Julieta Calmels

Caracterización y descripción del sistema de atención y cuidados en materia de abordaje de los consumos

Hablar sobre consumos problemáticos es hablar sobre un tema complejo. Tanto para su reflexión conceptual, como para su tratamiento y sin dudas para su abordaje sanitario. ¿Cómo organizar un sistema de cuidados desde el campo de la salud? Es el desafío que nos compromete desde el trabajo en la provincia de Buenos Aires, dentro de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, que forma parte del Ministerio de Salud.

En la historia de nuestro sistema de salud, los temas de salud mental no tuvieron demasiada centralidad en las políticas estatales y tampoco privadas. Los consumos problemáticos sufrieron la misma suerte.

Esta resistencia de los sistemas de salud no implicó, sin embargo, una indiferencia hacia el problema por parte de los Estados. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una larga historia en el tratamiento del tema, con idas y vueltas entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, entre la asunción estatal y su tercerización a otros actores.

Esto mismo sucede en gran parte de nuestro país, con un gradual proceso de cambio, aún con final abierto sobre cómo se consolidará. La situación nacional a través de la Sedronar y sus progresivas reformas de estructura, de enfoque y de emplazamiento en la organización estatal reflejan también esta historia en el abordaje del tema.

Más allá de dónde recueste el tratamiento del tema, es extendido en nuestro país el hecho de que los cuidados, fundamentalmente en las internaciones residenciales (comunidades terapéuticas y otras modalidades), estuvieron a cargo de organizaciones religiosas, sociales o de asociaciones civiles, y el Estado cumplió un rol de garante del financiamiento con heterogénea incidencia en los modelos de atención y cuidado y ninguna sobre sistemas de información.

Diferente quizá pueda ser en el caso de los tratamientos de carácter ambulatorio, donde el primer nivel de atención municipal, los tratamientos hospitalarios de consultorios externos o salas específicas y los dispositivos provinciales propios de enclave territorial y otros nacionales dependientes de la Sedronar absorbieron históricamente la carga de atención.

Y sin duda, lo que siempre ha estado a cargo del Estado –como no podría ser de otro modo–, con enormes dificultades, pero con una regularidad y escala en la atención, son las internaciones por cuadros agudos de intoxicación en los hospitales generales.

Hitos en el ingreso de los problemas de consumo al campo de la salud

Algunos hitos claves vienen reconfigurando el tratamiento del tema:

• La inclusión de las adicciones como un problema de salud mental establecido hace ya más de 11 años en la Ley Nacional de Salud Mental (en adelante LNSM) Art. 4.
• El avance de consensos internacionales sobre el fracaso del “modelo abstencionista” y de “la lucha contra las drogas”.
• La orientación cada vez más clara de las políticas públicas dedicadas a los consumos problemáticos hacia estrategias de cuidado con perspectiva comunitaria, centradas en las personas y ya no en las sustancias, entre otras.

Estos cambios fueron haciendo que en la Argentina el tema comenzase a ordenarse con mayor rectoría desde una mirada de la salud pública y las políticas de cuidado, tanto en lo conceptual como en los abordajes territoriales y de las instituciones de salud.

La inclusión del artículo 4 en la LNSM, donde se explicita que las adicciones son un problema de salud pública (“Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”), es sin duda un punto de definición en la historia argentina de tratamiento del tema y determina un rumbo claro hacia adelante.

Sin embargo, esta claridad no ha significado que el camino iniciado esté exento de un sinnúmero de debates, sobre todo de determinados sectores que buscan anclar el abordaje de los consumos problemáticos por fuera de la LNSM, tratando de dar respuesta a problemáticas reales, pero a través de cambios normativos que no van a dar como resultado un beneficio de los abordajes o de los cuidados.

Perspectiva sobre consumos

Dentro de los consumos problemáticos, incluimos los consumos de drogas ilegales o ilegalizadas, como también las drogas legales en la Argentina, que son sin duda las que concentran la mayor cantidad de población con consumos problemáticos desde hace décadas, como es el caso del alcohol. También hay que incluir actualmente aquellos consumos relacionados con las tecnologías que están siendo motivo de análisis, problematización y alta preocupación.

