Mariana Funkner^[1]

Introducción

El proceso de provincialización del territorio pampeano fue lento y, por lo tanto, la adquisición de la ciudadanía política tardía.^[2] Existieron múltiples proyectos que no llegaron a buen puerto. Durante la década de 1940 fueron varios los petitorios e iniciativas al respecto, aunque ninguno prosperó.^[3] En las elecciones nacionales de 1946, las dos alianzas que compitieron por ocupar la presidencia, la Unión Democrática y el Partido Laborista-Unión Cívica Radical Junta Renovadora, presentaron propuestas que incluían a los territorianos, por lo que la campaña electoral se trasladó al ámbito pampeano, a pesar de que sus habitantes se encontraban excluidos de la votación.

Tras su triunfo, Perón habilitó la posibilidad de proceder a la provincialización, pero primero se consideraba indispensable implementar una serie de medidas tendientes a mejorar las condiciones económicas, jurídicas y políticas de los territorios, aspecto contemplado en el Primer Plan Quinquenal (1947-1951) (Alonso, 2008). El tema fue retomado en 1949 cuando la reforma de la Constitución estableció la creación de nuevas provincias. Mientras en los territorios los habitantes se movilizaban, eran presentados en el Congreso los proyectos que luego dieron sustento a la provincialización, sancionada en 1951.

En el presente capítulo analizamos las representaciones sobre ese proceso plasmadas en la Convención Constituyente de 1952, atendiendo especialmente al tono que adquirieron los debates. Asimismo, damos cuenta de los intercambios en el seno de la Cámara de Representantes entre 1953 y 1955. En ambos casos, en principio primaron el consenso en torno a cuestiones de fondo y la voluntad de limar las posibles asperezas generadas por sutiles desacuerdos. En lo que respecta a la experiencia legislativa, esta impronta se vio interrumpida por la irrupción del conflicto entre el gobierno nacional y la Iglesia católica.

El proceso de provincialización y sus lecturas en la Convención constituyente

En 1951, mediante la ley 14.037, Chaco y La Pampa pasaron a ser provincias bajo la denominación de Presidente Perón y Eva Perón, respectivamente. A partir de entonces, ambas jurisdicciones quedaron a cargo de un comisionado nacional y las diversas autoridades políticas –gobernadores, secretarios y jefes de policía– cesaban en sus cargos. El comisionado a cargo del territorio pampeano, Juan Carlos Neveu, convocó a elecciones para la conformación de la Convención constituyente provincial, con lo que la actividad política pampeana se vio transformada.

El 11 de noviembre de 1951 las y los pampeanos ejercieron, por primera vez, la ciudadanía política. Además de las autoridades nacionales, eligieron a quienes integrarían la Convención. El peronismo logró un amplio triunfo electoral y, como consecuencia de la aplicación del sistema uninominal, se adjudicó la totalidad de convencionales. En la conformación de la lista se habían incluido representantes del partido peronista, la delegación de la CGT y el Movimiento Peronista Femenino (Alonso, 2010): Santiago Manuel Álvarez, Ángel Pedro Barni, Gregoria Corchón, Susana Correché, Juan Antonio Ferrari, Félix Fortunato Fieg, Sara Dolores Fumagalli, Atilio Carlos Lorusso, Eduardo Mattis, Francisco Molinari, Hipólito Orozco, Carlos Horacio Quiroga, Gustavo Rodríguez Llames, Juan Francisco Savarese y Josefa Miguel de Tubío.

Los y las convencionales tuvieron la tarea de redactar la carta magna provincial, promulgada en los inicios del año siguiente. Tomaron como modelo tanto a la Constitución Nacional reformada en 1949 como al Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) (Zink y Moroni, 2012). Dado que pertenecían a la misma expresión política hubo un consenso en torno al “proyecto de perfeccionamiento de la Nueva Argentina según los principios económicos, sociales y políticos propios de la doctrina justicialista” (Moroni y Bacha, 2021, p. 105). También una lectura común en torno al lugar que había ocupado el territorio pampeano y sus habitantes en la vida política nacional, el rol del peronismo en su provincialización, así como respecto al significado histórico de esta medida y sus consecuencias políticas. Al respecto expresaron Juan Antonio Ferrari, Josefa Miguel de Tubío y Atilio Lorusso:

