La continuidad de la agenda militar de la democracia con relación a la organización militar: no innovar demasiado

Para principios de la década del 20 del siglo actual, el instrumento militar de la República Argentina adolece de problemas agudos que se han acumulado a lo largo del tiempo reseñado y atentan contra el desempeño efectivo de su misión principal. Debemos señalar la persistencia de una herencia conformada por estructuras orgánico-funcionales y despliegues sobredimensionados, el mantenimiento de recursos presupuestarios relativamente bajos y una asignación que privilegia los salarios por sobre el funcionamiento y la inversión. Las consecuentes limitaciones logísticas y operacionales y de preparación que esta ecuación supone y la ausencia de decisiones y acciones políticas dirigidas a producir una reorganización militar que permita disponer de una fuerza militar proporcionada y acorde a las condiciones vigentes es una situación que se arrastra a lo largo de estas décadas, indefectiblemente. Esta característica parece haberse consolidado con el paso del tiempo.

En el plano político interno, no se han gestado condiciones para que se pudiera generar un renacimiento de la proyección de las Fuerzas Armadas como actor político predominante o al menos fuertemente influyente. Más allá de las administraciones gubernamentales de diferente signo político que se fueron sucediendo a lo largo de casi 40 años, las Fuerzas Armadas no han vuelto de desempeñarse como actores políticos autonomizados. De hecho, pese a las turbulencias políticas y a las crisis económicas y sociales que ocasionalmente han afectado el devenir de la Nación^[1], el sistema político ha canalizado esos procesos por las vías institucionales y las Fuerzas Armadas no han vuelto a jugar roles políticos.

El esquema legal-institucional asentado en la vigencia del orden constitucional y del entramado legal democrático que ordena la organización de la defensa y las Fuerzas Armadas, no ha sido alterado a lo largo de este período. De hecho, se ha desarrollado, institucionalizado y puesto en funcionamiento un procedimiento de formulación de la planificación militar (el Ciclo de Planeamiento de la Defensa), que se ha asentado en la vigencia de la primacía de las autoridades políticas, en el desarrollo de criterios de organización y funcionamiento militar conjunto, y en el desempeño de las Fuerzas Armadas esencialmente como órganos técnico-profesionales de preparación de medios y recursos humanos para la defensa.

En el plano de los recursos económicos, ha persistido la vigencia de presupuestos relativamente bajos asignados a financiar los asuntos de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. La reducción de las asignaciones presupuestarias que se implementaron con el advenimiento y consolidación de la democracia (y la consecuente pérdida de poder político castrense) y, luego, a partir de principios de los 90, el establecimiento del Plan de Convertibilidad que exigió una aguda restricción de gasto fiscal (que se hizo sentir fuerte en las partidas castrenses), terminaron consolidado los gastos de defensa en torno al 1% del PBI hasta la actualidad.

No obstante, la obtención excepcional de recursos para la adquisición de equipamiento en momentos determinados, como por ejemplo durante la década de los 90 bajo la administración de Carlos Saúl Menem o la aprobación e implementación de mecanismos específicos de financiamiento (como el FONDEF en 2020), lo cierto es que el presupuesto militar para financiar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas se mantuvo en niveles relativamente muy bajos, en el orden del 10% de promedio.

Durante el transcurso de las cuatro décadas que se extienden entre 1983 y 2023, el escenario internacional ha variado sensiblemente, tanto en el plano global como regional. Así como durante la primera década posterior a la finalización del conflicto Este-Oeste se vivió un período signado por los intentos de expansión del orden democrático, una creciente interdependencia y la tendencia hacia la multipolaridad económica y la unipolaridad estratégica, los últimos años dan cuenta de procesos mucho más competitivos y pugnantes entre las grandes potencias, no solo en el plano económico y tecnológico sino también en la dimensión político-militar, con impacto en los diferentes ámbitos regionales. Sudamérica no es ajena a este proceso.

Al respecto, es interesante observar que en el ámbito regional el proceso de creciente interconexión social y económica, la integración de infraestructuras de comunicación y energéticas, la vigencia más o menos estable del orden democrático y la consolidación de la región sudamericana como una zona de paz relativa entre los Estados que la integran, permiten seguir avizorando escasas posibilidades de que se desaten situaciones de competencia estratégica y militares, así como de conflictos armados intrarregionales, como sí se caracterizó la región desde la era de la conformación de los Estados nacionales durante el siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX. Es un escenario por cierto paradójico, en el cual se registra una dinámica regional sudamericana relativamente estable y pacífica, envuelta en un escenario global competitivo en términos estratégicos entre grandes potencias e incluso potencias medianas con capacidad de proyección exterior.

Como se ha señalado precedentemente, ante la ausencia de una política de readecuación integral –o al menos parcial– de la organización de las instituciones castrenses ante el cambio de las circunstancias políticas, estratégicas y presupuestarias, en la actualidad estas continúan arrastrando una estructura organizativa anacrónica, incompleta y un despliegue que, en términos generales, continúa siendo el remanente formal y funcionalmente deteriorado de una organización gestada, construida y desplegada durante las décadas previas a la reinstalación democrática de 1983 y que, de hecho, alcanzó su máxima expresión en esos momentos. Evidentemente, en materia presupuestaria es insostenible, en cuanto a la posibilidad de poder conformar un instrumento militar operativo, aspecto éste del que se dará cuenta en profundidad en el capítulo siguiente.

Lo que parece haberse consolidado es una matriz sobredimensionada, desfinanciada y anacrónica que, más allá de algunos cambios y ajustes –o intentos de cabios y ajustes– que se han manifestado a lo largo de cuatro décadas, no dio lugar a la adopción e instrumentación de decisiones políticas dirigidas a corregir los problemas estructurales de base que se han acumulado a lo largo de estas décadas.

Esta línea de acción política-gubernamental atravesó a todos los gobiernos desde 1983 hasta la actualidad, no obstante, los diferentes signos políticos que representaron cada uno de ellos. La reorganización de las Fuerzas Armadas y la adopción de una nueva estructura organizativa y funcional adecuada al marco político, a los recursos económicos asignados y a un escenario estratégico cambiante, es una deuda que la dirigencia democrática contemporánea tiene aún con la Nación. Hoy se avizora la emergencia progresiva de un cuadro estratégico más complejo, competitivo y pugnante a nivel mundial, con rebote en la región sudamericana, debería colocar un aviso de alerta al respecto.

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