Disputas e intereses en juego en la definición del modelo de gestión de RSU

El origen de las primeras organizaciones de recuperadores urbanos en la Ciudad de Buenos Aires se remonta a la década del ´90, cuando los primeros recolectores y acopiadores decidieron organizarse como medio para mejorar su capacidad de venta y de ahí, sus ingresos. Del surgimiento de las primeras cooperativas al momento de escritura de estas páginas ha pasado más de una década, en la cual los avances en materia de acceso a recursos y organización de estas experiencias han sido significativos. Así, por ejemplo, se ha pasado de un sistema de gestión de residuos que, lejos de reconocer a los cartoneros como trabajadores, consideraba su actividad como ilegal; del ejercicio de la actividad en condiciones de suma informalidad a un proceso en el cual los recolectores -a través de la organización en cooperativas- han comenzado a acceder a una serie de derechos y recursos que mejoran su calidad de vida y de trabajo. Asimismo, habiendo partido de una política ambiental que promovía el entierro indiscriminado y sancionaba la recuperación se ha alcanzado una legislación que establece la obligatoriedad de recuperar paulatinamente los RSU y que reconoce a las cooperativas como actores centrales en esta tarea, por señalar dos de las modificaciones más importantes.

Para que estos y otros cambios en las formas de organización del sistema de higiene urbana de la Ciudad y del rol que juegan los distintos actores hayan sido posibles, la construcción de organizaciones asociativas jugó un papel fundamental (Maldovan Bonelli, 2011). Y considero que ello se dio aun cuando el objetivo inicial de estas organizaciones no ha sido el desarrollo de una política de higiene urbana (y en casi la totalidad de los casos continúa sin serlo), ni sus propósitos de acción hayan sido en primera instancia ambientales, sino más bien económico-sociales. No obstante, el primer paso en este sentido fue lograr que los cartoneros comenzaran a ser considerados trabajadores que prestan un servicio público antes que como apropiadores de recursos, no solo frente a terceros si no frente a sí mismos, para entonces sí poder reclamar ser reconocidos como actores autorizados a intervenir en la política ambiental.

En tal sentido, el objetivo de este capítulo es analizar las distintas definiciones del conflicto en torno al modo adecuado de gestión de los RSU como hilo conductor que me permitirá comprender las diversas formas organizativas adoptadas por los cartoneros hasta alcanzar su configuración actual. Esto me permitirá, asimismo, dar cuenta de los desafíos que supone la sustentabilidad externa de los emprendimientos estudiados, situándolos en un contexto que les da su raigambre histórica, y por ende, contingente y sometido a relaciones de poder y resistencia.

Para este análisis, propongo la distinción de tres momentos que he establecido a partir de los cambios en la política de higiene urbana vinculados a los principales hitos en el despliegue de organizaciones asociativas en la Ciudad. Comienzo por analizar, en el primer momento, el conflicto planteado a fines de los ´90 con las empresas recolectoras; lo cual dio lugar al segundo momento -que se extiende entre 2002 y 2007- caracterizado por las primeras manifestaciones de organización y colectivización de los cartoneros; a partir del cual fue posible alcanzar el tercero y actual contexto, iniciado en 2007, que se caracteriza por el pleno reconocimiento de las cooperativas de recuperadores urbanos como actores legítimos en las políticas de higiene urbana.

Primer momento: ¿Delicuentes o recuperadores? La propiedad sobre los RSU como eje de conflicto

El primero de estos momentos se inicia a fines de la década del ´90, cuando el estallido de la crisis económica y social condujo al notable incremento del “cirujeo” como práctica de subsistencia en la mayor parte de los centros urbanos del país. En la CABA, la recolección tendió a concentrarse en los barrios comerciales y de oficinas, como Once y el Microcentro, donde las posibilidades de acceder a materiales como el cartón y el papel blanco eran mayores que en otros barrios. En este período, la falta de organización en el sector se combinaba con políticas represivas, provenientes de los poderes públicos remanentes que databan de la última dictadura militar, que tendían a desalentar la presencia de los cartoneros en las calles porteñas.

La basura era vista como un bien privado por los sectores políticos y económicos ligados a la actividad y la recolección informal (denominada cirujeo por la legislación vigente) se encontraba prohibida en el ámbito porteño a través de una ordenanza municipal dictada en el año 1977. La misma establecía la prohibición de las siguientes actividades:

[S]elección de residuos domiciliarios, su recolección, adquisición, venta, transporte, almacenamiento o manipuleo en contravención a las normas reglamentarias pertinentes o la remoción de los residuos que se depositen en la vía pública, en sus respectivos recipientes, para su retiro por parte del personal afectado a tales tareas. (Ordenanza Nº 33581/ MCBA / 1977 – Art º 6)

Una circunstancia semejante era dispuesta por esos años en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante un decreto/ley en el que se prohibía

[L]a realización de cualquier tipo de tarea de recuperación de residuos, aún por parte de quienes tengan la adjudicación de la concesión por recolección de residuos. Tal prohibición comprende también al denominado “CIRUJEO”, aún en terrenos de propiedad de particulares. (Decreto-Ley 9.111/78, Provincia de Buenos Aires, Art.º 11)

La derogación de dichas legislaciones fue producto de la puesta en conflicto entre lo allí establecido con un fenómeno social que al momento había cobrado gran relevancia. En este contexto, la aparición masiva de los cartoneros puso en tensión los intereses de las grandes empresas con la actividad de los recolectores. Se abrió así una disputa por la apropiación de los residuos reciclables, que para ambos actores (aunque con las obvias diferencias relativas) implicaba una cuestión de ingresos. La perspectiva del actual Jefe de Gobierno porteño por entonces candidato, Mauricio Macri, propietario de la empresa MANLIBA (que hasta 1997 manejaba el 70% de la recolección de los residuos en la Ciudad), permite ejemplificar este conflicto:

Hay crisis en el manejo final de los residuos y el cirujeo es un descontrol absoluto. Formar cooperativas no resuelve nada. Este es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura. Además, no pagan impuestos y la tarea que realizan es inhumana. En otras sociedades, el tratamiento de la basura se hace en lugares cerrados, con elementos, con gente contratada ad hoc. (…) Los recolectores informales no pueden estar en la calle. Los vamos a sacar de la calle. (…) Ejerciendo la ley. Están cometiendo un delito. Tenés que darles una alternativa, como contratar a unos miles para que hagan la separación de residuos dentro de los centros de procesamiento, y no en la calle [P:¿Y al que siga en la calle?] Me lo llevo preso. Vos no podés alterar el orden en algo que es un delito, porque es tan delito robar la basura como robarle a un señor en la esquina. Y, además, daña la salud. Entonces, llamo a concurso a miles de personas, y les doy trabajo. (La Nación, 27 de agosto de 2002)

Aquí aparecen varias cuestiones que me interesa remarcar. En primer lugar, la percepción de la situación ambiental dentro de una situación de crisis producto del mal manejo de los residuos. Para el empresario y candidato a Jefe de Gobierno los cartoneros eran la mayor expresión de ese “descontrol absoluto”, que se genera a partir de su “actitud delictiva”. El principal delito, “robar la basura”, pone de relieve cómo la presencia de los cartoneros trascendía la problemática social de la época para incidir en un “negocio millonario”^[1]que afectaba los intereses de distintos actores para los cuales la basura era una mercancía (Schamber, 2008).

El tránsito hacia un nuevo régimen de acumulación basado principalmente en el tipo de cambio competitivo (Azpiazu y Schorr, 2010) comenzado en 2002 profundizó este conflicto, a partir de la dinamización del mercado de materiales reciclables en el país, que comenzaron a reemplazar paulatinamente la importación de materias primas, fundamentalmente en las industrias del papel, del vidrio y del cartón. Ello llevó a la consolidación del cartonero como el actor más débil en la cadena del reciclado, que operaba hasta el 2002 como un trabajador invisibilizado, que realizaba una actividad ilegal al mismo tiempo que contribuía a la provisión de materiales para los intermediarios y las referidas industrias.

Si bien no existen cifras oficiales acerca de la cantidad de materiales que recuperaban los cartoneros (tanto independientes como organizados) por esa fecha, en la que como vimos la cantidad de cartoneros que circulaban por la Ciudad había alcanzado puntos excepcionalmente altos, existen algunas estimaciones más contemporáneas que permiten delinear a grandes rasgos las bases materiales de este conflicto.Así, un estudio realizado por el Área de Investigaciones de la Dirección General de Políticas de Reciclado Urbano^[2] del GCABA (Pardo et al., 2007) estimaba hacia junio 2006 que la cantidad de materiales recuperados en la Ciudad era de 600 toneladas diarias. Para la realización del estudio se tuvieron en cuenta las tres formas de “salida” de los materiales reciclables desde la Ciudad hasta el Gran Buenos Aires que existían al momento^[3]: los camiones denominados fletes y balanza, los depósitos de acopio menores y mayores y los servicios de “trenes cartoneros”. La obtención de los datos se realizó a partir de entrevistas a los cartoneros como así también a dueños de galpones y a referentes de las paradas de camiones. De la investigación realizada surgieron los siguientes resultados:

Cuadro 7: Totales de residuos recuperados mediante el circuito informal por vía de recuperación

Origen de los residuos	Cantidad de toneladas por día
Campaña Garrahan	12,51 (2005)
Trenes	100
Galpones (papel/ cartón)	250
Estimativo galpones (Otros materiales)	150
Camiones	85
TOTAL	597,51

Fuente: (Pardo et al., 2007)

Cuadro 8: Total aparente de RSU generados en la CABA

Total de materiales recuperados en el circuito informal	597,51 tn
Total de materiales enviados a disposición final	4.758,5 tn
Recolección diferenciada	4,3 tn
Total aparente de RSU generados	5.360,31

Fuente: (Pardo et al., 2007)

De esta forma, el estudio permite estimar que de las 5.360,31 toneladas de RSU que se generaban en el 2007 de forma diaria en la Ciudad, un 11% era recuperado y el 89% restante enviado a disposición final, es decir, al relleno sanitario. Asimismo, dentro del 11% de materiales recuperados, un 97% que representa a 597.51 toneladas diarias, era recuperado de manera informal a través del trabajo que realizaban los cartoneros bajo las distintas modalidades de recolección.

Otro trabajo realizado en el año 2008 por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en conjunto con la CEAMSE, llegó a conclusiones algo diversas, pero que también permiten inferir la importancia de la presencia de los cartoneros en el circuito de recuperación de residuos^[4]. Con respecto a los papeles y cartones, se ha observado que éstos aumentaron su participación en el flujo de residuos entre el 7 al 8%, que representaba aproximadamente entre 250 y 300 toneladas por día de recuperación de este material. Este valor significa un desvío para su recuperación de aproximadamente un 35 al 40% del total de los papeles y cartones generados^[5]. El desvío realizado por los recuperadores de diarios y revistas representa más del 30% del total generado. Con respecto a papeles de alta calidad, el desvío alcanza valores del 50%.

En lo que respecta a la recuperación de plásticos se destaca que, al momento de realización de dicho estudio, su recuperación se centra principalmente en el PET, fundamentalmente en los envases de este material. Ésta representa aproximadamente 35 a 40 toneladas por día, estimándose que en verano este valor podría llegar a aumentar proporcionalmente a su generación. Este valor representa un desvío para su recuperación de más del 30% del total del PET generado.

De ahí que hacia el 2008 el informe estimaba que la recuperación realizada por los cartoneros correspondía a entre 200 a 350 Toneladas de residuos sólidos domiciliarios diarios, que presentan entre un 10 a 14% sobre el total generado (aproximadamente 3.000 Toneladas diarias)^[6].

Entonces, por un lado, la presencia de los cartoneros implicaba una importante reducción del monto del presupuesto local destinado al pago de las empresas por el trabajo de recolección así como a la CEAMSE por su transferencia y disposición final y, al mismo tiempo, la recuperación informal beneficiaba a las industrias que se veían favorecidas por el acceso a materias primas de bajo costo. Esta situación tensionaba la relación de las influyentes empresas privadas encargadas de la recolección de residuos con el gobierno local. La resolución de esta tensión vino dada a partir de un cambio en la forma de establecer el canon para las empresas que en el año 2004 pasó de determinarse por tonelada a hacerlo por área limpia^[7].

La disputa por los intereses económicos en torno a la cuestión de la basura remitía también a otras dos problemáticas. Por un lado, la necesidad de dar respuesta a la situación de los cartoneros, en tanto expresión de la “nueva cuestión social”, que en términos de los principales medios de comunicación representaban al del ideal de pobre honrado que “antes que robar, empezaron a juntar cartón” (Clarín, 23 de abril de 2002) y; por otro, a los cuestionamientos que ésta problemática abrió en el campo de las políticas públicas ligadas al cuidado ambiental y a la higiene en la Ciudad. En palabras del ex presidente de la CEAMSE:

El problema no es en términos económicos. Es en términos de salubridad. Muchas veces se generan basurales clandestinos, en los que los cirujas depositan su recolección cotidiana y la clasifican para venderla. Y cuando se van, quedan terrenos llenos de residuos y proclives a generar enfermedades y pestes de todo tipo. (La Nación, 03 de marzo de 2001)

La disputa por la defensa de intereses económicos y la necesidad de establecer un marco para el ordenamiento territorial (en el marco de una crisis social de gran envergadura como fue la suscitada en el 2001 en Argentina) fueron así los factores principales que abrieron paso a la reforma de las políticas ambientales en la Ciudad.

De allí que, si bien los intereses de los diversos actores implicados en la cadena y del propio Estado tenían efectos indirectos diversos sobre el destino de los residuos (recuperación o entierro), el conflicto no se entabló en torno a cuestiones ambientales sino a los ingresos que generaban las distintas formas de gestión de residuos (formal/informal) y a sus impactos sobre el ordenamiento territorial. Tal como analizan Paiva y Perelman (2008):

Se trata de un circuito informal de recuperación en el que intervienen actores con distinto rol y posicionamiento jerárquico —recolectores, intermediarios y empresas finales compradoras de material de pos desecho — que posee un rasgo particular: ninguno de los actores persigue fines ambientalistas, sino de supervivencia o comercialización. Sin embargo, a partir de su acción se recupera una cantidad más que importante de residuos reutilizables que por esa vía no impactan sobre el ambiente y reingresan al circuito de la producción. (p. 1)

El incremento del volumen recolectado por los cartoneros hizo también al crecimiento de los intermediarios que se dedicaban al acopio y compra-venta de materiales, los “galponeros” o “depositeros”. Frente a esta situación, comenzaron a gestarse las primeras organizaciones de recolectores y recuperadores de RSU con el propósito de mejorar su posición en la cadena de valor del reciclado, esfuerzo que dio lugar a varias organizaciones, algunas de las cuales siguen funcionando en la actualidad.

El análisis realizado de este primer momento permite así observar el escenario que se constituyó frente al aumento de personas dedicadas al cartoneo a fines de los ´90, el cual estuvo caracterizado por conflictos de orden público y privado. En el primer grupo se sitúan la disputa por la utilización de los recursos y las cuestiones de ordenamiento territorial que forzaron una intervención por parte del gobierno porteño y abrieron las puertas a una nueva caracterización de la recolección, que dejó de ser pensada como delito y comenzó a ser tratada como estrategia de subsistencia. Este cambio en la caracterización fue una de las puertas que se abrió a la legitimación social y política de la actividad. En el segundo grupo encontramos la disputa por la apropiación de los beneficios que genera la actividad de recuperación frente a un aumento de la demanda industrial. Esto llevó a la multiplicación de los actores involucrados en el proceso de compra de materiales, impulsó la conformación de las primeras cooperativas y volvió insostenible la prohibición del reciclado, más allá de la presión de las empresas recolectoras. Había sido posible prohibir el reciclado en el contexto de una política anti-industrial como la de la última dictadura militar, pero no frente a una creciente demanda local de insumos intermedios. No obstante, como vimos, estas empresas no se quedaron con las manos vacías, sino que lograron un cambio en la legislación que las quitó de la competencia directa por los recursos con los cartoneros.

Interpreto que ambos tipos de conflicto no pueden pensarse por separado. Sin dudas la actividad de reciclado no hubiera podido ser un refugio para tantas familias sin la existencia de la demanda generada por la nueva fase de industrialización comenzada a principios de siglo. Sin una demanda creciente, el precio de los materiales se hubiera derrumbado desalentando la movilización de nuevos cartoneros. Del mismo modo, hubiera sido impensable la conformación de las cooperativas si la actividad del reciclado continuara siendo considerada un delito. Así, a lo largo de estos años se comenzaron a delinear las aristas del conflicto en torno a la basura que seguirían vigentes hasta nuestros días, como tendré ocasión de analizar más adelante. En este escenario, entonces, comenzaron también a perfilarse nuevas formas de organización de los cartoneros, de las que me ocuparé a continuación.

La organización como vía de reducir intermediarios. El surgimiento de las primeras cooperativas en la CABA

Durante los primeros años de la década del 2000 estas organizaciones abarcaban a unas 80 personas y se presentaban como un ejemplo de la nueva composición socioeconómica del sector que incluía, a grandes rasgos, dos grupos diferenciados (Schamber y Suárez, 2007). Por un lado, el conformado por aquellos sujetos que tenían una trayectoria en la recolección de RSU en la vía pública y se dedicaban a ello de forma permanente, y por otro, un sector de los “nuevos pobres” (Minujin y Kessler, 1995) que encontró en la venta de RSU una vía para generar ingresos. Estos orígenes diferentes marcaron en un primer momento la actividad principal a la que se dedicaban las organizaciones. En el primer caso, o bien la totalidad o bien una gran parte de los asociados se dedicaba al cartoneo y el asociarse permitía incrementar el ingreso de los recolectores a partir de las ventas en conjunto de lo que cada uno recolectaba individualmente. Entre estos grupos encontramos experiencias previas en común ligadas a la participación en espacios y acciones políticas conjuntas (movimientos sociales, luchas por el acceso a la vivienda, acciones orientadas a la sensibilización en salud sexual y reproductiva, etc.) así como la pertenecía a un mismo espacio geográfico y a las instituciones allí desarrolladas.

En el segundo caso, los asociados se dedicaban a la compra y/o a la búsqueda de materiales reciclables a través de donaciones para su posterior clasificación y venta, y la asociación tenía también por objetivo el aumento de los ingresos a partir de la comercialización conjunta en mayores volúmenes. En varias de estas experiencias, los grupos promotores sostenían lazos previos de amistad siendo una situación de necesidad económica lo que los llevó a conformar los emprendimientos.