Con esto queremos decir que, dentro de la denominación “consumos problemáticos”, se engloban situaciones heterogéneas, diversas, que se encuentran atravesadas por determinantes sociales, culturales y de época, que debemos tener presentes al momento de pensar y abordar los diferentes fenómenos que hacen al consumo.

Abordaje de los consumos problemáticos en provincia de Buenos Aires

Actualmente, el paradigma con el que trabajamos desde la provincia de Buenos Aires (en adelante PBA) no está centrado en la sustancia, sino en las personas, considerando también las historias y circunstancias que constituyen la vida, los contextos afectivos, las trayectorias y los tipos de consumos como parte de las lecturas situacionales que se propone estén presentes al momento de pensar los tratamientos, los cuidados y el abordaje.

Sobre el sistema de cuidados con que contamos en la provincia, podemos decir que disponemos de recursos nacionales (Sedronar), recursos municipales (hospitales y centros de atención primaria) dependientes de los 135 municipios y también un importante número de recursos y espacios sanitarios de dependencia y gestión provincial de diferentes características y en un franco proceso de ampliación y crecimiento.

Referido a los recursos y espacios provinciales, contamos con más de 200 dispositivos, distribuidos en los territorios donde se atienden las problemáticas de consumos, así como las de salud mental. Estos dispositivos se denominan CPA (centros provinciales de atención), centros comunitarios de salud mental, equipos móviles y de enlace comunitario, incluyendo unidades residenciales públicas para el abordaje de los consumos. Asimismo, los 83 hospitales generales y las UPA (Unidades de Pronta Atención) provinciales también atienden los consumos problemáticos, tanto a través de consultorios externos de manera ambulatoria, como por medio de la atención de las urgencias e internaciones cuando ello resulta necesario. Resulta importante destacar que, en los años 2021, 2022 y 2023, los consumos problemáticos fueron la tercera causa de internación por motivos de salud mental.

Y como ya les contábamos, además se amplió la red con 20 nuevos centros comunitarios ya en funcionamiento, 12 que se están construyendo de cero y dos nuevas unidades residenciales en curso. También se sumaron 38 equipos específicos para el abordaje de las urgencias que ingresaron a hospitales generales en horarios vespertinos, se ampliaron las plantas profesionales en un 36 % en toda la red de atención, se crearon nuevos equipos móviles territoriales, y se llevó a cabo un importantísimo número de capacitaciones, incluyendo las propias para temáticas de consumo.

El conjunto de estos ámbitos y procesos se dan en el marco de lo que denominamos “la reforma bonaerense en salud mental”^[1], que supone una inédita incorporación de personal de salud mental al sector público, reformas específicas sobre las instituciones, la puesta en práctica de capacitaciones, la producción de guías y protocolos para la revisión de las prácticas, entre otros aspectos de importancia.

La perspectiva de trabajo es la estipulada en las leyes y en los acuerdos internacionales de derechos humanos a los que la Argentina suscribe. Nos estamos refiriendo al enfoque de reducción de riesgos y daños, sin que esto excluya la posibilidad de la abstinencia como una de las estrategias posibles, también por abordar en aquellos casos en los que se considere la adecuada.

A la vez, impulsamos y acompañamos políticas centrales de reducción de riesgos y daños como lo fueron la Ley de Acceso al Agua Libre, Segura y Gratuita –Ley n.º 15.439–, que fue instalada mediante una campaña específica de folletería y producciones audiovisuales impulsada desde el Ministerio y estuvo focalizada en la garantía de acceso al agua en la nocturnidad, boliches, bares, recitales, etc.; la Ley de Alcohol Cero al Volante y la constitución de una Mesa de Alerta de Sustancias Psicoactivas, fundamentalmente en lo vinculado a las drogas sintéticas de circulación en el país y en la provincia. Con reportes específicos a la comunidad en general y al sistema de salud en particular, ya se han dado diversas internaciones en algunos hospitales en determinados períodos estacionales o de vacaciones. Y se ha encontrado una recurrencia más alta de internaciones que han generado preocupación acerca de la circulación de sustancias altamente tóxicas y adulteradas. La Mesa de Alerta surge a partir de un episodio muy doloroso que sucedió en la PBA conocido como “Puerta 8”, con la distribución de cocaína adulterada que generó el trágico fallecimiento de un importante número de personas. Este hecho dejó de allí en adelante un conjunto de alertas y de seguimiento desde el sector salud, independientemente del tratamiento y la persecución policial del delito que realiza el Ministerio de Seguridad.