Estamos aquí reunidos, señor presidente, cumpliendo el mandato conferido por la ciudadanía pampeana, para forjar las bases institucionales que darán vida a la nueva provincia, hasta hace poco tiempo territorio de La Pampa, que como todos los restantes, prestó valiosa cooperación con su esfuerzo y su sacrificio y que tan pocas veces fué reconocido y justipreciado. La vida del poblador de los territorios estaba siempre exenta de significado de valores y de responsabilidades, resultando de esta forma extranjero el que era argentino, disputándose permanentemente los derechos a la ventura y sintiéndose casi siempre incurso, o poco menos, en el delito de piratería. Pero, felizmente, esto ya es historia antigua. En efecto, entre la abundante y eficaz obra del gobierno justicialista, puede contarse también la de la dignificación de estos territorios, que han sido declarados verdaderamente ‘nacionales’, con participación directa en el juego institucional argentino y colocados en pie de igualdad en lo que respecta a responsabilidades.^[4]

Para La Pampa, felizmente, llegó la hora [de la mayoría de edad] por mediación de quien, con visión profética, resolvió con decisión el viejo problema de la provincialización. Por sus gestiones, por su continuo bregar, por su incansable acción, podremos gozar de los derechos que tantas veces nos fueron negados. A la gestora, Eva Perón, con la emoción y el carácter de ser hija de este pedazo de suelo argentino, rindo el homenaje de mi agradecimiento y mi admiración. Con Eva Perón, pues, con esa mujer incomparable, hemos contraído los pampeanos la más grande de las deudas.^[5]

especialmente para nosotros, señor presidente, tiene importancia, y directa, la Constitución de 1949, porque ella nos ha recuperado de la ignominia en que vivíamos como territorio nacional, donde los ciudadanos de la República estaban, puedo afirmarlo, conculcados en sus derechos, puesto que se les negaba su ser político y el ejercicio de sus derechos fundamentales.^[6]

Hubo, asimismo, acuerdo generalizado en torno a nombrar la naciente provincia Eva Perón, en homenaje a su figura, su obra y, en particular, sus gestiones para la provincialización. En palabras de la convencional Susana Correché ese era “el sentir de todas las mujeres argentinas, y no ya tan sólo de las mujeres peronistas”.^[7]

Las deliberaciones se desarrollaron sin mayores inconvenientes, puesto que había un acuerdo de fondo con el texto propuesto y los argumentos vertidos en el seno de la convención tendieron a sostener las disposiciones y no a cuestionarlas. Así, por ejemplo, el convencional Fieg argumentaba respecto a que el Poder Legislativo estuviera en manos de una Cámara de Representantes:

De este modo se resuelve una cuestión plateada desde los albores del constitucionalismo en el sentido de si el Parlamento debe ser unicameral o bicameral. […] Nosotros entendemos que el sistema a adoptar debe ser unicameral porque la ley es el exponente de la voluntad del pueblo, y si es así, una sola Cámara que lo represente tiene la capacidad suficiente como para dictarla. Por otra parte, en el orden nacional el Senado tiene justificación porque representa las autonomías provinciales, pero en los órdenes provinciales no tiene justificación alguna. Tanto es así, que siempre hemos visto que el Senado es, en cierto modo, de corte aristocrático, y su origen es precisamente la representación de las monarquías. En los diferentes Estados se ha observado que el Senado ha sido erigido para ejercer un contralor y un contrapeso sobre la Cámara joven, a la que se le tenía miedo –podríamos decir– por ser de corte revolucionario o, por lo menos, popular.[…] Pero nosotros, que estamos en un movimiento revolucionario, necesitamos que sea precisamente el pueblo el que integre la Cámara de Representantes. Creo que estas razones son suficientes para pronunciarse en favor del sistema unicameral.^[8]

Luego de consultar y comentar cuál era la situación en las demás provincias se procedió a votar el artículo correspondiente y fue aprobado por unanimidad.

