De ‘escuelas de hombres’ a ‘cátedra de libertinaje y robo’ (Uruguay, 1912-1926)

Daniel Fessler

Introducción

En el transcurso del quinquenio 1910-1915 se produjeron en Uruguay cambios sustanciales en los espacios de encierro destinados a hombres, niños y adolescentes varones. Mientras que el Penal de Punta Carretas vino a relevar al edificio radial inaugurado en 1888, la Colonia Educacional de Varones significó el primer reformatorio de su tipo que funcionó en el país. En tanto que con la penitenciaría pareció reverdecer un discurso que resaltó la importancia de la conversión de delincuentes en ciudadanos útiles, la Colonia fue destacada como una señal de la incorporación de Uruguay a la corriente internacional que pregonaba la separación de la niñez del proceso para adultos. Una especialización que debía regir tanto para las instituciones infantiles de internación como para una legislación que iniciaría su proceso de ajuste con la aprobación de la ley del Consejo de Protección de Menores en 1911.

Tanto la habilitación del Penal (1910) como de la Colonia fueron anunciados como una muestra más de los progresos civilizatorios de Uruguay. En el caso del establecimiento de menores con un proyecto realizado por el arquitecto Alfredo Campos, que procuró sintonizar con las principales líneas de las propuestas reformistas locales. Un primer apartado del artículo explorará los avatares de sus planteos desde los planos y memorias originales hasta la habilitación oficial en 1915, sin que ello significara la culminación de las obras aprobadas.

El clima optimista de los momentos iníciales se enfrentó tempranamente con las dificultades que atravesarían estos nuevos establecimientos a los que se podría agregar la Cárcel Correccional instalada donde antes había funcionado la antigua penitenciaría. Las críticas parecieron resquebrajar el entusiasmo ostentado en los discursos inaugurales y en la prensa montevideana durante los primeros años de vida de estos centros. Paulatinamente, los diarios se irían plegando a los reclamos sobre un funcionamiento que violentaría el enunciado regenerador retomando la presentación de las cárceles y de la Colonia como una “escuela del delito”. Desde sus páginas se apuntó a su responsabilidad en el crecimiento de la criminalidad al señalarse a la reincidencia y a la delincuencia infanto-juvenil como causas insoslayables de su expansión. A ello debería sumarse la denuncia de una legislación benigna que no operaba como inhibidor del crimen. El cuadro se completaba con una justicia caracterizada por la lenidad de sus magistrados.

Si bien la situación de superpoblación, en diferentes niveles, marcó la vida de los dos grandes establecimientos montevideanos y del reformatorio, los problemas en su interior resultaron un factor de aumento de su visibilidad ante eventos que los pusieron en el centro de la atención. Ello resulta notorio en las resonantes acciones de protesta de los reclusos a inicios de los años veinte y en la condena por los castigos a los pupilos o irregularidades administrativas en la Colonia de Varones. En el caso de esta última, la crisis tocó techo en la segunda mitad de esa década cuando sus condiciones fueron denunciadas sistemáticamente por un vasto sector de los diarios. A su vez, la exposición pública de los problemas repercutiría en ámbitos parlamentarios. Particularmente durante la segunda mitad de la década de 1920.

En un segundo núcleo del trabajo me propongo analizar el tratamiento que la Colonia tuvo en el extenso debate producido en la Cámara de Senadores en 1926. Este, de alguna manera, podría pensarse como el corolario de las “campañas” surgidas en la prensa montevideana. Especialmente, la emprendida por el vespertino La Tribuna Popular que hizo gala de autoridad en el contenido de sus denuncias^[1]. La información minuciosa, surgida probablemente desde el interior del establecimiento sirvió para potenciar la legitimidad del relato. Así, por ejemplo, en el año 1921 presentó a su fuente bajo el seudónimo de “Doctor Peterson”.

El interés por la Colonia se reafirma en la sucesión de notas publicadas durante el período en las que se consideraron su situación, se apuntó a la necesidad de su reorganización y se cubrió el trámite del sumario seguido a su director. En este último caso, se incluyeron artículos y entrevistas al jerarca quien contó con una postura indulgente del diario ante las críticas. Para ello, su línea editorial ahondó en el entramado partidario de la disputa como una explicación plausible para que se haya promovido la investigación administrativa. Elevándose por sobre el mundanal territorio de la política, se parapetó desde “la autoridad del impersonalismo y del móvil imparcial que nos inspira.”^[2] Contrariando el oportunismo, su discurso se encaramó desde una preocupación desinteresada dirigida exclusivamente a mejorar la situación de la colonia agraria. Por el contrario, el seguimiento del matutino El Día, fundado por el dos veces presidente de la República, José Batlle y Ordóñez, revelará las posiciones más duras contra el director del establecimiento y expondrá su responsabilidad en su situación.

En este marco, más allá de las tensiones partidarias, el análisis de las actas del Senado permite transitar por los posicionamientos sobre aspectos claves como la capacidad segregativa del establecimiento, la conservación de la disciplina y el uso de castigos físicos, la vigencia de las premisas regenerativas y el rol del Estado en la atención a la “infancia abandonada y delincuente”. Pero, especialmente, la discusión da cuenta de la instalación de una profunda crisis en los espacios de encierro que atravesó al sistema penitenciario y a los centros destinados a varones y niñas. En el caso de estas últimas, cuyo asilo se encontraba en manos de las religiosas del Buen Pastor, tendrá su epicentro en el año 1929 cuando se produzca un extenso debate en la Cámara de Representantes y se haga público el folleto “Protección del Estado a las menores abandonadas o delincuentes” de Alberto Cima.

