Corrupción, judicialización de la política y responsabilidad

El 13 de diciembre de 1996 la justicia allanó el Concejo Deliberante de Uriarte. Por primera vez desde el restablecimiento de la democracia en 1983 la justicia arremetía contra los gobernantes uriartenses. El escándalo, como acostumbra llamar la prensa a esta clase de hechos, conmocionó a los políticos. En los pasillos del Palacio Municipal se podía sentir el desconcierto. Los comentarios eran de los más diversos pues nadie sabía sobre quiénes pesaba la denuncia. Algunos temían la caída de sus líderes, otros esperaban ver caer a sus enemigos. Mientras tanto, se hacía difícil escapar a la idea que todos los concejales en funciones eran ladrones. Una investigación del Tribunal de Cuentas del Gobierno Provincial, encargado de fiscalizar las arcas de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, había encontrado irregularidades en la ejecución presupuestaria del año 1993 y 1994. El tribunal había detectado un gasto injustificado de 1.600.000 pesos en la reparación y mantenimiento de diez automóviles oficiales, y de 1.300.000 pesos en fotocopias. Luego del allanamiento y la detención de una funcionaria y dos proveedores, la jueza libró una orden de captura para otras nueve personas, entre ellas el entonces presidente del Concejo Deliberante Leonardo Subiría, el secretario del Concejo, otros dos concejales –todos ellos peronistas–, y el dueño de la empresa de fotocopias.

La prensa local, oficialista y opositora, se volvió el terreno en que la retórica judicial y la de los políticos se fundirían. Al día siguiente del allanamiento, el diario local El Pregón^[1], y los nacionales Clarín, La Nación y Página 12 incluyeron la noticia en sus respectivas ediciones. Sin embargo, las explicaciones y comentarios de los acontecimientos tomaron un cariz inusual, pues los antagonismos del campo político no ocuparían ya un lugar central. No eran las rivalidades o “internas” entre políticos las que se usarían para explicar el escándalo^[2]. Como señalaba la esposa de uno de los concejales implicados: “Mirá, está bien que el Concejo Deliberante es un lugar muy corrupto, ya se sabe, pero al parecer fue una interna del poder judicial… La jueza y otros jueces necesitaban un ascenso, por eso avanzaron con esto”. Para Hortensia el problema no era el robo, pues en el Concejo Deliberante siempre lo hubo, lo enigmático era en realidad el “avance de la justicia”.

En ese sentido la cuestión central de este capítulo es cómo el escándalo resulta de la intervención de la justicia sobre la política, y cómo la feminización del Concejo Deliberante y la pérdida de orgullo de los concejales, fueron sus consecuencias. Así, propongo entender el “avance de la justicia” en términos de la emergencia de un estándar judicial de evaluación moral del comportamiento que, al dirimir la sucesión o crecimiento político en un nuevo sentido, opera como tendencia a la “desmoralización de la política”.

Estándares morales, moral universal y política

La tensión entre diferentes concepciones del deber permitía a Max Weber entender la especificidad de la relación entre moral y política (1998) tanto en su sentido histórico como analítico. Si los valores éticos están sujetos a concepciones absolutas del deber, los valores políticos lo están a concepciones históricas del deber, es decir en relación con una comunidad histórica y particularmente definida. Pero esta distinción de Weber no debe ser pensada en términos históricos sino como una distinción analítica susceptible de convertirse en un fenómeno histórico. Lejos de presuponer entonces una tendencia de la esfera política a racionalizarse y aislarse de la esfera moral –visión común en los estudios sobre accountability en América Latina (Peruzzotti y Smulovitz 2002; O’Donnell 2002; Charosky 2002) que focalizan la atención en los distintos mecanismos de control de la política–, o la consolidación de la autonomía moral de la esfera política (Texeira 1998:36), es conveniente atender a los puntos de intersección, superposición y tensión entre ambas esferas. De tal manera que así como desde una moral absoluta del individuo un comportamiento puede ser juzgado como inmoral, desde la moral propiamente política puede no serlo. Pero también puede suceder el fenómeno contrario, que los valores éticos se adapten social e históricamente a los valores políticos, conformando una moral política menos diferenciada de la moral individual, donde los deberes morales de los individuos estarían así, más o menos ajustados a los valores políticos.

Precisamente, el escándalo instaló progresivamente en Uriarte la evaluación pública de las obligaciones de los funcionarios políticos según una moral desgajada de las obligaciones de éstos para con alguna colectividad históricamente determinada. La justicia era la encargada de verificar el delito y ordenar la detención de los culpables; pero la esfera de la justicia es, en este punto, ajena a la política^[3], y le introduce parámetros de evaluación de la conducta ajenos a los deberes morales propios de ésta.

La trama del proceso en cuestión puede comprenderse analizando el juego de las evaluaciones morales que operaron a raíz del escándalo. Éstas pueden clasificarse en tres estándares de evaluación moral de la conducta de los políticos. Por un lado, uno apolítico, universal e individual; y, por el otro, dos estándares políticos: uno correspondiente al campo de las relaciones íntimas y ocultas; y el otro a las relaciones públicas y abiertas^[4]. El primer estándar de evaluación es universal –no político– y evalúa la actuación de las personas en tanto individuos supuestamente excluidos de comunidades de pertenencia. De los estándares políticos de evaluación moral uno compete a la actuación de los políticos entre sí, íntima y secretamente, es decir a las relaciones entre partidarios y adversarios en la trastienda de la política (Bailey 1998:27); el otro evalúa la actuación de los políticos como intermediarios públicos de comunidades. Como veremos, el estándar o esquema de evaluación apolítico y universal fue el más esgrimido, durante y después del escándalo, tanto por la prensa como por los políticos^[5].

En el campo político los estándares morales dependen de la distribución del poder tanto como permiten cambiar su distribución. Los estándares pueden ser manipulados hasta cierto límite más allá del cual los efectos son imprevisibles. Como señala Strathern (1997) para el caso de los hagen en Nueva Guinea la aplicación de estándares dobles para evaluar la conducta de las mujeres diferencialmente de la de los hombres, llevaba a su gradual pérdida de poder. En un sentido similar, sostendré que desde la perspectiva nativa, el escándalo potenció sus efectos desmoralizadores sobre los políticos, imponiendo su feminización y pérdida de orgullo.

De ese modo, las demandas de “transparencia de la política”^[6] pueden entenderse como la aplicación de un estándar de evaluación no política a relaciones íntimas habitualmente evaluadas por los estándares políticos propios de la trastienda. Entonces, la política se vuelve “transparente” a formas de comprensión moral públicas ajenas a ella, propias de otras esferas. Como la inmoralidad es el producto de la combinación entre estándares de evaluación moral y contextos^[7], ellos guardan estrecha relación con la publicidad que cada aplicación exige. Así para considerar, con Weber, al poder como un pacto con las fuerzas demoníacas por la posibilidad del uso de la violencia, necesitamos valernos de cierto estándar moral, no aplicado usualmente a las relaciones íntimas de los políticos^[8]. En el mismo sentido puede entenderse la siguiente afirmación de Maquiavelo:

“… se ha de tener en cuenta que un príncipe –y especialmente un príncipe nuevo– no puede observar todas aquellas cosas por las cuales los hombres son tenidos por buenos, pues a menudo se ve obligado, para conservar su Estado, a actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión” (Maquiavelo 1999:92).

La fe, la caridad, la humanidad son valores demasiado abstractos y universales, que nada dicen hacia quiénes, y menos aún, en qué circunstancias habría que llevarlos a cabo. Es que Maquiavelo no distinguía entre un ámbito público y uno privado en la esfera del poder, lo cual permite comprender esta visión de la tensión entre la violencia del poder y la moral. Por eso sostengo que la distinción entre la trastienda y la escena pública de la política es crucial, pues la conservación del poder requiere siempre del uso de la fuerza, del pacto con las fuerzas demoníacas pero también de la habilidad de los protagonistas para ocultarlo. Justamente por eso cabe preguntarse qué sucede cuando la dimensión privada de la política, usualmente evaluada por ciertos estándares morales, es escudriñada por esta convicción ética universal. Es decir cuando las demandas de “transparencia” empiezan a cobrar realidad y la trastienda de la política, privada por definición, se vuelve más demoníaca que nunca^[9].

Una aproximación a la corrupción como problema antropológico

A fines de la década del ’80 la corrupción aparece como un fenómeno global sancionado trasnacionalmente. Los especialistas del Banco Mundial lo incorporaron a la agenda de los problemas prioritarios, por considerarlo una de las amenazas contra el valor más altamente estimado por el organismo: la eficiencia en el uso de los recursos estatales como condición del desarrollo. Según éste y otros organismos plegados a la lucha contra este problema y dedicados a determinar los índices de corrupción mundial, todos los países del mundo poseen algún grado de corrupción, pero es en el denominado Tercer Mundo donde alcanza los máximos niveles y atenta contra el desarrollo (Klitgaard 1992:87).