En lo que hace al sector privado, lo que tal vez sea menos conocido, la provincia desplegó tempranamente un conjunto de estrategias. Por un lado, la creación de una norma que actualiza una antiquísima disposición del año 1968, con la que contaba nuestra provincia y que había impedido hasta el momento generar una buena política de fiscalización y de habilitación de nuevas instituciones. Esa nueva norma fue creada en acuerdo con la Sedronar, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (en adelante SDH), la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el Ministerio de Salud de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Órgano de Revisión Nacional (en adelante ORN) y el Órgano de Revisión Local (ORL), todo esto en coordinación con la Subsecretaría que conduce Leticia Ceriani y que cuenta en su organigrama con la Dirección Provincial de Fiscalización Sanitaria y funciona de manera coordinada apoyada en el enorme trabajo de la Dirección Provincial de Salud Mental a cargo de Mariano Rey. Ello permitió por primera vez desplegar con mayor ordenamiento y alcance prácticas de regulación que permite la habilitación, fiscalización y eventual clausura de instituciones de salud mental y consumos, iniciando una política novedosa de fiscalización y de adecuación de las instituciones a la LNSM.

El proceso de implementación y puesta en conocimiento de esa norma ha sido realizado a lo largo de más de un año con todas las entidades del sector privado, cámaras, federaciones que nuclean entidades de instituciones dedicadas al abordaje de los consumos problemáticos, creando un equipo específico que recepciona los proyectos institucionales y trabaja a través de esos proyectos sobre la adecuación de esas instituciones a la LNSM, en acuerdo de plazos y tiempos progresivos, con metas acordadas. Asimismo, hemos incorporado equipos de salud mental específicos para la tarea de fiscalización en una provincia de la magnitud de PBA, de 17 millones de habitantes y 305.000 kilómetros cuadrados.

El trabajo articulado entre la Dirección Provincial de Fiscalización y la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, a través de la Dirección Provincial de Salud Mental, es algo que se ha dado ya desde hace más de cuatro años y que se expresa en visitas conjuntas, clausuras provisorias y clausuras definitivas de instituciones, en algunos casos con las denuncias penales correspondientes ante la observación de delitos serios, y simultáneamente también la habilitación de un conjunto de instituciones que merecían ser reconocidas, junto con el trabajo para la adecuación de más de 150 instituciones a lo largo de este tiempo.

Asimismo, hemos recibido numerosas solicitudes de fiscalización y de intervención desde la Justicia penal de lo que podría denominarse un sector “clandestino” que trabaja bajo supuestos paradigmas de abordaje de los consumos problemáticos, pero que en realidad no tienen ninguna validación conceptual ni científica y que constituyen verdaderos actos y sistemas de violencia y control social de jóvenes seriamente perturbados por los consumos y que se financian por el pago directo de las familias.

El trabajo con el sector no estatal también culmina con la consolidación, por primera vez en la historia de la PBA, de un listado de instituciones habilitadas (RUPE) de público conocimiento, que se actualiza regularmente y permite a familiares y personas que quieren acceder a un tratamiento y a la Justicia saber qué instituciones están habilitadas y cuáles no en nuestra provincia.

Transformación del modelo de atención en la provincia de Buenos Aires

Las políticas de salud mental en la PBA asimismo se enmarcan en una reforma de salud, y particularmente de salud mental, que impulsamos hace más de cuatro años y que está organizada e integrada en una propuesta global que se expresa en el Plan Provincial Integral de Salud Mental^[2] puesto en revisión y debate junto a organizaciones sociales, ámbitos gubernamentales, unidades académicas, asociaciones de personas usuarias y familiares, entre otros actores institucionales.

La reforma tiene tres niveles: la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos, la apertura de los hospitales generales para la atención de las urgencias en salud mental y de manera ambulatoria, y la ampliación e integración de los dispositivos de base comunitaria.

