1.1. Los debates de la transición

La salida de la dictadura en 1983 fue, sin lugar a dudas, un momento clave de la historia política nacional. La urgencia por encontrar una salida al terror generado por la violencia estatal, puso en el centro de la escena la preocupación acerca de cómo instituir un nuevo ordenamiento democrático sujeto a una institucionalidad pero que involucrara también a la sociedad civil. El debate político-intelectual resultó altamente comprometido en esas discusiones. ¿Cómo posicionarse frente a ese escenario de recuperación democrática? ¿Cómo procesar los años de dictadura, sus causas y consecuencias? ¿Qué interpretaciones arriesgar acerca de la situación política de los años previos a 1976? ¿En qué términos considerar la actitud de la sociedad civil? Y, por sobre otras cuestiones, ¿cómo garantizar condiciones para la recuperación de una institucionalidad compatible con una vida democrática? Indudablemente había mucho para pensar, decir, hacer y resolver.

Hoy, cuarenta años después, ese escenario aún suele ser rememorado interrogando en qué medida realmente pudo lograrse esa institucionalización de la democracia. Pero también revisando críticamente cuál fue el papel que jugaron esos posicionamientos intelectuales que en esa época se conocieron, y aún en estos días se conocen, como “los debates de la transición democrática”. En un artículo reciente, Alejandro Moreira (2015) señalaba que nociones como “transición democrática” o “pacto democrático” sintetizaron en los primeros años de postdictadura la propuesta política y cultural que tuvo como propósito explícito “construir nuevos sujetos sociales portadores de un discurso con potencialidad hegemónica que cerrara el ciclo de crisis que caracterizó a la Argentina a lo largo del siglo XX” (p. 3). Sin embargo, afirmaba inmediatamente que, en lugar de traer el reforzamiento de la sociedad civil, la transición se extendió en el tiempo hasta desembocar en los regímenes neoliberales de la década del noventa. De manera similar, Silvia Schwarzböck (2015) ha sostenido que la dictadura cívico-militar en Argentina no terminó con la salida del poder de la junta militar, sino que se perpetuó en la forma de una postdictadura que persiste hasta hoy en día. En sus palabras, la postdictadura “es lo que queda de la dictadura, desde 1984 hasta hoy, después de su victoria disfrazada de derrota” (p. 23). Desde este punto de vista, para la autora, la postdictadura se habría caracterizado por la consolidación de un estilo de vida de derechas, que se hizo especialmente evidente durante la presidencia de Menem en los años 90.^[1] Esto lleva a interrogarse, entonces, por aquello que falló para que el modelo de la transición no proporcionara, a pesar de las expectativas de académicos e intelectuales que participaron activamente en esos debates, medidas efectivas y sostenibles para erradicar la “servidumbre” a la que aludía Prividera en su película. Puede que un buen punto de partida sea asumir que las producciones del momento y las lecturas retrospectivas no pueden interpretarse como una unidad homogénea sino que, por el contrario, presentan una serie de matices, disputas y contradicciones.

Sobre el tema de la transición democrática en Argentina (y en otros países de América Latina) se ha escrito de manera abundante desde distintas trayectorias académicas e ideológico-políticas. Por un lado, se encuentran los estudios de un conjunto de pensadores latinoamericanos (Guillermo O’Donnell, Manuel Garretón, Marcelo Cavarozzi, Liliana de Riz, Arturo Valenzuela y Fernando Henrique Cardoso) que, a fines de la década del setenta y principios de los años ochenta, constituyeron un campo de discusiones orientado a dar respuesta a los complejos problemas planteados en varios países de la región en su recorrido desde los gobiernos autoritarios hacia la democracia. A estos trabajos hay que sumar, para el caso argentino, los aportes de un grupo de intelectuales reunidos en torno al Grupo de Discusión Socialista (que integraban, entre otros, José Aricó, Juan Carlos Portantiero y José Nun) y en el periódico Controversia (por ejemplo, Rubén Sergio Caletti, Sergio Bufano, Nicolás Casullo), quienes publicaron en esos mismos años –y también en los posteriores– una serie de artículos desde los cuales mantuvieron un intenso debate en torno a la noción de democracia, dando cuenta de un tránsito teórico en relación con las concepciones de la política y del cambio político que habían sostenido hasta entonces.

Por otro lado, desde tradiciones, lecturas y formaciones diferentes, se puede mencionar un gran número de investigadores que, en producciones más recientes, recuperan estos debates político-intelectuales ya sea como objeto de estudio o como fuente para el análisis de la evolución de la transición a la democracia en sus respectivos países (Martina Garategaray, Cecilia Lesgart, Josefina Elizalde, Laura Maccioni, Ricardo Martínez Mazzola, Alejandro Moreira, Tomás Moulian, Adriana Reano, Silvia Schwarzböck, Ricardo Sidicaro, entre muchos otros). En el marco de estas discusiones, a continuación se examinan algunos de los ejes sobre los que giraron las reflexiones suscitadas por esas discusiones, con el objetivo de identificar cuáles fueron las virtudes pero también cuáles las obturaciones o los impedimentos que –en contra de sus propósitos explícitos– tuvo el modelo de la transición a la luz de la historia argentina posterior.