Frente a esta visión de la corrupción como disfuncional a la sociedad en general (Pavarala 1996:20), en recientes y breves abordaje de la cuestión la antropología ha tratado de mostrar su funcionalidad^[10]. En este sentido Akil Gupta ha destacado que el discurso de la corrupción en la India es un mecanismo a través del cual “el Estado” se constituye discursivamente a sí mismo (Gupta 1995:376). El autor entiende que esta constitución discursiva es una forma de “imaginar al Estado y de conformar la ciudadanía”, cuya particularidad reside en la trayectoria histórica y la gramática específica de la cultura pública (Gupta 1995:393). Por su parte Claudio Lomnitz considera la escasa variación de la funcionalidad del problema de la corrupción “a través de la historia mexicana” (Lomnitz 1995:39) y muestra cómo los estándares morales populares justifican la “corrupción”, al valorar la generosidad de los líderes que financian fiestas populares, y permitir que ciertas localidades sean reconocidas por el Estado (Lomnitz 1995:41). Estos rituales, según Lomnitz, han sido los modos personalizados de la redistribución estatal y del poder, frente a un Estado más abstracto, en el que las comunidades y sus líderes, podían adquirir significación política (1995:40).

En ambos casos la funcionalidad de la corrupción reside en su papel legitimador: hacia el Estado en su conjunto, o hacia ciertos líderes. Por mi parte, quisiera ir más allá de esta visión dicotómica entre disfuncionalidad y funcionalidad de la corrupción, para sugerir que las denuncias de corrupción reconstituyen no sólo al Estado sino también, y, en este caso, fundamentalmente, al campo político. Esta reconstitución se realiza a través de la puesta en juego de los estándares morales en el curso de la lucha por la sucesión del poder. Quiero entonces, lejos de buscar funcionalidades, destacar la transformación que nuevos usos de los estándares morales impusieron al campo político y la tendencia, posiblemente contradictoria, de sus efectos.

Los concejales y la política

Desde que Mauro Villegas asumió en 1992 el Poder Ejecutivo municipal de Uriarte y estableció como su proyecto de gobierno el Proyecto Uriarte, una retórica de desprestigio del Honorable Concejo Deliberante^[11] impregnó la política local. Los concejales pasaron a representar “la vieja forma de hacer política” que el propio proyecto de gobierno intentaba desterrar. La vieja forma de hacer política era, como señalé en el capítulo III, la política clientelista, entendida como la de prebendas esgrimidas por los denominados “gerentes de la política”, que acostumbraban a cambiar “favores por votos”, movidos por intereses privados. Los concejales carecían desde este punto de vista de valores y convicciones que los guiaran a favor de la comunidad.

En verdad esto no ocurría sólo en Uriarte, los concejales eran sistemáticamente cuestionados por su estilo clientelista de hacer política, por su ineficiencia y por su “falta de transparencia”. Tanto, los medios de comunicación masiva, los políticos del Ejecutivo provincial, nacional y municipal, como muchos cientistas sociales argentinos especializados en el tema, coincidían en considerar a los concejales como los políticos más impresentables, y menos profesionalizados en el sentido de su eficiencia en la administración pública:

“… al mismo tiempo que el funcionamiento habitual de los Concejos Deliberantes arrastra un fuerte desprestigio y lleva la necesidad de considerar la reforma política. Como señala Tecco (1997) éstos no cumplen adecuadamente con la elaboración de políticas públicas municipales… Esta deficiencia se produce en la Argentina en parte por el ‘voto sábana’, que impide a los ciudadanos seleccionar a los candidatos de real valía, por los que desean votar. Los criterios predominantes en la selección de candidatos a concejales en los partidos donde predominan los ‘punteros’ de distrito con escasa e inadecuada preparación para el ejercicio de las funciones y, por último, por la persistencia de una ‘cultura clientelar’ (intercambio de apoyo político por diversos tipos de valores desde el poder) que está particularmente desarrollada entre los miembros de estos concejos” (García Delgado 1997:20).

Los especialistas de las ciencias sociales explicaban de diversas maneras la ineficiencia de los municipios en general y sus concejos deliberantes en particular. Pero el clientelismo, la baja calificación de los funcionarios electos, combinada con una gran disponibilidad de fondos con baja autonomía constitucional, tendía a la reproducción de un “modelo de gestión burocrático” (García Delgado 1997). Los especialistas ofrecían argumentos para reprobar a los concejales, que eran bienvenidos por los políticos ubicados en otros estratos de la carrera política. No obstante, el sentido y las consecuencias políticas de esta reprobación cobraron un carácter particular en el seno del campo político. En 1994, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde había destacado el déficit que producían la mayoría de los concejos deliberantes de la provincia, por la ausencia de limitaciones al gasto dentro del presupuesto municipal. En 1995 consiguió promulgar una ley provincial en la que restringía el gasto del Concejo Deliberante al 3% del presupuesto municipal.

Villegas y sus seguidores veían en el Concejo Deliberante el paradigma de la “mala política”. El Proyecto Uriarte, ideado para transformar esta forma de hacer política, fue para muchos de los concejales una fuente de disputa directa. Los Consejos de Organización de la Comunidad tenían una presencia cotidiana en los barrios de los cuales habían salido algunos concejales. Contrariamente a éstos, las autoridades de los Consejos de Organización de la Comunidad y los agentes municipales que oficiaban de coordinadores debían practicar una suerte de neutralidad política a favor de “lo barrial” para “enlazar la comunidad con el municipio”. Los Consejos de Organización se encargaban de recibir las demandas de los vecinos y transmitirlas al Poder Ejecutivo, mediación que usualmente hacían los concejales, y debían hacerlo por fuera de las aspiraciones al poder que se suponía albergaban los concejales.

Bajo la impersonalidad del Proyecto Uriarte, Villegas había desafiado el poder de los concejales, con elementos retóricos e instrumentales. Entre tanto, los concejales sostenían su poder territorial a costa de volverlo cada vez más oculto. Los concejales que en cambio de dirigir las peticiones de su barrio a la Secretaría de Promoción de la Comunidad, negociaban por ejemplo la reparación de una calle o la limpieza de un arroyo directamente con el secretario de Obras Públicas, eran condenados por los funcionarios del Proyecto Uriarte, los más íntimos seguidores de Villegas. Pero esta condena sólo conseguía desplazar al terreno de la trastienda política prácticas de los concejales que antes eran aceptadas.

El Honorable Concejo Deliberante y la sucesión política

El Honorable Concejo Deliberante de Uriarte estaba constituido por 24 concejales. La elección de sus integrantes se realizaba en forma completa cada cuatro años junto con la elección del intendente, y en forma parcial cada dos. Los candidatos a ambos cargos eran elegidos conjuntamente, los electores no tenían la posibilidad de elegir intendente de un partido político y concejales de otro. Como la lista de candidatos era plurinominal y bloqueada –o “sábana”– tampoco estaba previsto en el sistema electoral que los electores seleccionen candidatos. La lista entra completa, de tal modo que la selección de los candidatos tanto a concejal como a intendente se realizaba en elecciones internas de cada partido, donde sólo podían votar los afiliados. Únicamente cuando la elección interna era abierta podían votar los electores independientes. Antes de las elecciones internas hay una instancia de selección de los candidatos que luego figurarán en las listas. Intensas y prolongadas negociaciones se desarrollan meses antes de cada elección interna, hasta que las autoridades del partido cierran finalmente las listas de precandidatos por el peronismo, en este caso^[12].

Desde el restablecimiento de la democracia, las elecciones generales con las que coinciden las elecciones municipales se realizan en el mes de octubre. Las elecciones internas las fija el partido unos seis meses antes, entre abril y junio, y dependen de la presentación de más de una lista por las agrupaciones o líneas internas del Partido Peronista. Esto sucede cuando no hay acuerdo para una lista de unidad, cuestión que depende de cada distrito electoral^[13].