“Males del presente y del futuro^[3]: un espacio para la reforma

Sobre finales de la década de 1880 la crisis del sistema penitenciario montevideano, particularmente por su superpoblación, resultaba notoria. La búsqueda de soluciones llevó a que se presentara en 1895 un proyecto legislativo proponiendo la construcción de un nuevo penal (Fessler, 2012). Aprobado finalmente el 6 de febrero de 1902, determinó el cambio de destino de la obra en ejecución en la zona de Punta Carretas prevista originalmente como Cárcel de Mujeres y Asilo Correccional de Menores. La decisión del gobierno aparejaría la postergación de un establecimiento demandado desde fines del siglo XIX, conservándose “provisoriamente” a las internas en el local conocido como Quinta de Molinari. Paradojalmente, las mejores condiciones comparativas de las recluidas en donde funcionara un molino, fueron utilizadas como fundamento para la relegación. A ello se sumaba la menor “peligrosidad” con que era percibida la delincuencia femenina lo que minimizaba las exigencias para garantir una efectiva segregación. Así, en los hechos, junto con la autorización para la construcción del Penal, la resolución terminaba por consolidar la permanencia de niñas, adolescentes y mujeres en manos de la asistencia privada. En consonancia quedarían excluidas de las “estrategias penitenciarias ortodoxas –mayoritariamente desarrolladas por y para hombres-, y conducidas a su corrección por medio de instituciones religiosas” (Correa Gómez, 2005, p. 28).

En el caso de los varones menores de edad la resolución del tema, se anunciaba, sería saldada mediante una reducida inversión estatal. Una solución que pese a las demandas de atender a la situación de la niñez “abandonada y delincuente” demoraría una década en concretarse cuando en 1911, a poco de su instalación, el Consejo de Protección de Menores promovió la construcción de un reformatorio^[4]. Ubicado en la zona rural de Suárez (departamento de Canelones), el proyecto acompañó las premisas de la necesidad del apartamiento de un medio urbano denunciado como corruptor. Como ha señalado Pedro Trinidad Fernández, el interés de los reformadores hacía el campo se vincularía con el contacto con la naturaleza “que por sí misma era terapéutica y facilitaba la cura físico-moral de los menores” en contraposición con la aglomeración ciudadana que “propiciaba el enervamiento de los instintos”^[5].

Presentada como un lugar de promoción de la enseñanza elemental y la disciplina del trabajo fue pensada como un espacio, diría en su postulación para director el doctor Vicente Borro, orientado a cumplir con la “prodigiosa transformación” de “pequeño vicioso ó malhechor” en un “hombre de trabajo” que resulte un elemento útil para la sociedad^[6]. La Colonia fue anunciada como una verdadera “escuela de hombres” en donde “en el campo, el aire y el sol, se transforma a niños malos en hombres buenos”^[7]. El matutino, destacaba de su funcionamiento, la ausencia de castigos, a “excepción de la palabra” y “los resultados, como podrá verse, son excelentes”^[8].

La Colonia Educacional de Varones: vicisitudes de la construcción de un establecimiento modelo

En 1911 se avanzaría hacia la concreción del reformatorio con la compra de la Colonia Alemana^[9], un terreno que contaba con algunas edificaciones (Álvarez, 2019: 208). A ello se sumó la aprobación del proyecto del arquitecto y militar Alfredo Ramón Campos a quien se adjudicaría también la dirección de la obra. La propuesta para el nuevo establecimiento debía armonizar con el programa reformista formulado por Enrique Reyes y Vicente Borro quienes estarían a cargo de la dirección de la Colonia. En ese sentido, Campos hizo constar expresamente la incorporación de sus planteos en un informe del 7 de junio de 1912 dirigido a Héctor Gómez, presidente de la Comisión de Varones del Consejo de Protección de Menores. Desde la introducción misma de la “Memoria explicativa de la planta general”, ponderaba el ajuste a las más modernas doctrinas para la transformación de los “niños delincuentes y viciosos” concluyendo que el edificio debía ser el “mejor aliado del educador”^[10].

El proyecto originalmente había previsto la construcción de seis pabellones (con una capacidad para 360 internos) dispuestos en forma de “V” a efectos de favorecer la circulación de aire y una adecuada distribución de la luz^[11]. También incluyó una escuela (acorde con los “nuevos principios pedagógicos”), un gran salón de actos, un museo, una biblioteca y talleres manuales y mecánicos para el aprendizaje de oficios. La disciplina del trabajo también se trasmitiría por el influjo de las “familias obreras” que se instalarían junto a los maestros de los talleres^[12]. “Hijos de las clases populares”, señalaba Borro en su programa, “una vez lanzados a la vida social no serán sino simples individuos de trabajo y humildes operarios”^[13].

Sin embargo, la demanda de una pronta puesta en funcionamiento obligaría a una modificación de los planos promoviéndose la adaptación de la infraestructura existente en el predio y una reducción de los trabajos previstos. La resolución del Consejo de Protección de Menores del 16 de agosto de 1912, en sintonía con la propuesta gubernamental, se fundamentaba en la disminución de los fondos disponibles para la obra que representaban una fracción de los recursos aprobados por la ley de 24 de febrero de 1911. Es por ello que la urgencia de la puesta en funcionamiento del “establecimiento pastoril” vino acompañada con la decisión de minimizar los gastos contando para ello con el aprovechamiento de los materiales que la Colonia pudiera proporcionar. A ello se agregaba, el empleo de la mano de obra de los pupilos en “tareas compatibles con sus fuerzas y desarrollo”^[14]. Aunque ello significará el transporte de piedras desde la cantera en el entendido de que al ahorro de jornales se sumaba un componente educativo por la adquisición de “conocimientos útiles” y del valor de la disciplina. En este caso, reforzada, por el mensaje que implicaba la aplicación en la construcción de su “propia vivienda”. Pero, la reducción presupuestal se sustentó fundamentalmente en la alteración del proyecto de Campos a través de una ejecución parcial de la obra que se vería restringida a la edificación de un pabellón de asilados, la escuela, la cocina y los depósitos. Asimismo, probablemente para atenuar el impacto de la disminución de la estructura de la Colonia, junto con la aprobación de recortes presupuestales, el Consejo vaticinaba la habilitación de créditos para completar las instalaciones y “construir el instituto modelo” diseñado por Campos que permitiría alojar hasta cuatrocientos cincuenta internos.

Un “instituto modelo” al margen de la lógica penitenciaria por tratarse de “una colonia de trabajo, un centro de modificación del espíritu”. En consonancia debía alejarse de la “extrema severidad” de las prisiones para “emplear medios persuasivos y altamente morales”. Igualmente, este principio no obstó para que en el plano se previera la construcción de “dependencias rigurosas” (de menor tamaño para garantizar una vigilancia óptima) ante la necesidad de atender a aquellos que “por desgracia son más rebeldes á toda modificación o para los que infelizmente son incorregibles”^[15].

