A lo largo de la presente investigación intentamos, fruto del análisis empírico de tres políticas de control de precio y acceso a los alimentos básicos, vigentes en el bienio 2014-2015, restituir el debate al interior de un conjunto de relaciones más amplias. Buscamos ofrecer un estudio exhaustivo de situaciones particulares: una exploración, en la profundidad de los mismos, con miras a problematizar las capacidades estatales y descubrir variables que nos permitan entender qué factores pueden explicar la emergencia o la particularidad de forma de distintas respuestas estatales al problema del acceso a los alimentos básicos.
En este sentido, este tipo de políticas nos enfrentan, en su superficie, al diseño de instrumentos (políticos) para la administración de los flujos de relaciones que se nos presentan (en apariencia) de corte eminentemente económico. Sin embargo, subyacentemente, asistimos a arreglos institucionales que buscan facilitar no sólo el acceso a bienes de consumo básicos, sino también, a partir de ellos, regular una serie de prácticas que exceden la órbita de mercado. En ninguno de los casos bajo análisis se discute únicamente el acceso a los alimentos, sino que con ellos ponen en tensión, en definición/redefinición, toda una serie de relaciones que sustentan el régimen de titulación que le da soporte, así como las fronteras entre las relaciones políticas, de mercado y del orden de la reproducción social.
En el caso de Precios Cuidados, por ejemplo, las agencias estatales y el empresariado del retail local se involucraron en un proceso de definición/redefinición de sus relaciones, en donde el gobierno se beneficiaría de la experiencia y recursos del sector privado para la puesta en marcha del programa, así como la extensión de sus capacidades como fruto de aceptación del mismo. El empresariado, por su parte, obtendría beneficios claros y concretos, así como las organizaciones sociales obtendrían “licencias” para intervenir políticamente en la ejecución de controles.
Por el contrario, el caso de Egipto nos pone frente a una economía moral, según la cual el pan debe estar accesible a todos. Una moralidad en donde seguridad alimentaria, protesta, pacto social, bienestar y factores internacionales, como la inserción en flujos internacionales de comercio y el beneficio de un “dividendo de paz”, en la forma de asistencia y vínculos intensos de comercio con las potencias occidentales, se implican unas a otras, en un eco de referencias permanente.
En el caso del SNAP en Estados Unidos, por último, la relación entre Gobierno/Burocracia, Agencias-Estatales/Actores-de-Mercado y Gobierno-Federal/Estados-Subnacionales se materializa en estructuras rígidas, tecnologías de control, articulación con actores de mercado, a través de incentivos, como garantías frente al temor de la acción política de la burocracia en el marco de un federalismo débil y fragmentado.
El período bajo estudio, por otro lado, nos brindó una oportunidad de análisis excepcional, al exponer a los tres diseños de políticas públicas a una coyuntura crítica, donde el tema de la “seguridad alimentaria” ocuparía lugares preferenciales en las agendas globales, como fruto del incremento sostenido en el precio internacional de los alimentos.
Asimismo, nuestra estrategia supuso trabajar con casos de un mismo tipo, pero ligeramente distintos, sobre la presunción básica de que era a través del análisis de políticas públicas efectivas (del entramado de actores y procesos político-institucionales que suponen, así como de las capacidades estatales para su puesta en-acto) que se podía definir una vía de acceso preferencial al entendimiento de la lucha y conflicto por la definición/redefinición de los vínculos entre los actores que hacen al orden de lo estatal, el mercado y de la reproducción social.
Una estrategia que nos permitió arribar a cuatro conclusiones preliminares. En primer lugar, evidenciar que lejos de consideraciones a priori sobre las (presuntas) capacidades estatales o el rol secundario (subsidiario) de los actores no-estatales, las políticas públicas de control de precio y acceso a los alimentos emergentes en cada uno de los casos analizados cristalizan un determinado juego de relaciones de fuerza entre el orden estatal, el mercado y el orden de la reproducción social, en torno a la lucha por definir/redefinir la frontera y los límites que separan los vínculos y relaciones políticas (de autoridad), de aquellos propios de la familiaridad y confianza; la producción de bienes, de la reproducción social; y el mercado, de la política. En suma, las políticas públicas analizadas materializan un momento del estado de correlación de fuerzas en relación a qué parte de los riesgos se colectivizan y qué parte se mantiene en la esfera privada, sea ésta comunitaria o mercantil; qué parte corren por cuenta del Estado y qué parte se deja librado a las fuerzas del mercado y los agentes individuales o colectivos.