Uriarte era la patria chica de los líderes de las líneas internas más importantes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral que agrupaba el mayor porcentaje del padrón electoral de la nación, y de su gobernador. Era también el lugar donde residían. Mercuri, líder de la Liga Peronista Bonaerense y presidente de la Cámara de Diputados Provincial, y Pierri, líder de la Liga Federal y presidente de la Cámara de Diputados Nacional durante la década del ‘90, junto con Duhalde y algunos de sus ministros, no abandonaban su interés en la política uriartense. Habitualmente intervenían en la selección y apoyo a líderes locales que buscaban candidatearse. En los otros municipios del Gran Buenos Aires, en cambio, eran los respectivos dirigentes locales los que se encargaban de la selección de posibles candidatos al interior de sus territorios^[14]. Pero en Uriarte las expectativas de los líderes locales de ganar el apoyo de estos dirigentes provinciales parecían potenciar la competencia para ser reconocido y alcanzar mejores posiciones en la jerarquía política. Las posibilidades de producir una lista de unidad se volvían prácticamente nulas.

El año del escándalo, el Concejo Deliberante de Uriarte ya había pasado por la renovación total de su concejales en tres oportunidades desde 1983 (1987, 1991 y 1995). Sin embargo, la renovación nunca era total. Algunos de los integrantes del Concejo Deliberante por el Partido Peronista llevaban ya varios períodos como concejales. Al año siguiente, en octubre de 1997, se realizaría la elección para la renovación parcial del Concejo Deliberante con vistas a preparar las precandidaturas para la intendencia a disputarse en 1999. Los concejales con mayores posibilidades de disputar la sucesión de la intendencia eran los más afincados en el cargo. La reputación de la que gozaban estos concejales era independiente de la de Villegas, e incluso del mismo gobernador, pues estaba sostenida por su capacidad de nutrir un aparato propio, los fondos que les permitían financiar: militantes en períodos de elecciones, campañas publicitarias y donaciones a los barrios. Además esa perdurabilidad en el puesto de concejal daba cuenta de la posesión de habilidades personales que otros concejales subordinados a Villegas no parecían poder desplegar.

Tres de los cinco concejales involucrados en el escándalo respondían a estas características. Éstos eran Leonardo Subiría, Julián Fabbri y Damián Santos, con gran influencia tanto entre dirigentes de primera línea provincial como entre las bases peronistas. Contaban con gran poder en el Concejo y con ellos Villegas debía negociar sus decisiones, pues no lo reconocían como dirigente; sólo se debían a Duhalde. Mientras a los otros concejales Villegas les “bajaba línea”, les transmitía las pautas de conducta a seguir en cada situación, para ellos él era un par.

Apenas Villegas asumió su segundo mandato como intendente municipal en 1995, un insistente y duradero rumor fue difundido en el entorno político municipal. El rumor señalaba que Villegas se iría de Uriarte dejando como intendente interino al primer concejal por el peronismo. El rumor nunca se materializó y, aun cuando Villegas continuó en su puesto hasta el fin de su mandato en 1999, tampoco cesaría. Es que para los candidatos a sucederle era imprescindible que Villegas lanzase su candidatura a otros cargos más elevados como gobernador o senador, o fuese designado secretario o ministro provincial. Si Villegas no seguía creciendo políticamente, quienes venían detrás de él se estancarían en sus respectivas carreras políticas. En este caso, la tensión con sus posibles sucesores iría en aumento.

La moralidad de las relaciones personales entre políticos en la trastienda

Los concejales Julián Fabbri y Leonardo Subiría estaban en boca de muchos militantes. Merodeaban sin pedir permiso las oficinas del Palacio Municipal. Su presencia generaba gran inquietud entre los funcionarios, quienes sabían que debían ofrecer toda la información que solicitaran. Eran los principales candidatos a disputar la intendencia. En 1995, un año antes del escándalo, demostraron por última vez su poder cuando en el Palacio Municipal la renuncia de Margenco, el secretario de Obras Públicas Municipal, fue atribuida en los comentarios de pasillo a la presión que ellos ejercieran sobre el intendente. En el Palacio se sabía que los concejales no querían a Margenco. Poco tiempo después de su asunción como secretario, en 1992, Villegas empezó a resistir las presiones de los concejales. Éstos no dejarían de manifestarle al intendente su oposición al manejo discrecional que el secretario hacía de los fondos para obra pública. Margenco contaba en su gestión con un aumento considerable de la disponibilidad de dinero para obras respecto de gestiones anteriores, debido a la creación del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense^[15]. Esto le había permitido ponerse al frente de la construcción de calles, escuelas, puentes, luminarias, etc., para lo cual tenía acceso y participación de las negociaciones con funcionarios provinciales, vecinos, y a las inauguraciones de todo tipo de obras en el Cuartel IXº. Así había logrado crecer políticamente en los barrios con mayor caudal de votos peronistas de Uriarte, de los cuales se diferenciaba su barrio de pertenencia política, en el cual vivía además de militar, llamado Larrea. Margenco había reclutado referentes^[16] y seguidores, como Facundo de Villa La Rosa, en algunos barrios del Cuartel IXº. No era un funcionario más, su reconocimiento entre los políticos de mayor jerarquía y los militantes barriales lo colocaba, también y contra los concejales, dentro de la competencia por la sucesión del intendente.

Margenco tenía entonces alrededor de 50 años y era arquitecto. Había sido director de Obras Particulares durante el gobierno peronista cuando estalló el golpe de Estado de 1976. En ese tiempo se conoció con Villegas, por entonces director de Tierras de la Municipalidad. Margenco no pudo escapar y padeció la cárcel los años que duró la dictadura. Su paso por la cárcel por un lado, lo legitimaba como un sobreviviente de la dictadura y no como cómplice o colaborador, pero, por el otro, justificaba su personalidad intempestiva e impredecible.

Entre los más íntimamente ligados a Margenco era difícil explicar por qué finalmente Villegas había cedido a las presiones para removerlo del cargo. Una semana después de su renuncia, los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas daban su explicación de la decisión, atribuyéndole una conducta claramente ineludible para el intendente. Margenco no había distribuido los porcentajes de coima^[17] acordados, correspondientes a las obras públicas realizadas con fondos municipales. Según se decía, el arreglo era que “todas las obras realizadas con fondos municipales tenían que pagar un porcentaje de coimas”. Los porcentajes variaban según fueran para el intendente, el secretario y el inspector. Villegas confiaba que el secretario de Obras Públicas le transferiría la cantidad de dinero acordado, pues había delegado en su amigo la responsabilidad sobre las cuentas. La confianza era la base de esta relación y si esto era cierto, era esperable que acabara con el vínculo.

El nuevo secretario de Obras Públicas, el joven y ambicioso abogado patrocinante de la familia del intendente, Roberto Vélez hasta entonces Subsecretario de Tierras y Viviendas (ver Introducción), estuvo, según decían, las primeras semanas de su gestión abocado a determinar con cuánto se había quedado su antecesor. Todo indicaba que Margenco había traicionado a Villegas. Los dichos, rumores y explicaciones, ciertas o no –poco importan a los efectos de lo que aquí quiero enfatizar–, llevan inscripta una evaluación moral con sentido práctico. En realidad, Margenco estaba creciendo más de lo tolerado, ya no sólo podría desafiar el poder de los concejales, cuestión que a Villegas no le preocupaba tanto, sino su cargo. Éste fue el factor definitorio y lo cierto es que también justificó el hecho que hasta los más íntimos seguidores de Margenco tomaran distancia. Mantener contacto con él, en estas circunstancias, volvía a cualquiera sospechoso de participar de la traición.

Como se ve, en ese contexto la coima, un hecho frecuentemente clasificado como corrupción, no era inmoral; lo que era inmoral era la distribución en perjuicio del jefe político local. Pero esta versión nunca se hizo pública, sino que sólo circuló entre los funcionarios de mayor jerarquía de la Secretaría de Obras Públicas y los colaboradores del intendente. En adelante Margenco intentaría mostrar, por varios medios, que no se había enriquecido, ni que intentaba disputarle el poder al intendente, aunque estos esfuerzos fueron insuficientes para limpiar su nombre.

Algunos meses después, durante la inauguración del Jardín El Principito en Villa La Rosa, Margenco intentaría acercarse a Villegas. El encuentro fue extraoficial pues Margenco estuvo mezclado entre el público, lejos del estrado en el que se concentraron las autoridades municipales. Había llegado al lugar en un auto bastante viejo y deteriorado. A Germán, uno de sus más estrechos colaboradores, y a mí, nos había llamado la atención, porque cuando renunció tenía un auto último modelo. Germán le preguntó a la esposa de Margenco si había vendido el auto. Ella le respondió que el mecánico le había prestado ese auto mientras arreglaba el otro. Algo difícil de imaginar para todos los presentes. Cuando Margenco me vio, se me acercó para decirme: “Acá estoy sin un mango, muerto de hambre. Si necesitás algo podés contar conmigo. Tengo todo el tiempo del mundo”. Presentación con la cual intentaba expresar, no sólo que estaba desocupado, sino que no se había enriquecido.