Un intercambio interesante se dio en torno al artículo 57, que establecía que luego de haber completado su mandato de 6 años el gobernador y vice no podían ser reelectos para ninguno de estos cargos ni tampoco podrían serlo parientes de los funcionarios salientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Ante el comentario de la convencional Miguel de Tubío respecto a que le parecía demasiado y la sugerencia de su colega Lorusso respecto a que podría reducirse al tercer grado para no poner demasiadas limitaciones se sucedieron las siguientes respuestas:

Sr. Presidente (Lorusso). – Por lo menos, se evitará en esa forma que se perpetúen los miembros de una familia en el poder, como ha sido un vicio en la política lugareña.
[…]
Sr. Savarese. – El exceso de la disposición tiende a cortar de raíz esa tendencia nepotista que ha habido durante muchos años en las provincias. Es necesario a veces sacrificar algún caso particular, es preferible ese sacrificio y no dar la posibilidad de que en el día de mañana se repitan aquellas situaciones […] En una tendencia revolucionaria como la que sigue esta Constitución, ese exceso es justamente revolucionario y debe mantenerse. Posiblemente signifique el degüello de algún gran cantidato; eso es lo revolucionarlo: degollarlo.
Srta. Corchon. – Me parece bien, porque aquí, en Santa Rosa, hay una familia que siempre vive acomodada, desde hace treinta años.
Sr. Savarese. – Todos los excesos son característicos de las reacciones revolucionarias. En nuestro país se ha vivido siempre bajo regímenes de nepotismo: la reacción tiene que ser excesiva, para que sea suficiente garantía. Si andamos con medias tintas no significará garantía suficiente. Por eso creo que teniendo en cuenta la finalidad persigue la disposición, debe mantenerse la prohibición hasta el cuarto grado.
Sr. Presidente (Lorusso). – Efectivamente, las explicaciones dadas me inducen a pensar lo mismo.^[9]

Esa fue la tónica de las intervenciones en la convención. Aquellos comentarios tendientes a aclarar o modificar algún punto se hicieron en términos cordiales, no dieron lugar a debates acalorados ni a posiciones marcadamente opuestas y, en general, fueron aprobados por unanimidad. Como veremos en el siguiente apartado, algo similar ocurrió en la Cámara de Representantes.

Representaciones de lo político en la cámara legislativa

El gobernador interino Peláez convocó a elecciones, que se efectuaron el 12 de abril de 1953. Se presentó únicamente la lista del Partido Peronista,^[10] con la fórmula Salvador Ananía-Esteban Ardohain. Obtuvieron el 87.92% de los votos contra el 12.02% en blanco. Al adoptarse el sistema unicameral, asumieron 21 legisladores: Bermilio Almada, Regino Álvarez, Enrique Ascheri, María Balent de Gallego, Rodolfo De Diego, Carlos Eugui, Alfredo Fernández, Aimer Figueroa, Sara Dolores Fumagalli de Sáenz, Manuel García, María Garcí, Eugenio Martínez, Lorenza Mateos de Quiroga, Domingo Melchor, Alicia Morales, Hipólito Orozco, José de la Prida, Leonardo Rodil, Juan Francisco Savarese, Martín Ugarte y Elena Vega Rodríguez de Pomphile.

Las primeras discusiones que se generaron en la cámara legislativa correspondieron a la reglamentación de los elementos necesarios para establecer los cimientos provinciales: la nominación del salón, la creación de un escudo provincial, la expropiación de un inmueble destinado a la construcción de la casa de gobierno y de las dependencias administrativas, la conformación del código fiscal, el desarrollo de la ley orgánica, la reglamentación de la coparticipación de las municipalidades, la ley orgánica de los ministerios, la creación del Boletín Oficial, de la Biblioteca de la Honorable Cámara, la instalación de un museo regional provincial, la sanción de una ley de exportaciones, entre otras.

Al igual que había ocurrido en la Convención Constituyente, los debates se sucedieron sin mayores sobresaltos, al menos –como veremos– hasta 1954. Sin embargo, pueden observarse algunas diferencias de énfasis vinculadas –aunque no excluyentemente– a las distintas ramas del Partido Peronista y plasmadas en la vehemencia con que eran defendidos determinados proyectos. Así, la línea femenina del partido peronista defendía con mayor ímpetu aquellas iniciativas referidas a Eva Perón o vinculadas a las mujeres y a espacios en que ocupaban un rol central, como la fundación o mejoramiento de los establecimientos educativos.