Extraños en el mundo de la infancia, debían estar apartados, incluso, del espacio de sanción de los pupilos de otros pabellones que hubieran cometido lo que se consideraban faltas graves. Aislados por muros y con puertas acordes con las exigencias penitenciarias, además de cumplir con los requisitos de seguridad, debían garantizar la separación absoluta del resto de los internos. La materialización de esta frontera entre niños y “menores” no solo evitaría las relaciones no deseadas sino también los riesgos provocados por la percepción por parte de los primeros de que se encontraban en un establecimiento correccional y no en uno educativo. Colocada en la entrada de la Colonia, la escuela sería la cara de la reforma ubicándola física y simbólicamente en las antípodas del pabellón de aislamiento. A la invisibilización del área destinada a los “incorregibles”, contrapuesta con los espacios para una niñez que mira a la “campiña”, se sumaron las referencias a la utilización contra ellos de una “violencia poco edificable”. Violencia muchas veces inevitable para aquel “elemento perturbador”, caracterizado por sus “malas condiciones morales y su carácter rebelde”, pero desaconsejable para el resto de los alumnos^[16].

La resolución de modificar los planos vino acompañada de una verdadera definición con relación a la conservación en la Cárcel Correccional de “aquellos recluidos que, por su conducta, pueden ser considerados peligrosos en la Colonia”. La aceptación de la necesidad de mantener y derivar sectores de niños y adolescentes, de todas maneras, se completó con una declaración que procuraba establecer límites. Por lo menos a la masividad de la permanencia de jóvenes en el radio del establecimiento para encausados: “el total de menores a alojarse en la Correccional no deberá sobrepasar en ningún caso á ochenta, para que su estadía resulte cómoda y pueda aplicarse el nuevo régimen en condiciones ventajosas”^[17].

En octubre de 1912 se procedería al traslado a la Colonia de un primer grupo de pupilos mientras se proseguía con las obras que estuvieron sometidas a los vaivenes de la disponibilidad presupuestal. Los avances en los años siguientes se vieron marcados por una situación financiera que llevó al pago irregular a proveedores y obreros en consonancia con la difícil situación del erario público ya observable en 1913 pero que alcanzaría “ribetes alarmantes” en el segundo semestre de 1914 (Bertino y Bertoni, 2004: 83–84). Los graves problemas, que llevaron incluso a los cortes de suministros para la construcción, estuvieron acompañados por los pedidos del Consejo de Protección de Menores de ampliación de fondos.

Mientras que procuraba la continuidad de las obras, la inauguración “oficial” prevista para el 3 de febrero de 1915 se postergaría para el 26 de ese mes, poniéndose en funcionamiento un segundo pabellón. El acto permitió volver a destacar las cualidades de un establecimiento modelo para América y equiparable con sus pares europeos. Inclusive, su capacidad regenerativa se ubicaba por encima de los más renombrados reformatorios como destacaría su director. En una nota publicada por La Tribuna Popular, Borro resaltó que la excelencia de su desempeño reducía a la mitad los índices de reincidencias que atribuía a los reformatorios de Bélgica, Francia e Italia^[18].

Con la ampliación edilicia, la Colonia aumentaría el número de pupilos que pasaría de 87 a 249 al ingresar 162 internos provenientes del radio de menores de la Correccional. Precisamente, con la habilitación debería cesar la utilización de un espacio “muy incompleto y deficiente por lo reducido del local” que habría cumplido funciones en el entendido que estarían mejor allí que “al azar de la vida callejera y de los focos de vicio que los pervierten”^[19]. De todas formas, la Colonia no interrumpió la derivación de pupilos al establecimiento para encausados. Pese a la amplia coincidencia sobre la inconveniente convivencia con adultos, continuó siendo empleada la remisión de niños y adolescentes considerados incorregibles al establecimiento para encausados e incluso a la Colonia de Alienados de Santa Lucía.

Un incidente producido en esta última en 1925, que tuvo como protagonistas a un grupo de jóvenes derivados del reformatorio, motivó el planteo en el Consejo Nacional de Administración de habilitar un establecimiento en la Isla de Flores. Ubicada en el Río de la Plata, donde funcionaba un lazareto, sería destinada en 1931 a depósito de los “proxenetas” de la ZwiMigdal deportados de Argentina y provisoriamente en 1932 como correccional ante los altos niveles de hacinamiento del edificio para encausados (Fessler, 2021).

Entre el optimismo y la crisis

Pese a las notas de entusiasmo por la inauguración del establecimiento de Suárez, tempranamente comenzaron a vislumbrarse las primeras señales de crisis de funcionamiento. Estas tomaron cuerpo en sectores de la prensa que apuntaron a sus dificultades, ensayando explicaciones, amplificando denuncias y adjudicando responsabilidades. Particularmente hacia las direcciones que sucedieron a Borro, sin por ello desconocer factores como la superpoblación casi permanente o las consecuencias de las limitaciones presupuestales. Estas últimas, operaron frecuentemente como una suerte de agravante por las secuelas que traerían para los alumnos los malos manejos financieros y el uso inadecuado de los ya de por si menguados recursos.

Si bien los mensajes gubernamentales integraron una tibia aceptación de los problemas, estuvieron habitualmente enmarcados en un discurso que propendió a justificar las dificultades y a ponderar los éxitos. Ello es constatable, con sus particularidades, tanto en la información brindada por el gobierno como en la divulgada desde las instituciones de encierro. Sus autoridades mostraron una inclinación a un mayor señalamiento de los problemas como parte de una dinámica de reclamo de recursos y de exaltación de su labor a pesar de las circunstancias adversas. En consonancia, los mensajes oficiales tendieron a poner énfasis en la defensa de la gestión subrayando la importancia de la protección a la infancia.

Igualmente, junto al destaque de los logros, particularmente en materia educativa, se hicieron visibles las grietas en los planteos, muchas veces explicables en las diferencias surgidas en el Consejo Nacional de Administración producto de su propia integración^[20].