Al término de la inauguración, Margenco había logrado encontrar a Villegas lejos del Palacio Municipal. Se puede decir que tuvo bastante éxito pues Villegas le concedió una reunión privada para la semana siguiente. Unos meses después Villegas lo convocó al Palacio, pero los concejales volvieron a la carga. Margenco no regresó nunca más a la función pública. Hacia finales de 1996 el terreno para los concejales con mayor poder en el municipio estaba libre para competir por su reelección, y fortalecer su poder con vistas a suceder al intendente en 1999. En síntesis, Margenco había sido expulsado de la competencia política por la aplicación de un estándar de evaluación de su conducta, propio de las relaciones íntimas entre políticos. Relaciones que, por íntimas, competen al terreno de la trastienda de la política. El modo de juzgarlas permaneció como señalamos en secreto. Aunque no sucedió lo mismo con el escándalo.

La judicialización de la política

El concejal Leonardo Subiría murió a comienzos de 1998, había estado prófugo durante seis meses hasta que enfermó gravemente. Nunca llegó a declarar en la causa por corrupción y, por su enfermedad, tampoco pudo ser detenido. Tenía entonces más de 60 años y había sido concejal por más de 10 años como líder de la Agrupación “Facundo Quiroga” una de las agrupaciones peronistas más grandes de Uriarte. Su muerte sería la culminación de un proceso que lo convirtió en el chivo expiatorio del escándalo. Para entenderlo analizaré cómo la distribución y el desplazamiento de la responsabilidad por los hechos entre los concejales en funciones, el intendente y Subiría, convirtieron a la prensa local, oficialista –El Pregón– y opositora –Noticias^[18]–, en el terreno en que las evaluaciones morales de la justicia y de los políticos irían pareciéndose cada vez más. No es la lógica de los medios de comunicación la que nos interesa examinar aquí, sino su incidencia y apropiación por la esfera política.^[19]

El escándalo en el Concejo Deliberante significó la paulatina sustitución pública de ese estándar de evaluación de las relaciones íntimas entre los políticos –que expulsó a Margenco del gobierno municipal y de la posibilidad de suceder a Villegas en el poder–, por uno de evaluación moral de los individuos, universal y apolítico. En torno del escándalo los políticos promovieron la evaluación de su conducta personal no como portavoces de una comunidad históricamente definida, sino como valoración del individuo en términos de sí mismo. Según esta valoración interesa si un individuo roba o es honesto, no para qué o para quién lo hizo. Es decir, la relación entre medios y fines es anulada por una ética absoluta. Pero dicha sustitución fue el resultado no sólo de la denuncia judicial, sino de los intentos de los políticos de escapar al peso de la responsabilidad por los hechos. Sus explicaciones para apartarse de la inmoralidad que denotaba el escándalo fueron las que potenciaron la propagación de este estándar de evaluación. Es que la acusación a algunos de los miembros afectaba a todos. De modo semejante a como sucede en el universo de la honra, donde la conducta deshonrada no se agota en el individuo que la comete, sino que compromete a todo el colectivo al que pertenece (Texeira 1998:44).

El diario local El Pregón incluyó la noticia en su tapa el día siguiente al allanamiento y las semanas subsiguientes, dando una pormenorizada descripción de los procedimientos judiciales. Pero su descripción inicial difería muy poco de la información ofrecida por la prensa nacional –los diarios Clarín, La Nación y Página/12–. El diario Clarín había añadido algunos cálculos para demostrar la imposibilidad de justificar tamaño gasto:

“Harían falta mil boletas de 1600 pesos para completar ese monto, pero con sólo dos de ellas podrían haber comprado un Ford Falcón modelo 84, uno de los que se usaba en ese momento. Mientras para cubrir el gasto en fotocopias tendrían que haber sacado unas 58 por minuto durante 9 horas, todos los días laborales de un año y medio”(17 de diciembre, 1996).

La retórica de las notas periodísticas no presentaba ningún resquicio de dudas del robo cometido en el Concejo Deliberante, y depositaba en la justicia, no en la política, la individualización de los culpables. Frente a la amplia difusión pública de esta posición que, durante la primer semana de escándalo, capturó incluso a los noticieros de radio y televisión de mayor audiencia, se volvía muy difícil para los concejales en funciones y el intendente, ofrecer argumentos que demostraran que no hubo tal despilfarro. Sin poner en duda, ni por un momento, la rectitud de los procedimientos judiciales y la transparencia de sus motivaciones la prensa local fue el espacio de fijación de posiciones frente a los hechos. Con una confianza plena en la justicia, las autoridades del Concejo Deliberante se apresuraron a tomar distancia de los acontecimientos y de las responsabilidades que implicaba. En una sesión especial, tres días después del allanamiento, el Concejo Deliberante de Uriarte aprobó por unanimidad un proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Labor Legislativa, en el cual se resolvía destituir al secretario del Concejo, y la “suspensión preventiva” del concejal y presidente del legislativo Leonardo Subiría.

Los concejales de los bloques opositores también buscaron tomar distancia, cargando la responsabilidad sobre el bloque del Partido Peronista. Su argumento frente a la prensa era que carecían de poder para vetar los presupuestos que definía el peronismo, el bloque de concejales mayoritario. El bloque radical, señalaba el periódico local Noticias de Uriarte, había votado en disidencia el presupuesto de 1993. Concejales de otros bloques minoritarios argumentaban que se los consideraba “concejales de cuarta”: “no teníamos autos oficiales, ni siquiera un lugar donde atender a la gente, la máquina de escribir se la teníamos que pedir prestada a un concejal del peronismo. Sólo teníamos 500 fotocopias autorizadas por mes”.

Entre tanto, los concejales del bloque peronista también tuvieron que explicarle a la jueza por qué habían votado favorablemente el presupuesto de esos años. Cuatro concejales peronistas “mandaron al frente a la contadora”, decía el titular del periódico Noticias de Uriarte. Cuando fueron citados a declarar, por haber votado positivamente la rendición de cuentas del Concejo, le señalarían que “no existió de parte de la contadora municipal ninguna observación que permitiera inferir la ilegalidad de alguno de los gastos efectuados”. Al mismo tiempo se declaraban satisfechos de que “el control externo del Tribunal de Cuentas de la Gobernación Provincial hubiera detectado un conjunto de presuntas irregularidades, pues ello demostraba el funcionamiento de las instituciones democráticas” (Noticias de Uriarte, mayo de 1997).

El intendente Villegas también dio explicaciones para despegarse del hecho y, al mismo tiempo, cargar la culpa sobre los concejales, ya que éstos habrían delinquido durante su gobierno. Sus argumentos contra el Concejo Deliberante también los expuso en el periódico Noticias de Uriarte, allí señalaba que

“… hay una condena unánime en la población que como responsable del Ejecutivo Municipal, comprendo… la gente tiene razón. Ya lo dijo el gobernador Duhalde allá por el año 1994, los Concejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires, no todos pero en general, produjeron un déficit de 300 millones de dólares. Yo estaba de acuerdo con el gobernador que había que ponerle límite a esa norma legal que tenían hasta entonces. Los partidos políticos de la oposición se opusieron. Yo fui uno de los primeros en apoyar la iniciativa de Duhalde, y el gobernador mandó una ley a la Legislatura modificando la Ley Orgánica. Ahí se estableció que, a partir de 1995, los Concejos Deliberantes no podrían gastar más que el 3% de los presupuestos municipales. Esto –subrayó Villegas– no sucedía en el ‘93 y el ‘94, en que los Concejos tenían facultades para votar sus propios presupuestos y también para gastar en rojo. Yo no controlo los gastos del Concejo Deliberante… Gastaron de acuerdo a las facultades que tenían en esos momentos. Yo digo que todos somos judiciables y que la justicia va a determinar las responsabilidades personalizadas de esta denuncia. –Finalmente remató–. La cuestión es no ser corrupto. Yo no soy corrupto y estoy en contra de todo acto de corrupción… tras la investigación judicial de los hechos ocurridos en el Concejo Deliberante la gente va a decir: no hay impunidad en Uriarte” (declaración a Noticias de Uriarte; enero 1997).

Villegas reforzaba la lógica de la intervención de la justicia sobre la política^[20]. La justicia se encargaría de “personalizar” la responsabilidad. La “cuestión” quedaba reducida a “no ser corrupto” pero en términos judiciales y no, por ejemplo, en tanto traidores a los vecinos. La persona del político atravesaba así una evaluación que desconocía las motivaciones y fines políticos. Desde una evaluación judicial la deshonestidad, como la mentira, es inmoral, y, por tanto, no puede justificarse. La justicia no parece, en este punto, capaz de diferenciar motivos políticos, sino que esgrime estándares absolutos de valoración de la honestidad^[21]. Así la persona del político no se distingue de cualquier otra. La justicia privilegiaba la conducta personal negando tácitamente las relaciones políticas que, en otros contextos, sí podrían justificar la moralidad de estos actos calificados como “corruptos”.