La transformación de los hospitales monovalentes de la PBA ha dado al momento pasos sustantivos con la ampliación de la red de casas comunitarias con apoyos (186 casas) y la externación de la mitad de la población cronificada, la ampliación de los hospitales generales para las internaciones y el abordaje de las urgencias por salud mental, que incrementó en un 60 % las camas de salud mental para la internación. A su vez, la mejora y ampliación de los dispositivos de base comunitaria significó una actualización y puesta en red de los más de 200 ya existentes y la creación de 20 nuevos centros comunitarios de salud mental durante los primeros cuatro años de gestión, y actualmente estamos construyendo en proyectos ya licitados y en ejecución 12 nuevos centros comunitarios y algunas unidades residenciales.

Como se mencionó, los dispositivos de base comunitaria en la provincia son de dependencia municipal (CPAS, salas de atención del primer nivel que en total suman más de 2000), de dependencia nacional de la Sedronar^[3] con 357 dispositivos, y los 200 de dependencia provincial (CPA, centros comunitarios de salud mental, equipos móviles y de enlace territorial, unidades residenciales para personas con padecimientos en salud mental, y unidades residenciales par abordaje de los consumos).

Las denominadas “unidades residenciales” para el abordaje de consumos problemáticos incluyen la posibilidad de brindar tratamiento a personas que han tenido internaciones en hospitales generales o clínicas privadas o a aquellas que, sin internación previa y sin estar atravesando cuadros agudos de descompensación, requieren pasar por una internación hospitalaria.

Esta modalidad de unidades residenciales, que antes solamente se reconocía en el modelo de las comunidades terapéuticas, constituye para nosotras/os un tipo de dispositivo válido, necesario y de muchísima utilidad para un conjunto de personas que requieren tratamientos y cuidados de mayor prolongación en el tiempo y fuera de sus ámbitos cotidianos de vida. Esta modalidad, tal como está estipulado en nuestra normativa, incluye el derecho a estar en comunicación con sus redes afectivas, sus familiares, sus parejas o amigos, etc. A ser visitadas/os, a tener comunicación fluida y a que, desde el primer momento en que ingresan a esta modalidad, se trabajen las condiciones para la recuperación y la externación. Es por tanto una modalidad de tratamiento residencial, intensivo, construido singularmente para cada persona, en cada momento de la vida en donde ello resulte necesario, que garantiza el conjunto de derechos humanos fundamentales y que requiere que desde el ingreso se trabaje en las condiciones del egreso y la continuidad de la vida, de los proyectos, vínculos y el tratamiento de los conflictos en curso para poder continuar. Insistimos, se trata de una modalidad residencial, no una modalidad de tratamiento por aislamiento.

La idea de que el aislamiento cura es una idea que ya se ha echado por tierra tanto para los trastornos de salud mental más convencionales, como para los consumos problemáticos. Eso no excluye la necesidad de cuidados más intensivos y de permanencia, para algunas personas, en instituciones de cuidado que no deben ser ni deben funcionar como instituciones de aislamiento, menos aún de encierro.

Sobre la ampliación de unidades residenciales, se proyecta una ampliación también de estos dispositivos, algunos exclusivamente de gestión provincial y otros de cogestión con los municipios, a quienes estamos acompañando en la creación de dispositivos públicos de estas características como parte de la oferta de cuidados en sus territorios. Esto va a permitir que, para mediados del año 2025, podamos ampliar a un total de 60 camas más en unidades residenciales de gestión pública estatal, lo que constituye una novedad para nuestra provincia, que no tiene precedentes.

Haciendo un poco de historia

Para comprender esto, hay que señalar que, en la historia de los tratamientos que se han dado a las problemáticas de consumo, fuera de los modos ambulatorios y fuera de los modos de internación de los hospitales generales (que concentran un gran número de personas en tratamiento), las modalidades de tratamiento residenciales o de casas convivenciales se han concentrado en torno al trabajo de organizaciones sin fines de lucro, eclesiásticas, asociaciones civiles y más tardíamente organizaciones sociales; pero no ha habido una preponderancia de instituciones de gestión estatal. Más bien la existencia de dispositivos de estas características de gestión pública/estatal fue la excepción, lo que constituye un analizador importante para comprender el rol que el Estado tuvo en el tratamiento del tema. Rol que estuvo centrado más en su carácter de financiador que de partícipe de la definición sobre el modelo de atención y su gestión directa a través de personal sanitario en instituciones propias del sistema de salud.