En aquellos casos en que surgían algunas disidencias, se impuso la voluntad de unidad interna y de alineamiento con las políticas nacionales. Así, por ejemplo, sucedió al discutirse el proyecto de ley sobre implementación de la remuneración anual complementaria para los servidores estatales pampeanos. Esta normativa se discutió en 1953 y en su artículo 4º excluía del cobro de ese beneficio al gobernador, vicegobernador, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores y miembros del Superior Tribunal de Justicia. El diputado José de la Prida planteó que la ley era justa y representaba “en el aspecto moral una de las grandes conquistas de esta nueva Argentina de Perón y Eva Perón”.^[11] Con esta mirada coincidió el diputado Rodolfo De Diego, quien señaló que “la ley de sueldo complementario traída a debate debe votarse sin más trámite, porque con ello se habrá llenado una aspiración humana muy justa y razonable, concorde con los dictados de justicia social que hoy imperan en nuestra patria”.^[12] Aun cuando concordaba con la ley, la diputada Lorenza Mateos de Quiroga dejó constar su reclamo porque las autoridades políticas quedaban exceptuadas:

no entra en el beneficio la clase mejor tutelada en lo administrativo; ni su excelencia el señor gobernador, ni su excelencia el señor vicegobernador, ni los señores ministros secretarios de Estado, ni los legisladores gozan de aguinaldo. Somos todos trabajadores, señor presidente y acreedores por igual a aquella recompensa, pero puestos nuestros ojos en el fundamental objetivo que nos hemos impuesto de hacer un gobierno de economía renunciamos gustosos a lo que es un derecho en aras a las finanzas provinciales.^[13]

También el diputado Mateos de Quiroga señaló la igualdad de derechos de las autoridades respecto al resto de la población, pero manifestó estar dispuesto a sacrificarse en pos del beneficio de la población. Primaba de esta manera la unidad partidaria.

Algo similar ocurrió al tratar el Código Fiscal de la provincia Eva Perón. El diputado Enrique Ascheri realizó la presentación y defensa del proyecto. Se le sumó la diputada María Balent de Gallego, quien enumeró las dificultades que se generaron por permanecer durante décadas como territorio nacional:

al incorporarnos al concierto de las demás provincias hermanas lo hicimos sin más bagaje que la Constitución, huérfanos de toda legislación, ignorantes de las fuentes propicias de recursos nuevos, porque habiendo vivido bajo la denominación común de territorios nacionales, hemos carecido de un índice cierto de la producción impositiva de la entonces Pampa, de las inversiones que en ella se hacían, del costo del nuevo organismo ejecutivo, legislativo y judicial que debía crearse.^[14]

De este modo, marcaba el desconocimiento por parte de los sectores políticos locales tanto de los manejos impositivos como de las inversiones que se generaban en el territorio. Como consecuencia de esta situación, la diputada señalaba que el Código Fiscal serviría de base para las experiencias a futuro:

esta ley será piedra de toque; formaciones experimentales para poder determinar en ejercicios posteriores la conveniencia de introducir modificaciones, tendientes a que la renta fiscal sea fuente suficiente de recursos sin mayores sacrificios para el contribuyente; no queremos un fisco rico con un pueblo pobre; queremos que uno y otro se abastezcan entre sí.^[15]

Si bien hubo un acuerdo general con la ley, el diputado Eugenio Martínez estableció una serie de aclaraciones para la modificación del proyecto. Aseveró que la redacción de algunos artículos se prestaba a confusión, por lo que era preciso dejar ciertas cuestiones claras. Para el caso de los inmuebles que se encontraban exceptuados del pago de impuestos, el diputado solicitaba explicar que debían ser aquellos destinados a instituciones sanitarias, educacionales, beneficencia y mutualismo. Promovió además que la exención no alcanzara a los inmuebles que eran propiedad de entidades exceptuadas pero que arrendaban parcial o totalmente esas edificaciones a terceros. Dentro del Código Fiscal también se consideraba la desgravación impositiva de las actividades agropecuarias. En defensa a las modificaciones que proponía, Martínez citaba los objetivos del segundo Plan Quinquenal tendientes a estimular la reactivación del agro argentino. Precisamente, en el artículo 188 del citado proyecto los autores parecían no desgravar las tareas agropecuarias exclusivamente sino las rurales en general, lo que “no puede tener cabida dentro de la conveniencia y de los intereses de nuestra provincia, por cuanto sería perder una fuente estimable de recursos para la administración provincial”.^[16] Por esa razón estableció la necesidad de aclarar que correspondía exención impositiva a aquellos contribuyentes cuyos ingresos provenían de explotaciones agropecuarias cuando su monto no excediera la suma de 10.000 pesos anuales.

