Rebeca Camaño Semprini

Formulado originariamente en el ámbito de la ciencia política, el concepto de cultura política fue teóricamente elaborado en la década de 1960 por Gabriel Almond y Sydney Verba en su libro La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones (1963) para referir a “orientaciones específicamente políticas, posturas relativas al sistema político y sus diferentes elementos, así como actitudes con relación al rol de uno mismo dentro de dicho sistema” (p. 30). Esta definición conlleva el supuesto de que cada sociedad posee su propia cultura política, que les proporciona a sus miembros un sentido de identidad y un sentimiento de pertenencia a un sistema político concreto (Cabrera, 2010, p. 22). Así, la cultura política de una nación consiste en la particular distribución de las pautas de orientación cognitivas, afectivas y evaluativas hacia objetos políticos entre los miembros de dicha nación.^[1] Los objetos de orientación política abarcan los conocimientos, sentimientos y valoraciones hacia el sistema en conjunto, hacia los procesos políticos y administrativos y hacia “uno mismo” en tanto elemento político activo (Almond y Verba, 1963, pp. 31-34).

De acuerdo con estos criterios y a partir de la cultura cívica –aquella que corresponde a los sistemas democráticos estables– Almond y Verba identificaron tres tipos de cultura política: parroquial, de súbdito y de participación. En pocas palabras, podríamos decir que en la cultura política parroquial no hay roles políticos especializados, sino que el liderazgo constituye un rol difuso de tipo político-económico-religioso y para los miembros de estas sociedades las orientaciones políticas hacia dichos roles no se hallan separadas de las religiosas y sociales. El individuo en este caso no espera nada del sistema político. En la cultura política de súbdito se observa un sistema político diferenciado, pero las orientaciones respecto a objetos específicamente políticos y hacia uno mismo como participante remiten a una relación pasiva. Esta orientación es más bien afectiva y normativa antes que cognitiva: puede que se identifique a las instituciones democráticas, simplemente no se les concede legitimidad. La cultura política de participación es aquella en que los miembros de la sociedad tienden a estar explícitamente orientados hacia el sistema como un todo y hacia sus estructuras y procesos políticos y administrativos y, consecuentemente, tienden hacia un rol activo de su persona en la política (pp. 34-36). Los autores aclararon que esta triple clasificación no suponía que una orientación sustituyera a la otra ni homogeneidad o uniformidad de las culturas políticas. Por el contrario, preveían que los sistemas políticos con culturas predominantemente de participación incluirían culturas de súbditos y de parroquialismo. Atribuían esto a que las imperfecciones de los procesos de socialización política, las preferencias personales y las limitaciones en la inteligencia o en las oportunidades para aprender continuarían dando paso a elementos súbditos o parroquiales, incluso en democracias bien aseguradas y estables (p. 37).

Tal como señala Cabrera (2010), la propuesta de Almond y Verba remite a una teoría de la acción humana, y en particular política, basada en la noción de individualismo condicionado, cuya premisa central es que “aunque las personas son sujetos políticos individuales, actúan siempre dentro de y condicionadas por una determinada cultura política”, que es la que les “proporciona los valores, creencias y pautas normativas que guían la acción política y establece los fines hacia los que ésta se dirige” (p. 23).

De manera temprana, el concepto de cultura política fue objeto de numerosas críticas, provenientes tanto desde los materialistas como de los partidarios de la teoría de la elección racional. Si para los primeros la cultura política no era un sistema de valores compartidos que trascendiera las divisiones sociales sino la ideología de la clase dominante, para los segundos eran los intereses –y no los valores– los que guiaban la acción política y establecían sus fines (Cabrera, 2010). Lejos de silenciarse con el paso de los años, tal como ha señalado Morán Calvo-Sotelo (1999), las críticas suscitadas por la obra de Almond y Verba han jalonado las controversias en torno a la cultura política durante décadas.