Fisuras observables en los mensajes de apertura de la Asamblea General que contaron con un núcleo dedicado a la Colonia como parte de un análisis más general del sistema penitenciario y del Asilo Buen Pastor que estaba destinado al encierro de niñas y adolescentes. Este a su vez integró el apartado del Ministerio de Instrucción Pública de quienes dependían directa o indirectamente. Ya en 1918 el mensaje del presidente Feliciano Viera destacó la labor de enseñanza a unos pupilos en un amplio porcentaje analfabetos, advirtiendo igualmente sobre el número insuficiente de maestros^[21]. El mensaje del año siguiente avanzó en reconocer los problemas generados por la “precaria situación económica” en que se encontraba la Colonia dado “su reducido presupuesto”. Esta se veía agravada por la derivación desde la asistencia pública de aquellos “expósitos incorregibles” que estaban alojados en el Asilo Dámaso Larrañaga. Paradojalmente, el mismo balance daba cuenta del pasaje de 13 internos al radio de menores de la Correccional “por incorregibles o prófugos”^[22].

Lejos de la imagen de orden y disciplina de los alumnos alineados en perfecta formación durante la ceremonia inaugural, los diarios comenzaron a dar cuenta del pauperizado estado de unos pupilos retratados en una penosa situación material. Ello a pesar de las mejoras presupuestales, probablemente incentivada por la difusión de consideraciones negativas, como, por ejemplo, la que se produjo en setiembre de 1919 con un refuerzo del rubro destinado a la compra de vestuario^[23]. El esfuerzo estatal se desvanecería entonces en lo que se señalaría como una mala administración que repercutiría en las condiciones de la Colonia y de sus internos. Junto con un elevado déficit se denunciaba una realidad de niños hacinados, faltos de abrigo y mal alimentados.

Los cuestionamientos públicos, parecieron incidir en la decisión del Patronato de solicitar al Consejo Nacional de Administración la separación del cargo de Rafael Firpo, que ejerció la dirección al ser designado Vicente Borro secretario del Directorio del Puerto. La prensa cargaría contra Firpo reclamando por las condiciones materiales de pupilos que “viven en una peligrosa promiscuidad”, carentes de abrigo y con una dieta inadecuada^[24]. En los hechos, su gestión quedaría identificada como un quiebre con los idílicos momentos fundacionales de Borro y Reyes.

En abril de 1920, Firpo fue sustituido por Horacio Jiménez de Arechaga sin que con el cambio se interrumpieran las críticas al funcionamiento del establecimiento. En medio de las tensiones por su estado, la Colonia se aproximaría a los 400 internos desbordando su capacidad. De esta forma, la advertencia del maestro Enrique Reyes en su proyecto para el reformatorio resultaba profética. Sin dudas, a la luz de la experiencia, Reyes señalaba en su folleto de 1911 que “admitir más pupilos de los que pueden ser atendidos” aparejaría “comprometer, y de una manera grave, la salud material y moral de los asilados^[25].

Ante el sumario iniciado en 1921, el director Jiménez de Arechaga visitó La Tribuna Popular lo que le permitió realizar su balance, tomando como punto de partida la crítica situación del establecimiento “sometido a la desastrosa dirección del señor Firpo”. En la entrevista pasaba revista a los problemas heredados: las dificultades de funcionamiento de los talleres, la escasez de maestros, la superpoblación y la imposibilidad de una adecuada clasificación fruto de la inexistencia de un pabellón “destinado a esos menores que delinquen” y que son enviados a la correccional^[26]. Las causas del fracaso, sintetizaría el vespertino, se explicaban en “haberse desnaturalizado” la misión de la Colonia^[27]. Los procedimientos actuales, concluía tres días después, se encontraban reñidos con un programa tendiente a convertirlos en ciudadanos útiles para la sociedad. Mano de obra barata de los frigoríficos a los cuales se los enviaba, sometidos a un régimen del tipo militar (o directamente derivados al ejército), castigados a “pan y agua” y encerrados en las “letrinas” o expuestos a la “corrupción” por falta de la “vigilancia moral” de los inspectores son algunos de los principales problemas reseñados^[28].

Coincidentemente, tras su misión oficial en Europa, el médico Luis Pedro Lenguas publicaría un folleto con el balance de su experiencia lo que le permitió definir como “mala” la organización del reformatorio. Lenguas, quien integraría el Patronato en los momentos críticos de 1925, apuntó a una impostergable transformación que lo convirtiera en “un establecimiento modelo que no solo haga honor al país, sino que llene su verdadera misión de reformar a la niñez pervertida y abandonada”^[29]. De esta manera, en los primeros años de la década de 1920 pareció conformarse una imagen de la Colonia que la alejaba de la misión de un espacio de regeneración de sus internos para convertirla en una “cátedra de libertinaje y robo”^[30]. Una “vergüenza nacional” señalaban las valoraciones más extremas que coincidieron en la necesidad de realizar una transformación desde sus propios cimientos.

Aunque heterogénea en sus explicaciones, el propio Patronato de Delincuentes y Menores pareció mantener una postura mayoritariamente crítica sobre la situación del reformatorio agrario. Resulta complejo reconstruir en sus archivos la historia de su funcionamiento. Inclusive precisar la propia conformación de una corporación cuyos consejeros tuvieron carácter honorario, ocupando habitualmente otros cargos públicos. Especialmente parlamentarios. Ello seguramente redundó en la suma de ausencias casi permanentes y en una alta movilidad de sus miembros tanto por renuncia como por el cese por inasistencias. 1925 revela un pico en el número de dimisiones reflejando además el difícil relacionamiento entre sus integrantes. Un momento que pareció estar marcado por los posicionamientos políticos. En especial por las divisiones internas del gobernante Partido Colorado^[31]. Estas terminaron permeando las posturas sobre la situación de la Colonia y sobre su director quien, como señalaría el senador nacionalista Ismael Cortinas, fue especialmente censurado desde el batllismo^[32].

En el transcurso de ese año se sucedieron las renuncias de José Espalter, Melitón Romero, Miguel Clengio Suglia y Luis Batlle Berres que vinieron acompañadas de notas explicativas de los motivos sobre su determinación. Los dos primeros ocuparon además la presidencia de la corporación. En el caso de Espalter, titular del viejo Consejo de Protección de Menores, ex ministro de Interior y de Instrucción Pública y legislador, su postura ya había sido formulada al anunciar en 1923 que dejaría su cargo como reacción a las críticas al funcionamiento de la Colonia. Si bien se mantuvo temporalmente al frente del organismo, dos años después haría efectiva su dimisión. Su nota permite desgranar un diagnóstico general, que trasciende al establecimiento de Suárez, incluyendo la necesidad de un “reformatorio para niñas” para cuestionar un sistema que fijaba un horizonte que las convertía en “sirvientas y cocineras”. Consideraba además esencial la construcción de un reformatorio urbano y de un radio de menores que haría posible una adecuada clasificación de los internos. Sin estos sería imposible el buen funcionamiento de la Colonia. La misiva se cerraba con el rechazo al sumario a Horacio Jiménez de Arechaga respondiendo punto a punto los aspectos centrales de la denuncia: deficiencias en la alimentación, el vestuario y la educación de los pupilos, irregularidades en el manejo de fondos y la existencia de castigos físicos. En este último punto se detuvo en el empleo de los calabozos construidos durante la gestión de Jiménez de Arechaga valorando que “las celdas de reclusión son necesarias y tanto lo son, que después de demoler aquellas se construyeron otras”^[33].