Otro de los aspectos que generó la crítica del diputado Martínez fue sobre el ítem de exención de impuestos a las industrias nuevas que se instalaran en la provincia Eva Perón. En relación con este aspecto señaló que el artículo no era claro y se presentaba el inconveniente de

interpretar con precisión cuales son las industrias nuevas, si las que vienen a radicarse en este territorio, a dedicarse a una actividad que, hasta hoy, no ha podido establecerse en nuestra provincia, o a alguna industria que venga a radicarse y dedicarse a alguna rama que ya, desde hace años, está siendo desarrollada dentro de ella.^[17]

Ante la ambigüedad de la redacción, el diputado propuso anular el artículo y estudiar de manera pormenorizada las medidas adecuadas que deberían tomarse. Con respecto al artículo 196 inciso 5º del Código Fiscal propuso agregar a la reglamentación del impuesto la enajenación tanto a favor de la descendencia como de la ascendencia.

Las modificaciones solicitadas por Martínez fueron aceptadas por unanimidad por sus compañeros de bloque. La tónica dentro de las discusiones de la Cámara de Representantes era similar a la que se había dado en la convención constituyente.^[18] Sin embargo, como veremos en el próximo apartado, el enfrentamiento entre el gobierno nacional y la Iglesia católica abrió un posible clivaje dentro del Poder Legislativo provincial.

Rupturas en la Cámara de Representantes en torno al conflicto entre la Iglesia católica y el peronismo

Los y las representantes del oficialismo habían mantenido buenas relaciones con la institución eclesiástica. Además de garantizar la enseñanza religiosa en las escuelas públicas a través de cuadros burocráticos, ^[19] se había otorgado exención impositiva a templos, conventos y demás dependencias afectadas al culto de las congregaciones religiosas reconocidas oficialmente. Eran frecuentes, además, los homenajes a figuras católicas. En 1953, por ejemplo, la diputada Aimer Figueroa propuso un reconocimiento al sacerdote salesiano José Durando, quien había misionado en el oeste pampeano, en los siguientes términos:

traje a este recinto mi voz de mujer argentina, de católica y de peronista el homenaje ferviente al héroe anónimo que hizo patria sin recibir ni pretender los aplausos que son premio y son aliento en los caminos del mundo, para aspirar solamente a los justos regocijos del espíritu, satisfecho al cumplir con los designios de Dios. Me refiero, señores, al intrépido y heroico misionero de nuestras pampas.^[20]

Para justificar la aprobación de su proyecto de homenaje a Durango la diputada realizó un recorrido histórico de la llegada de los salesianos a las tierras pampeanas y de las labores que realizaron. En sus declaraciones colocaba a estos sacerdotes salesianos a la altura de los trabajadores a los cuales Perón rendía honores:

rindamos un homenaje a estos héroes anónimos de la travesía pampeana, ya que al hacerlo cumpliremos uno de los deseos de nuestro líder, el general Perón, por quien en la nueva Argentina son los auténticos trabajadores y los ciudadanos humildes los que reciben del gobierno justicialista los honores, los homenajes y las merecidas condecoraciones, porque supieron ser grandes a los ojos de Dios y útiles a los individuos y a la sociedad.^[21]

No obstante estos antecedentes, la Cámara de Representantes se vio atravesada por el conflicto entre el gobierno nacional y la Iglesia católica estallado hacia fines de 1954. La primera medida que tomaron los diputados fue adherir al proyecto de ley de separación de la Iglesia del Estado. En sus argumentaciones a favor de la aprobación de la normativa, el legislador Manuel García expresó:

en un país justicialista, bajo las directivas de Perón, inspirado desde el más allá por la infatigable Evita, no puede haber para sus problemas más que soluciones justas; la solución la da el pueblo y si el pueblo quiere separar la Iglesia del Estado, nosotros, sus legítimos mandatarios, no podemos hacer otra cosa que cumplir ese imperativo en bien de la concordia nacional.^[22]

Paralelamente, se presentó un proyecto de ley que derogaba el artículo 11 de la ley 80 sobre enseñanza religiosa en la provincia y toda otra disposición sobre enseñanza de la religión católica. El diputado Almada adhería a la propuesta afirmando:

[un sector del clero] minúsculo, convertido en agente político de los intereses de la clase antiargentina, olvidando todo lo que Perón y Eva Perón dieron desinteresadamente a la Iglesia, sin otra finalidad que satisfacer los deseos de un pueblo eminentemente católico, ha ganado la calle tiñiéndola hasta de rojo, sin discriminar, en absoluto, si el daño que hacía podía alcanzar a uno de los tantos adeptos a la misma.^[23]