Tal como fue planteado en diversos estudios, frente al impacto político causado por las dictaduras militares y el fracaso de las experiencias revolucionarias de las décadas del sesenta y setenta, se produjo una revalorización de la democracia política que empezó a ser pensada, antes y después de su inicio formal, como la mejor alternativa posible. Cecilia Lesgart (2011), por ejemplo, ha señalado cómo la democracia pasó a ser la preocupación teórica dominante en el campo politológico, transformándose “en un objetivo deseado por sí mismo” (p. 166). De igual forma hace referencia a un grupo de intelectuales de izquierda (tanto peronistas como marxistas) que, distanciándose y criticando tanto a las organizaciones guerrilleras como a la visión y praxis política leninista, encontraron en la democracia una manera de gestar lo que, en referencia a Koselleck (2012) va a nombrar como “otro horizonte de expectativas” (p. 153). En ese contexto, la idea de “transición” jugó un papel sustancial. Su uso más extendido permitía pensarla “como un trayecto pausado y pautado, paulatino y pactado, gradual, realizado a través de múltiples y no de una sola jugada como denotan las ideas de revolución o ‘toma del poder’” (p. 150). Utilizada como “metáfora espacio-temporal de movimiento” permitía retrasar la llegada del futuro allí donde la contingencia de los procesos no se ajustaba a los tiempos esperados.

En primer lugar cabe afirmar que si, por un lado, hubo intelectuales que se dedicaron exclusivamente a tareas académicas, por otro, hubo quienes colaboraron con políticos de distintas tendencias, tanto en la preparación de discursos como en el asesoramiento de ministros y funcionarios^[2] (Elizalde, 2009). Para algunos de ellos, esto significaba la posibilidad de realizar sucesivas intervenciones dentro de la sociedad encaminadas a la producción gradual de una democracia como “reforma moral e intelectual” (Lesgart, 2011: p. 159). Sin embargo, las transiciones en el plano teórico no condujeron por sí mismas a su realización práctica. Moreira (2015) lo ha expresado quizás de manera más categórica cuando afirmó que la transición “se ha vuelto eterna” (p. 613). Entre otros aspectos, esto se evidenció en el desencanto generado entre los politólogos ante las sucesivas llegadas que no se ajustaban al modelo de democracia imaginado para la región,^[3] lo que finalmente llevó a que no se la considerara “un arribo prístino, sino una característica en regímenes políticos ‘con enclaves autoritarios’, ‘débilmente institucionalizados’, ‘con fuertes zonas marrones’, ‘con déficit de accountability” (Lesgart, 2011: p. 167).

Lesgart ha vinculado este tipo de desajuste entre teoría y realidad con el hecho de que las teorizaciones que se gestaron no fueron la culminación de un proceso de madurez política, profesionalidad académica o solidez intelectual, sino el resultado de experiencias teóricas y políticas que no se cumplieron, a las que se evaluó como erróneas y que se vivieron desde la sensación del fracaso. De esta forma, la precisión conceptual, la claridad analítica y el rigor en el uso de los términos se vieron afectados tanto por las “experiencias personales (exilios, encarcelamientos) y autorreferenciales (el marxismo como programa teórico, la ‘derrota’ del proyecto)” (2000: p. 36), como por las expectativas que se construyeron en oposición a esos “futuros pasados que no pudieron cumplirse” (2011: p. 168).

El desarrollo de la categoría de democracia, por ejemplo, estuvo signada tanto por las esperanzas generadas ante el pasado autoritario como por el cambio de posición intelectual que implicó la recuperación de componentes propios del liberalismo político y otros aditamentos de corte socialdemócrata, encarnados en el gobierno del presidente Alfonsín. Esto sucedió con los politólogos quienes, según Lesgart, buscaban establecer procedimientos para la restitución de garantías que evitaran el ejercicio arbitrario del poder por parte de los autoritarismos. Entendida casi exclusivamente como un régimen político –es decir, como un conjunto de reglas plurales e igualitarias– la democracia perdió así “gran parte del componente expresivo que la vincula con la naturaleza de las relaciones sociales, con un estilo de vida, una ética secular, un tipo de cultura cívica” (2011: p. 159). Pero también fue el caso de cierta izquierda intelectual, que empleó el término democracia con una máxima capacidad expresiva, sin evitar su estiramiento ni preocuparse en acotar su utilidad analítica; de modo que la incorporación de componentes igualitarios quedó subsumida a los procedimientos, valorizando sus contenidos representativos como aquellos capaces de limitar los riesgos de un retroceso autoritario. De esta forma, se acercó a otras corrientes teóricas no necesariamente de izquierda que veían a la democracia como “un conjunto de reglas para la constitución del gobierno y la formación de las decisiones colectivas” (2011: p. 159).^[4]

En este punto es importante hacer notar un matiz que Ariana Reano (2012) ha agregado a la interpretación anterior, a partir del análisis que realizó de la construcción de sentido de la democracia durante la transición. Si bien coincidió con Lesgart en que la democracia como régimen político “fue reivindicada no sólo por los intelectuales sino también por múltiples sectores de la sociedad” (p. 500), su trabajo pretendía mostrar que el significado del término se fue configurando en el debate político-intelectual de la época, en torno a una tensión entre la dimensión formal, ligada a la idea de orden, y la sustantiva, asociada a la acción y la transformación.