Es decir que, en ambos casos la finalidad de constituirse en cooperativas estaba dada por el aumento en los ingresos que significaba la comercialización en grandes volúmenes, pero diferían en la actividad central que realizaban los asociados: recolección en la vía pública o recepción y clasificación de materiales provenientes de donaciones y compras a recolectores. Asimismo, los emprendimientos tendieron a incorporar cartoneros con experiencia en el oficio y sin ella, o lo que retomando la caracterización de Pablo Schamber y Francisco Suárez (2007) podríamos calificar como cartoneros “estructurales” y “coyunturales”. Tal fue el caso en las cooperativas más reconocidas de la Ciudad, El Ceibo, El Oeste, Reciclando Sueños, CERBAF y El Álamo.

En esta etapa de gestación, las organizaciones se abocaron a la búsqueda de financiamiento tanto público como privado con el fin de obtener un capital inicial para realizar las tareas de acopio y clasificación, a la vez que comenzaron a construir redes que abrieron camino a los cambios en la regulación de la gestión de los RSU que tendrían lugar años después. En lo que sigue me ocuparé de caracterizar brevemente algunos de los casos más emblemáticos.

El Ceibo

La cooperativa El Ceibo fue la primera que se constituyó en la Ciudad y por ende, es una de las organizaciones que mayor trayectoria de trabajo tiene en el ámbito porteño. Sus orígenes se remontan a la organización de un grupo de mujeres que hacia fines de los ´80 buscaban un medio para afrontar su situación de vulnerabilidad, principalmente frente a la problemática habitacional. Así es que este grupo comenzó a actuar conjuntamente, buscando soluciones para sus necesidades de vivienda y al mismo tiempo, ampliando sus actividades hacia otras temáticas que las afectaban, como las situaciones de violencia y desprotección que enfrentaban en materia de salud sexual y reproductiva. En cuanto al contexto en que comenzaron a “cirujear”, Cristina, una de sus integrantes fundadoras y actual presidenta de la cooperativa, lo describe en este fragmento:

En esa época éramos un grupo de siete mujeres que empezamos a luchar juntas, vivíamos en inquilinatos, ocupábamos porque no teníamos casa donde vivir… Vivir en una casa tomada es lo mismo que tener que revolver una bolsa de basura, es una cosa que no es tuya, que no tenés derecho a nada… la gente te mira mal porque sos un marginal, un negro, nosotros robábamos la luz, el gas, la verdad es que no pagábamos nada. Y en esa época también, nos tocó salir a cirujear, ahí empezamos a revolver la basura para ver si podíamos sacar algo para vivir y empezamos a pensar que si nos juntábamos podíamos mejorar la venta, y así como también teníamos una historia de pelea común, empezamos a armar proyectos. (Cristina, Entr. 10, Cooperativa El Ceibo)

La percepción en torno a la propiedad de la basura se corresponde con lo que en aquel período estaba establecido dentro de las políticas ambientales, en las cuales la basura era “una cosa que no es tuya” por lo cual “revolver la basura” era una práctica que se insertaba dentro de diversas estrategias para acceder a los bienes y servicios básicos, como “ocupar” la vivienda, “robar la luz y el gas”, etc. En esta tensión entre la mirada de los otros que imprime la idea de ser “un marginal” o “un negro” es que empieza a forjarse una historia centrada en el “luchar juntas” que partía de tener una “pelea común”. El compartir determinadas necesidades, un mismo espacio de vida y estrategias similares de acceso a bienes y recursos propició ese empezar “a pensar que si nos juntábamos podíamos mejorar la venta”. De estos encuentros es que surgió la idea de “armar proyectos” entre los cuales mejorar los precios en la comercialización era central para aumentar sus ingresos. Fue a partir de estos primeros intentos de venta conjunta que la organización comenzó a crecer. En el año 2001 obtuvieron la personería jurídica como cooperativa y a partir de allí pudieron obtener financiamiento de distintas fundaciones nacionales e internacionales. En el año 2003, a través de un pedido realizado al gobierno nacional, lograron acceder a un galpón que les fue brindado a cambio de que en él realizaran únicamente tareas vinculadas a la recuperación de residuos, y que generaran fuentes de trabajo. De allí en más El Ceibo logró ampliar sus actividades y actualmente desarrollan un programa de promoción ambiental en el barrio de Palermo, en el cual promueven y se encargan de la separación en origen para su posterior clasificación y venta. La cooperativa gestiona también uno de los centros verdes que existen en la Ciudad de Buenos Aires.

Cooperativa Ecológica de Recicladores del Bajo Flores – CERBAF

Otra de las primeras organizaciones que comenzó a trabajar de manera asociativa en la ciudad fue la Cooperativa Ecológica de Recicladores del Bajo Flores (CERBAF). Esta organización tiene la particularidad de haberse formado a partir de la iniciativa de un grupo de cartoneros de la zona sur de la ciudad que ante la persecución policial y la prohibición de trabajar que sufrían en aquel entonces buscó en la cooperativización un medio para mejorar su situación. Así lo relata uno de sus socios fundadores:

Yo cartoneaba desde el ´91, carro a caballo, carro a mano, bicicleta, lo que venga… pensábamos en formar una cooperativa porque en aquella época nos llevaban presos, en realidad no queríamos ser cooperativa, en aquella época decir cooperativa era cagar gente, hasta que vino una persona que nos dijo que teníamos que tener una personería jurídica… estuvimos dos o tres años diciendo que éramos una cooperativa y no teníamos nada, éramos nada más que un grupo, un nombre que se había iniciado… (…) en el 99 estábamos empezando a unirnos, quisieron hacerse sindicatos de cartoneros acá y cuando sale esto de la ley 992 de los cartoneros, eso nació todo acá en Flores, atrás de la Iglesia, cuando nosotros queríamos ser sindicato. Yo no era nada, yo participaba, la mayoría eran mujeres de acá de la villa, se hizo un censo y éramos unos 1500 y bueno (…) empezamos siendo tres, juntábamos en capital, no teníamos nada, acopiábamos en la casa de un vecino, andábamos todos sucios. Había que darle un poco a la cultura del trabajo, tenías que estar acá, no podías salir a cualquier hora y así empezamos a hablar de la transformación de las cosas, de la recuperación del trabajo, de la dignidad misma que nos llevaba a hacer en el trabajo y lo que hacíamos, darnos cuenta de que lo que hacíamos que recoger en la calle con un caballo y con un carro, era hacer ecología. (Francisco, Entr. 1, Cooperativa CERBAF)

Una de las primeras cuestiones que aparece aquí es algo que atraviesa las distintas historias y percepciones de la gran mayoría de los asociados de las organizaciones de cartoneros: la resistencia a la cooperativización. Como analizaré en el próximo capítulo, la construcción de vínculos basados en la confianza resulta central para consolidar los grupos y propiciar la sustentabilidad interna de la organización. Y ello se intensifica en estos casos, donde la posibilidad de organizarse y actuar colectivamente no es percibida como una opción deseable ni como una estrategia potencialmente beneficiosa, estando ello intensificado por las características propias que asume la actividad del cartoneo.

En este caso, quienes formaron la cooperativa eran todos cartoneros que vivían en el Bajo Flores y juntaban materiales en distintos barrios de la Ciudad. Como carecían de capital y de un espacio físico para el acopio y la separación de los materiales comenzaron a trabajar en la casa de uno de los vecinos donde vendían “todos juntos con los vecinos”, lo cual les permitía hacer stock y mejorar los ingresos. Antes de formalizar la organización, entonces, el mismo grupo comienza a entablar prácticas de cooperación que intercalaban el trabajo individual con el colectivo basadas en hacer “un viaje para la cooperativa y uno para cada uno”. En esta práctica asociativa que resulta en un momento de encuentro de un grupo de cartoneros es que aparece ese “darse cuenta” de la estrecha vinculación que existía entre “recoger en la calle con un caballo y hacer ecología”.

Esa fue la primera vez que tuvieron un espacio físico común de trabajo, hasta que en el 2007 accedieron al primer centro verde que se inauguró en la Ciudad. A partir de que consiguieron un espacio propio de acopio, los socios que antes cartoneaban comenzaron a dedicarse a la clasificación y venta de materiales reciclables que recibían de las empresas recolectoras de la ciudad o bien que compran a cartoneros de la zona. Actualmente la cooperativa dejó de funcionar y el centro verde ubicado en el Bajo Flores se encuentra gestionado por otras dos organizaciones de cartoneros.

Cooperativa del Oeste

El caso de la Cooperativa del Oeste Ltda. difiere de los anteriores principalmente por el origen y la trayectoria de sus integrantes. Esta organización surgió en agosto del 2002, producto del impulso de vecinos del barrio de Liniers que, ante la falta de empleo, buscaron generar una actividad productiva sustentable basada en la recolección, clasificación y comercialización de RSU. Este grupo tiene su origen en las asambleas barriales surgidas después de los hechos de Diciembre del 2001^[8], ya que sus socios fundadores se conocieron a través de dicha participación. Así lo relataba la actual tesorera

Nosotros nos conocimos en la asamblea de Liniers, después que estalla la crisis del 2001. Eramos todos vecinos, aunque no nos conocíamos de antes y en ese momento estábamos sin trabajo. Ninguno tenía experiencia en el reciclaje, veníamos todos de hacer otra cosa, yo era empleada administrativa, cuando la empresa quebró me dejó sin trabajo y con meses de salarios sin cobrar. Para mi era dificil volver al mercado laboral, por ser mujer, tenía más de 40 años y un nene chiquito. En ese momento tuvimos que salir a la calle para poder llevar el pan a nuestras casas. Empezamos con la idea de la promoción ambiental, íbamos recorriendo las casas del barrio pidiendo a los vecinos que nos separaran los residuos. Así empezamos, armamos días de recolección por las casas y pasabamos puerta a puerta. (María, Entr. 6, Cooperativa del Oeste)

En ese momento, quienes ahora forman parte de la comisión de la cooperativa, no tenían trabajo, pero a diferencia del caso del Ceibo, ninguno de los integrantes recolectaba en la vía pública, ni habían pasado por experiencias ligadas al cirujeo. Sus trayectorias laborales estaban signadas por trabajos asalariados, dentro del sector de servicios. En este caso, el punto de encuentro fue la participación en una “asamblea barrial”, espacio en el cual comenzaron a compartir una situación común de necesidad, ligada al desempleo y a la falta de ingresos, agravada por la dificultad de “volver al mercado laboral”. Tal como han analizado varios autores, las asambleas barriales o populares se constituyeron a partir del 2002 como un actor significativo de la movilización social (Grimberg, Schavelzon, Barna, Peluso y González Martín, 2004), que poco a poco fue orientando la orientación de su actividad hacia lo territorial (Palomino, 2003); aprendiendo las necesidades de los vecinos es que se intentaban idear y construir soluciones (Bielsa, Bonasso y Calloni, 2002) .

Fue este el punto de encuentro entre situaciones e historias de vecinos que convergieron en la necesidad de “salir a la calle para poder llevar el pan” a sus casas para lo cual surgió “la idea de la promoción ambiental”. Así, comenzó a verse la recuperación de residuos como una vía de generación de ingresos, aunque de manera diferenciada a lo que implicaba la tarea para los cartoneros. En estos casos, revisar las bolsas en la vía pública no era una práctica concebida dentro del orden de lo posible (Bourdieu y Wacquant, 2005) de este sector, sino que la estrategia estuvo basada en la sensibilización de los vecinos para que sean ellos los encargados de ”separaran los residuos” y de ahí en más prestar un servicio de recolección puerta a puerta de lo ya diferenciado. En el año 2002 los cuatro socios fundadores formalizaron la organización bajo la figura de cooperativa de servicios y suman dos asociados más, un ex comerciante y un estudiante de periodismo.

La recolección por los hogares la hacían generalmente en carros a pie, y en algunas ocasiones en bicicleta. Durante el primer año de su conformación uno de los miembros de la asamblea barrial les prestó su vehículo para que realicen la comercialización de lo vendido. El lugar de acopio por aquel entonces, era la casa del actual presidente de la cooperativa. En ese momento dividían las tareas entre los socios: una parte se encargaba de la recolección por los hogares y otra de la separación y enfardado. Por otra parte, las tareas administrativas y de gestión las dividían entre los miembros de la organización. Los ingresos se distribuían por igual entre todos los asociados. Hacia el 2005, la cooperativa logró alquilar un galpón en la calle Madero (en el barrio de Liniers) para utilizar como espacio de acopio. A partir de ese cambio, ante la obtención de un espacio propio, la cooperativa logró incorporar 3 nuevos trabajadores a la organización. De quienes se incorporaron solo uno de ellos “era cartonero”, el resto eran conocidos de los socios que, como ellos, nunca habían tenido relación con la actividad. Cuando comenzaron la actividad dentro del galpón, además de realizar el recorrido habitual de recolección, comenzaron a su vez a comprarles a los cartoneros de la zona. La organización tuvo una etapa de crecimiento durante este período, aunque, sin embargo, no lograron realizar una inversión en maquinaria para agregarle valor a los materiales. Las actividades se basaban entonces en la compra, acopio, clasificación y venta de RSU. La cooperativa mantuvo su situación hasta mediados del 2007, cuando el dueño del galpón quiso aumentarles el alquiler en un 100%. Ante la negativa de la organización, se quedaron sin espacio de acopio. Durante el proceso de búsqueda el GCABA se contactó con ellos (y con otras organizaciones) para que participen de la gestión de los centros verdes a inaugurarse en la Ciudad de Buenos Aires. El centro verde que gestionan actualmente está ubicado en el barrio de Villa Soldati, a media cuadra de la avenida Lacarra, sobre la calle Barros Pazos. La propuesta del gobierno implicaba que el centro fuera gestionado por dos cooperativas, por lo que junto con la Cooperativa del Oeste, se sumó a la cooperativa Reciclando Sueños (originaria del barrio de Soldati), con la cual si bien comparten el espacio físico de trabajo, cada organización trabaja por su cuenta debido a reiterados conflictos que han tenido a lo largo de los últimos años.

Hasta aquí la descripción de los casos. Para finalizar este apartado, cabe añadir que durante los primeros años de la década comenzaron también a establecerse espacios de vinculación entre las organizaciones del AMBA que buscaban generar propuestas para mejorar las condiciones de trabajo de las cooperativas existentes. Surgieron así las primeras experiencias de trabajo en red que apuntaron a generar acciones de comercialización conjunta y contribuyeron a reforzar objetivos comunes entre las organizaciones, aunque el alcance de su aplicación fue limitado y de corta duración. Entre ellas, el intento de organizar un espacio de comercialización conjunta, impulsado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, fue una de las experiencias más significativas. El objetivo de este proyecto fue instalar un galpón en la zona de Munro (Provincia de Buenos Aires) donde se concentrase el acopio de materiales que aportasen todas las organizaciones y de allí, realizar ventas conjuntas. Los objetivos principales de este plan eran “compensar el problema de falta de espacio que tienen todas las cooperativas, alcanzar un volumen de residuos mucho mayor y negociar la venta en forma conjunta con las empresas finales compradoras de material de postdesecho, alcanzado obviamente, mayor rentabilidad” (Paiva, 2007: 6). La experiencia funcionó durante un tiempo limitado y finalmente hacia el 2005 la mayor parte de las organizaciones que habían participado del proyecto se retiraron.

Como mencioné anteriormente durante este período las organizaciones se encontraban en una posición marginal dentro del sistema de higiene urbana y representaban a una parte muy pequeña de la población cartonera. A principios de la década del 2000 la mayor parte de los cartoneros no se encontraba asociado ni tenía acceso a ningún tipo de recurso ni asesoramiento por parte del ámbito público. Las estimaciones realizadas para el período muestran que para la época se calculaba la existencia de aproximadamente 9.000 cartoneros trabajando en la Ciudad de los cuales una gran mayoría provenía de los barrios periféricos de la provincia de Buenos Aires^[9]. La forma principal de acceso a la Ciudad de estos trabajadores era el tren. Entre los distintos furgones que comenzaron a funcionar a inicios de la década pasada como medio de transporte para los cartoneros el caso del Tren Blanco fue el más emblemático. Esta formación correspondía al ramal que trasladaba a los cartoneros desde José León Suárez hasta la estación Ministro Carranza en el barrio de Palermo y estaba conformada por un conjunto de vagones sin asientos en los cuales los recolectores podían ingresar con sus carros y bolsones de mercadería.

Los distintos furgones eran en aquel entonces no solo un recurso para acceder a la Ciudad sino también un espacio de encuentro (Gorbán, 2008). En las estaciones y viajes desde los barrios de provincia a la Capital es que comenzaron a forjarse los primeros grupos de cartoneros tal como cuenta Vanesa, actual subdelegada de una de las cooperativas estudiadas:

[V]iajábamos todos juntos, teníamos ponele 6 vagones en el tren blanco, los dos primeros de Once, los dos de Caballito y los dos de Flores y quizás quedaba medio furgón para la gente de Ciudadela que subía antes o en Villa Luro. Pero nos veníamos las caras todos, nos veíamos todos los días, íbamos jugando a las cartas, tomando mate… antes el Tren Blanco nada que ver a esto. Al Tren Blanco capaz que le decían el tren de la muerte o el tren de los negros, eso siempre, pero vos te parabas en el Tren Blanco, en algunos vagones, no te digo en todos… en los vagones que íbamos nosotros, desde Moreno, era una ronda inmensa, todas las cartas y el mate con el termo en el medio. (Vanesa, Entr. 24, NEO)

En este viajar juntos es que comenzaron a desplegarse vínculos entre los cartoneros, donde comenzó a construirse un “nosotros” a partir de verse “todos los días” y compartir tiempo “tomando mate” o “jugando a las cartas”. Ante el estigma de ser parte del “tren de la muerte” o del “tren de los negros” aparece en esa construcción conjunta la idea de la “ronda inmensa” en la que se produce un “reconocimiento como iguales” (Gorbán, 2005). Entonces, aunque todos vinieran de lugares diferentes y trabajaran en territorios diversos de manera individual, el viaje a la Ciudad funcionó como un lugar de socialización, en el que también se gestaron las primeras acciones colectivas y modalidades organizativas que luego serán retomadas por las organizaciones asociativas que he estudiado.

