Alejandro Santistevan Gutti

Introducción

Los militares nacionalistas-revolucionarios que dieron golpes de Estado en Perú en octubre de 1968 y en Bolivia en setiembre de 1969 lo hicieron con la pretensión de transformar económica y socialmente sus países. Ambas revoluciones denunciaron que los gobiernos civiles no eran democráticos porque estaban sometidos a la oligarquía local y al capital imperialista.

Este capítulo se basa en una investigación en archivos diplomáticos y políticos de Bolivia y Perú que busca conectar la historia de estas dos revoluciones militares, sus orígenes y sus vínculos diplomáticos para ofrecer una visión trasnacional de las contradicciones que las atravesaron. Con esto, se pretende profundizar la reflexión sobre los golpes de Estado, al discutirlos no como una interrupción de la democracia, sino como un momento de reconstitución del equilibrio de fuerzas y disputa hegemónica. Las relaciones entre Bolivia y Perú en este periodo muestran que, en ambos países, el golpe militar significó un intento de reorientación política y geopolítica que fue resistido y disputado, al punto que estos procesos militares-revolucionarios terminaron con golpes de Estado restauradores.

El texto se divide en dos secciones. La primera se concentra en mostrar cómo los golpes de Estado fueron la culminación de procesos de formación militar y disputa hegemónica, mientras que la segunda parte es un estudio de las reacciones políticas y diplomáticas a los golpes de Estado en el periodo de 1968-1971, para mostrar cómo estos estuvieron marcados por la derechización de las Fuerzas Armadas y las dificultades que implicaba el enfrentamiento con Estados Unidos en la Guerra Fría latinoamericana.

1. El camino hacia la revolución militar: la transformación de las Fuerzas Armadas en Bolivia y en Perú

Los golpes militares no deben ser considerados irregularidades o exabruptos en la historia de Bolivia y de Perú, sino que son parte central del paisaje político de sus historias republicanas.^[2] Dirk Krujit define los ejércitos políticos como aquellos que consideran que gobernar y controlar los asuntos internos de un Estado es parte central de su función.^[3] No se puede pensar la revolución de Juan Velasco (Perú, octubre de 1968) o la de Alfredo Ovando (Bolivia, setiembre de 1969) como una simple continuación de un militarismo congénito, sino que deben entenderse como la culminación de un proceso de formación de pensamiento político-militar y resquebrajamiento de la hegemonía oligárquica y de Estados Unidos en la región. Esta sección discute cómo fue que los ejércitos políticos de Bolivia y Perú albergaron estas ideas de revolución, qué procesos les dieron forma a estos ejércitos y hasta qué punto había fracciones internas dentro de las Fuerzas Armadas.

Los militares de fines de la década de 1960 en Bolivia y Perú se imaginaron como catalizadores de cambios largamente postergados. La cancelación del poder de la oligarquía y su cultura política, la nacionalización de los recursos naturales y la autonomía frente a Estados Unidos eran demandas que estaban presentes en el horizonte político desde al menos la década de 1920, pero que fueron sucesivamente postergadas por gobiernos civiles conservadores y por gobiernos militares restauradores. La Revolución de 1952 en Bolivia y su continuación con el gobierno de René Barrientos (1964-1969), así como en el gobierno de Fernando Belaunde (1963-1968) en Perú, terminaron siendo limitadas por la fuerza de la oligarquía local y la presión de Estados Unidos. Los militares, entonces, llegaron a la conclusión de que las reformas que estos gobiernos no pudieron llevar a cabo debían ser realizadas a través de una revolución militar. Sus motivaciones para la intervención iban desde la contención del comunismo y las guerrillas, una preocupación estratégica por el control de los recursos naturales hasta el nacionalismo, e incluso hubo sectores que abrazaron una versión del socialismo militar. Entonces, el proyecto de las Fuerzas Armadas como conductoras de la revolución significó cosas distintas para diversos militares y constituyó un horizonte paradójico en constante disputa. La relación con Estados Unidos, la naturaleza del gobierno, la relación con los movimientos sociales y la política económica fueron motivo de intensas disputas en esos años. Más que cerrar el campo político e imponer un pensamiento militar monolítico, estos golpes militares abrieron procesos de movilización política y de disputa ideológica al interior de la oficialidad.

Las Fuerzas Armadas de estos países se institucionalizaron y profesionalizaron desde la década de 1950, lo que generó un espacio de autonomía de clase que rompía la tradicional correspondencia entre aparato estatal y oligarquía. Mientras que en otros países las Fuerzas Armadas seguían teniendo un carácter elitista y se las asociaba con el conservadurismo, en Bolivia y en Perú el ejército era uno de los pocos espacios de realización y ascenso social para sectores mestizos y plebeyos. Los partidos políticos de la democracia peruana y boliviana, aunque participaban de elecciones formalmente democráticas, eran en realidad muy poco representativos de la diversidad social e ideológica de estos países. El ejército pretendió reemplazar a los políticos civiles que estaban sociológica e intelectualmente asociados a la oligarquía local y al capital extranjero con una clase de oficiales tecnocráticos que se sentían capaces de modernizar el país. Se trató de la intervención de un ejército político, pero uno que era esencialmente diferente al que produjo los golpes de caudillos en las décadas anteriores. La intervención militar se basó en un frágil consenso que escondía, en realidad, contradicciones que terminarían acabando con los intentos de revolución.

2. El camino hacia la revolución militar en Bolivia

En Bolivia, el ejército surgió como alternativa al Estado oligárquico en el periodo posterior a la guerra del Chaco (1933-1935). El fracaso en la guerra contra Paraguay fue visto por los militares como la muestra de que el sistema político de “la rosca”, es decir, la alianza entre capitalistas mineros y élite política, había caducado. Esto llevó a un grupo de oficiales de rango medio, liderados por David Toro (1936-1937) y Germán Busch (1937-1939), a establecer un gobierno militar que nacionalizó el petróleo que estaba en manos del capital estadounidense. Los gobiernos de Toros y Busch fueron turbulentos y sucumbieron ante la presión de las élites locales y de la Standard Oil, afectada por las expropiaciones. Sin embargo, fueron muy influyentes en forjar un intenso nacionalismo con respecto a los recursos naturales.^[4]

Otro antecedente importante para la historia de los militares bolivianos es el periodo de Gualberto Villaroel (1943-1946), un oficial nacionalista y antioligárquico que fue violetamente derrocado con apoyo de las élites y acusado de ser “fascista”. Villaroel dijo una frase que es recogida por Ovando en sus discursos: “No soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres”. En 1953, un año después de la Revolución de 1952, la escuela militar boliviana fue renombrada como Gualberto Villaroel, señalando así una reorientación política de las Fuerzas Armadas.^[5]

