba Luis, “ya no es como antes, ahora acá se roban todo”. Mientras sacaban la placa, dos vecinos se acercaron a mirarla, uno de ellos reflexionó ajeno al sentido del homenaje, “… qué bien, mientras sea para el bien del barrio, está muy bien”. El nivel de adhesión o comprensión del sentido militante del homenaje parecía estar lejos de los vecinos. La vecindad poco intervenía en este caso.

El locutor oficial abrió el acto afirmando “A partir de hoy esta estación del ferrocarril, sita en la calle Epecuén, Cuyutí y Olimpo entre los barrios Villa La Rosa y Chacho Peñaloza, se llama intendente Pedro Pablo Turner”. Luego mostró la relación entre el lugar del homenaje y el homenajeado: “¿Quién fue? Nació en el Chaco, era un profundo luchador social, luchó por la expropiación de las tierras de Rivera, junto a la iglesia. El pueblo de Rivera donde vivió, lo adoptó, y por ende Cuartel Noveno”. Así, el barrio donde se hacía el homenaje, separado por los Consejos de Organización, era puesto en relación con los otros barrios de la periferia cuyo centro era Rivera. Turner era el único intendente que había vivido en Rivera, aunque no el único intendente perteneciente a la periferia. Cada tanto alguien recordaba que Mauro Villegas, escapando de la persecución de la dictadura, había vivido un tiempo en una villa.

Al “negro Turner”, como lo llamaban sus compañeros de militancia, lo habían elegido porque su vida era para los organizadores una historia ejemplar de la trayectoria militante. De ella quisieron dar cuenta durante el homenaje, destacando quién había sido, y qué había hecho como militante. El locutor oficial continuó:

“Desde muy joven, fue militante peronista, fue militante del gremio gráfico, también delegado del mismo gremio. Tuvo activa participación en el retorno del general Perón. Militante del Peronismo de Base. Integró la CGT de los Argentinos, junto a Raymundo Ongaro. Allá por el año 1970, cuando era difícil decir “Somos Peronistas”, andaba con un grabador para hacerle escuchar a los vecinos el discurso del Viejo (el general Perón)… Fue integrante de las agrupaciones peronistas de Cuartel Noveno y fue concejal electo en 1973 y presidente del Honorable Concejo Deliberante junto al vicepresidente del mismo cuerpo Eduardo Duhalde. Por renuncia del intendente electo fue intendente del distrito de Uriarte. Perseguido y muerto en su provincia natal, según certificado de defunción del 16 de mayo de 1976… Su único delito fue ser militante peronista”.

Como señaló Ricardo durante su discurso, el homenaje intentaba reconocer la militancia política:

“Queríamos reconocer a los militantes que estaban bajoneados pues no sólo no tenían dinero, tampoco habían sido reconocidos por su lucha, como la misma viuda de Turner. Pero esa reivindicación debía ser oficial. Ésas fueron las primeras reuniones que hicimos oficiales, pero pedimos la delegación no porque no teníamos a donde reunirnos, porque los peronistas siempre tenemos donde juntarnos, simplemente porque queríamos hacer algo oficial, algo que sea de la estructura. Nosotros tenemos donde reunirnos, pero no queríamos hacerlo afuera. Queríamos estar ahí”.

Los organizadores sabían muy bien que el punto de vista oficial sobre la cuestión era bastante distinto, pero igualmente necesitaban que el reconocimiento viniera de las autoridades. El homenaje objetaba a las autoridades locales por su “abandono” de la militancia política peronista. Actuaba otro sentido, el de contener y amparar a “los compañeros bajoneados”, es decir la solidaridad para con ellos. En fin, reivindicaba el comportamiento solidario y generoso implícito en la categoría de compañeros con la que, históricamente, los militantes peronistas se habían designado y diferenciado de los militantes no peronistas. Ese abandono era, como señalé, la exclusión de los militantes del reconocimiento político, como posibilidad de reposicionarse en una jerarquía de poder. Las autoridades sólo reconocían actuaciones “sociales” o “institucionales”. Frente a la perspectiva oficial, los organizadores negociaban un reconocimiento a militantes políticos que, “como el negro Turner”, sabían que el “trabajo de organización social” era parte de la militancia política.

La diferenciación de una esfera social, otra institucional y por último una política, no era algo que concordara con el modo que se regía la moral de los comportamientos en este sitio, antes del Proyecto. La mezcla, superposición e indiferenciación era el modo por el cual buscaban su reconocimiento para acceder a la sucesión. El homenaje mostraba que el Proyecto lo había desafiado, y que algo de lo que había estado sucediendo desde entonces, todavía en 1999 era rechazado por quienes todavía reclamaban la militancia política.