Esta tensión se expresó particularmente en la corriente de izquierda que buscaba renovarse luego de la derrota de las experiencias revolucionarias de los años sesenta y setenta. Frente a la necesidad de revisar la relación entre socialismo y democracia, se intentó superar la vieja oposición entre “democracia formal” y “democracia real” con el objetivo de que el orden institucional y la tarea de transformación no aparecieran como desafíos contrapuestos. Para ello, autores como de Ípola y Portantiero (1984), particularmente, recurrieron a la distinción establecida por el filósofo estadounidense John Searle entre reglas “constitutivas” y “normativas”. Mientras que las primeras “prescriben la manera correcta, adecuada, en que debe llevarse a cabo una determinada acción que, desde el punto de vista lógico, preexiste a dichas normas y, por tanto, no es definida por ellas”, las segundas “’fundan (y también rigen) una actividad cuya existencia depende lógicamente de esas reglas’… ‘Ellas crean o definen nuevas formas de comportamiento” (p. 15). Con la ayuda de estos conceptos, ha dicho Reano, se procuraba “lograr la articulación entre una dimensión democrática que reivindicara el lugar de las reglas, los procedimientos y las instituciones, y al mismo tiempo el rol activo de los sujetos en la construcción del orden democrático a través de su participación” (p. 506).

Como aclaró Reano, esta tarea de revisión no sólo formó parte de un debate teórico sino que fue concebida como una tarea política en sí misma que dirigió el esfuerzo a redefinir el significado del orden y el conflicto. Laura Maccioni (2015) señalaba al respecto que una de las operaciones críticas más profundas que estos intelectuales llevaron a cabo en los primeros años del retorno a la democracia consistió en cuestionar la tendencia de la tradición política de izquierda a valorar como necesariamente positiva toda manifestación de conflicto, y en la simultánea revalorización del orden como consenso, que debía incluir la posibilidad legítima del disenso. Para Portantiero y de Ípola (1984), por ejemplo, la política solamente cobraría sentido en la medida en que las relaciones entre los actores no operasen “conforme a un consenso total o una guerra total” (p. 19). De acuerdo con esta premisa, la forma de orden político deseable sería “aquella que resulta del ejercicio de un juego de intereses y demandas entre actores, con la condición indispensable de que se reconozca la distinción y distancia entre reglas constitutivas y reglas normativas” (Maccioni, 2015: p. 105). El ejercicio de la política según este enfoque fue pensado a partir de la idea de un “pacto democrático”^[5] entre diferentes actores, que se verían limitados a imponer sus intereses de manera unilateral pero mantendrían, a pesar de ello, una fuerte capacidad de veto sobre las posiciones de sus eventuales oponentes. Por esta vía, sería posible llegar a acuerdos racionales sobre la base de un diálogo pacífico, lo que sólo podría lograrse si las partes se comprometían a respetar las reglas del juego democrático.

Autores como Maccioni entienden que el trabajo de estos intelectuales propició una valoración positiva de las prácticas tendientes a la construcción del consenso, contribuyendo a afirmar una idea de orden, que históricamente había sido negado de manera sistemática por la izquierda. De modo que esto hizo posible que “cuestiones antes definidas como específicamente políticas fueran abordadas desde una mirada propia del analista de la cultura, y que cuestiones antes entendidas como correspondientes a la dimensión ‘superestructural’ de lo simbólico pudieran ser leídas como praxis, como formas de actuar en el mundo” (p. 100). En esta línea pueden ser leídas las afirmaciones de Portantiero y de Ípola (1984) cuando subrayaban en los inicios de la democracia la importancia de esta perspectiva frente a la visión autoritaria de la relación entre orden y conflicto:

La única metáfora fundadora de un orden político democrático a la altura de la diversidad de los proyectos que en su estallido constituyen la crisis, es la clásica: la del pacto. En esta dirección la democracia se coloca, rigurosamente, como una utopía. Pero no como una utopía de sociedad perfecta, transparente, sino como una utopía de conflictos, de tensiones y de reglas para procesarlos. En eso consiste el orden democrático, como esfera autónoma, irreductible a la esfera económico-social, aunque puede predicarse una mayor afinidad entre ciertos órdenes económico-sociales y la democracia. Pero la relación no es necesaria sino contingente. (Portantiero y de Ípola, 1984: p. 15).

En este punto, es acertada la interpretación de Maccioni respecto de que el debate de los ochenta privilegió un aspecto clave: la respuesta a la pregunta “qué es político” dejó de referirse únicamente a la dimensión de las instituciones políticas, sus portavoces y discursos técnicos, para reparar en el mundo de la vida cotidiana, concebido como sede de la estabilidad democrática (p. 107). Sin embargo, resulta importante considerar la perspectiva crítica de Moreira (2015), quien ha sostenido que este modelo descansa sobre la falacia de pretender que se parte de un equilibrio entre los participantes, cuando lo que en realidad sucede es que el escenario inicial se configura a partir de la desigualdad: “algunos son más fuertes que otros, algunos ni siquiera ingresan al diálogo, otros no tiene capacidad alguna de veto” (p. 613). De igual manera, José Nun (1998) se preguntaba unos años atrás por las condiciones para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos políticos cuando, por ejemplo, trabaja catorce horas por día, o está desocupado y sin ningún anclaje social. El capitalismo, decía, “es por definición un sistema fuertemente generador de desigualdades” (p. 153); es imposible negar el condicionamiento que produce el orden económico sobre la democracia política. Para Moreira (2015), la clave del consenso radica, sin embargo, en que los actores involucrados acepten y naturalicen esas desigualdades. El orden se obtiene bajo la más absoluta libertad de expresión y el respeto a la diversidad de posiciones, posiciones que pueden hacer de todo menos cuestionar el ordenamiento de las cosas. En consecuencia, “la política entendida como conflicto queda por definición excluida, o en todo caso, se la tramita como caso a resolver bajo el imperio de la ley” (p. 614).

