Los golpes de Estado de ayer y hoy
en América Latina

Marcos Roitman Rosenmann

1. Repensando las estrategias golpistas

Los golpes de Estado civil-militares han sido una constante en América Latina. Sirva como dato que, en el siglo xx, se produjeron un total de 325, sin considerar las intentonas fracasadas, las invasiones extranjeras y los ruidos de sable. Diríamos que no se trata de una excepcionalidad, por mucho que el discurso institucional los termine relegando a un pasado superado. La aparición de los llamados “golpes blandos” demuestra su recurrencia. En este sentido, debemos hablar de estrategias complementarias y no excluyentes. Chile es un buen ejemplo de este mecanismo que se mostró operativo en el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.

En la actualidad, los llamados “golpes blandos” forman parte de los manuales de desestabilización conocidos como acciones “no violentas”. En este sentido, se trata de sembrar el caos y conspirar para, a continuación, llamar a las fuerzas armadas a recuperar el poder político para las plutocracias. En esta lógica, no existe un golpe de Estado militar o civil; es la unión de ambas variables lo que facilita su éxito. Sin unidad, el golpe de Estado está destinado a fracasar. Siguiendo el ejemplo de Chile, la sociedad civil cobró relevancia en la estrategia del golpe de Estado; los partidos políticos opositores llamaron a romper el orden constitucional mediante el sabotaje, el juicio político a ministros, las huelgas patronales, de comerciantes, el desabastecimiento, y las movilizaciones estudiantiles y de mujeres. Fueron estas movilizaciones las que crearon las condiciones para el golpe de Estado. También destacó el papel de los medios de comunicación social. En Chile, hubo una actividad frenética por parte de la prensa de derecha, con el fin de generar una opinión pública favorable al golpe de Estado. La campaña del miedo, y la guerra de propaganda contra el gobierno de la Unidad Popular, estuvo presente en las editoriales de El Mercurio, periódico cuyo dueño, Agustín Edwards, llamó directamente al golpe de Estado nada más triunfar la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970. El movimiento gremialista surgido a fines de la década de 1960, y encabezado por Jaime Guzmán, posterior redactor e impulsor de la Constitución pinochetista de 1980, llamó a la movilización contra el gobierno de Salvador Allende.

El gremialismo descubrió la importancia de la acción política en los años sesenta, al tiempo que durante la Unidad Popular comprendió que en la lucha por el imaginario social y la demostración de fuerza era vital la movilización. Ante el fuerte activismo de la izquierda y de los sectores asociados a ella, el gremialismo contribuyó al cercamiento de la derecha a un nuevo estilo de hacer política y abandonó el estilo tradicional derechista de salones y solo actividades cupulares, saliendo a reclutar adolescentes y centros estudiantiles.^[1]

En pleno siglo xxi, los manuales para llevar a cabo los golpes de Estado y los procesos desestabilizadores no se enfocan exclusivamente en las fuerzas armadas. Los golpes de Estado constitucionales (blandos) requieren la participación de muchos agentes sincronizados, todos golpeando al unísono en diferentes frentes. Su arquitectura está diseñada para generar un colapso institucional, bloquear el funcionamiento de los aparatos del Estado y deslegitimar la acción de gobierno. Se trata de organizar y movilizar una parte de la población bajo la estrategia de la desestabilización. Nuevamente, la experiencia de Chile emerge como ejemplo: profesionales, sindicatos amarillos, independientes, organizaciones empresariales, amas de casa, estudiantes, pequeños campesinos, trabajadores de la administración pública, juventud, ONG, sectores medios, etc., se articulan y presentan en un solo frente. Se trata de aislar al gobierno, restarle apoyos, minar su autoridad, servirse de la sedición y buscar el enfrentamiento. En definitiva, es la técnica para garantizar el éxito del golpe blando. Es la suma de una política de desgaste, aislamiento internacional, bloqueo, desinformación, guerra psicológica y desquiciamiento del orden social lo que acaba por quebrar el gobierno constitucional. El resultado de dicha estrategia será proponer que “el gobierno, legítimo en su origen, se torna ilegítimo en su actuación”; así, las condiciones materiales para el golpe de Estado civil-militar están dadas.