Fue censurado el carácter ahistórico y descontextualizado que implicaban tanto la técnica de la encuesta como el método comparativo empleado, al extraer los datos de su contexto social y hacer abstracción de las estructuras socioeconómicas que constreñían la participación política de los individuos. En este sentido, se ha resaltado el sesgo conservador de una concepción eurocentrista de los procesos de modernización que tomaba como referente único el modelo idealizado de la democracia anglosajona, relegando a un segundo puesto el conflicto, las desigualdades, las líneas de fractura en los procesos históricos de democratización y su impacto en la paralela constitución de las culturas políticas. También se les atribuyó sustentar una teoría del consenso, dado que al centrar su atención en los espacios nacionales y en las actitudes hacia el sistema político en general, les habrían otorgado escaso relieve a las divisiones sociales fundadas en la clase, el género o la raza o, en suma, a las diversas subculturas políticas presentes en su seno. Se denunció además que su formulación de cultura cívica encerraba un normativismo, una concepción elitista de la democracia con la cual debían contrastarse las culturas nacionales empíricamente constatadas. Se desarrollaron críticas también en torno a las limitaciones de la aplicación de las técnicas cuantitativas de investigación social como métodos de análisis capaces de aprehender a las culturas políticas (Morán Calvo-Sotelo, 1999, p. 102; De Diego Romero, 2006, pp. 239-241).

Proliferaron en este contexto diversos estudios a lo largo de la década de 1960 que –fundamentados también desde un marco teórico funcionalista– centraron en la cultura política la explicación de los procesos y resultados políticos, pero sumándole al concepto una dimensión diacrónica que estaba ausente en la investigación de Almond y Verba. En el decenio siguiente la emergencia de nuevos paradigmas llevó al declive de la perspectiva de la cultura política y a su desplazamiento a la periferia de los análisis académicos, en los que directamente era omitida o se hacía alusión al concepto únicamente con fines de censura y rechazo. En paralelo, estudios que utilizaban métodos y suposiciones análogas a las de Almond y Verba, llegaban a conclusiones bien diversas a las expuestas por los autores de La cultura cívica. No obstante, las investigaciones en torno al concepto de cultura política pervivieron en subcampos específicos de la ciencia política y dieron lugar a un rebrote generalizado a mediados de los años ochenta, tanto de la mano del enfoque behaviorista en autores como Ronald Inglehart como de lecturas más culturalistas y alejadas de las pretensiones cientificistas del conductismo provenientes de la ciencia política y de la sociología política (De Diego Romero, 2006).

Las señaladas limitaciones del concepto de cultura política fueron asimismo consideradas en su traspaso al campo historiográfico, en el que la obra de Almond y Verba ha sido la referencia teórica, aunque su formulación originaria fue reelaborada de forma sustancial. Desde mediados de la década del sesenta, y con mayor profusión a partir de los años ochenta, tanto en la historia política como en la cultural se ha recurrido a la noción de cultura política como herramienta de análisis y en tanto objeto de estudio. Por el tenor de nuestras preocupaciones, centramos la atención en su devenir dentro de la historia política.

En los años ochenta, en una búsqueda por renovar el legado de los Annales, distintos historiadores franceses defendieron el retorno de la política. Entre ellos, se destacaban Jacques Le Goff, Jacques Juliard, Maurice Agulhon, François Furet y René Remond.^[2] Este último escribió en 1996 Por una historia política, texto calificado como un verdadero manifiesto del retorno de la política (Motta, 2009), en el que no solo se buscaba otorgarle una posición destacada dentro del campo historiográfico, sino también mapear los nuevos estudios que se estaban realizando en el área.

Entre sus colaboradores se encontraban Jean-François Sirinelli y Serge Berstein, quienes desarrollaron a comienzos de los años noventa algunas reflexiones en torno a la cultura política, detrás de las cuales Cabrera (2010) identifica el propósito de superar las limitaciones e insuficiencias explicativas de la historia política tradicional, que –basada en los supuestos del individualismo clásico– hasta entonces se había interesado por las ideas, la personalidad, las intenciones y los sentimientos de los actores políticos, entendidos como sujetos autónomos. También implicaba una reacción frente al modelo teórico materialista, que concebía a la cultura en términos de ideología dominante y de reflejo de las condiciones socioeconómicas.

Inserta entonces en un proceso más amplio de renovación historiográfica, con la incorporación de un ingrediente de la acción política que hasta entonces había sido pasado por alto, el sistema de representaciones culturales compartidas, el concepto de cultura política permitía comprender mejor las razones por las que ciertos grupos de personas se sienten más próximos a una fuerza política que a otra, votan como lo hacen y tienen una visión similar de los acontecimientos (Cabrera, 2010).