La perspectiva oficial, también fue desafiada por el modo en que el homenaje redefinió las relaciones entre centro y periferia, ya que la frontera entre militancia política y militancia social como vimos afectaba las distancias entre desplazados y establecidos. Que el homenaje al ex intendente se hubiera hecho en la periferia, en lugar del centro de la ciudad o en el mismo Palacio Municipal, era significativo. Pero también que tuviera como foco a la estación del ferrocarril, símbolo de progreso del barrio. No se trataba ahora de llevar la periferia al centro, como cuando Turner, oriundo de la provincia periférica del Chaco y villero de Rivera, se convirtiera en intendente de Uriarte, sino el centro a la periferia; se trataba de romper, de otro modo, con la frontera política entre uno y otro espacio urbano, social y político. De un modo parecido a como Luis encontraba que había sucedido con Cuartel IXº: “un corrimiento de la Capital en Cuartel IXº”, la Capital ya no terminaba en el Riachuelo, cruzaba el puente La Noria y se metía en Rivera, sin pasar por el centro uriartense. Para él la prueba de este proceso era el hecho que ya no tenía que caminar media hora para llegar desde el puente a su casa, entre las calles pavimentadas en el último tiempo y las líneas de colectivo, podía hacerlo en cinco minutos.

Por otra parte el homenaje, unificó la periferia en el nodo formado por la estación, lo que escapaba a la fragmentación impuesta por los Consejos de Organización. Tanto para Ricardo como para Luis la división de barrios de la periferia estaba subsumida en la unidad de Cuartel IXº como región. De esta área con una historia de problemas y soluciones, los Consejos de Organización de la Comunidad no podían dar cuenta, ya que anulaban la relación histórica y la consiguiente valoración territorial entre centro y periferia. Estaba en juego la desvalorización temporal y espacial a favor de una revalorización de la relación entre centro y periferia. El centro de dicha región era Rivera, el barrio más antiguo del área periférica, el más consolidado residencial y comercialmente. Aquí se habían originado las protestas y las luchas sobre los problemas de toda el área. Sin embargo, como señalaba Ricardo, el número de concejales de Cuartel IXº había ido disminuyendo del ‘83 al ’99, de cinco a tres cargos. Ricardo y Luis intentaban detener ese desplazamiento de la militancia política de la periferia urbana y con ella de los desplazados, produciendo un escenario más público, donde cobrara valor una militancia política a favor de estos últimos. En este sentido, se inscribía su valoración del reconocimiento oficial, su insistencia en que las autoridades estuviesen presentes y avalaran el homenaje. Esta era su manera de “des-privatizar la política” para relocalizar, de otro modo, la periferia y los desplazados en el centro político. No se trataba ahora de llevar a los desplazados al centro político, sino de llamar la atención de éstos acerca de otra forma de conectarse con aquéllos.

Al mismo tiempo, el homenaje intentó mostrar que no había militancia social sin militancia política, a menos que esta última se volviera una actividad privada hasta incluso, para algunos, clandestina. Justamente por esto el homenaje no era la vuelta a la militancia política de antes, sino un medio negociado de hablar de ella en el nuevo escenario, donde el reconocimiento político oficial era imprescindible. Reconocimiento que debía ser ganado en nombre de la lucha por los vecinos desplazados – antes los villeros– más que por los vecinos a secas. Esta última categoría, impuesta por la clasificación oficial de los Consejos de Organización, ocultaba la desigualdad social y política por la que, históricamente, la lucha política había adquirido sentido. Esa evaluación moral, reivindicada durante el homenaje y propia de los ’70, daba cuenta de aquel sentido de la “militancia política” como la entrega y sacrificio por una “causa”. El asesinato de Turner había sido también el intento por asesinar la causa, cobrando de este modo su homenaje un significado radicalmente opuesto a la política sin causa, negociable y mercantilizada como era concebida por sus organizadores, la de los políticos light de los ‘90; en fin, sin sentido. Como señalaría Peretti:

“Alguien prestó algo pero nosotros pusimos todo, y seguimos poniéndolo. Yo quería recordarlo, honestamente, sin que la emoción se convierta en dolor. Yo creo que a don Pedro Pablo Turner hay que recordarlo con alegría. La militancia peronista no es una actividad política, es una acción revolucionaria, es un acto de guerra permanente, nosotros creemos ciertamente que cada muerto nuestro merece el reconocimiento por su entrega,… con alegría como los verdaderos soldados de la causa, como los guerreros, como nosotros que no estamos dispuestos a cambiar lo nuestro por un puesto, lo nuestro no se entrega por una moneda, ni por treinta ni por mil… Lo nuestro es alcanzar un estado revolucionario…”.

Pero con esta evaluación Peretti también traía al presente el riesgo que conlleva la militancia política cuando se impone públicamente como una forma de reconocimiento y de crecimiento político, fundado en la amenaza del uso de la fuerza en pos de una causa. No obstante la tensión producida por la presencia de evaluaciones morales alternativas, era cada vez más claro que imperaría, como habían dado muestras las autoridades políticas, el repudio a los conflictos. Como señalaba una ex concejal de los ’70 en su discurso:

“Desgraciadamente, nosotros los argentinos sufrimos mucha experiencia en cuanto a hechos de esta naturaleza, salpicados con sangre de compañeros. Pero que esa ola de terror y de violencia, de salvajismo no vuelva a repetirse nunca más, y sirva para que los jóvenes de hoy piensen seriamente en lo acontecido… para no ver a nuestros compañeros despojados y combatidos por sus ideas”.