La Revolución de 1952, encabezada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del abogado Víctor Paz Estenssoro, acabó con el sistema político de la rosca, desplazó a la oligarquía y les otorgó el protagonismo a las clases medias urbanas, prometiendo una reforma agraria, la recuperación de los recursos naturales y una política internacional independiente. En 1952, el ejército se alineó con la oligarquía y reprimió la movilización encabezada por el MNR. Sin embargo, ese movimiento social tenía profundas raíces entre sectores campesinos con una larga tradición de resistencia violenta y entre trabajadores mineros que tenían suficiente organización y capacidad para retar el poder del aparato represivo estatal. La intervención de la policía, conformada en parte por veteranos de la guerra del Chaco, en favor de la Revolución y la capacidad de Paz Estenssoro para movilizar sectores de clase media urbana terminaron por consolidar la derrota del ejército prooligárquico. La resistencia de los oficiales a la Revolución le dio a Paz Estenssoro el motivo perfecto para reducir purgar y reorganizar al ejército.^[6]

La reorganización de las Fuerzas Armadas fue una de las primeras cosas que hizo Paz Estenssoro, quien declaró que los colegios militares serían un espacio para “los hijos del pueblo” y no para las élites tradicionales.^[7] En 1953, cuando los colegios militares reabrieron con el nombre de Villaroel y un cariz popular, cambió la manera en que se formaba a los oficiales. Un elemento crucial fue que se pasó de enseñar una historia tradicional alrededor de los héroes y las batallas a una historia más preocupada por las estructuras sociales y económicas.^[8] El MNR pretendía ir más allá y formar células revolucionarias entre las barracas e integrar a los militares más notables al gobierno.

Un asunto clave que les daba identidad a las Fuerzas Armadas de Bolivia, y que fue impulsado aún más por el MNR, es que los soldados y oficiales bolivianos participaban en tareas internas como construcción de caminos y asistencia social. Esto tuvo el efecto de que el ejército fuera visto como una institución legítima entre los sectores populares y también en la percepción de que los militares vivían en carne propia las dificultades sociales de su país.^[9] Alfredo Ovando, protagonista de esta historia, vivió esa época como un oficial ya graduado y formado, que tenía a su cargo la logística militar. Él no fue un producto directo de estos cambios, y más bien su recuerdo al respecto era amargo: criticaba que el MNR hubiera tratado de cooptar políticamente al ejército y, sobre todo, que con el tiempo hubieran dejado de invertir en las Fuerzas Armadas.^[10]

El MNR mantuvo por muy poco tiempo el proyecto de construir un ejército político y de formar cuadros tecnocráticos pero comprometidos ideológicamente con la revolución. De hecho, entre 1953 y 1955, había militantes del Partido Obrero Revolucionario Trotskista, que tenía arraigo y fuerza entre los mineros, enseñando a los oficiales bolivianos. A partir de 1955, en consonancia con el viraje general del MNR hacia la derecha y el realineamiento con Estados Unidos, la formación militar perdió su carácter radical, se removió a los profesores civiles y empezaron a llegar instructores militares estadounidenses.^[11] Este viraje provocó que las Fuerzas Armadas en Bolivia tuvieran una fuerte influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), en su versión anticomunista, promovida por Washington.

Para el final del periodo del MNR en 1964, los militares bolivianos habían recibido enormes cantidades de ayuda militar, financiera y técnica de Estados Unidos.^[12] La contrainsurgencia se volvió la tarea central de las Fuerzas Armadas, y la vinculación con la población se reconceptualizó como “acción cívica”, para enmarcarse en la retórica de la Alianza para el Progreso. Era claro que tanto Estados Unidos como el MNR (ya derechizado) no tenían interés en fomentar en el ejército un pensamiento crítico o revolucionario. Sin embargo, al interior de esta institución surgieron ideas que cuestionaban la DSN en su versión más conservadora y que, en cambio, planteaban una idea de seguridad nacional ligada al desarrollo y el combate a la desigualdad.

El enorme flujo de dinero y apoyo desde Estados Unidos no produjo una adhesión ciega de todos los militares bolivianos, ya que un importante sector resistió a esa influencia. Luigi Einaudi, un intelectual del Departamento de Estado, reconocía que la educación ofrecida por Estados Unidos podía tener un efecto inverso en algunos oficiales latinoamericanos que rechazaban el análisis que hacían los estadounidenses de sus países.^[13] De hecho, varios oficiales que participaron de los gobiernos de Ovando y de Torres pasaron por la infame Escuela de las Américas, pero no asimilaron acríticamente lo que aprendieron ahí, sino que lo combinaron con su propia versión nacionalista y crítica de la situación política de sus países. En 1965, Ovando ya planteaba que, para garantizar la seguridad militar de la patria, no era suficiente el poder de fuego, sino que el ciudadano boliviano debía salir de su situación de pobreza y depresión, algo que solo se podría lograr con cambios socioeconómicos. No había léxico revolucionario, pero sí el germen de una DSN muy original.^[14]

En Bolivia, sin embargo, la contrainsurgencia y el anticomunismo no eran fantasmas, sino una realidad concreta. La represión a la guerrilla liderada por Ernesto Che Guevara de 1967 fue probablemente la principal victoria militar de las Fuerzas Armadas en Bolivia, al punto que, en el museo militar en Sucre, Chuquisaca, se muestran como máximos trofeos de guerra algunos pertrechos del Che. Esto hizo que surgieran héroes militares como Joaquín Zenteno, un personaje que aparecerá más adelante porque fue embajador en Perú entre 1968 y 1970, y que se consolidara un concreto anticomunismo entre muchos oficiales. El general Gary Prado Salmón, uno de los líderes de la operación contra la guerrilla, reflexionó veinte años después de la campaña de Ñancahuazú y señaló que la victoria contra el Che no se debió a los millones de dólares gastados por Estados Unidos, ni a su asistencia militar, sino a que los campesinos confiaban más en el ejército, que conocía perfectamente esa zona por sus labores sociales, que en unos jóvenes guerrilleros venidos de afuera. Prado Salmón se alejó en su análisis de cualquier discurso triunfalista y señaló que les tocaba a los militares y a los civiles en Bolivia atender a las causas estructurales de la violencia.^[15] Prado Salmón fue un militar formado en la corriente nacionalista del ejército, y su interpretación sobre la guerrilla contrasta con el triunfalismo que rodeó la captura del Che y la lectura anticomunista del problema de la violencia política que estaba presente en personajes como Joaquín Zenteno.^[16] Ambos tenían importantes cargos: Prado Salmón pertenecía a la Inteligencia Militar, mientras que Joaquín Zenteno estaba en la Casa Militar de la Presidencia, lo que muestra cómo una misma institución contenía interpretaciones opuestas y contradictorias sobre la actuación del ejército y su relación con la política.