Esta idea del “tren de los negros” se entiende por el conflicto creciente que comenzó a entablarse entre los cartoneros, otro grupo de usuarios del tren y la empresa concesionaria del servicio. El conflicto principal ponía en tensión la posibilidad de acceso de los recolectores al tren, de lo que dependía su posibilidad de trasladar los materiales recolectados hacia los puntos de venta. Este conflicto marcó la necesidad de establecer un primer nivel de organización entre los recolectores, como medio para poder seguir utilizando el servicio. Alicia, actual presidente de una cooperativa, comentaba al respecto:

Nosotros en un momento el metropolitano dijo hay que buscar un delegado porque la verdad que vienen todos despelotados y para darle un margen más. Buscó a dos cartoneros y los puso de seguridad del tren porque nos conocía y sabía quién era chorro, quién el que podía robar, el que pagaba el boleto y eso. Eso fue lo que hizo el metropolitano. Nosotros nos subimos un día arriba y les dijimos nuestros derechos. Porque ellos querían un delegado. Nosotros nos pusimos de delegados del tren, con Poeta en ese momento. (Alicia, Entr. 36, RF)

De ahí que, aunque con un objetivo diverso al de las cooperativas que he presentado anteriormente, en estos grupos la organización aparece también como una vía posible para resolver una necesidad. La disputa entonces estaba dada entre el interés de las empresas de ordenar ese “vienen todos despelotados” y el de los cartoneros de defender sus “derechos”. La regulación de las prácticas vino dada entonces por un acuerdo que implicaba designar referentes entre los trabajadores con los cuales negociar. Si por un lado “ellos querían un delegado”, es decir, si la empresa promovía la organización “desde arriba”, la respuesta fue desde un “nosotros que nos pusimos” como delegados del tren. La empresa entonces determina la necesidad de organizarse, pero son los propios cartoneros quienes se colocan como representantes.

Fue en el marco de esta disputa que surgió la figura de delegados dentro de los cartoneros, que aún hoy se mantienen en las nuevas organizaciones cooperativas. La disposición de la empresa implicó la necesidad de establecer los primeros intentos organizativos y crear formas de diálogo y construcción colectiva entre los asociados para poder mantener el acceso al transporte. Tal como cuenta Sandra, actual secretaria de otra de las organizaciones estudiadas, la posibilidad de ser reconocidos estaba ligada a la necesidad de “formalización”:

Ahí es cuando aprietan, como dice mi compañero, y nos dicen que hay que formalizar esto. “Si quieren ser reconocidos, formalicemos”. Primero arrancaron haciendo un censo dentro mismo de nosotros mismos viendo qué cantidad de recuperadores había. En ese momento éramos los cartoneros que veníamos a romper las bolas, hablando mal y pronto, dentro de la capital. También llego la crisis de la basura cero. Se dieron cuenta que parte de toda esa basura nosotros la llevamos, la reciclábamos. Eran toneladas que salían y al gobierno le servía. Ahí es donde aparece el primer grupo que es el que ahora está acá, que empieza a formalizar. (Sandra, Entr. 44, RT)

El “apriete” de la organización se basaba así en una negociación que incluía un intercambio de recursos a cambio de la “formalización”. En un primero momento, lo que Sandra llama “formalización” refiere a un primer nivel organizativo, centrado en la designación de referentes encargados de establecer el diálogo con la empresa. Así, quienes eran elegidos delegados por vagón, debían asegurar que se cumplan ciertas normas básicas a cambio de la posibilidad de mantener la utilización del servicio. Estos acuerdos incluían un conjunto normas de comportamiento que incluían la prohibición de consumir alcohol u otras drogas durante el viaje, el mantener un trato cordial evitando peleas y conflictos y el ser mayor de 14 años para viajar.

Formalizar el sector hacía referencia entonces a regular sus prácticas, a darle un carácter de seriedad y responsabilidad antes que a revestirlo de requisitos legales. La organización era vista entonces como la vía de formalización de los cartoneros, lo que al mismo tiempo abría paso al reconocimiento; esto es pasar de ser “los cartoneros que veníamos a romper las bolas” a reconocer eso que “al gobierno le servía”. La problemática ambiental atraviesa nuevamente los discursos y tensiones en el marco de una legislación que ya no respondía a las necesidades vigentes de los distintos actores.

En este primer momento, los cartoneros que utilizaban el servicio del tren basaban su accionar asociativo en la organización durante los viajes. No había entre ellos un proyecto de trabajo asociado que supere esta instancia ni tampoco se realizaron experiencias de comercialización conjunta. Más allá de ello, sí es importante remarcar que durante los años que estuvo el tren en vigencia, la organización basada en la elección de delegados supuso un aprendizaje acerca de las formas de negociación en conjunto por la defensa de sus derechos (Koehs, 2005), al mismo tiempo que la construcción de un espacio de referencia y pertenencia basado en la comunicación y la cooperación cotidiana (Gorbán, 2005). Como analizaré más adelante el cierre del tren marcó un cambio de importancia en las formas de organización de estos trabajadores quienes lograron recuperar estas experiencias previas de asociacionismo para dar forma a una nueva modalidad de organización.

Los orígenes y recorridos que entablaron estas primeras organizaciones, junto a las disputas presentes que he analizado hasta aquí, permiten entender mejor la heterogeneidad de intereses puestos en juego en la práctica de recuperación de residuos. En estos casos, las trayectorias previas de los asociados junto a los distintos capitales con los que contaban al inicio de las experiencias muestran cómo, si bien para todos ellos el trabajo con los residuos significaba una manera de “sacar algo para vivir” y así “llevar el pan” a sus casas, las formas de vinculación con éstos varían en relación a los esquemas construidos por unos y otros en torno a cuáles son las posibilidades de acción ante una situación dada, para lo cual las historias individuales y colectivas juegan un rol de importancia. Asimismo, la posesión de distintos capitales previos, tales como espacios de acopio, trayectos compartidos o redes con vecinos que se suman a la separación en origen, incidieron también en las posibilidades organizativas de estas primeras cooperativas.

Sin embargo, entre estas diferencias comienzan también a establecerse puntos en común, lugares de encuentro que habilitan nuevas posibilidades y dan paso a la transformación. Aquí, el discurso ambiental aparece como una instancia de legitimación utilizada desde distintos actores para la defensa de sus intereses. Fue a través de la propia práctica de la recuperación de residuos en la búsqueda de ingresos que “lo ambiental” comienza a conformarse como espacio específico de disputa, a partir de lo cual la necesidad de rediscutir las políticas públicas de la Ciudad es reclamada con más fuerza por los distintos actores en juego.

Fueron estas primeras organizaciones las que participaron activamente para reformar la legislación porteña y, a partir de allí, legalizar el trabajo de los cartoneros y promover la aplicación de políticas de recuperación y reciclaje de residuos en la Ciudad. Para ello, durante los primeros años de la década de 2000 las cooperativas comenzaron a participar en las instancias de diálogo con el Estado a fin de modificar las regulaciones del tratamiento de los residuos reciclables en la Ciudad. Así surgidas en un primer momento con el objetivo de reducir intermediarios en la comercialización para la mejora de los precios de venta o con el encaminado a defender sus formas de acceso a la ciudad, estas organizaciones han desarrollado distintas acciones orientadas a la generación de empleo, la promoción ambiental y el apoyo a instituciones comunitarias y barriales (Angélico y Maldovan, 2008).

En este primer momento, la tensión principal entre los actores en disputa en el campo de la política ambiental se estableció entre las empresas licitantes del servicio de recolección de residuos y de transporte y los cartoneros; disputa centrada en la apropiación de los recursos provenientes de un circuito que hasta el momento no era reconocido como legítimo por las legislaciones vigentes. El interés por la apropiación de la basura contribuyó a modificar las percepciones y los discursos ambientales que condujeron, entre otras cosas, a la “incorporación” de los “recuperadores urbanos” a la política local.

Segundo momento: de la prohibición del cirujeo al reconocimiento de los cartoneros como trabajadores del sector

Así como durante la última década se modificó el circuito productivo del reciclaje, ampliando la cantidad de actores en juego y sus intereses, también la legislación y las políticas públicas se vieron afectadas en este proceso. En este breve período de tiempo la actividad del llamado entonces “cirujeo”, pasó de estar prohibida por una ordenanza municipal, al reconocimiento de los recolectores como actores legítimos que participan en la cadena de recuperación de residuos y en el servicio público de higiene urbana. El primer cambio, plasmado en la Ley 992 del 2002, dio un reconocimiento formal a los cartoneros y se fortaleció con la sanción de la ley de basura cero en el año 2005, a través del reconocimiento de las cooperativas de recuperadores urbanos como uno de los principales actores de la recuperación y gestión de RSU en la Ciudad. Finalmente, la reciente licitación de los pliegos de RSU secos, en favor de las cooperativas de cartoneros, supone un nuevo cambio en el sistema de recuperación de residuos de la Ciudad que abre nuevos interrogantes acerca de la forma de organización y futuro potencial de las cooperativas. A partir de las consideraciones planteadas en la introducción de este capítulo en esta apartado presentaré cómo las visiones e intereses en disputa se plasmaron en las políticas relativas al servicio de higiene urbana en este “segundo momento”. Este período está marcado por dos hitos de importancia que incidieron en el trabajo de los recuperadores y en las formas de organización y recursos a los que pudieron acceder las cooperativas que se encontraban trabajando en la Ciudad. Estos son la sanción de las leyes 992 y 1854 que por cuestiones de orden expositivo analizaré en sendos subapartados.

Ley 992/2002

La sanción de la ley 992 en 2002 y su reglamentación en 2003 fue producto de largas y complejas negociaciones. Como hemos visto, la masividad que adquirió el trabajo de los cartoneros en la Ciudad interpeló a actores diversos que representaban un conjunto de intereses heterogéneos ligados de una u otra manera a la política ambiental en la Ciudad. En el año 2002, el proyecto presentado por el diputado Eduardo Valdés, diputado del Partido Justicialista, que contaba con el apoyo de varias ONGs y líderes cartoneros, dio pie a la formalización de los recolectores. Los argumentos que sustentaban esta medida habían sido expuestos en una nota publicada en el diario Clarín ese mismo año:

En resumen, la incorporación de los cirujas al mercado laboral formal revertiría la situación actual no sólo con los consecuentes beneficios para este sector, sino que fortalecería una incipiente industria que a su vez generaría puestos de trabajo y además aportaría el protagonismo de la comunidad en un proyecto común. Sería un estímulo a la formación de cooperativas, microemprendimientos o empresas sociales para que se reconozca su lugar dentro del sistema de recolección de residuos. De este modo, el Estado podría reemplazar el esquema de “planes trabajar” por empleos genuinos, desarrollando emprendimientos productivos que deberán tener, como insumo básico, los materiales recuperados. (Clarín, 11 de mayo de 2002)

Entonces, así como sucedía en el conflicto por el acceso al servicio del tren, en el marco de la necesidad de dar un ordenamiento territorial a la práctica cartonera, la organización de los trabajadores, en este caso estimulando “la formación de cooperativas”, comenzaba a ser pensada desde distintos espacios. Las disposiciones que se incluyeron en el proyecto que daría paso a la ley 992 fueron el producto de debates entablados en una Mesa de Diálogo que comenzó a funcionar desde fines del 2001, a instancias de una iniciativa promovida por la gestión del área ambiental del GCABA. Al respecto, la presidenta de la Asociación Civil Abuela Naturaleza, quien participó de estos espacios, relataba lo siguiente:

¿A ustedes los toman como una voz participante para el diseño de la ley?

 

Exactamente… yo te diría que es un poco de todo, es un poco lo que ya era la realidad, después estaban Francisco Suárez y Pablo Schamber que tenían todo un estudio antropológico de la situación y había un diputado de la legislatura, Valdés, que con lo que había leído de estos chicos, pensaron en esta ley, en realidad fue un complemento… por un lado la realidad, por un lado los estudios antropológicos, hubo un diputado que le interesó el tema y los actores principales que eran los recuperadores. Entonces en todo eso, con todo eso se logró, con una visita oficina por oficina de los concejales o de los diputados de la ciudad, explicando cuál era la cuestión y cuando se votó la mayoría votó a favor, con algunas consideraciones pero fue casi unánime… lo que pasa es que veníamos de una situación del país muy especial… (Virginia, Entr. 8, Abuela Naturaleza)

Como se desprende de este fragmento al menos tres actores ejercieron un rol de importancia en la creación de la ley: los cartoneros y sus organizaciones, un grupo de académicos y un grupo de legisladores en un contexto bastante “especial”. Con esta caracterización la entrevistada alude -de acuerdo a lo que explicita en otros tramos de la entrevista- a la mayor sensibilidad social hacia las demandas de las personas viviendo en situaciones de extrema pobreza. Este clima favoreció no solo la mayor permeabilidad política a demandas que desde algunos sectores se venían expresando desde mucho antes si no el mayor interés del campo académico en la cuestión, aspecto que he abordado en los capítulos previos. En el mismo sentido Paiva (2008). sostuvo que la sanción de leyes como la 992 y la creación del PRU no se habrían dado “de no mediar previamente estudios y proyectos legislativos, que insistían en la labor ambiental que realizaban los cartoneros mediante su actividad informal y en la necesidad de incorporarlos en la política pública” (p. 102)

Sin dudas, el acompañamiento de otros sectores es una dimensión clave que, sostengo, aún hoy sigue operando como un factor fundamental para la consolidación de las experiencias asociativas. La presencia de movimientos políticos y sociales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y otras instituciones ha permitido a lo largo de la última década, no solo el diseño de políticas para el sector cartonero, sino también un apoyo de gran importancia para el desarrollo de los procesos de construcción asociativa que han venido atravesando las cooperativas de la Ciudad. En este proceso, la construcción de los cartoneros como un sujeto, es decir, la construcción de una identificación común de un amplio sector que se dedicaba a la recolección de residuos de manera individual e informal, resulta fundamental para desarrollar acciones conjuntas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo de los recolectores y el posicionamiento de las organizaciones en la cadena del reciclaje. ¿Cuáles fueron entonces los cambios que introdujo la ley?

Uno de los primeros y más significativos cambios que sobrevinieron con la ley 992 es aquel que habilitaba la recuperación de materiales reciclables en la vía pública. Sus objetivos apuntaban a la concepción de un plan de gestión integral de RSU orientado a disminuir la cantidad de materiales reciclables destinados entierro en los rellenos sanitarios. Para ello se reconoció la existencia de cooperativas abocadas a la actividad previendo priorizar la asignación de zonas de trabajo en función de su labor vigente. Con el fin de mejorar las modalidades de recolección de residuos se estipuló el diseño de un plan de separación en origen junto a la implementación de campañas de concientización ambiental orientadas a tal fin.

Asimismo, se “incorpora a los recuperadores de residuos reciclables a la recolección diferenciada en el servicio de higiene urbana vigente” (Ley 992, Art° 2) declarándolo también como un servicio público. Para dicha incorporación se preveía la creación de un “Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR)” (Art.º 4) y de un “Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas relacionadas con la actividad”^[10] (Artº 5), es decir, se disponía el registro de todas aquellas personas físicas o jurídicas que se dedicasen a la comercialización, reuso y reciclado de materiales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Reglamentación Ley Nº 992, Artº 22).

La función principal del RUR era proveer a los recolectores de una credencial habilitante para el ejercicio de su labor, así como de vestimentas adecuadas, guantes y cintas refractarias. La ley establecía también distintas instancias de capacitación destinadas a todos los inscriptos con miras a:

[P]roteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, evitando que el desarrollo de la misma redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la Ciudad. (Ley 992/02, Art° 6)

Entre estas instancias, se señalan como ejes de los programas de capacitación tres puntos específicos: Primero, la formación y asesoramiento para la constitución de futuras cooperativas u otros microemprendimientos productivos. Segundo, el asesoramiento para negociar sus productos y facilitarles información sobre la totalidad del material recuperable para su posterior reciclaje. Tercero, el desarrollo de un programa de salud específico para los inscriptos y su grupo familiar. Así, los cartoneros inscriptos en el RUR quedaban habilitados por ley para

[R]ecolectar las bolsas con residuos reciclables y todo otro material reciclable que haya sido descartado y que se encuentre depositado en la vía pública [pudiendo al mismo tiempo] establecer acuerdos con los generadores de materiales reciclables para el retiro en forma directa de dicho material. (Ley 992, Artº 6)

La reglamentación de la ley preveía la creación de un Programa de Recuperadores Urbanos y Reciclado de RSU (PRU) en el marco de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable. Por lo cual, la sanción de la ley, además de otorgar un reconocimiento legal a estos actores, hasta el momento informales, creaba también una instancia pública de regulación y acompañamiento a los recolectores y sus organizaciones.

La ley fue entonces la cristalización de una construcción conjunta que buscaba aunar propuestas diversas y que tenía como objetivo central la “incorporación” de los cartoneros a la política local. Sin embargo, aún estaba poco clara la significación de dicha incorporación en tanto que las medidas propuestas aparecían como espacios de contención antes que como el desarrollo de una política efectiva de inclusión social y laboral. No por ello se debe desmerecer “el logro” que implicó para los recuperadores urbanos la existencia de la normativa:

[E]sto más o menos arranca una movida en el año 2000 o un poco antes y a partir de eso por lo menos se pone a la vista la problemática que existe con los residuos y con los recuperadores. A partir de ahí con toda la crisis del 2001 viene una época interesante porque se sensibiliza y se logra la ley 992 de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de eso ya queda un registro importante como elemento para después usar para presionar. Esa ley es una ley que en realidad lo único que hizo fue nombrar a las personas. Ayuda hasta ahí nomás y en una primera etapa fue interesante cuando se nombra el Programa de Recuperadores Urbanos… entonces esa primera instancia de organización fue interesante… (Virginia, Entr. 8, Abuela Naturaleza)

La cuestión de “nombrar a las personas” es entonces el primer cambio efectivo que se da en la política local. Se pasa del carácter peyorativo que tradicionalmente ha tenido la palabra ciruja a la noción de recuperador urbano. La idea del trabajo de recuperar, ligada a la puesta en valor de lo desechado, permite positivar desde el discurso al trabajo de los recolectores. La legitimación simbólica de los cartoneros va acompañada también de entender la ley como un “elemento importante para presionar” a las autoridades para que ésta sea cumplida. Dicho en otras palabras, la ley reconoce a los recuperadores urbanos, les da una entidad y así, habilita el reclamo de derechos y recursos de este sector. Y si bien las transformaciones en la práctica no han sido inmediatas y algunas de estas disposiciones aún hoy continúan sin cumplirse, la incorporación formal de los recolectores permite ampliar las disputas desde otro posicionamiento, tal como lo expresa Virginia:

[E]sta ley después le fue en contra a los mismos legisladores porque ya muchas acciones no las podían hacer, porque ya había algo que estaba asentado por ejemplo, que los recuperadores formaban parte del servicio de higiene urbana, o sea que ya no los pueden perseguir, a pesar de que eso en la práctica no fue así porque los siguieron persiguiendo, pero bueno, ya había algunas personas que si se registraban y te daban los elementos supuestamente la policía no te tenía que perseguir si vos estabas trabajando. Y bueno, esto para mí fue el primer puntapié. (Virginia, Entr. 8, Abuela Naturaleza)

La habilitación legal a ejercer la actividad permite entonces un mayor nivel de protección en tanto que “la policía no te tenía que perseguir si vos estabas trabajando”. El discurso institucionalizado en la legislación deja algo “asentado”, impone nuevas condiciones y posicionamientos de los actores en este campo de disputa, que si bien no se modifican de manera automática abren un camino de cambios en los cuales el ciruja se “transforma” en recuperador urbano y la actividad pasa de estar prohibida a ser reconocida y legalizada.