Por su parte, la dimisión de Melitón Romero, destacado jurista y futuro integrante de la comisión redactora del Código del Niño y sucesor de Espalter en la presidencia del Patronato, se fundaría en la imposibilidad de concretar un plan de reformas legales y de reorganización del consejo. Su alejamiento estuvo acompañado por el de Miguel Clengio quien en la línea de Romero reclamó por la situación “deplorable” de las dependencias penitenciarias y de la Colonia de Varones. Pero, la renuncia de Luis Batlle Berres, propuesto para el cargo por la Alta Corte de Justicia, sería la más controversial por sus contenidos y enfoque particular al dirigir las críticas al Patronato haciendo públicas las confrontaciones internas. Consejero desde 1923 se definió como una suerte de censor dentro de un organismo que debía ser transformado por lo que saludó las renuncias masivas de quienes descalificó abiertamente. También ensayó una explicación sobre los apoyos para sostener a Jiménez de Arechaga al frente de la Colonia. El “director sumariado, contaba con amigos” que evitaron los avances de la investigación administrativa procurando evitar la destitución: “los Dres. José Espalter, Raúl Jude, perteneciente a la misma fracción política que militaba el señor Arechaga; los Dres. Wenceslao Regules y Segovia y Graña con absoluto inconciencia de su verdadero cometido pidieron por repetidas veces la reposición del sumariado en sus funciones”^[34].

La exteriorización del enfrentamiento resulta ilustrativa del clima reinante en el Patronato y traen luz al debate que se desarrollaría en la Cámara Alta en 1926. Un senado que se encontraba dominado por el nacionalismo con once bancas. En el coloradismo, el batllismo, impulsor del proyecto reformista estatal desde comienzos de siglo, detentaba cinco legisladores frente a tres de los sectores conservadores del partido.

La Colonia en discusión, discusiones sobre la Colonia

Pese a los planteos que urgieron la reorganización de la Colonia Educacional de Varones, los debates en el legislativo tuvieron su centro en las direcciones que sucedieron a Vicente Borro. Mientras que la censura a Rafael Firpo pareció conseguir mayor consenso, los posicionamientos en torno a Jiménez de Arechaga fueron motivo de divisiones como se evidencia en el seno del Patronato que no logró acuerdos sobre su permanencia o destitución (Caetano, 1985: 14–15). El largo proceso que llevó la investigación administrativa y las dificultades para aprobar una resolución seguramente incidieron en que se avanzara en el empleo del procedimiento de destitución a través de la vía parlamentaria.

En la sesión del 7 de abril de 1926 la Cámara de Senadores comenzó a analizar el pedido de venia de destitución de varios empleados imputados de haber cometido irregularidades. Entre los denunciados se hallaba Jiménez de Arechaga que ya se encontraba suspendido en sus funciones. El origen de esta medida estuvo en el planteo del propio jerarca que en 1921 solicitó el inició de una investigación producto de las denuncias surgidas desde algunos sectores de la prensa. En su pedido propuso alejarse de la dirección mientras dure la instrucción a lo que accedió el Patronato por resolución del 21 de marzo de ese año. En su lugar fue designado, en carácter interno, Juan Carlos Gómez Folle quien también se encontraba al frente de la Cárcel Correccional. Con amplia experiencia en el sistema penitenciario (la misma lo llevó en 1922 a ocupar la dirección provisoria del penal en medio de su crisis) Gómez Folle consignó las graves dificultades de la Colonia. Particularmente por la existencia de empleados no calificados para el cumplimiento de la función, comprobando la existencia de “faltas gravísimas” que fueron puestas en conocimiento del Patronato^[35]. Al igual que ocurriría en el Penal, el director interino obtuvo la autorización del traslado de personal de confianza desde la Correccional. Se trató de cuatro empleados “correctos y disciplinados, como que proceden de un establecimiento cuya organización y disciplina son inmejorables”^[36].

Por otra parte, el proceso llevado adelante permitió anunciar la voluntad del Consejo Nacional de Administración de reorganizar la Colonia planteando como piedra angular, precisamente, la incorporación de personal capacitado incluyendo la cabeza del establecimiento^[37]. En ese sentido, los mensajes del 3 y 29 de abril de 1925, remitidos al parlamento por el Ministerio de Instrucción Pública el 14 de mayo de ese año, consideraba la inconveniencia de mantener a Jiménez de Arechaga al frente de un establecimiento “cuya finalidad primordial es la de educar menores y reformarlos, sin ir a un fracaso seguro y desalentador”. La nota reconocía la precaria situación material de los pupilos, las deficiencias en su educación, la “despreocupación por la higiene y la moral” y la aplicación de castigos corporales reñidos “con la civilización y la cultura actual”^[38].

El posicionamiento de la Comisión de Legislación del Senado estuvo dividido en cuanto a las medidas a tomar y en la interpretación de la dimensión de las irregularidades, que para algunos de sus integrantes no llegaron a configurar delito ni causal de destitución. Discordancia que llevó a que la comisión no elaborará un informe ni un proyecto de resolución para elevar al pleno del cuerpo. El debate, que incluyó intervenciones de sus miembros y de legisladores vinculados al Patronato, dedicó buena parte de la primera sesión (y luego por completo la del 5 de mayo) a considerar el cumplimiento de las formalidades procesales en la instrucción del sumario planteándose incluso la nulidad. Posición que, por otra parte, sustentó en las instancias administrativas el indagado.