En el siglo xxi, tenemos los casos de Honduras, Brasil, Paraguay, Bolivia y, más recientemente, Perú, sin olvidar los intentos fallidos en Venezuela. Acusaciones de corrupción, malversación de fondos, tráfico de influencias, violencia, inseguridad ciudadana, desabastecimiento, inflación, alianza con el narcotráfico son las más recurridas y eficaces en esta estrategia de desgaste. Todo suma para reclamar la “vuelta a la normalidad”. Es decir, restablecer el orden bajo pautas de un golpe de “guante blanco”. El objetivo es minar la autoridad. En uno de los manuales más utilizados, se describe el mecanismo de esta manera:

Todo gobierno requiere de autoridad, requiere de la aceptación de su autoridad, el derecho a mandar y a ser obedecido. La clave de la obediencia habitual está en la mente. Si no hay lealtad, o si no es forzada, la obediencia no se hace habitual. En esencia, la autoridad requiere del reconocimiento voluntario. La falta de aceptación de la autoridad del gobernante disminuye la disposición a obedecer. Si no se reconoce la autoridad al gobernante, la obediencia será un acto consciente, en lugar de habitual; por lo tanto la obediencia se puede negar. Si se niega al gobernante el derecho a gobernar, entonces no hay consenso de grupo que es lo que se requiere para hacer posible su gobierno. La pérdida de autoridad pone en marcha la desintegración del poder gobernante. Su poder disminuye en la medida en que se niega su autoridad.^[2]

En esta dinámica, el Parlamento y los jueces, es decir, el Poder Legislativo y el Judicial, juegan su papel en el tablero del golpe de Estado civil-militar. Mientras tanto, los militares se reciclan en las academias de guerra. Ahora, en la trama de los golpes de Estado blandos, pasan a un segundo plano, no por ello menos importante, solo que no sacarán los tanques a las calles, tampoco ocuparán los sitios neurálgicos del poder, ni confiscarán radioemisoras o llevarán a cabo detenciones masivas. Habrá una política selectiva en cuanto cuerpos de seguridad del Estado. Las torturas, las violaciones y los asesinatos de los dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, medioambientalistas, estudiantiles y los partidos de izquierda se harán de manera colectiva.

Los profesores y alumnos que dan vida a las academias de guerra en las escuelas de oficiales y suboficiales, como en los cursos del alto mando, son instruidos acorde a las prioridades que marca el siglo xxi. Los manuales de contrainsurgencia y guerras de baja intensidad son reelaborados. Las fuerzas armadas se visualizan como un poder del Estado no beligerante y siempre bajo las órdenes del poder civil. En Perú, sin ir más lejos, sus mandos se han reinventado en la lucha contra el narcotráfico, asumiendo un papel protagónico en la lucha contra el crimen organizado (tráfico de estupefacientes, lucha contra los cárteles o la inmigración ilegal, etc.), lo cual, en los hechos, les otorga una mayor visibilidad en la vida cotidiana de la sociedad civil. Así, se los ve patrullando en las grandes ciudades, actuando en operativos con la DEA, salvamento de rehenes, y luchando contra los pueblos originarios en su papel de defensa de la propiedad privada de las trasnacionales de la soya, madereras, etc. En Chile, se los ve en el Wallmapu reprimiendo al pueblo mapuche; en Chiapas, México, están en puestos estratégicos acosando los caracoles zapatistas o en Perú reprimiendo las manifestaciones de protesta contra el gobierno de facto de Dina Boluarte.

La táctica del golpe de blando busca restar apoyo social a los gobiernos populares y democráticos, paralizando la vida política y social del país, y vaciando de contenido el uso de la violencia legítima por parte del Estado. Se busca romper las vías de negociación para articular un discurso centrado en una sola propuesta: el gobierno debe dimitir por ser ilegítimo en su ejercicio. Argumentos utilizados, incluso, en una monarquía como la española, donde el Partido Popular y VOX llaman continuamente a desobedecer al gobierno para deslegitimar las políticas sociales de la coalición encabezada por el PSOE. Su objetivo final: quebrar el orden institucional bloqueando el Parlamento. La estrategia consiste en acorralar al gobierno, deslegitimar sus fuentes de poder minar su autoridad y promover una desobediencia civil generalizada. Gene Sharp, uno de los principales ideólogos del golpe blando, etiqueta esta dinámica como lucha no violenta del desafío político, considerándola como

una técnica mucho más variada y compleja que la violencia. A diferencia de ésta, es una lucha que emplea armas políticas, económicas, sociales, sicológicas, aplicadas a la población, y las instituciones de la sociedad. A estas armas se las ha conocido bajo diversos nombres, como protestas, huelgas, desobediencia o no cooperación, boicot, descontento y poder popular. Como advertimos antes, todos los gobiernos pueden gobernar mientras, por medio de la cooperación, sumisión y obediencia de la población y de las instituciones de la sociedad, reciban el constante refuerzo de las fuentes de poder que necesitan. El desafío político, a diferencia de la violencia, es el instrumento idóneo para negarle acceso al régimen a esas fuentes de poder.^[3]