Más allá de las interpretaciones de estos personajes, la Revista Militar Boliviana contiene varios escritos de militares bolivianos sobre la experiencia que tuvieron al enfrentar la guerrilla del Che. En esos textos, los oficiales se esforzaron por debatir la idea, muy popular entre la izquierda, de que el mérito de la victoria sobre Guevara era de la CIA; asimismo, debatieron con el propagandista oficial de la guerrilla, el filósofo francés Regis Debray, que estaba confinado en una prisión militar en medio de la selva boliviana. Un militar boliviano de nombre Carlos Saavedra escribió en 1967 un artículo en que calificó a Debray como un charlatán y un filósofo de pacotilla, que solo ponía excusas para no reconocer que sus ideas no tenían arraigo entre la población boliviana. Saavedra señaló que el Che había sido derrotado porque la contradicción no era entre guerrilla y ejército, sino entre pueblo e invasión extranjera. Sin embargo, Saavedra reconocía que no había un rechazo absoluto al castrismo en el país, porque había contradicciones sociales que les daban base a las demandas del Che. Entonces, Saavedra acuñó una frase que es muy elocuente sobre el pensamiento militar en ese momento: “No hay tiempo de disipar la miseria proletaria con oro americano”.^[17]

Es claro que, dentro del pensamiento militar boliviano, se gestaba una lectura desde la seguridad nacional y el anticomunismo, pero que también los militares comprendían que era indispensable hacer cambios sociales y económicos que evitaran el surgimiento de nuevos conflictos. Al mismo tiempo que se combatía ideológicamente a la guerrilla, se afirmaban cosas como que Bolivia no podía seguir basando su política económica en la experiencia de los países “de clase media alta” y que estaba “probado lo precario del pensamiento económico teñido de vulgar liberalismo”.^[18] Esto era una señal de un pensamiento crítico que buscaba colocarse en un punto entre el anticomunismo pro libre mercado de la DSN y la lectura radical de la izquierda de inspiración marxista. Por ejemplo, Alfredo Ovando, en un discurso ante los jóvenes oficiales en 1968, señalaba que lo que necesitaba el país era una “acción de gobierno o revolución tan constructiva y moralista como la de Kemal Ataturk en Turquía”.^[19] Otra referencia política e intelectual interesante fue la publicación, en la revista de setiembre de 1968, del poema del poeta rumano, exiliado en América Latina, Stefan Baciu:

Yo no canto al Che

Como tampoco he cantado a Stalin

Que lo canten Neruda, Guillén y Cortázar…

Ellos cantan al Che (los cantores de Stalin)

Yo canto a los jóvenes de Checoslovaquia

A los socialistas sin comillas

En busca de libertad

Yo no canto al Che

Como tampoco he cantado a Stalin

Que lo canten los hippies

Que lo canten los exbeats

Que lo canten los que con su canto

Insultan la sangre

De los patriotas checos y cubanos

[…]

Yo no canto al Che

Que en Bolivia llevó a los jóvenes

En las guerrillas a tomar sus orines
Casi locos sin agua.^[20]

El poema de Baciu podría parecer anecdótico, pero señala una sensibilidad anticomunista particular en las coordenadas de la Guerra Fría. No se trataba de la reproducción de un discurso dogmático de la DSN, sino de la búsqueda de un espacio alternativo a la dicotomía entre capitalismo y comunismo. Más que usar la revista como un medio de propaganda o trasmisión de una idea cerrada, sus artículos muestran que el ejército estaba bebiendo de muchas fuentes intelectuales y que buscaba generar un pensamiento crítico propio que le permitiera legitimarse. Un agudo observador de la realidad boliviana como René Zavaleta Mercado describió así la posible sensación de los oficiales ante la muerte del Che:

Como es lógico, los oficiales se preguntan cuál era la razón para que se les asignara ese destino ciego, este papel miserable con el que aparecían desnudos, especialmente después de la muerte del Che y del apresamiento de Debray, sin posibilidad de negación ante los ojos del mundo.^[21]

El comentario de Zavaleta nos indica que la victoria sobre el Che produjo una sensación de ilegitimidad y duda entre algunos oficiales. Sin embargo, en otros oficiales la experiencia guerrillera sí sembró un odio radical a Cuba y al socialismo y reforzó una tendencia derechista-conservadora. El ejército boliviano en 1967, entonces, estaba politizado por su propia experiencia y estaba atravesando por contradicciones profundas.

El general Alfredo Ovando dio su golpe revolucionario en setiembre de 1969 y organizó un gobierno en el que convivían civiles nacionalistas y de izquierda, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, ministro de Energía, y militares de línea dura, como el ministro de Gobierno, el coronel Juan Ayoroa. En lo internacional Ovando se mostró distante de Washington y adoptó un lenguaje antiimperialista y no alineado. Esto causó cierta confusión entre los que veían el asesinato del Che como la consumación de la norteamericanización del ejército boliviano. Un periodista de la revista argentina Cristianismo y Revolución le preguntó a Ovando en diciembre de 1969 si era realmente posible hacer una revolución desde una institución influida por el Pentágono como el ejército boliviano; Ovando respondió:

Yo creo que sí. Si no hay la educación, sino hay la formación, usted verá que eso sería imposible. Y esta fue la tarea nuestra, precisamente. Haber ido creando este espíritu, haber ido educando al futuro oficial en el espíritu esencialmente nacionalista. Las Fuerzas Armadas de Bolivia se prestan para esto. No han sido siempre una institución de casta. Los oficiales provienen de una clase media pobre. Y en algunos casos de sectores campesinos. Y creo que existe un gran espíritu revolucionario, aunque, quizás, todavía no una total comprensión del proceso latinoamericano. Pero indudablemente, ya, un sentido revolucionario; todavía un poco romántico, pero que se ha de encauzar de manera definitiva en estos años.^[22]

Ovando confiaba en el espíritu nacionalista-revolucionario de la formación militar y el origen popular del ejército como garantías para su revolución. En su declaración parecía subestimar que dentro del ejército había corrientes en las cuales el nacionalismo, que él mismo llamaba “romántico”, no había calado en lo absoluto. En realidad, el ejército boliviano era una mezcla contradictoria de influencias y sectores sociales, en donde compartían espacios y poder militares como Hugo Banzer, ligado a la élite terrateniente y blanca de Santa Cruz y comprometido con la versión estadounidense de la DSN, o como Juan José Torres, un hijo de una familia aymara que decía que Estados Unidos y su doctrina contrainsurgente no atendían a las verdaderas causas estructurales de la violencia.^[23]

La historia de politización del ejército boliviano explica que haya tomado el poder en 1969, pero también muestra que ese periodo estuvo atravesado por una intensa competencia entre militares por el poder político. El golpe revolucionario de 1969 fue seguido por golpes en 1970 y 1971 que fueron dados por otros militares que disputaban el sentido de la intervención castrense en la política boliviana.