El proceso de judicialización de la política se extendió en Uriarte hasta mayo de 1997^[22]. En ese lapso los concejales prófugos no se entregaron pero hubo una “purga interna” por complicidad. Todos los concejales a los que la jueza llamó a declarar tuvieron que solicitar una licencia en el cargo. A la imputación de Leonardo Subiría se sumó la sospecha sobre Julián Fabbri, Damián Santos y Pablo Petralia quienes, al menos hasta 1999, no pudieron regresar a la arena política. Duhalde les quitó de entrada todo apoyo político; “en ningún momento se metió, los dejó completamente solos” -decía la esposa de uno de ellos. Sus ambiciones y pretensiones de disputar la candidatura a intendente se diluyeron rápidamente^[23]. La muerte de Subiría evitó que el peso de la justicia cayera sobre los demás, la culpa se la terminaron echando al muerto, me decía un militante asesor de una concejal peronista. Aun así, la judicialización de los protagonistas vivos fue efectiva, en el sentido de que, por un largo tiempo, los expulsaría del campo político.

La feminización del Honorable Concejo Deliberante

A sólo un mes de desatado el escándalo el periódico Noticias de Uriarte llamaba la atención sobre el incremento del número de mujeres en el Concejo Deliberante, y sobre la ausencia de hombres en sus cargos directivos. Los periodistas encontraban una relación entre lo que denominaban un “cambio de aire” y el escándalo, pues eran mujeres las que habían ascendido en reemplazo de los acusados por la justicia. Veían con buenos ojos que “un aire femenino” le devolviera algo de la “honorabilidad perdida” al cuerpo colegiado municipal.

Desde comienzos de los ‘90 los partidos políticos habían incrementado en Uriarte el número de mujeres en sus listas^[24]. Luego del escándalo esta tendencia tomaría un nuevo carácter al ocupar ellas los cargos directivos del Concejo Deliberante. La pregunta es ¿por qué las mujeres habrían de cambiarlo? ¿Qué valores morales atribuidos al género de la persona eran los esgrimidos tanto por la prensa como los políticos –hombres y mujeres– para arribar a una conclusión semejante?

La fotografía de la nota del periódico mostraba a la presidente del Concejo y a sus secretarias sentadas en el estrado del recinto, frente al cuerpo de concejales. La nota señalaba:

“El vapuleado Concejo Deliberante de Uriarte últimamente tomó un poco de oxígeno al copar las mujeres los puestos de mayor importancia política y administrativa. Véase; en estos momentos, tres mujeres –por primera vez en la historia– ocupan el estrado deliberativo local. Las tres son abogadas… Y ninguna se considera feminista. Por otro lado una tercera parte de la composición actual del Concejo son mujeres. –El periodista se pregunta–: ¿Representan ellas el lado humano de la política, la sonrisa no forzada y el sentido común? Al parecer, sí. … Tantas mujeres ocupando lugares y cargos de alta responsabilidad política en Uriarte, lleva a una pregunta casi obvia: ¿Qué pasa con los hombres?” (Noticias de Uriarte, enero 1997).

Por oposición a los hombres –se decía– las mujeres “representaban” la sinceridad, la humanidad, la honestidad y el “sentido común” como capacidad para comprender la vida del común de la gente. Las mujeres inspiraban confianza ya que no parecían esconder dobles intenciones, ni propósitos o motivos personales en su desempeño como funcionarias públicas. Esos valores asociados a las mujeres establecían la improbabilidad de que éstas pactaran con las fuerzas sombrías y corruptoras del poder. En este sentido se esperaba de ellas una conducta personalmente más digna. Una de las tres mujeres entrevistadas reforzaba esta valoración al señalar que ellas se caracterizaban por “el afecto y la practicidad”, y su capacidad como “madres de familia y trabajadoras de llevar a cabo varias tareas a la vez”.

Las mujeres eran eficientes porque estaban lejos de verse motivadas por intereses privados y egoístas. La feminidad era un verdadero antídoto contra ciertos impulsos masculinos, al diluir la distinción entre el interés público y el privado, a favor de la más pura sinceridad. La relación establecida por los periodistas y sus entrevistadas entre eficiencia, honestidad y feminidad, expresada en estas evaluaciones morales, muestra que el discurso trasnacional de la “eficiencia” promovido por el FMI (Gupta 1995:377) queda sometido a procesos políticos y valoraciones locales. Si por un lado, la eficiencia, como una buena administración pasaba a ser el objetivo central del Concejo Deliberante, no era la masculinidad sino la feminidad la que estaba llamada a cumplirlo. Las mujeres eran vistas como buenas “administradoras”, pues se desconocía en ellas motivaciones políticas que pudieran atentar contra este objetivo. En este sentido se acercaban al ideal del “auténtico funcionario” de Weber, el cual “… no debe hacer política, sino limitarse a administrar, sobre todo imparcialmente” (1998:115). Esta disciplina moral consistía en que el funcionario se honrara a sí mismo con el cumplimiento preciso de una orden de la autoridad superior, como si respondiera a sus propias convicciones (Weber 1998:116).

Mientras los antagonismos políticos se disolvían en contiendas entre ladrones y honestos, los concejales comenzaron a perseguir el ideal del funcionario eficiente, pero sin decisión política. La pérdida de poder político fue eufemizada como feminización del Honorable Concejo Deliberante. La cara visible de la aplicación sistemática de estándares no políticos para evaluar la conducta de los políticos. Pero esto no fue sólo una construcción discursiva de la prensa.

La valoración de la feminidad era el reverso de un proceso experimentado negativamente por ciertos hombres y mujeres, implicados en la política local. Como sugiere Marilyn Strathern lo que sucede con las mujeres como mujeres deber ser analizado como una función de lo que sucede con los hombres como hombres, pues nada puede ser comprendido fuera de la relación entre ellos (1988:34). Veremos que en Uriarte la asociación entre feminidad y administración eficiente era complementaria de otra asociación, la que existía entre masculinidad y poder. Éste era poseído por los hombres, aunque sólo por unos pocos de acuerdo a la distribución establecida por la división del trabajo político en ese tiempo, mientras no era bien visto que las mujeres se atrevieran a gozar de ese poder, sin que reforzaba su mascu­linización.

Pedro Jerez era el marido de Patricia Jerez, una de las tantas mujeres que a partir de 1996 engrosaban el número de las concejales, su relato daba cuenta de aquella división del trabajo político. Él llevaba muchos años de militante peronista, pero no tenía un puesto político con una actividad específica como en la década del ’80, cuando era coordinador de los “asentamientos culturales” en los barrios más pobres de la ciudad. Estos “asentamientos” estaban en los “asentamientos de población” o villas, y ofrecían actividades de expresión artística: música, pintura, teatro, entre otras.

El día del aniversario de la fundación de Uriarte, la banda municipal tocó el Himno Nacional en la catedral de la ciudad. Como ni Pedro ni Patricia habían concurrido al acto, intenté transmitirle sin éxito lo bien que había sonado. Pedro me contestó parcamente:

“Sí, debe haber sido muy lindo –dijo–. Pero es una lástima que la banda sólo toque en el centro de Uriarte. Lindo era antes, cuando la banda tocaba en los barrios. Cuando yo coordinaba los asenta­mientos culturales llevábamos los espectáculos a todos los barrios. Eso no se puede hacer más… Pero tampoco lo podés decir… Antes discutía, le decía a Mauro (Villegas), pero ahora es imposible”.

Pedro lamentaba que las cosas hubieran cambiado tanto, “… en las reuniones del Concejo del Partido –peronista–, ya no podemos decir lo que pensamos y menos criticar”. Los habituales asados en la quinta del gobernador Duhalde, jefe del peronismo bonaerense, eran una muestra de esta sumisión, contaban Pedro Jerez y su esposa. Las preguntas había que escribirlas en un papel antes del asado, estaba prohibido hacer una pregunta no programada. Las reuniones se volvían el lugar para que Duhalde “bajara línea”, y les ordenara a los dirigentes de menos jerarquía qué discurso sostener.