Esta exclusión se evidencia, por ejemplo, en el itinerario que en la década del ochenta tuvo la discusión sobre qué estaba primero, si las reglas que crean y definen formas de comportamiento respetuosas de las instituciones democráticas, o la acción que resignifica esas reglas, haciendo posible la transformación democrática. Según Reano, esa discusión no se zanjó, sino que permitió nuevos debates a lo largo del ciclo de la transición democrática y a través de ella se puso de manifiesto la tensión constitutiva de la democracia. Sin embargo, como la misma autora ha reconocido, ante el caos y el temor provocados por un posible retorno del pasado violento y autoritario, finalmente fue ganando terreno la idea de que era necesario garantizar primero la estabilidad institucional y luego crear las condiciones para una democracia sustantiva. El pedido de paciencia que el economista alemán Albert Hirschman (1986) hiciera a la ciudadanía latinoamericana desde las páginas de la revista La Ciudad Futura, debe interpretarse desde ese marco, opuesto a lo que el mismo autor podría haber denominado “una actitud no paciente”, típica tanto de movimientos revolucionarios como de regímenes autoritarios:

En un régimen autoritario, la certeza acerca de la futura acción política no es completa, pero hay muchas más seguridades acerca del tipo de políticas y direcciones que nunca se habrán de seguir. Así, aceptar la incertidumbre acerca de si el propio programa va a ser llevado a la práctica es una virtud democrática esencial. ¿En qué circunstancias puede hacerse presente y real esta virtud democrática, “este amor a la incertidumbre”? Una condición mínima es que la ciudadanía adquiera cierta dosis de paciencia. Con esta condición la sociedad puede vivir una experiencia democrática mientras permanece dividida en dos o más campos antagónicos, sin que nadie cambie de parecer. (Hirschman, 1986: p. 23).

Por cierto, como indicó Lesgart a propósito de los términos “autoritario” o “autoritarismo”, estos fueron usados de manera generalizadora en los años ochenta, designando al mismo tiempo a los regímenes militares, la violación sistemática de los derechos humanos y el clima de terror impuesto desde el Estado, como a determinados rasgos de la cultura política, el comportamiento de algunos actores y tipos de arreglos institucionales. También se los empleó para aludir a los populismos, caudillismos, corporativismos latinoamericanos y diferentes prácticas partidarias o intelectuales de la izquierda. Este uso omnicomprensivo del término resulta notorio, por ejemplo, en la explicación que se elaboró sobre el pasado de violencia como resultado de dos fuerzas enfrentadas. Por otra parte, uno de los supuestos fundamentales del pensamiento de los ochenta afirmaba que el intento de forzar la historia y construir el socialismo fue lo que llevó “al totalitarismo de izquierda por decantación (las guerrillas mesiánicas y una cultura política insurgente signada por el paradigma de la guerra), o bien al totalitarismo de derecha por reacción (el golpe militar, la dictadura, la represión)” (Moreira: 2015, p. 613). Esta preocupación también está presente en el trabajo de Marina Franco (2014) quien ha señalado que ese esquema binario basado en la equiparación de responsabilidades, “fue el tópico fundamental y más visible en los primeros años de la postdictadura para explicar la violencia del pasado” (p. 26), contribuyendo en buena medida a la cristalización de lo que más tarde se llamaría la “teoría de los dos demonios”. Sin embargo, el postulado básico de dos fuerzas opuestas y la responsabilidad original de la subversión “no fue una construcción postdictatorial, sino que fue la reemergencia, reactualizada y resemantizada, de un tópico instalado en el lenguaje político de los años setenta previos a la dictadura” (p. 26). Lo que sí constituyó una novedad, en cambio, fue el surgimiento de un discurso alternativo que, de la mano de las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones de víctimas y un pequeño sector de la izquierda y el peronismo cercano a ellas, denunciaba –no sin otras omisiones y silencios– al terrorismo de Estado “como algo cualitativamente diferente que superaba aquel esquema dicotómico y equiparador tan resistente en la escena pública” (p. 45).

En este sentido, a pesar de la consideración que ha hecho del uso amplio y expresivo de términos como autoritarismo, democracia o transición, de sus significados heterogéneos y analíticamente ambiguos y de su empleo como adjetivos para describir y evaluar, Lesgart no desestimó completamente su eficacia. Sostuvo que como conceptos e ideas, traspasaron el ámbito académico e intelectual, promoviendo identidades y agrupamientos novedosos (autoritarios/demócratas, revolucionarios/demócratas, entre otros), lo que resultó “políticamente oportuno para crear rápida, clara y pedagógicamente una nueva imagen del mundo” (p. 168).

Es motivo de debate la magnitud y celeridad de este proceso. Algunos autores, como Vicente Palermo y Marcos Novaro (2003) por ejemplo, señalaron que luego de la derrota de la Guerra de Malvinas, la invocación de la subversión derivó en el repudio de la represión ilegal y el terrorismo de Estado, y que desde entonces “la condena moral de la represión se extendió como un macizo sentimiento que excedía toda consideración política e ideológica, abarcando a una amplísima mayoría” (p. 486). Añaden que en el momento de la transición, lo que antes se había llamado “guerra sucia” pasó a denominarse “represión” y “terrorismo de estado” y los “subversivos” de antes se convirtieron en “militantes”, “jóvenes idealistas”, “víctimas” y “víctimas inocentes”. Franco (2014), sin embargo, identificó en estas afirmaciones –por lo demás, ampliamente sostenidas en ese período– “un cierto desfasaje temporal y una fuerte generalización” (p. 44). Si bien ha coincidido en que el movimiento de derechos humanos avanzó en la construcción de esas nuevas representaciones, consideraba que su proceso de difusión y aceptación se extendió y demoró en el tiempo, continuando incluso hasta la actualidad.^[6] Efectivamente, en los últimos tiempos de la dictadura y en la primera etapa del nuevo gobierno existió la condena de la represión, “pero fue relativa y variable según los enunciadores, en tanto en general se vinculaba a sus métodos o excesos, no a su naturaleza ilegal, sistemática, ni mucho menos llegaba a poner en cuestión cabalmente la potestad represiva del Estado” (Franco, 2014: p. 44).