En los regímenes presidencialistas, como los latinoamericanos, el golpe blando se presenta como una intromisión del Ejecutivo en las competencias del Poder Legislativo y Judicial. Con estos argumentos, el presidente es trasformado en un dictador. Un caudillo que concentra el poder, despojando a la sociedad civil de sus derechos civiles, rompiendo el equilibro inherente a la división de poderes. De esta manera, el escenario político se encasilla en la dicotomía dictadura versus democracia. A partir de ese momento, la oposición se adjetivará a sí misma como democrática, adjudicando al gobierno el calificativo de comunistas, antidemócratas.

Las libertades individuales, se dirá, estarían amenazadas por políticas colectivistas, izquierdistas, marxistas populistas, que constituyen una amenaza para Occidente:

… esta izquierda tiene un proyecto y se funda en el indigenismo, el neoestatismo, el nacionalismo, el militarismo y el populismo […]. Esta alianza antisistema es enemiga de la globalización […], son unos frustrados donde concentran sus iras y perversiones, son anti-occidentales y anticapitalistas […], aglutinan a la izquierda que fracasó en mayo de 1968, a los que jalearon el comunismo y hoy viven con complacencia la pulsión anti-occidental del islamismo yihadista, a los antiglobalizadores altermundistas […] y las distintas manifestaciones del indigenismo y fanatismo religioso. Su enemigo es Occidente. Esta alianza no es sólo teoría. Hay coincidencia de actuación entre Venezuela, Irán y Siria.^[4]

A lo dicho se agregaría China, como un enemigo capaz de provocar la desintegración de la cultura occidental.

De esta manera, la aplicación de políticas sociales redistributivas en áreas como la salud, la educación, los impuestos, la protección del medio ambiente, la nacionalización de las riquezas básicas o la reforma agraria son consideradas un ataque a la propiedad privada, destinada a la imposición de un orden totalitario. Así, no hay duda alguna de quienes defienden la libertad y quienes, un poder totalitario, identificado con el comunismo.

En esta dinámica entra en juego la guerra psicológica. La política del miedo se generaliza bajo tópicos arraigados, difíciles de combatir, como son las expropiaciones de bienes muebles, la pérdida de libertades personales, el control de la vida privada, una educación carente de valores cristianos con la separación de los hijos de sus padres y un adoctrinamiento ideológico, proselitista y castrador. Así, el marco para movilizar a las fuerzas vivas de la sociedad conlleva una batalla internacional, donde la técnica del golpe de Estado blando se considera una parte esencial de la trama urdida contra los gobiernos progresistas y de izquierda. Santiago Abascal, presidente de VOX, sitúa el enfrentamiento en una lógica de buenos y malos. Los malos: aliados con el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, el hambre y la muerte del subcontinente, y los buenos, los defensores de la civilización católica. Su principal portavoz, el eurodiputado Hermann Tertsch, explicita:

Queremos movilizar a las naciones de este inmenso espacio de lengua, historia, cultura y valores comunes para organizar una defensa común de la vida que merece vivirse […] frente a la ideología igualitarista, ecológico-climática, feminista, abortista, de lobbies LGTB y multiculturalismo que representan las fuerzas totalitarias de América que están en gran parte muy organizadas porque tienen una larga experiencia de sinergias siempre coordinadas en determinados espacios […] el foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla.