Algunos de los interrogantes que surgen entonces de lo relatado hasta el momento son: ¿Qué implicaba en estos casos la “incorporación” al servicio de Higiene Urbana? ¿Cuáles eran los intereses puestos en juego y las disputas más significativas en esta legislación? Como mencioné el primer paso para ser incorporado era la inscripción en el RUR. A partir de allí el Estado otorgaba a los recolectores una credencial habilitante. ¿Qué implicaba ello para el gobierno local?

En primer lugar, el registro masivo de los recolectores en actividad le permitió al GCABA contar con un primer acercamiento a la población que se dedicaba a la recolección en las calles de la ciudad, conocer sus nombres, sus edades, su proveniencia, sus trayectorias laborales y sus formas de trabajo. La etapa de registración de los recolectores, realizada a través de los Centros de Gestión y Participación (CGP) de las zonas en las que éstos trabajaban incluía también el registro de sus recorridos por la Ciudad, es decir, un primer esbozo que serviría para pensar una delimitación del territorio en áreas de trabajo que luego, como veremos, serían asignadas a las organizaciones cooperativas.

Ahora bien, durante esta primera etapa de regulación de las prácticas de los recolectores se establecía como condición para el ejercicio de la actividad poseer la credencial otorgada por el Estado, lo cual implicaba que los distintos organismos de control y fiscalización podían requerir a los recolectores su identificación durante el desarrollo de las tareas. Si el recolector no estaba inscripto era susceptible de ser penado, lo que se traducía en confiscación de carros y materiales. Asimismo, por medio de estas disposiciones se establecía un primer paso hacia el control de los trabajadores con el fin de que éstos respetasen una serie de normas que tendían a regular sus prácticas y conductas en la Ciudad. En este marco, aquel recuperador urbano que tuviera:

[S]entencia condenatoria firme por cualquier delito cometido, durante el desarrollo de su actividad, perderá automáticamente la habilitación para el ejercicio de su oficio, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y/o penales que le correspondan. (Art. 19, Decreto Nº 622/2003, Reglamentación Ley 992)

Este artículo muestra la vigencia del prejuicio que asocia a los trabajadores del sector con la delincuencia, ya que de por sí resulta redundante aclarar que un trabajador que recibe habilitación para realizar su tarea por parte del Estado puede perderla si recibe una “sentencia condenatoria firme”. Una segunda curiosidad es que tal sentencia debe aludir a hechos ocurridos en ejercicio de su actividad, lo cual plasma uno de los principales puntos de conflicto con los vecinos de la Ciudad, que manifestaban su inquietud por la presencia de los cartoneros, por la posibilidad que al frecuentar la zona “conocieran el movimiento de las casas” y aprovecharan ese conocimiento para cometer robos. En tal sentido es que considero central pensar las políticas públicas en relación con los conflictos que se plantean en el campo político y no solo como mero efecto de la decisión estatal. Asimismo, el decreto establece que:

El recuperador que incurra en faltas y/o contravenciones reiteradas será pasible de la suspensión de su credencial, pudiéndose llegar al retiro definitivo de la misma conforme a las condiciones que fije oportunamente el PRU. (Art. 20, Decreto Nº 622/2003, Reglamentación Ley Nº 992)

Entonces, por un lado, la incorporación de los recolectores permitía mejorar el acceso de los trabajadores a la Ciudad, a partir de la legalización de la actividad. Sin embargo, dicha búsqueda de regularización de la recolección informal no se encontraba exenta de otros objetivos que, desde la política pública, buscaban establecer vías de control y regulación de las prácticas de los recolectores. Esta tensión, entre el “reconocimiento” y la “incorporación” por un lado, y la regulación y el disciplinamiento del sector, por otro, se volverá más nítida a partir del 2007, cuando desde las políticas locales comience a promoverse la cooperativización de los cartoneros como vía exclusiva para acceder a los recursos brindados por el Estado.

Ley 1.854/2005

El segundo “hito” que he establecido en la delimitación de este segundo momento, fue la sanción de la Ley 1.854, conocida como la ley de basura cero. Esta disposición apuntaba al establecimiento de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades destinadas a la gestión integral de los RSU generados en la CABA con el fin de proteger el medio ambiente, los seres vivos y los bienes. Aquí se asentaron las bases para modificar la política de higiene urbana local, reconociendo al mismo tiempo lo ya preestablecido en la Ley 992.En los términos de Virginia:

[D]espués ya para el 2005 estaba la ley basura cero en danza, que ahí habla concretamente de la Ley 992, entonces ya hay otra ley que está nombrando la anterior, o sea que cada vez hay más leyes que están corroborando ese primer adelanto, y mientras tanto en todo eso hay realmente cooperativas funcionando, tal vez no como una cooperativa ideal, pero con lo que se pudieron conformar y de la manera que pudieron sobrevivir y cada una con distintas experiencias. Ya cuando se trabaja para la ley basura cero es muy interesante porque la ley habla del consejo asesor permanente, donde después de haberse votado la ley a favor también casi por unanimidad, había un grupo de la sociedad civil que podía acompañar para la reglamentación de la ley y ahí estuvimos participando también, que bueno lamentablemente según quién esté en el gobierno se hace una cosa y cambia el funcionario y eso queda anulado o congelado y se empieza a hacer otra cosa. (Virginia, Entr. 8, Abuela Naturaleza)

La ley proponía considerar la problemática de los residuos de forma integral, lo que implicaba tener en cuenta a los distintos actores del circuito económico como parte de un sistema que comprende “generación, disposición inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, manejo y aprovechamiento” (Ley 1854, Art. 3). Entre estos actores, las cooperativas que se encontraban funcionando en la Ciudad, aunque “tal vez no como una cooperativa ideal”, tuvieron un lugar en el diseño de la nueva política de gestión. La apertura a espacios de diálogo, como el consejo asesor permanente, fue también una instancia importante para la participación de “un grupo de la sociedad civil”, dentro del cual se contaban organizaciones ambientalistas, empresas de recolección, militantes políticos y referentes de distintas agrupaciones de cartoneros y cooperativas. Estos actores tuvieron también una intensa participación durante la discusión de los nuevos pliegos de licitación del servicio que comenzó a realizarse a partir del año 2010^[11].

Otra cuestión central a remarcar es que a partir de su implementación la ley preveía un cronograma de reducción progresiva en la cantidad de RSU destinados a entierro. En éste se estipulaba un 30% menos de residuos enterrados para el año 2010, un 50% para el 2012 llegando a un 75% para el 2017, tomando como base de cálculo a los niveles enviados al CEAMSE en el año 2004. Finalmente, en el año 2020 quedaría prohibida la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables^[12].

A pesar de dichas disposiciones la cantidad de residuos enviados a relleno sanitario en la CABA aumentó sostenidamente en los últimos años, es decir que no sólo no se cumplió con la reducción estipulada sino que al mismo tiempo dicha cantidad aumentó a cifras record.

Cuadro 9: Evolución de los RSU dispuestos en la CABA, 1996-2012 (expresada en toneladas)

Año	Toneladas
1996	1.590.754,60
1997	1.671.849,40
1998	1.817.550,20
1999	1.977.252,80
2000	1.953.375,10
2001	1.835.934,30
2002	1.443.046,60
2003	1.421.842,10
2004	1.492.867,10
2005	1.477.147,40
2006	1.536.452,80
2007	1.645.368,00
2008	1.884.460,20
2009	1.847.407,30
2010	2.086.740,50
2011	2.276.813,20
2012	2,131,078,40

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el CEAMSE – 2012

Una de los puntos más significativos que marcó la sanción de esta ley fue la creación de una base para la realización de una política ambiental que modificaba sustancialmente la modalidad de gestión y disposición de los residuos, impulsando la separación en origen y la posterior recuperación de residuos, en la cual las cooperativas de recuperadores adquirían una posición central a partir de la gestión de centros de clasificación y comercialización llamados centros verdes y creados para la realización de una gestión integral de los RSU. En este sentido, este segundo momento significó un avance para consolidar la posición de las organizaciones en el sistema de higiene urbana al mismo tiempo que sostuvo lo establecido anteriormente respecto al reconocimiento de los recolectores.

Así entonces, si por un lado la incorporación de los recolectores se realizaría, en una primera instancia, a partir de su inscripción en el RUR, la incorporación de cooperativas estaba prevista a partir de la entrega de la gestión de los centros verdes. Su creación apuntaba a cumplir objetivos ambientales, económicos y sociales entre los cuales se destacan el apoyo a la autogestión de los recuperadores para la mejora de las utilidades de la actividad, la generación de empleo, el ordenamiento del mercado de productos reciclables, el fortalecimiento de lazos sociales entre los vecinos de la ciudad, la mejora de la higiene urbana, la promoción de la separación en origen y la disminución de la cantidad de RSU enviados a relleno sanitario (Área de Desarrollo de Reciclado Urbano – GCABA^[13]). Para ello, cada empresa licitante del sistema de higiene pública porteño debería encargarse de la construcción de un centro de separación, clasificación y acopio, que le sería brindado a las organizaciones cooperativas inscriptas en el REPYME.

En este marco se inauguró la primera planta de clasificación en el año 2006 en el barrio del Bajo Flores, ubicado en la zona sur de la Ciudad, la cual fue entregada en comodato de usufructo a la Cooperativa CERBAF. Posteriormente, en el año 2007 se realizó la entrega de un centro verde en la misma zona, para gestión conjunta a las cooperativas Reciclando Sueños y Del Oeste, ubicado en el barrio de Villa Soldati. Hacia fines del mismo año se finalizó la construcción del centro verde del barrio de Retiro, otorgado a la cooperativa El Ceibo, y posteriormente se hizo entrega de un predio también ubicado en el Bajo Flores a la Cooperativa El Álamo. Quedaron así incorporadas, en un primer momento, 5 cooperativas al nuevo sistema de gestión que comprendía aproximadamente a 200 trabajadores del sector.

Desde este momento, parte de los recuperadores urbanos y de las cooperativas fueron parcialmente incorporados dentro del sistema de higiene urbana de la CABA. En el primero de los casos, a partir de un intento de regularización del sector de los trabajadores independientes a los cuales se inscribió en el RUR y se les otorgó credenciales y en ocasiones materiales para la realización del trabajo en mejores condiciones. En el segundo caso, a partir del otorgamiento de plantas de clasificación y maquinarias en comodato que contribuyeron a mejorar las posibilidades de separación, clasificación, acopio y venta de los materiales.

Las organizaciones quedaron posicionadas en un punto de tensión acerca de su rol en el dicho sistema, producto de la carencia de una política integral de gestión de residuos. Me refiero, por ejemplo, a la falta de campañas generalizadas de sensibilización sobre la necesidad de separar en origen así como de implementación de una logística integral que se ocupe de la recolección y transferencia de los residuos y de provisión eficaz de recursos a recolectores y cooperativas. Así el reconocimiento legal que tendía a legitimar a los actores más débiles en la cadena de recuperación de residuos, se encontraba opacado por la falta de aplicación efectiva de políticas que acompañasen este discurso. Esta tensión estaba dada entre, por un lado, la legalización y el reconocimiento expresados en la ley 992 y la 1.854 y, por otro, la precarización de los cartoneros y sus organizaciones a través de la falta de una administración y gestión efectiva de la nueva política que se encuentra aún hoy presente. En este sentido sostengo que la incorporación de este sector fue una “inclusión subordinada” en la cual la lógica prevaleciente tendía a favorecer a los intereses del sector privado, buscando reducir los niveles de conflictividad social a partir del otorgamiento de recursos escasos que no promueven una real integración de los cartoneros (independientes y asociados) al sistema de higiene urbana. Al mismo tiempo durante este período quienes integraban las cooperativas continuaban representando una parte menor frente al universo de recolectores informales de la ciudad.

En este marco la cooperativización de los cartoneros aparece, al menos en sus orígenes, como una herramienta legal que les permite institucionalizar las negociaciones establecidas con el Estado y las empresas brindando una cobertura legal que habilita el acceso y la gestión de recursos provenientes del ámbito público y también del privado. Desde el posicionamiento del Estado y de un sector de las empresas el estímulo a la organización del sector fue en principio una vía para contener los conflictos y ordenar a un sector de trabajadores “informales” que, a partir del incremento del cartoneo en la Ciudad, visibilizaron las problemáticas sociales, económicas y ambientales por las que atravesaba el país. La creciente movilización de cartoneros desde los barrios del Conurbano hacia la Ciudad para hacerse de los residuos reciclables comenzó a preocupar a las autoridades porteñas que tendieron a responder con medidas de corte represivo hacia los recolectores. La respuesta de algunos grupos de cartoneros se expresó en cortes de calles, puentes, acampes y movilizaciones, entre las acciones más extendidas. En estas luchas es que emergieron nuevos grupos motivados por la defensa de su derecho a trabajar en la CABA así como de otros orientados a promover la venta conjunta para mejorar las condiciones de compra-venta de los materiales reciclables. En este contexto se fueron prefigurando liderazgos que comenzaron a alterar el paisaje de un mundo complejo y heterogéneo de trabajadores cuyas motivaciones lejos se encontraban de los discursos ambientales y cooperativistas.

Tercer momento: la extensión de la cooperativización en la Ciudad. ¿Prácticas de regulación o espacio de transformación social?

Las formas de organización del trabajo de los recolectores y su relación con el Estado comenzaron a complejizarse hacia fines de la primera década del siglo XXI cuando, tras sucesivos conflictos relacionados con los medios de acceso a la CABA, distintos grupos de cartoneros independientes se organizaron para reclamar la defensa de su fuente laboral.

Los avances logrados en la etapa previa se centraron en el acceso a un paraguas legal que propiciaba la recuperación de RSU y la organización de los cartoneros en cooperativas. El ingreso a los centros verdes de las experiencias organizativas con mayor trayectoria en la Ciudad sentó las bases de una modalidad específica de trabajo basada en la articulación de las cooperativas con el Estado y reconoció, de hecho, la importancia de estas cooperativas para el cambio operado en los últimos años. Así mismo, en este período, comenzaron a fortalecerse las vinculaciones entre los cartoneros y otros dos sectores que tuvieron un papel central en la construcción de las organizaciones asociativas. Por un lado, un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y, por otro, un grupo de trabajadores de la Dirección General de Reciclado (DGREC)^[14] del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) nucleados en ATE-CTA. De ahí que la importancia central de estos cambios radicó en el surgimiento y fortalecimiento de distintas voces representantes de las demandas de los cartoneros, en tanto trabajadores que contribuyen a la implementación de una política ambiental, habilitando un lugar distinto desde dónde negociar y disputar derechos y recursos con el GCABA.

Teniendo en cuenta estas consideraciones es que he delimitado como “tercer momento” el período que comienza en el 2007 y se extiende hasta el 2012, y que se encuentra signado por dos hitos: por un lado el conflicto surgido entre los cartoneros y las empresas ferroviarias y dueños de camiones que los trasladaban a la Ciudad y, por otro, por las disputas entabladas en el marco de la política ambiental que en este período se basaron en la discusión de los nuevos pliegos para la licitación del servicio de higiene urbana.

El primero de estos conflictos surgió en respuesta a una de las modalidades de trabajo que desde el 2001 había comenzado a desarrollarse en la Ciudad. Esta modalidad estaba articulada a partir de la presencia de un nuevo actor en el circuito del reciclaje que ya he mencionado en otras ocasiones: un sector de intermediarios que trasladaban a los cartoneros desde la zona sur de la provincia de Buenos Aires en camiones y que en ocasiones los contrataban como jornaleros para que realicen la recolección en la Ciudad^[15]. Esta forma de acceso a la Ciudad recibió fuertes críticas desde distintos ámbitos que comenzaron a denunciar este sistema de explotación laboral. Al respecto, Alejandra Dandán, periodista especializada en procesos de organización popular, publicó lo siguiente en el diario Página/12:

El volumen de ese mercadeo nocturno que se dispara en la ciudad es un estorbo para muchos. En los últimos días, Cliba, una de las empresas concesionarias que recogen los residuos, se refirió por primera vez al tema nombrándolo como “organización”: “Los camiones no son parte de la pobre gente que vive de la basura –dijeron a Página/12–, ahora estamos hablando de una organización de recolección paralela y clandestina” (…) Los camioneros lo admiten: la organización incluye el control de un territorio propio. En la Capital se ordenan guiados por los límites de cada seccional. Para obtener un pase libre, pagan: una vez por semana o fraccionado en dos partes. La policía la recoge con servicio a puerta a puerta: “Los miércoles y los viernes tocan la puerta del camión y pasan a cobrar entre las 20:30 y las 23:00”, cuenta José E. T., uno de los camioneros protegidos. Para ellos la cuota es un seguro de vía doble: por un lado ganan tranquilidad en las horas de trabajo y por otro garantizan una suerte de regencia sobre la zona. Desde que aparecieron, los cirujas no pueden moverse solos con sus carros. Están obligados a incorporarse a la comunidad protegida. La pena para quien viola ese mandato es certera: prevé la quita del carro o la quema. (Página/12, 26 de mayo de 2002)

El fragmento resulta interesante porque demarca los diversos actores involucrados en un circuito por demás complejo. A las formas de vinculación y organización ya identificadas en apartados anteriores (cartoneros, porteros de edificios, depositeros, empresas de recolección de residuos, cooperativas e industrias papeleras entre otras) se suma una nueva forma de “organización de recolección paralela y clandestina” encarnada por “los camioneros” y “la policía” basada en el “control de un territorio propio”. El manejo y delimitación espacial es central para comprender la dinámica de un mercado en el cual la territorialidad determina los recursos a los que es posible acceder. De ahí que no es lo mismo “controlar” el microcentro (donde abundan los materiales mejor pagos, como es el papel blanco) que otros barrios residenciales donde la generación de residuos es de menor escala y calidad. Este mercado, que a primera vista aparece como carente de regulaciones, se encontraba encarnado en diversos eslabonamientos políticos y sociales que incluían distintas instancias de intercambio informal en las cuales aparecen otros mecanismos que permiten reducir la incertidumbre y el riesgo.