En segundo lugar, el punto anterior nos permite retomar la propuesta original de Esping-Andersen en relación al carácter conflictivo, no estático, de su economía argumental (puntualmente, su interés por el estudio de las “estructuras de conflicto”, tanto como origen del andamiaje institucional emergente y la forma particular que efectivamente asume un régimen de bienestar en un momento y en un país determinado, como tanto como efecto de su intervención), a la vez que también permite problematizar las denominadas “capacidades estatales” al interior de un conjunto más amplio de relaciones con las que mantiene vínculos estrechos. Sobre todo, a la luz de que los actores estatales dependen de ese conjunto de relaciones más amplias, entre distintos órdenes, como condición de su capacidad y legitimidad de acción.
En tercer lugar, pudimos identificar un mosaico de variables significativas que operarían en tres niveles lógicos diferentes. En este sentido, mientras factores explicativos del tipo del régimen político, las instituciones o –incluso– las trayectorias previas de políticas públicas, por mencionar algunos, nos ayudan a dar cuenta de los aspectos formales de la respuesta emergente (de su particularidad de forma); las condiciones de emergencia y la dirección que implican (en relación a qué parte de los riesgos se colectivizan y qué parte se mantiene en la esfera privada), en cambio, solo parecen explicarse a partir del estado de desarrollo de la organización y medios para la acción al interior del Estado, así como de la legitimidad del sujeto estatal en su intervención.
Tomado en su conjunto, este mosaico de variables -aun cuando nada dice con certeza sobre casos por fuera de los estudiados en la presente investigación- supone una reconstrucción ideal (teórica, pero fruto de un análisis empírico) que debería servirnos como un mapa de lo posible que, por analogía, nos ayude a identificar lugares tentativos por donde comenzar nuevas búsquedas a propósito de la tensión entre provisión y libre mercado en la administración de bienes básicos escasos.
En cuarto lugar, nos vimos empujados a constatar un “remanente estatal”: un “resto”, siempre presente, que pondría en evidencia que nunca la mercantilización y/o la familiarización se presentan de forma absoluta, sino que –por el contrario–, los órdenes funcionan a partir de cierta arquitectura estatal que les sirve de base (aun cuando esta esté siempre bajo activas resistencias). Una observación que brinda, a nuestro entender, mayores precisiones analíticas, a la vez que pondría en evidencia que lo que se nos presentaba (no sin cierta resignación) como un “devenir inevitable”, en realidad se trataría de un tránsito siempre incompleto entre economías de provisión y economías políticas de mercado.
En el origen de nuestra ambición, en suma, se encontraba un esfuerzo de restitución: una preocupación analítica por reconstruir las bases agonistas, en el marco del estudio empírico de políticas públicas, que los trabajos de Esping-Andersen prometían inaugurar y que –sin embargo– derivaron en un edificio creciente de tipologías. Nuestro abordaje, en cambio, buscó reconstruir la manifestación empírica de esa trama de relaciones en el marco del estudio de políticas públicas efectivas de control de precio y acceso a los alimentos. Un drama centenario, en permanente tensión, cuyo análisis parece demostrar que en el barro de la historia de las intervenciones estatales en sociedades con sistemas en tensión entre economías morales de la provisión y economía políticas de mercado, es sus pliegues, en sus falencias, en su intervención e interacción con otros órdenes del mercado y la reproducción social, en su funcionamiento híbrido, al límite (muchas veces) de la legalidad misma que sanciona, no encontramos un desvío o una anomalía, sino más bien, la verdad de su funcionamiento. O más aún: la condición de su eficacia y las luchas permanentes por definir/redefinir de la frontera que sanciona sus límites y relaciones.