En este escenario, la Sedronar ocupa un rol central para el abordaje de esta problemática como institución nacional que en la PBA garantiza distintos dispositivos de abordaje ambulatorio, territorial y también con modalidad de internación residencial. Es el único organismo en materia de salud mental nacional que tiene injerencia y financiamiento territorial en las provincias. Hemos puesto voluntades y esfuerzos por trazar vínculos y redes desde lo institucional (muestra de ello es la presentación del mapa conjunto de recursos elaborado junto a Gabriela Torres durante el año 2023 y que aún rige para nuestra provincia^[4], que permite iniciar un camino que tenga como horizonte algo mucho más sistemático y superador como son las políticas de integración del sistema de salud).

Integración del sistema de salud y salud mental: el camino hacia donde ir

Queremos ahora centrarnos en lo que es para nosotros la columna vertebral que guía las reformas en salud desde la provincia. Nos referimos a las políticas de integración del sistema de salud.

¿Qué queremos decir con esto? Que, en un mismo territorio, un mismo municipio, con seguridad nos hemos encontrado con múltiples dispositivos de atención de los consumos que dependen de diferentes niveles de gobierno, con distintos modelos de financiación y desiguales salarios de trabajadoras/es, disímiles sistemas de información y registro y también a veces incluso diferentes modelos de atención. Es en esta preocupante dispersión en la que estamos focalizando nuestras intervenciones, aunque reconocemos que aún no hemos logrado reparar lo suficiente hasta ahora, y nos encontramos dimensionando la gravedad que supone al momento de organizar un sistema.

Actualmente contamos con lo siguiente:

• Dispositivos de abordaje de orden municipal, centros de salud del primer nivel de atención o programas o instituciones específicos para el abordaje de los consumos gestionados por los municipios. Si el municipio tiene hospital municipal, seguramente internen por consumos problemáticos o atiendan por consultorios externos población con esta problemática.
• Instituciones provinciales, hospitales provinciales, CPA, centros comunitarios, unidades residenciales provinciales, equipos móviles de enlace, etc.
• Dispositivos con financiamiento nacional de la Sedronar (equipos territoriales, instituciones residenciales o casas convivenciales, comunidades terapéuticas, espacios de primera escucha, etc.).

Las/os trabajadoras/es de estos equipos, en muchísimos de los casos, no se conocen, se conocen poco o tienen relaciones de orden espontáneo y voluntario. Las personas que necesitan cuidados circulan entre los diferentes espacios según un criterio intuitivo, de boca en boca, sin ningún ordenamiento de un sistema de cuidados que ofrezca mapas, niveles, derivaciones o circuitos claros que a la vez ordenen los niveles de complejidad que se ofrecen, que organicen el recurso humano y homogeneicen el modelo de atención bajo estándares ya definidos en nuestro país. Asimismo, las distintas instituciones no tienen un mapa claro acerca del rol de cada dispositivo ni acceso a turnos o capacidad de derivación cuidada dentro del mismo territorio para los casos donde es necesario derivar para continuidad de cuidados (por ejemplo, luego de un alta de un espacio residencial u hospitalario o bien para el ingreso a él, o para derivaciones de tratamientos ambulatorios más cerca de domicilios o para ingreso a internaciones hospitalarias para cuadros más agudos).

Por ello consideramos crucial, indispensable y urgente caracterizar la fragmentación del sistema de salud para avanzar en su necesaria integración como uno de los temas básicos de cualquier política pública. Incluyendo de manera ineludible la integración de las políticas e instituciones públicas y de financiamiento público, a la vez que las obras sociales y de medicina privadas. Esto es lo que llamamos “integración del sistema de salud argentino”. En nuestra provincia ello se expresa y condensa en el Plan Quinquenal de Salud para la integración del sistema y en el Plan Provincial Integral de Salud Mental.

La transformación que nos proponemos debe sostenerse en una política real, concreta, material y programada de planificación e integración de estos recursos y de su financiamiento. Y ello bajo tres ejes: el financiamiento económico del sistema, los sistemas de información, y el modelo de atención en salud.