Con relación a esto, en su estudio de las etapas de la transición Ricardo Sidicaro (2013) reconocía la emergencia de una ideología antimilitarista que surgió en la población luego de la Guerra de Malvinas constituyendo, a su parecer, el cambio más significativo de la cultura política precedente y cuyos efectos favorecieron la continuidad democrática. Las crisis militares de Semana Santa (1987), Monte Caseros (1988) y Villa Martelli (1988), por ejemplo, provocaron en las calles protestas sociales espontáneas y masivas en contra de los levantamientos castrenses. Sin embargo, observaba, por otro lado, la “persistencia” o “supervivencia”, tanto en los agentes centrales de las luchas políticas como en la ciudadanía en general, de disposiciones sedimentadas durante los cincuenta años anteriores. Empleaba esos conceptos –que tomó del historiador estadounidense de origen europeo Arno Mayer– para dar cuenta, en el caso de la transición argentina, del lento proceso de disolución de las huellas dejadas por las dominaciones precedentes, cuyos efectos obstaculizaron el desarrollo de una cultura política más democrática. En particular, señalaba la aceptación que tuvieron las sucesivas intervenciones de las Fuerzas Armadas en la vida política del país. Aceptación que no se basó simplemente en el empleo de la violencia física, sino que fue parte de lo que denominó –siguiendo al sociólogo norteamericano Irving Horowitz– la norma de la ilegitimidad. Este concepto refiere

al componente de la cultura política latinoamericana que concebía al Estado básicamente como una agencia de poder y a las creencias que suponían que la legitimidad de los gobernantes surgía de los resultados de sus políticas económicas o sociales, relativizando los medios ilegítimos en términos legales para alcanzar los cargos públicos así como las acciones u omisiones de las autoridades violatorias de las normas constitucionales. (Sidicaro, 2013: p. 23)

Sidicaro adoptaba la idea de persistencia, entonces, para remitir a las asincronías de los cambios que al mismo tiempo condujeron a una apreciación de la democracia sin que se produjera el retroceso de la vigencia de la norma de la ilegitimidad. Se podría interpretar en estos términos el hecho de que la aceptación con que la represión fue recibida por amplios sectores sociales antes y durante la dictadura no se modificó a la salida del proceso dictatorial, ni en los primeros tiempos de la gestión radical, sino que, como ha expresado Franco, fue motivo de disputa hasta lograr ser desplazada “por el lenguaje de los derechos humanos que se afirmó en torno a la acción del movimiento humanitario y, probablemente, por el impacto del Nunca Más y el Juicio a las Juntas Militares realizado en 1985” (p. 49). Sin embargo, pese a que resulta relevante la incorporación que hace Sidicaro de elementos históricos que obligan a pensar el retorno a la democracia en un sentido no meramente coyuntural, no hay que perder de vista las connotaciones de algunas de sus caracterizaciones. Por un lado, la noción misma de norma de la ilegitimidad es problemática en tanto, en un sentido similar al que impregna a la teoría de la transición en su conjunto, niega la condición agonal de la política privilegiando los componentes procedimentalistas de la democracia. Esto se vislumbra también en las apreciaciones laudatorias que el autor hace de las democracias occidentales –distantes de los vicios de la cultura política latinoamericana. Por último, si bien su periodización de la república militar entre los años 1930-1983 propone una problematización de la aceptación de los golpes militares de esa etapa, acaba obliterando las experiencias acaecidas a partir de mediados del siglo XX, fundamentales en la historia democrática local.

Sobre estas cuestiones ha hecho foco una lectura retrospectiva crítica de Nicolás Casullo (2007) en la que trabajó precisamente la relación entre historia y memoria dando cuenta de las políticas de la memoria desde la transición hasta la primera década del siglo XXI, momento de publicación del libro. Proponiendo un debate en torno de las argumentaciones que intentaron una interpretación sobre estos procesos, por sobre otras cuestiones, le interesaba poner en debate la idea de una revolución fracasada que obturó las posibilidades de la política en la escena actual. Un trauma que, según entendía, no pudo ser procesado ni por el campo intelectual ni por la sociedad y que en buena medida marcó el rumbo de las políticas de la memoria. Observaba en los primeros años de democracia que el fuerte despliegue de “información periodística, el testimonio de sobrevivientes y familiares, la judicialización de la historia vía tribunales y la condena a los máximos mandos de las Fuerzas Armadas” (p. 237), permitió configurar la interpretación más difundida en la sociedad de lo vivido durante la dictadura cívico-militar. Del mismo modo contribuyeron, a mediados de los noventa, los “emprendimientos biográficos, autobiográficos, documentarios y periodísticos, que hicieron presente una narrativa politizadora sobre lo acontecido” (p. 237). Y en los años recientes, las “propuestas documentales y ficcionales de relatos generacionales y de hijos de desaparecidos que abrió a su vez la discusión sobre la historia crítica de las narraciones de la memoria de los setenta” (p. 238). Pero a pesar de esa sucesión de diversas formas narrativas de visibilizar, denunciar y juzgar la represión en la Argentina, puso el foco en ciertas “omisiones y silencios”, posiblemente las mismas a las que se refería Franco en su artículo, haciendo notar una “ausencia manifiesta”: la de un discurso crítico y reflexivo sobre el fracaso de las experiencias revolucionarias de los años sesenta y setenta, que “quedó derogado y diferido entre los pliegues de diferentes operatorias discursivas” (p. 239).

