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Introducción

Marisa Moroni y Melina Yangilevich

Este libro reúne el trabajo colectivo de un grupo de investigadores que, desde diferentes dimensiones analíticas, reflexionan sobre las transformaciones judiciales y jurídicas que operaron en América Latina entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Se trata de una propuesta coral que dialoga con la historiografía latinoamericana sobre las capacidades estatales o el “poder infraestructural” del Estado para explicar los grandes cambios organizacionales, burocráticos y del ordenamiento jurídico (Centeno y Ferraro, 2013; Zimmermann, 2024). Los diferentes capítulos recuperan la circulación de saberes y de prácticas en las agencias estatales de control social en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, y dan cuenta de la existencia de debates comunes sobre los procesos de institucionalización y de reconceptualización normativa resultado de las nuevas corrientes de pensamiento jurídico.

Un primer resultado de estas discusiones académicas se plasmó en el Workshop internacional “Justicia, Policía y Cárcel en América Latina (1850-1950)” realizado en el mes de abril de 2022. En este encuentro participaron especialistas de universidades y centros de investigación de diversos países con el propósito de examinar las tendencias, aportes y configuraciones que atravesaron los paradigmas punitivos y las políticas de control social en un amplio período coincidente con el proceso de formación estatal latinoamericano[1]. Luego de un tiempo de debates transnacionales y lecturas compartidas, presentamos a los lectores una serie de estudios que, más allá de las especificidades propias de cada Estado, dialogan entre sí y abordan problemáticas comunes vinculadas con la administración de justicia, las transgresiones y delitos, los espacios de encierro y las policías.

Como adelantamos, la periodización –con temporalidades y procesos diversos– está conectada con la dinámica de construcción estatal y da cuenta de las variadas narrativas sobre las agencias estatales de manera situada. De tal manera, se atendieron a las prácticas y trayectos jurídicos comunes en relación con el derecho de propiedad, la circulación de bienes y de personas, los registros de institucionalización del castigo, la territorialización de los dispositivos de control social y la profesionalización de los agentes de seguridad. La transversalidad de los problemas desarrollados enfatiza la pertinencia de promover estudios comparativos para reconocer y explicar los desafíos que afrontaron los Estados latinoamericanos a fines del siglo XIX y principios del XX.

La selección de estudios refleja las potentes transformaciones jurídicas y judiciales del siglo XIX a través de detallados abordajes sobre los procesos multinivel que acciona la ley y la justicia (Grossi, 2011). De esta forma, reconocemos la conjunción de saberes, prácticas y capacidades estatales para controlar, vigilar, espacializar, delimitar, normativizar, disciplinar, judicializar y castigar. En este marco y, como sostienen recientes estudios, la elaboración de “diagnósticos socioinstitucionales” y la utilización de una serie de dispositivos para lograr objetivos correctivos u homogeneizadores fueron parte constitutiva del proceso formativo de los Estados latinoamericanos (González Leandri, 2023: 228). Desde este universo interpretativo se desarrollan los trabajos incluidos en este libro para dar cuenta de la existencia de los estados-nación no como una cuestión dada ni tampoco como la conclusión de un proceso necesario, sino como un entramado de múltiples intervenciones, tensiones, trayectorias y representaciones sociales y políticas.

La tradición historiográfica latinoamericana sobre la denominada cuestión criminal y de la justicia se asienta en un núcleo de estudios de referencia que han sido retomados en este volumen tanto desde la perspectiva teórica como desde el tratamiento de las fuentes utilizadas por las y los autores de la obra (Aguirre y Salvatore, 2001). Asimismo, las diferentes contribuciones se nutren de los estudios sobre el proceso de conformación estatal como es el caso de la clásica obra de Gilbert Jospeh y Daniel Nugent (1994 y 2002) que se enfoca en la cotidianeidad de su construcción, así como, en los aportes del libro de Oscar Ozlak, de consulta ineludible y que ha sido objeto de varias reediciones (1982, 1997, 2023). La dinámica estatal en los países de la región se enriqueció por las investigaciones que problematizaron el contexto de surgimiento y consolidación del Estado sin eludir los matices de un Leviathan que resulta inhallable o que fue explicado en términos de un “Leviathan de papel” (Centeno y Ferraro, 2013).