La confianza mutua aparece aquí como un requerimiento que garantiza que no se produzcan transgresiones; confianza que, siguiendo a Portes y Haller (2004) “se genera tanto por las características y sentimientos comunes de las personas y por la expectativa de que las acciones fraudulentas serán castigadas mediante la exclusión, de quien las ha cometido, de las redes sociales y de las transacciones futuras” (p. 16). La transgresión de estos acuerdos, en la medida en que los recursos económicos fluyen a través de ellos, implica que el estar excluidos pueda significar una amenaza mayor que otro tipo de sanciones.

Por lo cual, la falta de otros mecanismos y regulaciones que garantizaran para un sector la posibilidad de cartonear por fuera de estas redes, generaba una necesidad de “incorporarse a la comunidad protegida”. No actuar de acuerdo a como se esperaba, ampliaba las posibilidades de sanción y de exclusión del grupo, que en este caso podía llevar a consecuencias tales como “la quita del carro o la quema”, es decir, a la pérdida de los medios de trabajo. Esta situación de indefensión situaba a los recolectores en una relación de profundo sometimiento frente a los eslabones superiores de la cadena del reciclaje, que en connivencia con otros actores, como un sector de las fuerzas policiales, ejercían una relación de dominación sobre aquellos que se encontraban más desprotegidos por no estar amparados en la legislación laboral.

Estas prácticas, redes y organizaciones buscaron ser desarticuladas desde la nueva gestión que asumió en el 2007, intensificando una línea que ya había establecido el gobierno anterior. La estrategia central del GCABA se centró en una política de persecución y represión a los cartoneros (y otros sectores considerados “usurpadores” del espacio público) basada en el accionar de la Unidad de Recuperación del Espacio público, lo cual se intensificó luego de la creación de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) en el año 2008^[16]. Uno de los objetivos de dicha unidad era “colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público” (Decreto 1232/08) lo cual legitimaba su accionar en el control y la eliminación de los espacios de acopio en las calles porteñas, práctica ampliamente extendida entre los cartoneros en aquel momento^[17].

Ligado a ello, las pésimas condiciones en las que se encontraban los camiones que transportaban a los recolectores, muchos de los cuales carecían de habilitación para circular, instaron al GCABA a intervenir en su regulación. Los controles al ingreso de camiones comenzaron a extenderse durante el año 2006, cuando 83 vehículos fueron secuestrados por no cumplir con ningún requisito técnico para la actividad (La Nación, 22 de noviembre de 2006). Si por un lado estos controles podrían evitar la intermediación de los camioneros en la práctica de la recolección, la prohibición de su ingreso condujo también a aumentar los niveles de conflictividad en tanto que ello limitaba las posibilidades de trabajo de un importante sector de los recolectores.

Estos posicionamientos antagónicos permiten entrever que este contexto se caracteriza por una mayor dualidad de las acciones llevadas a cabo por el GCABA en relación a los cartoneros, influidas por actores con diversos intereses en pugna. Si por un lado los avances en la legislación abrían el juego a los cartoneros y sus organizaciones para entablar nuevas disputas y acceder a una mayor cantidad de recursos, por otro, a partir del despliegue de operativos represivos, se buscaba desincentivar su presencia en la Ciudad.

Ante esta situación, diversos grupos de trabajadores del GCABA y militantes del MTE que desde el 2002 habían comenzado a vincularse con distintos grupos de cartoneros así como con las cooperativas ya existentes, buscaron crear y luego fortalecer a nuevas organizaciones, con el objetivo de defender sus derechos en tanto trabajadores. Fueron estos dos sectores principalmente los que, en los años subsiguientes, buscaron darle una impronta gremial a la organización de los cartoneros con el objetivo de lo que, como expresa uno de sus dirigentes en un reciente comunicado, se traducía en “agrupar al sector de la clase trabajadora que tras décadas de neoliberalismo había quedado afuera del mercado formal de trabajo y los derechos consagrados por las leyes y convenciones colectivas”^[18] (Juan, MTE, 27 de febrero de 2013).

Las distintas formas de acción colectiva llevadas a cabo por los cartoneros en conjunto con el MTE aumentaron también en este período y comprendieron principalmente movilizaciones, cortes de puentes y calles en los cuales se denunciaba al GCABA y al poder policial. La resolución de este conflicto quedó establecida en un acta acuerdo firmada entre los delegados de las organizaciones cartoneras y los funcionarios presentes, que contemplaba gran parte de las reivindicaciones del sector: colectivos para el transporte de las personas que viajaban en camiones; subsidios a los transportistas cartoneros a los efectos de regularizar los vehículos y Oblea habilitante provisoria; otorgamiento de un centro verde para la Cooperativa El Álamo de Villa Pueyrredón; suspensión de la resolución que habilitaba al GCABA a decomisar mercadería y carros en el caso de que los cartoneros no tuvieran credencial, guantes y control de las organizaciones cartoneras sobre el destino de los 500 puntos de recolección diferenciada que por contrato deben realizar las empresas. A partir de aquí el MTE comenzó a hacerse cargo de la recolección de materiales reciclables en los grandes generadores (que luego se trasladan a los centros verdes para ser clasificados y vendidos), servicio hasta el momento brindado por las empresas. Para ello, fue necesario que este grupo de cartoneros se constituyera como cooperativa, como medio para acceder a una figura legal que les permitiese formalizar los acuerdos con el Estado. Como fruto de este proceso, en el 2007 se conformó la primera cooperativa, El Amanecer de los Cartoneros, organizada bajo una nueva modalidad de trabajo sobre la cual me centraré para dar cuenta de las formas de construcción de asociatividad.

El segundo conflicto de importancia, surgió a partir de la decisión de la empresa TBA de cortar el servicio de los ramales que transportaban a los cartoneros, entre los cuales la experiencia del Tren Blanco había cobrado mayor relevancia. La suspensión de los furgones de trenes^[19] en los que viajaban cartoneros de las zonas oeste, norte y sur de la Provincia de Buenos Aires hacia la CABA imposibilitó el acceso a sus lugares de trabajo, por lo cual un grupo significativo de cartoneros comenzó a instalarse en espacios públicos de la Ciudad, en los cuales dormían y acopiaban lo recolectado durante la semana. El acampe en la plaza Noruega, en el barrio de Belgrano, producto del cierre del ramal de la línea Mitre, proveniente de la zona norte del Gran Buenos Aires, fue el conflicto que cobró mayor visibilidad y que luego de más de 20 días culminó con una fuerte represión a los recolectores y vecinos que acompañaban la protesta. Sin embargo, los acampes en otros puntos de la Ciudad continuaron y a ello se añadió una movilización a la Legislatura porteña que fue acompañada por distintos organismos y movimientos sociales -La fundación Madres de Plaza de Mayo, el MTD-Lanús y la Cooperativa Los Pibes, entre otros- (Página/12, 27 de febrero de 2008).

Los acuerdos de negociación establecidos entre los cartoneros ligados al MTE y el GCABA en el año anterior marcaron un antecedente para la resolución de este conflicto. En ellos se logró articular las experiencias organizativas que habían comenzado a gestarse en base a los ramales de trenes con una nueva modalidad de trabajo ligada a la provisión de recursos desde el ámbito público. Uno de los trabajadores de la DGREC que desde ATE-CTA acompañó este proceso me contaba:

Lo que implementamos fue que la junta interna, ante esta avanzada del macrismo, diversas estrategias de poder dentro del universo en el cual articulábamos. Lo primero que dijimos, que no viene al caso contarlo ahora muy extensamente, fue colaborar con organizaciones de vecinos -amigos de los bosques de lagos de Palermo, hacer una intercuenca- eso fue como la primera línea de defensa que armamos para cortar la avanzada. Cuando esto nos dio un poco más de aire de espalda salimos con una doble intención, realmente queríamos levantar estos grupos que querían algo serio de las cooperativas, levantar estos grupos serios que los conocíamos del trabajo de campo y después una estrategia de poder de la junta interna para poder dar la disputa. En el MTE había seiscientos que estaban pudiendo discutir algunas cosas, si nosotros lográbamos organizar otros seiscientos, otros quinientos, otros cientos podíamos discutir algunas cuestiones y tratar de fraccionar un poco más las políticas. (Gonzalo, Entr. 30, DGREC)

La línea política establecida desde ATE en relación a los cartoneros estuvo asentada entonces en una doble estrategia: por un lado, la “defensa” de los recolectores. En este marco, consolidar acuerdos con “organizaciones de vecinos” por ejemplo, permitía mejorar el posicionamiento de los cartoneros y encontrar alianzas para defender los derechos conseguidos hasta el momento que, como hemos visto, quedaron plasmados en las leyes 992 y 1.854. La segunda estrategia tuvo que ver con “levantar a los grupos serios”, es decir, aquellos que veían la organización como un camino posible. Fortalecer estos espacios implicaba desplegar una “estrategia de poder”, sumar asociados para obtener una mayor capacidad de “discutir algunas cuestiones y fraccionar un poco más las políticas”. Y ello porque, así como el MTE había logrado formalizar su negociación a partir de la cooperativización y acceder a los recursos que he mencionado previamente, este proceso abrió también un nuevo campo de disputa entre las organizaciones para distribuir estos recursos, en el cual la capacidad de organización y movilización de los grupos era fundamental. Esta demarcación entre la distribución de recursos empezaba a ligarse también a una delimitación dentro de las instituciones públicas relacionadas a los cartoneros, como continúa relatando mi entrevistado:

Hoy por hoy, hay como dos DGREC, la formal que labura para el MTE dos o tres cositas y la DGREC paralela que es de las cooperativas nuestras, que sumamos para acá o allá hacemos esto o lo otro y le contamos al Director después para dónde va la historia de lo que estamos haciendo .El Director jamás se sentó con Eugenia [otra de las trabajadoras] a decirle hace esto con la cooperativa o lo otro. (Gonzalo, Entr. 30, DGREC)

En este período empieza entonces a delimitarse un conjunto de acuerdos, negociaciones y disputas, no sólo entre las organizaciones y el GCABA, sino también entre las mismas organizaciones que comenzaban a formalizarse en la Ciudad. Entre ellas, la centralidad que tuvo y continúa teniendo el MTE en las negociaciones se vincula con la cantidad de trabajadores que ha logrado asociar, pasando de ser 600 en el 2009 a más de 2.000 en el 2012. La presencia de esta cooperativa habilitó al crecimiento de otras organizaciones y ejerció en la primera etapa el papel de marco legal a través de brindar su personería jurídica para que otros grupos aún no formalizados pudieran acceder a los recursos.

En el caso del conflicto surgido por la suspensión del Tren Blanco (y posteriormente de los distintos ramales ferroviarios que usaban los cartoneros), el programa acordado entre las organizaciones y el GCABA incluyó la entrega de camiones para el traslado de los carros, la compra de micros para el traslado de los cartoneros, la confección de credenciales habilitantes, la entrega de uniformes y bolsones para la recolección y el pago de un incentivo monetario a cambio de cumplir una serie de reglas preestablecidas^[20]. Posteriormente, el GCABA realizó un convenio con la Universidad Interamericana mediante el cual los trabajadores que percibían el incentivo podrían acceder a la obra social de la misma. A partir de entonces se han formalizado aproximadamente a 3.000 recuperadores (nucleados en distintas cooperativas) que trabajan con uniforme, credencial, recursos y logística provistos por el Gobierno de la Ciudad a la vez que perciben un incentivo mensual que a mediados del 2012 rondaba los $1.000 (un mil pesos)^[21].

Entonces, una de las primeras formas de organización y acción colectiva de los cartoneros surgió en torno al conflicto de los trenes, en primer lugar, por la obtención del servicio y, posteriormente, para garantizar su permanencia. La quita del servicio, abrió un nuevo conflicto en el cual el fortalecimiento de los espacios de organización previamente existentes funcionó como la base para actuar colectivamente en la defensa de sus medios de acceso a la Ciudad.

La organización requerida por las empresas ferroviarias para la gestión del servicio de trenes fue entonces el inicio de la conformación de los grupos que luego formaron las nuevas cooperativas de trabajo en la Ciudad. Al respecto, una de las trabajadoras del GCABA que acompañó este proceso mencionaba lo siguiente:

Todos funcionaban como proto-organizaciones, todos se nucleaban bajo algo. Cuando era el tren de cartoneros de la zona lo que era ellos vienen de Maquinista Savio, todo el tren que hacían la combinación Victoria con el tren eléctrico, los nucleaba el depender todavía su traslado en tren. Si bien el trabajo es muy individual y si bien continúa siendo también individual, porque no lo venden en forma grupal y demás al material, a ellos los nucleaba el tema del tren. Cuando quitan el tren que fue en Diciembre del 2007, para la fecha de las fiestas, a ellos los nuclea ahí el pedir al Gobierno que se haga cargo del traslado del material. Y ahí se empiezan a armar en diferentes horarios, si bien el tren tenía seis horarios de ida y tres de vuelta. Tenían como organizados los grupos, como un simil delegado, éste es el que se maneja más, éste es el que más habla con el gobierno. Y por estación de tren también, estaba el de Garín, el de Savio… (Eugenia, Entr. 39, DGREC)

La idea de “proto-organizaciones” resulta en una imagen significativa de lo que constituían los grupos de recolectores en esta época y las bases materiales sobre las cuales se organizaban. El hecho de que entre los cartoneros “el trabajo es muy individual” y que, sumado a ello, son pocas las instancias de encuentro, dado que el espacio de trabajo es la calle como ha sido señalado, la posibilidad de generar acciones colectivas se ve limitada o al menos requiere otras bases sobre las cuales organizarse que no respondan a las formas clásicas basadas en el cara a cara, entre otras dimensiones (De la Garza Toledo, 2011a). En este momento a los cartoneros los “nucleaba el depender su traslado del tren”, a partir de lo cual surgió una primera división de roles entre ellos, que tenía como expresión la figura de hasta entonces un “simil delegado”. El cambio de sistema de transporte del tren hacia los camiones fortaleció el papel de estos actores y les dio un marco de cierta formalidad.

La modalidad inicial de organización por vagones, que en ocasiones tenía más de un delegado por vagón, dio origen a la designación de los primeros representantes dentro de las organizaciones, encargados de realizar las negociaciones con la empresa y, posteriormente, con el GCABA. En esta primera etapa surgieron dos figuras, la del delegado y la del coordinador. Como explica Sandra, sus tareas estaban diferenciadas:

Claro, cuando se empezó a ver quién ponía la cara por ese grupo es que empezaron a salir los delegados y las delegadas. Una vez que teníamos los camiones y todo empezamos con coordinadores y delegados. El coordinador era el que iba a la lucha contra el gobierno y el delegado el que se encargaba de llevar y traer a la gente mientras el coordinador discutía toda la temática y la política con el gobierno. (Sandra, Entr. 44, RT)

En esa necesidad de “poner la cara” por un grupo de la que hablaba Sandra, terminaron de delimitarse las funciones de los delegados como encargados de la organización de los servicios de camiones, lo que incluía tareas como la decisión en torno a qué compañeros utilizaban el servicio, la contabilización de la cantidad de cartoneros por ramal, el fomento de la ayuda mutua para el ascenso y descenso de los carros y la decisión de los puntos de encuentro en los barrios de residencia y de trabajo. El rol de los coordinadores, como se desprende del citado relato, refería a una función política de discusión y negociación con el gobierno.

Estas primeras formas organizativas que surgieron de las experiencias de los trenes y luego se adaptaron a la gestión de los camiones, imprimieron una marca en la dinámica organizativa que luego sería la base de construcción de las nuevas cooperativas. Sin embargo, si bien entre los grupos de recolectores existían lazos y vinculaciones previas, debido a que anteriormente compartían el trayecto en trenes o camiones hacia la ciudad, o en ocasiones algunas experiencias de venta en conjunto, no había entre ellos un proyecto colectivo común. La posibilidad de construir grupos estaba también en estos casos permeada por la inestabilidad de la actividad, que así como se caracteriza por períodos estacionales, también posee altos niveles de rotación. En el próximo capítulo analizaré las estrategias desplegadas desde las organizaciones para la formación de colectivos de trabajo, que permitieran garantizar su sustentabilidad interna, en la cual la movilización de recursos tendrá un rol primordial, como se comienza a vislumbrar en el relato de Eugenia

¿Los que eran representantes en aquel entonces continuaron siéndolo?

Muchos continúan, y muchos otros no… Se renovó mucho la cantidad de gente. Después de toda la exposición que fue en Diciembre del 2007 que se tuvieron que… todo el tema del acampe, todo lo que fue Belgrano, La Pampa, la Plaza Mendoza, todos esos acampes, aparecen los camiones, y ahí aparece la lucha de poder de quién los coordinaba esos camiones, quién se entiende con el camionero para hacer el viaje de ida y vuelta. Ahí empiezan ellos con sus propios mecanismos a hacer como una suerte de elegir delegados, algunos se pusieron como delegados, otros se eligieron como delegados empezaron a tener un trabajo más de coordinación de cada camión. Después aparecen actores más fuertes para ver si nos interesa armar una cooperativa, queremos organizarnos, y hay gente que nos apoya y gente que no. Ahí es cuando también la DGREC empieza a laburar… yo con ellos arranco desde el tren, los conozco desde el tren, con la mitad del tren estuvimos participando toda la parte de los acampes, y después cuando empiezan a organizarse con los camiones empezamos a hacer el recorrido por todos los camiones. Ahí surge la idea de armarse como cooperativa. (Eugenia, Entr. 39, DGREC)

Este fragmento muestra cómo cada recurso conquistado abre una nueva instancia de negociación frente, en este caso al GCABA, y entre los integrantes de las cooperativas. La respuesta frente a los conflictos son los camiones, pero el modo en que se distribuirán plantea la necesidad de efectuar ajustes en el campo de la sustentabilidad interna de las cooperativas. En palabras de Eugenia, estas innovaciones refieren a crear “mecanismos propios” para “coordinar” los grupos. La creación (o fortalecimiento) de referentes que ejerzan dicha coordinación fue el mecanismo que eligieron estos grupos de cartoneros (retomando la trayectoria de la organización previa en los vagones) para dar cauce a esta disputa y formalizar la negociación con el gobierno.