En la definición de Berstein (1992) la cultura política era entendida como “un sistema de representaciones basado en una cierta visión del mundo, en una lectura significante, si no exacta del pasado histórico, en la preferencia por un sistema institucional y por una sociedad ideal, conforme a ciertos modelos, y que se expresa por medio de un discurso codificado, de símbolos, de ritos que la evocan sin que sea necesaria ninguna otra mediación. Ese sistema es portador de normas y de valores positivos que lo vinculan a esa cultura y constituye de ese modo la vara con la cual se mide toda acción y toda postura política” (p.71).

La cultura política incluye entonces los valores históricamente sedimentados y transmitidos a través de la socialización, pero también muchos otros ingredientes, de diversa naturaleza. El primero de ellos es una “concepción filosófica subyacente” que puede consistir en una doctrina completa y coherente, un conjunto de reglas susceptibles de múltiples lecturas basadas en ciertos principios o simplemente una serie de reflexiones inspiradas en la voluntad de comprender y predecir la evolución de las sociedades. La cultura política incluye también un conjunto de principios y mitos fundacionales y de referencias históricas, como los acontecimientos, textos fundacionales y grandes personajes, que son movilizados en defensa de la propia cultura política. Forman parte además elementos como las creencias religiosas, la creación artística o las reglas morales. Sin embargo, el ingrediente más importante para el autor es una representación de la realidad o visión general del mundo, del lugar que el hombre ocupa en él y de la naturaleza de los problemas del poder. Esta visión global entraña, asimismo, unas ciertas expectativas para el futuro y un modelo de sociedad ideal y de los medios para alcanzarla (Berstein, 1992, 1998 y 2003). Cada cultura política posee, desde esta perspectiva, sus propios medios de expresión y vectores de difusión –constituidos por símbolos, rituales, un discurso codificado, un vocabulario y unas palabras clave–, que remiten al universo implícito de la cultura política y evocan su contenido, y en los que se reconocen todos los que forman parte de ella (Cabrera, 2010).

Sirinelli (1998) definía, por su parte, a la cultura política como “un conjunto de representaciones que configura un grupo humano en el plano político, es decir, una visión del mundo compartida, una común lectura del pasado, una proyección de futuro vivida conjuntamente. Y que toma cuerpo, en el combate político cotidiano, en la aspiración a una u otra forma de régimen político y de organización socio-económica, al mismo tiempo que sobre normas, creencias y valores compartidos” (p. 438).

En consecuencia, tal como señala Cabrera (2010), la cultura política es un factor de identificación de los grupos políticos en la que se pueden establecer dos dimensiones. Una, interior, que es la que une a sus miembros, pues la adhesión a sus principios constituye la base de su pertenencia política. Otra, exterior, que permite caracterizar, conocer mejor y prever las reacciones de los miembros de un grupo político. La cultura política contribuye además a la conformación de la conducta política de los individuos, haciendo del comportamiento político una traducción práctica de la visión del mundo proporcionada por aquella. Aunque no es el único factor que interviene en la conformación de las motivaciones, constituye su núcleo duro, dado que estructura el comportamiento político por largos períodos, incluso por toda la existencia de los individuos. Esto permite pasar de la explicación de la acción política individual a la de los comportamientos políticos colectivos, pues la existencia de la cultura política hace que la acción individual sea simultáneamente un fenómeno colectivo. Consecuente con la noción de individualismo condicionado a la que –como ya establecimos– remite este concepto, la cultura política condiciona a la acción, no la determina, y el actor político sigue siendo el responsable causal último de su conducta. En otras palabras: la existencia de la cultura política convierte a la acción individual en acción colectiva, pero no hay sujeto colectivo.