3. El camino del ejército peruano para convertirse en un ejército revolucionario

En Perú, las fuerzas armadas habían actuado casi siempre para evitar gobiernos populares y asegurar el poder de la oligarquía local. El golpe militar de 1948 de Manuel Odría (1948-1954) contra el gobierno civil y progresista de José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948) fue la última expresión de la instrumentalización del ejército por parte de las élites políticas y económicas. De hecho, se dice que el líder de los exportadores, director del diario La Prensa y padre ideológico del neoliberalismo peruano, Pedro Beltrán, habría organizado una “bolsa” para terminar de motivar al general Odría para dar el golpe.^[24] El argumento para el golpe fue que el gobierno de Bustamante y Rivero estaba poniendo en riesgo al país y que el ejército debía restaurar el orden. Este gobierno militar, a diferencia de otros surgidos de golpes restauradores como el de Benavides en 1915, no se planteó devolver el poder a los civiles, sino reemplazarlos en el control del aparato estatal. El periodo de Odría duró ocho años e involucró a toda una generación de militares en tareas burocráticas y políticas.

A pesar de ser un gobierno institucional, la figura del dictador Odría y la línea dura derechista que implantó generaron resistencias entre algunos oficiales. En ese momento apareció un personaje clave en la historia de la formación militar peruana: el general José del Carmen Marín. Este oficial era un destacado ingeniero militar que se había formado en Francia entre 1920 y 1930 y que había aprendido de esa experiencia una lectura socioeconómica del problema militar, que la fortaleza de un país radicaba en sus “fuerzas vivas”, su capacidad industrial, su nivel de vida y su moral pública. Marín fue un intelectual militar que no apoyó el golpe de Odría ni su gobierno, por lo que fue degradado a la tarea de organizar el posgrado militar. Para Odría, colocar a Marín a cargo de la formación militar era una forma de castigar a su rival político y postergarlo a lo que él veía como un “cementerio de elefantes”, un lugar donde los oficiales mayores podían ser descartados y alejados del poder político. Marín fue el impulsor de la creación, en 1950, del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). Este espacio se convirtió en un semillero de ideas alternativas a la lectura pro capital extranjero y represiva que tenía la facción del ejército de Odría. En una escena política cerrada por la ilegalización de los partidos civiles y la extendida represión del régimen de Odría, el CAEM fue un espacio de excepción donde se leían y discutían ideas heterodoxas vetadas del debate público. El propio Odría promovió una serie de purgas y reacomodos entre la oficialidad militar que terminaron de politizar a algunos oficiales jóvenes que veían con malos ojos el militarismo autoritario que representaba el dictador. Muchos de los oficiales protagonistas del proceso de 1968 fueron formados en un ambiente intelectual que no tenía que ver con la línea del gobierno odriista y que les permitió recibir elementos para un pensamiento militar crítico.^[25]

Los militares que pasaron por el posgrado del CAEM en ese periodo aprendían más que asuntos estrictamente bélicos; también recibían cursos de historia, sociología, derecho, filosofía y economía de parte de profesores civiles.^[26] Por señalar dos ejemplos notables: el historiador económico Virgilio Roel, un propugnador de la idea crítica de la historia del Perú que caracterizaba a ese país como neocolonial y que buscaba revalorar lo indígena enseñó a los militares en el CAEM; además, el político socialcristiano Héctor Cornejo Chávez, que luego sería asesor de Velasco Alvarado, también participaría de la formación militar en esos años.^[27] El influjo del pensamiento social de la Iglesia entre los militares fue también relevante y se ve con claridad en la visita del padre Louis-Joseph Lebret, un religioso francés que alcanzó notoriedad en las décadas de 1950 y 1960 como vocero de un humanismo cristiano que abogaba por cambios económicos y que fue citado en la encíclica Popolorum Progresio del papa Pablo VI en 1967. No son pocos los militares que recuerdan los “cursillos de cristiandad” como un momento clave en su formación y su orientación hacia la transformación social. Es importante señalar que el tono y el discurso de Lebret eran gradualistas y desarrollistas, a diferencia de versiones más radicales de la teología de la liberación; de ahí que haya podido calar entre los militares. Otro elemento clave en la receta ideológica de los militares fue la visita de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 1955. Mientras el gobierno de Odría llevaba adelante una política económica conservadora y pro capital extranjero, la misión de la Cepal abogaba por la industrialización y el fortalecimiento del mercado interno. La influencia de la idea crítica de la historia peruana, del desarrollismo humanista y del socialcristianismo catalizó en los militares su nacionalismo y los llevó a posiciones más elaboradas en su visión política.

El papel del CAEM, sin embargo, no debe sobrestimarse, ni debe creerse que la formación de un pensamiento militar crítico ocurrió como un proceso generalizado y unidireccional. Los viajes a Estados Unidos y la formación ofrecida por este país se mantuvieron presentes en estos años. Según el segundo director del CAEM, Marcial Romero, estos viajes buscaban “capturar espiritualmente” a los oficiales con más posibilidades de ascender. El mismo Romero reconoció que, como dijo Luigi Einaudi, los viajes a Estados Unidos podían tener el efecto de consolidar la idea de la necesidad de una formación autónoma y nacionalista. Lo cierto es que la “captura espiritual” de la que hablaba Romero sí tuvo cierto éxito entre algunos oficiales que veían imposible, e indeseable, un enfrentamiento con los Estados Unidos y que estaban comprometidos con el liberalismo económico.^[28] Además de la influencia de Estados Unidos, se debe considerar el contacto que tuvo el ejército peruano con el ejército francés, en particular alrededor de la experiencia en Argelia. En la década de 1960, en medio de la guerra de liberación de los argelinos, un grupo de oficiales viajó a ese país para aprender las técnicas contrainsurgentes de los franceses. Los oficiales peruanos se quedaron sorprendidos de la combinación de técnicas de guerra psicológica, inteligencia, guerra de guerrillas y acción social que utilizaban los franceses para tratar de mantener sus posesiones.^[29] Si bien la reorientación de los currículos militares es clara, el ejército peruano nunca dejó de recibir influencias que le señalaban una versión más represiva y menos social de la Doctrina de Seguridad Nacional.