Como ha sostenido Casullo, esta carencia remite, por un lado, a una imposibilidad política e intelectual de nombrar de forma clara y en relación directa con lo que los propios protagonistas pensaron y actuaron, gran parte de ese pasado violento. Hubo dos circunstancias durante el proceso de transición democrática que influyeron en esto. En primer lugar, el hecho de que a pesar de la solidez de la lucha por la memoria, no se logró romper sustancialmente el discurso deshistorizante y despolitizador que la dictadura había construido en torno a la violencia de los años de lucha social y política. La democracia política “asumió la mayor parte del vaciamiento biográfico del pasado con que los dispositivos discursivos militares habían impregnado a la sociedad” (p. 261). Por ejemplo, Emilio Crenzel (2008) ha mostrado en base al análisis del prólogo del Nunca Más, cómo ese texto fundante del relato postdictadura no historizó “el pasado de violencia política y el horror que atravesó el país” y omitió, también, “las responsabilidades del Estado, las fuerzas armadas y la sociedad política y civil en las desapariciones previas al golpe” (p. 131).^[7] La segunda circunstancia refiere al significado que adquirió entre 1980 y 1990 el final político y cultural de la revolución en tanto expresión siempre conflictiva de proyectos políticos radicales. Conjuntamente con el posterior derrumbe del “socialismo real” y la crisis del marxismo, la clausura de la cuestión revolucionaria “operó como deserción narrativa profunda de las izquierdas para el estudio de sus tradicionales objetos históricos, victoriosos o derrotados” (Casullo, 2007: p. 163). Esta deserción, agregaba, contribuyó al vaciamiento del pasado “transponiéndolo a un absurdo presente de idioma político liberal” (Casullo, 2007: p. 264).^[8]

Pero por otro lado, la ausencia de una enunciación sobre lo ocurrido remite además a “una honda y extraña indisposición de la sociedad con sus años setenta”. Indisposición que no se explica únicamente por la violencia política y militar sino más bien por un “curioso (y poco tratado) rechazo traumático de la sociedad con respecto a sus propias participaciones latentes o manifiestas” (p. 239). Como si el clima de liberación y cambio que impregnó a la población mayoritaria, decía Casullo, fuera solamente un mal sueño para una sociedad esencialmente conservadora; o como si las huellas de la aprobación que tuvo la política represiva estuviesen siempre a punto de ser descubiertas.

Ciertamente, la interrogación por los problemas de la subjetividad durante los primeros tiempos de la democracia resulta un terreno escasamente visitado. Aunque en una clave política distanciada de una mirada agonal, uno de los primeros trabajos que avanzó sobre la cuestión es el de Daniel Lutzky (1988). Según este autor, la dificultad de la sociedad argentina para pensar en su propia historia proviene tanto del sufrimiento causado por la destrucción externa como por la caída de los ideales colectivos y el vaciamiento de los proyectos en los que se habían depositado las esperanzas. Lejos de referir al fracaso de las experiencias revolucionarias en las que se centró Casullo, Lutzky se detuvo en algunos hechos que consideraba significativos: el regreso del peronismo al poder en 1973 y su derrocamiento tres años después; la ilusión de las clases medias con la idea de “orden” de Martínez de Hoz, la época de la “plata dulce” originada en el boom financiero, la euforia del Mundial ‘78 y el colapso económico a partir de 1981; la recuperación de las Islas Malvinas en abril de 1982, el estallido nacionalista en todo el país y la aplastante derrota dos meses después. Otros cambios, tanto o más profundos a su parecer, producidos en el ámbito de la vida privada (la destrucción de fuentes de trabajo, la caída de los ingresos, la ruptura de las relaciones sociales, la pérdida del sentido tanto a nivel individual como colectivo, entre otros), habrían confluido con los factores antes mencionados para “forjar un sujeto golpeado, temeroso y disminuido en sus capacidades de acción” (p. 74). Para Lutzky, todos estos antecedentes explicarían el tipo de identificación que se produjo con la propuesta democrática. Señalaba que en las indagaciones sobre el primer momento de la postdictadura se observaba con claridad lo que fue el proceso por el cual se depositó implícitamente en ese cambio la solución de las angustias cotidianas, de los problemas económicos, de protección y de sentido. Sin embargo, evaluaba que con el paso del tiempo, la percepción de esos problemas se fue transformando. La sensación inicial de que la llegada de la democracia resolvería rápidamente todos los problemas y angustias personales cedió ante la posterior comprobación de que eso finalmente no sucedería: la economía se controló con el posteriormente fallido Plan Austral, pero los ingresos de las personas no volvieron a los niveles previos a la crisis; los secuestros y la impunidad desaparecieron, mientras que la existencia de la democracia con sus límites para el “control” produjo inseguridad; se recuperó la ética en las relaciones con el poder, pero no se superó la crisis de sentido y de creencias que produjo la etapa anterior (p. 76).^[9]

De esta manera, Lutzky concluía que el “lugar” en el que los argentinos quedaron después del proceso vivido durante esos años no fue el mejor para que se pudieran identificar con el rol de ciudadanos activos. La depresión, producto de la destrucción de ideales, la desvalorización de sí mismos y la culpabilidad, trajo como consecuencias

una baja energía transformadora del contexto social o de la vida cotidiana, una visión relativamente primitiva en la mirada que los argentinos tienen sobre la sociedad y sus problemas, una desideologización general de lo político y un crecimiento de la actitudes individualistas (sin portar un juicio de valor sobre las mismas). (Lutzky, 1988: p. 77).