La articulación de estos grupos con “otros actores más fuertes” condujo a consolidar la idea de organización asociativa a través de la cooperativización, como un medio para sostener la fuente de trabajo y, posteriormente, para mejorar las condiciones laborales. La cooperativización aparece así, por un lado como una imposición desde el ámbito gubernamental, como forma de contención del conflicto y de ordenamiento social pero, al mismo tiempo, resulta en una forma de apertura a la obtención de nuevos recursos y de ahí en una posibilidad de fortalecimiento de los cartoneros. Y ello es posible en gran medida porque las posibilidades de ejercer control por parte del Estado también es un eje de debate que no se encuentra establecido y los términos y alcances de ese control pueden aún negociarse. Este mecanismo puede resultar ocasionalmente en un beneficio para los trabajadores asociados, a partir de que ello habilita el acceso al uso del espacio público u otros apoyos para el trabajo y le brinda al gobierno cierta garantía de paz social (De la Garza Toledo, 2011b). Al respecto, otra de las trabajadoras de la DGREC me decía:

¿Y la idea de armar cooperativas de quién fue?

Eran varios. En realidad, la bajada de línea del Gobierno de la Ciudad fue hacer una cooperativa por camión porque había muchas diferencias entre cada camión. Después, empezamos a trabajar mini capacitaciones con calle, cero material, como podíamos, empezamos a laburar contándoles qué era, como armar cooperativa, por camión. Después bajaron una línea que tenía que haber una cooperativa general en toda la ciudad, cosa que nunca sucedió y después dijeron que sea una por zona. Cuando fue una por zona ahí todos se agarraron entre todos porque ya se habían elegido como los cargos entonces se empezaron a pelear quién se ponía. Y a partir de eso, de todas esas peleas, se armaban unas listas, se empezaron a matar entre ellos y en ese “matarse” hubo varios camiones en los que quedó frustrado el intento de hacer cooperativas. Porque se los comió el conflicto. Y hubo otros que más desde abajo lo lograron… (Mariana, Entr. 42, DGREC)

Por lo cual, “la bajada de línea” del GCABA se basó en promover a través de la cooperativización una vía de regulación de las prácticas y comportamientos durante la recolección, a cambio de la distribución de recursos. En un primer momento, frente a la demanda de reconocimiento resultó suficiente el permiso de trabajo (credencial habilitante); sin embargo, los mayores niveles de organización y capacidad de disputa de los recolectores permitieron ampliar estas demandas, el margen de lo considerado justo y posible. De ahí que, en el segundo momento, del permiso al trabajo se pasa al acceso a la gestión de los centros de clasificación en la ciudad. Sin embargo, ello continuaba abarcando a una pequeña parte de la población cartonera ya que la capacidad de absorción de trabajadores en los centros verdes era escasa en relación a la cantidad de cartoneros que transitaban diariamente las calles porteñas. El conflicto establecido con las empresas privadas de tren llevó a que sea el Estado quien se encargue de la gestión del servicio de transporte y logística de los cartoneros. De ahí que éste comienza en este período a hacerse cargo cada vez de más funciones y a proveer a los cartoneros de más recursos, a cambio de que estos se organicen y establezcan mecanismos para gestionarlos y para, al mismo tiempo, regular las formas de ejercicio de la actividad en las calles porteñas.

Entonces la ampliación de prestaciones por parte del Estado se vincula al menos a dos dinámicas: por un lado, a la necesidad del gobierno local de contener un conflicto social creciente y, por otro, a la creciente presión que logran ejercer los recolectores asociados para ampliar sus derechos y recursos. Aquí es donde converge la estrategia de la cooperativización y adquiere un doble sentido: en primer lugar, como instrumento de regulación social y, en segundo lugar, como herramienta de cambio social. Entonces, más allá de dilucidar quién fue efectivamente el promotor de estas organizaciones (las empresas, los cartoneros o el Estado) y las motivaciones fundacionales de estos emprendimientos (disciplinamiento o transformación social); lo que me interesa es remarcar que los procesos organizativos entre los cartoneros surgieron en el cruce de intereses enfrentados dentro de un mismo campo de disputa en el cual con el correr de la década se fueron desplegando nuevas prácticas y ampliando las condiciones de posibilidad de los trabajadores asociados.

De aquí es que surge uno de los postulados propuestos, esto es, que la organización asociativa de los recolectores significó un incremento de sus posibilidades de acceso a derechos, recursos y beneficios, posibilitando consolidar su posición dentro del sistema de higiene urbana local y dentro de la cadena del reciclaje, y ampliando así el horizonte de posibilidades de los recolectores en tanto trabajadores cooperativizados. Esto es, que si bien la cooperativización no fue un objetivo buscado ni deseado por la mayor parte de los cartoneros, el proceso de construcción de las organizaciones asociativas abrió nuevos espacios de reflexión y acción, nuevas formas de reconocimiento de y hacia los trabajadores y nuevas instancias de disputa, que a medida que se fueron destrabando, implicaron nuevos desafíos para los grupos de trabajo, que necesitaron y necesitan reorganizarse para la gestión y administración de los recursos obtenidos.

Organización asociativa y acceso a recursos: nuevas cooperativas de recuperadores urbanos

Los conflictos surgidos en este período habilitaron la construcción de nuevas organizaciones en la Ciudad bajo una nueva modalidad de trabajo basada en la gestión de los recursos que el Estado comenzaba a otorgar a las cooperativas de recuperadores urbanos. Durante esta investigación me he centrado en el estudio en profundidad de tres de estas nuevas cooperativas que, si bien provienen de distintos territorios del Conurbano Bonaerense, comparten orígenes comunes y formas organizativas similares basadas en la recolección de RSU en la vía pública. En este apartado me propongo reconstruir sus orígenes a partir de los relatos de sus socios fundadores.

La Nueva Esperanza del Oeste

La primera de estas organizaciones, que fue a su vez la que más creció en términos numéricos en los últimos años llegando a tener más de 600 asociados, es La Nueva Esperanza del Oeste (NEO). La mayor parte de los asociados de esta organización proviene de la zona oeste del Conurbano, principalmente de las localidades de Moreno, Merlo y Padua, y muchos de ellos se conocieron durante los viajes en tren. A estos grupos luego se sumaron otros provenientes de la zona sur del mismo, con los cuales confluían en la estación Haedo de la línea del Ferrocarril Sarmiento. Las principales paradas de este ramal en la Ciudad eran las de Floresta, Flores, Caballito y Once. Posteriormente al cierre de los ramales, los servicios de camiones establecieron sus paradas en puntos cercanos a las vías del tren. Así me contaban cómo fueron los comienzos dos de sus socios fundadores:

Esto empezó una noche en Caballito mientras esperábamos los camiones para irnos a casa, la idea de ver si podíamos sacar algo para los compañeros y ahí empezamos a llamar a gente conocida que tenía él y ahí empezamos todo, empezando tocando puertas de un lado y de otro hasta que nos dieron bolilla y acá estamos… (Gerardo, Entr. 49, NEO)

 

“…la idea esta del incentivo del subsidio venía de hace mucho, solo que no había de dónde agarrarnos, de dónde agarrarnos y poder pelear por esto y cuando salió esto que nos enteramos por diario de que estaban por cobrar los otros compañeros de cooperativas lo llamé a un compañero y le dije, si ellos cobran vamos a cobrar nosotros, ¿qué somos cartoneros de segunda? Y ahí empezamos viste… empezamos a venir y le dimos y ahora… empezamos con 60 y después con la pelea, el corte de calle fuimos 90 y el primer cobro metimos 113 y ahora somos 180… y vamos por más… tenemos la idea de tener delegados y que cada uno maneje un grupo de gente y así… porque uno no puede con todo, y así que vayan organizando a la gente. (Damián, Entr. 11, NEO)

Las paradas de los camiones, así como antes lo eran las estaciones y viajes en tren, se constituyeron en los nuevos espacios de encuentro entre los trabajadores, espacios en los que comenzaron a surgir las primeras “ideas” relacionadas con la posibilidad de organización de “los compañeros”. El compartir un momento de espera conjunto permitió entonces empezar a organizarse, a fortalecer vínculos y crear nuevas relaciones. El contenido que fueron adquiriendo esas nuevas ideas está vinculado con las experiencias previas de otras cooperativas que asentaron una modalidad de trabajo y disputa que luego fue adoptada por otras organizaciones. Como menciona Damián, la idea de un incentivo “venía de hace mucho”, sin embargo también dice “no había de dónde agarrarnos”; existía una idea de por qué recurso luchar pero aún no estaba consolidada la manera para acceder a ello. Aquí también es donde convergen estos primeros grupos con los trabajadores del GCABA nucleados en ATE-CTA, como dice una de las delegadas de la cooperativa:

En ese momento aparte hubo dos representantes que fueron gracias a ellos que nos abrieron las puertas, por ellos dos nos abrieron las puertas, ellos han hablado, no nos dieron la espalda en ningún momento, hasta el día de hoy están apoyándonos en todo, la verdad que ellos nos dieron una re mano porque empezamos con un grupo de 20, 30 personas como te decía, en Moreno, ahí en ATE, eh… íbamos todos así sin nada, y empezamos así fines de semana, fines de semana por medio, una vez a la semana, siempre había una reunión chiquita, donde siempre se ha presentado el cordobés, nos hablaban, dialogábamos… (Vanesa, Entr. 24, NEO)

La vinculación entre cartoneros y “representantes” de ATE fortaleció estos primeros momentos/ámbitos de encuentro creando nuevos espacios de diálogo. Para Vanesa, estos grupos fueron los que les “abrieron las puertas”, los que brindaron un espacio y habilitaron cambiar ese no tener de dónde agarrarse del que hablaba Damián o este ir “sin nada” a las reuniones. La cooperativización de los cartoneros fue una estrategia que, surgida de estas reuniones y de las experiencias previas de otros grupos, permitió cubrir esa vacante abierta por la presencia de un recurso y la necesidad de crear una herramienta para acceder al mismo.

El acceso a derechos y recursos de los primeros grupos sentó un precedente en las disputas posteriores, establecidas por otros grupos de cartoneros que buscaban una igualación de su situación en relación al resto para dejar de ser “cartoneros de segunda”. Los inicios estuvieron marcados por un período de movilización de los contactos existentes, como dice Gerardo “tocando puertas”, llamando a conocidos y luego, cuando se logra acumular un cierto capital político es que las movilizaciones adquieren la forma de “pelea”. Estos procesos de construcción asociativa que en un primer momento estuvieron centrados en la necesidad de sumar asociados y de consolidar a la cooperativización como posibilidad, abrieron también paso a ir “por más”, a crear nuevas ideas, nuevas formas organizativas, como “tener delegados” para organizar a “la gente”.

Recicladores del Tren

La cooperativa Recicladores del Tren tiene un origen similar al caso anterior. Los grupos que luego formaron parte de esta organización provienen de la zona norte del Conurbano Bonaerense, en su gran mayoría de los barrios de Garín, Matheu y Maquinista Savio y trabajaban principalmente en la zona norte de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, alrededor de las estaciones de Acassuso, Olivos, Nuñez y Belgrano, entre otras, donde luego se situaron las paradas de los camiones. Las primeras disputas por el tren marcaron las primeras experiencias de trabajo en conjunto. En este marco tuvieron lugar las primeras “luchas” compartidas a partir de las cuales comenzaron a formarse los primeros grupos de trabajo, organizados en base a los furgones y paradas del ferrocarril. La suspensión de los servicios a fines de diciembre del 2007, como he analizado, significó un punto de inflexión que llevó a estos grupos a movilizarse para defender sus derechos a partir de lo cual se entabló el acuerdo con el GCABA para organizar la logística del traslado a través de los camiones. La distribución de estos primeros recursos, como subrayan Sandra y Jorge, es lo que impulsó a varios grupos a sumarse a aquellos que se encontraban realizando las negociaciones:

J: a medida que un grupo iba escuchando que ya se estaban dando camiones, se iban acercando. Preguntaban “¿Cómo puedo hacer?, Yo tengo cierta cantidad de gente de tal lado, ¿cómo puedo hacer?”. Ahí se evaluaba, se consideraba la gente y se le daba en un camión.

S: Porque al principio teníamos cinco camiones e íbamos y veníamos tranqui, a la semana. Al mes, ya no. Era llevar y traer a unas doscientas y pico de personas. De ahí, peleando y peleando, se llegó a conseguir, antes de la cooperativa, un camión por grupo, que son los que hoy en día están. (Sandra y Jorge, Entr. 50, RT)

El “trato” al que se llegó con el GCABA permitió reducir la conflictividad. Sin embargo, en un principio esto no representó una solución al problema. Si los camiones permitían el transporte de una parte de los grupos de cartoneros, aún restaba una gran cantidad de gente que no había logrado acceder a ellos. La extensión de los servicios para los otros grupos según Sandra y Jorge fue posible por la continuidad de las luchas que permitieron “conseguir un camión por grupo”. Las vinculaciones que tenían sus orígenes a inicios de la década del 2000 entre los cartoneros de distintos furgones, junto a la necesidad de organizarse para gestionar la logística, impulsaron la unión de estos grupos que en el 2009 se formalizaría bajo la figura de Cooperativa de Trabajo, también con el apoyo de la CTA:

El aporte de la CTA, fue cuando conocimos a los chicos y le presentamos los problemas que teníamos, en ese momento no teníamos la plata para pagar la inscripción de la cooperativa y ellos se hicieron cargo. “Nosotros pagamos, no te hagas ningún problema. Lo que queremos es que se formalicen, que sean una cooperativa”. Decidieron ellos aportar para darnos el beneficio, cosa que después se lo reintegraron. Y bueno, a su vez, a la par de ello, fue que fuimos consiguiendo los cupos, el incentivo y todas esas cosas, a través de Gonzalo, que fue la mano derecha nuestra. Ahí conseguimos todo, gracias a él y a todos los compañeros. (Mirta, Entr. 43, RT)

Recuperando Futuro

El caso de la cooperativa Recuperando Futuro es similar a los anteriores en sus orígenes, no obstante, es la que menos ha crecido numéricamente, lo cual marca algunas diferencias en el proceso de construccióxn asociativa. El grupo que formó la cooperativa proviene del barrio de Guernica, en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires, y utilizaba el servicio de la línea Roca del tren Metropolitano. Los primeros intentos de cooperativización de este grupo fueron en el año 2005, pero por falta de fondos y de acompañamiento técnico no lograron hacerlo. En los primeros años un grupo de ocho personas comenzó a organizar actividades conjuntas basadas en el trabajo barrial, así lo contaba su actual presidenta:

Intentamos hacer la primera vez la cooperativa creo que en el 2005 y necesitábamos doce socios para la cooperativa, que era la primera ley. No lo pudimos hacer porque era plata era, juntarnos entre doce, más que tenían el plan de jefes y jefas y no lo querían perder, porque te quitan esos planes que tenés. Y está penalizado. Entonces fracasó. En aquel momento que lo volvimos a intentar, que fue hace tres años atrás me parece, ya era de ocho. Yo trabajaba en el plan de jefes y jefas. Y trabajé, puse la plata de todos, de los ocho, pero ya para ese entonces teníamos algo en común, que era muy lindo hacer la copa de leche. Teníamos cinco pesos todas las noches arriba del tren, lo que valía un paquete de cigarros en ese momento, y hacíamos la copa de leche. Así empezamos en realidad la copa de leche. (Alicia, Entr. 36, RF)

En este caso, la idea de la organización surgió a partir de la iniciativa de Alicia previamente a los conflictos por el transporte. De ahí que esta cooperativa estuvo principalmente ligada a una experiencia de trabajo previa que se articulaba a través de la realización de una “copa de leche” en el barrio en el que viven los asociados. Así, esta cooperativa empezó a conformarse en base a prácticas de ayuda mutua y de distribución y donación de recursos por parte de un pequeño grupo de ocho personas, coordinado por una referente que impulsó la construcción de un “algo en común”, que en este caso no estaba referenciado en el oficio del cartoneo. En esta primera etapa, los socios trabajaban cada uno por su cuenta y vendían también de manera individual. Los contactos con los trabajadores del GCABA comenzaron también por esos años, en el marco de las inscripciones y capacitaciones brindadas para la entrega de credenciales a cargo de los trabajadores de la DGREC:

¿Y en ese momento sobre qué eran las capacitaciones?

Sobre cómo ser un cartonero. Estaba dentro de la ley. Tus derechos. Eran las primeras capacitaciones que daban. Después, bueno, surgió la idea de conformar la cooperativa y, o sea, era como otro paso pero sin saber nada. Y ahí empezamos, la DGREC, nosotros. Hay cosas que entendíamos y otras cosas que no entendíamos. Y ahí aparece Gonzalo que como que sabe más términos legales porque vos tenés que entender un poco donde te estás metiendo. Y bueno, empezamos a hacerlo así y creo que en eso me ayudo bastante, más que bastante, mucho. A dónde teníamos que ir, a dónde teníamos que llevar los papeles, qué significaba. Era como que te explicaba mucho más profundo, no era un repaso, cuáles son tus derechos. Porque por ahí, de pronto, vos tenés tus estudios y pasaba que vos sabías pero no te digo nada porque te tengo acá, ¿entendés? ¿Y por qué no nos dan esto? Y no, porque ahora no es el momento. Y por qué no nos. No, porque. Así era. O mejor nos juntamos todos en la placita y hablamos siempre lo mismo, era siempre lo mismo. Como no teníamos idea, siempre ahí firmes pero a dónde vamos. Y no, porque tenés que esperar, así estaba de parte del gobierno de ese momento. (Alicia, Entr. 36, RF)

El testimonio de Alicia permite ampliar la comprensión acerca del papel que tuvo la vinculación de estos trabajadores con otros trabajadores. Se puede apreciar cómo el encuentro entre cartoneros y un sector de trabajadores del Estado amplió las posibilidades de organización de estos grupos a través del apoyo y el acompañamiento que éstos realizaron. Así, Alicia cuenta cómo la posibilidad de materializar la “idea de conformar una cooperativa” requería de “entender” de qué se trataba este proceso. Es decir, no solamente saber o conocer “sus derechos” como cartonera, sino también entender cómo ejercerlos, comprender en mayor profundidad cómo negociar con el gobierno, cuáles son los tiempos y momentos para ello, cómo realizar la gestión legal para formalizar la cooperativa, etc.