En 1962 el ejército peruano intervino con un golpe de Estado para evitar la victoria electoral, en una contienda muy disputada de la alianza entre el APRA y la Unión Nacional Odriista y que se iba a decidir en el Congreso. El golpe de 1962 se puede leer como parte del enfrentamiento secular entre el APRA y el ejército, pero es importante entender que, en ese momento, el APRA, al aliarse con Odría, quien había perseguido a comunistas y apristas, se había convertido ya en una fuerza que representaba a la reacción. La junta militar liderada por Ricardo Pérez Godoy no intervino para detener una victoria aprista y devolver el poder a la oligarquía, sino todo lo contrario: lo hizo para poner en marcha una serie de reformas que consideraba necesarias para contener la insurgencia campesina y popular que se asomaba en esos años. De hecho, los militares decretaron una reforma agraria focalizada en el valle de La Convención en Cusco, lugar que fue escenario de un levantamiento de campesinos y pequeños propietarios con el liderazgo del trotskista Hugo Blanco. Además, los militares plantearon la creación del Instituto Nacional de Planificación (INP), encargado de ofrecer alternativas al manejo desde el laissez faire de la economía. El asunto de nacionalizar el petróleo también asomó en ese momento, pero no fue concretado. El gobierno militar de Pérez Godoy sufrió una considerable presión de Estados Unidos, de la prensa de derecha y de los políticos de la clase tradicional que hizo que fuera derrocado desde el interior del ejército por el general conservador Nicolás Lindley, quien revirtió el sentido del golpe de 1962. A pesar de que Lindley acabó con la idea de un gobierno militar que dirigiera la transformación del país y organizó unas elecciones para 1963, la creación del INP, que fue encargado a los militares, y del Servicio de Inteligencia Nacional marcó profundamente el camino del ejército peruano hacia la adopción de la revolución nacionalista como su horizonte. En esas elecciones de 1963, el candidato apoyado por los militares fue el arquitecto Fernando Belaunde Terry, un político que se percibía como una alternativa a la clase política tradicional. Belaunde logró una amplia adhesión de sectores populares, del Partido Comunista y de los intelectuales nacionalistas. Belaunde ganó las elecciones e inició un gobierno que prometía acabar con la concentración de la tierra, solucionar el problema de la soberanía sobre el petróleo y modernizar el país. Una vez en el Palacio de Gobierno, Belaunde terminó conduciendo un gobierno impotente y timorato que no se planteó nunca un enfrentamiento real con la oligarquía y que fracasó ante la oposición en el Congreso de la alianza Apra-Uno, que bloqueó cualquier reforma de fondo. Esto hizo que las reformas ya preconizadas por el golpe militar de 1962 fueran nuevamente postergadas, lo que causó frustración entre los militares nacionalistas-revolucionarios y entre los sectores populares que confiaron en Belaunde.^[30]

Un asunto clave de la presidencia de Belaunde es que se propuso despolitizar al CAEM como una forma de asegurarse de que no le dieran un golpe de Estado y también alteró los escalafones militares para encumbrar al sector más conservador de las Fuerzas Armadas. Belaunde colocó como director del CAEM al general José Giral, quien desapareció toda formación crítica y volvió a un esquema de instrucción estrictamente militar. Unas declaraciones de Giral sobre el problema de las guerrillas muestran dónde se ubicaba en las coordenadas de la Guerra Fría latinoamericana:

La guerra subversiva no es resultado del subdesarrollo, sino deliberada agresión del bloque soviético (…) Hay que combatir la agresión comunista que, con desarrollo o sin desarrollo, se llevará de todas maneras a cabo.^[31]

La lectura de Giral respondía a una visión en la que el ejército no tenía que involucrarse en debates sobre el desarrollo y la economía, sino que debía cumplir una tarea represiva de defensa del orden interno. En cambio, desde el Servicio de Inteligencia Militar (SIE), creado en 1962, el problema de la violencia política se leía de manera diferente. Las guerrillas que iniciaron sus campañas en el Perú en 1965, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), tenían sus diferencias políticas e ideológicas, pero compartían una inspiración socialista y basada en la teoría del foco guerrillero puesto en práctica en Cuba. La influencia de Cuba fue más decisiva en el ELN liderado por Héctor Béjar que en el MIR de De la Puente Uceda, un exaprista, pero en ambos casos el foco guerrillero se proponía como la chispa en un país donde la política formal había fracasado y las condiciones para una “situación revolucionaria” estaban dadas.^[32] Mientras que militares como Giral acusaban a las guerrillas de ser tentáculos del imperialismo rojo, los oficiales del SIE entendían con claridad que había razones socioeconómicas que impulsaban la violencia política.

El reto militar de las dos operaciones guerrilleras fue insignificante y rápidamente sofocado, por lo que la Inteligencia Militar no se preocupaba por mejoras tácticas o de armamento, sino por desaparecer las condiciones de desigualdad y frustración política que habían permitido que surgieran estos focos guerrilleros. Dos militares de alto grado que tendrían un papel clave en el gobierno de Velasco Alvarado como representantes de la facción ligada al socialismo militar serían el general Leónidas Rodríguez y el general Norberto Bobbio, quienes participaron directamente del combate a las guerrillas y de la reflexión posterior. Especialmente Leónidas Rodríguez, cuzqueño, quechuahablante y de origen popular, pensaba que la experiencia de combate a la guerrilla fue un punto de quiebre en su identidad política y en su visión de la necesidad de una revolución en el Perú.^[33]

Más allá de los oficiales jóvenes y radicales, llamados “nasseristas” por su sintonía con el líder nacionalista militar egipcio Nasser, y de los oficiales conservadores “capturados espiritualmente” por Estados Unidos, había una figura que resaltaba como el intelectual militar detrás de la revolución. Se trataba de Edgardo Mercado Jarrín, quien tuvo participación tanto en el SIE como en el CAEM y que trazó una idea de Doctrina de Seguridad Nacional “de los países pobres”. La premisa del pensamiento de Mercado era que la historia de los países era muy diferente y que, por lo tanto, no se podían seguir importando recetas y valores de los países del primer mundo. Una frase sintetizó bien sus ideas: “La seguridad de los países ricos no es la nuestra”.^[34] Para este militar, que luego sería el canciller del gobierno revolucionario entre 1968 y 1973, el ejército tenía una tarea mucho más grande que solo reprimir a las guerrillas:

Las Fuerzas Armadas del hemisferio tienen plena conciencia del peligro comunista y no tolerarán su implantación en el continente. Pero el anticomunismo de la Fuerza Armada no sería suficiente para garantizar y preservar nuestra libertad si la política de los Estados no está encaminada al desarrollo económico, sin privilegios de grupo, y al cambio estructural que haga una efectiva justicia social que permita eliminar las contradicciones existentes…^[35]

Esta clase de pensamiento militar explica por qué la oficialidad peruana no se contentó con la aniquilación física de la guerrilla y la captura de sus líderes, sino que se cuestionó al gobierno de Belaunde por ser incapaz de llevar a cabo reformas profundas. Sin reforma agraria, sin nacionalización del petróleo y con una economía en recesión desde 1967, los militares entendían que el gobierno civil estaba conduciendo al país al abismo y poniendo en riesgo la seguridad e integridad de la patria. Lo que terminó de convencer a los militares de la necesidad de intervenir fue el “escándalo de la página 11”, que fue la revelación de que hubo corrupción en las negociaciones entre el gobierno peruano y la International Petroleum Company, una subsidiaria de la Standard Oil.^[36] El escándalo fue lo que hizo a los militares actuar, pero las ideas que fueron el sustrato para el golpe revolucionario tenían una historia más larga, como se ha señalado arriba.