Sin dar este paso, no va a haber recurso humano, financiamiento económico, ni obra pública que alcance para abordar las necesidades de nuestra población. Y además de no alcanzar, vamos a reproducir malas maneras de atender y cuidar que redundan en mayor inequidad, porque un sistema fragmentado, que no se ordena a sí mismo en función de las necesidades de la población y que no resulta accesible, no está garantizando de hecho el derecho a la salud, no puede ser bueno. La Argentina tiene una inmensa fortaleza que en nuestra provincia puede atestiguarse en un inmenso y profundo sistema de salud universal y gratuito, con profesionales altamente capacitados y con un gran compromiso con la salud pública. Por eso la integración es no solo deseable, sino necesaria y posible. Esa responsabilidad nos compete impulsarla y es parte de lo que identificamos como las reformas que el Estado debe producir en el sistema de salud. Es parte de la agenda de trabajo que venimos desarrollando y que consideramos que debe profundizarse.

Caracterización conceptual del fenómeno de los consumos

Al momento de pensar, analizar, reflexionar sobre las problemáticas de los consumos, hay que primero revisar críticamente la idea de que se trata de un problema de sustancias. En segundo lugar, hay que revisar que involucraría exclusivamente un problema individual. Y, en tercer lugar, que es un problema estático, que no se transforma a través del tiempo o que siempre es el mismo problema a lo largo de la vida de las personas.

Estas tres revisiones nos llevan a considerarlo como un fenómeno complejo, dinámico, social y –a la vez– singular. Creemos que desde esta perspectiva vamos a tener mejores condiciones para analizarlo.

Otro aspecto es que no hay que sostener siempre y necesariamente la idea de que las personas consumen “para aliviar el sufrimiento”. Entendemos que hay además otras razones no menores que son las que expresan e identifican muchas personas usuarias, que se vinculan con la búsqueda de satisfacción, de placer. Se puede abrir toda una discusión acerca de si hay o no en la vida de esas personas y en nuestras sociedades espacios para el disfrute. ¿Qué pasa con las instituciones y las comunidades y los ámbitos comunitarios donde históricamente se gestionó la satisfacción y el deseo? Pero, mientras analizamos esto, es parte de nuestra responsabilidad decir que lo que identificamos en la búsqueda de muchas personas que consumen drogas de manera problemática y no problemática está vinculado a la búsqueda de una satisfacción. Esto quedó confirmado por primera vez en una investigación que llevó a cabo la Sedronar durante 2023, que hizo visible que, cuando se interroga sobre los motivos del consumo, la búsqueda del placer y la satisfacción se observa como motivo claramente visible^[5].

Decir esto no significa que, cuando se observa la trayectoria de los consumos, y muy particularmente de aquellos consumos que se vuelven problemáticos, se confirme que las personas encuentren aquello que buscaban. Más bien, lo que podemos decir es que todo consumo problemático centralmente configura un estado de cosas donde lo que prima ya no es la satisfacción, sino el padecimiento o la limitación de la vida por la afectación que los consumos problemáticos producen en distintos niveles de la vida.

Pero ello no nos hace dejar de considerar esto que denominamos “búsqueda de satisfacción”, y habría que agregar también que observamos que muchas veces los consumos buscan también poder experimentar vivencias corporales, vivencias anímicas, vivencias sensitivas que permiten a las personas entrar en contacto con maneras de sentir, de vivir, de explorar, de descubrir a las que no están accediendo bajo otros registros o experiencias de vida, y que resulta importante para no caer en una lectura que se apoye en discursos moralizantes sobre el tema y poder comprender la complejidad de las experiencias de consumo.

Como dijimos, los consumos no son homogéneos, ni todos producen lo mismo ni en todos los colectivos sociales. Así, algunos de los consumos se realizan además para entrar en relaciones sociales con otras personas, en épocas en que las lógicas del capitalismo neoliberal cada vez nos distancian más de las experiencias en comunidad, de las experiencias con otros, de las experiencias con nuestro cuerpo. Tanto las inhibiciones como las dificultades para sostener espacios en común, como las vivencias colectivas, se vuelven cada vez más escasas, y entonces el encontrarse con otros, el entrar en contacto con los cuerpos, el entrar en contacto con el diálogo o la palabra, la diversión, etc., en muchas personas está a veces siendo también un motivo de iniciación en los consumos porque, a través de ellos, se rompen barreras inhibitorias, lo que se observa mucho más en las sociedades contemporáneas.