Desde los primeros años del nuevo milenio y a contrapelo de los planteos sobre un Estado que avanzaba desde los grandes centros políticos sobre el espacio nacional a través de instituciones centradas en el control social (justicia, policía, ejército y cárceles) y de medios de transporte y comunicación (especialmente los ferrocarriles y el telégrafo) un conjunto de estudios demostró que ese despliegue no fue tal (Oszlak, 2009). Por el contrario, a partir de un cambio en los interrogantes, las investigaciones revelaron que la construcción estatal fue resultado de una negociación compleja y nada lineal en los espacios locales y regionales que culminó en la conquista del centro político (Bragoni y Míguez, 2010). En esta línea, en los últimos años se realizaron diversos aportes que plantearon la pertinencia de pensar al Estado en las diversas escalas en las que se fue construyendo (local, provincial, regional, central) (Bandieri y Fernández, 2017 y 2018). Para ello fue necesario abonar una perspectiva apartada de la narrativa del resultado por una atenta al tránsito hacia la consolidación. Los avances en tales estudios no se enfocaron en la periodización clásica respecto de la construcción estatal desde mediados del siglo XIX, sino que abordaron períodos posteriores dando cuenta del dinamismo de los procesos de estatalidad y de sus transformaciones en la interacción con otras formas de organización social, política y económica (Di Liscia y Bohoslavsky, 2005; Bohoslavsky y Soprano, 2010; Di Liscia y Soprano, 2017). En esta línea, se recorrieron experiencias y proyectos que no prosperaron, se modificaron o quedaron truncos y se discutieron las comparaciones que únicamente señalaban las distancias entre un supuesto modelo y cada caso particular. La fecundidad de pensar estos caminos fue planteada, hace tiempo, por António Manuel Hespanha cuando afirmó que era necesario indagar en los intersticios de las propias instituciones y en las prácticas político-administrativas para conocer “cómo se tramaban los equilibrios de poder” (Hespanha, 1989: 10). Es así como la esfera de lo político adquiere centralidad como “arena de conflicto” y espacio de disputa de diversos intereses. Como sostienen Bohoslavsky y Godoy Orellana (2010: 4), ello habilita el reconocimiento de la “dimensión específicamente política del proceso de construcción del Estado nacional y el peso que en él tuvieron los sectores subalternos, no sólo como resistentes”. Por su parte, en otro trabajo de Bohoslavsky y Soprano (2010) se plantearon un conjunto de herramientas para profundizar y poner en caja los abordajes sobre esta temática. Su propuesta apuntó a la necesidad de no personalizarlo, es decir, abandonar la idea del Estado como una organización monolítica y coherente en sus planteos y en la aplicación de políticas. En consecuencia, más allá de las normas promulgadas, es preciso atender a los que actúan en su nombre. Por tanto, también es necesario paralelamente personalizarlo.

En el libro se discute el alcance de los paradigmas explicativos generales y se proponen metodologías que priorizan las variaciones de escalas para reconocer las formas de materialidad estatal y la conexión con la dimensión política, social y cultural. La opción analítica atiende al contexto legal, político y social en el que se produce la normativa y se dan respuestas punitivas para regular legalmente a sociedades que se transforman. Nos interesa señalar que las perspectivas que articulan y recorren los textos aquí incluidos recuperan las prácticas desplegadas por quienes formaron parte de las agencias estatales, así como las resistencias, acuerdos y negociaciones frente a los distintos intentos de establecimiento del control estatal. En coincidencia con la expansión de los estudios sobre el papel de expertos, intelectuales, agentes penitenciarios, judiciales y policiales, los distintos capítulos recogen un abanico de problemáticas que se apoyan en la elaboración de normativa y en la traducción e interpretación de lógicas jurídicas que develan la influencia y articulación de redes y de experiencias compartidas (Plotkin y Zimmermann, 2012; García Ferrari, 2013; Albornoz y Galeano, 2017; Scarfi, 2017; Speckman, 2023). Un ejemplo de estas vinculaciones se expresó en el ámbito de la administración de justicia y el castigo. Los conocimientos científicos adquirieron cada vez mayor centralidad y circulación en el espacio latinoamericano y no sólo para favorecer la determinación de la existencia del cuerpo del delito, sino también, entre otros aspectos para la declaración de culpabilidad (García Ferrari, 2015).