Como otros militantes, Pedro había optado por callarse y subordinarse a un único discurso, el de su jefe Mauro Villegas, portavoz local del gobernador. Su trayectoria como militante y su silencio le habían sido reconocidos a Pedro Jerez con un cargo como congresal del Concejo Provincial del Partido Justicialista y un contrato como agente municipal. Esto le daba derecho a participar de las reuniones del Concejo Local del Partido y de las que organizaba el líder provincial y gobernador Duhalde. Tenía sesenta años y por hacerse malasangre había tenido un infarto en el año ‘96. En el hospital, el médico le dijo a Villegas, quien había visitado a Pedro, que las presiones del trabajo le habían provocado el infarto, y le aconsejó que hiciera lo posible por evitárselas.

En verdad, Pedro estaba menos expuesto políticamente que su esposa. Patricia tenía 39 años cuando en 1997 ocupó el cargo de concejal del Partido Peronista. Patricia ingresó al municipio como empleada municipal en 1984, en reconocimiento por haber trabajado políticamente en su barrio para obtener junto a sus vecinos el título de propiedad de la tierra. Hasta entonces había vivido de su trabajo como empleada doméstica. En 1987 le dieron el cargo de directora de Organización Comunitaria en la Subsecretaría de Tierras, puesto que conservó por diez años. Finalmente en las elecciones de 1997 consiguió que la incluyeran en la lista de candidatos a concejales por el Partido Peronista.

Los adversarios de Patricia expresaban un cierto estupor, pues no conseguían explicar cómo había conseguido semejante crecimiento político. Patricia tenía muy mal carácter y solía maltratar a quienes no eran sus seguidores. Sentía una gran admiración por Villegas, en quien reconocía la conducción política local. Sin embargo, sus adversarios no le reconocían mérito suficiente para poseer el título que había alcanzado. A dos explicaciones echaban mano para comprender este desajuste entre mérito y destino. En una señalaban que como Patricia era amante de Villegas, él la había premiado con cargos. En la otra decían que Patricia era recompensada por la militancia y habilidades políticas de Pedro, su marido. De cualquier modo, como mujer ni merecía, ni disponía por completo del poder que había alcanzado.

En las dos explicaciones, Patricia era mediadora de la relación entre los hombres. Las explicaciones jerarquizaban a los hombres, reforzando en ambos casos el poder de Villegas y la preeminencia de la masculinidad de la política. En los dos casos Patricia Jerez potenciaba el poder de un hombre sobre el resto de los hombres. De este modo, las explicaciones sobre el poder de las mujeres ratificaban la masculinidad de la política, pues en ningún caso el poder era propio sino delegado.

También Patricia ratificaba esta concepción en la valoración de la afectividad y en su admiración por la diputada nacional peronista Cristina Kirchner de la provincia de Santa Cruz. La afectividad era para Patricia uno de los componentes fundamentales de su trabajo. Había comprobado que la única manera de ayudar a la gente era involucrarse con lo que le pasaba y sentir con ellos. En esto difería de Ernesto Santillán, uno de los funcionarios peronistas a quien ella respetaba y admiraba. Ernesto sostenía que no había que involucrarse en los problemas de la gente, porque eso “no te deja actuar” –decía–. Pero Patricia veía que cuando esto no sucedía los militantes y concejales se volvían “completamente indiferentes a la necesidad de la gente”. Por eso estaba feliz de haber podido conseguir el tipo de oficina de concejal que tenía, un local a la calle que daba libre acceso a quien quisiera verla. Y aun cuando, como era habitual, no pudiera darle solución a sus problemas, al menos los escuchaba, cosa que nadie hacía. Tal era, para ella, la esencia de su trabajo.

Patricia Jerez sentía admiración por Cristina Kirchner, entonces senadora nacional por la Provincia de Santa Cruz; repetía: “La Kirchner tiene huevos en lo político”. A Patricia le fascinaba la fuerza, la energía que transmitía esta diputada en los actos. Le encantaba cómo decía lo que decía. Cuando “la Kirchner”, como le gustaba llamarla, estuvo en Uriarte Patricia me invitó, junto a sus principales seguidoras, a escucharla en un acto en homenaje a Eva Perón que se hacía en un local bailable sobre el Camino Perón. Patricia nunca se la perdía cuando andaba por Uriarte. Sentía que le daba fuerzas para acometer su trabajo y había logrado que sus seguidoras compartieran la impresión. A veces, decía, la falta de voluntad política de los dirigentes y las pocas soluciones que “se le daban a la gente que las necesita”, la ponían tan mal que perdía la voluntad que creía necesaria para encarar su trabajo. Como mostraré, esta masculinización de “la Kirchner” era el resultado de la valorización de su capacidad para desafiar el poder de los hombres, de aquellos pocos que todavía algo de éste conservaban.

Al acto habían asistido alrededor de mil mujeres de los barrios periféricos. Primero Villegas y después el concejal peronista Firent abrieron el homenaje. Luego le dieron la palabra a “la Kirchner”. Al subir al palco, dijo enérgicamente:

“Qué pasa en Uriarte que no hay ninguna dirigente peronista mujer que pueda abrir un acto como éste. Un acto de homenaje a nuestra querida Eva Perón. Qué pasa que son los hombres los que abren un acto de la mujer. La próxima vez que venga a Uriarte quiero ver a una mujer peronista en este lugar, dándome la bienvenida. –Entonces rompieron los aplausos de las mujeres del público, mientras los dirigentes se sonreían.”

Patricia Jerez valoraba estos desafíos, opuestos a la sumisión y la cobardía en la que, como decía Pedro Jerez, había caído la militancia. Era el coraje de esa mujer que le daba energía para seguir. Cristina Kirchner se animaba a hacer lo que no sólo las mujeres sino muchos hombres del peronismo, como Pedro Jerez, habían renunciado a hacer, hacía ya algún tiempo. El coraje era la cualidad extraordinaria de una mujer, que sólo masculinizándose podía desafiar el poder no tanto del conjunto de los hombres políticos, sino fundamentalmente del dirigente local. Patricia Jerez esperaba que Duhalde fuera acompañado por “la Kirchner” en la fórmula presidencial de las elecciones de 1999.

En su estudio sobre las mujeres peronistas en un barrio del Gran Buenos Aires, Javier Auyero señala que ellas tienen un papel que cumplir y lo hacen:

“Cuidar a los pobres de manera maternal, de una manera en que –de alguna u otra forma– replique el original de la ‘dama de la esperanza’^[25] es algo que está inscripto en el campo de la política peronista. No hay otra manera de hacer política para una mujer peronista, y si ésta quiere tener ‘éxito’ en área alguna del campo político, hay un original a ser actuado” (Auyero 1997b:213).

Contrariamente, en Uriarte las mujeres peronistas pueden actuar sentidos de género socialmente disponibles y manipulables, femeninos y masculinos como el del coraje y la cobardía, que no necesariamente son propios de una “tradición del peronismo”^[26]. En Uriarte el juego de relaciones de género muestra que no es una esencia de la mujer peronista la que “debe ser performada” cada vez que se hace política. No se trata de un “imperativo histórico que deja algún lugar al estilo personal” (Auyero 1997b:215), como si la persistencia de la adhesión peronista entre los sectores populares pudiera explicarse por la aplicación atemporal de un mismo esquema de percepción y acción. Se trata, más bien, de la actuación de estándares de evaluación moral que introducen la valoración de sentidos socialmente disponibles mediante los cuales hombres y mujeres buscan legitimar su posición en el campo político. Antes que pensar en “imperativos históricos”, lo que nos arrastra demasiado cerca de un sentido esencialista y paradójicamente ahistórico de los valores, debiéramos pensar las condiciones de su uso en determinadas coyunturas. Cuando Julie Taylor (1981) analiza los mitos de Eva Perón muestra que aun la oposición política de quienes los sustentan –peronistas de derecha y de izquierda, y antiperonistas– refleja valoraciones positivas y negativas del mismo ideal femenino (Taylor 1981:229). Por eso, las posiciones de género de la política incluidas la feminización o masculinización de prácticas de varones y mujeres, no pueden ser explicadas como la actualización de un mito, explicación última de la persistencia de la adhesión peronista en los ’90, como sugiere Auyero (1997a, 1997b), pues de este modo tendemos a reproducir el mito más que a explicar su génesis social^[27].

Durante la segunda mitad de los ’90, la feminización de la política en Uriarte implicó la valoración del trabajo social, como compromiso afectivo y ayuda a los “más necesitados” (Masson 2004; Rodríguez 2001). El reverso de esta valoración fue la depreciación del coraje o estimación de la sumisión de los hombres y las mujeres subordinados en la división del trabajo político. Las mujeres ocuparon más cargos debido a que la sumisión era un valor que actuaban mejor que los hombres, así su sentido del orgullo no era puesto en riesgo. Pero cargos como el de concejal ya no tendrían la importancia política de épocas anteriores, porque ahora los concejales estarían abocados a mejorar la eficiencia en la administración de los fondos del Concejo, antes que a constituir una base política para la competencia por la sucesión. En un sentido la institución se despolitizó, debilitándose frente al Poder Ejecutivo local. Poco tiempo después, por decisión de Villegas, los concejales tuvieron que depender de la Secretaría de Promoción de la Comunidad para la obtención de cupos de empleo asignados por el gobierno provincial^[28], la misma secretaría del ejecutivo municipal que se ocupaba de implementar el Proyecto Uriarte.