Sin duda, la lectura de Lutzky está alejada de la propuesta teórico-política que vertebra la presente investigación en tanto se encuentra atravesada por la preocupación por transformar una cultura política autoritaria en los términos en que lo propone la teoría de la transición. No obstante, despierta interés dada la temprana contribución que hace el autor para desestigmatizar el papel de los afectos en la política y reflexionar sobre su importancia en un contexto en el que prevalecían las formas de pensar la política exclusivamente en el campo de la racionalidad, perspectivas que promovían la búsqueda de consensos racionalmente establecidos y que coincidían en ubicar a los afectos como aquello de lo que la política debe distanciarse, postulando la equivalencia entre afectividad e irracionalidad.

1.2. De la promesa de participación a la obliteración de la política

Llegado este punto, es posible identificar con mayor claridad las limitaciones y los obstáculos que tuvo el modelo de la transición para promover, de acuerdo con sus objetivos, la constitución de una ciudadanía más activa, crítica y participativa. La recuperación de la democracia como proyecto de “reforma moral e intelectual” estuvo orientada a crear las condiciones para la transformación de la cultura, las relaciones intersubjetivas y los hábitos políticos de la sociedad. Sin embargo, como ha mostrado Franco, el consenso social a favor de la represión ejercida por el Estado durante la dictadura aún estaba vigente como horizonte de sentido válido no sólo por la clase política sino también por la sociedad en general en diciembre de 1986 cuando el por entonces presidente Raúl Alfonsín señaló que el proyecto de Ley de Punto Final, a punto de ser enviado al Congreso Nacional, implicaba “suspender la persecución penal para los hechos en que se sobrepasaron los límites de los actos de servicio en la lucha contra el terrorismo, pero no para actividades totalmente ajenas a ella como la supresión de la identidad de menores” (Tiempo Argentino, 6/12/86, citado por Franco, 2014: p. 49).

En el marco del debate político-intelectual de los ochenta, la adjudicación de la permanencia de concepciones tendientes a relativizar el valor del orden normativo, tal como lo propusieron Portantiero, de Ípola o Sidicaro, llevó a priorizar el aspecto procedimental de la democracia sobre el aspecto sustantivo. Ante el temor a un retroceso autoritario y las evaluaciones que indicaban que sólo un proceso de estabilización institucional podría luego permitir la demanda por la profundización igualitaria de la democracia, la política se concibió como la construcción de un orden (diferente al económico y social) sobre la base de acuerdos preestablecidos y la búsqueda de consensos que incluían la posibilidad del disenso razonable. De esta manera, se procuraba eliminar o limitar la dimensión conflictiva de la política ya que, se pensaba, conducía inevitablemente a la ruptura del pacto democrático y, por lo tanto, a la anomia o al totalitarismo. Esta posición parecía tanto más convincente cuanto que se basaba, en buena parte, en experiencias personales y autorreferenciales, cuya revisión impulsó el tránsito que condujo desde la revolución, con su primacía del conflicto social, a la democracia política, con su enfoque en los valores del liberalismo político y las instituciones como garantes de los derechos sociales. En relación con esto, sin embargo, son acertadas las críticas que formuló Moreira (2015) al plantear que por ese camino se olvidaba que entre la formulación de un derecho y su aplicación efectiva existe una gran distancia que no se puede superar “con apelaciones a la buena voluntad de individuos o grupos” (p. 614). Agregaba también que para hablar de ciudadanía “se requiere ante todo individuos que tengan la posibilidad, el poder y la decisión de poner en acto los derechos de los ciudadanos –y eso es precisamente lo que de facto no ocurría” (p. 614). Según el autor, para salvar tal distancia y hacer efectivos esos derechos, se necesitaría una política que golpeara los cimientos del orden actual, pero esa política fue precisamente la que se vio inhibida por las mismas premisas sobre las que se sustentó el consenso democrático.

En lugar de hablar de la pervivencia de disposiciones –propias de una cultura política autoritaria latinoamericana– conviene reparar, como propuso Casullo en la serie de indisposiciones delineadas por la teoría de la transición. En primer lugar, la negativa o imposibilidad que detectaba Casullo en los mismos intelectuales y académicos para generar narrativas que permitieran restituir la figura de la revolución frustrada como memoria del pasado a debatir. Puede decirse con Lesgart que, junto con el rechazo del autoritarismo, este corte con el pasado articulado alrededor de la idea de revolución se anudó a la búsqueda de nuevos vocabularios y experiencias para nombrar el futuro, lo que condujo a la unificación en el término “democracia” de la totalidad de significados a los cuales se pretendía arribar. Pero además, el autor entiende que el debilitamiento de sustento narrativo de la experiencia revolucionaria de los años setenta contribuyó a mantener la continuidad del relato que la dictadura había delineado en términos de releer la violencia política desde una perspectiva deshistorizante y despolitizadora (Casullo, 2013: p. 261). La interpretación maniquea de los dos tipos de violencia, por ejemplo, con fuertes bases experienciales y enraizada en un sistema de percepciones instaladas antes de la dictadura, permaneció casi incuestionada mucho tiempo después de que se comenzara a conocer el alcance y la naturaleza del terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, la “deserción narrativa” de la izquierda intelectual contribuyó a reforzar las lecturas de ajenidad e inocencia de la sociedad, aspecto que en los primeros tiempos de la democracia estaba menos presente. Como indicó Crenzel, la omisión en el informe Nunca Más de las responsabilidades políticas y morales de amplios sectores de la población antes y después del golpe, revela en alguna medida las dificultades de la sociedad para aceptar sus propios compromisos y formas de participación directa o indirecta.^[10]