Finalmente, como se advierte a lo largo de esta obra colectiva, los tópicos recorridos en los estudios sobre la administración de justicia, las prácticas policiales, los espacios de castigo y las transgresiones no son estáticos. Los debates distan de ser exclusivamente contemporáneos, a pesar de la persistencia discursiva sobre el incremento de los niveles de delincuencia y la demanda de mayor punición.

Sobre los capítulos

Los capítulos reunidos en el libro se encuentran articulados en torno a cuatro secciones. La primera de ellas se titula La justicia en acción e incluye tres capítulos referidos a la administración de justicia y a las concepciones sobre el derecho en Chile y Argentina. La investigación que encabeza el apartado nos traslada al escenario jurídico chileno de la mitad del siglo XIX para examinar las formas de acceso a la justicia utilizadas y validar derechos sobre las tierras a partir de la utilización del concepto de poseedor precario. Su autor, Víctor Brangier, avanza más allá de la normativa y del lenguaje jurídico utilizado en los litigios por tierras para profundizar en la dinámica judicial y en las formas en que la presión social y estatal jugaba un papel importante al momento de establecer los límites de los terrenos. El estudio demuestra que la práctica judicial reinterpretó normas y concepciones legales a partir de las exigencias y necesidades de los demandantes de los valles del Departamento de Caupolicán. Un detallado análisis de fuentes sobre los pleitos por tierras que protagonizaron los pequeños y medianos agricultores posibilita identificar la conexión entre la voz del precario poseedor y la de la usurpación, además de dar cuenta de la cultura legal de quienes llegaban a los estrados judiciales. El siguiente capítulo de Hernán Bacha se concentra en el proceso de institucionalización de la justicia letrada en un espacio extraprovincial en Argentina a finales del siglo XIX para analizar la matriz organizativa y las discusiones políticas multinivel sobre la puesta en funcionamiento de la estructura judicial en el territorio nacional de La Pampa. Para ello, se examinan los debates sobre la modalidad de intervención estatal y sus consecuencias, como las acciones de particulares para asegurar la administración de justicia y atender las demandas en materia civil y comercial. El estudio aporta evidencia concreta sobre el régimen de justicia extraprovincial que permite reflexionar sobre el proceso de estatalidad y las experiencias de agentes que no son necesariamente los estatales. El capítulo final de la sección está a cargo de Marisa Moroni y analiza diferentes formas de activación de las prácticas de control social sobre los trabajadores rurales en el espacio pampeano en las primeras décadas del siglo XX. A partir de una reconstrucción analítica de los procedimientos disciplinarios y represivos utilizados para encauzar una infracción a la ley 7029 conocida como de Defensa Social se identifican las concepciones e ideas de derecho y justicia utilizadas por los trabajadores, la prensa obrera y los agentes de justicia y policía. Se reconocen las motivaciones y representaciones de los encargados de judicializar los delitos vinculados con la propiedad y la circulación de bienes en un contexto de movilización social de los trabajadores para el cumplimiento de sus derechos.

La segunda sección se organiza bajo el título Organización policial y vigilancia estatal y el trabajo de Nicolás Duffau nos introduce al bloque con un estudio sobre las formas de control policial en Montevideo a partir de la elaboración del primer plano moderno de 1843. La investigación registra la intencionalidad y los objetivos de los agentes estatales para controlar y organizar los espacios públicos de la ciudad e identifica el proceso de reformas administrativas orientadas a la modificación de las prácticas policiales. El análisis del dispositivo cartográfico es una opción metodológica utilizada para explicar la acción policial en el momento del sitio a Montevideo y en el marco de enfrentamientos locales y regionales. Se trata de un estudio original acerca de las formas en las que la representación geográfica de una ciudad se enlaza con la construcción de conocimientos específicos sobre el territorio y la jerarquización de agentes estatales ocupados de dar forma a esta empresa. El capítulo siguiente es de Pedro Berardi y establece su escenario en la provincia de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX. Desde allí, indaga en el impacto y la modalidad de actuación policial sobre los sectores políticos conservadores, radicales y socialistas, sin eludir el análisis de la represión del comunismo implementada desde el golpe militar de 1930. Una atención especial merece el tratamiento que el estudio otorga a la burocratización y especialización de la vigilancia policial que, en definitiva, posibilitó el desarrollo de saberes y prácticas funcionales y continuadas de represión estatal. Berardi reconoce el perfeccionamiento de los “repertorios” de actuación que se aplicarán en las décadas siguientes sobre distintos movimientos y actores. El cierre de la sección temática destinada a explicar las formas de organización policial y vigilancia estatal incluye un estudio sobre el papel de las policías fiscales en Santiago de Chile en las agitadas primeras décadas del siglo XX. Daniel Palma Alvarado analiza a los policías en su papel de trabajadores y explica las formas acumulativas de descontento y cómo estos agentes hicieron oír sus reivindicaciones a lo largo de la década hasta su materialización en el golpe de Estado de 1924. El autor, además, problematiza el tipo de intervención reformista del gobierno liberal de Arturo Alessandri que emplaza una serie de reformas socio-laborales y pone en práctica recursos coercitivos para evitar el desborde social y político en un contexto de reivindicaciones socioeconómicas.