4. El golpe de Estado en Perú de 1968 y la reacción en Bolivia

El golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 abrió un periodo histórico de disputa y movilización política que ha llamado mucho la atención de historiadores y científicos sociales. Este capítulo no es una historia de ese golpe, muy necesaria por lo demás, sino un estudio de cómo fue percibido en Bolivia. Con esto se pretende aportar a una lectura menos basada en los discursos y en la ideología militar y contrastar el pensamiento militar-nacionalista-revolucionario descrito en la sección anterior con el funcionamiento de la diplomacia, la complejidad de la política y las disputas hegemónicas en ese momento.

El surgimiento de un gobierno revolucionario en el vecino Perú no fue bien recibido por Barrientos, porque puso en el centro del debate público boliviano demandas con las que su propio gobierno estaba lidiando: nacionalización de recursos naturales y autonomía frente a Estados Unidos.^[37] La discusión de estos temas atravesó la escena política de muchos países latinoamericanos, y en especial la de Bolivia, que tenía una relación de dependencia política y económica muy fuerte con Estados Unidos y cuyos ricos yacimientos de petróleo en la zona de Santa Cruz estaban en manos de la Gulf Company. En Bolivia, además, el nacionalismo de los recursos naturales estaba muy presente en el horizonte político, por lo que el golpe peruano llegó para dinamizar viejas estructuras de sentimiento.^[38]

Para Barrientos, era incómodo que partidos políticos de diverso color le exigieran solidaridad con el gobierno de Velasco. Por un lado, la Falange Socialista Boliviana, un partido con una combinación ecléctica de inspiración fascista y nacionalismo económico que luego formaría parte del gobierno de Hugo Banzer entre 1971 y 1974, aplaudía a la revolución peruana por ser “no-materialista, no-marxista” y le pedía a Barrientos apoyar a los peruanos.^[39] Por otro lado, el Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista, en el que estaba, por ejemplo, el futuro ministro de Energía Marcelo Quiroga Santa Cruz, le pedía a Barrientos estar “con nuestros hermanos peruanos y no con el imperialismo”, en la disputa que tenía el gobierno de Velasco con Washington.^[40] Barrientos respondió diciendo que el apoyo de los falangistas al proceso peruano no era sincero y acusó a los que pedían solidaridad con Perú de caer en “poses infantiles” que no entendían que el gobierno de Velasco no era tan radical como creían.^[41]

En abril de 1969, Barrientos murió y fue reemplazado por su vicepresidente civil Luis Adolfo Siles Suazo. Siles inició un gobierno débil y poco legítimo en el que se sentía el vacío de poder dejado por el carismático Barrientos. En el plano local, se dedicó a sobrevivir a las presiones de la oposición e ir abriendo el campo político que había cerrado Barrientos y organizó elecciones para 1970. En lo internacional, continuó con la línea de Barrientos y evitó posicionarse en favor del Perú, refiriéndose únicamente a la “hermandad histórica” entre ambos países, pero no a la coyuntura crítica del enfrentamiento con Estados Unidos.^[42] El gobierno peruano envió al canciller Mercado Jarrín al funeral de Barrientos, pero este evitó hacer comentarios políticos y mantuvo un perfil bajo. Barrientos había invitado a Mercado en diciembre de 1968 a una visita oficial, pero esta se postergó en medio de los turbulentos primeros meses de la revolución peruana. La visita oficial se dio en agosto de 1969, cuando ya era presidente Siles Salinas, y se trató sobre todo de cuestiones bilaterales acerca del manejo de aguas de la cuenca del Titicaca y la revisión de hitos fronterizos. Esta visita del canciller peruano a Bolivia en agosto de 1969 fue muy relevante en términos políticos más allá del gobierno y muestra los efectos del proceso peruano en ese país. Mercado Jarrín fue a invitado al Congreso, donde pudo interactuar con diferentes fuerzas políticas que lo recibieron. Los representantes de la Falange Socialista Boliviana (FSB) señalaron que fue gracias al proceso peruano gracias a lo que Bolivia ahora volteaba sus “ojos angustiados a su rica zona petrolera” en busca de respuestas para el desarrollo. También Marcelo Quiroga Santa Cruz del Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista (PRIN) declaró que en el Perú se había demostrado que los militares también podían estar al lado del pueblo.^[43] El golpe de Alfredo Ovando se dio a pocas semanas de la visita de Mercado.

5. El golpe revolucionario de Alfredo Ovando

Ovando era candidato presidencial en alianza con el PRIN y otras fuerzas del ala izquierda del nacionalismo revolucionario. Sin embargo, Ovando decidió no esperar a las elecciones y organizó un golpe de Estado que no fue resistido dado el aislamiento y la impopularidad de Siles y porque Ovando tenía legitimidad suficiente entre el movimiento social, por su discurso nacionalista-revolucionario, así como entre los oficiales del ejército que lo respetaban por su antigüedad y moderación. Ovando se rodeó de militares, pero también de intelectuales independientes y “brillantes” que formaron parte de su gabinete.^[44] El capital político de Ovando provenía de sus alianzas, principalmente en la expropiación de la Gulf Oil Company a solo 15 días de iniciado su gobierno, una acción que recuerda la rápida expropiación de la International Petroleum Company (IPC) por el gobierno de Velasco.