Ambos proyectos obtuvieron dictamen afirmativo por la mayoría, con lo cual terminaron aprobándose. Pero a esa sesión en particular faltó sin previo aviso el diputado Cornelio Garay Vivas. Convivían en él dos identidades, la peronista y la católica, y en este clima de tensión y conflicto, primó la segunda por sobre la primera. Ante esta situación, varios colegas presentaron un proyecto para separar de su banca a Garay Vivas. A través de la referencia al artículo 44 de la constitución provincial, buscaban excluir de las filas peronistas al diputado provincial por razones fundadas en la disciplina y conducta de sus representantes: “Siendo los señores legisladores mandatarios del partido, cuando son separados de su seno caduca el mandato que se les confiara”.^[24] El proyecto ingresó y se trató sobre tablas, fue aprobado por unanimidad y Garay Vivas desplazado de su cargo como diputado provincial.

Otra medida significativa tomada por la Cámara de Representantes y que, al igual que la anterior, acompañó a la medida nacional, fue la derogación de exención de impuestos, tasas o contribuciones provinciales y municipales acordadas a las instituciones religiosas. El proyecto del Poder Ejecutivo provincial involucraba a todo espacio católico, a sus templos, conventos, colegios, y a los bienes que poseían o a los actos que realizaran. Los dos principales oradores en defensa de este proyecto fueron Enrique Ascheri y Amalia González de Lespade. El primero afirmaba respecto a la eximición:

lesiona el sentimiento justicialista del régimen de exenciones que nos obliga a todos por igual a mantener las calles limpias, barridas, alumbradas, regadas y la ciudad toda afectada a un servicio integral de higiene, mientras las instituciones religiosas […] y los actos que a título oneroso realizan están exentos de gravámenes, como si esos establecimientos, esos bienes y esos actos fueran ajenos al propósito del bien común.^[25]

En este sentido, se refirió a la violación del régimen de igualdad que promulgaba el peronismo. También mencionó que la Iglesia, que adquiría beneficios económicos por sus actividades, no contribuía a la economía nacional. Consecuentemente, reclamó la igualdad de la Iglesia católica con respecto al resto de las religiones que profesaban los argentinos:

la limitación de recursos y la obligación de impuestos, pensamos que ha de aglutinar alrededor de las instituciones religiosas a los verdaderos fieles dispuestos al sacrificio económico en favor de su fe, que no es, en otras palabras, más que hacer lo que hacen los demás fieles de las demás religiones, sin sentirse por ello perseguidos ni en estado de guerra potencial o descubierto.^[26]

González de Lespade argumentó que los beneficios otorgados a la Iglesia católica se relacionaban con la tarea asignadas de enseñar religión en las escuelas públicas:

si el Estado subvencionó al clero y lo mantuvo libre de impuestos, lo hizo para que enseñara religión y no política, no para que hoy atentara contra él y contra Cristo, porque la doctrina que han adoptado estos malos sacerdotes no es tampoco la doctrina de Cristo, que predicó ‘amor y no odio, unión y no discordia, paz y no guerra’. Esa fue la doctrina de Cristo y es también lo que nos enseña nuestro conductor, el general Perón.^[27]

Conclusiones

La provincialización del territorio pampeano durante los gobiernos peronistas significó para sus habitantes la culminación de un largo y extenso proceso de adquisición de ciudadanía política. Esta fue ejercida por primera vez en 1951, cuando además de autoridades nacionales eligieron a quienes serían los encargados de redactar la carta magna de la novel provincia bajo el influjo de la Constitución Nacional de 1949 y los lineamientos del Plan Quinquenal. Las sesiones de la convención constituyente fueron fluidas, dado el consenso en torno a cuestiones de fondo. Las modificaciones sugeridas fueron aprobadas sin mayores discusiones y, en general, por unanimidad. Este clima de unidad se sostuvo en la Cámara de Representantes elegida en 1953, cuyos integrantes pertenecían también en su totalidad al peronismo. Ambas instancias sentaron las bases del ordenamiento jurídico y las leyes fundamentales de la provincia Eva Perón. Sin embargo, el recinto legislativo no escapó a las tensiones abiertas por la ruptura entre el gobierno nacional y la Iglesia católica hacia fines de 1954. Aunque esto implicó la separación de un diputado, hubo un relativo acuerdo en torno a las medidas a adoptar, en pos de revocar las concesiones previamente otorgadas a la institución eclesiástica.

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