Eficiencia y sumisión eran pues las dos caras de un proceso anclado en la aplicación de evaluaciones morales apolíticas. La feminización generada por estos razonamientos expandió también la despolitización, pues se contrapuso a aquellos rasgos masculinos atribuidos a la política y caracterizados por la capacidad de ejercer poder sobre otros, competir por el crecimiento político y la sucesión. Los atributos en virtud de los cuales una mujer hacía carrera política no eran en sí políticos. Cuando las mujeres y los hombres, como Pedro, callaban, dejaban de desafiar el poder al anular la mediación, que sus discursos producían con las colectividades de las que eran portavoces. A cambio serían las conductas individuales las que cobrarían valor, donde las mujeres podían competir con los hombres e incluso tener un crecimiento político sobre la base de esos valores más femeninos que masculinos.

La recuperación del orgullo

Dos años después del escándalo del Concejo Deliberante, los concejales de Uriarte se vieron envueltos en una situación que añoraban ya que los colmaba del orgullo que habían perdido. Durante las últimas semanas del mes de julio de 1998 unas 40 familias “usurparon” lotes de tierra en el barrio periférico de Rivera. El problema cobró estado público, puesto que estuvo signado por el enfrentamiento entre dos conjuntos de grupos: los destinatarios originales de estas tierras, villeros del barrio más establecidos, y sus usurpadores, recién venidos, por un lado; y el gobierno municipal y el nacional por el otro. En el primer caso, el conflicto se había producido porque los recién llegados estaban tomando tierras que, de acuerdo con la regularización dominial y urbana del Plan Nacional Arraigo, correspondía a vecinos ya censados que debían reubicarse. En el segundo, las autoridades nacionales evitaban ocuparse del conflicto y tomar cartas en el asunto, delegando implícitamente las decisiones en el gobierno municipal. Mientras tanto, las familias “usurpadoras” eran apoyadas por la Confederación del Trabajo Argentina (CTA) a través de uno de sus movimientos internos, la “Federación de Tierras y Viviendas”. Como decía Andrés –uno de sus dirigentes–, trataba de emular el movimiento de los “Sin Tierra” de gran alcance en Brasil, diferenciándose en el punto en el cual en la Argentina el problema era, para ellos, eminentemente urbano. Al igual que Andrés, estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, el movimiento estaba integrado por otros jóvenes universitarios.

Las autoridades municipales evitaron intervenir frente a la “usurpación”, hasta que un niño murió. Las familias que estaban ocupando los terrenos vivían en tiendas hechas de palos, chapas de cartón y otros materiales de desecho. En estas condiciones, el frío húmedo del invierno contribuyó a que una neumonía acabara con la vida de este niño. A partir de este momento los concejales apuraron las negociaciones con el gobierno nacional para que el Plan Arraigo arbitrara los medios para conseguirles terrenos a las familias ocupantes. Un día antes de la sesión extraordinaria que pondría fin al conflicto, los concejales en un hecho para ellos inédito concurrieron a las oficinas del Plan Arraigo en la ciudad de Buenos Aires.

El día después, cuando se celebró la sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante, la antesala del recinto estaba colmada de curiosos e interesados. Los medios de comunicación también estaban presentes: cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas de la prensa local, y locutores de los programas de radio locales. El palco interno, un semicírculo elevado y localizado sobre las espaldas de los concejales, frente a la presidencia del Concejo Deliberante, estaba completo. Las familias de recién llegados sostenían banderas con el nombre de los asentamientos: “2 de Enero” y “4 de Mayo”, y acompañaban la espera golpeando cacerolas y tambores.

Todos los concejales ingresaron al recinto, y se sentaron en sus respectivas bancas. Ana Tranco, la presidenta del Concejo, tomó lista; no había ausentes. Entonces afirmó “Estando 24 concejales presentes se da inicio a esta sesión extraordinaria que nos convoca para discutir y sancionar la ordenanza referida al asentamiento 2 de Enero y 4 de Mayo”. Luego nos pusimos de pie. Dos concejales se dirigieron al mástil para izar la bandera argentina. La izaron muy lentamente y cuando la bandera llegó al tope, aplaudimos y nos volvimos a sentar. El primero que habló fue un concejal de la Alianza^[29], Javier Bengoechea:

“Estoy emocionado de participar en un acto de ese tipo, en el que podemos dar solución a un problema producido por la exclusión de la gente… Como abogado he participado varias veces en la defensa de familias desalojadas, pero esta vez estoy realmente conforme con el modo en que las autoridades del Plan Arraigo han dado respuesta y acordado con las autoridades municipales”.

En ese momento la concejal Patricia Jerez se acercó a la presidente del Concejo Deliberante para decirle algo al oído. La presidente llamó a un cuarto intermedio para discutir la redacción del proyecto de ordenanza, invocando el hecho de que “todos querían el bien de la gente”. Los concejales no se retiraron del recinto, se quedaron para discutir entre ellos el tema del censo. Reiniciada la sesión Patricia Jerez se encargó de anunciar una cuestión operativa, que sólo se incluiría en las tierras cedidas por el Plan Arraigo a las familias que estuvieran censadas por la Subsecretaría de Tierras y Viviendas. Entonces retornaron los discursos de reflexión sobre la situación. El concejal por el peronismo Castro señaló:

“Es digno de destacar frente al hecho que nos ocupa, que hay un vacío de nosotros la clase dirigente, porque no hay una verdadera planificación urbana que impida estar corriendo a resolver problemas que están ahí. El Estado debía hacerse cargo de estos problemas… Quiero destacar que aquí hay una real necesidad de las familias. Se puede observar que no hubo politiqueo, que las familias necesitan… pero es necesario planificar”.

Un concejal radical pidió la palabra para responderle que sí había habido “política” en esta situación, “política en el sentido de política social del Estado frente a estos problemas que padece la gente”. Entonces tomó la palabra el concejal peronista de Villa Rivera Lucas Serrano. Comenzó diciendo que luego de muchos años de lucha había conseguido que Rivera fuera declarada “ciudad”- sinónimo de establecida-, apartando así su denominación como Villa, y continuó:

“Yo sé lo que es ser pobre, pero por suerte estoy en un movimiento, el peronista, que no plantea la lucha de clases, sino que está en contra de eso y lucha por el bien de la gente. Yo creo que acá hubo política que por suerte existe la política, porque la política es algo bueno, no es como se dice algo sucio, al contrario. Debemos estar orgullosos que la política consiguió que es este hecho no hubiera heridos ni detenidos, que se haya desarrollado pacíficamente. Si no hubiera estado la política, como en otras épocas, hubieran aparecido los uniformados y vaya a saber lo que hubiera pasado –estallaron los aplausos en el recinto, por varios minutos los concejales aplaudieron las palabras de Serrano”.

Ana Tranco, la presidenta del Concejo, dejó el estrado, y se fue a sentar a su banca, mientras otro concejal peronista subía a ocupar su lugar. Ana ratificó las palabras de Lucas Serrano:

“Yo quiero decir que estoy orgullosa de pertenecer a este Concejo Deliberante, que consiguió que el Plan Arraigo firmara el acta acuerdo, y le diera al Concejo Deliberante la facultad de encontrar un principio de solución… Y yo creo que éste no es asunto de lucha de clases, porque acá fue una lucha entre pobres y todos somos pobres, acá no hay terratenientes”.

Luego les pidió paciencia a las familias porque iba a demorar un tiempo en llegar la solución. En verdad ella viró hacia un discurso menos político y más operativo, en el mismo sentido de las recomendaciones de las demás mujeres concejales. Patricia Jerez pidió la palabra para señalar que era necesario que las familias tuvieran mucha paciencia, pues la solución todavía no había llegado, “la solución –afirmó– recién empieza, lleva mucho tiempo urbanizar la zona”.