No se han encontrado vínculos directos entre la visita de Mercado, quien prefirió no comentar sobre las elecciones, y el golpe de setiembre de 1969, pero sí tenemos otros indicios de la importancia del proceso peruano para el boliviano. Mientras que Barrientos había suspendido relaciones con Perú por el golpe del 3 de octubre de 1968, Ovando escribió una carta al canciller Mercado indicando su “franca adhesión a los procesos revolucionarios”.^[45] Luego, en febrero de 1969, Ovando visitó Lima por invitación de Velasco y se reunió con varios oficiales revolucionarios, y a su regreso declaró su solidaridad con este proceso. Cuando le preguntaron a Barrientos para qué había ido Ovando a Perú y si había sido para hablar con la embajada rusa en Lima, él respondió secamente “Por asuntos estrictamente militares” y dijo que en Bolivia no había imitadores de los peruanos.^[46] En cambio, la revista militar boliviana cubrió la visita de Ovando y resaltó la influencia del proceso peruano entre los oficiales.^[47]

Es por esta cercanía ideológica por lo que Ovando le pidió a Perú ser el primer país en reconocer al nuevo gobierno. El flamante presidente boliviano declaró que, si bien los problemas de cada país eran únicos, “su revolución era esencialmente igual a la peruana”.^[48] Apenas se asentó el polvo del golpe de Estado, que no fue ni sangriento ni caótico, el presidente Ovando mandó a llamar a Eduardo Valdez, el embajador peruano en Bolivia, y le indicó que debía ir a Lima para pedir que Perú fuera el primer país en reconocerlo.^[49] El mismo día, sin esperar la respuesta de los peruanos, Ovando declaró que con Perú había que establecer una “confederación ideológica”.^[50]

Cuando el embajador Valdez llegó a Lima, fue cuestionado por las declaraciones de Ovando en el sentido de la confederación. Tanto en cancillería como en el Consejo de Ministros, había preocupación por la forma en que Ovando sugería una posible alianza. En el gobierno circulaban argumentos en el sentido de que Bolivia era un país totalmente dependiente de Estados Unidos y que había que tener cuidado de apoyar un gobierno que quería romper con eso.^[51] Ovando resintió que Perú no fuera el primer país en reconocerlo, sino que lo hiciera la dictadura militar brasilera, interesada en el gas boliviano. El gobierno peruano se tomó con mucha calma el asunto del reconocimiento y antes consultó a los militares en Brasil y Argentina para asegurarse de que ellos lo reconocieran primero.^[52] Francisco Morales Bermúdez, un militar conservador al que se le encargó el Ministerio de Economía desde 1969 y que daría un golpe de Estado restaurador en 1975, le contó al embajador boliviano en Washington, Jorge Sanjinés, que la demora en reconocer al régimen de Ovando se había debido a “una política de no aumentar las diferencias que separaban al gobierno americano y por no presentarse como un gobierno que fomentaba las revoluciones de izquierda en América Latina”.^[53] Con esto queda claro que el discurso ideológico de la unidad de los países pobres y la sintonía retórica entre las revoluciones de Bolivia y Perú se deben entender en el contexto de un enfrentamiento contra los Estados Unidos.

El inicial entusiasmo del gobierno boliviano por la revolución peruana se transformó en frustración y distanciamiento. El embajador boliviano en Lima, Joaquín Zenteno, escribió en abril de 1970 a La Paz quejándose de que tanto la izquierda como la derecha peruanas despreciaban la revolución boliviana y que publicaciones oficialistas como Oiga solo atacaban al ejército boliviano. En realidad, Oiga celebró la revolución boliviana, pero luego se convirtió en el único medio que reportó de forma crítica la derechización del gobierno de Ovando.^[54] Es en el marco de este proceso en que se tienen que entender las relaciones entre Perú y Bolivia en el periodo de Ovando, ya que, después de la salida de los ministros más cercanos a la revolución peruana, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Alberto Bailey en particular, la relación se enfrió de manera considerable. En 1970, ambos gobiernos seguían enfrentados con Estados Unidos por el tema del petrolero, pero eran cada vez más dominantes las posiciones a favor de compensar las expropiaciones y realinearse con Washington, por lo que enfrentaron el asunto de manera separada y priorizaron dar una imagen de moderación, antes que fortalecer el vínculo entre revoluciones militares.

6. El ascenso de Juan José Torres en octubre de 1970 y el golpe restaurador de agosto de 1971 desde las fuentes peruanas

Juan José Torres dio un golpe de Estado en octubre de 1970, en medio de una abierta disputa entre facciones militares por derrocar a Ovando. Se puede entender el golpe de Torres como una especie de contragolpe a las intenciones de la derecha militar de tomar el poder. El mismo Torres había sido expulsado del ejército en febrero de 1970, pero conservaba su liderazgo sobre importantes destacamentos del ejército y la aviación militar en El Alto. De ahí que su golpe de Estado no haya podido ser resistido y que se haya establecido un gobierno atípico en la historia latinoamericana. Torres inició un gobierno militar, pero desde el primer momento planteó que el pueblo debía participar en él. Así se conformó la Asamblea Popular, que era una especie de órgano legislativo que debía acompañar al ejecutivo militar. La conformación de esta asamblea, en la que se negaron a participar partidos como el MNR y la FSB, estaba marcada por federaciones mineras y organizaciones campesinas y sindicales.^[55]

El embajador Valdez recordaba que la administración de Torres fue muy clara en señalar que, “a diferencia de lo ocurrido con Ovando, ahora sí” se establecerían “lazos positivos entre ambos países”. Los peruanos entendieron eso y apuraron el reconocimiento de Torres a las pocas horas del golpe. El propio canciller Mercado llamó a Zenteno para asegurarle que no habría ningún tipo de enfrentamiento en la relación.^[56] Además, los peruanos invitaron al canciller Emilio Molina Pizarro a una visita oficial a Lima para diciembre de 1970, en la que se propuso la creación de una comisión mixta que avanzara en la cooperación entre ambos países y una serie de temas fronterizos y formales que se habían bloqueado en medio de la tensión con Ovando, como la ruta aérea La Paz-Cusco y la carretera Ilo-Desaguadero-La Paz.^[57] Sin embargo, la precariedad política y económica del régimen de Torres, además del caos que implicó la reorganización de la cancillería, demoró la concreción de estos planes.

Las relaciones entre el breve gobierno de Torres y el del Perú merecen un espacio aparte, ya que se lograron avances en temas como la salida al mar a Bolivia y la creación de un banco binacional de fomento sobre las bases del expropiado Banco Popular del Perú y se logró una interesante cooperación a nivel multilateral. Por ejemplo, el Perú y Bolivia, además de Chile a través del canciller Clodomiro Almeyda, se opusieron a Brasil y a Estados Unidos en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de febrero de 1971. Con el secuestro del embajador estadounidense en Brasil en 1969 muy fresco en la memoria, estos países promovieron una resolución que condenaba el terrorismo político y los secuestros. Bolivia, Perú y Chile se opusieron, al argumentar que Estados Unidos no tenía autoridad moral para proponer eso y que la resolución no atacaba las causas estructurales de la violencia. El canciller peruano agregó que debía incluirse también el bloqueo económico como un acto terrorista. La resolución salió, pero sin la firma de los países que no estaban de acuerdo. Las coincidencias retóricas entre los cancilleres de Bolivia, Huascar Taborga, y de Perú, Mercado Jarrín, fueron notables en esta reunión que aparece como un momento clave en el resquebrajamiento de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. ^[58]