En definitiva, dirá Santiago Abascal, “defender la democracia en la Iberosfera frente al comunismo”. Esta guerra psicológica hunde sus raíces en la década de 1950 del siglo pasado como expresión de la Guerra Fría. Sirvan dos ejemplos. El primero hace referencia a un documento elaborado por la CIA en tiempos del macartismo de título Manual comunista de instrucciones para la guerra psicopolítica; en él, se plantea la posibilidad de infiltración comunista en el sistema nacional profesional de salud con el fin de hacer que América sea “más loca”. En este sentido, los comunistas tratarían de reclutar médicos y psiquiatras para desquiciar la vida de la población por medio de “tratamientos” que la vuelvan neurótica, que alienten el suicidio y que “mantengan alta la mística de la locura”. Al mismo tiempo, la conspiración comunista buscaba destruir la libertad:

… los comunistas han desarrollado una elaborada técnica científica, calculada y dirigida a inutilizar a la juventud estadounidense por medio de ataques al sistema nervioso, promoviendo el deterioro y el retardo mental […]. La música destructiva de los Beatles simplemente refuerza el sistema excitatorio de la juventud en el punto donde se cruza el sistema inhibitorio: todo esto debilita el sistema nervioso del joven y lo hace sufrir una neurosis artificialmente inducida. Lo horrorizante, y aun fatal, de este estado de destrucción mental, es que estos adolescentes, una vez que han entrado en este estado de excitación e hipnosis pueden ser dirigidos para hacer cualquier cosa y lo harán.^[5]

El segundo ejemplo corresponde a la anécdota protagonizada por la madre de Salvador Allende, narrada tal y como se la comentó a Osvaldo Puccio, secretario personal del presidente. Mujer de profundas convicciones católicas, de misa diaria, se presentó ante el confesionario. El sacerdote, que seguramente no sabía quién era, le preguntó:

… por quién iba a votar en las próximas elecciones, a lo cual doña Laura contestó prestamente que por Salvador Allende ¡¿Cómo?! –le inquiere el sacerdote visiblemente alterado– ¿no sabe Usted que se trata de un comunista, de un hombre malo, que va a destruir iglesias, a encarcelar a los sacerdotes, a hacer que violen a las monjas, que les va a quitar los niños a las madres para que los eduque el estado? Doña Laura le responde con serenidad que nada de eso va ocurrir si Salvador Allende sale elegido, porque él es un buen hijo y no va hacer cosas malas. ¿Cómo sabe usted que es un buen hijo? –le conmina el religioso con extrañeza–. Muy sencillo –le contesta doña Laura–, soy su madre.^[6]

Movilizar y provocar la parálisis institucional son los objetivos del golpe blando. Eufemísticamente considerado como lucha política no violenta, trata de negar legitimidad al poder legalmente constituido. En este sentido, Gene Sharp explica el significado de tal decisión al señalar que,

cuando la gente se rehúsa a cooperar, se niega a prestar ayuda, y persiste en esta desobediencia o postura retadora, le está negando a su adversario el apoyo y cooperación humanas básicas a cualquier gobierno o sistema jerárquico requiere. Si lo hace suficiente gente y por un tiempo suficientemente largo, ese gobierno o sistema jerárquico perderá el poder. Esta es la premisa básica de la acción no violenta.^[7]

Mermar la autoridad política, romper la confianza, restar poder y cuestionar la legitimidad del orden social son fases del golpe de Estado. Esta estrategia no es nueva. Solo es relevante el papel protagónico de los Poderes Judicial y Legislativo y la movilización activa de las organizaciones que componen la sociedad civil. No se trata de acciones espontáneas; es la agenda de un plan diseñado para conseguir objetivos a largo plazo. Los tiempos del golpe blando son elásticos y responden a una dinámica para socavar el poder legítimamente constituido, buscando la destrucción total de la alternativa anticapitalista.

El golpe de Estado civil-militar, en cualquiera de sus fórmulas, blando o con un protagonismo relevante de las fuerzas armadas, genera y produce violencia. Por consiguiente, las plutocracias latinoamericanas harán uso de una u otra estrategia acorde con sus necesidades. En unas, directamente bombardeando palacios presidenciales y sacando las fuerzas armadas a la calle, y, en otras, movilizando a jueces, diputados, senadores y medios de comunicación social.

Las alianzas que definen las fuerzas golpistas son parte del complejo industrial, financiero, militar y tecnológico construido sobre la militarización del poder, el miedo y el control de la población. Asistimos a una guerra total no declarada, donde el control de las emociones y el dolor se constituyen en dispositivos para el golpe de Estado. En la actualidad, las tecnologías de la información, el uso de algoritmos y la inteligencia artificial son armas “no violentas” para fabricar golpes de Estado. Así, los ideólogos de los golpes de Estado se centran en señalar que

la capacidad de las tecnologías de la información ha transformado la guerra en una cuestión esencialmente de ideas y de epistemología […] a las claras significa que la guerra de la información tiene que ver con la forma en que los humanos piensan, y lo que es más importante, con la forma en la que toman sus decisiones […]. Esta redefinición […] bajo el prisma de la información se resume en una metáfora biológica: la guerra neocortical.^[8]