Resulta aquí interesante referir a que, al plantear la heterogeneidad presente en la mayoría de las culturas políticas, ya en la formulación original de Almond y Verba (1963) se había introducido un concepto que luego sería retomado en los estudios históricos: el de subcultura. Los politólogos distinguían dos tipos de escisión subcultural, a partir de los cuales proponían usos alternativos del concepto. En primer lugar, podía ser utilizado para referirse a los estratos de población constantemente orientados en una sola dirección respecto a los aspectos políticos y administrativos de gobierno, pero lealmente encauzados con relación a la estructura política. En segundo lugar, podía emplearse para hacer referencia a culturas sistemáticamente mixtas; acepción que podríamos vincular con los elementos de quiebra de las democracias presentes en la propuesta de Linz (1987). En particular, porque Almond y Verba introducían también el concepto de cultura de rol, derivada de las estructuras especializadas de los sistemas políticos más complejos y vinculadas a los roles burocráticos, militares, políticos ejecutivos, partidarios, de grupos de intereses y medios de comunicación. Planteaban que en los sistemas estables y legitimados las culturas de rol tienden a quedar limitadas al contenido o sustancia de la acción política, mientras que es aceptada la legitimidad de estructura del sistema. En sistemas inestables, las diferencias de acción política se combinan con las diferencias en la orientación estructural y pueden dar como resultado una fragmentación cultural al nivel de la elite. Con la introducción de los conceptos de subcultura y cultura de rol, Almond y Verba buscaban identificar las actitudes e inclinaciones especiales hacia una conducta política en determinadas partes de la población, o en roles particulares, estructuras o subsistemas del sitema político. Consideraban que esto les permitiría determinar qué inclinaciones por la conducta política existen en el sistema político en su conjunto, o en sus diferentes partes, entre agrupaciones de orientación especial o en puntos clave de iniciativa o decisión en la estructura política. Si dentro de la ciencia política predominaron los estudios comparados de diferentes culturas políticas nacionales o regionales, en la historia política la atención se centró en las subculturas presentes en las diferentes agrupaciones y tendencias políticas dentro de un sistema político particular (Cabrera, 2010).

No resulta casual el devenir del concepto de cultura política. Desarrollado originariamente en el contexto de la Guerra Fría y la preocupación por fortalecer al “campo democrático” en la disputa con el bloque soviético a través de la presentación de las sociedades occidentales –en particular Estados Unidos– como democracias sólidas y estables (Motta, 2009), luego de su declive en los años setenta, reemergió en los ochenta de la mano del colapso del comunismo en Europa del Este (De Diego Romero, 2006). Su arribo a las discusiones académicas en América Latina se dio a comienzos de los ochenta en el marco de las reconstrucciones democráticas que tuvieron lugar en la región luego de los procesos de radicalización política y de proliferación de regímenes autoritarios ocurridos en los setenta (Suárez, 2015).

En Argentina el proceso de reconstrucción democrática iniciado en 1983 habilitó una renovación del campo historiográfico, donde se destacó el retorno a la historia política que, en consonancia con lo que estaba ocurriendo en el ámbito internacional, ya no estaba centrada –como antaño– en los acontecimientos y los grandes personajes, sino mucho más preocupada por lo conceptual y en diálogo preponderante con las ciencias sociales. Un conjunto de temas y debates que durante la dictadura habían sido escasa y muy parcialmente difundidos salieron a la superficie y nutrieron a la investigación histórica, relacionando el pasado y el futuro político de la Argentina: la participación política, la ciudadanía, el sufragio, las formas de representación, los procesos de tomas de decisiones, la propaganda, las movilizaciones, etc. Se produjo, asimismo, un fluido diálogo entre las historiografías provinciales, particularmente en el marco de los grandes congresos nacionales de historiadores como las Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, que permitieron la construcción de vínculos por afinidades temáticas y el armado de redes de investigadores y de proyectos conjuntos que significaron un avance en el conocimiento de las historias políticas regionales a partir del ensayo de perspectivas comparadas y de la discusión con las interpretaciones globales del proceso histórico nacional. Cobraron entonces protagonismo, desde la década del ochenta y hasta la actualidad, las historias políticas provinciales y de los territorios nacionales que rompieron con las clásicas historias centradas en los acontecimientos y en la especificidad de lo local para abordarlas desde los temas y problemas generales de la política argentina, complejizándola y otorgando matices en las relaciones y conflictos con el poder central (Halperín Donghi, 2004; Pagano, 2010; Spinelli, 2014).