A los pocos meses, sin embargo, el gobierno de Torres caería por un golpe liderado por Hugo Banzer y apoyado por la clase política tradicional representada en el MNR, los terratenientes de Santa Cruz, la dictadura brasilera y el gobierno de Estados Unidos.^[59] El embajador peruano en La Paz informó, repetidamente, de la posibilidad de este golpe y recordó en sus memorias que las conspiraciones “se hacían a vista y paciencia de todo el mundo”.^[60] Dos días antes del golpe del 21 de agosto de 1971, Valdez escribió a Lima un telegrama urgente para señalar que estaba listo un levantamiento militar en Santa Cruz para derrocar a Torres. Para Valdez, era claro que se trataba del capítulo final del enfrentamiento entre facciones militares que había marcado la política boliviana desde 1969 y que ya era insostenible. Esa fue la última comunicación formal de la embajada, pero Valdez cuenta en sus memorias acerca de su actuación el día del golpe. La embajada peruana quedaba en la zona sur de la ciudad, no tan lejos de la Universidad Mayor de San Andrés, que se había convertido en un reducto pro-Torres. El golpe de Banzer fue profundamente violento y convirtió a La Paz en un teatro de operaciones militares. Mientras los estudiantes resistían con armas cortas y explosivos, los tanques paseaban por las calles, las ametralladoras aterrorizaban a la gente y los aviones de combate volaban rasantes para amenazar a la resistencia.^[61] “En medio de la oscura noche, la ciudad parecía estar disfrutando una orgía de fuegos artificiales”, recordó el embajador peruano que esa noche estaba escuchando la radio oficialista Illimani, que iba reportando el resultado de los combates callejeros. En lugar de buscar refugio, Valdez decidió buscar cómo ayudar y se encontró con que varias decenas de miembros del gobierno y de la resistencia habían llegado hasta la casa de la embajada peruana. Entre ellos se encontraban el derrocado Juan José Torres, Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros altos cargos del gobierno. La esposa de Valdez se encargó de recabar las armas que tenían los solicitantes de asilo y de empadronarlos. Jorge Gallardo Lozada, ministro del Interior de Torres y militar radical, contactó a Valdez para pedirle que devolviera las armas para la resistencia, pero este se negó y afirmó que ahora la vida de los asilados era su responsabilidad. La guardia de la embajada peruana se encargó de filtrar a algunos militantes fascistas que querían agitar a los asilados para que salieran a la calle y fueran fusilados. El embajador peruano hizo una lista de prioridad para tramitar los salvoconductos. Cuando empezó los trámites para obtener el paso libre para que los asilados pudieran exiliarse en Perú, el gobierno de Banzer, a través del general Andrés Selich, le respondió que la cabeza de Quiroga Santa Cruz “tenía precio” y que no iban a tramitarle el salvoconducto. Sin aparente consulta con Lima, Valdez respondió que cualquier ataque contra Quiroga Santa Cruz sería una vulneración de la inmunidad diplomática y sería considerado un acto beligerante contra el Perú. Al gobierno de Banzer, no le quedó otra que permitir la salida de Quiroga Santa Cruz y Torres.

El recuerdo de Valdez del traslado de Torres y compañía hacia el aeropuerto de El Alto es emocionante. El embajador peruano abordó el mismo vehículo de Torres para asegurarle que lo acompañaría ante cualquier circunstancia, y se dispusieron a cruzar La Paz. Según recuerda, Torres era vitoreado en los barrios populares cuando le dijo:

… si muero quiero que sepan que el poder para mí fue dolor, una agonía, una lucha permanente contra la incomprensión, por la construcción de una sociedad nueva más digna, más justa, más humana, donde cada boliviano no sufriera por falta de techo, pan, vestido y educación…^[62]

Torres llegó a salvo al aeropuerto y partió hacia Lima, donde fue recibido por el gobierno de Juan Velasco como asilado político. A los pocos días, Torres hizo declaraciones muy agresivas contra Banzer, lo que molestó al gobierno peruano, que le había advertido que se moderara para no perder su condición de asilado. Pedro Richter Prada, ministro del Interior peruano que había compartido formación militar con Banzer en Estados Unidos y era su amigo personal, se encargó personalmente de presionar en el Consejo de Ministros para que Torres fuera expulsado del país por hacer declaraciones contra un gobierno que el Perú ya había reconocido como legítimo.^[63] A pesar de la violencia del golpe de Banzer y el cariz derechista de este, el gobierno peruano siguió una política de reconocimiento tardío. Un elemento clave del reconocimiento fue la presencia de Víctor Paz Estenssoro, antiguo líder del MNR, que llamó personalmente al ministro Mercado Jarrín para asegurarle que Banzer era la única salvación para Bolivia ya que Torres y su Asamblea Popular habían llevado el país hacia “la deriva radical del comunismo marxista” armando a las milicias y propiciando una guerra civil.^[64] La prensa peruana también celebró el golpe de Banzer como un movimiento salvador de Bolivia que estaba “a un paso de caer en las garras del comunismo”.^[65] Todo esto configuró un escenario donde el gobierno peruano reconoció a Banzer y evitó intervenir políticamente sobre asuntos bolivianos.

El canciller de Banzer fue Mario Gutiérrez de la Falange Socialista Boliviana, quien declaró que no repetirían el error de Torres de priorizar la relación con Perú y Chile y que de ahora en adelante Bolivia retomaría relación con “potencias amigas” y con los gobiernos de Argentina, Paraguay y Brasil, que estaban gobernados por dictaduras militares de derecha.^[66] La relación entre los gobiernos de Banzer y Velasco merece un espacio aparte para profundizar en el cambio que implicó el viraje político en Bolivia, pero, sin embargo, queda muy claro que se revirtieron los planes integradores que hubo con Torres y se despolitizó la relación bilateral.

Conclusión

Los tres golpes de Estado militares que se han revisado indican que no basta con entender que esos procesos son una interrupción de la democracia, sino que hay que desarrollar un análisis del equilibrio de fuerzas y de las ideas que están en disputa alrededor de los golpes. La composición política de los gobiernos militares no puede entenderse solo desde la retórica, sino a partir de procesos, como la diplomacia y política, donde aparecen las contradicciones.

En este caso, el camino compartido por los ejércitos de Perú y Bolivia los acercó a posiciones ideológicas semejantes que no terminaron en un acercamiento diplomático, porque se dieron en un contexto de contradicción interna, lucha por el control del gobierno militar y enfrentamiento con Estados Unidos. Los golpes de Estado estudiados en este capítulo, si bien fueron la culminación de un proceso trasnacional de formación de políticas en medio de la Guerra Fría latinoamericana, fueron también respuestas a una intensa disputa ideológica y política entre los oficiales y las sociedades bolivianas y peruanas por resolver temas cruciales en sus formaciones nacionales.

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