La discusión pareció luego girar, como parte de la defensa de Jiménez de Arechaga, al análisis de las condiciones en que se encontraba el establecimiento de Suárez al momento de asumir la dirección y su gestión durante el año en que estuvo al frente. El mecanismo de comparar dos etapas permite conocer las lecturas sobre la situación del reformatorio en un período más amplio que involucró fundamentalmente a las administraciones Firpo y Jiménez de Arechaga manteniendo las referencias al período de Borro como una época dorada. En términos generales, los apoyos a Jiménez de Arechaga plantearon entonces como punto de partida la caótica situación al asumir el director sumariado y sus esfuerzos para rectificar el rumbo. Considerado un factor esencial en la regeneración, el detalle de la gestión da cuenta de los intentos de mejoras en la educación modificando la deficiente formación de los cerca de 360 pupilos. Intentos que pueden sintetizarse en el pedido realizado al Consejo Nacional de Enseñanza en abril de 1920 de donación de bancos en desuso y útiles escolares a efectos de acondicionar el aula. Paralelamente, la solicitud deja al descubierto los problemas financieros debido a un presupuesto “muy insignificante para atender la instrucción”^[39]. La nota, incorporada al debate por el senador Raúl Jude, pretendía testimoniar la preocupación existente por elevar los niveles educativos de alumnos que recibían un número insuficiente de horas de clase. El tema sirvió además para que quien integrara el Patronato y fuera ministro de Instrucción Pública diluyera la responsabilidad del director en el marco de las atribuciones del Consejo y la desatención del propio parlamento al no votar los recursos imprescindibles. Un elemento que produciría intensas discusiones frente a señalamientos en contrario que procuraron historiar los refuerzos de rubros aprobados en las cámaras. Mientras que el Patronato, a través de la comisión delegada, no dio señales de disconformidad con lo actuado por el jerarca, los proyectos para llevar adelante mejoras en el funcionamiento de la Colonia naufragaban en el ámbito legislativo.

El debate sobre el manejo de los recursos insumiría parte de las sesiones del 28 de abril y del 3 de mayo de 1926. La defensa se amparó en la legalidad de la modalidad de la reasignación de fondos, mientras que en la acusación se apuntó a cuestionar una política del Patronato y una práctica de la dirección que menguaba el rubro destinado a la alimentación y vestimenta de los pupilos. Particularmente con gastos impugnados como superfluos, como la construcción de un garaje para el auto del director. La trasposición de parte del presupuesto o el uso de fondos generados, señalaba Alberto Cima (ex presidente del Patronato), redundaba en que por una disposición que rotulaba como “injusta” se dejara “pasar miseria y hambre a esos menores desgraciados que se habían llevado allí por la fuerza pública”^[40]. El mecanismo de denuncia contra el jerarca deviene en una identificación de los internos que mueve la sensibilidad alejándolos de la imagen criminal para tornarlos en seres “desgraciados” fruto del abandono y autores de un “desliz cualquiera” que los empujó a la Colonia. Una idea, reafirmada por Cima en la sesión del 3 de mayo, en la cual responsabilizó al Estado por la incapacidad de proteger a esos “desgraciados” menores “que nacen en la calle”. Objeto de la explotación laboral de sus padres, viven en el “tugurio más infame que se pueda concebir”. Con el paso del tiempo

(…) roban un pan, porque tienen hambre, y el Estado, tutelándolos los lleva, por la fuerza pública, a la Correccional. Allí aprenden todo tipo de infamias; allí se educan en todos los males, y después que están bien educados, los agarran y los llevan a la Colonia^[41].

Castigar en la Colonia: “esto es una especie de Ushuaia”^[42]

Un segundo núcleo identificable en el debate en el Senado es el que se concentró en la aplicación de castigos físicos a los pupilos de la Colonia. En la discusión resulta observable el análisis de casos concretos (individuales y colectivos), la persistencia de este tipo de prácticas y una dimensión que evidencia una lábil frontera entre lo condenable, lo tolerable y lo necesario. La extensa exposición del senador Jude se inició con la negación de la existencia de castigos. Para ello contrapuso dos momentos de las administraciones en cuestión. Mientras que, para la gestión de Firpo, estaría demostrado que se utilizó “severamente”, en el caso de su sucesor no se registraría más que lo que definió como una “prueba vaga”. Esta se vinculaba únicamente con la legítima acción de Jiménez de Arechaga sobre un interno fugado al que golpeó con una fusta. Las circunstancias no solo permitieron una variedad de interpretaciones en ámbitos legislativos, más allá de la justificación o la condena del hecho, sino que hacen visibles la heterogeneidad de los umbrales de tolerancia al castigo y la elasticidad de las lecturas del concepto de “civilizado” en la que se basan las observaciones del Patronato contra el director.

Adicionalmente, la línea argumental que sostuvo el empleo como recurso defensivo estuvo fuertemente asociada con la premisa de la dificultad progresiva de la regeneración vinculada con la edad que tiene en su extremo aquellos considerados incorregibles. En los hechos, más allá de una división básica entre abandonados y delincuentes, se asumió la existencia de un sector de la niñez cuya conversión no resultaba posible. O en su defecto, resignadamente, se señalaba que debían ser objeto de un proceso de más largo aliento. Ello se observa incluso en ámbitos internacionales como el Segundo Congreso Panamericano del Niño realizado en Montevideo en 1919. En medio de los destaques sobre la importancia de los reformatorios y la educación, el doctor Borro reconocería la necesidad de someter a una “disciplina especial” a aquellos “pequeños incorregibles”^[43].

En la acción por la cual fuera indagado Jiménez de Arechaga, el relato transforma al pupilo en alguien que si bien “no había cumplido los años para alcanzar la mayoría de edad” era en “la realidad de los hechos, un hombre de veinte años”^[44]. La propia contextura fue objeto de una discusión parlamentaria, casi antropométrica, que pendulaba entre la figura de un “pobre desgraciado que huía del hambre” y la de la peligrosidad en base a una “contextura hercúlea, casi un boxeador”. En esa dirección, el relato sumó el pasaje durante varios meses por la Correccional. Este serviría para reafirmar un relato de cuño lombrosiano, naturalizando la situación de un sector de jóvenes que permanecían en un radio del establecimiento para encausados a pesar de la habilitación de la Colonia.