No por casualidad vivimos un tiempo en el que los golpes de Estado y las guerras no declaradas frente al enemigo interno asumen características propias de la transformación del capitalismo analógico al capitalismo digital. Asistimos a la emergencia de la necropolítica y la criminalización del pensamiento. Es una guerra que

se esfuerza en controlar o en modelar el comportamiento del organismo enemigo, pero sin destruir los organismos. Y esto se logra buscando influir incluso hasta el punto de regular la conciencia, las percepciones y la voluntad de liderazgo del adversario: el sistema neocortical del enemigo. El objetivo es el de paralizar en el adversario el ciclo de observación, de la orientación de la decisión y de la acción. En suma, se trata de anular la capacidad de comprender. Según el coronel de la USAF Richard Szafranski, se trata de hacer operativa esta guerra neocortical. Para Estados Unidos significa reestructurar a nivel mundial sus aparatos de colecta y diseminación de información, colocar en la red las diversas agencias de inteligencia y sus capacidades de análisis.^[9]

Quienes formulan las estrategias de los golpes de Estado civil-militar saben que se enfrentan a una guerra total, donde está en juego la sobrevivencia del capitalismo y en la actualidad la hegemonía de los Estados Unidos. Se trata de “fortalecer y generar una fuerza conjunta de control, militar y civil, mejor integrada en torno a las necesidades de la seguridad nacional, abarcando elementos armados y no armados, con presencia o no de armas no letales”.^[10]

Hoy hablamos de golpes blandos, constitucionales, no violentos, de mercado; en todos ellos, el objetivo es alterar el orden democrático y romper la voluntad expresada en las urnas. Cuando un juicio político se construye mintiendo, estamos en presencia de una circunstancia adjetivada por los juristas como abuso del derecho y de ahí el apelativo de ser un golpe de Estado blando, suave o no violento. En sí, se trata de un acto ilícito realizado con culpa, donde el titular de un derecho objetivo o subjetivo actúa de modo tal, que su conducta concuerda con la norma legal que concede la facultad, pero su ejercicio resulta contrario a la buena fe, la moral, las buenas costumbres o los fines sociales y económicos del derecho.

La necesidad de control de las materias primas, el agotamiento de los combustibles fósiles, el calentamiento global, y la consolidación de los BRICS son factores que inciden directamente en las políticas tendientes a perpetuar los golpes de Estado en América Latina. La historia reciente muestra que la técnica del golpe de Estado civil-militar mantiene toda su vitalidad, siendo una opción nunca descartada por las clases dominantes para frenar el avance democrático de gobiernos populares defensores de la justicia social, la igualdad y la lucha anticapitalista.

2. Los nuevos golpes de Estado: Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016)

Los golpes de Estado en tiempos de guerra muestran grandes diferencias con aquellos que se llevaron a cabo en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2015). Baste recordar Uruguay 1973, Chile 1973 y Argentina 1976. En primer lugar, los parlamentos fueron clausurados, y el Poder Judicial, amordazado. La justicia militar entró en escena. Durante los primeros años de la dictadura en Chile, se gobernó mediante decretos y bandos militares hasta la promulgación de la Constitución pinochetista de 1980. En Argentina, la Junta Militar construyó un decálogo de normativas conocido como “Documentos básicos y bases políticas de las Fuerzas Armadas para el proceso de reorganización nacional”, derogado en 1983, por el presidente Raúl Alfonsín. En este sentido, ambas juntas militares actuaron con las prerrogativas de un “estado de guerra” y excepción, donde los derechos políticos y civiles fueron eliminados, recurriendo al genocidio, la tortura, el asesinato político y la desaparición forzada de militantes de la izquierda política.