El trauma de la sociedad con “sus deserciones, silencios y olvidos” (Casullo, 2013: p. 266) da cuenta, en segundo lugar, de la profunda indisposición con el recuerdo que dejó el descalabro del proyecto revolucionario de finales de los sesenta y setenta. Indisposición que tiene que ver no sólo con las secuelas del terror de Estado, sino también con el proceso de destrucción de creencias e ideales, de las relaciones sociales y de la capacidad de acción, que derivó en la dificultad de gran parte de la sociedad para pensar su propia historia, y produjo a la vez una profunda mutación de los marcos dentro de los cuales se configuraron las formas de percibir, actuar y pensar en los años previos y posteriores a la recuperación de la democracia.

Prividera, por ejemplo, ha reconstruido esa transformación –esencialmente afectiva– a partir de las viejas películas familiares que dibujaban el itinerario de la enfermedad del padre: “Algo de él se terminó de quebrar en el `76. Desde entonces vivió en piloto automático. Se fue recluyendo lentamente como si buscara la intrascendencia. Por empezar, se recluyó en aquella zona de la que antes había querido escapar: la familia, la vida privada, el discreto desencanto de la burguesía”. ¿Por qué no hay política en esas películas caseras?, se preguntaba en otro tramo del film. Y respondía: “Un psiquiatra como él diría que no pudo salir de la melancolía y hacer el duelo”.^[11] Sin embargo, Prividera se apresuró a reconsiderar la respuesta: “Quizás la verdad sea la contraria: acaso no logró transformar ese duelo imposible en una melancólica resistencia”. Siguiendo a Enzo Traverso (2019), la melancolía sería en este caso “el rechazo obstinado de cualquier compromiso con la dominación” (p. 70). Si se abandona el modelo freudiano y se “despatologiza” la melancolía, como propone el historiador e intelectual italiano, se la podría ver como un proceso habilitante. Tal posibilidad reside “en la fusión del sufrimiento de una experiencia catastrófica (derrota, represión, humillación, persecución, exilio) y la persistencia de una utopía vivida como un horizonte de expectativa y una perspectiva histórica” (p. 76). Luego de las experiencias políticas fracasadas y rechazadas (la revolución y el socialismo real), ¿por qué la democracia representativa no pudo ocupar ese lugar?, ¿por qué no logró generar el rechazo a cualquier compromiso con la dominación en la sociedad?

En parte, que los efectos traumáticos del proceso de destrucción (la historia negada y su manifestación en forma de angustia, culpa, depresión, baja autoestima, aislamiento, etc.) no hayan desaparecido durante los primeros años de la democracia se debe, como ya se dijo, a la imposibilidad política e intelectual para convertir ese “agujero negro” en un acontecimiento historizado. Lo que contribuyó, a su vez, a mantener la continuidad de la línea argumental trazada por la dictadura respecto a la violencia de finales de los sesenta y setenta. Pero además, la democracia no logró fortalecer la articulación entre el espacio público y la política restablecida en el primer momento de la transición, durante la llamada “primavera democrática”, que expresó el rechazo a la recién finalizada dictadura militar y la identificación con una nueva actitud política. Que la democracia no haya podido constituirse como nuevo horizonte de expectativas da cuenta, entonces, no de la imposibilidad para transformar una cultura política autoritaria en una cultura política democrática, sino de los límites o dificultades del modelo propuesto como arribo deseado desde de los gobiernos autoritarios para profundizar en la dimensión participativa y en los aspectos igualitarios y sustantivos. Pero también de los “olvidos” sufridos en el camino teórico que condujo desde la idea de revolución a la de transición y desde la de autoritarismo a la de democracia. No sólo se le restó importancia reflexiva al ascenso de las nuevas versiones teóricas y políticas neoconservadoras (Lesgart, 2011: p. 156), sino que la esperanza en la racionalidad política y la búsqueda de consensos hizo que se perdieran de vista la relevancia política de los afectos y las emociones en el nuevo escenario democrático. En tanto que las pasiones e identidades fuertes, consideradas resabios de una época signada por la violencia y el autoritarismo, fueron atribuidas a una cultura política autoritaria, no democrática e intolerante, la recuperación de la noción de “pacto” como regulador de esas “pasiones políticas” permitió generar expectativas sobre la construcción de un orden político estable como resultado de acciones estratégicas llevadas a cabo por una sociedad civil plural y organizada, consciente y vigilante de sus derechos y atribuciones. En tal contexto, el optimismo de esos intelectuales se transformó rápidamente en decepción con la llegada al poder del nuevo presidente. Inicialmente asumieron que el triunfo de Carlos Menem en las elecciones de 1989 y el regreso del peronismo al poder implicaría el resurgimiento de todo aquello que se quería dejar atrás –lamentando, como dice críticamente Moreira (2015), que finalmente ocurriera lo que no tenía que ocurrir: que el pasado volviese, “pero con su peor rostro” (p. 15). No obstante, el giro radical que llevaría adelante Menem generó ciertas zozobras en los posicionamientos. Muchos de los postulados que venían sosteniendo estos intelectuales (la defensa de la modernización, la oposición a una cultura latinoamericana, el rechazo de una posición política agonal, etc.) acabarían teniendo menos distancias con el neoliberalismo menemista que las que estaban dispuestos a aceptar.