El debate sobre la aplicación de castigos colectivos, a diferencia de la situación anterior, osciló entre la negación y una confirmación en consonancia con los alineamientos sobre la conducta del director Jiménez de Arechaga. Especialmente, en lo que se refiere a un acto de “sublevación” de los internos producido en octubre de 1920, al origen del mismo (ubicado en el uso de la media ración como sanción) y a las medidas empleadas para su represión. Entre los promotores de la destitución, la causa fue remitida a la aplicación de golpes por parte de empleados y la injustificable práctica de restringir una alimentación ya de por si considerada deficiente. Según el senador Alberto Cima la acción terminaría con el encierro en el “excusado” de los pupilos intervinientes para sacarlos por la noche “para darles una gran paliza”^[45].

Independientemente de ciertos niveles de uniformidad en la condena de los castigos físicos, pareció conservarse la idea de su necesidad, dosificada adecuadamente, como una herramienta de control. Para decirlo en palabras de Foucault: “hay que castigar exactamente lo bastante para impedir” (1989: 98). El abandono absoluto de esta práctica, como se desprende del informe de la comisión investigadora, conllevaría graves riesgos: “órdenes, que mal interpretadas por los menores, fueron contraproducentes para la disciplina, pues estos supusieron que, a pesar de los mayores excesos que cometieran sus faltas no serían castigadas en forma severa”^[46].

Más allá de situaciones puntuales, entre las que se incluye acciones de empleados que tienden a ser presentadas como hechos aislados y no como un régimen instalado, la discusión girará sobre el uso sistemático de castigos. Este quedaba en evidencia incluso en la sucesión de resoluciones del Patronato y del Consejo Nacional de Administración disponiendo la prohibición de su uso. La reiteración de disposiciones, que se detallan en los debates parlamentarios, resulta ilustrativa de la decisión política de evitar, o al menor limitar su utilización, pero también de la persistencia de su aplicación y del fracaso por desterrarlo. Por lo menos en los niveles que pueden ser interpretados dentro de la compleja definición de condenables en el marco, como señala Pratt, de aquellas sociedades que “desean ser consideradas como parte del mundo civilizado” (2006: 15). El debate parlamentario revela de parte de algunos legisladores (por lo menos de aquellos que exteriorizaron su posición), como es el caso de Jude, la adhesión a la idea de que es necesario la preservación de formas de castigo riguroso como un mecanismo insustituible para la conservación del control y la disciplina en el establecimiento agrario. Una preocupación que resulta pertinente ubicar considerando el impacto de los “motines” producidos en la Cárcel Penitenciaria en los años 1921 y 1922.

Las intervenciones del legislador colorado ahondan en la idea de los peligros de la supresión absoluta de los castigos y la desprotección de los funcionarios a la hora de reprimir los “abusos” y las faltas de los pupilos. Transcribiendo una nota del intendente de la Colonia del 8 de setiembre de 1920, se destacaba la necesidad de un equilibro entre las medidas represivas, al uso de las aplicadas por un padre de familia, y la prohibición completa que conllevaba el riesgo de “un verdadero desorden, que es el peligro al que estamos expuestos”. Parece clave entonces la aceptación de la subjetividad de formas de un castigo correctivo de índole paternal diferente de aquel propio de “verdugos”^[47]. De esta manera, como ha señalado José Pedro Barrán, mientras el castigo corporal a los niños fue rechazado para los ámbitos escolares tras la reforma vareliana, el propinado por los padres “mereció otro tipo de valoración social” ya que se admitían los considerados ‘prudentes’. El problema, concluye, sería la “propia delimitación del concepto” (2014: 297).

La utilización genérica del término sanción vendría a limar los aspectos más umbríos de la aplicación de malos tratos sobre los alumnos al no poder ser entendida como una represión injusta, sino que respondía a una finalidad moralizante. La exposición de Jude, referida a la “administración anterior” (Firpo) desarrolló una pormenorizada individualización de los mecanismos empleados que surgían de algunas “libretas de castigos”. En ella se incluían la supresión de recreos, la privación de alimento, “pan y agua” o media ración, el retiro del colchón, el rapado del cabello, el encierro en el “excusado” y el uso de plantones (durante la comida o interrumpiendo el descanso). Un esquema punitivo, coincidirían las exclamaciones de varios legisladores en sala, que resultaban inaceptables en cualquier país civilizado.

La intervención del senador Cima apelaría al expediente administrativo que se formó sobre la Colonia, para incorporar testimonios de funcionarios e internos sobre el uso de castigos y su continuidad. Entre la “trompada”, el “palo verde de sauce” y la “zapatilla mojada y con arena” el relato apunta a la cotidianeidad de algunas prácticas utilizadas sobre los alumnos a pesar de que el reglamento establecía a título expreso como causal de destitución el uso de “medios brutales con los recluidos”^[48]. La existencia de un lugar de castigo ubicado debajo de una escalera (o las letrinas) y las manifestaciones del consentimiento del director, alejarían la idea de la aplicación como un fenómeno eventual o producto de conductas espontaneas del personal (independientemente de denuncias a funcionarios específicos que se reiteraron). Espacios que, como se mencionara, serían complementados con la construcción de cuatro pequeños calabozos en los sótanos que fuera promovida por Jiménez de Arechaga. La idea de la celda para sancionados en peores condiciones que los espacios carcelarios, tensionaría nuevamente la discusión en relación con la derivación a la Correccional, la conservación de la disciplina y la existencia de una política efectiva para el tratamiento de los pupilos. La imagen de descontrol, trasmitida al Consejo pocos días antes de la separación del cargo del director, es refrendada por el estado de sublevación casi permanente de los alumnos, el aumento de la violencia interna y la multiplicación de las fugas. Situación, se señala en una nota de Jiménez de Arechaga citada en el debate, que tiene su origen en la resolución del Consejo Nacional de Administración que inhabilita todo nivel de castigo (aún el de tipo “paternal”), cuidando “hasta la exageración a los menores”, prohibiendo además el traslado al establecimiento para encausados^[49].