La posibilidad de traspasar ese “siempre lo mismo” vino dada entonces de la convergencia de intereses y perspectivas diversas que habilitaron una nueva modalidad organizativa en la Ciudad, como son las cooperativas de cartoneros. Sin embargo, la masividad que había adquirido la actividad, esto es, la presencia estimada de 9.000 recolectores informales trabajando en las calles implicaba que las organizaciones no sólo debían diseñar estrategias para sumar asociados, sino también crear formas de gestión y establecer espacios de vinculación en un sector que hasta el momento se encontraba ampliamente fragmentado y en el cual, como decía uno de los trabajadores de la DGREC, “nadie creía para qué era una cooperativa, viste el fantasma de me van a sacar la plata, me van a sacar el material, si me anoto me van a dar de baja el plan social” (Gonzalo, Entr. 30). Sumado a ello, el no tener un espacio común de trabajo y, por ende, de interacción cotidiana entre todos los integrantes de cada cooperativa, implica que estas organizaciones necesitan desplegar estrategias para construir los grupos y establecer reglas comunes de funcionamiento. En este punto, la organización asociativa bajo la forma jurídica de cooperativas marcó también un camino a seguir, dado que las nacientes organizaciones debían responder a lo establecido por el INAES, en tanto órgano regulador de este tipo de entidades. El establecimiento de derechos y obligaciones dentro de las organizaciones estuvo, como veremos, sometido a dos tipos de regulación: por un lado, por los requisitos establecidos por el GCABA para continuar ejerciendo la actividad en la Ciudad y acceder a los recursos provistos; por otro, por aquellos establecidos en la Ley de Cooperativas, cuya aplicación está regulada por el INAES.

Del reconocimiento a la profesionalización. La disputa en torno a los nuevos pliegos

La otra característica definitoria de este tercer momento se relaciona con el cambio en la licitación de los pliegos de higiene urbana de la ciudad. El debate en torno a ello tiene su origen en la sanción de las leyes 992 y 1.854 en las cuales, como mencioné anteriormente, tanto las cooperativas como los recuperadores urbanos se reconocen como los actores legítimamente constituidos para llevar a cabo el tratamiento de los RSU. La disputa por la incorporación de ambos actores en la licitación de los pliegos lleva ya varios años, pero ha sido recién a inicios del 2010 cuando se ha presentado la primera propuesta de incorporación efectiva de los cartoneros organizados como potenciales gestores del servicio de higiene urbana. El proceso comenzó por la presentación de dos borradores de los pliegos, los cuales entraron en una instancia de negociaciones entre diversos actores: el poder público, distintas ONGs y organizaciones relacionadas a la cuestión ambiental, las empresas de recolección en actividad, trabajadores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) del GCABA y cooperativas y agrupaciones de recolectores involucradas en la materia. Si bien no es el objetivo del presente apartado analizar en detalle el diseño de las políticas públicas, cabe mencionar al respecto que el cambio significativo que se presenta en esta instancia es la separación del sistema de recolección, tratamiento y disposición de los residuos húmedos respecto del correspondiente al de residuos secos. En este sentido, la nueva licitación establecía que “el servicio a prestar durante la vigencia del contrato estará a cargo exclusivamente de Cooperativas de Recuperadores Urbanos” (Expediente Nº 350.165/2010, p. 3). Dado que la aprobación y posterior firma de contratos entre las cooperativas y el Estado ha sido posterior al momento de cierre del trabajo de campo realizado para esta investigación, el recorrido que presentaré corresponde a las instancias en las cuales el pliego se debatió teniendo en cuenta el análisis de los principales puntos tanto de consenso como de conflicto respecto a la propuesta.

He delineado en los apartados anteriores cómo la paulatina organización asociativa de grupos de cartoneros en la Ciudad amplió sus posibilidades de disputa en el marco de la política ambiental y de acceso a derechos y recursos como actores legítimos del servicio de higiene urbana. El segundo hito que me interesa señalar dentro de este tercer momento que han transitado las organizaciones de recuperadores urbanos refiere a los cambios establecidos en esta última etapa en el diseño de los pliegos de recolección de residuos, que culminó por otorgar la gestión de los residuos secos a las cooperativas de recuperadores urbanos que se encontraban trabajando en la Ciudad. Busco demostrar cómo en este período la disputa por la inclusión de los recolectores se expresó desde las organizaciones en términos de un reconocimiento de la profesionalización del sector, es decir, de su idoneidad para llevar a cabo la gestión del servicio que hasta el momento se encontraba en manos privadas.

Los primeros debates en relación a la renovación de los pliegos comenzaron durante el año 2008, momento en el que vencía la licitación previa (2004-2008). La primera versión del pliego presentada para reemplazar la licitación que se encontraba por vencer fue ampliamente criticada por diversos sectores, y principalmente por las organizaciones cartoneras, centralmente por dos puntos: el primero de ellos refería a la vuelta que se proponía en el pliego hacia el principio de “pago por tonelada”. Esto implicaba un retroceso en relación con la modalidad basada en el postulado de “área limpia” y volvía a reafirmar la tensión entre empresas y cartoneros por la apropiación de los residuos, al mismo tiempo que desincentivaba la recuperación de los RSU al hacer más rentable al entierro como destino final. El segundo punto estaba relacionado con la exclusión de los recolectores de la licitación del pliego. La propuesta incluía la licitación de un pliego único que incluía a las empresas privadas y referenciaba únicamente a la gestión de los residuos húmedos. En palabras del por entonces ministro del MAyEP, la gestión de los residuos secos se definiría posteriormente en otro pliego específico destinado a las cooperativas a través de un acuerdo basado en los beneficios y obligaciones de ambas partes, tal como lo mencionaba en la Audiencia Pública realizada en la Legislatura de la CABA:

Los beneficios son que tendrán seguridad social e incentivos, inclusive en limpieza, porque creemos que los propios recuperadores urbanos nos ayudan a tener una ciudad más limpia. Además, va a haber un conjunto de obligaciones que también deberán cumplir, como no romper las bolsas en las calles, no clasificar en las esquinas o calles, no permitir el trabajo con menores y el trabajo infantil, utilizar uniformes y respetar los horarios establecidos para el sistema de recolección diferenciada. También vamos a tener sistemas de premios y castigos por cuadra o área que esté limpia, ya que vamos a saber exactamente quién es el cartonero o la organización que la tiene bajo su responsabilidad. (ministro Piccardo, AP, 2008)

Entonces, si bien el proyecto de pliego de los residuos secos aún no se encontraba redactado, las bases sobre las cuáles se distribuirían los recursos, derechos y obligaciones de cada parte había ya comenzado a delinearse en este período y retomaban en parte las disposiciones sobre las cuáles se habían resuelto los conflictos anteriores. Parte de las obligaciones establecidas sostenían las imposiciones previas (para acceder a las credenciales, los incentivos y servicios de camiones, por ejemplo) las cuales se centraban en la regulación de las prácticas laborales de los cartoneros. El “no romper bolsas” y “no clasificar en las calles” apuntaba a mantener el ordenamiento territorial en términos de higiene urbana; la prohibición del trabajo infantil, la utilización de uniformes y el respeto a los horarios establecidos por el sistema de recolección diferenciada se orientaban al ordenamiento laboral del sector. Dos diferencias centrales aparecen aquí, que luego serán cristalizadas en la sanción de los nuevos pliegos. La primera, remite a los “beneficios” a los que accederían los cartoneros y la masividad de su alcance. Si anteriormente la base de regulación del conflicto social partía de un acuerdo en el cual los cartoneros habían logrado obtener el derecho a trabajar en la Ciudad, y luego algunos grupos habían logrado acceder a otra variedad de recursos (como camiones, centros verdes, micros para el transporte, incentivos, etc.), ahora el objetivo era la extensión de estas prestaciones a, como continuaba especificando el ministro Piccardo, las “4800 personas que, hasta ahora, generaron ellos mismos su propio sistema de organización y que son realmente efectivos en cuanto a los objetivos que persiguen, ya que logran juntar 600 toneladas de residuos por día” (AP, 2008).

La segunda diferencia, se vincula con la organización del sector en cooperativas de trabajo como medio para acceder a estos beneficios, lo que implica que a los cartoneros “hay que ordenarlos para organizarlos y darle a ese sistema todavía más potencia (…) Esto significa claramente darles las condiciones como si fuera un trabajo formal en términos de seguridad social, de uniforme, de responsabilidades, de convenios, de contratos, etcétera” (ministro Piccardo, AP, 2008). La cooperativización se presenta así como una vía para ordenar el sector que permite el acceso a prestaciones sociales y, por otra parte, un mayor control sobre el accionar colectivo e individual que permitiría identificar y “saber exactamente quién es el cartonero o la organización” que tiene cada área bajo su responsabilidad. Control que será ejercido a través de un “sistema de premios y castigos” que analizaré más adelante.

Entonces si por un lado las organizaciones cooperativas celebraban que el pliego no mencionara acciones relativas a la recuperación de residuos y a la gestión de lo seco, en tanto que de ser así ello quedaría bajo la órbita de las empresas privadas; ello también era por otro lado criticado en tanto que no se daba cumplimiento a lo establecido en las disposiciones anteriores y se dejaba afuera de la licitación a las cooperativas de cartoneros y a los recolectores independientes que a pesar de lo esbozado, aún no estaba materializado en una propuesta específica.

De ahí que durante las consultas realizadas en la Legislatura Porteña en los meses de septiembre y octubre de ese año, la posición de las organizaciones sociales, cooperativas y sindicales de la CABA que al momento tenían injerencia en la Ciudad se centró en reclamar su participación en la licitación a partir de ser reconocidos no sólo como trabajadores, sino como “trabajadores capaces” de gestionar los residuos secos; “capacidad” dada a partir de la expertise adquirida en el desarrollo de una actividad que los cartoneros se encontraban ejerciendo hacía casi una década. Uno de los referentes de las movilizaciones llevadas a cabo durante el 2007 por el acceso a la ciudad así lo mencionaba durante la Audiencia:

Entonces, hoy por hoy, seguimos adelante con esta lucha; hoy por hoy estamos trabajando. Mucha gente de acá piensa que los cartoneros, los recuperadores, no pueden hacer ese trabajo, que es un trabajo digno, bueno y todo el mundo lo quisiera tener para tener la basura diferenciada. Somos especialistas en esta función, porque sabemos lo que es reciclar todo lo que hay. Hace un mes que estamos haciendo una gran prueba piloto que, hoy por hoy, funciona. Generamos una o dos toneladas diarias de material, cuando las empresas juntan menos que nosotros. Nosotros lo hacemos a pulmón… (Sergio, Cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, AP, 2008)

El proceso de debate en torno a los pliegos se presenta aquí como una continuidad de una “lucha” por el reconocimiento de los cartoneros que se había iniciado casi una década atrás. La incorporación de los recuperadores urbanos en la legislación previa había abierto una nueva posibilidad, un reconocimiento que otorgaba legitimidad a los trabajadores y que ampliaba sus horizontes de posibilidad. El paso de ser “cirujas” a ser recuperadores urbanos había permitido que los logros en términos de legitimación del sector sirviera como base para entablar nuevas disputas donde las trayectorias y experiencias aparecían como las herramientas principales que permitían demostrar las capacidades adquiridas. La posición de varios sectores que consideraban que “los cartoneros no pueden hacer ese trabajo” se enfrentaba con una realidad cotidiana en la cual hasta el momento ni las empresas ni el Estado habían logrado realizar acciones efectivas de recuperación de residuos; no al menos manejando el volumen de toneladas diarias de material que gestionaban los recolectores de manera individual o asociada. La apertura a los debates de la política ambiental y del papel de los recolectores habilitó un contexto en el cual algunos grupos empezaron a entenderse a sí mismos como “especialistas en esta función”. Ante los discursos mayormente extendidos que situaban a los cartoneros como parte de los sectores “inempleables” e “incapaces”, la paulatina organización asociativa de algunos grupos abrió camino a nuevos posicionamientos en los cuales aparece una revalorización de las prácticas efectivamente realizadas y de las capacidades de los cartoneros en tanto trabajadores ambientales. En esta misma línea se posicionaba Cristina, de la Cooperativa El Ceibo:

Nuestra Cooperativa El Ceibo hace nueve años que es especialista en relaciones con la comunidad. Fíjense que somos profesionales: de ser cirujas individuales y revolver una bolsa de basura, pasamos a ser profesionales (…) Queremos que se nos incluya en los pagos por el trabajo que realizamos, de la misma manera en que se las trata a las empresas en el pliego, porque hasta ahora lo hicimos totalmente gratis (…) ¿Cómo no va a ser informal nuestro trabajo si a todos los que estuvieron, y a muchos de los que están en esta sala, les sirve que nosotros sigamos siendo los pobrecitos cirujas; pero a los señores les decimos: Los pobrecitos cirujas crecimos y aprendimos (…) No nos pongan a nosotros como los cucos o los negritos que no sabemos nada. Podemos enseñarles mucho a todos ustedes. Estamos a disposición de todos. Lo que no entiendan, se los podemos explicar, hasta las cosas más simples y sin gastar tantas fortunas como se gastan en campañas. (Cristina, Cooperativa El Ceibo, AP, 2008)

La trayectoria construida por las primeras organizaciones surgidas en la Ciudad habilita entonces a sus participantes a considerarse ya no como “pobrecitos cirujas” sino como “profesionales” que han aprendido de su trabajo y que son capaces de enseñar y explicar cómo se puede reciclar. En la profesionalización de la actividad, la construcción asociativa de los grupos tuvo y tiene un papel de importancia. La construcción de espacios de encuentro dentro de las organizaciones y entre organizaciones distintas propició la apertura a la reflexión, el debate, la solidaridad y el apoyo mutuo, lo cual reforzaba las posibilidades y capacidades materiales, técnicas, sociales y políticas del sector. Este reposicionamiento de los cartoneros cooperativizados abrió el campo a una nueva “lucha” en la cual las distintas organizaciones comenzaron a buscar además de un reconocimiento legal, una retribución material por su trabajo que las incluyera “de la misma manera que a las empresas”.

El surgimiento de nuevas cooperativas en este período, originadas en los conflictos que he analizado en el apartado anterior, permitió un crecimiento no solo cuantitativo de los cartoneros asociados, sino también cualitativo, con un poder de movilización y capacidad de ejercer presión sobre el Estado cada vez mayor. Estas organizaciones comenzaron a obtener paulatinamente una mayor cantidad de recursos que se ampliaban a medida que sus asociados se multiplicaban. El acceso a una mayor cantidad de recursos materiales significó en estos casos un mayor capital político que incrementó las capacidades de juego del sector asociado en la distribución de los recursos que se establecerían en el nuevo borrador de los pliegos de higiene urbana.

El cambio principal, producto de la organización y movilización colectiva de las organizaciones de recuperadores urbanos, así como de otras organizaciones sindicales, políticas y sociales comprometidas con la realidad social y económica de los cartoneros, se centra en la separación de la licitación en dos partes: un pliego destinado a la gestión de residuos húmedos y otro pliego destinado a los residuos secos. Este último prevé que la provisión del servicio de recolección y gestión de los RSU será realizado íntegramente por las cooperativas de recuperadores urbanos para lo cual el GCABA se compromete a brindar una serie de servicios y beneficios a las organizaciones, a cambio del cumplimiento de las obligaciones previstas. El proceso de redacción y posterior sanción del pliego de licitación implicó la participación activa de las cooperativas que aportaron sus propuestas de gestión y disputaron la permanencia de los derechos obtenidos hasta el momento como así también de nuevos beneficios.

La primera audiencia pública realizada para discutir este nuevo pliego fue realizada el 27 de Julio de 2010 en el Teatro Sarmiento de la Ciudad. Como he tenido oportunidad de observar de cerca (a partir de asistir a dicha audiencia), ésta comenzó alrededor de las 11 de la mañana, en un teatro colmado en su mayoría por integrantes de cooperativas cartoneros. Entre los más de 50 participantes inscriptos para dar su opinión había también representantes de asociaciones de la sociedad civil, cooperativas de distintos sectores, funcionarios, vecinos, ONGs, legisladores, empresas privadas y de las Fundaciones Cambio Democrático y Poder Ciudadano que habían sido convocadas por el MAyEP para facilitar el proceso de consulta pública sobre los pliegos preliminares y coordinar instancias de vinculaciones entre los actores involucrados. La jornada fue intensa y estuvo colmada de aplausos y reconocimientos a los participantes que acompañaban a las organizaciones de recuperadores urbanos.

Varios oradores dentro del conjunto de cooperativas que participaron abrieron su discurso con lo que creo representa el cambio más significativo en esta licitación cuando mencionaban, como María, que la importancia de este pliego radicaba en que “pasamos de ser objetos a ser sujetos, y de ser espectadores a ser actores de la historia” (Cooperativa del Oeste, AP, 2010), a lo cual Damián agregaba que “por primera vez somos reconocidos como trabajadores. Los cartoneros dejamos de ser simples cartoneros. Nos reconocen como trabajadores” (NEO, AP, 2010). Del reconocimiento como “recuperadores urbanos” en la Ley 992 al “reconocimiento como trabajadores” en el marco de los pliegos se produjo un salto cualitativo de importancia relacionado con los derechos y obligaciones de las organizaciones en la Ciudad. La incorporación formal de los momentos anteriores se traducía ahora en una incorporación efectiva de las organizaciones brindando a las cooperativas, en palabras de Reynaldo, “una importancia acorde al rol clave que desempeñan en la gestión de residuos sólidos urbanos secos” (cooperativa Reciclando Sueños, AP, 2010).

Los nuevos pliegos, sancionados en el 2010 y finalmente puestos en ejecución a partir de la firma de contratos con las cooperativas en enero de 2013 se basan en cuatro principios rectores: 1. Principio de Gestión Integral de RSU; 2. Principio de Ciudad Limpia; 3. Principio de Basura Cero; 4. Principio de Inclusión Social. Partiendo de estos principios es que se otorga exclusividad a las cooperativas para la licitación del contrato en la totalidad del espacio público de la CABA y se establecen las siguientes prestaciones a cumplir:

1. Recolección de RSU secos puerta a puerta y su traslado a un centro verde o establecimiento análogo a designar;
2. Separación de los todos los RSU secos en un centro verde y la consecuente enajenación de los mismos en su beneficio patrimonial;
3. Capacitación a impartir a los asociados de la cooperativa;
4. Inclusión de recuperadores urbanos individuales que se encuentren desarrollando el servicio por cuenta propia;
5. Ejecución de políticas de comunicación y concientización de la comunidad en los beneficios de la separación en origen y el reciclado de los RSU;
6. Ejecución de políticas de erradicación del trabajo no registrado, insalubre e infantil.

Para garantizar estas prestaciones el GCABA estableció un sistema de scoring a partir del cual se establece una adjudicación de puntos frente al incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte de las cooperativas (Art.° 34, Sistema de Scoring) que estará a cargo del MAyEP en tanto Autoridad de Aplicación designada (Art.° 5). Las principales negociaciones y disputas sobre lo establecido en el proyecto de pliego se centraron en la delimitación de los compromisos y obligaciones de cada una de las partes. Analizar estas tensiones permite desentramar los intereses y visiones en juego en torno al papel otorgado a las cooperativas.