La sección Culturas jurídicas y delitos inicia con el texto de Sol Calandria que explica los componentes legales, sociales y morales que sostuvieron el procesamiento de las mujeres acusadas por el delito de infanticidio en el espacio bonaerense entre 1886, cuando se sancionó el primer Código Penal nacional, y 1921, cuando se aprobó uno nuevo. En un diálogo entre la historia social de la justicia y los estudios de género, Calandria reconstruye las resoluciones de los magistrados para detectar las reformas normativas utilizadas para restringir el accionar de estos agentes legales a partir de la formulación de un estricto procedimiento científico de construcción de la prueba en relación con el nacimiento con vida del feto. Se analiza la evaluación de las sexualidades femeninas respecto de la honra —aspecto esencial en la calificación del infanticidio— presente en las voces de quienes las empleaban y habitaban el mismo espacio que las acusadas. Calandria encuentra que la tasa de absolución se explica por los cambios en los procedimientos en la construcción de la pena y el rol de la medicina antes que por una supuesta benevolencia por parte de los jueces. Por su parte, el trabajo de Gisela Sedeillan avanza en el siglo XX argentino para dar cuenta del debate experto que generó la sanción y modificación de leyes penales y el impacto de esta nueva realidad jurídica en la práctica. En este camino, la investigación logra establecer tanto los límites como las potencialidades de la codificación sin eludir en el análisis el papel cardinal de los agentes legales como promotores del orden jurídico en construcción. Específicamente, se concentra en la discusión de 1921 sobre la derogación del inciso que tipificaba el hurto con abuso de confianza como delito calificado. La autora visibiliza las orientaciones de los sectores en disputa y las formas utilizadas por distintos agentes legales para medir fuerzas desde los estrados judiciales. Seguidamente, desde el escenario mexicano, Jorge Trujillo Bretón reconstruye la trayectoria biográfica de Roberto Alexander Hernández, un célebre ladrón solitario, conocido como el Raffles mexicano por su capacidad para huir disfrazado y sin dejar huellas. El capítulo centra en su accionar en Guadalajara, estado de Jalisco, entre mediados de la década de 1940 y los primeros años de la siguiente, en el contexto en el que México se encontraba atravesando profundas transformaciones sociales, políticas y económicas. En ese periodo el Raffles protagonizó uno de los casos más célebres, cuando se apropió de un conjunto de joyas sustraídas a una conocida actriz. El autor recupera las formas en que las instituciones mexicanas vinculadas al control social actuaban frente a los hechos considerados delictivos, así como el papel de la prensa y el cine en la valoración de tales prácticas y de quienes las realizaban, sin descuidar el papel que estos sucesos asumen en la memoria colectiva. Finalmente, la sección cierra con el trabajo de Maíra Vendrame sobre la confluencia entre violencia, masculinidades y el ejercicio de la justicia local en Brasil a partir de la comisión de un homicidio en un municipio del estado de Rio Grande do Sul a principios del siglo XX. Dicho territorio estuvo caracterizado por la inmigración italiana que generó disputas por el control del espacio y de los recursos, así como por cuestiones de distinción étnica. Desde la perspectiva de la microhistoria se analizan, a partir de la muerte violenta de un hombre negro a manos de un grupo de migrantes italianos, las nociones contrastantes de masculinidad y la violencia suscitada a partir de la demanda de Adão dos Santos por el reconocimiento de honor y su negativa a subordinarse frente a sus empleadores. El caso sirve como disparador para dar cuenta de la coexistencia conflictiva de lógicas diferenciales respecto de la justicia, así como los usos que individuos y grupos hicieron respecto de las instancias judiciales. La negación de las masculinidades negras como legítimas era una forma de procurar el control de las conductas por parte de quienes ejercían cierta cuota de poder político, social y económico. Al mismo tiempo, era una parte sustancial de la construcción de la virilidad, estrechamente vinculada con la producción de territorios de prerrogativas y de poder.