El debate, al que se suma las referencias a la argumentación de la comisión investigadora y la vista fiscal, parece dar continuidad a una línea que no reniega de la aplicación del castigo físico, sino que procura establecer límites evitando los desbordes. Así, a consideración del Ministerio Público, la diferencia entre las administraciones Firpo y Jiménez de Arechaga no radicarían en su empleo o no, sino en un uso exagerado llevado adelante por el primero. Situaciones que serían confrontadas con las gestiones de Borro y Gómez Folle. Este último, que llegó rodeado del prestigio por su actuación al frente de la Correccional, habría impuesto la disminución del rigor, la mejora en la alimentación y el vestuario. Su política, se destacaba, provocaron la reducción a una cuarta parte de las fugas producidas en la Colonia^[50]. En dirección contraria, para confirmar la necesidad de ciertos grados de castigo, se apelaba a los orígenes mismos del “establecimiento pastoril” legitimándolo mediante el vínculo con las prácticas instauradas por Borro a quien definió como un “verdadero especialista en la materia”. Las mismas tendrían su génesis en el proyecto aprobado por el Consejo de Protección de Menores.

En la sesión del 10 de mayo de 1926, en la que se retomó el tema del uso de la violencia contra los pupilos, Jude reafirmaba la insuficiencia del “tratamiento evangélico” para la “restauración moral absoluta de los menores”. Reivindicando la necesidad de “medios de represión enérgicos” se apoyaba en la autoridad de su primer director para integrarlo a la tradición organizativa del reformatorio, resaltando los problemas de control surgidos por la supresión de castigos. Lejos del tratamiento de los “asilos de beneficencia”, la gestión de las “colonias correccionales” requerían niveles elementales de rigor aplicable sobre un número de internos que en su mayoría no poseen “freno moral de especie alguna”^[51]. La idea del lirismo, del desapego con la realidad, que ya se observó en la condena a quienes defendieron la abolición de la pena de muerte aprobada en 1907, justificó la necesidad de un castigo graduado que lo alejara de la imagen de barbarie pero que a su vez no fuera un factor más del denunciado crecimiento del delito. Cuestionada la visión de la Colonia como un establecimiento modelo, se harían indispensables las medidas intimidatorias entre las que se incluyeron la remisión al radio de menores de la Correccional.

De todas maneras, ni las diferencias con relación a la aplicación de castigos físicos ni las denuncias de irregularidades administrativas terminaron por habilitar el pedido de destitución. En la sesión del 13 de mayo de 1926, la solicitud del Consejo Nacional de Administración fue finalmente denegada. La reestructura de la Colonia pasaría a depender fundamentalmente de la aprobación de un proyecto de ley que declarara la amovilidad de sus funcionarios depurando así sus filas.

Conclusiones

Las imágenes positivas producidas tras la inauguración de la Colonia Educacional de Varones parecen haber opacado las complejidades del recorrido hasta su concreción, las dificultades para su construcción y los avatares casi inmediatos a la puesta en funcionamiento. El destaque del orden de los pupilos, casi militarmente formados frente al novel pabellón, pareció poner en un segundo plano la discordancia entre el plan original del arquitecto Alfredo Campos (y sus sucesivos intentos de evitar la desarticulación de su proyecto) y la obra que, con marchas y contramarchas, sería la finalmente presentada. Igualmente, las vicisitudes de la edificación parecen haber quedado relegadas a las comunicaciones entre el director de obras y el Consejo de Protección de Menores primero y luego su sucesor, el Patronato de Delincuentes y Menores. Los problemas casi ininterrumpidos que acompañaron el periplo de la ejecución no ocuparon un lugar significativo en los diarios montevideanos.

En cambio, la discusión generada en relación con los pedidos de destitución de un grupo de empleados y del director Jiménez de Arechaga, provocaron un análisis extenso sobre la situación del reformatorio. Si bien los legisladores parecieron mayoritariamente alinearse en función de elementos exógenos, coincidieron en sus diagnósticos sobre la situación crítica del establecimiento y sus deficiencias organizativas. La Colonia, se señalaba en la sesión en la que se pasó a votar el pedido del Consejo Nacional de Administración, debía convertirse en una institución que mediante la adopción de un método científico le hiciera honor al país. Para ello debía romper con una situación que la llevó a ser una “vergüenza nacional” retomando el ideal de un espacio transformador de los niños y adolescentes entregados al Estado para ser conducidos por la senda del bien.

Probablemente, mientras que fue en el análisis de la situación de la Colonia en donde quedaron de manifiesto las principales discordancias entre los legisladores, se alcanzaron consensos sobre la necesidad de proceder a una reorganización completa. Incluso, entre aquellos que se negaron a votar la venia de destitución del jerarca, existió coincidencia en la urgencia de una transformación profunda y no lo que señalaron como un mero cambio de nombres. Se destacaba que el establecimiento debía ser reformado en sus aspectos fundamentales virando totalmente su orientación. La idea del fracaso quedaba de manifiesto en la deficiencia de su educación (escolar y de oficios), el descalabro del régimen interno, tanto en lo que hace a la disciplina de los funcionarios como de los pupilos, y las malas condiciones de mantenimiento del edificio. A las conclusiones de la investigadora se sumó el dictamen fiscal que resaltó el deplorable estado tanto material como moral en un reformatorio que veía duplicado el número de internos en relación con las plazas disponibles. Precisamente, la mirada a los alumnos dejó entrever la consideración de los límites de la conversión frente a la existencia de internos rotulados como incorregibles para los que se debía conservar un espacio específico. La regeneración resultaba impracticable para “esos ‘menores’ que son verdaderos foragidos sin noción de responsabilidad y que son capaces de prostituir a sus propias hermanas”^[52]. Estos fueron parte de ese universo en que a pesar del discurso civilizatorio se hacían necesarias formas de castigo físico. Cara oscura del reformatorio agrario, su aplicación fue asumida bajo la premisa de una sanción necesaria para un establecimiento marcado por una realidad que lo alejaba de todo lirismo.

Sobre fines de la década se generaría un nuevo debate. Esta vez en la Cámara de Representantes cuando en 1929 se aborde el conjunto del sistema penitenciario y los lugares de encierro para menores de edad. Si bien, en este caso, la polémica dedicaría especial atención a la Cárcel de Mujeres y al Asilo Buen Pastor, y con esta en la necesidad de que el Estado gestione estos espacios, las intervenciones dedicadas a la Colonia de Suárez testimonian la persistencia de sus graves problemas de funcionamiento. Particularmente, la idea de agotamiento de un modelo basado en el sistema de pabellones que debería ser sustituido por un régimen de casas-hogares.

Fuentes

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Departamento de Estudios Históricos del Ejército y del Museo Militar, Archivo Campos.

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