En el caso de Honduras (2009), fue la Corte Suprema de Justicia la encargada de poner en marcha el golpe de Estado. Su papel consistió en emitir una orden de allanamiento y captura del presidente Manuel Zelaya el 26 de junio de 2009. Esta acción se vio complementada por la actuación del Congreso Nacional, en el cual los diputados golpistas nombraron una Comisión de Investigación para dirimir el carácter anticonstitucional de las decisiones tomadas por el presidente. Así, las fuerzas armadas hondureñas se limitaron a cumplir la orden emanada de los tribunales. El presidente Zelaya, retenido en su casa, fue trasladado, por decisión unilateral de sus captores, a Costa Rica, haciendo caso omiso de la instrucción judicial. Podríamos señalar que fue ese el momento insurreccional de las fuerzas armadas. El presidente de facto, Roberto Micheletti, aprobó, de todas formas, dicha acción. Dos años más tarde, en 2011, bajo la administración de Porfirio Lobo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras valoró dicha actitud como un exceso de poder e incumplimiento del mandato:

… de esta instrucción judicial, la Corte Suprema de Justicia no pidió explicaciones ni se registró actuación alguna. Al mismo tiempo, consumada la expatriación del presidente Zelaya, las fuerzas armadas convocaron a funcionarios de los Poderes del Estado y algunos políticos al Estado Mayor, ante lo cual algunos se negaron, pero a los que asistieron se les pidió redactar un comunicado a la población hondureña que explicara lo sucedido. Simultáneamente, otra reunión se estaba celebrando en el Congreso Nacional. Dos esferas de acción se fueron definiendo, la de la seguridad y manejo del conflicto sociopolítico dejada a las fuerzas armadas y policías; y la definición política partidaria e institucional a cargo del congreso Nacional. Esta condición, y otras, hacen que el golpe de Estado en Honduras registre particularidades que rebasan el concepto clásico de golpe de Estado en América latina.^[11]

Este mismo informe reconoce, además:

… entre las funciones del Congreso Nacional no tiene atribuciones para destituir al presidente ni para nombrar al sustituto, por lo que colegiamos que el nombramiento del señor Roberto Micheletti como presidente interino de Honduras fue ilegal y que el gobierno que surge entre el día 28 de junio del año 2009 y el 26 de enero del año 2010, es un gobierno de facto.^[12]

En la otra cara de la acción del gobierno de facto y los años posteriores, la represión fue ejercida de forma sistemática, procediendo al asesinato selectivo de dirigentes sindicales, la limitación de los derechos humanos, y la persecución de líderes campesinos, militantes de izquierda, defensores medioambientalistas y activistas de las colectividades LGTB. Entre el 2011 y el 2014, se produjeron 101 asesinatos políticos. Y en 2016, los casos de Berta Cáceres, Nelson García y Lesbia Yaneth Urquía formaron parte de esta estrategia del “golpe blando”, que marca la complicidad de las fuerzas armadas con los escuadrones de la muerte.

En Paraguay (2012), se desarrolló un guion muy similar. El Congreso Nacional redactó un libelo acusatorio contra el presidente de la república, Fernando Lugo Méndez, de acuerdo al artículo 225 de la Constitución de 1992, en la que se recogió la necesidad de realizar un juicio político al presidente:

… por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o delitos comunes […]. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios y corresponde a la Cámara de senadores, por mayoría absoluta de sus dos tercios, juzgar en juicio político a los acusados”.

El control político de la Cámara, en manos de la oposición, y un vicepresidente del partido liberal, Federico Franco, cómplice de la acusación, facilitaron el impeachment. Solo tres diputados de 80 y tres senadores de 45 pertenecían al Frente Guazú. El juicio político fue cuestión de tiempo; bastó unir argumentos y excusas para activar el procedimiento. El detonante fue la matanza de Curuguaty, el 15 de junio de 2012, donde fueron desalojados los campesinos que ocupaban los terrenos propiedad del oligarca Blas Riquelme, expresidente del Partido Colorado. 17 muertos y decenas de heridos fue el balance de la represión y el motivo esgrimido para poner en marcha el golpe blando. El libelo redactado constó de nueve páginas donde se exponían los hechos que llevaron a la destitución del presidente. Asimismo, constaba de cinco acusaciones, ninguna de ellas fue posteriormente probada tras la destitución. Por su trascendencia en la articulación del golpe blando, se reproduce a continuación:

1. Acto político en el Comando de ingeniería de las fuerzas armadas, donde se celebró el II encuentro de latinoamericanos jóvenes por el cambio. Allí señala la acusación, se manchó el honor patrio de las fuerzas armadas al izar los jóvenes banderas con alusiones políticas en sustitución del pabellón patrio; 2. Caso Ñacunday; acusando al presidente Lugo de ser el único responsable como instigador y facilitador de las invasiones de tierra, violando el derecho de propiedad e ingresando a los inmuebles de colonos, al dar su apoyo a los líderes de esas invasiones, proyectando un mensaje a la ciudadanía de avalar los actos de violencia y de los delitos propiciados por esas organizaciones; 3. Creciente inseguridad, señalando que el presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana; 4. Firma del protocolo de USHUAIA II, declarándolo un atentado contra la soberanía de la República de Paraguay con el avieso propósito de obtener un respaldo en su descarada marcha contra la constitucionalidad y el proceso democrático de la República. La principal característica del protocolo –subraya el libelo– es la identificación del estado con la figura de los presidentes para, en nombre de la “defensa de la democracia” defenderse unos a otros; 5. Caso de la matanza de Curuguaty […] Fernando Lugo hoy por hoy –dirá el libelo– representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia del actual presidente de la república, quien asumió la conducción del país, gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo permanentemente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el estado de Derecho.

No habría opción para la defensa. Lugo diría más tarde en el discurso, una vez destituido:

… quienes dieron el golpe fueron políticos conservadores. Quienes impulsaron el golpe son los que quieren concretar el negocio de la multinacional Rio Tinto Alcán, traicionando la soberanía energética de nuestro país y los intereses de nuestra nación. Aquellos que estuvieron con el golpe son los que se han lucrado con el modelo de país para poco, donde el destino de nuestra gente era la emigración, por eso inmediatamente anunciaron que no implantarían el impuesto a la soja […] detrás del golpe estuvieron aquellos sectores que anhelan la pseudo-integración promovida por los negocios ilícitos y la narcopolítica.

El juicio político contra el presidente Lugo tuvo que sortear un último escollo y, no menos determinante, la destitución del entonces ministro de Defensa, general Bareiro Spaini, cuyo apoyo al presidente supuso un retraso en la estrategia del golpe blando. Para acelerar el proceso, la omnipresente embajada de Estados Unidos presionó para lograr su dimisión, mientras que la Cámara de Diputados y el Senado lo acosaron hasta lograr su objetivo. Una vez eliminado el general Bareiro, el camino quedó libre de obstáculos. El golpe de Estado se encubría bajo el pomposo título de impeachment.

El resultado de la estrategia para destituir al presidente Fernando Lugo tuvo efectos inmediatos, como también sucediera en Honduras en 2009. Se repuso la agenda neoliberal, y las políticas públicas de carácter social fueron eliminadas en casi su totalidad. Paraguay “rectificó” y Estados Unidos dio por concluida la operación destitución de Lugo. Sin obstáculos, el programa de la USAID, denominado UMBRAL, se desarrollaría fluidamente. Y para que no hubiese dudas de la eficacia del golpe blando, en las siguientes elecciones presidenciales, el empresario, banquero y terrateniente Horacio Cartes, educado en los colegios más conservadores y religiosos de Estados Unidos, a la par miembro del Partido Colorado y admirador del dictador Alfredo Stroessner, sería electo presidente.

Por último, en Brasil, en el año 2016, la derecha construyó un plan mucho más elaborado, para lograr la destitución de la presidente Dilma Rousseff. En Brasil ya existía un precedente de impeachment: el llevado a cabo contra el presidente Fernando Collor de Mello. Mello fue el primer presidente de Brasil elegido por votación directa tras el régimen dictatorial. Durante su mandato fue acusado de lavado de dinero, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. El 29 de septiembre de 1992, la Cámara de Diputados dio luz verde al expediente político, y, el 2 de octubre de ese mismo año, Collor de Mello quedaría suspendido del cargo por 180 días. De Mello buscó frenar el impeachment, y optó por renunciar al cargo el 29 de diciembre. Pero la acusación no se paralizó y siguió su curso. Tras la imputación, fue declarado culpable, por lo que perdió todos sus derechos políticos por ocho años. El vicepresidente Itamar Franco lo sustituiría hasta la convocatoria de las siguientes elecciones en 1994. En dicha contienda se impondría el candidato de la socialdemocracia, militante del PSDB, Fernando Henrique Cardoso, exministro de Relaciones y Hacienda durante el breve mandato de Itamar Franco. Curiosamente, Collor de Mello sería rehabilitado años más tarde por la justicia ordinaria argumentándose que la mayoría de las pruebas presentadas en su contra habían sido falsificadas.