El escenario de las prácticas delictivas nos lleva al de la aplicación de los castigos legales. Así la cuarta sección La materialidad del castigo estatal comienza con el trabajo de Gustavo Federico Belzunces que investiga el perfil de los guardiacárceles de la cárcel de Mercedes (provincia de Buenos Aires) entre la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX. Ello le permite cubrir el periodo que va desde el funcionamiento de los ámbitos precarios de castigo hasta el traslado definitivo a la cárcel construida a tal efecto y que aún permanece activa. A partir del análisis de un conjunto de fuentes valiosas e indagadas en profundidad, el autor trabaja con los datos existentes sobre estos agentes y sus perfiles profesionales y los compara con la información de los presos, en general, “paisanos pobres de la campaña”. El estudio sostiene que ambos grupos compartían diversas características y un mismo mundo cultural y le permite construir una explicación posible respecto de violencias y complicidades. No obstante, la existencia de una “carrera profesional”, la confrontación de identidades divergentes, así como la misma situación de los reos, le permite a Belzunces inferir que los guardias no necesariamente se visualizaron como semejantes a aquellos cuya custodia les fue confiada. El segundo texto de este apartado de Melina Yangilevich, reconstruye distintos aspectos de la vida cotidiana en las cárceles de la provincia de Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando Argentina parecía entrar en el paradigma del castigo civilizado. Para ello, se centra en la cultura material existente, así como en la cobertura de necesidades básicas como la alimentación, la vestimenta y atención de ciertas dolencias apelando a un conjunto variado de fuentes documentales, como expedientes oficiales y normativas diversas. La precariedad de las condiciones de confinamiento dio lugar al planteo de demandas diversas por parte de los presos dirigido a las autoridades. Estos requerimientos dan cuenta de la capacidad de agencia de los reclusos para articular reclamos y exigir ciertos derechos. Asimismo, el análisis se propone reconsiderar la dinámica de la construcción estatal atendiendo a sus aspectos cotidianos que incluyeron la concertación entre los actores que intervinieron, así como el papel desempeñado por la cultura popular. El tercer trabajo de la sección es de Jeremías Silva y explora un conjunto de experiencias de encierro durante las primeras décadas del siglo XX en el penal de Ushuaia. El autor se vale de un vasto conjunto de escritos -memorias, notas periodísticas y relatos- para reconstruir diferentes aspectos de la vida cotidiana en ese presidio con el propósito de comprender las múltiples dimensiones de la cultura carcelaria. Estas fuentes abordan dimensiones menos conocidas y transitadas por los estudios especializados al acercar la mirada a las prácticas de sociabilidad, solidaridad y resistencias construidas en condiciones de reclusión. Estas relaciones desarrolladas entre los penados buscaron, por esta vía, paliar y atenuar las rígidas normas que buscaban imponer las autoridades por medio de la construcción de un entramado complejo conformado por vínculos de solidaridad, así como de jerarquía, el desarrollo de una jerga específica y la acción directa, cristalizada en motines, fugas y huelgas de hambre. La sección cierra con la investigación de Daniel Fessler que examina la organización y funcionamiento de espacios de encierro en Uruguay durante las primeras décadas del siglo XX, cuando las autoridades se ocuparon de insertar al país entre las naciones que practicaron la reforma penitenciaria y modernizaron las prácticas de encierro. El estudio se centra en la Colonia Educacional de Varones, donde se propiciaba la separación de niños y adultos en el tratamiento carcelario. Fessler explica su funcionamiento y las diversas consideraciones que oscilaron entre el optimismo inicial y las dificultades evidentes que derivaron en una crisis. La temática fue objeto de interés por parte de la prensa y se debatió en el ámbito parlamentario uruguayo. Así, diversas problemáticas como la precariedad material evidente, el abuso de los castigos físicos e irregularidades administrativas hicieron evidente la situación de crisis. El autor analiza el acuerdo alcanzado respecto de la necesidad de una transformación profunda, así como la existencia de una noción de fracaso frente a los resultados obtenidos en el funcionamiento de la Colonia, luego de las expectativas generadas.