De todos los discursos pronunciados, el del concejal Lucas Serrano se llevó todas las felicitaciones. No sólo los compañeros de bloque, también los de los otros partidos y los medios de prensa celebraron sus palabras. Lucas Serrano estaba sorprendido por el reconocimiento que había ganado, sintió que no podía dejar pasar aquella situación. Sin advertirlo Lucas había logrado completar la recuperación del orgullo perdido de los concejales, en su redefinición del sentido responsable de la política. Por un lado, habían sido capaces de evitar la violencia resolviendo el conflicto por medios pacíficos; por el otro, habían demostrado el sentido del deber político hacia “los pobres”, su comunidad de referencia. Los concejales no hacen “politiqueo” ni “política social”, “hacen política” pues resuelven conflictos a favor de los vecinos pobres, definidos menos por sus necesidades que por sus derechos históricamente adquiridos. Los concejales perdían su orgullo cuando dejaban de ser juzgados en virtud de sus deberes políticos, es decir con relación a una cierta comunidad, para serlo por valores de una ética individual y universal que vuelve público aquello que, a los fines políticos, debe ser ocultado. Para que ese sentimiento pudiera expresarse era necesario, lo mismo que para la honra, que existiese un valor social asignado a la pertenencia al cuerpo en cuestión, y éste era el sentido de comunidad, por la cual y para la cual, se hace política.

Como a muchos de los otros concejales, a Lucas Serrano las denuncias de corrupción contra el Concejo lo habían hecho sentir muy mal: “Fue terrible, porque ser concejal era denigrante. Te digo la verdad, no podía mirar a mi esposa a los ojos. Villegas pensó que iba a poder limitarlo a los corruptos pero no, costó mucho remontar esa situación”. De cualquier forma Lucas Serrano ya había incorporado que su orgullo como concejal dependía de la transparencia de sus conductas privadas. Mientras conversábamos, al día siguiente de la sesión extraordinaria, lo llamaron por teléfono para que hiciese una compra de zapatillas para dos chicos del barrio que estaban descalzos. Luego me dijo cuánto ganaba un concejal “yo no oculto lo que gano: 2500 $ con los descuentos que me hace el partido. Todos los gastos de la campaña salen de ahí –me dijo”.

La diferencia entre el discurso de Lucas Serrano y el de los otros concejales, era su asociación entre el sentido de la política y la comunidad histórica de referencia. Él había tomado distancia de la “política irresponsable de los 70”, personificada en lo que llamaba “los jóvenes de gamulán”^[30], a quienes recordó porque, durante la sesión, los ocupantes de tierras habían estado acompañados por jóvenes universitarios:

“Yo viví una experiencia parecida y entonces no quiero que me vengan a contar qué es ser pobre. Éramos jóvenes y pobres en los ’70, nos agarrábamos de lo que nos dieran. Nos planteaban –la izquierda revolucionaria peronista– ir en contra de todo lo institucional, nada debía pasar por lo institucional. Si a nosotros nos hubieran dicho que había que luchar, trabajar e ir pagando poco a poco. Pero no, nos llevaron del peronismo a un marxismo. Y ahí venían esos chicos de la universidad con sus gamulanes, y claro ellos se iban pero nosotros nos quedábamos… Y todos ellos se fueron, nosotros nos quedamos. Y claro, el blanco de la represión fuimos nosotros… Por eso lo que dije en el recinto es que a mí no me van a contar la vida del pobre, yo la pasé. Pero resulta que nadie nos dijo que trabajando se podía conseguir… En aquella época nos decían ‘los chicos de gamulán’ que había que hacer tomas de tierras. Ellos nos ofrecieron la ‘tierra prometida’, ‘el sacrificio’, y uno no sabía nada… Por eso yo entiendo que hay que asumir la responsabilidad de lo institucional, y es el Estado que debe promover, no la ocupación sino la compra de las tierras… Por esto la política es muy importante porque posibilita la búsqueda de soluciones, y un acuerdo… pero lo que pasa es que la política se ha degenerado, cuando en realidad es lo mejor que hay”.

El concejal Lucas Serrano buscaba de este modo recuperar algunas convicciones políticas o causas históricas, pero de un modo responsable. La consideración de las consecuencias sobre cierta comunidad todavía inciertamente imaginada, pero más próxima a los vecinos pobres que a los villeros, era lo que, en ese escenario, moralizaba la política y enorgullecía a la persona que la asumiera como profesión. Inversamente, la denigración de un concejal estaba asociada a la pérdida de convicciones y obligaciones propias de la política en este sitio. Juzgar a un político por si mentía o robaba producía una escisión entre política y moral, debido a que sus conductas sólo quedaban evaluadas en términos de una moral universal, desgajada de alguna comunidad imaginada con referencia a la cual los políticos dirigen sus acciones; y en torno a la cual se constituyen en tanto clase política. Paradójicamente, un concejal se inmoralizaba, perdía su orgullo y el reconocimiento atribuido al rango, no tanto porque robara sino porque era juzgado en esos términos, por un estándar que desplazaba los valores políticos de la evaluación.

La corrupción como despolitización de la moral

Dar respuesta a la pregunta de cómo las denuncias de corrupción participaron, en el contexto de otros factores analizados en los anteriores capítulos, de un proceso experimentado como “desmoralización de la política” fue el objetivo de este último capítulo. Estamos en condiciones de afirmar que a instancias del escándalo, el campo político fue moralizado por una ética de un nivel más abstracto y universal, relativa a las relaciones entre individuos, pero no política. Desde luego, dicha experiencia ha sido el resultado de la despolitización de esa moralidad propiamente política, que solía regir la división del trabajo político. La despolitización de los concejales cobró una nueva fuerza cuando el escándalo potenció la ruptura de un vínculo con alguna comunidad imaginada de referencia; un proceso iniciado, como vimos, con el cambio de década.

Entonces, más que una tendencia a la autonomización moral de la política, donde la esfera política se separaría progresiva y definitivamente de la moral, el proceso analizado da cuenta de la invasión de dicha esfera por una moral, presumiblemente universal, individual y apolítica. Fueron las evaluaciones morales contenidas en las denuncias judiciales contra “la corrupción de la política” las que expandieron ese estándar de evaluación de la conducta basado en esa ética individual, donde los valores políticos sobre la comunidad histórica de referencia son soslayados. Dicha expansión, sin embargo, fue motorizada por el juego de la conservación del propio poder y el desafío al poder del adversario, en la lucha por la sucesión, o crecimiento político; eso decir por una dimensión de la política.

Por algunos años, las denuncias por corrupción y la sospecha sobre todo funcionario municipal instalaron la eficiencia y la honestidad como valores principales de actuación de los concejales. La despolitización encarnada en éstos tuvo entre sus corolarios la feminización del Concejo Deliberante. La misión de la buena administración como valor no desafiaba el poder de los políticos encumbrados, por el contrario, sostenía la sumisión de los concejales apartados de los escalones superiores de crecimiento político. Los hombres que efectivamente encarnaban los valores de la masculinización política eran los que no podían ser desafiados, los únicos capaces de decir y de procurarse la sumisión de otros. La feminización del Concejo redundó, no sólo en un incremento cuantitativo de las mujeres concejales, sino también en la difusión de la sumisión como posición política, de la que Cristina Kirchner era la excepción que confirmaba la regla. La pérdida de poder de los concejales mejor posicionados para disputar la sucesión del intendente municipal, capaces de cuestionar el poder del jefe político local, los aproximaba a al lugar reservado a lo femenino en la política uriartense.

La experiencia de recuperación del orgullo de los concejales –aunque ésta no haya sido completada– demuestra, claramente, que la honestidad y la eficiencia no eran valores de moralidad política. El orgullo era experimentado por los concejales cuando introducían convicciones basadas en el compromiso histórico con una comunidad de referencia, en relación con el cual si podían redefinir el sentido de la responsabilidad pública. El orgullo se perdía con la extinción de una comunidad imaginada de referencia y se recuperaba frente a imágenes, como la propuesta por el concejal Lucas Serrano, que procuraban definir su integración por vecinos pobres –dada la anulación de los villeros–. Inversamente, la corrupción instalaba como misión personal del concejal la eficiencia en la administración de los recursos, una convicción políticamente inmoral, que propicia una honestidad individual desvinculada de toda colectividad histórica de referencia.

En suma, la inmoralidad de los concejales resultó de esa tendencia a que los estándares más íntimos de este campo, destinados a evaluar la conducta de las relaciones personales de los políticos, fueran progresivamente sustituidos por estándares absolutos, válidos para cualquier individuo. En este proceso, en lugar de que la esfera privada sea incorporada a la esfera pública, como describe Carla Texeira (1998) sucediera con la instauración del “decoro parlamentario” en Brasil, desaparecieron tanto los estándares morales íntimos de la política que configuran la trastienda, como los públicos, siendo ambos sustituidos por el mismo estándar universal. Por consiguiente, la desmoralización de la política se volvió la sombra proyectada por la despolitización de la moralidad política; desdibujando la imaginación de una comunidad histórica de referencia y, con ella, el sentido de la responsabilidad pública.

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