El impeachment organizado contra la presidenta Dilma Rousseff se ajusta a la figura jurídica de abuso del derecho. Supuso la utilización espuria del procedimiento con la finalidad de cambiar la dirección política de la acción gubernamental. Su vicepresidente, Michel Temer, perteneciente al PMDB, uno de los participantes y promotores de la “conspiración”, asumiría la presidencia, dando un giro a la acción gubernamental, dejando sin efecto las políticas sociales implementadas por el PT. No sin antes renunciar a la coalición de gobierno el 26 de marzo de 2016, pero sin abandonar su cargo. El golpe de Estado se produjo bajo los auspicios de una parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial, alterando la voluntad general y creando el ambiente propicio para legitimar el golpe blando. Años más tarde, esta estrategia de inhabilitación sería empleada por Jair Bolsonaro, para evitar que Luiz Inácio Lula da Silva concurriera como candidato a las elecciones presidenciales de 2018.

La estrategia consistió en condenar a Lula por supuesta corrupción pasiva. El juez que llevó el caso, Sergio Moro, condenó a Lula el 12 de julio de 2017 a nueve años y seis meses de prisión, por corrupción pasiva. Dicha sentencia significaba la imposibilidad de disputar la presidencia, lo cual llevó al poder al negacionista Jair Bolsonaro. El juez Moro fue premiado por Bolsonaro, que lo nombró ministro de Justicia. En 2023, la Corte Suprema anuló la imputación por los supuestos delitos, desautorizando al juez Moro e iniciando una investigación contra el magistrado por prevaricación. Mientras tanto, en una resolución, la misma Corte Suprema de Justicia señaló que la prisión de Lula había sido un error histórico. Hoy es el presidente de Brasil.

A modo de conclusión

Los golpes de Estado siguen estando a la orden del día. En el siglo xxi, no han desaparecido del horizonte histórico de América Latina, solo que en la actualidad se presentan bajo una máscara de amabilidad, recuperación del orden constitucional y sin el boato que conlleva desplegar los carros de combate en las calles, o los vuelos rasantes de los aviones soltando sus misiles sobre los palacios de gobierno. Menos aún, como parte de un proyecto de involución política, reaccionario y antidemocrático. Amparados en los Poderes Judicial y Legislativo, y con el apoyo siempre necesario de las fuerzas armadas y el imperialismo norteamericano, constituyen un arma para frenar los procesos sociales. El nuevo golpismo está en marcha. Civiles y militares, llenos de odio, inquina y sobre todo anticomunismo, emprenden golpes de Estado frenando las aspiraciones de democracia, justicia social y libertad de millones de ciudadanos. Las fuerzas armadas, educadas en la doctrina de la seguridad nacional, hoy bajo los principios de la lucha contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y la contrainsurgencia, redefinen el enemigo interno. La línea roja se ha cruzado hace décadas. La criminalización del pensamiento, la guerra global de carácter neocortical transforma cualquier proyecto emancipador en blanco y objetivo de las plutocracias y los poderes transnacionales que hoy dominan el mundo. En este nuevo tablero geopolítico, las fuerzas armadas asumen una posición subordinada, aunque siguen considerándose salvaguardas de la patria y los valores cristianos de Occidente. No han dejado de conspirar y se sienten seguros en esta nueva posición, además de negociar su impunidad bajo la condición de no ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, corrupción o torturas.

En esta lógica, si los objetivos de los golpes de Estado civil-militares consisten en torcer la voluntad popular y derrocar a gobiernos constitucionales democráticamente elegidos, suprimiendo derechos civiles, las organizaciones que pueden emprender su realización hoy se han multiplicado. Los globalistas se han propuesto dominar el mundo y para ello no tienen empacho en contraponer los derechos humanos y defender los derechos del capital y la economía de mercado. En esta dinámica, el complejo industrial, tecnológico y militar impondrá su voluntad apoyándose en organismos internacionales como son la Troika europea, las agencias de capital riesgo, la banca de inversión, o las trasnacionales de la alimentación, la agroindustria, la minería y las nuevas empresas ligadas a la cibernética y la inteligencia artificial. Google, Facebook, Twitter, Amazon, Apple, Microsoft. Los nombres de Mark Zuckerberg, Bill Gates, o Elon Musk constituyen parte de este nuevo poder mundial, capaz de generar un totalitarismo de redes, en medio de la transición del capitalismo analógico al capitalismo digital. Así, los nuevos golpes de Estado se podrán llevar a cabo sin disparar un solo tiro. Ese es el verdadero peligro al cual nos enfrentamos.

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