Desde entonces, diversos avances historiográficos han permitido, a partir de una reducción de la escala de análisis, aprehender partidos políticos, instituciones, relaciones e identidades desarrolladas en los espacios subnacionales durante la primera mitad del siglo XX. Se destacan entre otras, las investigaciones sobre el radicalismo en sus años de formación y predominio (Lacoste, 1994; Vidal, 1995; Tcach, 1999; Persello, 2004; Ferrari, 2008; Lichtmajer, 2017), los matices que presentó la década del treinta en los distintos espacios (Béjar, 2005; Ruffini, 2007; Macor y Piazzesi, 2009); el peronismo y sus variantes provinciales y locales (Tcach, 1991; Rubinstein, 1995; Macor e Iglesias, 1997; Tcach y Macor, 2003 y 2013; Melón Pirro y Quiroga, 2006; Aelo, 2010; Salomón, 2012; Camaño Semprini, 2014; Marcilese, 2015; Vezzosi; 2020) y las relaciones entre ambos (Tcach, 1991; Lichtmajer, 2016). Aunque estos trabajos no se centraron específicamente en el estudio de las culturas políticas provinciales y/o territorianas, brindaron elementos para aproximarnos a ellas.^[3] Encontramos también contribuciones individuales (Besoky, 2018) y aportes colectivos en torno a las culturas políticas. Entre ellos, las investigaciones dirigidas por Mabel Cernadas y plasmadas en La cultura en cuestión: estudios interdisciplinarios del sudoeste bonaerense (2004) y en Amalgama y distinción. Culturas políticas y sociabilidades en Bahía Blanca (2018), las coordinadas por Marta Bonaudo (2017) en Representaciones de la política. Provincias, territorios y municipios (1860-1955) y las reunidas en el dossier Claves para volver a pensar las culturas políticas en la Argentina (1900-1945) incluido en el Anuario del Instituto de Historia Argentina bajo la coordinación de Mariela Rubinzal (2016). Todos estos trabajos retoman –desde distintas perspectivas y en combinación con diversos aportes– el enfoque de Berstein y Sirinelli.

También nuestras investigaciones recuperan las definiciones por ellos propuestas, aunque rehuimos del carácter codificado asignado por Berstein, pues consideramos que este rasgo remite a una mirada cerrada y normativa de la cultura, entendida como una articulación sistemática y lógica, atribuible en bloque a colectivos sociales enteros. En nuestra propuesta preferimos eludir el término subculturas y utilizar el de culturas políticas, pues entendemos que hablar de subculturas implica reconocer –tal como lo plantea Berstein– la presencia de una cultura política nacional o general en tanto denominador común a las diferentes culturas políticas y, al menos hasta el momento, no contamos con elementos empíricos suficientes como para adscribir a tal afirmación. Utilizamos el plural porque reconocemos la existencia, en un momento dado de la historia, “de múltiples sistemas de representaciones coherentes, rivales entre sí, que impregnan la visión que los hombres tienen de la sociedad, del lugar que ocupan en ella, de los problemas de la transmisión del poder, etc. […] sistemas que motivan y explican sus comportamientos políticos” (Berstein, 2003, pp. 14-15 y 23). Esa pluralidad se manifiesta no solamente si comparamos los distintos partidos e instituciones como la Iglesia y el Ejército, sino también –y esto resulta fundamental– a su interior, es decir, en su seno conviven distintas culturas políticas en permanente diálogo, enfrentamiento y reconstrucción.

En consonancia con lo anterior, consideramos que las culturas políticas –entendidas como sistemas de representaciones coherentes que impregnan la visión que las y los ciudadanos tienen de lo político– presentes en los distintos espacios provinciales y territorianos de la Argentina influyeron tanto sobre los procesos de toma de decisiones gubernamentales como en el sostenimiento o no de un sistema político democrático. En ese sentido, suponemos que la estabilidad de un sistema político no depende únicamente de las instituciones, sino que también es necesario un consenso de valores y normas que respalden y legitimen la institucionalidad política. Entendemos que este conjunto de representaciones condiciona y se traduce en comportamientos frente a la política, los políticos y los procesos sociales tales como la participación o no en las instancias electorales, el nivel de compromiso con los mecanismos de participación ciudadana, la pertenencia o no a asociaciones en defensa de un interés o una creencia particular, la relación de los ciudadanos con los partidos políticos en términos de militancia activa, afiliación, simpatía o desencanto. También sostenemos que implican un posicionamiento respecto a la legitimidad de un determinado sistema político, así como en la credibilidad y confianza o no, en las instituciones que rigen la vida colectiva y en la percepción sobre la gestión de las instituciones públicas. En estrecha relación, se hallan las concepciones acerca de cuáles son las funciones que le competen al Estado, los derechos y garantías que debe respetar y defender y cuáles no. Finalmente, y derivado de todo lo anterior, hallamos una relación entre las distintas culturas políticas y las diferentes concepciones acerca de cuál es y cuál debería ser el fin último de la política y los valores que debe defender un sistema político.