Juego online y apuestas

Un capítulo aparte merecen los juegos online y las apuestas, la temática requiere de un estudio en sí mismo. Dada la relación temprana de los seres humanos en las sociedades contemporáneas con las tecnologías, y particularmente en el caso de las infancias, viene siendo motivo de estudio e investigación en primera infancia y salud mental este tipo de consumo, por lo que está implicando la incidencia en modos complejos de estructuración psíquica de los primeros años en niñas y niños que se observa han estado altamente expuestos a las tecnologías.

Lo que también requiere poner en consideración la relación con las tecnologías del mundo adulto, el tiempo en que los/as adultos/as estamos conectados/as a través de las pantallas y cuánto también eso arma modalidades distintas de relación del cuerpo de las personas adultas con los/as niños/as, de la mirada de las personas adultas con las infancias, de los tiempos que se comparten de juegos, que involucren otras esferas que no sean las tecnológicas como el cuerpo, la palabra, los modos de experimentar satisfacción compartida entre adulteces e infancias, la presencia de la voz de la persona adulta y no solo la voz de las pantallas.

Un conjunto de aspectos que hacen al modo de relación social entre el mundo adulto y las infancias que es de enorme importancia y consideración, y nunca debería evitarse transitar por esa dimensión al momento de concluir preocupaciones sobre la relación de las juventudes con las tecnologías. Seguramente, este va a ser uno de los grandes temas que tenemos por delante, en el futuro inmediato.

Y dentro de ello, la problemática del juego online y las apuestas configura un gran tema que se expande de manera veloz y quizá imperceptible. Una encuesta realizada en colegios secundarios de la provincia de Buenos Aires a través de nuestro programa “La salud mental es entre todos y todas” nos permitió ver que uno de cada tres chicos había realizado apuestas, el 34 % de los chicos jugó en algún momento y apostó, y de ellos el 12,4 % juega regularmente. Y a la vez que la mitad de los chicos están al menos cinco horas conectados a los celulares, y el 22,4 % está más de ocho horas.

Todo ello desencadenó recientemente el anuncio (1/07/2024) y despliegue de un plan interministerial en la provincia para el abordaje del tema con medidas de regulación, de prevención y de atención en el sistema de salud.

Vemos necesario poder comenzar a hablar más directamente sobre esta problemática en entornos con los/as jóvenes, que sean ellos/as quienes también protagonicen una búsqueda de regulación de los consumos digitales. Y sobre los consumos problemáticos de tecnologías y apuestas, vemos que no hay que minimizar el problema dada la existencia cada vez mayor de situaciones con consecuencias graves para los/as jóvenes y las familias. Junto a las políticas de regulación, tenemos también que desplegar una gran política estatal y comunitaria de tratamiento y regulación del problema y de atención de aquellas situaciones de juego compulsivo que es muy probable que para poder regular requieran ayuda profesional.

Una última aclaración antes de cerrar

Vale una vez más mencionar que la última Encuesta Nacional de la Sedronar sobre Consumos y Prácticas de Cuidado revela que la sustancia de consumo que más aumentó –y habrá que continuar investigando su vínculo con la pandemia– es el consumo de tranquilizantes y de medicamentos para poder dormir. Esto implica el incremento de un consumo problemático que no venía siendo típico y que, sin lugar a dudas, entra en relación con aspectos más generales del vivir contemporáneo como la ansiedad, la dificultad para conciliar el sueño, el lugar del descanso, etc. Sobre este consumo vale la pena marcar una excepción, porque es el único consumo donde los motivos por los que se consume no se explican desde la búsqueda de placer, sino para aliviar tensiones y ansiedades. A su vez, es un consumo más propio de las mujeres. Un tipo de consumos que nos llevaría a abrir muchas otras preguntas.

Esto nos lleva a plantear, ya para terminar el encuentro, algo que mencionamos más arriba: que los consumos no están ni pueden estar por fuera de un análisis de las sociedades en las que vivimos, que producimos y que también buscamos transformar.

En ese sentido, pensar la salud, pensar los sistemas de salud y salud mental, construir sistemas de salud que sean capaces de aliviar el dolor y promover el bienestar y los cuidados debe darse siempre en el marco de la búsqueda de una sociedad mejor. Y eso requiere un rol activo del Estado y un proyecto político de sociedad. No hay posibilidad de un buen proyecto sanitario si no es en el marco de un proyecto de un país mejor.

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