En síntesis, los estudios compilados en este libro procuran explicar las diversas problemáticas vinculadas con la organización y administración de la justicia la práctica policial y las condiciones y características del castigo estatal en los espacios de encierro de Argentina, Chile, Brasil, México y Uruguay. Las diferentes categorías analíticas utilizadas por las y los autores reflejan la compleja trama de las políticas e instituciones de control social y cómo estas fueron centrales en la dinámica de construcción estatal durante los siglos XIX y XX. La propuesta editorial se enfocó en las narrativas vinculadas a la cuestión criminal, visibilizó las trayectorias y discusiones comunes, registró demandas y respuestas, identificó continuidades y advirtió las rupturas en los procesos de estatalidad ocurridos en los países analizados en esta obra.

A lo largo de estas páginas el lector podrá reconocer los modos en que se materializó el derecho a partir de los litigios por la propiedad en Chile y las formas en que los jueces en Argentina promovieron ajustes en la codificación para los procesos de infanticidio o la calificación del hurto con abuso de confianza. Los diferentes estudios develan la omnipresencia de las lógicas judiciales atravesadas por cuestiones de género o procedencia como en la investigación enfocada en Rio Grande do Sul. Se reconocen los niveles en los que operaban la vigilancia y el control estatal a partir del perfeccionamiento de la burocratización y se reconstruye la utilización de repertorios cartográficos para las funciones policiales tanto en Buenos Aires como en Montevideo y Santiago. Asimismo, se examinaron los distintos actores en juego: los transgresores, los encargados de la tipificación del delito y los responsables de custodiar y administrar el castigo estatal. Así, se identificó en el largo plazo y, en escenarios diversos, la forma en que mutaba la producción de normatividad y cómo se conectaba con los procesos sociales, políticos y económicos que atravesaba cada país. En definitiva, los capítulos reflejan los cruces e itinerarios normativos, instituciones, voces legas y letradas, saberes profesionales, prácticas y experiencias de control social. Antes de ofrecer resultados o soluciones sobre cuestiones cerradas vinculadas a la cultura legal, esta obra representa un marco posible para debatir y construir conocimiento sobre las formas de la estatalidad en América Latina.

Agradecimientos

Esta obra colectiva es resultado del compromiso y profesionalismo de las y los investigadores de diferentes universidades latinoamericanas que confiaron en esta propuesta editorial a pesar del contexto de desfinanciamiento y volatibilidad de las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología que, en los últimos meses, atraviesa nuestro país. Asimismo, agradecemos al Comité Académico y la Dirección de la colección Memoria y Sociedad de la editorial Teseo que consideró la publicación de este libro y a las valiosas consideraciones de los evaluadores externos que enriquecieron las temáticas que aborda este volumen con sus dictámenes.

Una iniciativa de este tipo es resultado de la investigación y discusión entre equipos de trabajo radicados en universidades argentinas como la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires donde desempeñamos tareas docentes y de investigación quienes dirigimos esta obra. El libro forma parte de proyectos radicados en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa (IEHSOLP), Unidad Ejecutora del CONICET de doble dependencia en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, del Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam y del Instituto de Estudios Histórico-Sociales (IEHS) y del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS) Unidad Ejecutora del CONICET de doble dependencia en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA. Además del apoyo logístico y organizativo de las universidades, contamos con la financiación otorgada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Resolución Nº 089/22), del Proyecto Institucional PUE-IEHSOLP (N°22920200100031CO) “Instituciones, actores y políticas en La Pampa: procesos, escalas, temporalidades y espacialidades en debate (siglos XIX al XXI)”, así como del Proyecto “Rejas en la pampa. Instituciones, actores, saberes y prácticas en la formación del sistema penitenciario de la Provincia de Buenos Aires (1870-1940)” PICT N° 2019-01639. Todos ellos posibilitaron la concreción de este libro sobre temáticas vinculadas a las culturas legales y las instituciones de control en Latinoamérica en el XIX y XX.

Referencias bibliográficas

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  1. Workshop “Justicia, Policía y Cárcel en América Latina (1850-1950)”, 21 y 22 de abril de 2022. Resolución CD-FCH N° 506-2021. Agradecemos a Eugenia Molina y a Diego Galeano, que enriquecieron las propuestas presentadas en el encuentro con sus aportes y comentarios.


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