En suma, el homenaje puso en evidencia que el reconocimiento a la militancia política requería de un movimiento de los límites establecidos por el Proyecto Uriarte entre el espacio público y privado^[19]. Pero también evidenció la estrecha relación entre la militancia política, de un lado; y una determinada ecuación entre centro y periferia urbana, y establecidos y desplazados, del otro. Quedaba entonces en evidencia que para desafiar el reconocimiento oficial instituido, al trabajo social desgajado de la militancia política, era necesario algún reacomodamiento de las relaciones entre periferia y centro, que no soslayara la desigualdad social y política existente, y que distinguiera, sino entre villeros y vecinos, al menos entre vecinos desplazados y establecidos^[20]. Rescatar la militancia política significaba entonces fusionar el trabajo social en el trabajo político. El homenaje mostraba que la persona reconocida por sus vecinos únicamente por su trabajo social, tanto como la persona sólo reconocida por su “actividad política”, no eran “verdaderos militantes políticos”; por el contrario, se hundían progresivamente en una política sin sentido. El crecimiento político requería, desde este punto de vista, de ambas cosas, pero fundamentalmente del reconocimiento público a una trayectoria política, la que había permitido a desplazados como Turner alcanzar el centro político. En suma, el homenaje intentó instalar una forma de la división del trabajo político reconfigurando a la comunidad de referencia de un modo distinto al esgrimido en los ’70, los pobladores de la periferia ya no pretendían alcanzar directamente al centro político^[21], sólo despertaban su atención.

Reconocimiento y sucesión política

El reconocimiento es una dimensión crucial del proceso político, comprende la negociación entre evaluaciones morales de la persona definiendo la división del trabajo político y con ello la sucesión del poder. Justamente esas distinciones entre las clases social, institucional o política del reconocimiento muestran que se trata de una máquina procesadora de diferencias que traza los contornos de quiénes y cómo pueden incorporarse a la actividad política. El reconocimiento político presupone una posición de preeminencia y otra de subordinación, pero fundamentalmente la posibilidad de una movilidad ascendente. La frontera instalada por el Proyecto Uriarte entre el reconocimiento “político” y “social”, o entre “militancia política” y “militancia social”, trazó un límite entre políticos y no-políticos.

La manipulación del límite entre espacios públicos y privados, y las posibilidades ofrecidas a la performance social femenina, de un lado, y a la performance institucional masculina, del otro, alteraron las condiciones del reconocimiento, como evaluación moral de la persona efectuada por las autoridades municipales. Dicho límite quedaría progresivamente convertido en un abismo imposible de atravesar pues, por definición, el reconocimiento social no se traducía en reconocimiento político, es decir que cerraba el acceso al crecimiento y la sucesión política de las personas así reconocidas.

Mientras la militancia política implicaba una demanda de reconocimiento que permitía el crecimiento político de los desplazados, la militancia social clausuraba la competencia de estos aspirantes, instituyendo una ruptura con los políticos. En consecuencia, en el contexto político analizado, el reconocimiento social se volvió un mecanismo jerarquizador sin movilidad ascendente, la negación de la integración al campo de la política. La militancia política, como crecimiento político, se desvalorizó tanto que acabó siendo una actividad privada y altamente selecta, fundamentalmente negada a los desplazados de la periferia. La identidad asignada por el reconocimiento social cobró mayor resistencia entre los hombres, para quienes el reconocimiento como militantes sociales anulaba la connotación masculina, vehemente de la política. En cambio, a las mujeres, el espacio del reconocimiento social les permitía el despliegue y reconocimiento de valores femeninos.

Con el Proyecto era posible para los políticos consagrados, fortalecer su investidura, interrumpiendo el crecimiento político de algunos sin usar la violencia, motivándolos a perseguir valores que no los llevarían a competir por el poder estatal. Esto dio lugar a una suerte de doble moral asentada, de una parte, en la progresiva identificación de interés político con interés particular, y de la otra del interés social con el interés no político. La producción de militantes sociales hacia afuera del campo de la competencia política y dirigentes políticos hacia adentro cuestionó fundamentalmente la pertenencia al campo político de los desplazados.

Las formas de resistencia y desafío, inscriptas en el comportamiento de Marisa y en el homenaje, son evidencia de cómo el núcleo de las tensiones que el Proyecto Uriarte produjo al afrontar el problema moral de la política se alojó en la persona política. Así planteada la sucesión política, el capítulo siguiente mostrará cómo la reivindicación de las “identidades barriales” no puede comprenderse fuera de las luchas de los desplazados por el reconocimiento de los investidos; reconocimiento cuestionado, recordemos, por la alteración de la conexión entre sucesión política y comunidad de referencia. Veremos, entonces, cómo el modo escabroso de definir la profesión política y las responsabilidades resultantes quedaría sujeto a la regeneración de esa comunidad.

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