El primer eje de disputas podemos situarlo en relación a las obligaciones establecidas para las organizaciones. Según el primer proyecto presentado, éstas debían hacerse cargo de diseñar y ejecutar políticas para la inclusión de los recuperadores individuales, la comunicación y concientización de la comunidad en materia de separación en origen y la erradicación del trabajo no registrado, insalubre e infantil. Así, además de encargarse de la recolección puerta a puerta y de la clasificación de los RSU, las cooperativas deberían ejercer funciones relacionadas a los ámbitos de injerencia tanto del MAyEP como del Ministerio de Trabajo y al poder de policía. De no cumplimentar con alguna de estas prerrogativas las organizaciones tendrían una multa expresada en puntaje que, si al culminar un año había alcanzado los 100 puntos, perdería la adjudicación otorgada. Según este primer esquema, por ejemplo, de detectarse un caso de trabajo infantil (45 ptos.), la realización del trabajo en condiciones de informalidad (45 ptos.) y la existencia de recolectores independientes trabajando en la zona del adjudicatario (10 ptos.), las organizaciones perderían el contrato ganado. Esto situaba a las cooperativas en una posición de fuerte vulnerabilidad frente a la discrecionalidad de la decisión de la Autoridad de Control, que en este caso no tenía obligaciones adjudicadas al respecto, más que brindar un conjunto limitado y escaso de recursos.

De ahí que, el ordenamiento vía cooperativización del sector era también una vía a través de la cual el Estado se desligaba de sus responsabilidades, tercerizando^[22] responsabilidades propias en las organizaciones de cartoneros. Según Damián, por aquel entonces presidente de La Nueva Esperanza del Oeste, esta situación podía ser explicada de la siguiente manera:

Desde la cooperativa –creo que todos lo están haciendo– pedimos políticas públicas para el cartonero y más asistencia del gobierno. Estamos trabajando en algo muy desierto. Quieren tener el control, pero no pueden, porque están fuera del tema de los cartoneros. Comprendo que se trata de algo nuevo. Necesitamos acompañamiento y asistencia técnica a las cooperativas.

El pliego dice que nosotros debemos hacernos cargo de algunas cosas. El Gobierno se está haciendo a un costado, porque es como si nos dijeran: “Te entrego este lugar; arréglate”. No debe ser así. Necesitamos un poco más de asistencia y de acompañamiento a los compañeros. No se habla de presupuesto. Queremos un presupuesto acorde a lo que dice el pliego. Estas son las preocupaciones que tenemos. Para realizar nuestra tarea, tenemos camiones que nos llevan diariamente y nos traen, pero en el pliego no se habla de eso. Nosotros estamos trabajando en Capital, pero la mercadería la llevamos a provincia. No queremos ser policías de nuestros propios compañeros, porque tenemos que cuidar nuestros contenedores. Eso implica, a veces, pelearnos con nuestros compañeros. (Damián, AP, 2010)

La tensión queda entablada entonces entre una visión impuesta por el Estado, a través de la cual los cartoneros debían ser hacedores y ejecutores de las políticas públicas y otra proveniente de gran parte de las organizaciones que reclamaban “políticas públicas para el cartonero y más asistencia del gobierno”. El principio de “inclusión social” establecido en el pliego es entendido por el gobierno a partir de una lógica de tercerización y precarización laboral en la cual éste se hace “a un costado”, brinda una cantidad de recursos limitados y libra a las organizaciones a una sensación que se expresa en términos de “te entrego este lugar, arréglate” que menciona Damián. Lógica que a mediano plazo podría llevar al fracaso en la gestión de los recursos o bien a la extensión de los conflictos entre grupos de recolectores en la disputa por acceder a los recursos porque, como mencionaba Cristina en su discurso, “ninguno va a dejar su cliente que fue ganado con mucho trabajo” (El Ceibo, AP, 2010). De aquí que librar el control sobre los recuperadores independientes a las organizaciones implicaba que éstas debían constituirse como “policías de sus propios compañeros”. Como planteaba antes María, no delimitar específicamente quién sería el encargado de “efectuar el poder de control y ordenamiento ni las pautas de inclusión llevaría a una pelea de pobres contra pobres” (El Oeste, AP, 2010).

El discurso de Damián también referencia a lo que consideramos el segundo eje de negociaciones y refiere a la exclusividad por zonas que se proponía en la primera versión y al no reconocimiento de la preexistencia de las organizaciones y de sus derechos adquiridos. El hecho de que en el proyecto de pliego “no se habla de presupuesto”, ni se menciona el servicio de camiones para el traslado de los carros, como así tampoco los incentivos monetarios obtenidos, se vincula a la misma dinámica de precarización laboral que he mencionado y al tercer eje que he delimitado en relación a la retribución económica que les correspondería a las organizaciones asociativas por la prestación de sus servicios.

Al respecto el Art.° 6 del borrador del pliego menciona que “como contraprestación de los servicios que por el presente se concesionarán, el GCABA permitirá a las Cooperativas la disposición de los RSU Secos permitiendo gozar de su correspondiente beneficio económico” (2010, p. 9). Este fue uno de los puntos centrales de reclamo durante la audiencia y posterior negociación que, a pesar de ello, no logró alcanzar un acuerdo que incluyera un canon monetario para las cooperativas. Dos cuestiones se cruzan en este debate. En primer lugar, la necesidad de cubrir costos operativos con dinero y no con residuos como postulaba el pliego, ya que ello mejoraría las posibilidades de enfrentar las obligaciones a las que deben responder las organizaciones. En segundo lugar, una cuestión económica, porque como mencionaba Cristina en la Audiencia, “si cinco tipos manejan el tema de papel, cartón, vidrio y demás, bajan el material y nos fundieron a todos” (El Ceibo, AP, 2010). La alta volatilidad del mercado de materiales reciclables y su fuerte dependencia de los ciclos estacionales en los precios, que al mismo tiempo son establecidos por los actores más concentrados de la cadena, requiere que las cooperativas se adapten constantemente a estas variaciones y puedan generar mecanismos para garantizar su sustentabilidad económica. En el marco de un convenio con el Estado esta práctica sitúa a las organizaciones en una situación de precariedad que pone en riesgo su continuidad a largo plazo. Asimismo, si uno de los objetivos del nuevo pliego era responder a las exigencias de disminución de materiales reciclables destinados a entierro establecidos en la ley de basura cero, ello difícilmente podría llevarse a cabo porque como analizaba María en la Audiencia:

[C]on este sistema de pago de costos operativos no se pueden cumplir los objetivos de la Ley 1.854, ya que los recuperadores urbanos sólo recogerán el material que les rinda. Hoy hay muy pocos que cargan film, telgopor, botellas y varios tipos de materiales, porque no es rentable. Si tenemos en cuenta la relación costo-beneficio, o sea espacio en el carro y peso en el carro, contra dinero para cubrir las necesidades básicas de nuestra familia, priorizamos a nuestras familias. (María, Cooperativa del Oeste, AP, 2010)

Tal como he esbozado en las páginas anteriores, el despliegue de una política ambiental en la cual la recuperación de RSU se centre en la gestión de las cooperativas requiere de la creación de mecanismos que permitan sortear la tensión existente entre la rentabilidad del mercado del reciclaje (que es ampliamente diferencial entre los distintos materiales) y los requerimientos necesarios para propiciar la recuperación de aquellos residuos que tienen un bajo valor de mercado. Esta tensión se ve intensificada en el caso de los cartoneros, para quienes la “relación costo-beneficio” se expresa en términos del esfuerzo de su trabajo que parte de la vinculación entre el “espacio en el carro y el peso en el carro” y cuyo resultado implica la posibilidad de “cubrir las necesidades básicas” de sus familias.

La escasez de acuerdos promovidos desde el Estado con el resto de los actores del circuito productivo del reciclaje sumada a la cuasi inacción del mismo en relación a la formalización de gran parte de los intermediarios obstaculiza las posibilidades de las organizaciones de garantizar una estabilidad en sus ingresos económicos y de ahí su sutentabilidad externa. Si esta situación no se modifica en el corto plazo, las posibilidades de desplegar una política ambiental efectiva se verán frenadas por el peso que tiene el valor de ciertos materiales para la subsistencia de las familias de recolectores.

En este sentido, gran parte de los actores resalta como asuntos novedosos e importantes la inclusión y el reconocimiento de las cooperativas y del rol clave que juegan en el circuito productivo del reciclaje. Sin embargo, los referentes de las organizaciones también hacen un fuerte hincapié en la necesidad de reconocer a la recuperación de residuos no solamente como una actividad ambiental, sino y principalmente como una acción de inclusión social, en la cual se persiguen diversos objetivos que al momento no son reconocidos por el Estado. La tensión entre el discurso del reconocimiento y la prácticas efectivas de incorporación subordinada a través de la creación de cooperativas de cartoneros se expresa, entre otras cosas, en la diferenciación que el GCABA realiza entre las empresas privadas (encargadas de la gestión de los residuos húmedos) y las organizaciones cooperativas (abocadas a la gestión de los secos). Mientras que a las primeras se les abona un canon millonario por la prestación de sus servicios, de las cooperativas se espera que se autogestionen con la venta del material obtenido de la recuperación.

Más allá de que aún no se ha logrado dar respuesta a este reclamo de igualación, durante las negociaciones por la redacción definitiva del pliego se han alcanzado un cúmulo de logros que mejoraron el posicionamiento de las organizaciones de recolectores^[23]. En relación al primer eje (las obligaciones establecidas para las organizaciones), el pliego definitivo establece entre los compromisos del GCABA (Art.°33) que éste se debe encargar de la aplicación de los siguientes programas: 1. Un programa integral de logística que deberá contar con los recursos suficientes para lograr la prestación del servicio de manera eficiente, brindando al mismo tiempo un pase libre a cada recuperador urbano para el acceso a los medios de transporte público y al menos un camión en comodato totalmente equipado por zona de recolección a cada cooperativa; 2. Un programa de erradicación del trabajo infantil que deberá contar con recursos suficientes para el desarrollo de políticas públicas destinadas a tal fin y la construcción y mantenimiento de una guardería infantil por cada centro verde en funcionamiento; 3. Un programa de inclusión social integral que deberá garantizar a todos los asociados el acceso a monotributo social, seguro de accidentes personales, uniforme e implementos de higiene y seguridad laboral; 4. Un programa de incentivo mensual, sosteniendo los cupos ya adquiridos e incrementando los mismos en función de la cantidad de asociados que se integren en las organizaciones; 5. Un programa de gestión de centros verdes en el cual el GCABA deberá garantizar el mantenimiento, la seguridad, el contralor administrativo y el transporte de negativos^[24] desde los centros verdes hacia las estaciones de transferencia gestionadas por la CEAMSE.

Entonces, si el GCABA no otorgará un canon específico destinado a la gestión de las organizaciones de la misma manera que se establece con las empresas, al menos las cooperativas han logrado ampliar la cantidad de prestaciones y recursos recibidos, estableciendo también un mayor nivel de corresponsabilidad entre las partes. El establecimiento por escrito de los recursos a distribuir en términos de compromisos que debe cumplir el GCABA brinda otro marco a las organizaciones para la disputa y defensa de sus intereses y derechos adquiridos. Logros que también se expresaron en relación a las demandas del segundo eje que he mencionado (la exclusividad de las zonas de trabajo de cada organización). Al respecto, los artículos 7 y 8 del pliego finalmente licitado fijan un principio de preexistencia de las zonas de trabajo de cada cooperativa, por lo cual se establece que aquellas zonas en las cuales las organizaciones ya se encuentran trabajando no serán destinadas a concurso, evitando así que otras cooperativas puedan acceder a los territorios de recolección en los cuales las organizaciones existentes acrediten antecedentes de trabajo. El mismo principio de preexistencia se establece respecto a los centros verdes. Asimismo se establece que el servicio, en todas sus modalidades, será prestado exclusivamente por las cooperativas y/o por el GCABA, no pudiendo éste delegarse en terceros salvo en situaciones excepcionales y de fuerza mayor que deberán estar debidamente fundamentadas^[25].

Así, si en la primera propuesta las cooperativas quedaban en una posición de fuerte vulnerabilidad, teniendo que asumir una serie de compromisos difícilmente asequibles, luego de la realización de las audiencias y de la presión ejercida por las organizaciones de recuperadores urbanos ello logró modificarse. Dar cuenta entonces del entramado de intereses, visiones y disputas construidas alrededor de la política ambiental permite entender cómo la conformación de organizaciones asociativas bajo la figura legal del cooperativismo ha jugado, para el gobierno local, un papel de regulación de las prácticas del sector cartonero y de contención del conflicto social. Éste, a través de la distribución de recursos logra garantizar un nivel de estabilidad bajo un discurso de “inclusión social”. Las modalidades que han adquirido las formas de inclusión a lo largo de la última década habilitan a vislumbrar las diferentes significaciones puestas en juego con la utilización de este término, a partir de las cuales se han construido políticas y distribuido distintos tipos de recursos. La disputa en el campo de las políticas públicas es en este caso (como en otros) una disputa por la apropiación de recursos que, como veremos en el próximo capítulo, no sólo pueden ser pensados desde un objetivo de regulación y disciplinamiento social sino también como un conjunto de bienes que habilitan y potencian la construcción colectiva para ampliar los horizontes e intereses de los cartoneros en la Ciudad.

Cooperativas, legislación y conflictos: La sustentabilidad externa de las cooperativas

Hasta aquí he tratado de mostrar cómo se han configurado las normas que regulan el funcionamiento de las cooperativas en la actualidad como punto de encuentro entre conflictos sociales, decisiones gubernamentales y procesos de organización. Cada una de estas dimensiones de análisis me permitió explorar desde distintos enfoques el modo en que se desenvolvió el debate social acerca del modo en que “deben” gestionarse los RSU en la Ciudad. En este proceso los límites acerca de lo que es posible, justo y deseable se fueron transformando junto con la legislación, lo cual teniendo en cuenta la propuesta analítica expuesta en la introducción podría expresarse en términos de cómo las normas que regulan el asociativismo para el trabajo en estas experiencias se fueron modificando a la par de las propias organizaciones. Estas normas se comprenden mejor al contemplar las huellas que los distintos procesos de conflicto y negociación dejaron en ellas. Como he tenido ocasión de analizar, el actual Jefe de Gobierno de la CABA fue un ávido animador del conflicto en torno a la apropiación de recursos que se planteó en el primer momento de irrupción masiva de los cartoneros en la Ciudad y de alguna manera, la política que proponía en 2002 tiene algunas semejanzas con la que se está implementando bajo su gobierno, pero no es idéntica. Una de las diferencias fundamentales es el peso específico que adquirieron aquellas primeras cooperativas de cartoneros que tuvieron la difícil tarea de enfrentar los embates represivos y las resistencias a su actividad, pero que aún así lograron instalarse como actores centrales y reconocidos del nuevo modelo de gestión de los RSU. De este modo, la construcción de dispositivos institucionales que podían aspirar a una relación lineal del Estado con los cartoneros, fue resignificada bajo nuevas modalidades de negociación y articulación de un amplio abanico de recursos constituidos bajo la gestión de aquellas cooperativas.

Otra de las diferencias fundamentales fue la necesidad de invertir el sentido de la actividad del reciclado: la nueva legislación refleja un cambio no solo al abandonar la peyorativa caracterización de “ciruja” en pos de la de “reciclador urbano” sino al postular la responsabilidad de los generadores de residuos por el destino de los mismos. Entonces ya no se le hace “un favor al cartonero guardándole el papel”, como me decía uno de los encargados de edificio, sino que el servicio lo está prestando el reciclador al mejorar la calidad de vida de toda la población. Entonces ya no es una actividad de refugio sino un trabajo enmarcado en un servicio público.

Ahora bien, si estas huellas permiten darle un carácter histórico y contingente a las normas establecidas, es cierto también que éstas solo adquieren sentido en el devenir cotidiano de las cooperativas. Este devenir cotidiano se desenvuelve en la búsqueda de esta doble sustentabilidad a la que también hacía referencia al inicio, uno de cuyos componentes es la “sustentabilidad externa”, definida como aquellos principios que permiten a las cooperativas ser reconocidas como agentes de las políticas de higiene urbana y posicionarse en la cadena de valor del reciclado. El recorrido efectuado reveló que los principales ejes de esta sustentabilidad son: a) mantener una relación cordial, o al menos no hostil con los vecinos de la Ciudad; b) no afectar los intereses de las empresas recolectoras; c) prestarse a la realización de las actividades de gestión que requiere la captación de recursos estatales; d) prevenir y/o disminuir a su mínima expresión la cantidad de intermediarios entre los recolectores y las industrias que adquieren los materiales como insumo. Cada uno de estos ejes da lugar a una o más prácticas concretas que comienzan a configurarse como reglas del oficio: no romper las bolsas de basura, no ensuciar las calles, no cometer ilícitos en el ejercicio de la tarea, respetar un mismo recorrido, utilizar uniformes, conformar cooperativas, realizar asambleas y reuniones, hacer un uso solidario de los fondos y recursos, recoger aquellos materiales que pueden ser demandados por las industrias, etcétera. Cada una de estas prácticas puede responder a uno o más principios, por ejemplo: no romper las bolsas o mantener la limpieza en las calles apunta tanto a mantener buenas relaciones con los vecinos como a no afectar los intereses de las empresas recolectoras.

A su vez, hay que decir que estas prácticas se piensan como punto de cristalización de acuerdos que no se alinean perfectamente con la letra de la norma jurídica. Por ejemplo, si bien la legislación actual dice orientarse al reciclaje del total de los desechos, es decir al ideal de basura cero, una de las entrevistadas sostenía que esto iba a ser imposible mientras los ingresos de los trabajadores de las cooperativas dependieran principalmente de aquello que logran vender. Mientras sea así, sólo se recolectará lo que se puede vender. De allí deviene la elección de pensar en términos de sustentabilidad. Es este concepto el que da pie para pensar en frágiles y contingentes equilibrios, situados históricamente, en los cuales la norma jurídica es apenas un elemento a considerar.

Por otra parte, estas prácticas pueden observarse solamente en la medida en que se logre el involucramiento de los trabajadores con los objetivos organizacionales, lo cual constituye la piedra angular de la “sustentabilidad interna” de las organizaciones, aspecto del que me ocuparé en el próximo capítulo.

---