En función de esto, estudiamos distintas culturas políticas presentes en la Argentina durante la primera mitad del siglo XX, entre la sanción de la ley Sáenz Peña y la caída del peronismo. Atendemos a los siguientes planos de análisis: el conjunto de representaciones políticas que caracterizaba a cada una, los enfrentamientos entre distintas culturas políticas en competencia, los comportamientos políticos a que dieron lugar y su influencia en los procesos de toma de decisiones gubernamentales. Para ello, recurrimos a un análisis de los discursos, entendiendo que constituyen el lugar privilegiado de existencia y transformación de las culturas (Quinn, 2005). Prestamos atención tanto al lugar –institucional y simbólico– de emisión como a la forma de los mensajes a través de los cuales se expresan las diversas representaciones en torno a lo político.^[4] Para acceder a ellas, partimos de la identificación de palabras clave en los discursos de los diversos actores políticos, las explicaciones y reflexiones por ellos proporcionadas acerca de lo que sucedía en el plano político y metáforas a través de las cuales se buscaba comprenderlo.^[5] Propendemos a analizar estos aspectos de manera tanto sincrónica como diacrónica, a los fines de simultáneamente dar cuenta de las representaciones compartidas en un momento dado, así como de las transformaciones y permanencias por ellas experimentadas a lo largo del tiempo.

Sobre esa base, Andrés Abraham analiza las representaciones en torno a la democracia y la soberanía popular sostenidas por las diversas culturas políticas en pugna en el escenario político de Mendoza durante los tres lustros que siguieron a la sanción de la ley Sáenz Peña, período de reconfiguración del sistema político y redefinición del rol del Estado y de los valores subyacentes a la acción política. Nicolás Daniel Motura aborda las representaciones acerca de la democracia construidas a través de las páginas de El Diario de Entre Ríos. A partir de ciertos momentos clave, da cuenta de cómo entre 1914 y 1946 la democracia fue homologada al radicalismo entrerriano, al tiempo que demuestra que estas representaciones no eran estáticas ni invariables, sino que estaban atravesadas por los avatares de la vida política provincial y nacional. Desirée del Valle Osella estudia las representaciones que encuadraron y legitimaron el accionar de los dirigentes del Partido Demócrata de Córdoba durante la década y media transcurrida entre 1928 y 1943. Esto le permite identificar y comprender las transformaciones en los discursos y prácticas en el marco de diversos contextos de producción. Rebeca Camaño Semprini aborda el proceso de construcción partidaria del peronismo en Córdoba entre 1946 y 1947 como el escenario de emergencia de una nueva cultura política, en el que no solo se disputaban cargos y recursos, sino fundamentalmente representaciones acerca de lo político. Finalmente, Mariana Funkner analiza los diarios de sesiones de la Convención Constituyente y la Cámara de Representantes de la provincia Eva Perón entre 1952 y 1955, instancias en que se sentaron las bases del ordenamiento jurídico y las leyes fundamentales tras la provincialización del territorio nacional de la Pampa. Presta especial atención al tono de las intervenciones, considerando que la totalidad de representantes pertenecían al peronismo.

Los resultados aquí expuestos nos permiten imaginar a las culturas políticas como un proceso y no un resultado, es decir, como algo en construcción y no acabado, permeable a modificaciones, aportes diversos y definiciones múltiples de las representaciones que la componen. Esto implica una arista siempre contingente, procesual e histórica en la construcción de las culturas políticas. Esperamos con estos aportes contribuir a la comprensión de la historia política argentina contemporánea desde las provincias, al tiempo que habilitar futuras instancias de abordajes en clave comparativa y de análisis de sus proyecciones en la vida política nacional.

Por último, cabe advertir que los capítulos reunidos en el presente libro recuperan parte de los resultados del PICT inicial “Culturas políticas provinciales y territorianas (Argentina, 1912-1955)”. Agradezco a las y los autores que se sumaron y a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que hizo posible tanto la publicación de este volumen como el desarrollo del proyecto.

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